Rivadera, defensor de Bazla: “Darío Oviedo actuó de manera unipersonal”

El abogado defensor Bautista Rivadera fija una línea argumental clara: sostiene que Ricardo Bazla es ajeno a cualquier maniobra irregular en la causa conocida como “El Caburé” y que el accionar cuestionado recae exclusivamente sobre el exfuncionario Darío Oviedo.

En esta entrevista, el letrado cuestiona el encuadre jurídico adoptado en la audiencia de formulación de cargos, denuncia una situación de indefensión por la ampliación de imputaciones y anticipa una estrategia centrada en demostrar que su defendido nunca tuvo conocimiento ni participación en los hechos investigados.


—¿El doctor Bazla ha sido imputado sólo por el delito de defraudación a la Administración Pública Provincial?.
—No. Ese fue un requerimiento del Ministerio Público Fiscal.
Fiscalía, previo a la audiencia de formulación de cargos, que fue el día 25 de marzo, nos notifica que el encuadre legal que le había dado a la situación provisoria de Bazla era respecto a ese delito, es decir defraudación contra la Administración Pública y nosotros íbamos a defendernos de ese delito, que fue el que solicitó la Fiscalía.

Ahora bien, en el desarrollo de la audiencia yo me adelanté porque una de las querellas, unos días antes de la celebración de dicha audiencia, le había pedido el Fiscal una ampliación de la formulación de cargos por otros delitos. Yo me opongo en función de que en esa audiencia no correspondía ampliar los cargos contra Bazla porque no habíamos sido anoticiados con suficiente antelación como merece una audiencia de esta naturaleza.

Nosotros, hoy o a más tardar mañana vamos a presentar un recurso de apelación. Lo haremos en función de que el Juez de Garantía permite a las querellas que son dos, una representada por el doctor Celdrán y la otra por el doctor Viano, llevar adelante esta ampliación de formulación de cargos por siete delitos distintos al cual el Fiscal había solicitado.

Eso nos colocó en una situación de indefensión absoluta, anoticiándonos de manera casi imprevista, «in voce» de siete figuras penales distintas a la que el Fiscal nos había anoticiado previo a la celebración de la audiencia.

—¿El Fiscal solicitó por un solo delito entonces?

Sí, el Fiscal pidió por un solo delito en la audiencia, pero el Juez permitió que las querellas hicieran una ampliación sobre siete figuras penales distintas. El Fiscal se mantuvo en su posición de que el delito es defraudación en perjuicio de administración pública.

—¿Las querellas son San Jorge Cereales y Galia Norte S.A.?

—Sí, son las dos firmas privadas que alegan haber hecho la siembra sobre ese campo, ese campo denominado erróneamente como El Caburé, porque en realidad se llama La Gitana.

—¿Qué delitos finalmente le imputó el Juez a Bazla?
—Luego de escuchar a las partes, el Juez  explicó que admitiría todos los cargos pretendidos, tanto por el Ministerio Público Fiscal, como por Fiscalía de Estado y por las querellas, y en ese sentido tuvo por formulados cargos provisorios por los delitos de defraudación, falsedad ideológica, utilización de un instrumento público agravado por la calidad del presunto autor, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.

—¿Usted desde cuándo tiene la representación legal del doctor Bazla?

—Hará casi dos semanas, desde una semana antes de la audiencia de formulación de cargos que fue el 25 de marzo. Y esta es la primera intervención que tengo.

—¿Qué evaluación o qué lectura hace sobre sobre el desarrollo de la causa?

—A ver, esta causa en función de lo que comenté respecto a esta ampliación que permitió el Juez de Garantías generó una gran confusión en función de que el propósito de la audiencia de formulación es darle precisión a la persona investigada que se la va a imputar por tal delito y que la Fiscalía cuenta con tal evidencia para sostener ese delito, ¿correcto?. En función a lo que permitió el Juez de Garantías de esta ampliación solicitada por las querellas a nosotros realmente se nos han generado más dudas que certezas.

