Zárate: “Hubo un vaciamiento del Estado y causas que no avanzaron porque no se quiso”

La fiscal de Estado, Fabiana Zárate, abrió una ventana poco frecuente sobre el funcionamiento interno de las investigaciones judiciales que atraviesan a la administración pública provincial. En una entrevista con Todo Un País, describió un escenario en el que conviven denuncias por corrupción, expedientes demorados y decisiones judiciales que —según su mirada— condicionaron el avance de causas sensibles contra exfuncionarios.

Zárate no solo detalla el mapa de procesos en curso, sino que introduce un elemento político-institucional de fondo: la existencia de un cambio de paradigma a partir del recambio de gobierno. Habla de un pasado reciente en el que investigar era “impensable” y de un presente donde la Fiscalía busca tener un rol más activo, incluso en causas que rozan a funcionarios en ejercicio. A continuación, esa entrevista:

 

Doctora Fabiana Zárate, muchas gracias por esta entrevista.

Muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí es un honor que estén porque me permite contar lo que hace la fiscalía de Estado, como organismo que representa el Estado Provincial.

Usted asumió como fiscal de Estado en a fines de agosto del año pasado y por entonces, el gobierno provincial ya había impulsado una serie de denuncias o una batería de investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción exfuncionarios de la anterior gestión de gobierno. ¿Con cuántas denuncias se encontró cuando llegó a fiscalía?

Cuando asumí, lo primero que hice fue pedir la cantidad de causas que estaban en la sala penal, en la sala civil, en la sala contenciosa. Cuando digo la sala penal puntualmente me refiero a denuncias contra exfuncionarios y estoy dejando afuera causas contra intendentes. Estoy hablando de funcionarios del gabinete, del Poder Ejecutivo. Eran 15 causas penales entre las que se llevaban en la ciudad de San Luis y las que tramitaban en la ciudad de Villa Mercedes.

 

¿Qué tipo de denuncias son y en qué sentido uno podría decir que los hechos denunciados le han causado un perjuicio al Estado Provincial?

En general se trata de hechos que significan o bien el incumplimiento de los deberes de funcionarios, negociaciones incompatibles con la función pública, o defraudación del Estado provincial.

Creo que es importante ver el contexto en el que se hicieron estas denuncias. Había realmente una conciencia en muchos de los funcionarios, por supuesto, no estoy hablando de todos, ni mucho menos, de que se iban y de que había que vaciar las arcas del Estado en un punto. Entonces, hubo lugares en los que se llevaron los aires acondicionados y las mopas de limpieza.

Digo esto como para imaginar el contexto. Estoy hablando de funcionarios porque los empleados, los agentes públicos, que en muchos casos nos han dado la información, lo tuvieron casi que soportar.

En este contexto se hicieron denuncias contra los funcionarios de la Secretaría de Deportes, de la Secretaría de Comunicación, del Ministerio de Producción, del Molino Fénix, del Ministerio de Seguridad, y otros. Los exfuncionarios de esas dependencias fueron denunciados por conductas que encuadraban en estos delitos, que clarísimamente causaban perjuicio del Estado, porque si vos generas una asociación ilícita para que los fondos del Estado vayan a una sociedad de la que vos sos parte o usas autos públicos del Estado para actividades tuyas personales o servicios de personas que son pagadas por el Estado para tu servicio privado propio o para terceros, claramente estás perjudicando gravemente el Estado o gravemente en algunos casos y en menor grado en otros.

 

¿Y qué criterio utiliza la fiscalía de Estado para decidir en qué causas se constituye como querellante?

A ver, nosotros como Fiscalía Estado somos representante de los intereses del Estado. Entonces necesitamos ver primero si están afectados los intereses del Estado provincial. Porque si no estuvieran afectados los intereses del Estado, nosotros no tenemos nada que hacer ahí.

Pero después necesariamente tenemos que hacer un análisis jurídico, tenemos que ver si la acción está prescripta o no, si tenemos elementos probatorios suficientes, la viabilidad de esa denuncia, en algunos casos podría llegar a ser insignificante. Y además nosotros nos constituimos como querellantes, no solo cuando denunciamos, sino también cuando un ministro del ejecutivo denuncia y nos pide que nosotros tomemos participación en esa causa.

Y hay otra situación en la que nosotros también tomamos participación que es cuando el propio Poder Judicial considera que Fiscalía debe estar, o sea que debe estar el representante del Estado Provincial en esa causa. Ejemplo, porque se trata de una causa en la que hay instrumentos públicos o firmas de funcionarios públicos, como el caso de la denuncia de los doctores -Maximiliano y Sesbatián- Pipitoni en que se nos ofició, se nos envió una comunicación judicial por la cual nosotros intervenimos. Somos parte de esa causa. (* Se investiga una asociación ilícita para apropiarse de propiedades inmuebles.)

 

¿Pero hay una suerte de criterio para que Fiscalía de Estado priorice una causa, una investigación por sobre otra?.

No, y no debería ser así en realidad, porque las causas las debemos procurar todas por igual. Y, además, yo creo que el avance de las causas si estamos hablando de causas penales, -sabemos que en las causas civiles en general la actividad más importante, además de la de las partes es la del magistrado-, en las causas penales, el titular de la acción pública es el Fiscal y el avance en gran medida depende de la actividad fiscal. Por eso nosotros hemos observado que hay causas que están activas y en las cuales se colecta buena cantidad de prueba y otras que están muy lentas y otras verdaderamente paralizadas en las que incluso los fiscales han intentado el archivo cuando todavía queda mucho por investigar.

 

¿Hay cuellos de botellas en términos de esas investigaciones?.

No sé si cuellos de botella… ver, la mora en los procesos judiciales depende de muchísimos factores. Puede suceder que libraste un oficio y demoraste dos meses en que te lo contestaran. O el caso de una pericia que se demora.

Pero claramente, por ejemplo, en los procesos civiles, la mora en las sentencias es la actividad de un magistrado, que perjudica lo justiciable. Y en este sistema acusatorio al que nos estamos acostumbrando tanto los abogados litigantes como el fiscal, como el juez de garantía, claramente el titular de la acción pública es el Fiscal, que es quien lleva la marcha de ese procedimiento. Así que en este sentido yo creo que desde la designación del Procurador general, Sebastián Cadelago Filippi, nosotros hemos logrado comunicarnos con mayor facilidad con los fiscales y además hemos notado que había causas que estaban prácticamente invisibilizadas por el procurador anterior, el procurador Luis Martínez.

Les doy un ejemplo: la Procuración tiene una página en la que sube diariamente audiencias. Jamás fueron subidas, jamás fue subida una audiencia de las denuncias contra exfuncionarios públicos, cuando la relevancia es mayor que en una causa particular, porque están afectados los intereses del Estado y en ese sentido estamos todos interesados en el progreso de esa causa contra un funcionario que afectó los intereses del Estado.

Esta invisibilización no solamente se daba en hacia adentro. Esto de la información que no se subía en la página de la Procuración es un mero ejemplo, porque el verdadero avance de las causas se debe dar en la investigación.

En un punto creemos que hubo hasta una instrucción de paralizarlas, porque no se lograban avances. Puntualmente, al Jefe de Sala, el doctor Santiago Calderón Salomón, que estaba en la anterior gestión y fue confirmado desde que yo soy Fiscal de Estado, le costaba mucho avanzar en la producción de las pruebas para desvirtuar el estado de inocencia que en un estado de derecho tenemos todos.


¿Hay un cambio entonces partir de la llegada del nuevo gobierno?

Bueno, yo creo que con el cambio de gobierno el paradigma de la institucionalidad ha cambiado fundamentalmente. La otra vez escuchaba a un abogado que hablaba de que no se podía investigar a los funcionarios del actual gobernador. Creo que es totalmente distinto.

Era impensable que se denunciara a un funcionario mientras estaba en la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Era impensable y era impensable para los fiscales investigar a cualquiera de los funcionarios de la anterior gestión. De hecho, nunca ocurrió. Entonces sí, creo que el cambio de paradigma existió a partir de la nueva gestión.

En lo referido a la orientación de las causas, al ser confirmado el jefe de sala Penal -Calderón Salomón- con su equipo, y ahora con el apoyo de un experto en derecho Penal como el Fiscal Adjutor, el doctor Rafael Barruezo, creo que el camino en la estrategia se ha confirmado.

Sí, creo, y estoy convencida porque he litigado muchos años, que los procedimientos avanzan cuando uno los sigue muy, muy de cerca y estamos intentando intensificar la producción de los elementos probatorios y coadyuvar a la actividad de los fiscales para que se puedan probar los delitos cometidos por los ex funcionarios de la gestión anterior.

 

¿Podría enumerar las causas que lleva adelante Falía de Estado y repasar genéricamente en qué situación se encuentran cada una de esas causas?

Sí, sí, por supuesto. Son variadas en el sentido de que son distintos los delitos y también distintos los ámbitos en los que se cometieron los delitos.

Sabemos que fue denunciada la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez. Ella tiene dos causas, una en la que acaba de ser condenada, y absuelta por otro delito por el que nosotros hemos ido en recurso de casación ante el Superior Tribunal. Pero también hay otra causa en la que es necesario seguir investigando y que tiene que ver con la construcción, también en los últimos días de la gestión del anterior gobierno, de canchas de fútbol que nunca fueron realizadas. Construcción de canchas de fútbol en La Punta que nunca fueron realizadas y que fueron pagadas en su totalidad. Primero se hizo un anticipo del 70%, lo cual es algo absolutamente ilegal. Y luego se completó el 30% faltante en estos contratos que se hacían con contrataciones directas. Esa es otra de las causas que tenemos para investigar.

Tenemos también la denuncia que hizo el secretario de Comunicación, Diego Masci contra la exdirectora de Radio Nacional, Gloria Velázquez porque hacía algo que está prohibido desde la Constitución, que es el doble empleo público, salvo en el caso de excepción como el de la docencia. El doble empleo público está prohibido y ella cobraba remuneraciones como Directora en Nación, y también como empleada de la administración pública Provinal. O sea, le cobraba a Nación y a Provincia.

Tenemos causas en las que el Ministerio de Seguridad fue el denunciante como es la causa de los 300 nodos de los cuales solo fueron entregados 117. Fue una licitación de miles de millones de pesos, en la cual lo más llamativo de esto es que el Fiscal la archiva, así que nosotros hemos tenido que pedir el desarchivo, y el Fiscal de juicio ha hecho lugar y estamos retomando la investigación para avanzar.

 

¿Quién es el denunciado en esa causa?
En la causa de los nodos, los denunciados con Claudio Latini y Luciano Anastasi. Sigo con las causas de Seguridad, hay una causa puntualmente contra Latini que se hizo por peculado. Peculado es cuando yo como funcionario público me llevo bienes del Estado a mi casa o utilizo servicios de personas que son pagadas por el Estado en mi beneficio personal. En esa causa puntualmente hay condena por dos años y medio de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Nosotros hemos apelado por la insuficiencia de la pena.

También está la denuncia por hechos cometidos en el ámbito del ministerio de Producción, con la utilización de un vehículo que fue encontrado en la propiedad privada del excomisario Marcelo Balbo, y por lo que están denunciados el exministro Marcelo Amitrano y el exsecretario de Transporte, Sebastián Anzolovich.

La denuncia es por la utilización de ese dominio para cargar en forma exorbitante, combustible en distintos vehículos; algunos de esos vehículos son del Estado y la mayoría era vehículos privados. También se cargaba combustible con un solo dominio en otros vehículos que no correspondían a ese dominio. Estamos pidiendo en este momento el avance de la causa porque necesitamos que se produzca prueba que es necesario agregar.

Lo mismo que en la causa de la dirección provincial de Vialidad, en donde nuestro anterior director José La Malfa, denunció a los funcionarios de Vialidad entre ellos al exdirector Jorge “Timmy” García Quiroga y a otras personas por la  utilización de vehículos para fines personales, para campaña, la contratación de vehículos para fines electorales, la utilización de los bienes del Estado… se llegó a encontrar máquinas moto-niveladoras o máquinas de Vialidad que sirven para claramente la conservación de los caminos que estaban en propiedades privadas.

También porque no se encontraron bienes de tecnología que se habían adquirido poco tiempo antes. En fin, una serie de hechos que han sido denunciados por La Malfa. Esta denuncia ha tenido muy poco avance, no hay formulación de cargos y ahora el Procurador creo que ha designado al fiscal Assad para continuar en esa causa.

 

¿Por qué cree usted que no avanzaban esas causas? ¿Había o hay una voluntad del Fiscal para que no avanzara?.

Sí, claramente. Sí, sí, sí, claramente, porque a ver, son causas en las que la colección de la prueba en la primera etapa es fundamental, dado que después hay muchas cosas que se pueden cambiar, mover de lugar, llevar a otro lado, dibujar, por decirlo de alguna forma. Para mí resultaba fundamental la obtención de prueba en esta etapa, en la primera etapa, estamos hablando de principios del año 2024.

Sí, no me consta, pero creo que los fiscales responden al Procurador y pueden recibir instrucciones precisas. Nosotros hemos visto en la anterior gestión con la cantidad de despliegue, con helicópteros, allanamientos simultáneos y demás por causas que no involucraban el Estado; con lo que creo que si hubiera habido una instrucción se hubiera avanzado en esta causa, claramente, en esta y en las demás. No se avanzó porque no se quiso. Lo pienso así, es mi opinión personal, pero sin duda hay un montón de pruebas por producir que hubiera sido mejor producir al inicio.
También está la causa Tuki TV. Parece que acá los bienes son solo los bienes patrimoniales físicos, los automotores, los inmuebles, y no, los activos digitales tienen un valor inmenso, más en estos tiempos donde es tan importante la comunicación. Y esa cuenta, Tuki TV, fue creada en el ámbito de la secretaría. de la Juventud. El imputado es Emiliano Blanco, exsecretario de la Juventud y esa cuenta está siendo utilizada ahora en una plataforma de stream privada. Esa causa fue archivada también. 
Nosotros ahora estamos en casación ante el Superior Tribunal de Justicia, porque pese a que el fiscal pide el archivo de la cusa, la jueza de Garantía, la doctora Luciana Banó, la desarchiva. Y el tribunal de Impugnaciones resuelve que, si el fiscal no quiere investigar puede no investigar. Y nosotros debemos seguir como acusadores, Fiscalía de Estado, es decir, nosotros necesitamos que el titular de la acción penal impulse el proceso, así que bueno, estamos en recurso en esa causa.

En Villa Mercedes, hay una denuncia que hizo Víctor Endeiza -anterior Fiscal de Estado- patrocinado por el doctor Ávila por el delito de asociación ilícita en el que está involucrado Sergio Freixes y su esposa o pareja Viviana Moreira, Miguel García Montani, Sofía Aguilera, Marcos Ferreira, Francis Freixes, Marcelo Enrique Balbo.

En esta causa había un verdadero direccionamiento de los fondos públicos hacia una sociedad formada que se llamaba El Relincho SRL, en la que los fondos de la comunidad del pueblo Ranquel contrataban prácticamente en forma exclusiva desde servicio de trilla, de traslado de fletes, de compra de postes, de maíz, de cereales, todo lo que es alquiler de vehículos, todas las contrataciones estaban direccionadas a esas empresas. Nosotros seguimos muy de cerca la causa de la asociación ilícita y vamos a tener el 28 de abril, es decir, el martes próximo, la audiencia de formulación de cargos.

 

Tanto Freixes como el hijo del exgobernador Alberto Rodríguez Saá se habían autoproclamados loncos de la comunidad Ranquel, es decir que ¿iban dineros del Estado provincial a la comunidad Ranquel y desde allí luego contrataban a esta empresa que está integrada por familiares del propio Freixes?

Así, tal cual como vos lo explicas y este elemento de la sociedad funcionaba como un elemento fundamental. Hay otro elemento que es muy importante, y se trata de un poder firmado por el exministro Juan Lavandeira, supuestamente de administración por el que les delegaba entonces también todo lo que tenía que ver con la producción, el campo, el ganado, es decir la producción agropecuaria en ese campo de la comunidad ranquel.

El 28 de abril, si mal no recuerdo a las 9 de la mañana, están citadas todas estas personas a la audiencia de formulación de cargos. Habían pedido la suspensión de la audiencia, no les habían hecho lugar, no sabemos si hay algún otro planteo. El abogado en esta causa es el doctor Pascual Celdrán, que es el mismo abogado querellante en la causa denominada El Caburé.

 

Luego le voy a preguntar sobre la causa El Caburé y sobre eventuales investigaciones contra funcionarios de la actual gestión provincial. Antes quiero decirle que ese mismo martes hay una audiencia aquí en San Luis, que involucra al exministro de inclusión, Nicolás Anzulovich por enriquecimiento ilícito. ¿Interviene también Fiscalía de Estado?.

Nosotros no somos querellantes en esa causa. Es una ciudadana de apellido Toribio quien hizo la denuncia por enriquecimiento ilícito, básicamente por no ser coherente el nivel de vida con los ingresos de este exfuncionario.

A ese expediente no lo he visto personalmente, pero me comentan los abogados de la sala Penal, que la pericia contable es muy contundente en cuanto a que no hay coincidencia entre sus ingresos y el nivel de vida y el de los bienes, pero bueno, recién ahora es la formulación de cargos que convengamos es una audiencia que se hace a los fines de que el imputado se pueda defender. Para eso se le hacen conocer los casos.

 

Otra causa que tuvo mucha repercusión mediática es la que involucra a Anabela Lucero en torno a la administración del complejo Molino Fénix o Casa de la Música. ¿En qué estado se encuentra esa causa?

En Villa Mercedes, además de la causa de la asociación ilícita, hay dos causas más. Una que el fiscal considera que para continuar necesita hacer la formulación de cargos porque muchas de las personas son las mismas, es una causa por peculado, por sustracción de bienes, pero la otra causa en la que hemos notado un avance importante de la actividad de los fiscales con la colaboración de la Policía de la provincia, es la causa que se denomina Molino Fénix.

En esa causa se han formulado cargos contra Anabella Lucero, -su pareja- Joaquín Beltrán y otras personas más que también trabajaban en el Molino como funcionarios.

Los cargos formulados solo en relación a Anabella Lucero van desde la malversación de fondos públicos, la violación de deberes de funcionarios, la falta de rendición de cuentas, peculado, la sustracción de elementos, el uso indebido de servicios personales, el uso indebido de vehículos públicos, administración fraudulenta, uso de fondos para combustible, materiales de campaña, abuso de autoridad.

Ya se le formularon cargos y hay una serie de medidas de coerción, como que no puede salir del país, la inhibición de bienes y de firmar el libro todos los meses en la fiscalía.

Nosotros entendemos que pronto la causa va a estar para elevar a juicio, pero necesitamos ahí puntualmente la producción de una pericial en la que se pueda demostrar el direccionamiento de los fondos públicos en cada caso.

