Categoría: Opinión

Por Agustina Rodríguez Saá, Rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones y Presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC).

El Papa argentino decía que no vivimos una crisis social y una crisis ambiental disociadas, sino una única crisis socioambiental. Esa mirada es un desafío para las universidades, sean laicas, públicas, privadas o confesionales.

Escribo estas líneas a un año de la partida del Papa Francisco, con la certeza de que la mejor forma de honrarlo no es solo recordarlo, sino cumplir con el compromiso que asumimos con él.

Para quienes integramos el mundo universitario, esta pérdida tiene una dimensión adicional: no solo despedimos a un líder esencial en nuestra época, sino que también despedimos a un aliado que confió en las universidades para dar respuesta a la mayor crisis de nuestra época. Su partida nos conmueve. Su legado nos moviliza. Y su palabra sigue siendo inspiración y guía para quienes creemos que otra forma de habitar la Tierra no solo es posible, sino urgente.

El legado de Francisco 

La publicación de la encíclica Laudato si’ en junio de 2015 fue un gesto estratégico: fue publicada unos meses antes de la aprobación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 21) donde se firmó el Acuerdo de París. Su publicación buscó sentar posición y contribuir en los debates. 

La encíclica es un llamado a todos los habitantes de la Tierra a un diálogo urgente sobre el cuidado de la casa común. Como el propio Francisco afirmaba: «Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos». 

Laudato si’ tiene un componente científico muy importante, un fuerte contenido social, y un cuestionamiento ético profundo: la degradación ambiental y la degradación humana están íntimamente unidas. Pero, principalmente, es un llamado a la acción. Como él mismo afirmaba: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Un verdadero planteo ecológico es siempre un planteo social.

Una invitación al diálogo

Laudato si’ tiene una particularidad que solo comparte con otro documento de la doctrina social de la iglesia: traspasar la frontera de los fieles católicos al dirigirla “a cada persona que habita este planeta”. En ella, el Papa Francisco invita a entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común.

Su propuesta no se limitó a una exhortación ética. Laudato si’ configura un paradigma que articula dimensiones ambientales, económicas, sociales y culturales en una visión sistémica e interdependiente. Su afirmación central —que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única y compleja crisis socio-ambiental— nos interpela a ampliar la mirada y a abordar esta crisis de una manera multidimensional e integral. 

El desafío de la fragmentación

El desafío es profundo, puesto que se requiere repensar el actual modelo de desarrollo. Un modelo tecnocrático, individualista, positivista, hiperespecializado, disciplinar, que nos fragmenta. Como señala la propia encíclica: “La especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto. La fragmentación de los saberes suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas, del horizonte amplio”. Y es esa fragmentación la que impide encontrar caminos adecuados para resolver los problemas más complejos del mundo actual.

Laudato si’ resalta el enorme desafío cultural, educativo y espiritual que conlleva este cambio de estilo de vida necesario.

Por eso, Francisco no nos convocó a hacer más de lo mismo. Nos convocó a un cambio de mirada. A romper la lógica del conocimiento encerrado en sí mismo. A promover la interdisciplina y el diálogo de saberes. A entender que todo cambio necesita de motivaciones y de un camino educativo. Y a asumir que la cultura ecológica no puede reducirse a una serie de respuestas urgentes y parciales: debe ser una mirada distinta, un pensamiento, un programa educativo, un estilo de vida. 

Un encuentro histórico

En septiembre de 2023 tuve el honor de viajar al Vaticano junto con más de 200 rectoras y rectores de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, para participar en el Encuentro Sinodal «Organizando la Esperanza». Ese encuentro fue una propuesta que la RUC —Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, que tengo el honor de presidir— trabajó junto a la Pontificia Comisión para América Latina. El Papa nos recibió durante más de dos horas, en una audiencia dedicada al diálogo acerca del rol de las universidades.

Para nosotros fue, además de un privilegio, un compromiso. Su mensaje profundo nos convocó a formar a nuestros jóvenes con aptitudes de liderazgo para afrontar este cambio de época. Nos dijo con claridad: «La misión de la universidad no es solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los jóvenes en los tres lenguajes humanos: el de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Pensar, sentir y hacer. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan. Los tres lenguajes juntos y en armonía».

Asimismo, nos planteó el desafío de desarrollar en nuestras universidades espacios de encuentro y diálogo de saberes; e hizo un fuerte énfasis en que nuestra ciencia no esté desconectada de la realidad de nuestros territorios y de nuestros pueblos. Universidades que se vinculen con las necesidades de cada lugar, que propicien el diálogo con saberes locales, que formen profesionales éticos capaces de leer su tiempo y transformar sus territorios.

Nuestro compromiso

Desde la Universidad Nacional de los Comechingones, en este interior profundo —en la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis— tenemos la responsabilidad concreta de pensar las soluciones para las cuestiones socioambientales que plantea la Laudato si’ para esta región, con sus singularidades: la escasez y fragilidad del agua, la presión sobre los ecosistemas serranos, la tensión entre el desarrollo y la preservación. La proximidad y la territorialidad abren la universidad al pueblo, facilitan el diálogo y la interdisciplina. 

No hay transformación socioambiental sin transformación educativa. Nos toca honrar su legado. Nos toca seguir organizando la esperanza. Gracias Papa Francisco.

Por Andrés Vallone

Analista político – Diputado nacional MC

Durante más de dos años, una parte sustantiva de la sociedad argentina decidió sostener al gobierno de Javier Milei bajo un acuerdo implícito: tolerar el ajuste con la expectativa de una estabilización futura. Ese contrato social, basado en la promesa de orden macroeconómico, fue el principal capital político del oficialismo. Hoy, sin embargo, comienzan a multiplicarse los indicios de desgaste. Ya no se trata de percepciones aisladas, sino de una tendencia que empieza a consolidarse.

Distintas consultoras privadas coinciden en señalar una caída sostenida en la imagen del gobierno. Niveles de aprobación que superaban el 55% en los primeros meses de gestión hoy oscilan entre el 40% y el 45%, con picos de desaprobación en sectores medios y bajos. A esto se suma un dato aún más sensible: más del 60% de los encuestados considera que su situación económica personal empeoró en el último año. La macro puede mostrar señales de orden, pero la micro —la vida cotidiana— sigue en crisis.

En ese contexto, los recientes episodios vinculados al denominado caso “Libra”, que involucran al presidente y a su hermana, Karina Milei, introducen un elemento corrosivo: la pérdida de credibilidad.
No es únicamente una discusión judicial, sino un golpe directo al corazón del relato oficialista, que había construido su legitimidad sobre la idea de una nueva ética pública.

El problema se agrava cuando aparecen cuestionamientos en figuras clave del propio esquema de poder. Las críticas hacia el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades y contradicciones en su función, impactan de lleno en la comunicación gubernamental, hasta ahora uno de los activos más eficaces del oficialismo. En paralelo, el caso que salpica al ex ministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri, en relación con la obra social de las Fuerzas Armadas, refuerza la percepción de que las prácticas que se prometieron erradicar siguen presentes bajo nuevas formas.

Cuando los escándalos comienzan a acumularse, el relato de excepcionalidad se debilita. Y cuando ese relato cae, el gobierno queda expuesto a la evaluación más cruda: la de los resultados concretos.

En el plano económico, los datos son contundentes. El consumo masivo registra caídas interanuales que, en algunos rubros, superan el 10%. La industria opera con niveles de capacidad instalada por debajo del 60%, reflejando una retracción persistente de la actividad. El salario real acumula una pérdida significativa frente a la inflación, y el empleo formal muestra signos de estancamiento, con crecimiento de la informalidad como contracara.

Este cuadro impacta directamente en el humor social. El ciudadano que aceptó el sacrificio empieza a exigir resultados. La tolerancia al ajuste no es infinita, y menos aún cuando los costos recaen siempre sobre los mismos sectores. La narrativa de la “herencia recibida”, que fue eficaz en la primera etapa, comienza a mostrar signos de agotamiento. Después de más de dos años de gestión, la sociedad espera respuestas del presente, no explicaciones del pasado.

El oficialismo enfrenta hoy una encrucijada decisiva. Ya no alcanza con sostener el rumbo; necesita mostrar resultados tangibles y, sobre todo, reconstruir la confianza. Porque el vínculo con la sociedad no se basa únicamente en expectativas, sino en credibilidad. Y cuando esa credibilidad se erosiona, el contrato social entra en crisis.

Los signos de ruptura no implican aún un quiebre definitivo, pero sí una advertencia clara. La política argentina ha demostrado, una y otra vez, que el respaldo social puede ser tan intenso como efímero.
El desafío para el gobierno es evitar que el desgaste se transforme en desencanto irreversible. Porque cuando la sociedad siente que cumplió y no obtiene respuestas, el cambio de ciclo deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza.

La economía argentina siempre discutió inflación, impuestos o tipo de cambio. Pero el debate real hoy es otro: la competencia desigual entre modelos productivos. El cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, con 920 trabajadores despedidos, no es un episodio aislado sino un síntoma visible de un proceso que ya avanza sobre toda la estructura industrial del país.

El fenómeno no empezó ahora. En el último año cerraron plantas metalúrgicas, textiles, de electrodomésticos y autopartes; multinacionales y empresas locales dejaron operarios sin trabajo por la presión de importaciones más baratas. Incluso sectores alejados del rubro industrial, como frigoríficos, registran paralizaciones y despidos por caída de actividad.

El denominador común es la misma ecuación: Argentina produce con costos financieros, tributarios y logísticos elevados, mientras compite contra economías planificadas que subsidian producción y exportación. No es libre mercado: es competencia asimétrica. El consumidor ve precios más bajos, pero la economía pierde salarios, aportes previsionales y tejido productivo. La industria no sólo fabrica bienes; sostiene comercios, transporte, servicios y consumo local.

El impacto ya es sistémico. Cuando cae la industria, no cae sólo el empleo actual: cae el empleo futuro. Un país sin fábricas no se reconvierte en servicios avanzados; se transforma en economía dependiente.

La caída de Fate, entonces, no debe leerse como la historia de una empresa que no pudo adaptarse, sino como la advertencia de un país que todavía no definió su modelo de desarrollo.
Porque cuando un producto importado reemplaza a una fábrica, la sociedad cree ganar un precio… pero en realidad está comprando desempleo financiado en cuotas.

Por Andrés Vallone — Analista político y consultor

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional constituye una de las discusiones más relevantes que atraviesa hoy el Congreso, no solo por la magnitud de los cambios propuestos, sino por el enfoque conceptual que los sustenta.

Lejos de una actualización integral del sistema de relaciones laborales, el proyecto se apoya casi exclusivamente en la reducción de costos y en la flexibilización normativa como supuestos motores de creación de empleo, sin articular dichos cambios con una estrategia de desarrollo productivo de mediano y largo plazo.