Por eso previo a elaborar una defensa definitiva respecto a Bazla de aquí en adelante en el proceso, nosotros hemos planteado un recurso de apelación que va a ser tratado de aquí a dos semanas. Ese recurso es en relación a una nulidad que planteamos al inicio de la audiencia de formulación de cargos en relación a que se afectó el derecho de defensa en el marco de la audiencia en función de haber permitido esta ampliación de figuras penales.

Una vez que yo resuelva esta cuestión con el Tribunal de Impugnaciones y se reencauce a mi entender la causa como corresponde, ahí yo voy a definir lo que es la estrategia de defensa definitiva de mi representado.

Lo que sí digo, por lo que he visto en el expediente, es que mi defendido no se subsume, su conducta no encuadra en ninguno de los tipos legales que le están enrostrando al día de fecha.

— ¿Por qué defiende la inocencia de Bazla?

—Porque el actuó siempre en el marco de sus funciones administrativas. Además, la figura que enrostra el Fiscal, que es la defraudación, exige un montón de elementos para su comprobación. Primero, por ejemplo, demostrar que la persona imputada, en este caso Bazla, haya llevado adelante maniobras de ardid, engaño o utilizado influencias para cometer este perjuicio en contra del Estado, circunstancia que no ha ocurrido.

No hay ninguna evidencia que respalde que mi representado haya llevado adelante maniobras de esta naturaleza, porque insisto con esto, siempre lo hizo en el ejercicio de sus funciones administrativas, delegando la administración y regularización sobre ese inmueble en una persona que era Darío Oviedo.

La Fiscalía, a mi entender, de manera errónea, lo acusa a Bazla por una cuestión funcional o jerárquica. A ver, que si Darío Oviedo cometía acciones irregulares sobre la administración o puesta en condiciones de ese inmueble, le corresponden de manera solidaria a mi representado, es decir Bazla, lo cual no es cierto. Se debe demostrar la autoría material de que mi defendido tenía conocimiento de esa mala administración que estaba llevando adelante Darío Oviedo. Esa una circunstancia que no está comprobada.
No hay ningún elemento que demuestre realmente que Bazla tenía el conocimiento pleno de esa administración irregular que se estaba haciendo sobre la cosecha de ese campo.

Y aclaro algo que se presta a confusión: no es a quién le pertenece el maíz o a quién le pertenece el campo, porque la Fiscalía inclusive ha reconocido que el campo es del Gobierno, del Estado de la provincia. Recuperado por la administración de Bazla. Y ese maíz al estar sembrado en un fondo que es de propiedad del gobierno de la provincia, se presume hasta el día de la fecha que es también del gobierno de la provincia. Esta es la visión de la Fiscalía y también la visión nuestra como defensa.

Hay un expediente aparte tramitando sobre esa discusión, en relación a la propiedad del maíz y hasta que no se demuestre que ese maíz le pertenecía a las firmas hasta el día de la fecha ese maíz y esa cosecha le pertenecía al gobierno de la provincia. Esta es una visión inclusive del Ministerio Público Fiscal.

—¿Usted dice que, aún cuando hayan autorizado la cosecha de ese maíz sin expedientes, está exonerado de responsabilidad Bazla?.

—Esa es la discusión, y eso es lo que plantea la Fiscalía, ese es el objeto del proceso, si en la cosecha de ese maíz hubo o no hubo irregularidades. La discusión que yo planteo es que si esa cosecha por más que haya sido irregular es atribuible a Bazla.
Porque Bazla, en todo momento, cuando Darío Oviedo le informó que iba a cosechar le requirió la presencia del cosechador para firmar el convenio correspondiente. Porque Bazla tenía plena conocimiento de que para llevar adelante una contratación privada con un tercero, en este caso un cosechador, debía obligatoriamente celebrar un contrato, generar un expediente, pero previo a eso debía conocer a la persona física del cosechador; y es lo que le requirió en todo momento a Oviedo. Y Darío Oviedo no cumplió. Darío Oviedo actuó de manera unipersonal, celebró un contrato firmado con una persona de apellido Anselmi, y le indicó que debía llevar adelante la cosecha sin que ese contrato lo haya firmado Bazla.