Así que bueno, luego de que se produzcan algunas pruebas, también se han hecho allanamientos, a personas, por ejemplo, que vendieron los muebles. Hubo un verdadero vaciamiento, muebles que están en ámbitos privados en este momento, pero que fueron comprados en los últimos días de la gestión para el Molino Fénix. Así que sí, hubo allanamientos, se obtuvieron facturas también declaraciones de personas que hicieron estas ventas, personas que han vendido el Estado como cualquier proveedor.

 

¿Hay unas 15 causas que promueve Fiscalía de Estado?.

Sí, seguramente en este repaso que hicimos, me pudo haber olvidado alguna, pero son 15 causas aproximadamente, algunas han sido archivadas y estamos discutiendo el desarchivo, pero avanzando con todas.


¿Y cuántas de esas causas ya tienen fallos concretos de la Justicia?

Dos fallos nada más. Uno en el caso de la denuncia contra la exsecretaria de Deportes, que fue condenada por el delito de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles y fue absuelta por el delito de defraudación. Así que nosotros en ese caso estamos con un recurso de casación fundamentalmente por dos motivos. Uno de ellos es que se ignora como agravante su condición de funcionaria pública, algo que todos los instrumentos internacionales de la lucha contra corrupción sostienen que es un agravante ser funcionario público cuando vos cometés un delito. Pero además, en estos procesos de corrupción, no podemos esperar que no haya expedientes. Siempre, o es muy probable que se arme un expediente para dar apariencia de legalidad, pero el fiscal y luego el magistrado, el Tribunal que analice la cuestión, tiene que ver el direccionamiento que puede haber en esos expedientes.

Si vos armaste un expediente dos días hábiles antes de que terminara la gestión, si hiciste vistas en cuestiones de minutos, firmas de ministros y del gobernador en cuestiones de menos de una hora, tramitaste un expediente con vistas a contaduría, fiscalía, con redacciones de decretos, direccionando el proceso desde el inicio, aunque te excuses a último momento, si estás hablando de una operatoria que se hizo en el término de dos días o tres, bueno, miremos un poco qué hay detrás del expediente.

El expediente a veces puede ser deliberadamente una ficción creada o tener una apariencia de legalidad dada a un hecho de corrupción. Estamos ahí con ese recurso y en la causa de la condena a Latini, estamos con recurso de casación porque la pena fue de solo de dos años y medio.

 

¿Alguno de estos fallos supone la recuperación de algún activo para el Estado provincial?

No, hubo en general, en el marco de estas causas y también fuera de las causas propio de la tarea administrativa del Estado y que creo como una instrucción muy precisa del Gobernador -Claudio Poggi- de traer al Estado, de recuperar para el Estado lo que era del Estado.

Es decir, que vos llegues y te encuestres con todas las máquinas formateadas y tengas que trabajar para que esas máquinas puedan volver a trabajar, con el faltante de computadoras, con el faltante de impresoras, con el faltante de muebles, hubo recuperación en todo sentido y además no sólo de bienes muebles, sino también de bienes automotores, y también el caso del campo de la causa denominada El Caburé.

El campo en el que estaba la sociedad El Caburé, en realidad estaban unos cedentes, unos sesionarios que nunca fueron notificados al Estado. Ese es un campo al que la gestión de Rodríguez en el año 2017 les rescindió el contrato. Ellos permanecieron hasta el 2024, sin rendir cuentas de lo que se hizo, de lo que se cosechó, de lo que se crió, de lo que se produjo en ese campo. Bueno, claramente es una también es una importantísima recuperación de bienes para el Estado.

 

Hablemos de esta causa, la causa El Caburé. ¿Es la única causa que se impulsa contra funcionarios de la actual gestión de gobierno provincial?

A ver, la secretaría de Etica, el secretario de Etica -Darío Bazla-, durante mucho tiempo le requirió informes a un funcionario que es director de Legalidad, Darío Oviedo, y finalmente le pidió la renuncia y lo denunció. Y entonces nosotros como Fiscalía de Estado tomamos participación en ese caso. Nos fuimos expresamente los denunciantes nosotros, pero claramente acompañamos al secretario de Etica.

Posteriormente, el secretario de Etica es denunciado y pide licencia sin goce de haberes para poder hacerse cargo de su defensa en esa causa. Y cuando el fiscal le formula cargos, el Gobernador le pide la renuncia y acepta la renuncia.

Creo que es una diferencia en la institucionalidad. Primero, que los fiscales se atrevan, está muy bien eso, es decir, si consideran que hay que investigar a un funcionario, tienen que investigar los delitos.

No los vimos en esa actitud cuando entre el 11 de junio de 2023 y el 10 de diciembre de 2023, cuando prácticamente se producción un proceso de vaciamiento del Estado.

Pero bueno, se le ha formulado cargos y debe ejercer su actividad de defensa y lo tiene que hacer por su cuenta y entiendo que ha nombrado abogado de ascensor y nosotros como Fiscalía de Estado comparecemos a las audiencias. E incluso hemos acompañado el pedido del fiscal.

Quiero comentarte algo más de esta causa porque me parece que es importante. Creo que los medios son muy relevantes al momento del impulso también de las causas. Es notorio esto, ¿no?. En este punto yo creo que se ha creado un relato y una falacia que tiene que ver con instalar una cifra que es la de dos millones de dólares cuando el campo ese no sé si puede valer 2 millones de dólares. Y la verdad es que esto no significa no investigar, pero sí, no mentir. Estamos hablando de un campo que había sido sembrado probablemente en octubre o noviembre, que tenía una baja calidad de maíz, de pequeña talla, de pocas plantas por hectárea, que había sufrido el ingreso de animales. Verdaderamente nosotros creemos que la versión de la persona que fue contratada para hacer ese trabajo -el cosechador-, que aclaro, fue contratada sin que hubiera un expediente administrativo, sin que hubiera una homologación de un contrato, sin que hubiera ningún trámite, fue absolutamente por fuera del Estado, pero por un funcionario en el caso Oviedo, que tenía que ser reconocido como tal por ese trabajador, nosotros creemos que la versión de que apenas se cubrieron los costos no se aleja tanto de la realidad.

 

¿Qué impacto cree que tienen todas estas investigaciones, en términos de la calidad institucional de la provincia?.

Para mí no hay duda del cambio de paradigma en lo que hace a la institucionalidad. La falta de división de poderes existentes en la gestión anterior es algo que ahora no se da. Creo que lo tienen que reconocer incluso las personas que ahora están en la oposición. Los vínculos existentes no se dan en esta gestión.

Se investiga a un ministro, un secretario de esta gestión, y nosotros para nada obstruimos la investigación, ni lo intentamos. Dejamos que el fiscal haga la tarea que le corresponde y esperamos, por supuesto, porque confiamos en que nuestro exsecretario haga su actividad de defensa. Pero para mí es un cambio de paradigma total en lo institucional que hace al bien de la comunidad, porque hace que la Justicia pueda avanzar en lo que considera que necesita investigar para el bien del Estado, que es el bien común también.

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Una por una, las 15 causas judiciales en que interviene Fiscalía de Estado

El siguiente listado es un detalle de las causas que lleva adelante actualmente Fiscalía de Estado, que incluye el delito investigado y los nombres de las personas denunciadas.

1.Expediente penal 387024/24

Denunciada: Cintia Ramírez

Delito investigado: Violación a los deberes de funcionario público

Contrataciones directas irregulares y obras no realizadas.

2. Expediente penal 384118/23

Denunciado: Marcelo Amitrano

Faltante de vehículos y uso irregular de combustible.

3. Expediente penal 363105/23

Denunciado: Nicolás Anzulovich

Delito investigado: Enriquecimiento ilícito

4. Expediente penal 384641/23

Denunciados: Luciano Anastasi, Claudio Latini, Ernesto Nader Alí.

Delito investigado: Fraude en perjuicio de la administración pública / abuso de autoridad

Obras pagadas y no ejecutadas.

5. Expediente penal 389186/24

Denunciada: Carolina Agüero García

Delito investigado: Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Contrataciones direccionadas a vínculos personales.

6. Expediente penal 391118/24

Denunciados: Claudio Latini y Mario Antonio Lopez

Delito investigado: Incumplimiento de deberes de funcionario público (defraudación)

Compra irregular de nodos de seguridad.

7. Expediente penal 392749/24

Denunciado: Jorge “Timmy” García Quiroga.

Delito investigado: Asociación ilícita

Uso indebido de recursos, combustible y direccionamiento de contratos.

8. Expediente penal 436583/25

Denunciado: Emiliano Blanco

Delito investigado: Peculado

Uso de activos digitales del Estado.

9. Expediente penal 388568/24

Denunciada: Gloria Velázquez

Delito investigado: Negociaciones incompatibles / defraudación a la administración pública

Doble percepción de ingresos (Nación y Provincia).

10. Expediente penal 393496/24

Denunciados: Sergio Freixes. Viviana Moreyra, Miguel García Montani, Sofía Aguilera, Marcos Ferreyra, Francis Freixes, Diego Lucero, Marcelo Balbo, Diamela Freixes.

Delito investigado: Asociación ilícita

Administración campo Comunidad Ranquel.

11. Expediente penal 393939/24

Denunciados: Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres

Delito investigado; Incumplimiento de funcionario público / malversación de fondos

Vaciamiento del Molino Fenix, uso irregular de bienes y fondos públicos.

12.Expediente penal 383888/23

Denunciados: Marcos Ferreyra, Francis Freixes, Sofía Aguilera, José Cejas, Sergio Olivares.

Delito investigado: Peculado

13. Expediente penal 457180/25 (y vinculadas)

Causas Intendencias: Denunciados: Marcelo Silvera, José Antonio Amoros, Viviana Moreinra y Ariel Moreira.

14. Expediente penal 447325/25 (OFR 447325/1)

Denunciados: Alejandro Viano y Alejandro Ingaramo

Delito: usurpación del inmueble “El Caburé”

15. Expediente penal 466190/25

Denunciados: Darío Oviedo, Ricardo Bazla.

Delito investigado: Hurto calificado, abuso de autoridad, peculado.

Corrupción: sospecha y mancha sobre el gobierno de Rodríguez Saá

La familia política de Alberto Rodríguez Saá tendrá esta semana una nueva cita con la Justicia por presuntos hechos de corrupción cometidos en el último tramo de su mandato, un período de gobierno marcado por la influencia de su hijo Alberto, quien instaló a su círculo de amigos en casilleros estratégicos de poder dentro de Terrazas del Portezuelo.

El próximo martes, Sergio Freixes —en prisión desde el 29 de noviembre del año pasado, tras ser condenado por hacer firmar renuncias en blanco a jueces— será acusado de liderar una asociación ilícita que se habría aprovechado de fondos públicos mientras ejercía la administración del denominado Pueblo Ranquel. Allí se autoproclamó lonko junto al hijo del entonces gobernador, lo que les permitió manejar los recursos y la riqueza de ese territorio.

También su esposa, Viviana Moreyra; su secretaria, Sofía Aguilera; y otros colaboradores deberán responder por el manejo de casi 700 millones de pesos que el Gobierno giró a esa comunidad en apenas tres años, entre 2020 y 2023.

En términos concretos, la acusación fiscal sostiene que la familia Freixes, administradora de la sociedad “El Relincho S.A.”, defraudó a la administración pública mediante la malversación de los fondos transferidos al Pueblo Ranquel.

Esos recursos se canalizaban a través de dos cuentas bancarias: una en el Banco Supervielle, donde el Gobierno depositaba la coparticipación junto a otros fondos bajo la figura de Aportes del Tesoro Provincial; y otra cuenta en la que se registraban los ingresos derivados de la explotación agropecuaria —siembra, cosecha y producción ganadera— de las 66 mil hectáreas cedidas a la comunidad.

Un dato ilustra tanto la mecánica como la magnitud de las transferencias discrecionales hacia el municipio ranquel, administrado por Freixes y su entorno.

Tres días antes de dejar la Gobernación, el 7 de diciembre de 2023, Rodríguez Saá ordenó una transferencia de 50 millones de pesos en concepto de Aporte del Tesoro Provincial.

Ese movimiento, a tan pocos días del cambio de gestión, aparece inscripto en una dinámica de utilización intensiva de fondos públicos tras la derrota electoral del 11 de junio de ese año. Objetivo: el vaciamiento de las cuentas públicas de la provincia.

El 11 de diciembre de 2023, ya finalizado el mandato, Sergio Freixes intentó retirar otros 50 millones de pesos de la cuenta del Pueblo Ranquel para transferirlos a una cuenta de la Asociación Civil Festival El Caldén. La operación no se concretó porque fue rechazada por un contador.

Inclusión y millones

Este mismo martes, el exministro de Inclusión, Nicolás Anzulovich, también deberá comparecer ante la Justicia. En su caso, será en el marco de la audiencia de formulación de cargos en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Anzulovich, exfuncionario de Rodríguez Saá y esposo de la exsenadora Eugenia Catalfamo, integraba el grupo de dirigentes que el propio exgobernador solía destacar públicamente como los “jóvenes brillantes” de su gabinete.

Sin embargo, en junio de 2023 fue denunciado por Alicia Toribio, trabajadora del Plan de Inclusión, luego de que se viralizara una publicación de una concesionaria de vehículos de alta gama que lo felicitaba por la compra de una motocicleta. “Vendemos felicidad. ¿Qué esperás para darte un gustito?”, decía el mensaje. En la imagen, Anzulovich posaba junto al vehículo, montado en la parte trasera de su camioneta.

Posteriores publicaciones periodísticas lo señalaron como propietario de un garage con vehículos de alto valor y de una vivienda en el exclusivo barrio Refugio del Lago, en La Florida, diseñada por el estudio chileno “Tres Arquitectos”, de los reconocidos arquitectos Benjamín Lezaeta, Juan Samaniego y Emilia Lavanchy.

Aquella denuncia, luego ampliada por Fiscalía de Estado, lo ubica ahora, tres años después, frente a la instancia de imputación judicial.

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José Giraudo: «Claudio Poggi, un gobernador para la historia»


José Giraudo. Magister en Derecho Electoral

A veinte días de la asamblea legislativa que todos los 1º de abril da comienzo el período de sesiones ordinarias de San Luis, y luego de haber leído y escuchado muy diversas opiniones, sobre todo aquellas que señalaron, sorpresa al menos, por el hecho de que el gobernador basara todo su discurso en tan sólo dos temas: educación y reforma constitucional, escribo mi propia reflexión sobre lo sucedido.

Es cierto que la decisión de que todo su discurso gire en torno a sólo dos temas, sobre todo de un gobernador que activó numerosas políticas públicas, muchas abandonadas en el gobierno pasado, que podría haber enumerado ampliamente: emprendedurismo, viviendas, escrituras, normalidad en las cuentas fiscales sin recurrir a endeudamiento (San Luis y La Pampa son las únicas dos provincias de toda Argentina que no tienen deudas), etc. llamó la atención. Pero la explicación más acertada al respecto, a mi entender es que Claudio Poggi demostró en esa asamblea que quiere ser un gobernador para quedar en la historia.

Otto Von Bismark, unificador de Alemania, hace más de 200 años decía que “Un gobernante (político) piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación”.

De la exposición de un estadista hemos sido testigos el 1º de abril en la inauguración del período de sesiones ordinarias del 2026. Más allá de las críticas, tan coyunturales como efímeras, que sectores interesados pueden haber derramado en estos 20 días, es para destacar que el gobernador, ajeno o conocedor de las posibles diatribas optó por dos claros ejes discursivos: La educación y la institucionalidad.

Es cierto que la decisión de que todo su discurso gire en torno a sólo dos temas, sobre todo de un gobernador que activó numerosas políticas públicas, muchas abandonadas en el gobierno pasado, que podría haber enumerado ampliamente: emprendedurismo, viviendas, escrituras, normalidad en las cuentas fiscales sin recurrir a endeudamiento (San Luis y La Pampa son las únicas dos provincias de toda Argentina que no tienen deudas), etc. llamó la atención. Pero la explicación más acertada al respecto, a mi entender es que Claudio Poggi demostró en esa asamblea que quiere ser un gobernador para quedar en la historia.

Todo lo expuesto en materia de educación, largo por cierto (más de dos horas de discurso), tenía un sentido muy específico dirigido no a la coyuntura, sino al futuro. Los países más desarrollados son los que mayores y mejores calidad de conocimientos tienen. Enumero todas y cada una de las acciones que, más allá de las relacionadas con infraestructura, implementa su gobierno al sólo efecto de mejorar la calidad educativa. Sin dudas los resultados de las innumerables políticas educativas desarrolladas y a desarrollar no se verán el próximo año, ni siquiera, tal vez cuando termine su mandato, pero sí se reflejarán en las próximas décadas cuando destacará, sin dudas, el número de estudiantes de San Luis que pasaron por el primario, secundario, terciario y universitario. Largo plazo. Próximas generaciones. Futuro.

A ello hay que sumarle el anuncio del envío del proyecto de ley que declare la necesidad de reforma de la constitución para fortalecer la institucionalidad. Nuevamente: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

En la iniciativa podemos destacar una declaración sincera, libre de mezquindades y por demás transparente: Los gobernadores podrán serlo sólo por dos períodos y luego nunca más de por vida, comprometiéndose ante toda la ciudadanía a que su presente mandato (2023-2027) sea considerado el primero. Podría no haberlo hecho, pero lo hizo, y en una asamblea legislativa ante la mirada de toda la población. Altruismo y una vez más: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

Se sabe que una constitución, sobre todo de las características rígidas como las latinoamericanas se sancionan con mucho consenso y diálogo y no suelen modificarse sino tras el paso de cuarenta o cincuenta años, tal vez más, conforme a las circunstancias de hecho que la realidad, cambiando incesantemente, van disponiendo. Piénsese que hace casi 40 años (año de sanción de la última constitución de San Luis) no existía WI-FI, Internet, Inteligencia Artificial, Celulares, etc. ¿Está adaptada nuestra Carta Magna para abordar los activos digitales? En fin, una vez más: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

Otro disparador fue la eliminación de las elecciones de medio término. Todo un desafío hasta cultural si se quiere. Sabido es que países que llamamos del “primer mundo como Holanda, Inglaterra, España, Dinamarca, también en Latinoamérica Uruguay, Chile (salvo para senadores), Paraguay, por ejemplo, votan todos los cargos cada cuatro o cinco años según el caso. El resultado: más estabilidad, más institucionalidad, más previsibilidad del sistema, menor desconfianza y cansancio de la sociedad, mayor exigencia para el gobernante. Además de menores costos económicos y de esfuerzos humanos para entrar en una disputa cada dos años. Esto propone el gobernador Poggi. Otra vez: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

Propone además “¡autolimitarse!” en sus facultades para designar jueces. ¿Quién hace eso? Profundizar el sistema acusatorio y deslindar responsabilidades a organismos independientes de jueces, defensores y fiscales. ¿Qué gobernante moderno hace eso? De nuevo: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

Como es lógico, se pueden criticar muchas cosas de este gobierno, otras aplaudir (como las viviendas, el plan construyendo tu pueblo, escriturá tu casa, beca al mérito, deportes escolares, transportes, el emprendedurismo, el PANE – que aclaro es la institucionalización de un plan alimentario escolar, que no solo garantiza que la comida llegue a los niños, sino que fue el reemplazo de los viejos “merenderos electoralistas” que aunque parece muchos lo han olvidado, de nutricional no tenían nada y de corrupción estructural mucho – etc. Pero lo que no se puede negar es que Poggi, en el mensaje ante la asamblea, apostó a no ser un gobernante más que quede en el olvido en los próximos 20 o 30 años, sino que apostó a la historia, a ser un estadista, a no ser sólo una persona que armó una coalición, con mucho esfuerzo, primero electoral y luego de gobierno, sino quedar en la historia pensando y ejecutando políticas de largo plazo, para las próximas generaciones, y para el futuro. Poggi aspira a ser eso que Otto Von Bismark llamó: “estadistas”. Ojalá la sociedad lo comprenda y acompañe.