Desde el diagnóstico, el Gobierno parte de datos objetivos: según el INDEC, la informalidad laboral se ubica en torno al 45% de la población ocupada, mientras que el empleo privado formal se mantiene prácticamente estancado desde hace más de una década.

Asimismo, el desempleo ronda el 7–8%, lo que revela un mercado laboral que no destruye empleo masivamente, pero sí lo degrada en calidad. Sin embargo, atribuir estas distorsiones de manera casi excluyente al régimen indemnizatorio o a la rigidez de la legislación laboral constituye una simplificación analítica que no resiste un examen técnico riguroso.

La evidencia económica comparada es clara: no existe una relación causal directa entre flexibilización laboral y creación de empleo formal. Estudios de la OIT y de organismos multilaterales muestran que las reformas laborales solo generan efectos positivos cuando se implementan en contextos de crecimiento económico, inversión sostenida y estabilidad macroeconómica.

En ausencia de estas condiciones, la flexibilización tiende a traducirse en mayor rotación, precarización contractual y transferencia del riesgo económico hacia el trabajador, sin impacto significativo en los niveles de formalización.

Desde el punto de vista legislativo, preocupa especialmente que la reforma avance sobre mecanismos de protección sin prever instrumentos compensatorios adecuados. Argentina destina menos del 0,5% del PBI a políticas activas de empleo, muy por debajo del promedio de países de la OCDE, y cuenta con un sistema de seguro de desempleo de cobertura limitada y montos claramente insuficientes.

En este contexto, debilitar las garantías laborales sin fortalecer previamente estos dispositivos implica una regresión en términos de protección social.

Otro aspecto crítico es el impacto generacional. Según datos oficiales, cerca del 60% de los jóvenes menores de 29 años se desempeñan en condiciones de informalidad. Cualquier reforma que no priorice la creación de empleo formal juvenil, la capacitación laboral y la inserción productiva corre el riesgo de consolidar un mercado de trabajo dual: flexible para algunos, pero estructuralmente precario para la mayoría.

El Congreso tiene aquí una responsabilidad central. La modernización del derecho laboral es un debate legítimo y necesario, pero no puede abordarse de manera fragmentaria ni subordinada exclusivamente a objetivos fiscales o de corto plazo.

Una reforma técnicamente sólida debe integrarse a un proyecto de desarrollo que contemple productividad, inversión, educación y protección social. De lo contrario, la flexibilización legislada corre el riesgo de convertirse en un ajuste encubierto sobre el trabajo, con consecuencias económicas y sociales difíciles de revertir.

Por Karim Alume.
Abogado. Diputado Nacional (MC) del MID por San Luis.

¿Hacia dónde caminan las democracias de occidente?.

Estamos frente a una crisis del rol histórico de los estados occidentales, en virtud de que un importante sector de la sociedad apoya el abandono o la transformación del eje de su sistema que es el Estado de Bienestar y los derechos de segunda generación que se desprenden del mismo.

Esta crisis se ha manifestado en muchas ocasiones en los procesos electorales triunfando en algunas ocasiones, creciendo en su peso político en otras. No es un fenómeno local, atraviesa con mayor o menor profundidad a todas las democracias occidentales.

No se trata de una necesidad de fortalecer el contrato social de los estados occidentales, sino que un importante sector de la sociedad plantea una redefinición de las prioridades de sus cláusulas.

En el eje del cuestionamiento está ese modelo socioeconómico donde se estructura la base del Estado de Bienestar, en donde el Estado organiza el acceso de los ciudadanos a servicios básicos buscando a su vez corregir desequilibrios socioeconómicos y promoviendo la igualdad de oportunidades. Quienes no logran ver la real dimensión del fenómeno creen que este concepto sigue firme en el conjunto de las sociedades occidentales, pero día tras día, una visión distinta del rol del Estado se fortalece por diferentes motivos que no parecen comprender.

Desde el alto costo de los servicios comunes a todos los ciudadanos que deriva casualmente en una percepción de alta presión fiscal; la eficacia propia de dichos servicios, desde el costo a sus destinatarios;  la crítica al carácter sistémico de las prestaciones y su contrapartida de limitarlas a casos extremos, perdiendo terreno la equidad frente a la beneficencia; y tantos otros cuestionamientos a un sistema que ha permitido con aciertos y errores consolidar durante un largo tiempo las democracias occidentales en base a un concepto de lo común por sobre lo individual.

Parece que el bienestar social ha dejado de depender de la búsqueda simultánea del bienestar común y colectivo y en cierto sector de la sociedad se percibe como más realista que la suma de los comportamientos individuales y egoístas de las personas redunde en un beneficio o bienestar general. Perdiendo terreno en el pensamiento de las democracias occidentales John Nash frente a Adam Smith.

Son múltiples los análisis que han tratado de explicar este fenómeno.

Algunos desestimando la economía nos dicen es la moral la que explica muchos fenómenos en occidente, percibiendo a las ineficiencias de las políticas derivadas del Estado de Bienestar como el motor que impulsa el deterioro moral del sistema.

Observando a su vez que el deterioro en la calidad de vida lejos de generar procesos de resistencia colectiva pasa a transformarse en una búsqueda de salidas individuales o previas al Estado de Bienestar.

Ello debido a que las sociedades no son agentes pasivos, resignifican y reinterpretan los discursos según sus propias realidades, triunfando la fantasía de lo individual por sobre la realidad de lo colectivo, nublando la visualización de los intereses compartidos.

Erróneamente, como si fuera un fenómeno pasajero más vinculado al concepto de crisis que de transformación algunos asocian a una ruptura entre la sociedad y la política.

Pero el voto en democracia siempre ha representado un fenómeno sociológico complejo que resulta imposible de explicar por análisis diluidos en sesgos.

La ruptura está entre un sector de las sociedades occidentales y las plataformas nacidas y desarrolladas en el siglo XX por diferentes sectores políticos y el rol que las mismas le otorgan al Estado. Lo que no sólo no es una ruptura con la política sino que dio nacimiento a nuevos espacios políticos que forman parte de un movimiento que traspasa las fronteras abarcando gran parte del mundo occidental.

Por ello cuando hablamos de ineficiencia de un sistema como el Estado de Bienestar manifestado en un sector de la clase dirigente, vemos que determinado sector social lo identifica con la falta de legitimidad, haciendo migrar el pensamiento social hacia figuras o esquemas de gobierno que proponen la transformación radical del sistema.

De esta manera la frustración de las expectativas sociales comunes ha vuelto cuestionable la representatividad de la organización actual del Estado en occidente.

Es una crisis seguramente no querida pero inevitable, se percibe al Estado como ineficiente para dar respuestas al descontento social, presentándose como respuesta a esta realidad una rebeldía frente al rol social que hasta ahora cumple el Estado en las democracias occidentales.

Otros plantean como determinante del deterioro del sistema a la corrupción. Pero si algo ha quedado claro en estos tiempos es que la corrupción es un fenómeno transversal a la política que solo es percibido respecto del ideológicamente contrario. En las diferentes elecciones a lo largo y ancho del planeta se ha demostrado que no parece ser un ítem que condicione o afecte los desempeños electorales.

Quienes plantean la necesidad de la transformación de algo están convencidos, el Estado no va a desaparecer, “tiene que ser eficiente”, de manera de “no ser una carga insoportablemente gravosa para los contribuyentes que deben financiarla”. Ahora, todo suena racional, pero el gran problema es ¿qué entendemos o qué entienden por eficiente? Es uno de las grandes contradicciones de esta discusión, es entendible que reclamen eficiencia aquellos ciudadanos que conviven con un Estado ineficiente, pero los que viven en las democracias del desarrollo, ¿qué pueden alegar contra el nivel de eficiencia? Por ello debemos preguntarnos; ¿en qué coinciden ambas manifestaciones del mismo fenómeno? La respuesta es clara, al final no se trata de la ineficiencia o eficiencia de un gobierno, de una política pública ni del Estado en sí, sino que el eje del cuestionamiento es a quien beneficia esa ineficiencia o quien es el destinatario de esa eficiencia, es un cuestionamiento a lo colectivo desde lo individual.

Por lo que cada pregunta se conjuga con una respuesta: ¿Crisis de representatividad? Ya encontraron quien representa sus ideas; ¿Corrupción? Sólo en el ojo ajeno; ¿Falta de eficiencia? Nunca se puede lograr la eficiencia cuando los fines son percibidos como ineficientes.

Porqué la crisis del estado de bienestar afecta a las democracias occidentales

Democracias que creíamos consolidadas han sufrido fuertes embates por impulsos de esta transformación. Si el vínculo simbiótico entre la democracia como sistema de gobierno de occidente y los fines del Estado de Bienestar se resquebraja el sistema que ha definido la vida de occidente de los últimos 200 años se ve debilitado luego de un largo proceso evolutivo.

La paz social es un derivado del Estado de Bienestar y es una de las razones por lo cual la crisis del mismo y sus cuestionamientos terminan siendo propios de la democracia occidental.

Pero otra razón más condicionante del sistema democrático es que un gran sector de las sociedades occidentales reclama una transformación garantizada sin cuestionar el tipo de régimen que la lleve adelante, democrático o no.

Pero hay un modelo que aún resiste, y parte de la búsqueda de un camino para hacer frente a esta realidad tan compleja es visualizarlo y ver en que basan sus fortalezas.

Este modelo de Estado de Bienestar consolidado son los países nórdicos. Tienen una característica en común: instituciones sólidas en los social como en lo político. Para lograrlo cuentan con una herramienta fundamental: la educación, que les ha dado un desarrollo humano que permite que la sociedad conscientemente perciba al destino común como un inevitable de la vida de sus naciones.

Si las clases sociales logran reconocer que su destino está interconectado ya no se luchará por discontinuar las políticas derivadas del Estado de Bienestar, sino que se buscará hacerlas realmente eficientes.

Artículo originalmente publicado en https://visiondesarrollista.org/el-estado-de-bienestar-en-crisis-y-su-impacto-en-las-democracias/

Por Andrés Vallone

(Diputado Nacional Mandato Cumplido)

En una jornada cargada de simbolismo político y tensión institucional, el Senado de la Nación volvió a ocupar el centro del tablero con un mensaje claro al presidente Javier Milei: las provincias no están dispuestas a seguir financiando el ajuste sin garantías ni devolución. En una votación aplastante —56 votos a favor contra un único rechazo— se aprobó en tiempo récord un paquete de leyes que obliga al Poder Ejecutivo a distribuir recursos claves retenidos por la Nación: Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos fiduciarios y una parte sustancial del impuesto a los Combustibles.

Pero lo que se votó fue mucho más que una cuestión contable. Se trató de un acto de rebeldía institucional, protagonizado por una mayoría opositora inéditamente cohesionada, y que refleja un nuevo mapa de poder: los gobernadores —más allá del signo político— comienzan a actuar en bloque frente a un Gobierno nacional que los ahoga financieramente y los trata como enemigos. Que el único voto en contra haya sido el del senador cordobés Luis Juez no hace más que confirmar la soledad política del oficialismo en la Cámara alta.