Cuando Bazla se entera de las acciones irregulares que se estaban llevando adelante en la administración que hacía Darío Oviedo, interpuso la denuncia y le pidió la renuncia a Darío Oviedo. Entonces eso no es el accionar de una persona que esté en conocimiento, que sea parte de una maniobra ilícita con el propósito de sacar un provecho económico.

— ¿Qué opina el doctor Bazla de la causa?
— El está confiado. El tomó la decisión de renunciar a su cargo para no perjudicar la gestión del gobierno. Está tranquilo, confía en que el proceso va a esclarecer realmente cómo han acontecido las cosas. Pero bueno, esto es un proceso, lleva sus etapas y ya está informado por mi parte como su letrado defensor de que en esto hay que tener paciencia. Quedan varias etapas todavía.

—¿Un Tribunal de Impugnaciones debe resolver ahora sobre este planteo de nulidad que usted ha planteado?

— Claro. A ver, después de la audiencia de formulación de cargos yo planteé la nulidad, por una falta de formalidad esencial que no cumplió la Fiscalía, y es que debía notificarlo a Bazla al inicio de esta causa, conforme el artículo 38 del Código de Procesamiento Criminal, para decirle: señor usted está siendo investigado, usted debe asumir la calidad de imputado y debe defenderse de esta denuncia, una cuestión que no ocurrió a mi entender, y que afectó el derecho de defensa. Casí también, apelé lo que respecta a esta ampliación de formulación que el Juez de Garantías le permitió a las querellas que nos generan más dudas que certezas.

 

— ¿Usted está convencido de la inocencia de Bazla, y su argumento es que no firmó nada y que cuando tomó conocimiento de que había un procedimiento irregular para ejecutar una cosecha, Bazla despidió a ese funcionario?.

—Exactamente. Además, otra cosa que me gustaría remarcar es que Fiscalía le ha dicho que acá ocurrió un perjuicio, un perjuicio que ni siquiera está demostrado porque a ver, independientemente de que esa cosecha se haya hecho de manera irregular, necesariamente debía hacerse haciendo averiguaciones a posteriori porque ese maíz reconocido por el propio cosechador estaba en muy mal estado.

Es muy importante tener en cuenta que el propio cosechador fue entrevistado por la Fiscalía, él dijo haber sido contratado directamente por Darío Oviedo, que esa cosecha fue mala, no le generó el rinde que él esperaba, le generó inclusive hasta pérdidas y hasta él especificó el destino de esa cosecha.

Digo esto porque hay mucha desinformación, que se está ventilando de que mi representado había sacado provecho económico de esa cosecha y se la habría quedado. No, el propio cosechador especificó ya el destino de esa cosecha, el producido de esa cosecha que él agarró básicamente y la llevó a un campo que está a 30 o 40 kilómetros, que es el campo denominado El Lucho, y la destinó al silo. O sea, la cosecha está en la panza de los animales básicamente.

—¿Por qué cree que el Juez hizo lugar a estas imputaciones contra Bazla?

—A mí criterio, la visión del Juez fue errónea en la audiencia de formulación de cargos, por eso he interpuesto una apelación.

En realidad, quien tiene la visión o es titular de la acción pública del Ministerio Público Fiscal, a quien yo tengo que persuadir de que cambie su visión, es a la Fiscalía. Y Fiscalía se está basando en indicios, y eso es entendible por estamos en una etapa provisoria.

Acá no estamos diciendo que van a exculpar en absoluto, esto es provisorio. Bazla recién están siendo investigado, una investigación preparatoria que ha iniciado posterior a la audiencia de formulación de cargos. Esos indicios para mí no son suficientes o no van a poder ser sostenidos en una etapa más avanzada del proceso.