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Hacia la utopía (o la distopía) urbana. Experimentos de control total

Por Simone Pieranni. Periodista italiano, vivió en China entre 2006 y 2014. Entre sus libros, se destacan Red Mirror. El futuro se escribe en China (Edhasa, Buenos Aires, 2021) y 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori, Roma, 2024).

Las ciudades chinas pasaron por varias fases, desde los intentos de volverlas el reflejo de la nueva China revolucionaria –a menudo de manera monumental, al estilo soviético– hasta la construcción de ciudades inteligentes. De la mano de la utopía de la eficiencia, emerge la distopía de un control de dimensiones hasta ahora desconocidas.

 

Beijing, la antigua ciudad sin historia

Beijing podría haber sido completamente distinta de lo que es hoy, o sea más similar al pasado. En diciembre de 1948, Liang Sicheng, considerado el padre de la arquitectura china, presentó a los dirigentes comunistas un plan para hacer de Beijing una capital capaz de conciliar las novedades de la revolución comunista y sus valores, junto a su historia de antigua capital imperial; poco después, el choque con los nacionalistas habría terminado con la victoria del Partido Comunista de China (pcch) y la proclamación del nacimiento de la República Popular el 1 de octubre de 1949. Beijing, la antigua Dadu mongol, había sido la capital más longeva en la milenaria historia china y estaba habitada por estructuras y monumentos que Liang esperaba preservar, haciendo de ello el núcleo de la Beijing del futuro.

Liang había nacido en Tokio en 1901, porque el padre había debido huir de la China de los Qing tras el fracaso de un intento de reforma y modernización del moribundo Estado chino. Regresó a China en los años 20 y, tras graduarse, gracias a un programa que permitía a algunos chinos ir a estudiar al exterior, continuó sus estudios en la Universidad de Pensilvania. Luego, retornó otra vez al país para crear los fundamentos arquitectónicos de la Nueva China. Su vida estuvo ligada con doble filo a su mujer, una famosa poeta, Lin Huiyin (cuya belleza produjo muchas anécdotas, incluido un flechazo fragoroso por ella, sin ningún éxito, por parte del símbolo cultural indio Rabindranath Tagore). La pareja viajó a lo largo y a lo ancho de China a la búsqueda de templos, palacios y estructuras de la antigüedad para concebir un desarrollo urbano «chino». Hoy Liang y Lin son venerados como Diego Rivera y Frida Kahlo en México: nacidos en familias aristocráticas y progresistas, además de haber estudiado en Estados Unidos, habían viajado mucho por Europa.

«Liang y Lin fundaron todo el campo de la arquitectura histórica china», afirmó Nancy Steinhardt, profesora de Arte de Asia Oriental en la Universidad de Pensilvania, ya que, valiéndose de la poca información disponible en aquel tiempo, siguiendo indicios hallados en textos antiguos, utilizando el análisis de murales así como de antiguos cantos folclóricos, lograron «mapear» cerca de 2.000 templos, pagodas y monasterios que estaban a punto de perderse para siempre. Steinhardt, al respecto, precisó que «fueron los primeros en hallar estas antiguas estructuras. Pero la importancia de sus estudios de campo va más allá: dado que muchos templos fueron más tarde destruidos –durante la guerra con Japón, la guerra civil y los ataques comunistas a la tradición, como la Revolución Cultural–, sus fotos y sus investigaciones son todavía hoy documentos inestimables».

Volvamos a Beijing, en 1949. Mao creó una Comisión para la Planificación Urbana de la capital con una idea precisa: hacer de la ciudad la representación de la Nueva China; grandeur, edificios mastodónticos y un centro industrial capaz de transportar a China hacia la modernización. Ideas más bien distintas de las de Liang, quien sin embargo se puso a disposición de la nueva dirigencia comunista para hacer su contribución. No exactamente lo que pensaba Mao, en definitiva. No obstante ello, Liang presentó al pcch un listado de estructuras arquitectónicas de la ciudad que a su parecer debían conservarse e hizo más: propuso que las estructuras administrativas fueran ubicadas fuera de la ciudad. Para Liang, la ciudad antigua era un museo y debía ser preservada y tutelada, incluidas las murallas.

En 1950, su propuesta, apoyada por otra estrella de entonces entre los arquitectos chinos, Chen Zhanxiang, fue presentada oficialmente. Sin embargo, no tuvo gran éxito, también porque en aquel momento la dirigencia comunista estaba fuertemente influenciada por los «consejeros» soviéticos enviados por Stalin para sostener los esfuerzos chinos. Los soviéticos, al contrario que Liang, sostenían que la nueva capital debía surgir sobre los cimientos de la vieja. En la práctica, la vieja ciudad debía ser destruida. Un enfoque afín a la voluntad de Mao, que imaginaba, con muy escaso respeto hacia el pasado, una Tiananmén gigantesca además de industrias, fábricas y chimeneas. Y como ocurrió en otros momentos de la historia china, aun antes de que los expertos presentaran sus planos, algunas operaciones decididas desde lo alto, en realidad, ya estaban en fase de completarse. La demolición de las murallas de la ciudad, por ejemplo, ya se había iniciado antes de que Liang entregara su proyecto, en el cual el antiguo anillo de murallas era, en cambio, considerado «un bellísimo collar nacional».

Liang y sus ideas fueron dejadas de lado, y a Liang y Lin, de allí en adelante, la vida les reservaría solo dramas. Lin murió en 1955 de tuberculosis; durante la Revolución Cultural, Liang fue obligado a llevar un cartel negro en el cuello que lo sellaba como «autoridad académica reaccionaria». Tras un periodo de vejaciones, abusos y humillaciones –destino análogo al de muchos otros–, Liang murió en 1972, convencido de que el trabajo de toda una vida, suyo y de su mujer, había sido desperdiciado. Como sucedió con muchos otros, no fue así: tras la muerte de Mao en 1976, Liang Sicheng estuvo entre los primeros intelectuales que fueron rehabilitados (en su caso, de manera póstuma). La poesía de Lin Huiyin volvió a publicarse con gran éxito y el retrato de Liang apareció también sobre un sello postal en 1992. Pero Beijing no volvió atrás: durante el periodo maoísta, ya se había transformado en uno de los principales centros industriales del país. Durante el primer plan quinquenal –de 1953 a 1958– fueron proyectadas construcciones industriales con un ojo puesto en el sector eléctrico (se construyeron 21 nuevos establecimientos, además de los 104 ya existentes). No faltaban las acerías: en 1990, en Beijing vivían dos millones de obreros empleados en las fábricas de la capital. Los edificios históricos habían sido casi por completo demolidos.

La ciudad fantasma

Vivir en China significa buscar la historia en ciudades que a veces asumen las semblanzas de las metrópolis visionadas por la imaginación ciberpunk: ultratecnológicas pero decadentes, con rascacielos y neón espejando las lluvias copiosas, a lo Blade Runner. Se trata en muchos casos de investigaciones enervantes y decepcionantes: cuando vivía en Shanghái, viajé a Suzhou, la «Venecia china», pero ya la ciudad sobre el agua era una especie de parque de juegos, así como la parte vieja de Shanghái, falsa y desoladora. O también Hangzhou y su Lago Occidental, semejante a un centro comercial a cielo abierto; Urumqi en Xinjiang, igual a otras mil ciudades chinas, salvo las callejuelas de los mercados y de los restaurantes en las cuales quedaba un vago sabor arabizante; Xi’an, otra de las viejas capitales, fagocitada por la urbanización y la contaminación. Y así Nankín, Cantón, hasta llegar a las «nuevas» Shenzhen, Ningbo o la más ciberpunk de todas, Chongqing, un mix entre una novela de William Gibson y Ciudad Gótica.

Se dice que China es el único país del mundo donde tomas un tren, recorres millares de kilómetros, bajas y tienes la impresión de estar en el mismo punto del que partiste. Se trata de una constatación que no hace justicia a pequeñas gemas que todavía se encuentran, pero expresa bien la idea. Cuanto menos, atestigua una sensación occidental de laowai1, porque en realidad los chinos viven todo con espíritu laico y poco preocupado por la preservación y la restauración del patrimonio cultural. China es un país del todo ocupado en construir el futuro, el suyo.

En los últimos 20 años, China construyó 20 nuevas ciudades por año, urbanizando –solo en los primeros diez años de los 2000– a un número de personas equivalente a toda la población estadounidense. Uno de los resultados de esta tendencia es el de las llamadas «ciudades fantasma».

Territorios surcados por edificios uno al lado del otro, o barrios flamantes unidos por una característica: están aparentemente desiertos. Es un fenómeno que los chinos han llamado «muros sin mercados», ciudades incompletas o vacías construidas antes aún de tener habitantes prontos a vivir en ellas, fruto de la especulación inmobiliaria y de la ansiedad de pib de la China contemporánea. William Hurst, profesor de Ciencias Políticas de la Northwestern University, contó que «las personas no querían mudarse a áreas carentes de servicios públicos básicos como salud, escuelas, transportes y centros comerciales, mientras que los gobiernos locales eran reacios a construir las infraestructuras necesarias hasta que no hubiera allí bastantes personas como para justificar los costos». Un auténtico cortocircuito.

Pero las cosas en realidad están cambiando, si bien solo desde hace algunos años. En 2015, el fotógrafo de Chicago Kai Caemmerer decidió ver personalmente de qué se trataba y visitar algunas de estas ciudades. Lo que encontró no era para nada lo que esperaba. «Al inicio –le contó a la revista Wired– estaba inspirado por algunos de los artículos (sensacionalistas) que había leído sobre las nuevas ciudades fantasma de China». Excavando un poco más hondo, sin embargo, «se volvió bastante claro que muchas de estas ciudades fantasma no estaban de ningún modo abandonadas o extintas, como habían sido descritas, sino más bien eran muy nuevas». Así, máquina fotográfica en mano, Caemmerer pasó unos tres meses explorando tres de las llamadas ciudades fantasma: el distrito de Ordos, Kangbashi, el distrito financiero de Yujiapu en la nueva área de Binhai cerca de Tianjin y la ciudad del lago Meixi cerca de Changsha.

Estas ciudades tienen un origen político, porque nacen del deseo de funcionarios del gobierno local y de su visión acerca del desarrollo inmobiliario y urbano, visto como única inversión segura y de alto rendimiento que puede ayudar a alimentar el crecimiento económico (del cual depende su carrera).

El poblamiento de estas ciudades, sin embargo, parece ya encaminado: Kangbashi, por ejemplo, cuenta hoy con unos 100.000 habitantes. El ejemplo de las «ciudades fantasma» también nos dice mucho de la manera en que, con frecuencia, China es relatada: se busca el sensacionalismo –grandes ciudades completamente deshabitadas– para confirmar nuestro prejuicio de que el desarrollo chino es algo insensato o cuanto menos bizarro, «extraño pero cierto», sin profundizar y sobre todo las más de las veces sin verificar algunas cuestiones (por ejemplo, como hizo Caemmerer, yendo personalmente a los lugares). No por casualidad, la veta de las «ciudades fantasma» parece haberse agotado, en la prensa principal internacional, en el momento en que comenzaron a poblarse.

Las ciudades inteligentes

Ciudades antiguas, modernas, nuevas, nuevísimas, «fantasma». El progreso chino, a veces sin que se mire mucho hacia atrás, no podía finalmente sino aterrizar sobre el nuevo concepto de ciudad que se está afirmando en el mundo, o sea, las ciudades inteligentes. Y, como de costumbre, China no quiere ser una más en esta tendencia, sino que quiere primar.

Sobre las ciudades inteligentes existe un amplio debate en todo el mundo, entre el deseo de poner la tecnología a disposición de los habitantes y los riesgos de un control sobre la vida de las personas que parece volverse una discusión cada vez más controvertida. En su libro Design, Control, Predict: Logistical Governance in the Smart City [Diseñar, controlar, predecir. Gobernanza logística en la ciudad inteligente], Aaron Shapiro introduce así el tema:

La tecnología está reconfigurando la vida urbana. En las «ciudades inteligentes», los datos y la información no se limitan a representar los procesos urbanos: intervienen en ellos. Los flujos de datos y las arquitecturas de la información estructuran nuestra experiencia, mediando nuestro acceso a instituciones, recursos y servicios. Los algoritmos traducen los input de datos en output «utilizables», anticipando los flujos futuros de personas, materiales e información e intercediendo para garantizar o prevenir determinados resultados. Las tecnologías de la ciudad inteligente calculan, calibran y movilizan; identifican y explotan fuentes de eficiencia cada vez más pequeñas. Y ya están transformando el modo en que el espacio público es proyectado y administrado, cómo son gestionados el trabajo y los trabajadores, cómo son controlados los barrios y las comunidades.2

Una descripción que calza como un guante a lo que está ocurriendo en China. Basta tomar tres ejemplos casuales, en las ya citadas Hangzhou, Chongqing y Shenzhen. En la primera, una ciudad de 10 millones de habitantes, las cámaras de video filman cada movimiento: máquinas, peatones, cruces. Los algoritmos mastican los datos y entregan un plan para gestionar mejor el tránsito. Desde hace algunos años, en la metrópolis meridional china está en uso un sistema de ciudad inteligente: se llama City Brain [Cerebro de la ciudad] y fue creado por Alibaba. Según la administración local, el algoritmo de la empresa de Jack Ma habría ya contribuido a reducir los embotellamientos en 15%. Sus creadores especificaron que City Brain puede prever «dónde se verificarán los embotellamientos y prevenir los accidentes viales instituyendo el control preventivo del tránsito».

En Chongqing, la automatización procede a etapas forzadas, señalada por artículos que describen robots que sirven el café o acomodan las sillas de las oficinas al final de una larga reunión. En el proyecto ciudadano están involucradas entidades no solo chinas, como por ejemplo el estudio de arquitectura danés Big, que junto con Terminus (una empresa china que se ocupa de recoger datos y proporcionar reportes sobre todos los aspectos –contaminación, consumos y movimientos de las personas– de un determinado territorio) planificó un barrio completamente gestionado por la inteligencia artificial. El proyecto –denominado Cloud Valley– preveía utilizar sensores y dispositivos para recoger datos sobre todo, desde el clima y la contaminación hasta las costumbres alimentarias de las personas, para satisfacer automáticamente las exigencias de los residentes. «Está volviendo esta idea de vivir en un pueblo donde, si te presentas en un bar, incluso si es la primera vez que estás allí, el barman conoce tu bebida favorita», dijo Bjarke Ingels, socio fundador de Big. «La ia puede reconocer –por ejemplo– a las personas que están llegando a un determinado lugar: puede abrir la puerta, de modo que no tengan que buscar las llaves de la casa», agregó. Lanzado en abril de 2021, Cloud Valley es un proyecto de ciudad extendida sobre un territorio equivalente a alrededor de 200 campos de fútbol, «donde la tecnología permite a las personas vivir más cómodamente, anticipando sus exigencias». «Cuando la luz del sol golpea las casas, las ventanas de las habitaciones regulan solas su propia luminosidad para permitir a la luz natural despertar a los residentes dormilones», se lee en el sitio web de Terminus. «Una vez que la luz inundó la habitación, una gobernanta virtual ia llamada Titan selecciona el desayuno, acomoda la vestimenta a las condiciones climáticas y presenta un programa completo de la jornada».

La ciudad, que incluye oficinas, casas, espacios públicos y autos de conducción autónoma que se mueven bajo el ojo siempre vigilante de la ia, debía ser completada en unos tres años, según Terminus3. De todos modos, como para otras ciudades inteligentes, esta aproximación ha despertado preocupaciones en relación con la privacidad. Eva Blum-Dumontet, una investigadora de Privacy International, afirmó que las ciudades inteligentes corren el riesgo de convertirse en una amenaza para los derechos humanos si las empresas y los gobiernos no adoptan medidas para limitar la vigilancia y garantizar la inclusividad. «Debemos preguntarnos, por ejemplo, en qué modo la ciudad influenciará a las personas que quizá no tienen gran familiaridad con la tecnología –señaló–, tanto más que este riesgo es mayor cuando no existe un marco jurídico que limite el acceso de los gobiernos a los datos recogidos por las empresas privadas».

En plena pandemia de covid-19, en China se anunció, entonces, el nacimiento de otra ciudad inteligente creada por Tencent, el rival de Alibaba. Se llamará Net City [Ciudad Red]: dos millones de metros cuadrados en el interior de Shenzhen con oficinas y residencias para los empleados de la empresa, parques y un área sobre la costa marítima. Menos autos, energía limpia e ia para controlar el tránsito, los consumos energéticos y, naturalmente, a la población. Tras la pátina de ciudades ecológicas y seguras, en efecto, en cada ciudad inteligente se esconde un proyecto de control de sus habitantes garantizado por los big data, o sea, el conjunto de todos los datos que pueden ser extraídos de una persona y de un ambiente. Videocámaras con reconocimiento facial, celulares inteligentes y apps, registros de voz: todo concurre a desarrollar una forma de seguridad «preventiva», flor en el ojal de una ola de proyectos con el imprimatur del pcch.

El corazón del funcionamiento de estas ciudades es una suerte de secreto que gobierno y empresas involucradas en los proyectos custodian celosamente. Pero los imprevistos están a la vuelta de la esquina: en mayo de 2019, a causa de un error en el mecanismo de seguridad, se hizo pública una base de datos de los sistemas de monitoreo de dos barrios de Beijing. Así, se descubrió que, a través de las cámaras de video con reconocimiento facial, el sistema está en condiciones de rastrear todos los movimientos (y los tiempos de recorrido de un lugar a otro), además de la etnia y la edad de las personas. Analizando la base de datos, se descubrió luego la existencia de «alertas» ad hoc para la policía, es decir, señalamientos del rostro de una persona que de algún modo se vio involucrada con las fuerzas del orden en el curso de su vida y que, como tal, se vuelve «sospechosa» (o etiquetada como «drogodependiente» o «salida recientemente de la cárcel»). La base de datos –aunque solo se ocupaba de dos barrios– mostró todas las potencialidades de la recolección de datos que será posible efectuar en el interior de las «ciudades inteligentes». El resultado será tener ciudades hipertecnológicas y (se espera) ecológicas, donde la vida de las personas será controlada 24 horas sobre 24.