Una sesión bajo disputa y la sombra del reglamento

El episodio también expuso una fractura profunda en el funcionamiento legislativo. La sesión fue convocada sin la firma de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, lo que motivó el retiro del bloque oficialista y una posterior deslegitimación del encuentro por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la historia del Senado muestra que no es la primera vez que se convoca una sesión sin acuerdo con el oficialismo de turno. Desde la reforma constitucional de 1994, el reglamento interno ha sido utilizado por distintas fuerzas políticas para forzar debates y exponer crisis.

Basta recordar el 2008, cuando el kirchnerismo convocó sesiones con quórum ajustado para tratar la polémica resolución 125; o en 2017, cuando el peronismo disidente usó el reglamento para intentar frenar las reformas del macrismo. El Senado, lejos de ser una caja de resonancia del Ejecutivo, ha sido históricamente una trinchera donde el federalismo —a veces con ruido, otras con diplomacia— se planta ante los avances del centralismo.

Un grito federal disfrazado de técnica legislativa

Lo que ocurrió en esta sesión no fue simplemente una disputa procedimental. Es una respuesta política al modelo de Milei: un Presidente que se jacta del superávit fiscal mientras las provincias se endeudan, paralizan obras, suspenden servicios y no pueden pagar sueldos sin ayuda nacional. La narrativa libertaria del “Estado como enemigo” choca de frente con un país estructurado sobre una coparticipación que, aunque imperfecta, fue durante décadas el único pegamento real entre Nación y provincias.

Hoy, Milei acumula recursos en manos de la Tesorería Nacional y ejecuta un ajuste brutal que impacta de manera desigual, favoreciendo a la Capital y perjudicando al interior productivo. El Senado —como representación institucional de las provincias— empieza a decir basta. Y lo hace con herramientas legales, pero también con un claro mensaje político: el federalismo no puede ser moneda de cambio del equilibrio fiscal.

¿Y ahora qué?

Aunque el Gobierno ya advirtió que considera inválida la sesión y probablemente intente frenar el avance de los proyectos en Diputados o judicializarlos, lo cierto es que el Senado activó una alarma que el oficialismo no puede ignorar. La política no desapareció; simplemente se corrió de lugar. Ya no está en los ministerios, está en las provincias y en el Congreso.

Si Milei sigue apostando a gobernar por decreto y redes sociales, sin articular con los gobernadores ni reconocer la lógica institucional argentina, el conflicto no hará más que escalar. Y el Senado, esa vieja institución a menudo subestimada, puede convertirse en el escenario central donde se dispute el futuro del equilibrio de poder en la Argentina.

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Por Karim Alume.

Diputado nacional (MC)

El federalismo argentino atraviesa uno de sus momentos más difíciles en décadas. Lo vemos en la desigual distribución de oportunidades, en la recentralización de recursos y en el debilitamiento de las capacidades locales para sostener sus economías y atender las necesidades de su gente.

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Lo que más duele es constatar cómo, en nombre de un supuesto equilibrio fiscal, el Gobierno nacional retiene los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —fondos creados para asistir a las provincias en situaciones de emergencia— y los convierte en un instrumento de ajuste y disciplinamiento político. Así, se vacía al federalismo de contenido real y se lo degrada a un simple decorado institucional.

Siempre sostuve que no hay Nación sin provincias, ni desarrollo sin integración territorial. Por eso, durante mi mandato como diputado nacional presenté un proyecto de ley que busca reglamentar y transparentar el uso de los ATN, dotándolos de criterios objetivos, equitativos y solidarios. Porque no puede haber equilibrio fiscal a costa del vaciamiento de los presupuestos provinciales. Y no puede haber desarrollo nacional si no hay desarrollo federal.

El proyecto que impulsé propone, entre otras medidas:

• la creación de un registro público de solicitudes y asignaciones de ATN, para que cualquier ciudadano pueda conocer cómo y por qué se distribuyen estos recursos;
• la obligación de asignarlos en base a causas acreditadas y planes de saneamiento financiero en caso de desequilibrios;
•  la rendición de cuentas documentada de su uso;
• y la creación de una Comisión Bicameral para su seguimiento y control.

Además, establece que los fondos deben ser ejecutados en el ejercicio en que se recaudan, evitando su retención como mecanismo de ajuste o caja política. Porque los recursos son de las provincias, y en las provincias están las personas que los necesitan.

Argentina necesita consensos nacionales. Pero no cualquier consenso: el faro debe ser siempre el desarrollo y el federalismo. Solo así podremos construir una Nación integrada, con igualdad de oportunidades y con un Estado eficiente que respete a las provincias como pilares de su propia legitimidad.

El federalismo no es negociable. La transparencia, tampoco. Por eso debemos animarnos a reglamentar, ordenar y garantizar que cada peso recaudado cumpla con su propósito: fortalecer a las provincias para que ninguna quede atrás en el camino del desarrollo.

Este artículo fue publicado originalmente en Visión Desarrollista y puede ser leído aquí: El federalismo exige reglas claras y transparencia para los ATN

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La política argentina vivió un terremoto silencioso. La condena firme a Cristina Fernández de Kirchner no sólo marca el final de una era. También abre, por primera vez en dos décadas, una zona franca de disputa interna que reconfigurará al peronismo como lo conocimos. Y eso, aunque parezca una obviedad, no ocurrirá de la noche a la mañana, hay que esperar que baje la espuma.

La figura de Cristina ha funcionado, desde 2003, como una bisagra entre la nostalgia del peronismo histórico y las aspiraciones ideológicas de un progresismo nacional-popular. Pero también como un cerrojo. Durante los últimos años, todo intento de renovación, debate interno o surgimiento de nuevas conducciones fue bloqueado por un aparato verticalista, emocionalmente idealizado, donde disentir era sinónimo de traición.

Con Cristina detenida o legalmente inhabilitada, ese orden se rompe. Y con él, se habilita algo más importante: la posibilidad de pensar el peronismo sin pedir permiso.

El fin del dedo, el comienzo del barro.

En términos estructurales, la condena de Cristina pone en crisis al último liderazgo de masas del campo nacional. La jefatura se desintegra sin traspaso claro. Massa está dañado pero siempre esta, los gobernadores desarticulados, La Cámpora aún no decide si juega a la resistencia o al repliegue territorial. El viejo verticalismo choca con un presente sin conducción. Y eso es nuevo.

Lo que viene es el barro: una disputa de poder interna entre generaciones, sectores sociales y estructuras territoriales. Hay dirigentes jóvenes, intendentes, líderes piqueteros, sindicalistas y movimientos sociales que esperaban este momento con cautela. No porque desearan la caída de Cristina, sino porque sabían que solo así podrían salir del congelamiento.

¿La calle será la trinchera?

El gobierno de Javier Milei, con su proyecto de desguace del Estado y demonización del peronismo, funcionará como catalizador. La presión del ajuste, el deterioro del tejido social y la escalada represiva serán terreno fértil para que el peronismo vuelva a hacer lo que mejor sabe: disputar la calle.

Pero atención: no será una movilización romántica. Las organizaciones sociales, los sindicatos y los movimientos populares saben que enfrente hay un gobierno sin matices, que no duda en apelar a las fuerzas de seguridad ni en legislar a fuerza de decretos. La calle será un campo de resistencia, pero también de riesgo.

Aun así, es probable que esa tensión genere algo valioso: una nueva épica política. Una narrativa postkirchnerista que se pare en las cenizas del modelo anterior, pero que mire hacia adelante. No se tratará ya de defender a Cristina, sino de reconstruir una identidad en diálogo con las nuevas generaciones.

El reloj de la historia.

El peronismo no desaparecerá. Nunca lo hizo. Pero tampoco resucitará como si nada. Necesita reinventarse, resetearse. Dejar de pensar en 2003 y empezar a hablarle a un país del 2025 que vive en TikTok, se informa por Instagram y ya no compra los discursos del pasado.

Y eso implica responder preguntas incómodas: ¿Qué es hoy el peronismo? ¿Un partido, un movimiento, una marca electoral? ¿Puede construir futuro sin anclarse en el relato kirchnerista? ¿Quién encarnará ese futuro?

Por ahora, nadie tiene esas respuestas. Pero una cosa es segura: con Cristina afuera del juego, empieza una disputa de poder real. Y como siempre en el peronismo, el que llega primero no es el más lúcido, sino el que mejor resiste el barro.

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“No estamos frente a una época de cambios, sino a un cambio de época.”

— Zygmunt Bauman

La inteligencia artificial ya no es una promesa de laboratorio ni un asunto exclusivo de las grandes tecnológicas de Silicon Valley. Hoy está reconfigurando silenciosamente —pero con fuerza— el mundo del trabajo. Y si miramos hacia los próximos diez años, el impacto no solo será profundo: será inevitable.

Un nuevo paradigma laboral.

Según el Informe Future of Jobs 2023 del Foro Económico Mundial, se estima que el 23% de los empleos actuales cambiarán en su estructura o desaparecerán para 2030, impulsados por el avance de tecnologías como la IA generativa, la automatización y la robótica avanzada. La misma fuente proyecta la creación de 69 millones de nuevos empleos vinculados a la tecnología, pero también la eliminación de 83 millones de puestos tradicionales.

No estamos ante una simple sustitución de humanos por máquinas. Lo que está ocurriendo es un reposicionamiento de las habilidades: el trabajo repetitivo, predecible o de bajo valor agregado está siendo absorbido por algoritmos, mientras que las capacidades humanas más difíciles de automatizar (creatividad, juicio ético, pensamiento crítico, liderazgo) se revalorizan.

¿Qué sectores se verán más afectados?

1. Administración, contabilidad y atención al cliente

La automatización de tareas administrativas mediante IA está avanzando a pasos agigantados. Empresas como UiPath y Zapier permiten automatizar desde reportes contables hasta respuestas de atención al cliente. Según McKinsey, hasta el 50% del tiempo en funciones administrativas puede ser automatizado con tecnología ya existente.

2. Transporte y logística

Con los avances en conducción autónoma y optimización logística, se estima que el 30% de los puestos de transporte de carga podrían verse afectados. Tesla, Waymo y compañías chinas como Baidu ya están probando camiones autónomos en condiciones reales.

3. Medios y contenidos

La IA generativa (como GPT o herramientas de edición como Runway y Midjourney) ya está siendo usada para redactar notas, guiones, jingles y más. Esto no significa la desaparición del periodista o del creativo, pero sí un cambio en su rol: menos redacción, más curaduría y estrategia.

4. Manufactura y producción

La robótica con IA permite una automatización más inteligente, capaz de aprender del entorno. Siemens y Foxconn están implementando fábricas casi autónomas. En países desarrollados, la robotización podría eliminar el 20% de los empleos industriales para 2035.