—¿Qué opina de la condena social que pesa fundamentalmente sobre los exfuncionarios?

—Creo que, es un error… No soy muy partidario de ver mucho qué dicen los medios, me manejo mucho con lo que es el expediente, pero creo que hay dos procesos que para mí tienen una causa de esta naturaleza, que es el proceso judicial y el proceso mediático. Y como digo, ha habido mucha desinformación inicial donde se dijo que en un momento de que mi representado junto con funcionarios del gobierno habían sacado provecho, circunstancia que no ocurrió porque la realidad es que ningún funcionario, ni siquiera Darío Oviedo, sacó provecho económico de esta mala cosecha reconocida por el propio cosechador.

Sí creo que es un error, creo que la gente debe entender que esto es un proceso penal que recién está iniciando y que, sobre toda persona, hasta que no recaiga una condena firme, no se destruye su estado de inocencia.

Esto quiero dejarlo en claro, el señor Bazla es inocente. Hasta el día de la fecha no hay ninguna condena firme en su contra.

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Estrada: “No ha podido ser cuantificado el daño al Estado”

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El fiscal Leandro Estrada analizó en detalle para el diario Todo Un País la causa conocida como “El Caburé”, un expediente que investiga presuntas irregularidades en la administración de un campo recuperado por el Estado provincial.

En esta entrevista, que DePolítica reproduce a continuación, explica el origen del conflicto, el rol de los funcionarios imputados, las decisiones judiciales adoptadas y las dificultades para determinar el daño económico, en un caso atravesado por la ausencia de registros formales y la disputa sobre la propiedad de la producción agrícola.

—La causa es conocida como El Caburé. ¿El campo en cuestión tiene otro nombre?
—El campo se llama “Las Gitanas”. El Caburé es el nombre de la sociedad anónima que tenía el campo.

—¿Ese campo fue vendido o cedido por el Estado a un particular llamado Daniel Lucero?
—No es que fue vendido, fue -cedido- en propiedad con la condición de realizar determinados actos que no hicieron.

—¿Era parte de los campos cedidos por el Estado a particulares para que desarrollaran proyectos productivos del programa Pioneros Siglo XXI?
—Exacto, exacto.

—¿Lucero pagó sólo cinco cuotas de lo que establecía ese acuerdo con el Estado y lo siguió explotando para su propio beneficio?
—Nosotros a ese expediente administrativo no lo tenemos. Lo que tenemos son referencias y las referencias son que, en el año 2018, y en realidad el proceso administrativo empieza antes, pero en 2018 se finaliza con la desadjudicación del campo a la empresa El Caburé.
Ese proceso de desadjudicación se comenzó haciendo una serie de constataciones en el campo de que no se estaba cumpliendo con el objeto. Si le pagó o no le pagó al Estado, no lo sé.

—¿Cómo siguió esa disputa?
—En el 2018 se saca el decreto que se desadjudica el campo, y en el artículo N°2 se ordena la recuperación del campo. A ese decreto le meten un recurso de revocatoria que es resuelto en el 2022 por extemporáneo. Y después interponen un recurso de revisión contra ese decreto de rechazo de la revocatoria y ahí queda hasta la notificación en abril del año 2024 cuando el Gobierno toma posición del campo.

—¿Qué dimensión tiene el campo?
—El campo son mil novecientas noventa y siete hectáreas, ubicado en la ruta N°27 kilómetro 144, al lado del llamado Pueblo Ranquel.

—Por la administración de ese campo fue denunciado por Fiscalía de Estado el exfuncionario Darío Oviedo.
—No. Lo explico. En el interín entre 2018, en que fue notificado Lucero del decreto de desadjudicación por parte del Estado y el 2023 en el que el Estado provincial toma control del campo, Lucero por la empresa El Caburé realiza dos contratos de parcería.

—¿Qué es parcería?
—Un contrato para la siembra del campo, lo cual no está en el objeto.
Firma dos contratos; uno por 440 hectáreas para ser sembradas, y otro por 1.400 también para la siembra.