Nota: este artículo forma parte del apartado «Metrópolis» del libro La nueva China (Edhasa, Buenos Aires, 2022). © 2021, Gius. Laterza & Figli, All rights reserved, © Diego Bigongiari, 2022, © Edhasa, 2022. Traducción: Diego Bigongiari.

  • 1. Término coloquial chino que significa «extranjero»; puede o no ser despectivo [N. del T.].
  • 2. University of Minnesota Press, Mineápolis, 2020.
  • 3. El proyecto parece haber sido aplazado por Terminus. La empresa viró hacia el negocio de vender software –tacos– para digitalizar ciudades ya construidas. Es decir, más que abandonar el proyecto de Cloud Valley, lo transformó: pasó de ser una empresa que prometía construir ciudades a una que vende las herramientas para hacerlas funcionar como ciudades inteligentes. La compañía promueve edificios que redefinen la interfaz hombre-máquina; por ejemplo, construcciones con paredes que incorporan rampas interiores, diseñadas para permitir la circulación de robots dentro de la propia estructura y facilitar así el cumplimiento de sus tareas. Terminus ha llevado estos proyectos de software a otras ciudades, como Wuhan, cuyo ai Park (parque industrial inteligente) funciona hoy como la nueva vidriera de la empresa. Allí, los robots cumplen funciones como seguridad –detectan y siguen a intrusos– o prevención de incendios, mediante la incorporación de cámaras térmicas [N. del E.].

 

A un año de su partida: Francisco y una conversación abierta con las universidades

Por Agustina Rodríguez Saá, Rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones y Presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC).

El Papa argentino decía que no vivimos una crisis social y una crisis ambiental disociadas, sino una única crisis socioambiental. Esa mirada es un desafío para las universidades, sean laicas, públicas, privadas o confesionales.

Escribo estas líneas a un año de la partida del Papa Francisco, con la certeza de que la mejor forma de honrarlo no es solo recordarlo, sino cumplir con el compromiso que asumimos con él.

Para quienes integramos el mundo universitario, esta pérdida tiene una dimensión adicional: no solo despedimos a un líder esencial en nuestra época, sino que también despedimos a un aliado que confió en las universidades para dar respuesta a la mayor crisis de nuestra época. Su partida nos conmueve. Su legado nos moviliza. Y su palabra sigue siendo inspiración y guía para quienes creemos que otra forma de habitar la Tierra no solo es posible, sino urgente.

El legado de Francisco 

La publicación de la encíclica Laudato si’ en junio de 2015 fue un gesto estratégico: fue publicada unos meses antes de la aprobación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 21) donde se firmó el Acuerdo de París. Su publicación buscó sentar posición y contribuir en los debates. 

La encíclica es un llamado a todos los habitantes de la Tierra a un diálogo urgente sobre el cuidado de la casa común. Como el propio Francisco afirmaba: «Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos». 

Laudato si’ tiene un componente científico muy importante, un fuerte contenido social, y un cuestionamiento ético profundo: la degradación ambiental y la degradación humana están íntimamente unidas. Pero, principalmente, es un llamado a la acción. Como él mismo afirmaba: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Un verdadero planteo ecológico es siempre un planteo social.

Una invitación al diálogo

Laudato si’ tiene una particularidad que solo comparte con otro documento de la doctrina social de la iglesia: traspasar la frontera de los fieles católicos al dirigirla “a cada persona que habita este planeta”. En ella, el Papa Francisco invita a entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común.

Su propuesta no se limitó a una exhortación ética. Laudato si’ configura un paradigma que articula dimensiones ambientales, económicas, sociales y culturales en una visión sistémica e interdependiente. Su afirmación central —que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única y compleja crisis socio-ambiental— nos interpela a ampliar la mirada y a abordar esta crisis de una manera multidimensional e integral. 

El desafío de la fragmentación

El desafío es profundo, puesto que se requiere repensar el actual modelo de desarrollo. Un modelo tecnocrático, individualista, positivista, hiperespecializado, disciplinar, que nos fragmenta. Como señala la propia encíclica: “La especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto. La fragmentación de los saberes suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas, del horizonte amplio”. Y es esa fragmentación la que impide encontrar caminos adecuados para resolver los problemas más complejos del mundo actual.

Laudato si’ resalta el enorme desafío cultural, educativo y espiritual que conlleva este cambio de estilo de vida necesario.

Por eso, Francisco no nos convocó a hacer más de lo mismo. Nos convocó a un cambio de mirada. A romper la lógica del conocimiento encerrado en sí mismo. A promover la interdisciplina y el diálogo de saberes. A entender que todo cambio necesita de motivaciones y de un camino educativo. Y a asumir que la cultura ecológica no puede reducirse a una serie de respuestas urgentes y parciales: debe ser una mirada distinta, un pensamiento, un programa educativo, un estilo de vida. 

Un encuentro histórico

En septiembre de 2023 tuve el honor de viajar al Vaticano junto con más de 200 rectoras y rectores de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, para participar en el Encuentro Sinodal «Organizando la Esperanza». Ese encuentro fue una propuesta que la RUC —Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, que tengo el honor de presidir— trabajó junto a la Pontificia Comisión para América Latina. El Papa nos recibió durante más de dos horas, en una audiencia dedicada al diálogo acerca del rol de las universidades.

Para nosotros fue, además de un privilegio, un compromiso. Su mensaje profundo nos convocó a formar a nuestros jóvenes con aptitudes de liderazgo para afrontar este cambio de época. Nos dijo con claridad: «La misión de la universidad no es solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los jóvenes en los tres lenguajes humanos: el de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Pensar, sentir y hacer. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan. Los tres lenguajes juntos y en armonía».

Asimismo, nos planteó el desafío de desarrollar en nuestras universidades espacios de encuentro y diálogo de saberes; e hizo un fuerte énfasis en que nuestra ciencia no esté desconectada de la realidad de nuestros territorios y de nuestros pueblos. Universidades que se vinculen con las necesidades de cada lugar, que propicien el diálogo con saberes locales, que formen profesionales éticos capaces de leer su tiempo y transformar sus territorios.

Nuestro compromiso

Desde la Universidad Nacional de los Comechingones, en este interior profundo —en la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis— tenemos la responsabilidad concreta de pensar las soluciones para las cuestiones socioambientales que plantea la Laudato si’ para esta región, con sus singularidades: la escasez y fragilidad del agua, la presión sobre los ecosistemas serranos, la tensión entre el desarrollo y la preservación. La proximidad y la territorialidad abren la universidad al pueblo, facilitan el diálogo y la interdisciplina. 

No hay transformación socioambiental sin transformación educativa. Nos toca honrar su legado. Nos toca seguir organizando la esperanza. Gracias Papa Francisco.

 

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Una cervecería de San Luis se posiciona en la red de proveedores de Carrefour

La cervecería artesanal Un Tal René, con base en San Luis, participó del Encuentro Anual de Socias y Socios Estratégicos organizado por Carrefour en la Ciudad de Buenos Aires, un evento que reúne a más de 400 empresas proveedoras y referentes del consumo masivo en Argentina.

La convocatoria, de carácter selectivo, funciona como un espacio de articulación entre la cadena y las marcas que integran su ecosistema comercial. En ese marco, la presencia de la firma puntana no es un dato menor: implica su consolidación como actor formal dentro de una de las principales plataformas de distribución del país.

Durante la jornada, los principales directivos de Carrefour a nivel local y regional presentaron los lineamientos estratégicos de la compañía, analizaron el contexto actual del consumo y delinearon oportunidades de crecimiento dentro del canal masivo.

Además, se abordaron tendencias vinculadas a la evolución de los hábitos de compra y al desarrollo de nuevos canales, en un escenario cada vez más competitivo, donde la capacidad de adaptación y generación de valor resulta determinante para las marcas.

Desde la empresa destacaron la relevancia de este tipo de encuentros como instancias clave para el aprendizaje y la proyección. “Ser parte de este evento reafirma el camino que venimos construyendo. Nos permite entender hacia dónde va el mercado y seguir fortaleciendo nuestra presencia en el canal de consumo masivo de la mano de Carrefour”, señaló Cristian Moleker, presidente de Un Tal René S.A.

La planta de producción está ubicada en Juana Koslay.

La expansión de Un Tal René.

La participación en este ámbito no sólo refuerza el posicionamiento de la marca, sino que también la proyecta en un proceso de expansión a escala nacional, consolidando su inserción en el competitivo mercado del retail -directo al consumidor final.

En ese proceso, la compañía tuvo su origen a partir del ahorro y la inversión de un grupo de personas —en su mayoría de San Luis— que apostaron por el proyecto en sus inicios mediante un sistema de financiamiento colectivo, acompañando el desarrollo de una empresa que entonces representaba un desafío emprendedor.

Un Tal René festejó sus cumpleaños con un multitudinario show de Turf.

A lo largo de su crecimiento, la marca consolidó una red de franquicias, una fuerte presencia en el canal gastronómico y una expansión sostenida en el retail, con su reciente incorporación a Carrefour en distintas ciudades del país como uno de los hitos más relevantes de esa evolución.

Actualmente, el ecosistema de Un Tal René genera de manera directa e indirecta empleo para cerca de 100 personas, abarcando áreas como producción, logística, administración, comunicación, diseño, comercialización y atención en sus distintos puntos de venta y franquicias.

Además de su actividad productiva, la empresa impulsa iniciativas vinculadas a experiencias culturales, turismo cervecero e innovación, con proyectos desarrollados junto al CONICET orientados a la bioeconomía y la valorización de subproductos del proceso cervecero, en línea con nuevas tendencias de sustentabilidad dentro de la industria.

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El Banquete de los Desposeídos, por Fernando de Vargas

Gualicho del 2×4 y la Poética del Abrazo

En el revés de la ciudad, allí donde el tiempo se detiene a fumar un cigarrillo con la muerte – como en un poema de Pizarnik -, surge una invitación que es, en rigor, un conjuro. Este sábado 18 a las 20:30 hs, Atípica Cultural abre sus puertas para el Gualicho del 2×4, una ceremonia que no busca la complacencia, sino la colisión estética entre el rock de los Redondos y la metafísica del Tango.

Una puesta en juego de los cuerpos y la palabra, tal como alguna vez, Gilles Deleuze, habló de la intensidad de la piel. Esa noche la teoría se vuelve músculo y sudor. La escena será habitada por las bailarinas Julieta Lahiton y Grisel Rojos, junto al bailarín Rodrigo Gatica. En sus movimientos no hay mera coreografía, sino una cartografía del deseo; un despliegue de cuerpos que se buscan en la «misa milonguera» para romper la calma impuesta por la ideología de lo cotidiano.

Acompañando esta deriva de asfalto y firulete, la palabra recobra su peso ontológico. La actriz Sandra Galvalicio y el actor Marcelo Di Gennaro pondrán la voz y el cuerpo en escena, oficiando como maestros de ceremonia de este encuentro místico. No es solo teatro, es la encarnación del «Gualicho»: una descarga eléctrica que traduce la lírica del Indio Solari al idioma del fuelle y la herida.

En un mundo que, Derrida, describiría como una “eterna deconstrucción de sentidos”, esta propuesta nos devuelve a lo Real. Es un banquete para:

  • Los Vitalistas: Que buscan en el abrazo del 2×4 una reafirmación de la vida frente a la nada.
  • Los Amantes de lo Profano: Que entienden que el rock y el tango son, en esencia, la misma queja contra el destino.
  • Los Buscadores de Belleza: Que necesitan ver cómo las guitarras heridas encuentran en el bandoneón una nueva forma de redención.

«Hay gualichos que son necesarios». Esta es una invitación a la transgresión, una cita con el asfalto que late y con la poesía que, al decir de André Breton, debe ser hecha por todos.

Nos comenta, Fernando de Vargas hacedor de este Gualicho, que no se trata de ver un espectáculo; se trata de participar en un ritual donde la ciudad se desnuda. A la espera que el gualicho nos encuentre.

Ficha de la Ceremonia:

  • Cita: Sábado 18 || 20:30 hs.
  • Santuario: Atípica Cultural.
  • En Escena: Julieta Lahiton, Grisel Rojos, Rodrigo Gatica (Danza) | Sandra Galvalicio, Marcelo Di Gennaro (Palabra en escena).
  • Propuesta: Una fusión de la lírica de los Redondos con la mística del bandoneón.

El curioso voto «libertario k» en La Punta

Un minucioso observador de la política local señala el inédito comportamiento del concejal de La Punta, Fernando Orozco quien, pese a integrar un bloque unipersonal de La Libertad Avanza, vota en sintonía plena con el kirchnerismo vernáculo. «Una suerte de libertario k», advierte.

Un ejemplo de esa extraña conducta quedó en evidencia días pasados cuando Orozco sumó su voto opositor al del bloque kirchnerista que lideran Martín Bastías y Rocío Roldán. Fue para oponerse al pedido de autorización del intendente Luciano Ayala para avanzar en la compra de maquinaria pesada para brindar mejores servicios municipales

Hay que decir que si bien es cierto que Orozco representa a los libertarios de La Punta, en verdad ingresó al Concejo Deliberante en una lista sublema de Fuerza San Luis, que llevaba a Jorge “Gato” Fernández como candidato a gobernador y a Martín Bastías como candidato a intendente en 2023.

A los seis meses de haber asumido, Orozco abandonó el bloque y armó el suyo, unipersonal, pero presentándose como dirigente libertario.  No obstante, su nexo con los representantes locales del kirchnerismo, se mantiene ahora atado al momento de emitir su voto.

Presentan un libro clave sobre el origen de San Luis, San Juan y Mendoza

Este jueves 9 de abril a las 16, el Microcine de la Universidad Nacional de San Luis será escenario de la presentación de La fragmentación de la Gobernación Intendencia de Cuyo y la organización de los espacios provinciales. San Juan, San Luis y Mendoza (1820-1828), una obra recientemente publicada por la Nueva Editorial Universitaria (NEU) que aporta una mirada renovada sobre los orígenes políticos de la región.

La actividad —de carácter híbrido— contará con la participación del historiador Roberto Schmit (CONICET-UBA), quien estará a cargo de la presentación del libro, coordinado por Guillermo Genini y realizado en conjunto con las investigadoras Eugenia Molina y Fabiana Puebla.

El encuentro no es un dato menor en la agenda académica local. El trabajo aborda uno de los momentos más decisivos de la historia regional: la desintegración de la Gobernación Intendencia de Cuyo en 1820 y el proceso posterior de conformación de San Luis, San Juan y Mendoza como provincias autónomas.

Desde un enfoque que combina dimensiones políticas, institucionales, territoriales y militares, la obra reconstruye cómo esos territorios, que hasta entonces funcionaban como una unidad administrativa —clave en la estrategia sanmartiniana—, comenzaron a definir sus propias estructuras de poder en un contexto atravesado por el avance del federalismo y el agotamiento del orden revolucionario iniciado en 1810.

La presentación de este jueves se plantea, en ese marco, como una instancia de circulación y debate de un trabajo que no solo revisa el pasado, sino que aporta herramientas para comprender la configuración histórica de una región central en la Argentina.

Con entrada abierta y modalidad híbrida, la actividad organizada por la UNSL y su editorial universitaria se inscribe en una política de difusión del conocimiento que busca acercar la producción académica al público general, en un formato accesible y de discusión directa con especialistas.

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La Justicia pidió imputar a Nicolás Anzulovich por enriquecimiento ilícito

La investigación judicial sobre presuntos hechos de corrupción durante el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía de Instrucción N° 1 solicitó al Juzgado de Garantía N° 3 que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos contra el exministro Nicolás Vicente Anzulovich , en una causa caratulada por averiguación de enriquecimiento ilícito.

El pedido constituye un paso procesal clave: es el momento en el que el fiscal comunica formalmente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, bajo qué figura legal y con qué elementos iniciales de prueba. A partir de esa audiencia, la imputación deja de ser una hipótesis investigativa y adquiere formalidad judicial.

Según el documento, la solicitud se realiza sin detenidos, lo que indica que el exfuncionario no se encuentra privado de su libertad y que, al menos en esta instancia, no se han requerido medidas de coerción personal de máxima intensidad.

La causa ubica a Anzulovich dentro de un conjunto de exintegrantes del gabinete de Rodríguez Saá que quedaron bajo la lupa de la Justicia. El dato no es menor: dos exfuncionarios de ese mismo esquema ya recibieron condenas. Se trata de Cintia Ramírez y Claudio Latini, en procesos que marcaron un precedente en la investigación de responsabilidades penales dentro de la anterior administración provincial.

En ese contexto, el avance sobre Anzulovich refuerza una lenta tendencia que empieza a consolidarse en tribunales: el pasaje de una etapa de denuncias y sospechas a instancias más estructuradas de imputación y eventual juzgamiento.

La audiencia que deberá fijar el juez de Garantía será determinante para el rumbo del expediente. Allí, la Fiscalía expondrá el hecho atribuido y su encuadre jurídico, mientras que la defensa podrá ejercer sus primeros planteos formales. También será el ámbito en el que podrían discutirse eventuales medidas cautelares.

Los excesos en pandemia llegan al Congreso

El diputado nacional por San Luis, Carlos Almena, decidió llevar al Congreso una revisión integral de uno de los capítulos más controvertidos de la pandemia: las miles de causas judiciales iniciadas por incumplir el aislamiento obligatorio.

Con un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, el legislador libertario propone relevar, a escala nacional, qué ocurrió con los denunciados, imputados y eventualmente condenados en el marco del artículo 205 del Código Penal entre 2020 y 2023.

La iniciativa coloca a Almena como el impulsor político de una agenda que combina dos dimensiones sensibles: el funcionamiento del sistema judicial durante la emergencia y las posibles vulneraciones de derechos individuales en ese contexto.

Un pedido de información con alcance nacional

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Justicia, recabe información de todos los poderes judiciales del país —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— sobre el estado de las causas vinculadas al incumplimiento del ASPO.

Entre los datos requeridos figuran:

  • Cantidad de personas imputadas, procesadas o condenadas.
  • Estado actual de los expedientes, incluidos los archivados o prescriptos.
  • Detalle de condenas y su grado de firmeza.
  • Denuncias contra fuerzas de seguridad y su situación judicial o administrativa.

El objetivo, según plantea Almena, es construir por primera vez un mapa completo del impacto judicial de la cuarentena, a seis años de su implementación.

Rodríguez Saá y el Comité de Crisis creado en San Luis.

El eje político: revisar la “emergencia sanitaria”

En los fundamentos, Almena sostiene que su iniciativa busca indagar posibles excesos cometidos bajo el paraguas de la emergencia sanitaria.

El texto advierte que, desde la instauración del aislamiento el 19 de marzo de 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, se registraron denuncias en todo el país por abusos de autoridad y vulneraciones de derechos humanos.

En ese marco, el proyecto se posiciona dentro de un debate más amplio que atraviesa al sistema político: hasta dónde llegaron las restricciones y qué consecuencias dejaron.