5. Educación, salud y cuidado

Paradójicamente, estos sectores también incorporarán IA, pero con otro enfoque: como asistentes, no reemplazos. En salud, herramientas como IBM Watson o DeepMind ayudan al diagnóstico. En educación, la IA personaliza el aprendizaje. Se espera una explosión de “copilotos humanos” asistidos por IA, especialmente en contextos de alta demanda emocional.

¿Qué sectores crecerán?

• Tecnología y datos: ingenieros de IA, científicos de datos, especialistas en ciberseguridad.
• Salud mental y bienestar: en un mundo más automatizado, lo emocional cobra valor.
• Educación y capacitación digital: enseñar a convivir con la IA será un nuevo negocio.
• Oficios con creatividad o contacto humano: desde chefs hasta psicólogos, pasando por artesanos o desarrolladores de videojuegos.

Argentina frente al desafío de la inteligencia artificial.

En el contexto argentino, la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito laboral aún se encuentra en una etapa incipiente. Según el estudio Randstad Employer Brand Research 2024, solo el 13% de los trabajadores argentinos utiliza la IA de forma regular en sus tareas diarias, una cifra considerablemente inferior al promedio global del 29%. Sin embargo, la percepción sobre su impacto es significativa: un 34% reconoce que la IA ya está influyendo en su labor cotidiana.

Un informe conjunto del Ministerio de Trabajo y el Centro Interinstitucional en Ciencia de Datos (UBA-MINCyT) revela que el 54% del empleo formal privado se encuentra en ocupaciones donde al menos la mitad de las tareas son potencialmente automatizables mediante IA generativa, lo que representa alrededor de 3 millones de puestos de trabajo. Este impacto es especialmente fuerte en sectores altamente calificados, como profesionales científicos y directivos, donde más del 90% de las tareas podrían ser asistidas —o incluso reemplazadas— por inteligencia artificial.

A pesar de ello, la mayoría de los argentinos se muestra optimista: el 90% considera a la IA como una herramienta positiva para el futuro laboral, y un 89% expresa su intención de capacitarse para no quedar rezagado en esta transformación. El desafío no está solo en la tecnología, sino en el acceso a una educación continua, equitativa y pertinente.

Conclusión.

La inteligencia artificial no nos dejará sin trabajo. Nos dejará sin cierto tipo de trabajo. El verdadero desafío será no aferrarnos al pasado, sino prepararnos activamente para la transición. La historia del trabajo está llena de revoluciones tecnológicas, pero siempre han surgido nuevas formas de empleo. Esta vez no será la excepción, aunque sí exigirá una reinvención más rápida, más profunda y más humana.

El futuro no será de los que compitan con las máquinas, sino de los que sepan trabajar con ellas.

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Por Víctor Moriñigo.

Rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Asumí el rectorado de la Universidad Nacional de San Luis el 17 de septiembre de 2019. Al día siguiente, ya instalado en mi oficina, encontré entre los cajones del escritorio una carpeta olvidada por mi antecesor, Félix Nieto Quintas. Dentro de ella, había una carta dirigida al Frente Amplio de Uruguay. En ella, se expresaba la intención de otorgarle al expresidente José “Pepe” Mujica el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción honorífica que puede conceder nuestra universidad, al igual que todas las universidades públicas argentinas.

Al conversar con Félix —con quien me une una gran relación de amistad— me confesó que nunca había mencionado la idea, porque le parecía casi imposible que Pepe aceptara o pudiera venir a San Luis. Había guardado ese deseo con cierta vergüenza.

Apenas un mes después, iniciamos las gestiones, impulsados también por nuestra política de internacionalización y los vínculos regionales. Pero la pandemia, en marzo de 2020, detuvo todos los planes. Retomamos el proyecto cuando comenzaron a llegar las vacunas y a reactivarse la vida social. Con el valioso apoyo de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, con sede en Uruguay, fuimos hasta la casa de Pepe a plantearle la propuesta, antes de llevar el expediente al Consejo Superior de la UNSL.

Lo encontramos en su chacra, arriba de un tractor, con una humildad que me recordó a la de mis abuelos en el campo sanluiseño, hace cien años. Mujica, con la camisa desalineada, las manos curtidas y la mirada serena, se sorprendió y emocionó cuando le pedimos autorización para usar su nombre. Nos dio su consentimiento y nos prometió que, si el Consejo aprobaba la distinción, vendría a San Luis.

Y cumplió.

A pesar de las recomendaciones de sus colaboradores —quienes veían improbable su visita debido a su frágil salud y a que no podía vacunarse—, Pepe honró su palabra. Vino a San Luis y desató una verdadera revolución. En solo quince minutos, se agotaron las 460 plazas disponibles del Auditorio Mauricio López, lo que nos obligó a trasladar su clase magistral al estadio Ave Fénix.

Compartí con él tres días inolvidables. Descubrí al hombre detrás del personaje: sabio, sencillo, coherente. Un verdadero filósofo de la vida. Mujica, junto a Lucía, su compañera, fueron ejemplo de entrega, de compromiso, de lucha. Fue un hombre que puso el cuerpo y el alma detrás de sus ideales. Gestionó su país con aciertos y errores —como él mismo reconocía—, pero siempre desde una profunda honestidad. Supo bajar los índices de pobreza e indigencia, y también comprendió que gobernar no es lo mismo que reclamar: lo entendió y lo vivió.

Renunció a su jubilación de privilegio, donaba la mitad de su salario a una escuela de su barrio, y todos los premios que recibió los repartió entre museos o amigos, como aquel que los exhibía en su fonda, “para ayudarle con las ventas”. De todo lo que le regalaron en San Luis, dejó la mitad aquí. Viajaba liviano, con una mochila mínima y un espíritu aún más ligero.

En su paso por nuestra provincia volvió a sentir, según él mismo dijo, la adrenalina de los cincuenta años. Se entusiasmó con los jóvenes, con la defensa de la educación pública. Aquí, en San Luis, también se sembró —creo— la semilla de la postulación de Yamandú Orsi. Aquí, Mujica volvió a soñar.

Hoy despedimos a un hombre extraordinario que nos regaló su presencia, su palabra, su enseñanza. Su visita fue histórica. Su legado, inmenso.

Como dice la canción: los hombres buenos también mueren. Pero algunos dejan una huella que el tiempo no podrá borrar.

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El triunfo electoral de Poggi reafirma el rumbo del gobierno de cara al futuro.

El resultado electoral en San Luis no sorprendió a quienes vienen siguiendo de cerca lo que ocurre en la provincia: el amplio respaldo al oficialismo liderado por Claudio Poggi no es producto del marketing ni del oportunismo, sino de algo mucho más infrecuente en la política argentina: gestión sostenida, concreta y visible.

En un país donde la palabra “crisis” parece tatuada en el alma colectiva, San Luis ha optado por un camino distinto. Mirar el futuro. Desde que asumió su mandato en 2023, Poggi se propuso reconstruir los pilares de un Estado presente, ordenado y comprometido con lo esencial. Y lo logró en tiempo récord.

El gobernador que obtuvo el 46,81% de los votos con más de 21 puntos de diferencia con el segundo, activó una modalidad que hace años no se  practicaba: la cercanía con los vecinos de ciudades y pueblos de la provincia, lo que le permitió rápidamente testear de primera mano, lo que necesitaba cada lugar y cuáles eran las prioridades de esos ciudadanos que habían sufrido la indiferencia del gobierno anterior.

A esto se suma una decisión estratégica que marca diferencia: la vuelta a la administración ordenada del gasto público, eliminando privilegios y destinando recursos a donde más se necesitan. En medio del ajuste nacional, San Luis eligió proteger el tejido social y la reactivación productiva dándole un rol y una responsabilidad clave al sector privado.

Pero este triunfo no fue solo provincial. También se construyó desde abajo, desde los municipios que entendieron que gobernar es estar cerca. En ese sentido, merecen  una mención especial los  intendentes de Villa Mercedes  Maximiliano Frontera y de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla, electo diputado provincial en esta elección, cuya gestión municipal fue otra de las premiadas por la ciudadanía con el 58,50 % de votos de respaldo.

Frontera y Videla, con un estilo cercano, transparente y enfocado en la mejora de los servicios públicos, supieron construir  ciudades ordenadas, con obras visibles, mantenimiento constante y un fuerte vínculo con los vecinos. Estas gestiones no sólo acompañaron el modelo Poggi: lo fortaleció desde el territorio. Si bien ambos venían de acompañar  la gestión anterior, eligieron priorizar a sus vecinos y mirar el futuro, ambos recibieron como respuesta el reconocimiento al trabajo silencioso pero transformador que lideraron  en sus municipios, y entregaron un aporte clave al triunfo general del oficialismo.

El pueblo no premió una figura, premió un rumbo. Poggi volvió a conectar con esa tradición sanluiseña de gobiernos que planifican con responsabilidad y ejecutan con eficacia. No hubo fórmulas mágicas, hubo trabajo.

En una Argentina marcada por el escepticismo, San Luis dio una lección: todavía hay lugar para la política que transforma, para los liderazgos que no gritan pero cumplen. Y esa coherencia, en tiempos de cinismo, vale doble.

El oficialismo no ganó solo una elección. Revalidó una forma de gobernar que honra la inteligencia del votante.  Una mira diferente, más adaptada a los nuevos tiempos  parte de una política distinta: la que escucha, trabaja y cumple.

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Murió Francisco. Y con él, se fue el argentino más importante de la historia moderna. El hombre que, sin buscarlo, llevó la argentinidad hasta el último rincón del planeta, sin haber sido jamás del todo aceptado en su propia tierra.

Murió casi en el exilio, como José de San Martín. Alejado de las calles que conocía de memoria, de las veredas de Flores, del aroma a pan en los pasillos del subte A. Murió sin haber vuelto a su patria como Papa, no por falta de voluntad —al menos no la suya—, sino por esa tensión sorda, ese malestar constante que supimos cultivar como país cada vez que uno de los nuestros se eleva demasiado.

Y murió pobre, como Manuel Belgrano. Sin bienes, sin gloria material, sin bustos en las plazas de su barrio que lo representen como lo que fue: el líder espiritual de más de mil millones de personas. Un hombre que, desde Roma, hablaba de los pobres, de la justicia, de la necesidad de una Iglesia con olor a oveja, mientras desde Buenos Aires algunos lo reducían a una caricatura política, como si la única forma de comprenderlo fuera etiquetarlo, encapsularlo, silenciarlo.

El Papa Francisco no fue solo un jefe de Estado. Fue un faro en tiempos de oscuridad global. Un defensor del ambiente antes de que el planeta se incendiara. Un agitador de conciencias frente a la indiferencia social. Un argentino que caminó los pasillos del poder sin olvidar el barro de las villas.