—¿Con quién firma estos contratos Lucero?
—Hace un contrato con una empresa que se llama Galia Norte S.A. y otra llamada San Jorge Cereales.
Galia Norte S.A., que está representada por Germán Vaira, es la que hace la denuncia contra Ricardo Balza, Darío Oviedo y otros funcionarios. La otra empresa no hace la denuncia y se presenta como particular, como querellante particular, pero no hace una denuncia en particular.

—Oviedo es expulsado del Gobierno y tiene una denuncia de Fiscalía.
—No. Fiscalía de Estado nunca lo denunció. Lo que Fiscalía de Estado denuncia son gestiones anteriores a este hecho, y yo lo que hago es ordenar el desglose si no se contamina el expediente, dado que no tienen que ver una cosa con la otra. Ordeno el desglose, formo un nuevo expediente y lo remito a la Fiscalía en turno. No me queda a mí ese expediente.

—Entonces, paso en limpio, hablamos de una causa que es contra Oviedo, contra Bazla y otros funcionarios, que impulsa Germán Vaira de la empresa Galia Norte S.A.
—Exacto. Germán Vaira, de Galia Norte S.A., que tiene el patrocinio de Pascual Celdrán.

—¿Cuál es el delito que se les imputa formalmente a Oviedo y a Balza?
—El mismo, defraudación en perjuicio de la administración pública.

—¿Un solo delito?
—Un solo delito. Defraudación en perjuicio de la administración pública.

—¿Cuál es el núcleo de la acción en investigación?
—El tema es así. Cuando ellos recuperan el campo en abril del año 2024 se encuentran con que el campo está sembrado. Para el Ministerio Público Fiscal ese campo es de la provincia, es del Estado provincial. En consecuencia, es un bien del estado provincial, y el maíz también.
Porque la siembra en fundo ajeno tiene dos consecuencias. Si es de mala fe, el que sembró pierde todo lo cosechado. Y si es de buena fe tiene un derecho a la compensación, lo que nunca es propietario de ese maíz.
Esa es una cuestión a debatirse en una sede administrativa, de quién es la propiedad del maíz, y si corresponde o no pagar una compensación. Pero en el estado en que se encuentra, el campo es del Estado provincial. Al encontrarlo que está sembrado es un bien del Estado, y entonces, queda sometido a las reglas de la Ley de contabilidad.
De la misma forma que compras una impresora o se rematan los autos en desuso. Acá, lo que pasa es que ellos contratan un sembrador de la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, sin procedimiento administrativo, sin respetar la norma del artículo N°93, N°94 y N°100 Ley de contabilidad.

—¿Esto lo hacen Oviedo y Bazla?
—Lo hace Oviedo materialmente, el contrato lo firma en una estación de servicio. Y Bazla no tiene una acción material. Él no contacta con el cosechador, él no se llevó una carretilla de maíz, él no manejó el camión, pero sí sabía que esto estaba ocurriendo.

—¿Le cabe responsabilidad por ser el superior de Oviedo?
—Son los que se denominan delitos de comisión por omisión. Es como un guardavida que está parado en la playa, ve que alguien se ahoga y no hace nada para evitarlo. Esta situación es igual.

—¿Cómo es que Vaira es querellante si nunca fue propietario del campo?
—Claro, porque ellos pueden tener un interés legítimo en la siembra.

—¿Aún cuando el campo no era de ellos?
—Te dije que había que diferenciar la buena fe y la mala fe. Te digo más. Las dos empresas, las dos personas jurídicas –Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales– lo denuncian a Lucero por desbaratamiento de derechos acordados, en el sentido de que le dicen: “nunca me dijiste que este campo no era tuyo”.