San Luis, en el centro del planteo

Almena pone especial énfasis en su provincia, gobernada en ese período por Alberto Rodríguez Saá, a la que describe como una de las jurisdicciones con medidas más restrictivas.

Según detalla, allí se implementaron políticas como:

  • Cierre de accesos provinciales.
  • Restricciones al transporte de carga.
  • Sistema de circulación por DNI (pares e impares).

Para el legislador, esas disposiciones derivaron en situaciones de desabastecimiento, conflictos interprovinciales y un clima de alta tensión social.

Dos casos que reabren la discusión

El proyecto también recupera dos episodios ocurridos en San Luis que, por su gravedad, marcaron la etapa más dura de la cuarentena.

El primero es el de Magalí Morales, detenida en abril de 2020 por una supuesta infracción y hallada muerta en una comisaría de Santa Rosa de Conlara. Aunque inicialmente se habló de suicidio, investigaciones posteriores señalaron un contexto de tortura psicológica y trato degradante.

El segundo es el de Franco Gastón Maranguello, un adolescente de 16 años que fue demorado por violar restricciones sanitarias y luego encontrado sin vida en una dependencia policial de Villa Mercedes.

Ambos casos son citados por Almena como ejemplos de situaciones que requieren una revisión exhaustiva desde el Estado.

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Giraudo y un «desajuste político» en el corazón del frente gobernante

El posteo de una fotografía de José Giraudo junto a Alejandro Cacace —dirigente de La Libertad Avanza y subsecretario de Reformas Estructurales del gobierno de Javier Milei— y una segunda publicación en la que insinuó una eventual candidatura propia a intendente de Villa Mercedes y de Poggi a gobernador, cayó mal. Muy mal.

En la mesa chica del frente que gobierna no hubo matices: “cayó pésimo”, sintetizó un dirigente con acceso directo a las decisiones.

La incomodidad tiene dos razones. La primera, política. La imagen junto a Cacace —referente de La Libertad Avanza— abre una zona de ambigüedad en un terreno en el que las señales importan más que las explicaciones. Homo Videns: la palabra ha sido destronada por la imagen.

La segunda, interna. El propio Giraudo reforzó esa lectura con un posteo de tono desafiante, en el que defendió la posibilidad de expresar aspiraciones electorales a más de un año de los comicios. En realidad, ese primer posteo ya parecía responder a una —¿futura?— recriminación. 

“¿Qué? ¿Acaso a casi poco más de un año para las próximas elecciones uno no puede expresar sus deseos democráticos? Lo lamento por quienes se ponen en papel de críticos”, posteó Giraudo.

No se trata solo de tiempos, sino de roles, argumentan.

Giraudo no es un dirigente más: es el responsable de la vinculación institucional del gobierno. Y ese dato modifica el encuadre. Su presencia en la Asamblea Legislativa —el momento de mayor densidad institucional del año— no era la de un actor político en campaña, sino la de un funcionario del Ejecutivo.

Ahí es donde el episodio deja de ser una simple expresión personal y pasa a ser leído como un desajuste político.

En un contexto social que reclama gestión y resultados, la anticipación de candidaturas —y más aún cuando proviene de funcionarios— aparece, hacia adentro y hacia afuera, como un ruido innecesario.

Lo que nadie vio venir, por Miguel Rey Nores

Río Grande. Faltan minutos para el 2 de abril de 1984. Tres veteranos rinden tributo en soledad a sus compañeros caídos en las islas. No hay escenarios ni discursos; solo un tambor que ofrece algo de luz y calor. Aquella escena fue el inicio de algo que nadie pudo imaginar.

Este gesto comenzó a repetirse y multiplicarse. Primero en Tierra del Fuego. Luego en otras provincias. Hoy esa llama se enciende desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera hasta el litoral, desde las costas del Atlántico hasta nuestras bases en la Antártida. Traspasa fronteras reapareciendo allí donde argentinos -lejos de su terruño- se reúnen para esperar el 2 de abril. A la medianoche, el Himno Nacional Argentino eleva corazones rindiendo homenaje a nuestros héroes. Un gesto silencioso devino en una marea arrasadora.

Desde la restauración democrática, Argentina atravesó crisis económicas devastadoras, recuperaciones transitorias, fracturas políticas persistentes y entusiasmos efímeros que derivaron en nuevas frustraciones. Gobiernos de todos los signos políticos prometieron devolvernos el rumbo perdido, reconstruir el sueño colectivo. No lo lograron. Y mientras tanto, esta corriente subterránea siguió creciendo. Resulta difícil encontrar una localidad argentina donde, en la medianoche previa al 2 de abril, no se realice una de estas vigilias.

En España invertebrada, José Ortega y Gasset advertía que las naciones se debilitan cuando las fuerzas dispersivas erosionan la conciencia de un destino común expectable. Frente a ello reafirmaba, sólo un “proyecto sugestivo de vida en común” es capaz de enlazar particularismos y tensiones divisivas. Algo de ese impulso parece insinuarse en estas noches de memoria compartida y agradecida. Apenas vislumbramos lo que ocurre en la epidermis del fenómeno. Constatamos su existencia, su irrefrenable crecimiento, pero no acertamos a descubrir la naturaleza profunda de la  onda expansiva que lo impulsa.

No es casual que estas vigilias evoquen la tradición pascual: la espera en la oscuridad, un «cirio» y el surgir de una luz que contagia y vence las tinieblas. Esa imagen nos recuerda que aún en momentos de mucha oscuridad existen razones para la esperanza.

En una de esas vigilias —la que se realizará el 1° de abril en Playa Unión, Rawson— llegará la imagen de Nuestra Señora de Luján que acompañó a las tropas durante el conflicto. Se rezará por los caídos y sus familias; también por quienes murieron en el continente a causa de las heridas invisibles de la guerra. Para muchas familias, ese gesto abrirá un espacio de memoria y consuelo largamente esperado.

Tal vez por eso estas vigilias interpelan. Mientras una Argentina está secuestrada en la lógica del enfrentamiento, otra —silenciosa, paciente, tenaz— viene construyendo algo distinto, desde abajo, apoyada en valores que nos unen: memoria, gratitud, fe, sacrificio, esperanza.

Pequeños gestos inician grandes cambios históricos; casi nadie los registra, hasta que repetidos por centenares de miles revelan la existencia de consensos profundos que nos hermanan.

Tal vez entonces no importe tanto poder explicar qué fuerza impulsa estas vigilias, sino descubrir cómo abrazarnos a esa corriente de esperanza.

Más allá del discurso

El discurso del gobernador Claudio Poggi pareció apuntado a construir clima político. Sin estridencias, sin sobreactuaciones ni consignas de barricada, eligió hablar en tono moderado, casi pedagógico, sobre los temas que estructuran el futuro de la provincia: la educación como eje ordenador y la necesidad de una reforma constitucional que actualice el funcionamiento institucional de San Luis (ver artículo en este link: Discurso Poggi)

No es un dato menor. En una época donde la política muchas veces se expresa a los gritos, Poggi optó por moderación, no tribuneó ni buscó profundizar grietas: habló de estándares institucionales, de modernización democrática, de reglas más claras y previsibles. Incluso al referirse a los recursos naturales, introdujo una noción estratégica al plantear el agua como patrimonio central, no solo en términos ambientales sino como vector de desarrollo, crecimiento y proyección de largo plazo.

Sin embargo, esa imagen que proyectó Poggi tuvo un contraste inmediato dentro y fuera del recinto; contracara que materializaron dirigentes que responden al exgobernador Alberto Rodríguez Saá.

El mismo que alguna vez armó un plan para desestabilizar al gobierno de Poggi e instruyó a sus legisladores a “romper todo”, esta vez a través del presidente de su bloque de diputados, Lucas Caime impidió que sus diputados integraran las comisiones de cortesía que debían recibir al Gobernador —una práctica institucional básica en la apertura de sesiones— que ni siquiera el kirchnerismo más duro le negó al presidente Javier Milei en su discurso ante el Congreso.

En paralelo, en las calles adyacentes a la Legislatura, la protesta encabezada por ATE derivó en episodios de violencia que remiten a escenas recientes que la sociedad puntana ya ha rechazado.

La suya es una lógica de acción que —aún cuando se trate de reclamos legítimos—vuelve sobre métodos que ya demostraron su límite, incluso con derivaciones judiciales en antecedentes cercanos, como la toma del edificio municipal durante los primeros días de gestión del intendente Gastón Hissa en la ciudad de San Luis. Como aquella vez, el protagonista fue Fernando Gatica, hoy —por amplio margen— el dirigente más alineado con las expectativas del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.

Encontrar y marcar estos contrastes nos permite definir, en buena medida, el tipo de cultura democrática que San Luis quiere consolidar.

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Poggi puso la educación en el centro y propuso una reforma para modernizar el sistema democrático

El gobernador Claudio Poggi estructuró su mensaje de apertura de sesiones 2026 en tres partes, pero dejó en claro desde el inicio cuáles serían los dos núcleos políticos de mayor peso: educación y reforma institucional.

En el primer tramo presentó a la educación como el eje rector de su gestión y como la política pública que, según dijo, debe trascender gobiernos y convertirse en política de Estado. En el segundo, anunció el envío de un proyecto de ley para declarar la necesidad de una reforma constitucional parcial orientada, según su definición, a darle “mayor institucionalidad” a San Luis.

En materia educativa, Poggi apoyó su planteo en una idea central: 2026 fue declarado por ley como el Año de la Educación en San Luis, en homenaje al bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro. A partir de esa definición simbólica, ordenó una larga secuencia de medidas, programas y anuncios con fuerte carga política y presupuestaria.

Uno de los anuncios más concretos fue la profundización de la universalización de la sala de 3 años. El gobernador afirmó que al final de 2023 San Luis tenía solo 32% de cobertura, contra una media nacional del 63%, y sostuvo que en dos años de gestión ya se crearon 133 nuevas salas —65 en 2024, 45 en 2025 y 23 en los primeros días de 2026—, lo que permitió elevar la cobertura al 65,69%. El objetivo oficial es llegar al 100% en 2027. Además, anticipó que enviará un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la sala de 3 y blindarla como política de Estado.

También remarcó la validación nacional del nuevo diseño curricular del nivel inicial, vigente desde febrero para salas de 3, 4 y 5 años, y sostuvo que durante 2026 se profundizará la capacitación de directivos y docentes. A eso sumó el crecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil: aseguró que en dos años se duplicó la cantidad de CDI, que hoy son 25, y que la asistencia diaria pasó de 350 a 1.400 niños.

Otro bloque central del discurso fue alfabetización. Poggi reivindicó el programa “Queremos Aprender” como la principal respuesta a un diagnóstico crítico: dijo que en abril de 2024 solo el 30% de los alumnos de primero, segundo y tercer grado alcanzaba los niveles mínimos esperados de lectoescritura.

Según su exposición, tras un año de aplicación del programa se duplicó la cantidad de alumnos del primer ciclo de primaria que alcanzaban esos conocimientos mínimos, y San Luis llegó al 75,1% de aprobación en los niveles esperables de las pruebas Aprender 2024, seis puntos por encima de la media nacional. En ese punto, además, anunció que enviará otro proyecto de ley para institucionalizar por norma los procedimientos que garanticen niveles esperados de lectura y escritura.

En matemática, el mandatario describió un cuadro incluso más delicado: afirmó que en la medición inicial de 2025 apenas el 30% de los alumnos de segundo grado y menos del 7% de los de tercero alcanzaban los conocimientos mínimos esperados. Sobre esa base, defendió el programa “Queremos Resolver”, que comenzó con una prueba piloto en 43 escuelas primarias y 343 docentes capacitados, y anunció su extensión a todas las escuelas primarias y también al nivel secundario durante 2026. Al igual que en comprensión lectora, prometió un proyecto de ley para convertir el programa en política de Estado.

Entre los anuncios de mayor volumen también aparecieron la implementación del programa “Hora Más” en 16 escuelas piloto, con ampliación de la jornada de 4 a 5 horas diarias para reforzar lengua y matemática; el censo de fluidez lectora, apoyado en una plataforma provincial utilizada por casi 41.750 alumnos; el concurso de verano “Suma Leyendo”; y la revisión del nuevo diseño curricular de primaria, cuya aprobación definitiva el Gobierno espera obtener este mismo año.

El tramo más novedoso del capítulo educativo estuvo ligado a la inteligencia artificial. Poggi presentó una diplomatura en IA para la enseñanza y la innovación educativa, desarrollada con la Universidad Austral, y aseguró que se inscribieron 10.700 personas, equivalentes a casi el 80% de los docentes de la provincia.

El Gobierno becará a todos los inscriptos, dividirá el cursado en dos cohortes y, además, entregará computadoras personales a quienes cumplan los requisitos y finalicen satisfactoriamente la formación. A eso sumó el anuncio de un Congreso Internacional de Educación en San Luis para los días 16 y 17 de octubre, con apoyo técnico de la Fundación Varkey y eje temático en IA aplicada a la pedagogía.

En esa misma lógica de expansión educativa, el gobernador puso en valor que San Luis será sede de una fase de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2026; destacó la finalización del concurso de cargos directivos, con 209 cargos jerárquicos cubiertos en 131 instituciones; ratificó la continuidad de la Beca al Mérito, hoy de $350.000 mensuales; defendió la Beca Universal Superior, equivalente a 600 dólares para estudiantes del primer año universitario; y confirmó la continuidad de herramientas como las estampillas escolares, el boleto educativo, el plan TUBI, los intercolegiales deportivos y culturales, el fortalecimiento de escuelas rurales y el PANE. Todo ese paquete fue presentado como parte de una misma arquitectura: más escolarización, más permanencia, más incentivos y más intervención estatal sobre el sistema educativo.

Modernización institucional

Pero el discurso no se agotó en educación. El segundo gran eje fue la reforma constitucional. Poggi anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley especial, en los términos del artículo 281 de la Constitución provincial, para declarar la necesidad de una reforma parcial. Subrayó que esa ley requiere dos tercios del total de los miembros legislativos, no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo y deberá abrir paso a una Convención Constituyente cuyos integrantes serán elegidos en la próxima elección provincial general, no en 2026 porque este año no hay comicios provinciales.

El primer punto fuerte de esa reforma es el Poder Ejecutivo. Poggi quiso despejar cualquier sospecha de que la iniciativa buscara ampliar las posibilidades de permanencia del gobernador y anunció, por el contrario, una auto-limitación: propuso prohibir de manera absoluta una nueva reelección una vez cumplidos dos mandatos, consecutivos o alternados. Es decir, quien haya ejercido dos períodos como gobernador quedará impedido de por vida para volver al cargo. Incluso aclaró que, si él mismo fuera reelegido, su mandato actual 2023-2027 contará como primer período a los fines de ese límite.

El segundo bloque es el Poder Legislativo. Allí Poggi propuso ampliar el período de sesiones ordinarias: que comiencen el 15 de marzo en lugar del 1 de abril y se extiendan hasta el 31 de diciembre en vez del 30 de noviembre. Además, planteó eliminar las elecciones de medio término provinciales para diputados y senadores, de modo que la renovación legislativa sea total cada cuatro años y coincida con la elección de gobernador y vicegobernador. Su argumento fue doble: reducir el desgaste político e institucional, y ahorrar recursos públicos en un contexto de fondos escasos.

El tercer gran capítulo institucional alcanza al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura. Allí propuso tres modificaciones. La primera es separar del Poder Judicial tanto a la Defensoría General como a la Procuración General para garantizar autonomía plena del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La segunda apunta a limitar la discrecionalidad del gobernador en la selección de jueces, fiscales y defensores: el Consejo de la Magistratura elaboraría un orden de mérito vinculante, del que el Poder Ejecutivo solo podría apartarse con fundamentos debidamente explicitados. La tercera es fijar una permanencia mínima de cuatro años en el cargo para jueces, fiscales y defensores, de manera que no puedan concursar enseguida por otro puesto ni alimentar una rotación constante que, según el diagnóstico oficial, perjudica el servicio de justicia.

El agua: patrimonio natural estratégico

El cuarto punto institucional es el agua. Poggi planteó darle rango constitucional a la Administración Provincial del Agua y definir al recurso hídrico como patrimonio natural estratégico, con dominio originario e inalienable de la provincia sobre aguas superficiales y subterráneas. Según el texto leído, la gestión debe ser pública, integrada y sustentable, con prioridad para el consumo humano, el equilibrio de los ecosistemas, el desarrollo productivo y la solidaridad intergeneracional.

Federalismo: capitales alternas

El quinto punto es la creación de capitales alternas. La propuesta consiste en mantener a la ciudad de San Luis como capital provincial, pero sumar un sistema rotativo por el cual otras localidades del interior puedan convertirse en capital por determinados días, cuando el Poder Ejecutivo y su gabinete se instalen allí. Poggi presentó esa idea como una forma de darle jerarquía constitucional a un mayor federalismo provincial y dejó entrever que Villa Mercedes sería la primera capital alterna.

El mensaje dejó así una doble señal política. Por un lado, Poggi mostró gestión, volumen de programas y capacidad de intervención estatal en educación, con especial énfasis en alfabetización, matemática, primera infancia e incorporación de tecnología. Por otro, propuso abrir una agenda institucional más ambiciosa, con reformas que apuntan a limitar la reelección, reordenar la dinámica legislativa, garantizar la transparencia en la selección de magistrados, fortalecer la autonomía de los ministerios públicos y constitucionalizar tanto el federalismo interno como la administración del agua.

Malvinas, presente

Para finalizar su discurso, Poggi dijo que «San Luis va a continuar con su política de malvinización. Malvinizar también es educar». Y anticipó que el próximo 7 de abril en la ciudad de San Luis, «estaremos presentando juntos el libro “Malvinas, El Legado”, donde ustedes —los héroes y veteranos de Malvinas presentes  en la Legislatura— son los protagonistas».

«Malvinas El Legado es un libro que a lo largo de sus casi 300 paginas busca resguardar del paso del tiempo, las voces de 79 veteranos o familiares de Malvinas que viven en la provincia de San Luis. Testimonios que, en algunos casos, se cuentan por primera vez, que salen a la superficie luego de muchos años de dolor. Fueron dos años de una intensa labor realizada con un objetivo claro: grabar y escuchar a quienes quisieron aportar su testimonio» dijo Poggi para finalizar su discurso.

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La Justicia ratificó la cautelar y ordenó al Gobierno aplicar ya la recomposición salarial y las becas universitarias

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar de manera inmediata dos puntos centrales de la ley 27.795 de financiamiento universitario: la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución fue firmada por la Sala III en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales contra el decreto 759/25, con el que el Poder Ejecutivo había promulgado la ley, pero al mismo tiempo había dejado planteado que su ejecución quedaba suspendida hasta que el Congreso determinara las fuentes específicas de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto nacional.

El fallo de Cámara confirmó lo resuelto el 23 de diciembre de 2025 por el juez de primera instancia, que había declarado inaplicable, para este caso, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo y había ordenado cumplir ya con los artículos 5 y 6 de la ley. Esos puntos establecen, por un lado, la actualización de los salarios universitarios en función de la inflación y, por otro, la recomposición de los programas de becas.