Y sin embargo, aquí, en esta tierra suya, fue amado por muchos pero también ignorado, subestimado, e incluso vilipendiado por otros. Tal vez porque no se dejó domesticar por ninguna estructura de poder. Tal vez porque nos cuesta abrazar a quienes se nos escapan de las categorías cómodas. Tal vez porque, como nos pasa tan seguido, necesitamos que alguien muera para empezar a entender quién fue en verdad.

Hoy, el mundo llora a Francisco. En las calles de Manila, en los barrios pobres de África, en los pasillos silenciosos del Vaticano, se lo despide como a un santo, como a un revolucionario de la fe. Mientras tanto, en Argentina, el duelo es más ambiguo. No por falta de afecto —que lo hubo—, sino por la incomodidad de tener que asumir que fuimos casa, pero no siempre hogar.

Se fue el Papa. Se fue Jorge. Se fue Francisco. Y con él, se fue también una oportunidad: la de habernos reconciliado a tiempo con nuestra propia historia, mientras aun latía.

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Argentina se encuentra en una encrucijada energética: posee vastos recursos naturales, como las segundas reservas mundiales de gas de esquisto en Vaca Muerta y una posición destacada en el “triángulo del litio”. Sin embargo, recientes cortes de luz y aumentos tarifarios bajo el gobierno de Javier Milei evidencian una contradicción entre este potencial y la realidad energética del país.

El 6 de marzo de 2025, un apagón en Buenos Aires dejó a más de 600,000 clientes sin electricidad, afectando semáforos, el servicio de metro y otras infraestructuras críticas durante una ola de calor con temperaturas que alcanzaron los 42°C. Este incidente subraya la fragilidad de la red eléctrica argentina, especialmente durante picos de demanda en verano.

A pesar de que la producción diaria de petróleo en Vaca Muerta se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, permitiendo reanudar exportaciones a Chile después de 17 años, la falta de inversión en infraestructura limita el pleno aprovechamiento de estos recursos. La paralización de proyectos clave, como la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, restringe la capacidad de transporte y distribución de energía.

Durante el primer año de la administración de Milei, las grandes empresas energéticas han experimentado aumentos significativos en ganancias y cotizaciones bursátiles debido a políticas de desregulación y beneficios impositivos. Sin embargo, estos beneficios contrastan con la situación de los consumidores, que enfrentan aumentos tarifarios y una infraestructura energética deficiente.

Paralelamente, la estrategia comunicacional del gobierno ha generado un blindaje en la critica a las responsabilidades directas o compartidas de un gobierno anti estado que ya lleva un camino recorrido donde cada vez tiene menos credibilidad echarle la culpa al que estuvo antes, en materia energética hay responsabilidades compartidas que debe resolver el que gobierna y debe ser en la urgencia.

Para capitalizar su potencial energético y garantizar un suministro confiable, Argentina necesita una estrategia integral que promueva inversiones en infraestructura, mejore la eficiencia del sistema eléctrico y asegure que los beneficios de los recursos naturales se traduzcan en mejoras tangibles para la población. Además, es esencial garantizar una prensa libre e independiente que pueda informar y fiscalizar las políticas públicas sin restricciones ni presiones.

En el juego de la casta, Milei profundiza el bloqueo a  Villarruel

El nuevo cruce entre Presidente y su Vice se da en el marco del congelamiento de las dietas de los senadores decretado por Villarruel, quien posteriormente se manifestó en contra del salario que percibe, en sus redes sociales: «Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice quién gana un sueldo de, aproximadamente, $3.764.821 sin descuentos.
Milei que sabe que fue un mensaje directo al Poder ejecutivo que es quien liquida el salario de la Vice , detalló: «El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el más alto gana 1.400.000. Entonces me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy desafortunada».
El Presidente profundiza las diferencias «Ella me acompañó en la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones».

Presidente y Vice, una pelea que tiene historia

La primera tensión de la que se tiene registro entre ambos integrantes de una fórmula presidencial data de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y su vice, Valentín Alsina.
Según cuentan los libros, el padre del aula no se llevaba con Alsina. Tan poco coincidía con su vice, que dicen que le dijo: “Usted no se meta en mi gobierno; limítese a tocar la campanilla en el Senado durante seis años y lo invitaré de tiempo en tiempo a comer para que vea mi buena salud”.
Otra situación donde quedó al descubierto una interna fue durante la segunda presidencia de Hipólito Irigoyen (1928-1930). En esa ocasión, ante la inminencia del golpe de Estado y tras la renuncia del primer mandatario, el vicepresidente Enrique Martínez —en ejercicio de la Presidencia— decretó el estado de sitio y pensó en renovar el gabinete, ambicionando quedarse con el cargo. Pocas horas después, el general José Félix Uriburu, quien encabezaría el Gobierno de facto, le pidió la renuncia también a Martínez esa misma tarde.
Los registros más recientes recuerdan las diferencias y traiciones entre Menem y Duhalde, Chacho Álvarez y De la Rúa , Cobos y Kirchner y las marcadas diferencias entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández
Las sociedades en política muchas veces sirven para lograr el objetivo pero al corto plazo ese mismo objetivo que es el poder, termina en rupturas y diferencias plasmadas por las ambiciones que forman parte de la naturaleza de los Políticos.

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La pobreza es una problemática compleja y una consecuencia estructural del sistema económico y social vigente. En Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2024, el 52,9% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza.

Esta cifra, según una estimación de la U.C.A tuvo una breve baja en el tercer trimestre del año y se ubica en el 49,9% aunque no sucede lo mismo en el caso de los niños donde la pobreza creció al 65,5% , representa a más de 20 millones de personas que carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y 1 de cada 2 niños en situación de pobreza.

La complejidad de este fenómeno radica en su carácter multidimensional. No puede medirse únicamente a partir del ingreso promedio de una población. Ser pobre no solo implica carencia de recursos económicos, sino también desigualdades profundas en el acceso a derechos fundamentales como la tierra, la salud, la educación, la justicia, el tiempo libre y la participación cultural. En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar, a través de políticas públicas inclusivas, un piso real de igualdad que permita diseñar estrategias efectivas para erradicar la pobreza.

Un factor crucial es la desigualdad en la distribución del ingreso. En Argentina, el 10% más rico concentra más del 30% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre apenas alcanza el 1,5%. Reducir esta brecha exige implementar políticas laborales activas que fomenten empleos de calidad y salarios dignos.

Los sectores más vulnerables a la pobreza son los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Según UNICEF, más del 60% de los niños y niñas en Argentina vive en condiciones de pobreza, un dato alarmante que refleja la realidad de Sudamérica: la mayoría de los niños son pobres, y la mayoría de los pobres son niños. Frente a este escenario, es fundamental garantizar la implementación efectiva de los marcos normativos que protegen sus derechos y promueven condiciones de vida dignas.

En el caso de los adultos mayores, las políticas sociales juegan un rol esencial. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, casi un 14% de las personas mayores vive en pobreza, muchas veces enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos como salud y vivienda.
La pobreza también exacerba las desigualdades de género. En 2022, más del 65% de los hogares encabezados por mujeres en situación de pobreza no alcanzaban los ingresos necesarios para cubrir una canasta básica total. Las mujeres, especialmente aquellas que son jefas de hogar, enfrentan barreras adicionales para acceder a empleo formal y redes de apoyo, perpetuando su exclusión y vulnerabilidad.

Por otra parte, las propuestas basadas en el pensamiento económico ortodoxo, que confían en la «mano invisible» del mercado para corregir desigualdades, han demostrado ser insuficientes. En lugar de reducir las inequidades, tienden a profundizarlas al desincentivar la intervención estatal en políticas redistributivas.

Es urgente un cambio de paradigma para enfrentar esta problemática. Reconocer la pobreza como una prioridad central en la agenda política y social es el primer paso hacia su erradicación. Las políticas públicas inclusivas, basadas en evidencia y con un enfoque de derechos, son indispensables para construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

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Por Andrés Vallone 

Diputado Nacional (M.C)

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos promete un cambio drástico en el panorama global. Su asunción ocurre en un contexto más complejo que en 2016, con dos guerras activas —Ucrania y Medio Oriente— y un creciente conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar global alcanzó los 2,24 billones de dólares en 2023, con Estados Unidos liderando con el 39% del total. Trump deberá navegar estas aguas turbulentas con una visión proteccionista y anti-globalista que desafía el statu quo.

Ucrania y el desafío de un Acuerdo
Trump ha criticado duramente el papel de la OTAN en la guerra de Ucrania, señalando que «conmigo, esta guerra nunca habría comenzado». Bajo su mandato, es probable que se reduzca el apoyo financiero y militar a Kiev, un factor que podría obligar a Ucrania a aceptar una redistribución territorial en favor de Rusia. Sin el respaldo de Washington, el presupuesto militar de Ucrania —que representa más del 20% de su PIB en 2023— será insostenible, consolidando la influencia rusa en Europa del Este.

Europa en la encrucijada
La posible retirada de Trump del apoyo irrestricto a la OTAN podría dejar a Europa en una crisis estratégica. Emmanuel Macron ha pedido mayor autonomía para la Unión Europea, pero la falta de liderazgo sólido, tras la salida de Angela Merkel, dificulta esta transición. Al mismo tiempo, el ascenso de partidos radicales en Alemania y Francia amenaza con fracturar aún más al continente. Mientras tanto, líderes como Viktor Orbán en Hungría podrían promover una reconciliación entre Washington y Moscú, acentuando las divisiones internas de la UE.

Oriente Medio y la alianza con Israel
En Oriente Medio, Trump enfrenta un conflicto aún más complicado. Su relación con Benjamín Netanyahu sugiere un respaldo incondicional a Israel, cuya coalición de gobierno depende del conflicto con los aliados de Irán. Desde 2020, el gasto militar israelí ha crecido un 7%, alcanzando los 23.400 millones de dólares, pero la presión internacional para limitar los ataques en Gaza será un desafío para Trump, que deberá equilibrar su apoyo histórico con la estabilidad regional.

América Latina, la incógnita del Sur
En el sur del continente, Trump parece enfocado en los temas migratorios, especialmente con México y Centroamérica. Sin embargo, su política hacia Venezuela, más pragmática que ideológica, buscará garantizar la estabilidad económica, especialmente para empresas como Chevron, que en 2023 renovó contratos por 3.000 millones de dólares con el gobierno de Maduro. Esto plantea un escenario más de negociación que de confrontación directa con Caracas.

China, la inevitable confrontación
La tensión con China será un tema central. En 2023, el comercio bilateral alcanzó los 690.000 millones de dólares, pero con un déficit de 383.000 millones en contra de Estados Unidos. Trump, con su enfoque proteccionista, buscará reducir esta brecha mediante aranceles más agresivos, lo que probablemente exacerbe las tensiones comerciales y tecnológicas entre ambas potencias.