—¿Y dónde está esa denuncia?
—Acá en la Segunda Circunscripción. Después ellos arriban a un acuerdo donde Lucero les cede las acciones del campo, de un campo que no era propio. Son pícaros. Por eso digo, si se mezclan las cosas te la enturbian. Es más, uno de los… el representante de la persona jurídica San Jorge me pide la devolución del campo. Le dije: no te lo voy a dar, ese campo es del Estado. Andá a pelearla en un juicio de escrituración, en un juicio interdicto de recobrar la posesión, lo que fuere. ¿Cómo me vas a pedir a mí? Son unos pícaros. Es más, están imputados por usurpación. Y en otra fiscalía, en la Fiscalía 3, los representantes de San Jorge Cereales están imputados por usurpación porque los tipos fueron de guapo y se metieron en el campo una vez que el Estado ya lo había recuperado. ¿Por qué son querellantes? Porque ellos sí sembraron. Ahora, si ellos sembraron de buena fe, el Estado provincial le tiene que pagar una compensación. Y ese es el perjuicio que generó Bazla y Oviedo a los fines de la calificación legal. Han expuesto al Estado provincial a un juicio por una compensación por una siembra de la que dispusieron como si fueran los dueños.

—¿Y qué denuncias hay contra Lucero que alquiló el campo sin ser el dueño?
—Lucero, de la firma El Caburé S.A., tiene una denuncia que hicieron los otros dos –Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales– por desbaratamiento de derechos acordados. Pero después lo arreglaron. Hicieron un acuerdo de conciliación. Eso es válido en el procedimiento penal. Alejandro Ingaramo y Alejandro Viano son los representantes de San Jorge Cereales. Y Vaira es el de Galia Norte S.A.

—¿Cuál es el rol de Francisco Anselmi?
—Anselmi es el cosechador. El que cosechó.

—¿Él ha tenido que declarar? ¿Qué ha dicho?
—Él vino a una entrevista y dijo que el maíz era de mala calidad.

—¿Y quién lo buscó para ese trabajo?
—A él lo buscó Oviedo. Lo contactó Oviedo. Se manejó siempre con Oviedo. El tipo siempre entendió estar contratando con el Estado a través de un funcionario del Estado.

—¿Le pagaron?
—No, porque el acuerdo era así. Un acuerdo que en realidad solo firmó Anselmi; Bazla no lo firmó nunca. Ni Oviedo tampoco. Es decir, que ejecutaron un contrato no firmado por el Estado. Peor todavía.
El acuerdo era 750 kilogramos de maíz por hectárea para el cosechador. Y lo que superara ese peso era para el Estado provincial. Lo que sobrara se tenía que poner en un silo bolsa y dejarlo a un costado, ahí al lado del campo Nación Ranquel, a la espera de cómo se pronunciara la Justicia sobre la propiedad de ese maíz.
Anselmi dice que nunca llegó a los 750 kilogramos por hectárea. De manera que todo lo que se llevó se lo llevó para él. Del campo “La Gitana” –propiedad de la empresa El Caburé– a un feedlot que tiene contratado a 40 o 50 kilómetros, que es en el campo El Lucho.

—¿Y ese campo El Lucho de quién es?
—De un señor de apellido Kurt, que se lo alquila a Anselmi para que tenga un feedlot.

—¿Y cuánto es en dinero?
—No, no tenemos idea. ¿Sabés por qué? Porque justamente no hay papeles. Al no haber procedimiento administrativo nosotros no podemos establecer cuál es la cantidad real de maíz, cuál es la naturaleza, la calidad del maíz. No sabría a quién creerle.

—¿O sea que el daño al Estado no ha podido ser cuantificado?
—No ha podido ser cuantificado el daño al Estado. Lo que sí queda claro es que estaba el maíz y ahora no está más. Esa modificación en el patrimonio representa un perjuicio.