El núcleo de la decisión judicial pasa por una cuestión institucional de fondo. Los jueces señalaron que la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo y luego confirmada por ambas cámaras con los dos tercios previstos en el artículo 83 de la Constitución Nacional. En ese contexto, sostuvieron que, al menos en esta etapa preliminar del proceso, no aparece jurídicamente aceptable que el Ejecutivo pretenda suspender la aplicación de esa ley apoyándose en otra norma anterior de igual jerarquía.

Dicho en términos más directos: la Cámara entendió que el Poder Ejecutivo no puede neutralizar una ley vigente del Congreso mediante una interpretación propia basada en la ley 24.629, que exige financiamiento expreso para toda norma que disponga gastos. Para el tribunal, ese argumento no alcanza, en principio, para dejar en pausa una ley ya sancionada y promulgada tras la insistencia legislativa.

Los camaristas también rechazaron uno de los ejes centrales del planteo del Estado: que no existía peligro en la demora. Por el contrario, señalaron que tanto la propia ley como el decreto cuestionado reconocen el deterioro salarial y la pérdida de poder adquisitivo del sector universitario. A partir de eso, concluyeron que la demora podía ocasionar perjuicios graves de difícil reparación ulterior, en especial porque están en juego ingresos de carácter alimentario y el normal desarrollo del sistema universitario.

En la misma línea, el tribunal descartó que la cautelar afecte de modo decisivo el interés público. Recordó que el juez de primera instancia había ponderado el impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en un 0,23% del PBI, y consideró que ese costo no desvirtúa, por sí solo, la necesidad de tutela urgente frente a derechos que aparecen comprometidos.

La Cámara también desestimó los cuestionamientos del Estado sobre la imparcialidad de los magistrados por su condición de docentes universitarios. Señaló que esos planteos ya habían sido resueltos en incidencias anteriores y que, por lo tanto, no podían ser reabiertos en esta apelación.

Otro punto que rechazó el tribunal fue la idea de que la cautelar funcionara como una sentencia definitiva encubierta. Según explicó, el objeto del juicio principal es más amplio, ya que apunta a discutir la constitucionalidad del decreto 759/25 y el cumplimiento integral de la ley 27.795, mientras que la medida cautelar sólo ordena ejecutar de inmediato dos artículos concretos: los vinculados con salarios y becas.

Con esta resolución, la Cámara dejó firme, por ahora, una decisión que representa un revés político y judicial para el Gobierno nacional. Aunque el expediente todavía debe resolverse en su cuestión de fondo, el tribunal ya fijó un criterio claro: una ley vigente del Congreso no puede quedar suspendida en los hechos por decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

Rivadera, defensor de Bazla: “Darío Oviedo actuó de manera unipersonal”

El abogado defensor Bautista Rivadera fija una línea argumental clara: sostiene que Ricardo Bazla es ajeno a cualquier maniobra irregular en la causa conocida como “El Caburé” y que el accionar cuestionado recae exclusivamente sobre el exfuncionario Darío Oviedo.

En esta entrevista, el letrado cuestiona el encuadre jurídico adoptado en la audiencia de formulación de cargos, denuncia una situación de indefensión por la ampliación de imputaciones y anticipa una estrategia centrada en demostrar que su defendido nunca tuvo conocimiento ni participación en los hechos investigados.


—¿El doctor Bazla ha sido imputado sólo por el delito de defraudación a la Administración Pública Provincial?.
—No. Ese fue un requerimiento del Ministerio Público Fiscal.
Fiscalía, previo a la audiencia de formulación de cargos, que fue el día 25 de marzo, nos notifica que el encuadre legal que le había dado a la situación provisoria de Bazla era respecto a ese delito, es decir defraudación contra la Administración Pública y nosotros íbamos a defendernos de ese delito, que fue el que solicitó la Fiscalía.

Ahora bien, en el desarrollo de la audiencia yo me adelanté porque una de las querellas, unos días antes de la celebración de dicha audiencia, le había pedido el Fiscal una ampliación de la formulación de cargos por otros delitos. Yo me opongo en función de que en esa audiencia no correspondía ampliar los cargos contra Bazla porque no habíamos sido anoticiados con suficiente antelación como merece una audiencia de esta naturaleza.

Nosotros, hoy o a más tardar mañana vamos a presentar un recurso de apelación. Lo haremos en función de que el Juez de Garantía permite a las querellas que son dos, una representada por el doctor Celdrán y la otra por el doctor Viano, llevar adelante esta ampliación de formulación de cargos por siete delitos distintos al cual el Fiscal había solicitado.

Eso nos colocó en una situación de indefensión absoluta, anoticiándonos de manera casi imprevista, «in voce» de siete figuras penales distintas a la que el Fiscal nos había anoticiado previo a la celebración de la audiencia.

—¿El Fiscal solicitó por un solo delito entonces?

—Sí, el Fiscal pidió por un solo delito en la audiencia, pero el Juez permitió que las querellas hicieran una ampliación sobre siete figuras penales distintas. El Fiscal se mantuvo en su posición de que el delito es defraudación en perjuicio de administración pública.

—¿Las querellas son San Jorge Cereales y Galia Norte S.A.?

—Sí, son las dos firmas privadas que alegan haber hecho la siembra sobre ese campo, ese campo denominado erróneamente como El Caburé, porque en realidad se llama La Gitana.

—¿Qué delitos finalmente le imputó el Juez a Bazla?
—Luego de escuchar a las partes, el Juez  explicó que admitiría todos los cargos pretendidos, tanto por el Ministerio Público Fiscal, como por Fiscalía de Estado y por las querellas, y en ese sentido tuvo por formulados cargos provisorios por los delitos de defraudación, falsedad ideológica, utilización de un instrumento público agravado por la calidad del presunto autor, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.

—¿Usted desde cuándo tiene la representación legal del doctor Bazla?
—Hará casi dos semanas, desde una semana antes de la audiencia de formulación de cargos que fue el 25 de marzo. Y esta es la primera intervención que tengo.

—¿Qué evaluación o qué lectura hace sobre sobre el desarrollo de la causa?

—A ver, esta causa en función de lo que comenté respecto a esta ampliación que permitió el Juez de Garantías generó una gran confusión en función de que el propósito de la audiencia de formulación es darle precisión a la persona investigada que se la va a imputar por tal delito y que la Fiscalía cuenta con tal evidencia para sostener ese delito, ¿correcto?. En función a lo que permitió el Juez de Garantías de esta ampliación solicitada por las querellas a nosotros realmente se nos han generado más dudas que certezas.

Por eso previo a elaborar una defensa definitiva respecto a Bazla de aquí en adelante en el proceso, nosotros hemos planteado un recurso de apelación que va a ser tratado de aquí a dos semanas. Ese recurso es en relación a una nulidad que planteamos al inicio de la audiencia de formulación de cargos en relación a que se afectó el derecho de defensa en el marco de la audiencia en función de haber permitido esta ampliación de figuras penales.

Una vez que yo resuelva esta cuestión con el Tribunal de Impugnaciones y se reencauce a mi entender la causa como corresponde, ahí yo voy a definir lo que es la estrategia de defensa definitiva de mi representado.

Lo que sí digo, por lo que he visto en el expediente, es que mi defendido no se subsume, su conducta no encuadra en ninguno de los tipos legales que le están enrostrando al día de fecha.

— ¿Por qué defiende la inocencia de Bazla?

—Porque el actuó siempre en el marco de sus funciones administrativas. Además, la figura que enrostra el Fiscal, que es la defraudación, exige un montón de elementos para su comprobación. Primero, por ejemplo, demostrar que la persona imputada, en este caso Bazla, haya llevado adelante maniobras de ardid, engaño o utilizado influencias para cometer este perjuicio en contra del Estado, circunstancia que no ha ocurrido.

No hay ninguna evidencia que respalde que mi representado haya llevado adelante maniobras de esta naturaleza, porque insisto con esto, siempre lo hizo en el ejercicio de sus funciones administrativas, delegando la administración y regularización sobre ese inmueble en una persona que era Darío Oviedo.

La Fiscalía, a mi entender, de manera errónea, lo acusa a Bazla por una cuestión funcional o jerárquica. A ver, que si Darío Oviedo cometía acciones irregulares sobre la administración o puesta en condiciones de ese inmueble, le corresponden de manera solidaria a mi representado, es decir Bazla, lo cual no es cierto. Se debe demostrar la autoría material de que mi defendido tenía conocimiento de esa mala administración que estaba llevando adelante Darío Oviedo. Esa una circunstancia que no está comprobada.
No hay ningún elemento que demuestre realmente que Bazla tenía el conocimiento pleno de esa administración irregular que se estaba haciendo sobre la cosecha de ese campo.

Y aclaro algo que se presta a confusión: no es a quién le pertenece el maíz o a quién le pertenece el campo, porque la Fiscalía inclusive ha reconocido que el campo es del Gobierno, del Estado de la provincia. Recuperado por la administración de Bazla. Y ese maíz al estar sembrado en un fondo que es de propiedad del gobierno de la provincia, se presume hasta el día de la fecha que es también del gobierno de la provincia. Esta es la visión de la Fiscalía y también la visión nuestra como defensa.

Hay un expediente aparte tramitando sobre esa discusión, en relación a la propiedad del maíz y hasta que no se demuestre que ese maíz le pertenecía a las firmas hasta el día de la fecha ese maíz y esa cosecha le pertenecía al gobierno de la provincia. Esta es una visión inclusive del Ministerio Público Fiscal.

—¿Usted dice que, aún cuando hayan autorizado la cosecha de ese maíz sin expedientes, está exonerado de responsabilidad Bazla?.

—Esa es la discusión, y eso es lo que plantea la Fiscalía, ese es el objeto del proceso, si en la cosecha de ese maíz hubo o no hubo irregularidades. La discusión que yo planteo es que si esa cosecha por más que haya sido irregular es atribuible a Bazla.
Porque Bazla, en todo momento, cuando Darío Oviedo le informó que iba a cosechar le requirió la presencia del cosechador para firmar el convenio correspondiente. Porque Bazla tenía plena conocimiento de que para llevar adelante una contratación privada con un tercero, en este caso un cosechador, debía obligatoriamente celebrar un contrato, generar un expediente, pero previo a eso debía conocer a la persona física del cosechador; y es lo que le requirió en todo momento a Oviedo. Y Darío Oviedo no cumplió. Darío Oviedo actuó de manera unipersonal, celebró un contrato firmado con una persona de apellido Anselmi, y le indicó que debía llevar adelante la cosecha sin que ese contrato lo haya firmado Bazla.

Cuando Bazla se entera de las acciones irregulares que se estaban llevando adelante en la administración que hacía Darío Oviedo, interpuso la denuncia y le pidió la renuncia a Darío Oviedo. Entonces eso no es el accionar de una persona que esté en conocimiento, que sea parte de una maniobra ilícita con el propósito de sacar un provecho económico.

— ¿Qué opina el doctor Bazla de la causa?
— El está confiado. El tomó la decisión de renunciar a su cargo para no perjudicar la gestión del gobierno. Está tranquilo, confía en que el proceso va a esclarecer realmente cómo han acontecido las cosas. Pero bueno, esto es un proceso, lleva sus etapas y ya está informado por mi parte como su letrado defensor de que en esto hay que tener paciencia. Quedan varias etapas todavía.

—¿Un Tribunal de Impugnaciones debe resolver ahora sobre este planteo de nulidad que usted ha planteado?

— Claro. A ver, después de la audiencia de formulación de cargos yo planteé la nulidad, por una falta de formalidad esencial que no cumplió la Fiscalía, y es que debía notificarlo a Bazla al inicio de esta causa, conforme el artículo 38 del Código de Procesamiento Criminal, para decirle: señor usted está siendo investigado, usted debe asumir la calidad de imputado y debe defenderse de esta denuncia, una cuestión que no ocurrió a mi entender, y que afectó el derecho de defensa. Casí también, apelé lo que respecta a esta ampliación de formulación que el Juez de Garantías le permitió a las querellas que nos generan más dudas que certezas.

 

— ¿Usted está convencido de la inocencia de Bazla, y su argumento es que no firmó nada y que cuando tomó conocimiento de que había un procedimiento irregular para ejecutar una cosecha, Bazla despidió a ese funcionario?.

—Exactamente. Además, otra cosa que me gustaría remarcar es que Fiscalía le ha dicho que acá ocurrió un perjuicio, un perjuicio que ni siquiera está demostrado porque a ver, independientemente de que esa cosecha se haya hecho de manera irregular, necesariamente debía hacerse haciendo averiguaciones a posteriori porque ese maíz reconocido por el propio cosechador estaba en muy mal estado.

Es muy importante tener en cuenta que el propio cosechador fue entrevistado por la Fiscalía, él dijo haber sido contratado directamente por Darío Oviedo, que esa cosecha fue mala, no le generó el rinde que él esperaba, le generó inclusive hasta pérdidas y hasta él especificó el destino de esa cosecha.

Digo esto porque hay mucha desinformación, que se está ventilando de que mi representado había sacado provecho económico de esa cosecha y se la habría quedado. No, el propio cosechador especificó ya el destino de esa cosecha, el producido de esa cosecha que él agarró básicamente y la llevó a un campo que está a 30 o 40 kilómetros, que es el campo denominado El Lucho, y la destinó al silo. O sea, la cosecha está en la panza de los animales básicamente.

—¿Por qué cree que el Juez hizo lugar a estas imputaciones contra Bazla?

—A mí criterio, la visión del Juez fue errónea en la audiencia de formulación de cargos, por eso he interpuesto una apelación.

En realidad, quien tiene la visión o es titular de la acción pública del Ministerio Público Fiscal, a quien yo tengo que persuadir de que cambie su visión, es a la Fiscalía. Y Fiscalía se está basando en indicios, y eso es entendible por estamos en una etapa provisoria.

Acá no estamos diciendo que van a exculpar en absoluto, esto es provisorio. Bazla recién están siendo investigado, una investigación preparatoria que ha iniciado posterior a la audiencia de formulación de cargos. Esos indicios para mí no son suficientes o no van a poder ser sostenidos en una etapa más avanzada del proceso.

—¿Qué opina de la condena social que pesa fundamentalmente sobre los exfuncionarios?

—Creo que, es un error… No soy muy partidario de ver mucho qué dicen los medios, me manejo mucho con lo que es el expediente, pero creo que hay dos procesos que para mí tienen una causa de esta naturaleza, que es el proceso judicial y el proceso mediático. Y como digo, ha habido mucha desinformación inicial donde se dijo que en un momento de que mi representado junto con funcionarios del gobierno habían sacado provecho, circunstancia que no ocurrió porque la realidad es que ningún funcionario, ni siquiera Darío Oviedo, sacó provecho económico de esta mala cosecha reconocida por el propio cosechador.

Sí creo que es un error, creo que la gente debe entender que esto es un proceso penal que recién está iniciando y que, sobre toda persona, hasta que no recaiga una condena firme, no se destruye su estado de inocencia.

Esto quiero dejarlo en claro, el señor Bazla es inocente. Hasta el día de la fecha no hay ninguna condena firme en su contra.

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Estrada: “No ha podido ser cuantificado el daño al Estado”

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El fiscal Leandro Estrada analizó en detalle para el diario Todo Un País la causa conocida como “El Caburé”, un expediente que investiga presuntas irregularidades en la administración de un campo recuperado por el Estado provincial.

En esta entrevista, que DePolítica reproduce a continuación, explica el origen del conflicto, el rol de los funcionarios imputados, las decisiones judiciales adoptadas y las dificultades para determinar el daño económico, en un caso atravesado por la ausencia de registros formales y la disputa sobre la propiedad de la producción agrícola.

—La causa es conocida como El Caburé. ¿El campo en cuestión tiene otro nombre?
—El campo se llama “Las Gitanas”. El Caburé es el nombre de la sociedad anónima que tenía el campo.

—¿Ese campo fue vendido o cedido por el Estado a un particular llamado Daniel Lucero?
—No es que fue vendido, fue -cedido- en propiedad con la condición de realizar determinados actos que no hicieron.

—¿Era parte de los campos cedidos por el Estado a particulares para que desarrollaran proyectos productivos del programa Pioneros Siglo XXI?
—Exacto, exacto.

—¿Lucero pagó sólo cinco cuotas de lo que establecía ese acuerdo con el Estado y lo siguió explotando para su propio beneficio?
—Nosotros a ese expediente administrativo no lo tenemos. Lo que tenemos son referencias y las referencias son que, en el año 2018, y en realidad el proceso administrativo empieza antes, pero en 2018 se finaliza con la desadjudicación del campo a la empresa El Caburé.
Ese proceso de desadjudicación se comenzó haciendo una serie de constataciones en el campo de que no se estaba cumpliendo con el objeto. Si le pagó o no le pagó al Estado, no lo sé.

—¿Cómo siguió esa disputa?
—En el 2018 se saca el decreto que se desadjudica el campo, y en el artículo N°2 se ordena la recuperación del campo. A ese decreto le meten un recurso de revocatoria que es resuelto en el 2022 por extemporáneo. Y después interponen un recurso de revisión contra ese decreto de rechazo de la revocatoria y ahí queda hasta la notificación en abril del año 2024 cuando el Gobierno toma posición del campo.

—¿Qué dimensión tiene el campo?
—El campo son mil novecientas noventa y siete hectáreas, ubicado en la ruta N°27 kilómetro 144, al lado del llamado Pueblo Ranquel.

—Por la administración de ese campo fue denunciado por Fiscalía de Estado el exfuncionario Darío Oviedo.
—No. Lo explico. En el interín entre 2018, en que fue notificado Lucero del decreto de desadjudicación por parte del Estado y el 2023 en el que el Estado provincial toma control del campo, Lucero por la empresa El Caburé realiza dos contratos de parcería.

—¿Qué es parcería?
—Un contrato para la siembra del campo, lo cual no está en el objeto.
Firma dos contratos; uno por 440 hectáreas para ser sembradas, y otro por 1.400 también para la siembra.

—¿Con quién firma estos contratos Lucero?
—Hace un contrato con una empresa que se llama Galia Norte S.A. y otra llamada San Jorge Cereales.
Galia Norte S.A., que está representada por Germán Vaira, es la que hace la denuncia contra Ricardo Balza, Darío Oviedo y otros funcionarios. La otra empresa no hace la denuncia y se presenta como particular, como querellante particular, pero no hace una denuncia en particular.

—Oviedo es expulsado del Gobierno y tiene una denuncia de Fiscalía.
—No. Fiscalía de Estado nunca lo denunció. Lo que Fiscalía de Estado denuncia son gestiones anteriores a este hecho, y yo lo que hago es ordenar el desglose si no se contamina el expediente, dado que no tienen que ver una cosa con la otra. Ordeno el desglose, formo un nuevo expediente y lo remito a la Fiscalía en turno. No me queda a mí ese expediente.

—Entonces, paso en limpio, hablamos de una causa que es contra Oviedo, contra Bazla y otros funcionarios, que impulsa Germán Vaira de la empresa Galia Norte S.A.
—Exacto. Germán Vaira, de Galia Norte S.A., que tiene el patrocinio de Pascual Celdrán.