América Latina en el Nuevo Orden
El rol de líderes como Javier Milei en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil será limitado. Aunque Milei busca alinearse con la agenda de Trump, Estados Unidos ha dado señales de que Argentina no será una prioridad estratégica. En cambio, Brasil, bajo Lula, continuará como un actor clave en los BRICS, aunque el regreso de Bolsonaro al escenario político, impulsado por presiones externas, podría cambiar las dinámicas regionales.

Orden Mundial, más fragmentado
El segundo mandato de Trump podría acelerar la transición hacia un mundo más multipolar y fragmentado. Su enfoque anti-globalista priorizará acuerdos bilaterales por encima de estructuras multilaterales, como el Pacto de París o la ONU. En este contexto, la rivalidad con China, la presión sobre Europa y la reconfiguración de alianzas en Oriente Medio definirán una nueva era de tensiones y realineamientos geopolíticos.

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Por Daniel Sosa. 

Tuvimos un pejotismo espantoso, sectario, excluyente, encerrado en los barrios privados y las mansiones de CABA y las principales ciudades de cada país. Un grupo «dirigencial» sin ética ni moral que dañó vastos sectores populares y es el grupo que ayudo a la aparición de Milei y ese sector social que siempre está dando vueltas y que se expresa cuando encuentra quien los representa y contiene.

Nuestro Movimiento Peronista está atado de pies y manos con esta dirigencia partidocrática y sin ideas ni autocrítica, que fue limando las chances de representación de nuestros compañeros y compañeras de cada barriada.

Está aberración tiene sus propios síntomas que se expresan en el enriquecimiento de varios, corruptos y amorales por varias regiones de la patria.

Los dueños eternos de las lapiceras eliminaron de las candidaturas a Compañeros y Compañeras del Movimiento Obrero y los Movimientos Populares en todo el país. Miremos cuántos legisladores del sector hay.

Nuestro Movimiento Peronista necesita recuperar las riendas y conducir con criterios diferentes y más sensatos. Nuestro movimiento necesita un partido que se adecúe a los tiempos, que actualice la doctrina, que lea las 20 verdades y las aplique a la vida cotidiana construyendo comunidad.

Este modelo económico está en pleno éxito de saqueo de la riqueza del país y para ocultar sus estafas piramidales, sacará del teléfono de Alberto Fernández más cuestiónes escandalosas para usar como cortina de humo.

Nosotros estamos sin construir poder político porque sostenemos a esta dirigencia fracasada.

En el PJ habrá elecciones para las nuevas autoridades y trataremos de ingresar en la contienda para plantear ideas y posturas para debatir; ojalá se pueda y habrá que comprender que no será sencillo desbarrancar a los mariscales de la derrota que buscan estar nuevamente en las listas.

Sigamos con la olla popular, y empecemos a construir nuestras alianzas políticas urgente, sino, seremos esclavos nuevamente de los dueños y dueñas de las lapiceras que jamás miran el barrio o el gremio como parte de la solución, sino que los miran como una cantera de votos y golpeadores de puertas.

El que no cambia todo, no cambia nada…
Por eso es que hay que intentar este proceso de transformación de nuestra herramienta electoral que es el PJ, sino, ya tenemos herramientas alternativas para presentar candidaturas en alianzas más afines a nuestras necesidades y aunque sea difícil, no es imposible.

La Patria existe, la Liberación es posible.

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Son como hilos de una madeja que rueda por el suelo.

Se mezclan, se confunden, si se tira de uno se tiene la sensación de que se tira de otros, nadie sabe dónde terminan.
Los actores de esta columna parecen esos hilos, hilos de un mismo ovillo.

Tiremos del primero.

Al ex presidente Alberto Fernández le pesa por estas horas la sospecha más grave que le haya cabido a un ex presidente de la República: la de maltratar a su pareja.

Ni alrededor de las traumáticas separaciones de Domingo Faustino Sarmiento con su esposa Benita Martínez Pastoriza, o la de Julio Argentino Roca con su esposa Clara Funes sobrevoló semejante sospecha.

Según revelan medios porteños, los mensajes que aparecen en el teléfono de su secretaria privada en manos de la Justicia parecen probar hechos de violencia contra la ex primera dama.
Peor sospecha esa que la de corrupción, por la que esos teléfonos están en manos de los jueces.

Fue precisamente el ex presidente Fernández quien instaló la agenda de los derechos de las mujeres al crear ese ministerio.

«Hipocrecía de género» le dice el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Para conducir ese ministerio requirió los servicios de la puntana Ayelén Mazzina. La nombró ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Mazzina era entonces la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad del gobierno de San Luis, oficina que financió la realización en esta provincia del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres LTTBI y No Binaries.
Por ese acontecimiento el Estado puntano pagó un subsidio secreto -hasta que se rompió la confidencialidad- de 350 millones de pesos.

Fueron los años entre 2019 y 2022, años en que Alberto Rodríguez Saá creyó que había en ese colectivo y en esa demanda una sabrosa veta electoral.
Montado en ese discurso, convirtió a su diario familiar -entonces bajo la dirección de su hija- en un panfleto feminista.

Ese mismo medio hoy baja línea solapadamente desde su tapa en defensa del femicida Juan Carlos Solalinde, el gremialista que asesinó a su pareja, Johana Galdeano. Este martes al mediodía se conocerá la sentencia de ese juicio.

Un hilo más. El femicida Solalinde es defendido por el abogado Marcos Juárez, el mismo abogado defensor de los ex funcionarios denunciados y procesados por la Justicia por hechos de corrupción, y que tiene como presentación en WhatsApp una foto con el ex gobernador Rodríguez Saá.

Quien siga tirando de estos hilos ajusta aún más la madeja.

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Por Andrés Vallone *

La única manera de evitar una escalada de represión en Venezuela parece ser, por improbable que parezca, la apertura de un canal de negociación con el presidente Nicolás Maduro. La comunidad internacional ya ha agotado muchas de las herramientas disponibles, y es necesario explorar nuevas vías para abordar la crisis.

Las elecciones del pasado domingo en Venezuela no han resuelto la incertidumbre política, sino que han exacerbado la tensión social y política. La negativa de Maduro a presentar evidencias claras de su supuesto triunfo frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia ha intensificado la crisis interna y ha provocado una reacción internacional contundente, aumentando la presión sobre el régimen para que proporcione transparencia en los resultados electorales.

Gobiernos latinoamericanos de izquierda, como los de Brasil, México y Colombia, han solicitado una «verificación imparcial» de los resultados del 28 de julio. Estados Unidos y la Unión Europea exigieron desde el principio la publicación de las actas de votación, señalando que son fundamentales para verificar los resultados proclamados. Washington fue más allá al reconocer oficialmente a González Urrutia como el vencedor legítimo, apoyándose en lo que describen como «pruebas abrumadoras» de su victoria.

La oposición ha denunciado fraude electoral, afirmando tener copias de actas que demostrarían una clara victoria de González Urrutia. Estas acusaciones, junto con la falta de transparencia en el proceso, han generado un creciente escepticismo tanto dentro como fuera del país. El Centro Carter, una organización internacional de observación electoral, publicó un informe crítico que cuestiona la legitimidad del proceso. A pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, proclamó a Maduro ganador con un 51,2% de los votos basándose en un conteo provisional del 80% de los sufragios. Este anuncio ha sido recibido con escepticismo y rechazo por parte de la oposición y la comunidad internacional.

En respuesta a la situación, se han intensificado las movilizaciones populares, que han sido recibidas con una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos reportan entre 10 y 20 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos hasta el viernes. María Corina Machado, una destacada líder opositora inhabilitada para participar en las elecciones, se refugió en un lugar seguro tras recibir amenazas de Maduro, quien insinuó que tanto ella como González Urrutia deberían ser encarcelados. A pesar de ello, Machado se presentó en una manifestación en Caracas, recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Frente a la presión interna e internacional, Maduro y su círculo cercano han optado por una postura defensiva, negándose a divulgar las actas electorales y justificando su reticencia con excusas como un supuesto ataque informático desde Macedonia del Norte y la violencia en las calles. En una movida que parece destinada a ganar tiempo, el gobierno solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, que realizara una auditoría de las elecciones, ofreciendo entregar las actas a esta instancia. Sin embargo, dado el control gubernamental sobre el TSJ, esta acción es vista con escepticismo como una táctica dilatoria.

En un contexto de crecientes demandas de transparencia, el régimen de Maduro rompió relaciones diplomáticas con siete países latinoamericanos, incluidos Argentina, Perú y Chile, cuyo presidente, Gabriel Boric, ha sido un crítico vocal del gobierno venezolano. Además, Maduro divulgó un memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos durante negociaciones en Qatar el año pasado, una maniobra que no aborda la cuestión fundamental de la legitimidad de las elecciones. En respuesta, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, reiteró la posición de su gobierno, afirmando que cuentan con pruebas concluyentes de la victoria de González Urrutia.

Ayer, venezolanos distribuidos en todos los países de América, Estados Unidos y Europa manifestaron denunciando las irregularidades electorales y hasta la ex presidenta Argentina Cristina Kirchner pidió “en honor al legado de Chávez» , que se publiquen las Actas del Escrutinio. La situación en Venezuela se encuentra en un punto crítico, y la comunidad internacional continúa presionando por una resolución transparente y democrática. La apertura de un diálogo genuino podría ser el primer paso hacia una salida pacífica de esta crisis, pero las tensiones actuales hacen que este camino sea incierto y desafiante.

* Andrés Vallone, ex Diputado Nacional

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Por Andrés Vallone (ex Diputado Nacional)

Tras conocerse los primeros resultados de las elecciones en Venezuela, la autoridad electoral ha otorgado la victoria a Nicolás Maduro con el 51% de los votos. Estos resultados han generado suspicacias en gran parte de la comunidad internacional, que ha cuestionado la transparencia del proceso y ha exigido la presentación de las actas electorales para verificar los datos.

El presidente chileno, Gabriel Boric, fue el primero en manifestar públicamente sus dudas, seguido por el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y el representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Todos ellos han defendido la necesidad de respetar la voluntad del pueblo venezolano.

Por otro lado, países como Rusia, Cuba, China e Irán, tradicionales aliados de Caracas, han reconocido los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y han felicitado a Maduro por su reelección «a pesar de las amenazas».

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha solicitado a través de su cuenta de X la presentación de las actas de todas las mesas electorales para «garantizar resultados plenamente verificables».

Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su preocupación ante la situación en Venezuela. Antony Blinken, desde Tokio, manifestó su «seria preocupación» por la validez de los resultados anunciados, cuestionando la legitimidad del proceso y la representación de la «voluntad» de los votantes. En una comparecencia ante los medios junto a sus homólogos de la alianza Quad (EE.UU., Japón, Australia e India), Blinken declaró: «Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad del pueblo venezolano».

Josep Borrell, desde su cuenta de X, reiteró la petición de respetar la voluntad de los ciudadanos y aseguró que se debe «asegurar la total transparencia del proceso». José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, pidió mantener la calma y el civismo demostrados durante la jornada electoral y exigió que se presenten los resultados «mesa por mesa» para que sean verificables. El vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, también se sumó a esta petición, expresando «muchas dudas» sobre el desarrollo de las elecciones.

El Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE) ha anunciado que publicará en su web «en las próximas horas» el detalle de los resultados desglosados por mesas electorales, y entregará un informe digital sobre el desenlace de las elecciones a los 38 partidos políticos que compitieron.

El presidente chileno, Gabriel Boric, calificó los resultados como «difíciles de creer» y afirmó que su país no reconocerá «ningún resultado que no sea verificable». En su cuenta de X, Boric exigió total transparencia y la presencia de observadores internacionales imparciales. El presidente argentino, Javier Milei, rechazó los resultados electorales, argumentando que su país «no va a reconocer otro fraude» en Venezuela. Según Milei, «los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición» y urgió a las Fuerzas Armadas venezolanas a defender la democracia y la voluntad popular.

En Lima, el canciller peruano Javier González-Olaechea condenó los resultados electorales, calificándolos de «sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude». Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, destacó la importancia de la observación internacional, afirmando que «Venezuela merece resultados transparentes y certeros». Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, repudió categóricamente la proclamación de Maduro, calificándola de fraudulenta.

Mientras tanto, los aliados estratégicos de Venezuela han felicitado a Maduro por su victoria. Vladimir Putin, Luis Arce, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, Rosario Murillo y Lin Jian, entre otros, expresaron su apoyo a Maduro, destacando la importancia de la «revolución bolivariana».

Falta ver, la reacción social en Caracas y el interior de una Venezuela harta de los abusos del poder de un régimen poco democrático que se anima a desafiar la voluntad popular de ciudadanos que han dado muestras fehacientes de haber perdido el Miedo. ¡¡¡Hay un fuerte Olor a Fraude!!!.

Por Andrés Vallone (ex Diputado Nacional).

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Por Andrés Vallone

Algo está ocurriendo en Venezuela, y es algo bueno: huele a cambio. María Corina Machado, valiente líder con una larga trayectoria de oposición, ha logrado congregar a un pueblo que llena las calles de todo el país para superar pacíficamente en las elecciones del 28 de julio al régimen que ha imperado durante un cuarto de siglo.

El atropello sufrido por Machado al invalidarse su candidatura no hizo más que fortalecer su legitimidad. Ahora marcha junto a su candidato Edmundo González, (un diplomático y académico de 74 años, el hombre de la oposición que no fue vetado). Todas las encuestas creíbles los favorecen, aunque el panorama está marcado por la violencia, las amenazas y un altísimo riesgo de fraude.

Ocho millones de venezolanos han tenido que emigrar, y sólo 70 mil podrán votar desde sus nuevos destinos debido a las trabas impuestas por el gobierno de Maduro para evitar un aluvión de votos en contra. Sin embargo, el valiente pueblo ha tomado conciencia del saldo real del régimen, no a través de estadísticas, sino de una manera desesperada y directa. Así lo expresan a María Corina Machado en cada lugar que visita: desean que las familias se reúnan y que las abuelas conozcan a sus nietos; anhelan un alivio a la miseria, la represión y la inseguridad; quieren que la libertad y la concordia abran paso a la reconciliación nacional.

Las estadísticas son dramáticas y contundentes: prueban que la destrucción de Venezuela no comenzó con la muerte de Chávez, sino que es obra de ambos, Chávez y Maduro, el original y su caricatura. En 1998, el PIB per cápita de Venezuela era el segundo mayor de América Latina. Hoy es inferior al de Haití. En aquel año, bajo la empresa estatal PDVSA, la producción petrolera alcanzó los 3,5 millones de barriles diarios. Hoy produce solo 0,75 millones.

La crisis humanitaria se refleja en cifras alarmantes. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2021, el 94,5% de los hogares venezolanos vive en pobreza y el 76,6% en pobreza extrema. La desnutrición infantil afecta a más del 30% de los niños menores de cinco años. La hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de los venezolanos, con una inflación acumulada de más de 2.000.000% entre 2017 y 2021, según el Banco Central de Venezuela.

La infraestructura y los servicios, como la educación y la salud, han colapsado enteramente. La tasa de mortalidad materna aumentó un 65% entre 2015 y 2016, y la mortalidad infantil se incrementó un 30% en el mismo período, según datos del Ministerio de Salud. El éxodo masivo es otra muestra del colapso: más de 8 millones de venezolanos (25% de la población) viven desperdigados en América Latina, Norteamérica y Europa, según datos de la ONU.
Sólo 3 días separan el dolor, la exclusión, los abusos y el régimen antidemocrático de la esperanza, la libertad y el derecho democrático que todos los pueblos merecen. ¡Venezuela no puede ser la excepción!

Andrés Vallone – Analista Político
Dir. Vallone & Asociados Consultores

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Por Andrés Vallone *

El pueblo empuja, Maduro resiste, a una semana de una elección sin precedentes en Venezuela, con repercusiones significativas tanto para el país como para toda la región. El desenlace de este proceso electoral influirá en la estabilidad de las democracias debilitadas del hemisferio y en la integridad del Estado venezolano, ya fragmentado y sin control territorial. Si se repite un fraude electoral, la crisis se profundizará y el éxodo, que ya afecta a 8 millones de personas (el 25% de la población), podría aumentar dramáticamente.

La democracia depende de la incertidumbre del resultado electoral garantizado por reglas claras, algo que ha estado ausente en Venezuela durante décadas. Sin embargo, ahora el chavismo está más débil que nunca, con una sociedad movilizada y una oposición unida detrás de líderes como María Corina Machado y Edmundo González. En esta elección, tres escenarios son cruciales: si las elecciones del 28 de julio se realizarán, cómo se contarán los votos y qué tipo de gobierno se formará a partir del 29 de julio, considerando la impopularidad del régimen.

Los rumores de suspensión electoral son numerosos, con el régimen utilizando la beligerancia con Guyana, intentos fantasiosos de asesinato de Maduro y la amenaza de una guerra civil como excusas para impedir la votación. Maduro, conocido por su «bluff», depende de estas crisis fabricadas para mantener su posición, sabiendo que no puede ganar en condiciones normales, ya que diversas encuestas indican que su derrota es casi segura.

La represión contra activistas y la oposición se ha intensificado durante la campaña, con secuestros, sabotajes y clausuras de establecimientos que apoyan a la oposición. A pesar de estas tácticas, la multitud sigue apoyando a los líderes opositores con convicción. La suspensión de las elecciones podría aislar a Maduro del mundo democrático, incluso entre sus aliados latinoamericanos, que también exigen elecciones libres y justas.

El escrutinio de los votos será crucial. La única manera de contar correctamente los votos es mediante procedimientos objetivos y neutrales previamente establecidos. Sin embargo, el régimen tiene una larga historia de fraude electoral, desde los 2 o 3 puntos robados en 2013 hasta el millón de votos añadidos en 2017. Una participación masiva el 28 de julio es esencial para contrarrestar cualquier intento de fraude. Podría repetirse la historia de diciembre de 2015, cuando la presión del ejército obligó al régimen a reconocer la victoria de la oposición.

Finalmente, el día después de las elecciones y el período de negociación y transición serán fundamentales. Venezuela ya está en una transición inevitable hacia el cambio. La reunificación familiar y la reconciliación del país son prioridades para la sociedad venezolana. Después de 25 años de exilio, represión y división, otra victoria fraudulenta de Maduro sólo aumentaría el sufrimiento y la desesperación.

* Andrés Vallone – Analista Político

Dir. Vallone & Asociados Consultores

Por Andrés Vallone

Después de los primeros  seis meses  y a días de la firma del Pacto de Mayo el próximo 9 de Julio, estamos ante  un gobierno que representa una revolución simbólica en cuatro décadas de democracia, es el momento de poner «claro sobre negro». Es decir, aclarar y evaluar la consistencia y novedad de este proyecto. Este primer balance podría ofrecer una visión precisa del futuro de este experimento político, considerando la intención de cambio, la reconfiguración estructural del país y las expectativas de la sociedad. Quizás en esta escena tridimensional se cifre el futuro próximo de Argentina, sobre todo en las “expectativas” que sostienen a la mitad de la población que  apoya.

Con la ley de Bases y el paquete fiscal aprobados, aun con modificaciones significativas; el descenso sostenido de la inflación y un ajuste severo que no provocó resistencia social, el Gobierno puede afirmar: hemos logrado mucho en poco tiempo, desmintiendo los escenarios catastróficos de la oposición. Además, se ha demostrado que era posible hacer estos cambios sin un estallido social, fortaleciendo al Gobierno frente a quienes predijeron un Apocalipsis que no ocurrió y difícilmente ocurra.

Sin embargo, la intención de reformar la macroeconomía y desafiar a la clase política puede generar un espejismo en sus ejecutores: la idea de que era fácil cambiarlo todo con suficiente coraje y determinación, omitiendo que en realidad se negoció casi todo. Del éxito prematuro a la soberbia y la omnipotencia, en política hay solo un paso, más aún si se asimila a una guerra contra enemigos ideológicos.

En este punto de inflexión, un gobierno y un líder dogmáticos enfrentan una confrontación entre el deseo y la realidad. Las propuestas fanáticas chocan con los límites impuestos por las estructuras económicas, políticas y sociales. El verdadero desafío será mantener el equilibrio entre la ambición de cambio y las restricciones del contexto.

El principio de «negro sobre blanco» no solo es crucial para los libertarios, sino también para la política en general. La recuperación no será posible sin una asunción clara de responsabilidades y sin la promoción de la creatividad y la innovación. Además, es imperativo despojar al Estado de sus privilegios y encontrar una fórmula que combine el crecimiento económico con la equidad social. Sin estos elementos, cualquier intento de progreso será en vano.

Llega el 9 de Julio, el Gobierno convoca a Gobernadores y ex Presidentes a Tucumán para suscribir (luego del fallido intento de Córdoba en Mayo), un acuerdo Nacional a través de un postulado común con miras a mejorar la situación institucional del País. Que dice el acuerdo de 10 puntos que suscribirán en la Madrugada del 9 de Julio, al menos unos 18 Gobernadores y representantes Políticos, Sindicales y Sociales:

Los aquí firmantes declaramos y ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, conforme a lo convenido en las siguientes diez cláusulas, establecidas con el objetivo de reconstituir las Bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.
5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
6. La re discusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias.
7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Quienes suscriben al presente documento, se comprometen a su vez a la constitución de un Consejo de Mayo, para discutir el grande, augusto y sagrado objeto de la refundación de la Patria.

Este organismo estará compuesto por un Presidente del Consejo de Mayo, por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las provincias, un representante de las entidades gremiales y un representante del sector empresarial.