—¿Cuál es el delito que se les imputa formalmente a Oviedo y a Balza?
—El mismo, defraudación en perjuicio de la administración pública.

—¿Un solo delito?
—Un solo delito. Defraudación en perjuicio de la administración pública.

—¿Cuál es el núcleo de la acción en investigación?
—El tema es así. Cuando ellos recuperan el campo en abril del año 2024 se encuentran con que el campo está sembrado. Para el Ministerio Público Fiscal ese campo es de la provincia, es del Estado provincial. En consecuencia, es un bien del estado provincial, y el maíz también.
Porque la siembra en fundo ajeno tiene dos consecuencias. Si es de mala fe, el que sembró pierde todo lo cosechado. Y si es de buena fe tiene un derecho a la compensación, lo que nunca es propietario de ese maíz.
Esa es una cuestión a debatirse en una sede administrativa, de quién es la propiedad del maíz, y si corresponde o no pagar una compensación. Pero en el estado en que se encuentra, el campo es del Estado provincial. Al encontrarlo que está sembrado es un bien del Estado, y entonces, queda sometido a las reglas de la Ley de contabilidad.
De la misma forma que compras una impresora o se rematan los autos en desuso. Acá, lo que pasa es que ellos contratan un sembrador de la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, sin procedimiento administrativo, sin respetar la norma del artículo N°93, N°94 y N°100 Ley de contabilidad.

—¿Esto lo hacen Oviedo y Bazla?
—Lo hace Oviedo materialmente, el contrato lo firma en una estación de servicio. Y Bazla no tiene una acción material. Él no contacta con el cosechador, él no se llevó una carretilla de maíz, él no manejó el camión, pero sí sabía que esto estaba ocurriendo.

—¿Le cabe responsabilidad por ser el superior de Oviedo?
—Son los que se denominan delitos de comisión por omisión. Es como un guardavida que está parado en la playa, ve que alguien se ahoga y no hace nada para evitarlo. Esta situación es igual.

—¿Cómo es que Vaira es querellante si nunca fue propietario del campo?
—Claro, porque ellos pueden tener un interés legítimo en la siembra.

—¿Aún cuando el campo no era de ellos?
—Te dije que había que diferenciar la buena fe y la mala fe. Te digo más. Las dos empresas, las dos personas jurídicas –Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales– lo denuncian a Lucero por desbaratamiento de derechos acordados, en el sentido de que le dicen: “nunca me dijiste que este campo no era tuyo”.

—¿Y dónde está esa denuncia?
—Acá en la Segunda Circunscripción. Después ellos arriban a un acuerdo donde Lucero les cede las acciones del campo, de un campo que no era propio. Son pícaros. Por eso digo, si se mezclan las cosas te la enturbian. Es más, uno de los… el representante de la persona jurídica San Jorge me pide la devolución del campo. Le dije: no te lo voy a dar, ese campo es del Estado. Andá a pelearla en un juicio de escrituración, en un juicio interdicto de recobrar la posesión, lo que fuere. ¿Cómo me vas a pedir a mí? Son unos pícaros. Es más, están imputados por usurpación. Y en otra fiscalía, en la Fiscalía 3, los representantes de San Jorge Cereales están imputados por usurpación porque los tipos fueron de guapo y se metieron en el campo una vez que el Estado ya lo había recuperado. ¿Por qué son querellantes? Porque ellos sí sembraron. Ahora, si ellos sembraron de buena fe, el Estado provincial le tiene que pagar una compensación. Y ese es el perjuicio que generó Bazla y Oviedo a los fines de la calificación legal. Han expuesto al Estado provincial a un juicio por una compensación por una siembra de la que dispusieron como si fueran los dueños.

—¿Y qué denuncias hay contra Lucero que alquiló el campo sin ser el dueño?
—Lucero, de la firma El Caburé S.A., tiene una denuncia que hicieron los otros dos –Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales– por desbaratamiento de derechos acordados. Pero después lo arreglaron. Hicieron un acuerdo de conciliación. Eso es válido en el procedimiento penal. Alejandro Ingaramo y Alejandro Viano son los representantes de San Jorge Cereales. Y Vaira es el de Galia Norte S.A.

—¿Cuál es el rol de Francisco Anselmi?
—Anselmi es el cosechador. El que cosechó.

—¿Él ha tenido que declarar? ¿Qué ha dicho?
—Él vino a una entrevista y dijo que el maíz era de mala calidad.

—¿Y quién lo buscó para ese trabajo?
—A él lo buscó Oviedo. Lo contactó Oviedo. Se manejó siempre con Oviedo. El tipo siempre entendió estar contratando con el Estado a través de un funcionario del Estado.

—¿Le pagaron?
—No, porque el acuerdo era así. Un acuerdo que en realidad solo firmó Anselmi; Bazla no lo firmó nunca. Ni Oviedo tampoco. Es decir, que ejecutaron un contrato no firmado por el Estado. Peor todavía.
El acuerdo era 750 kilogramos de maíz por hectárea para el cosechador. Y lo que superara ese peso era para el Estado provincial. Lo que sobrara se tenía que poner en un silo bolsa y dejarlo a un costado, ahí al lado del campo Nación Ranquel, a la espera de cómo se pronunciara la Justicia sobre la propiedad de ese maíz.
Anselmi dice que nunca llegó a los 750 kilogramos por hectárea. De manera que todo lo que se llevó se lo llevó para él. Del campo “La Gitana” –propiedad de la empresa El Caburé– a un feedlot que tiene contratado a 40 o 50 kilómetros, que es en el campo El Lucho.

—¿Y ese campo El Lucho de quién es?
—De un señor de apellido Kurt, que se lo alquila a Anselmi para que tenga un feedlot.

—¿Y cuánto es en dinero?
—No, no tenemos idea. ¿Sabés por qué? Porque justamente no hay papeles. Al no haber procedimiento administrativo nosotros no podemos establecer cuál es la cantidad real de maíz, cuál es la naturaleza, la calidad del maíz. No sabría a quién creerle.

—¿O sea que el daño al Estado no ha podido ser cuantificado?
—No ha podido ser cuantificado el daño al Estado. Lo que sí queda claro es que estaba el maíz y ahora no está más. Esa modificación en el patrimonio representa un perjuicio.

—¿O sea que lo único que hay es la declaración de Anselmi sobre los kilos de rinde en toneladas?
—1.400 hectáreas. Claro, ni siquiera dice la cantidad de toneladas que sacó. Dice: “yo coseché 1.400 hectáreas de maíz y estaba en el piso. Era de muy mala calidad”. Y un informe que le hace a Oviedo y a Bazla en WhatsApp, nunca por escrito administrativamente correcto, donde dice que en realidad se cosecharon 1.800 hectáreas. Entonces lo que yo digo es, siempre digo y me refiero, es que hay una cosecha aproximada de 1.400 a 1.800 hectáreas.

—¿Quién investiga lo que sucedió en años anteriores? ¿Debe ir en otra denuncia aparte de esta?
—La denuncia se hizo. Pero se hizo en este mismo expediente. Y para no demorar nada, porque si no se te traba todo el expediente porque estás investigando hechos distintos, yo ordené el desglose, formé un nuevo expediente y lo mandé a la Fiscalía en turno, que creo que era Fiscalía N°3. Porque si no, se mezcla todo.
Está en otra Fiscalía. Si hubiese quedado en mi Fiscalía yo lo profundizo, pero no quedó en mi Fiscalía. Yo no estaba de turno en el día en que se presentó esa denuncia.
Lo que necesito que entiendan es que son cuestiones distintas. Es como si a mí en un proceso me investigaran por un hecho ocurrido en el 2010, en el 2014, en el 2022, otro por hurto y otro por, no sé, un delito contra la integridad sexual. No los podés mezclar. Tienen objetos distintos.

 

Charly Pereira junto a Bullrich: encuentro y agenda reformista común

El diputado provincial Charly Pereira se reunió con la senadora nacional Patricia Bullrich, con quien mantiene una profunda afinidad ideológica, para hablar de líneas de trabajo compartidas.

Como síntesis del encuentro, Pereira señaló que tanto el Gobierno nacional como el provincial comparten una agenda orientada al cambio y a la reafirmación de una vocación transformadora. En ese marco, explicó que ese diagnóstico forma parte de lo conversado con Bullrich, quien advirtió que ese proceso “inevitablemente afecta intereses corporativos”, a los que responsabiliza por haber limitado históricamente la competitividad del país y la capacidad creativa de la sociedad.

En ese sentido, el legislador indicó que, de acuerdo con la mirada compartida en la reunión, la reforma laboral resulta “auspiciosa” para la generación de empleo.

Pereira también subrayó el potencial productivo de San Luis, en línea con lo planteado por la senadora respecto al aprovechamiento de recursos humanos y naturales. En particular, mencionó a la minería como un eje estratégico que debería integrarse a una agenda regional común junto a provincias como San Juan y Mendoza.

En materia electoral, destacó los elogios de Bullrich al sistema de boleta única implementado en la provincia por iniciativa del gobernador Claudio Poggi, y sostuvo que su adopción a nivel nacional contribuiría a fortalecer la transparencia del proceso electoral y a limitar prácticas clientelares.

Asimismo, señaló que la senadora ratificó su compromiso de impulsar un Congreso “reformista”, y convocó a los legisladores provinciales alineados con el gobierno de Javier Milei a replicar esas iniciativas en sus respectivos distritos.

Finalmente, Pereira se refirió al contexto económico y sostuvo —en línea con lo conversado en el encuentro— que en los próximos meses podría consolidarse una baja de la inflación, en paralelo con un proceso de adaptación de sectores que durante años operaron bajo esquemas proteccionistas. Reconoció que ese proceso genera tensiones, pero lo enmarcó como parte de una dinámica de crecimiento que Argentina está atravesando en un plazo relativamente breve, en comparación con experiencias internacionales como las de Grecia, Portugal o Israel.

Pereira y Bullrich en su encuentro en Buenos Aires.

Atípica Cultural presenta un recital de poesía con tres generaciones de escritoras

Con la llegada del otoño, cuando el aire comienza a espesarse de hojas y de tiempo, la poesía encuentra su temperatura justa. En ese clima íntimo y reflexivo, la ciudad de San Luis se prepara para una velada donde la palabra será refugio y encuentro: Tres mujeres, tres poetas, tres generaciones.

El sábado 28 de marzo a las 19:30 horas, la librería-café Atípica Cultural  —ubicada en San Martín 842— abrirá sus puertas para recibir a Vera Jereb, Julieta Calderone e Hilda Pedroza. Tres voces, tres recorridos vitales, tres formas de decir lo indecible. Jereb, mendocina; Calderone y Pedroza, foráneas que han hecho de San Luis su territorio afectivo y creativo. En las tres escritoras, la poesía no sólo se escribe: se habita.

El espacio no es un detalle menor. Atípica Cultural, recientemente reconocida como Tienda Creativa por la Dirección de Cultura de la Nación y la Municipalidad local, propone una experiencia donde los libros y el café no son fondo sino escena. Allí, entre estantes y tazas humeantes, la literatura se vuelve cuerpo, y la lectura, un acto compartido. Como si cada verso encontrara eco en el murmullo del café, en el roce de las páginas, en la respiración atenta de quienes escuchan.

La propuesta invita a pensar la poesía como un puente generacional, donde las diferencias no separan sino que amplifican. Tres mujeres que escriben desde distintos momentos de la vida, pero con una misma intensidad: la de nombrar el mundo desde una sensibilidad que, en este otoño, se vuelve especialmente fértil. Hay en esta reunión algo de ritual: una transmisión, un gesto de continuidad, una conversación silenciosa entre épocas.

El evento, de entrada libre y gratuita – aunque con cupos limitados -, se presenta como una oportunidad para detener el ritmo cotidiano y sumergirse en una experiencia estética y sensorial. Porque si el otoño trae consigo cierta melancolía, también ofrece la posibilidad de recogimiento, de escucha, de poesía.

En tiempos donde lo inmediato parece imponerse, encuentros como este reivindican la pausa. Y en esa pausa, la palabra – dicha por mujeres, atravesada por generaciones – vuelve a ser casa.

Habrá algo de doméstico y de ritual en estas lecturas. Como si cada texto encontrara su temperatura justa en el murmullo del café, en la respiración compartida del público. Como si la literatura dejara de ser objeto para volver a ser acto.

En tiempos de velocidad, este tipo de encuentros proponen otra lógica: la de la permanencia. Escuchar un poema completo. Sostener un silencio. Dejar que una imagen quede flotando.

Quizás por eso el otoño sea el momento adecuado. Porque invita a quedarse. Y porque, como la poesía, Atipica Cultural también trabaja con lo que cae… y con lo que permanece.

Una noche para escuchar, poesía entre libros y café.

Qué dijo Poggi sobre los tiempos judiciales

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El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, dejó una frase que ordena la lectura política del caso por el cual le aceptó la renuncia a Ricardo Bazla: “Me sorprendió la velocidad con que -en la Justicia- se abordó este tema y el no abordar los siete años anteriores”.

La definición, pronunciada en una rueda de prensa en Villa Mercedes, expone la perplejidad del mandatario frente al ritmo de la investigación judicial.

Poggi aclaró que es “muy respetuoso de las decisiones de la Justicia”, pero subrayó el contraste entre la rapidez con que se actuó en el caso actual y la ausencia de investigación sobre lo ocurrido con el campo “El Caburé” desde su recuperación por parte del Estado en 2017.

“El campo hace del 2017 que la provincia lo recuperó y no sabemos qué pasó con el producido en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023”, planteó, reforzando la idea de que la mirada judicial debería abarcar todo el período en el que el predio estuvo bajo órbita estatal.

En ese contexto, el gobernador confirmó que Bazla presentó su renuncia de manera indeclinable luego de ser imputado y que la misma fue aceptada de inmediato. Recordó además que, tras la denuncia inicial, el funcionario ya había solicitado una licencia sin goce de sueldo por 90 días, también concedida.

“Esto marca una forma diferente de actuar: el funcionario se aparta para defenderse, no se cubre a nadie”, señaló Poggi, en una línea que busca diferenciar el manejo del caso respecto del anterior gobierno que tiene no menos de una docena de exfuncionarios investigados y algunos condenados por hechos de corrupción.

Sin embargo, el eje de su intervención no estuvo puesto en la situación personal del exfuncionario sino en el alcance de la investigación. “Que se avance, pero que se amplíe desde el mismo momento en que se recuperó el campo en 2017”, concluyó.

Poggi le aceptó la renuncia a Bazla tras su imputación por delitos contra la administración pública

El gobernador Claudio Poggi le aceptó la renuncia a Ricardo André Bazla, quien hasta este miércoles se desempeñaba como secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión, luego de que la Justicia avanzara con una formulación de cargos en su contra por presuntos delitos contra la administración pública.

La aceptación de la renuncia operó como un movimiento inmediato del Ejecutivo tras conocerse la imputación judicial.

Horas antes, el juez de la causa conocida como «El Caburé» había resuelto admitir todos los cargos pretendidos por el Ministerio Público Fiscal dando por formulados cargos provisorios contra el exfuncionario.

La imputación incluye delitos de defraudación, falsedad ideológica, uso de instrumento público agravado, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.

Frente a ese escenario, Bazla presentó su renuncia indeclinable mediante una nota dirigida a Poggi, fechada el 25 de marzo de 2026. En el escrito, sostuvo que tenía la “obligación moral” de apartarse del cargo y que necesitaba ejercer su derecho de defensa ante las decisiones judiciales y medidas de coerción en su contra.

La aceptación de la renuncia por parte del gobernador marca un corte político claro frente al avance judicial de la causa en la que Bazla quedó imputado.

Signos de ruptura en el pacto con la sociedad, por Andrés Vallone

Por Andrés Vallone

Analista político – Diputado nacional MC

Durante más de dos años, una parte sustantiva de la sociedad argentina decidió sostener al gobierno de Javier Milei bajo un acuerdo implícito: tolerar el ajuste con la expectativa de una estabilización futura. Ese contrato social, basado en la promesa de orden macroeconómico, fue el principal capital político del oficialismo. Hoy, sin embargo, comienzan a multiplicarse los indicios de desgaste. Ya no se trata de percepciones aisladas, sino de una tendencia que empieza a consolidarse.

Distintas consultoras privadas coinciden en señalar una caída sostenida en la imagen del gobierno. Niveles de aprobación que superaban el 55% en los primeros meses de gestión hoy oscilan entre el 40% y el 45%, con picos de desaprobación en sectores medios y bajos. A esto se suma un dato aún más sensible: más del 60% de los encuestados considera que su situación económica personal empeoró en el último año. La macro puede mostrar señales de orden, pero la micro —la vida cotidiana— sigue en crisis.

En ese contexto, los recientes episodios vinculados al denominado caso “Libra”, que involucran al presidente y a su hermana, Karina Milei, introducen un elemento corrosivo: la pérdida de credibilidad.
No es únicamente una discusión judicial, sino un golpe directo al corazón del relato oficialista, que había construido su legitimidad sobre la idea de una nueva ética pública.

El problema se agrava cuando aparecen cuestionamientos en figuras clave del propio esquema de poder. Las críticas hacia el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades y contradicciones en su función, impactan de lleno en la comunicación gubernamental, hasta ahora uno de los activos más eficaces del oficialismo. En paralelo, el caso que salpica al ex ministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri, en relación con la obra social de las Fuerzas Armadas, refuerza la percepción de que las prácticas que se prometieron erradicar siguen presentes bajo nuevas formas.

Cuando los escándalos comienzan a acumularse, el relato de excepcionalidad se debilita. Y cuando ese relato cae, el gobierno queda expuesto a la evaluación más cruda: la de los resultados concretos.

En el plano económico, los datos son contundentes. El consumo masivo registra caídas interanuales que, en algunos rubros, superan el 10%. La industria opera con niveles de capacidad instalada por debajo del 60%, reflejando una retracción persistente de la actividad. El salario real acumula una pérdida significativa frente a la inflación, y el empleo formal muestra signos de estancamiento, con crecimiento de la informalidad como contracara.

Este cuadro impacta directamente en el humor social. El ciudadano que aceptó el sacrificio empieza a exigir resultados. La tolerancia al ajuste no es infinita, y menos aún cuando los costos recaen siempre sobre los mismos sectores. La narrativa de la “herencia recibida”, que fue eficaz en la primera etapa, comienza a mostrar signos de agotamiento. Después de más de dos años de gestión, la sociedad espera respuestas del presente, no explicaciones del pasado.

El oficialismo enfrenta hoy una encrucijada decisiva. Ya no alcanza con sostener el rumbo; necesita mostrar resultados tangibles y, sobre todo, reconstruir la confianza. Porque el vínculo con la sociedad no se basa únicamente en expectativas, sino en credibilidad. Y cuando esa credibilidad se erosiona, el contrato social entra en crisis.

Los signos de ruptura no implican aún un quiebre definitivo, pero sí una advertencia clara. La política argentina ha demostrado, una y otra vez, que el respaldo social puede ser tan intenso como efímero.
El desafío para el gobierno es evitar que el desgaste se transforme en desencanto irreversible. Porque cuando la sociedad siente que cumplió y no obtiene respuestas, el cambio de ciclo deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza.

Santa Rosa del Conlara recordó a Rosa Josefina Becerra, asesinada en la dictadura

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Santa Rosa del Conlara incorporó este 24 de marzo un nombre propio a su mapa de la memoria. Por primera vez, el pueblo recordó de manera pública a Rosa Josefina Becerra, una joven nacida allí que fue asesinada en julio de 1976, en el inicio del terrorismo de Estado.

La placa, colocada en su localidad de origen, salda una deuda de décadas: Josefina —como la recuerdan— no había tenido hasta ahora un reconocimiento formal en su propio territorio.

Su historia reconstruye el itinerario de una generación atravesada por la formación, la movilidad social y, finalmente, la violencia estatal. Nació en Santa Rosa, se trasladó a la ciudad de San Luis para estudiar y luego continuó su formación en Mendoza, donde se graduó como licenciada en Ciencias Políticas. Allí conoció a Rubén “Yuyo” Arias, con quien se casó.

La pareja se radicó en Tucumán. Él trabajaba como inspector de alcoholes en la Dirección General Impositiva; ella se desempeñaba como docente en la universidad. Tenía 28 años.

Rosa Josefina Becerra, asesinado a los 28 años por la dictadura. Foto Aljaba 360.

El relato familiar, en la voz de su hermano Jorge Becerra -figura de la selección nacional de básquet en la década del 70-, introduce un matiz crudo que complejiza incluso las categorías habituales del terrorismo de Estado.

“No murieron por balas. La policía entró a su casa, en un ingenio donde vivían, y los mataron a golpes en la cabeza con las armas”, le cuenta a DePolítica.

El hecho ocurrió en julio de 1976. A diferencia de muchos otros casos, los cuerpos fueron recuperados por la familia. Desde Mendoza, su padre, familiares y allegados viajaron a Tucumán y lograron traer los restos. Con ellos regresó también Jerónimo Arias, el hijo de la pareja, que tenía entre uno y dos años y fue criado por sus abuelos.

Jorge Becerra, en el acto en homenaje a su hermana Rosa Josefina.

El caso de Josefina Becerra y Rubén Arias está documentado en el informe de la CONADEP y figura en el Nunca Más. Sus nombres también integran los registros del Museo de la Memoria, en Buenos Aires, y aparecen en placas conmemorativas en la Universidad Nacional de Cuyo, donde ella estudió. En San Luis, su nombre ha sido incluido en intervenciones simbólicas en espacios públicos.

Sin embargo, el reconocimiento en su propio pueblo llegó recién ahora.

El intendente Miguel Postiguillo, junto a Becerra y autoridades y familiares.

“El caso fue bastante ocultado. Este es el primer homenaje que se le hace en Santa Rosa”, señala su hermano.

El acto tuvo una convocatoria significativa para la escala local. Participaron escuelas, vecinos y familiares, en una jornada que también reunió a allegados de otras víctimas del terrorismo de Estado, como las vinculadas a Alfredo Sinópoli.

Así, Santa Rosa del Conlara inscribió a Josefina Becerra en su memoria colectiva. No como una abstracción de época, sino como una vida concreta: una joven profesional, docente, madre, que fue asesinada en el inicio de la dictadura y cuyo nombre, durante demasiado tiempo, permaneció en silencio.

El mural de la Universidad Nacional de Cuyo que recuerda a Becerra y Arias.

Rodríguez Saá habla en su diario de memoria, verdad y justicia… con un texto robado

En la antesala de un nuevo 24 de marzo, cuando la Argentina vuelve a interpelarse sobre su pasado reciente y reafirma el compromiso colectivo con la memoria, la verdad y la justicia, los medios de comunicación suelen ocupar un lugar central. No sólo como narradores de la historia, sino como actores que contribuyen —o deberían contribuir— a preservarla con rigor y responsabilidad.

En ese marco, resulta llamativa —por decirlo con prudencia— la publicación realizada este 23 de marzo por El Diario de la República, con el título “Los puntanos del Nunca Más”. Un texto que, a simple vista, se inscribe en la necesaria reconstrucción de la memoria sobre los desaparecidos sanluiseños durante la última dictadura.

Sin embargo, una lectura más atenta permite advertir algo menos edificante: una serie de coincidencias textuales, estructurales y conceptuales que remiten de manera directa a un artículo publicado el 24 de marzo 2022 en DePolítica, bajo el título “Desaparecidos y puntanos en el Nunca Más”.

No se trata de una influencia.
No se trata de una cita sin comillas.
Se trata de una reproducción prácticamente literal en la gran mayoría de sus pasajes como veremos con diferentes recortes del artículo de El Diario de Rodríguez Saá, y el artículo de hace cuatro años publicado en DePolítica.

El Diario, 23 de marzo de 2026.
DePolítica, 24 de marzo de 2022.

La precisión de esas coincidencias —en la selección de nombres, en la forma de presentación, en el orden narrativo e incluso en giros específicos del lenguaje— no deja demasiado margen para interpretaciones benevolentes. No es memoria compartida: es robo.

Y es ahí donde el problema deja de ser técnico para convertirse en ético.

El Diario, 23 de marzo de 2026.
DePolítica, 24 de marzo de 2022.

Porque no estamos hablando de cualquier tema.
Estamos hablando de los desaparecidos.
De la construcción social del “Nunca Más”, esa consigna que en Argentina sintetiza el rechazo al terrorismo de Estado y que se consolidó a partir del informe de la CONADEP en 1984.

El Diario, 23 de marzo de 2026.
DePolítica, 24 de marzo de 2022.

Hablar de memoria, entonces, implica asumir una responsabilidad.
No solo con los hechos, sino también con las formas.

El Diario, 23 de marzo de 2026.
DePolítica, 24 de marzo de 2022.

 

Rodríguez Saá, lejos de la memoria y la verdad

Rodríguez Saá, más cerca de la desmemoria y el robo.

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Link Artículo DePolítica: ver

Link Artículo El Diario: ver

 

La dictadura que nos arruinó, por Diego González

Por Diego González

Abogado, dirigente del Partido Justicialista.

 

Hoy, como ciudadanos argentinos, debemos ocuparnos de rescatar de las celdas más oscuras de nuestra memoria nacional los hechos y consecuencias funestas del golpe de Estado acaecido el 24 de marzo de 1976.

Han pasado ya cinco décadas y la sensación no varía; es una época dura para millones de argentinos que, afortunadamente para las nuevas generaciones, no hemos sufrido procesos amnésicos simplistas.

Nuestra República Argentina ha sufrido a lo largo del siglo pasado numerosas interrupciones del orden constitucional, que produjeron graves violaciones a los derechos humanos motivadas por cuestiones ideológicas o partidarias.

La aplicación de tortura, física o psíquica, fue el denominador común de estos abominables periodos, alcanzando niveles genocidas a partir de 1976, cuando se evidenció la existencia de un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas, comparable solamente con la barbarie instrumentada por la Alemania nazi. Decenas de miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de procedimientos inspirados en la totalitaria e importada Doctrina de la Seguridad Nacional.

La utilización reiterada de la desaparición de personas, como política represiva, reconoce algunos antecedentes previos al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 pero, desde esa fecha, las fuerzas militares, con apoyo civil, que usurparon el poder obtuvieron el control absoluto de la organización estatal generalizando la implantación de tal metodología.

La comprobación de la extensión que adquirió la práctica de la tortura en los numerosos centros clandestinos de detención existentes en el territorio nacional, y el sadismo demostrado por sus ejecutores, resultan estremecedores; inclusive, respecto de algunos de los aberrantes métodos empleados, no se conocían antecedentes en otras partes del mundo.

Los cobardes genocidas no solo persiguieron a los miembros de organizaciones políticas populares, sino que se cuentan por millares las víctimas no vinculadas con tales actividades que también fueron objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado “subversivo”.

Esta fanática e indiscriminada represión alcanzó también a religiosos, abogados y periodistas argentinos y extranjeros. Judicialmente, por otra parte, se ha comprobado la existencia del “Plan Cóndor”, consistente en la colaboración mutua prestada entre las dictaduras latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia), para perseguir a sus víctimas en el territorio de cualquiera de los países adherentes al mismo.

Numerosas organizaciones, nacionales e internacionales, lucharon vigorosamente por los derechos humanos de los detenidos-desaparecidos, entre ellas pueden destacarse: Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio de Paz y Justicia, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento Ecuménico de Iglesias por los Derechos Humanos, Amnesty International, Cruz Roja Internacional, Comisión Internacional de Juristas, Consejo Mundial de Iglesias, Federación Internacional de Derechos Humanos, Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Pax Christi Internacional, Asociación Internacional Contra la Tortura, Asociación de Juristas Demócratas, Liga Internacional para la Defensa de los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Penal Law Asociation, Minority Rights Group, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Federación de Familiares de América Latina, CLAMOR de Brasil, Vicaría de la Solidaridad de Chile, entre otras.

Aquellos jóvenes idealistas y solidarios martirizados por la abyecta dictadura militar nos han dejado una gran enseñanza: las instituciones democráticas deben ser defendidas a cualquier costo porque, en esencia, la democracia que supimos conseguir es eso, un grito de libertad, un alarido de justicia, el gobierno del pueblo y para el pueblo.

La última dictadura, además de los aberrantes crímenes descriptos, también cometió otros que terminaron condicionando el futuro de la Argentina: un legado de endeudamiento externo insoluble, corrupción estructural rampante en materia de obra pública, y otras, la “colonización” que las FF.AA de entonces hicieron sobre todas las oficinas del Estado, donde la idoneidad fue reemplazada por el parentesco, el “acomodo” que perdura hasta nuestro días en organismos nacionales, provinciales y municipales en los que, parece, la página del calendario no ha pasado al año 1984, lamentablemente. Democracia como asignatura pendiente, herencia maldita de una dictadura que destruyó todo, los cuerpos, las almas, la ética republicana, todo, y en nombre de pretendidos “valores” que los primeros en pisotearlos fueron ellos. Dios nos libre de ese pasado de horror que se cuela en el presente y ancla nuestro futuro como país.

La provincia de San Luis, por cierto, no fue ajena a esta dolorosa realidad nacional y subcontinental. Gran cantidad de, en su mayoría, jóvenes de nuestra patria chica, debieron padecer las infames mazmorras del “Proceso”. Además, debemos recordar que numerosos ciudadanos fueron asesinados en la vía pública por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad, hechos que hasta hoy no han sido esclarecidos.

Otros hijos de esta tierra han pasado a engrosar las interminables listas de “desaparecidos”, vocablo incorporado al diccionario universal de la vergüenza a causa de lo sucedido en Argentina durante este sangriento período.

A esta altura es propicia la ocasión para desafiar el olvido cómplice y recordar a los sanluiseños que fueron víctimas del terrorismo de Estado: Ana María Ponce, Domingo Britos, Marcos Ibañez, Santana Alcaraz, Jorge Reynaldo Ruarte, Norma Monardi, Jorge Gabriel Pujol, Lubino Amodey, Félix Roque Giménez, Adolfo Enrique Pérez, Leonor Rosario Landaburu de Catnich, Carlos Luis Mansilla, María del Carmen Bosco, Carlos Juan Allende, Fred Mario Erns, Luis Canfaila, Alfredo Felipe Sinópoli, Luis María Frumm, Graciela Fiochetti, Julio Everto Suárez, Elsa Alicia Landaburu, Mauricio López, Dante Bodo, Jorge Luis Ruffa, José Oscar Robustelli, Ricardo Enrique Saibene, Jorge Omar Cazorla, Tomás Horacio Carrucaburu, Nolasco Leyes, Anibal Torres, Pedro Valentín Ledesma, Angel Arturo Avellaneda y Domingo Edgardo Chacón.

Hoy podemos afirmar, con orgullo, que el paso del tiempo no ha borrado las profundas huellas de los imperdonables crímenes cometidos por los genocidas, ninguna autoamnistía, punto final o indulto pudo -ni podrá- lograr ese por ellos tan ansiado “manto de olvido” cómplice, encubridor de sus tropelías. Ese olvido maldito no llegará jamás, porque tiene perdida la batalla frente al ardor de la memoria del pueblo argentino.

 

El Tribunal a Ramírez: «Deberá abstenerse de cometer nuevos delitos»

Las más de 120 mil visualizaciones en la página de Facebook @danielpoderperiodista —ver gráfico— del artículo sobre la declaración de Alberto Rodríguez Saá en la causa Cintia Ramírez son una demostración contundente del interés público que tomó, con el paso de los días, ese proceso judicial.

La ex secretaria de Deportes fue condenada por unanimidad a un año y medio de prisión en suspenso por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes del funcionario público en perjuicio de la administración pública provincial, y fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.

Ramírez deberá abstenerse de cometer nuevos delitos y nunca más podrá ser funcionaria ni ocupar cargos electivos de ninguna naturaleza.

El Tribunal, integrado por los jueces Fernando de Viana, Adriana Alfonso Lucero y Eugenia Zabala Chacur, la absolvió “por el beneficio de la duda” en relación con el pago de un sobreprecio de 175 millones en la compra de un colectivo, lo que no supone necesariamente afirmar su inocencia.

Los jueces la absolvieron en esa acusación puntual porque no alcanzaron el grado de certeza necesario para condenarla. La prueba colectada no fue suficiente para demostrar su culpabilidad.

Sobre lo que no quedó dudas fue que se pagó un sobreprecio de 175 millones: la profesional que tasó el vehículo dijo ante los jueces que ese colectivo no costaba más de 114 millones; sin embargo, se terminaron pagando 290 millones de pesos a una empresa cuya actividad no era precisamente la venta de vehículos, al punto tal que la factura por la compraventa del colectivo llevaba el N° 0000001.

Un informe periodístico del colega Mauricio Conti, en el conurbano bonaerense y frente al domicilio acreditado como propiedad de la empresa vendedora, dejó en evidencia detalles opacos de una transacción que, más que un negocio, pareció esconder un negociado.

Lo cierto es que Rodríguez Saá se autoincriminó y ahora deberá enfrentar una denuncia penal por la compra de ese colectivo, de la que él se responsabilizó, involucrando al secretario general de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo, y al ex ministro de Gobierno, Fabián Filomena.

El acompañamiento a Rodríguez Saá en su paso por Tribunales deja otra interesante foto política para mirar con atención.

Pese a que uno de los abogados defensores de Ramírez, Ramiro Rubio —con vínculos familiares con el exgobernador—, dijo temprano en la mañana del jueves en los medios que Alberto Rodríguez Saá se presentaría a declarar, la presencia de dirigentes fue muy escasa.

Sólo se vio a los diputados Darío Neira y Silvia Sosa Araujo, al senador Hugo Olguín, al dirigente de Pedernera Orlando Grillo, y no mucho más, además de sus familiares. También estuvo cerca de Rodríguez Saá el concejal de Quines, Sergio “Peteco” Álvarez, quien a comienzos de año fue denunciado en una causa por violencia familiar en el Juzgado de Familia N° 5 y que está en trámite.

Cintia Ramírez fue hallada culpable y condenada por corrupción

La exsecretaria de Deportes en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez fue hallada culpable de delitos de corrupción y condenada a un año y medio de prisión en suspenso, y nunca más podrá ocupar cargos en la función pública.

Así lo resolvió el tribunal que la juzgó integrado por los jueces Fernando de Viana, Adriana Lucero Alfonso y Eugenia Zabala Chacur, minutos antes de las 17:30 horas.

Su juicio había concitado la atención pública no sólo por los volúmenes de dinero bajo investigación que se movieron en su gestión al frente de tres organismos -la secretaría de Deportes, el Ente de Deportes y el San Luis Futbol Club- sino también porque el exgobernador había sido propuesto como testigo por parte de su defensa.

Sin embargo, la declaración se jefe político -en la que se auto-incriminó- no sirvió para exonerarla de responsabilidades, y ahora él es denunciado por defraudación al Estado provincial.

Rodríguez Saá se complicó por su propia declaración y ahora es denunciado por defraudación a la administración pública

La situación judicial del exgobernador Alberto Rodríguez Saá sumó un nuevo capítulo de alto impacto político y judicial. La Fiscalía de Estado avanzará con una denuncia por presunta “defraudación a la administración pública” luego de que el propio exmandatario se autoincriminara durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.

La confirmación fue realizada por el fiscal de Estado adjunto, Rafael Berruezo, tras una audiencia que, lejos de beneficiar a la defensa, terminó complicando aún más el escenario para el exgobernador y su entorno.

Rodríguez Saá llegó a Tribunales el miércoles por la mañana rodeado de familiares y de su círculo más íntimo, entre ellos excolaboradores y dirigentes que hoy también enfrentan procesos judiciales. La escena tuvo una fuerte carga simbólica: un liderazgo político que durante años concentró poder, ahora compareciendo en un contexto de creciente judicialización de su gestión por denuncias de corrupción.

Su testimonio se dio en el marco de la causa que investiga la triangulación de fondos públicos a través de 188 transferencias entre organismos que estaban bajo la órbita de Ramírez. El expediente también incluye el análisis de un presunto sobreprecio de 175 millones de pesos en la compra de un colectivo destinado al San Luis Fútbol Club, una entidad creada por el propio Estado provincial.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó durante su declaración ante el tribunal integrado por Fernando de Viana, Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso. Allí, Rodríguez Saá admitió haber ordenado y ejecutado las decisiones bajo análisis.

Frente a esa situación, Berruezo solicitó la suspensión de la declaración para garantizar el debido proceso y abrir la posibilidad de imputarlo como coautor del delito investigado. El tribunal rechazó el planteo, y el exgobernador —visiblemente molesto— continuó declarando.

En ese tramo, profundizó aún más su exposición: además de asumir responsabilidades, involucró a exfuncionarios clave de su gestión. Se supone que la denuncia alcanzará al exministro de Gobierno Fabián Filomena, el exsecretario general Miguel “Micky” Berardo y el exministro de Hacienda Eloy Horcajo, algunos de ellos ya mencionados en la causa Ramírez.

Lejos de aliviar la situación de la ex secretaria de Deportes, la declaración del exgobernador consolidó la hipótesis de la fiscalía y abrió un nuevo frente judicial que ahora lo tiene como protagonista. La estrategia de presentarse como testigo terminó generando un efecto inverso: no sólo no logró desacoplar responsabilidades, sino que reconfiguró el mapa de imputaciones dentro del expediente. Y no exoneró a Ramírez que sigue en el centro de una de las causas.

El expediente, que ya tenía una dimensión relevante por el volumen de fondos investigados, adquiere ahora una escala política mayor. La eventual denuncia contra quien condujo la provincia durante años marca un punto de inflexión en la causa y proyecta sus consecuencias sobre todo la cima de su gestión que empieza a ser revisada en sede judicial.