Milei representa una ruptura con lo tradicional y, aunque su enfoque pueda ser controversial, no se puede negar que ha obligado a la sociedad a reexaminar sus valores y prioridades. En última instancia, su legado puede ser el catalizador que empuje a una renovación profunda y necesaria, incluso si su propio camino resulta tumultuoso y lleno de obstáculos. La era que dejará atrás, sin lugar a dudas, marcará el fin de un ciclo y el inicio de nuevas formas de pensar y actuar en el ámbito político y social

Nos guste o no, Javier Milei ha provocado una sacudida en el sistema político y social. Aunque su éxito a largo plazo es incierto y podría enfrentarse a numerosos desafíos, su impacto ya ha dejado una marca indeleble. Ha cuestionado estructuras y paradigmas establecidos, poniendo de relieve las falencias de una era cultural que parece estar en su ocaso, quien así no lo entienda quedara afuera de lo que viene , una nueva era donde en términos políticos el fenómeno no es Milei, es el ciudadano que cambió su forma de ver y pensar la política.

Andrés Vallone – Analista Politico

Dir. Vallone & Asociados Consultores

Por Martín Olivera.

MN 102569 MP 2970

Antes que nada quiero agradecer a todos aquellos que cedieron una parte de su tiempo de este sábado para acompañar esta manifestación de apoyo a un derecho tan fundamental como lo es la vida de los chicos por nacer, aquellos seres que formaran el futuro de nuestro querido San Luis y nuestra querida Argentina.

Pero por otro lado, debo decirles que me siento apenado y desilusionado pues, desde el 2020 la élite política decidió que el aborto sea ley en nuestro querido país, incluso yendo en contra de lo que dicta la Constitución de la Nación argentina que reconoce pactos internacionales que protegen la vida desde la concepción como derecho humano, también conocido como Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 4 establece: “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

También la Convención sobre los Derechos del Niño habla de la vida desde la concepción, sólo de los menores de 18 años. La ley 23.849, por la que la Convención se incorpora a las leyes argentinas, aclara que “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción”.

Por tanto, debo decir, que la ley de aborto o ILE es inconstitucional. Y es por eso que siempre se busca decir que el embrión no tiene vida, para disfrazar que se está legislando contra la Constitución.

Para ello, se realizó una campaña financiada y fogoneada por los medios y personajes de la cultura, mintiendo sobre que se hacían 500.000 abortos por año y que fallecían miles de mujeres y que los abortos bajarían con la ley. En realidad, las muertes maternas por aborto provocado en Argentina desde 2015 a 2020 fueron en 15 a 20 por año.

¿Saben que por cáncer de mama mueren 5000 por año? Y en San Luis no se registró ni una sola muerte por aborto en los últimos 20 años.

Pero en los últimos 3 años según datos del Ministerio de Salud, se realizaron en San Luis 5.500 abortos legales, es decir 5.500 puntanos que se aniquilaron antes de nacer (la población sumada de Potrero de los Funes y El Volcán para que se den una idea), ¿para que? para prevenir nada, si no moría ninguna mujer. Otra mentira más.

Mientras, en Argentina los abortos por año fueron aumentando (no bajaron). Se realizaron desde la aprobación de la ley de aborto más de 250.000 homicidios agravados por el vínculo (abortos) como suele decir el actual Presidente, es decir tantas vidas como las que forman la población de la ciudad de Neuquén por ejemplo.

También decían que el aborto legal era seguro y gratuito. en el año 2021, con aborto legal hubo 13 muertes maternas, por lo tanto, el aborto siempre mata a alguien, al niño por nacer y lamentablemente a veces a la madre. Y no es gratuito, pues en un país donde hay 2 de cada 3 chicos pobres, el pueblo argentino solventa con sus impuestos esta ley que reduce la población eliminando argentinos, en vez de ver la manera de revertir la pobreza.

Se trata de un plan sistemático para exterminar a una población determinada (en derecho esto se llama “delito de lesa humanidad…”, ¿quién les dice que alguna vez no haya que juzgar a aquellos diputados y senadores que aprobaron la ley? En Argentina todo puede pasar, ¿verdad?

El vínculo entre una madre y su hijo debería estar lleno de cuidado, compasión y amor. Lejos de ayudar a las mujeres, este mal llamado “derecho humano”, que de humano no tiene absolutamente nada, pues causa muerte, miseria y angustia, donde las víctimas son bebés… ¡seres humanos!, además debemos remarcar el impacto de este “derecho” que como todo derecho debería traer beneficio en las mujeres que se sienten obligadas a creer que la única opción disponible para ellas es el aborto.

Múltiples estudios que han estudiado las consecuencias en las mujeres que tuvieron un aborto antes de cumplir los 25 años sufren depresión, presentan trastornos de sueño, y aproximadamente la mitad de aquellas que tuvieron un aborto siendo menores de edad, sufren pensamientos suicidas.
Las estadísticas también muestran que las mujeres que han tenido un aborto tienen tres veces más probabilidades de sufrir abuso físico, mental o sexual que las mujeres que llevaron a término su embarazo.

Es por eso que ha llegado la hora de predicar con el ejemplo en la vida cotidiana.

Se dice últimamente que hay una grieta y esa grieta es moral. De un lado, los que buscan hacer las cosas mal, (hacer el mal siempre es mucho más fácil que hacer el bien), relativizando los valores que hicieron grande a nuestro país, como el cuidado de la familia (justamente contra la que atenta el aborto), la tradición, la educación o la religión por citar los más importantes.

Si nos quedamos callados, en nuestra zona de confort, seguiremos sufriendo como país, siendo gobernados por una elite política que no piensa en el bien común sino en el de unos pocos.

Es hora de llamar la atención de los que gobiernan y legislan. de formarse, conocer y estar preparados para defender ideas.

Le pido al señor Gobernador de San Luis y su gabinete que hagan cumplir la Constitución de San Luis que establece en su artículo 11 y 13, que San Luis respeta y protege la vida desde la concepción, que articulen políticas de mayor educación en las escuelas para que haya una educación sexual de calidad, basada en ciencia y biología y se deje de lado la ideología de género y la sexualización infantil con todas sus nefastas consecuencias que se han visto en los últimos años, con el aumento de abortos en adolescentes y falsas denuncias y un malgasto tremendo de los fondos públicos sin beneficio alguno para el pueblo de San Luis invoquemos, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, a Dios, fuente de toda razón y justicia para que nos ilumine como pueblo, nos de valor, coraje y sabiduría, para lograr que nuestros pedidos sean escuchados y se detenga de una buena vez este proceso de ley que nunca debió haber existido.

Que viva Argentina, que viva Jesús y María y que permanezca vivo en nuestros corazones el recuerdo de esas vidas que nunca pudieron ver la luz.

Gracias.

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Estos primeros cuarenta días del gobierno de Claudio Poggi han estado orientados a desactivar la bomba institucional-económica que plantó Alberto Rodríguez Saá para que el nuevo gobierno volara por los aires.

Dejó un territorio minado como parte de “un plan sistemático de desestabilización” orientado a “quebrar la voluntad popular” en palabras de Poggi.

Esa tarea en la que debió concentrarse el nuevo gobierno demandó una serie de acciones entre las que se puede mencionar:

• la anulación de contratos en puestos con jugosos sueldos que se habían asegurado ex funcionarios, amigos y familiares
• la cancelación de privilegios que iban desde la asignación de custodias personales para el ex gobernador hasta contratos millonarios a futuro para su empresa familiar
• la toma del control de instituciones para que no se convirtieran en guaridas políticas por las cuales siguieran drenando fondos públicos
• la recuperación de maquinarias y parque automotor abandonados
• la instrucción de decenas de denuncias por corrupción algunas de las cuales ya se tramitan en la Justicia penal
• y la permanente búsqueda de fondos para poder abonar los sueldos de los trabajadores estatales en un solo pago, autorización que rechazaron los legisladores de la oposición.
• y varios etcéteras más…

Sin embargo, más allá de todas esas acciones que claramente marcan un nuevo rumbo, el nuevo gobierno produjo un hecho altamente simbólico y que puede considerarse como una síntesis del cambio cultural que promueve en respuesta a la demanda social.

Hablamos de la recuperación del Salón Blanco como un espacio de puertas abiertas a toda la sociedad.

Ese espacio, que no es cualquier espacio sino tal vez el más sagrado en términos de representación institucional, había sido copado para los actos partidarios del gobierno que se fue. Y mucho peor, se había convertido en el teatro para las risotadas de los funcionarios que celebraban cualquier ocurrencia de su jefe.

Ahora volvió a ser un espacio para todos los sanluiseños y recupera, con actos masivos y en pocos días, el espíritu original e histórico que le corresponde en su carácter de Salón Blanco.

Luego de un austero trabajo de reacondicionamiento que hicieron los propios trabajadores del Estado tras la asunción de los ministros el 10 de diciembre -no se necesitó ninguna millonaria contratación de empresa como era el estilo de la anterior administración-, abrió sus puertas a la sociedad.

Cientos de familias lo utilizaron el viernes para reunirse y celebrar al recibir las escrituras de sus viviendas, a la par de los anuncios de nuevas políticas públicas como el Plan “Escriturá Tu Casa” que presentó el propio gobernador.

Este sábado lo ocuparon los representantes de alrededor de 500 asociaciones; cooperadoras, clubes sociales y deportivos, agrupaciones gauchas, centros vecinales, culturales y de jubilados para el lanzamiento de un programa de Fortalecimiento Institucional destinado a ONG´s.

Y por la tarde y anochecer de este sábado fue sede de una reunión del Gobernador con representantes de instituciones de toda la provincia que trabajan en temas de discapacidad y que pudieron plantear cara a cara la situación general y sus realidades individuales.

 El Salón Blanco de una Casa de Gobierno es en sí mismo toda una institución, y así lo deben entender aún quienes lo transitan con cierta familiaridad por su trabajo habitual. Una suerte de espacio sagrado, de “templo” de la democracia dentro del edificio de gobierno.

Digamos también que, tristemente el histórico Salón de la también histórica Casa de Gobierno de San Luis, aquel que fue sede del acto de asunción de autoridades tras la recuperación de la democracia en 1983, es hoy utilizado para que allí asuman autoridades judiciales que llegan a ese Poder luego de transitar cuestionados y/o escandalosos procesos de nombramiento, y en ocasiones para el dictado de cursos de capacitación del personal judicial, lo que parece bastante poco, ¿no?.

¿A nadie se le ocurrió su preservación como un espacio de valor histórico, o alguien ha intentado borrar la historia? .

Volviendo al tema que nos ocupa, el del Salón Blanco del edificio de Terrazas del Portezuelo que abrió sus puertas a la sociedad, digamos que en los tres casos citados anteriormente lo utilizaron vecinos que llegaron de distintas localidades de la provincia, y que para muchos de ellos fue su primer ingreso a ese “Sanctum Sanctorum” institucional del gobierno provincial.

Esos ciudadanos han recuperado para sí el Salón Blanco de Casa de Gobierno, y eso es parte de un cambio cultural que celebramos.

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