—¿O sea que lo único que hay es la declaración de Anselmi sobre los kilos de rinde en toneladas?
—1.400 hectáreas. Claro, ni siquiera dice la cantidad de toneladas que sacó. Dice: “yo coseché 1.400 hectáreas de maíz y estaba en el piso. Era de muy mala calidad”. Y un informe que le hace a Oviedo y a Bazla en WhatsApp, nunca por escrito administrativamente correcto, donde dice que en realidad se cosecharon 1.800 hectáreas. Entonces lo que yo digo es, siempre digo y me refiero, es que hay una cosecha aproximada de 1.400 a 1.800 hectáreas.

—¿Quién investiga lo que sucedió en años anteriores? ¿Debe ir en otra denuncia aparte de esta?
—La denuncia se hizo. Pero se hizo en este mismo expediente. Y para no demorar nada, porque si no se te traba todo el expediente porque estás investigando hechos distintos, yo ordené el desglose, formé un nuevo expediente y lo mandé a la Fiscalía en turno, que creo que era Fiscalía N°3. Porque si no, se mezcla todo.
Está en otra Fiscalía. Si hubiese quedado en mi Fiscalía yo lo profundizo, pero no quedó en mi Fiscalía. Yo no estaba de turno en el día en que se presentó esa denuncia.
Lo que necesito que entiendan es que son cuestiones distintas. Es como si a mí en un proceso me investigaran por un hecho ocurrido en el 2010, en el 2014, en el 2022, otro por hurto y otro por, no sé, un delito contra la integridad sexual. No los podés mezclar. Tienen objetos distintos.

 

Bazla pidió licencia sin goce de haberes para defenderse de una denuncia

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El secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión de la provincia de San Luis, Ricardo Bazla, solicitó formalmente una licencia sin goce de haberes por el término de noventa días al gobernador Claudio Poggi para dedicarse a su defensa ante una denuncia penal presentada en su contra.

La decisión fue comunicada por el propio funcionario y quedó plasmada en una nota dirigida al mandatario provincial con fecha 10 de marzo de 2026. En ese documento, Bazla pide ser relevado transitoriamente de sus funciones para poder concentrarse en la respuesta judicial a las acusaciones que enfrenta.

“Motiva la presente petición el hecho de estar siendo personalmente afectado con falsas e injustas acusaciones, en las que se pretende poner en tela de juicio la transparencia de mi gestión”, señala el funcionario en el texto presentado al gobernador.

La licencia solicitada es sin goce de haberes y por un plazo de 90 días. Bazla ocupa el cargo de secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la actual administración provincial.

En la nota, el funcionario también remarca que su decisión busca evitar cualquier impacto institucional sobre el gobierno provincial mientras se sustancia el proceso judicial. “Es mi férrea voluntad no permitir que su buen nombre, honor y excelente labor de gobierno se vea empañada por maniobras espurias”, expresa en el escrito dirigido al mandatario.

Bazla afirma además que utilizará este período para ejercer plenamente su derecho de defensa. “Estoy dispuesto a enfrentar, ejercer mi defensa y sostener mi estado de inocencia”, señala en la solicitud elevada al Poder Ejecutivo.

La denuncia que alcanza al funcionario fue presentada por el abogado Pascual Celdrán -el mismo que pidió que el exministro Sergio Freixes cumpla su condena en prisión domiciliaria y no en el Servicio Penitenciario- en representación de Enrique Vaira y está vinculada al caso de la estancia “El Caburé”, un proyecto productivo ubicado en el sur de la provincia cuyo control fue recuperado por el Gobierno de San Luis.

Tras conocerse la presentación judicial, Bazla decidió solicitar la licencia para dedicarse exclusivamente a su defensa y evitar que la situación personal interfiera con el funcionamiento de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión.

La Justicia ratificó duras restricciones contra tres exfuncionarios de Rodríguez Saá

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La Justicia de San Luis resolvió ratificar y prorrogar por 60 días las medidas de coerción impuestas a tres exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, imputados en una causa por fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La decisión fue adoptada el pasado 22, durante una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de lo previsto por el artículo 208 del Código Procesal Penal de San Luis.

Quiénes son los imputados

La resolución judicial alcanza a Luciano Anastasi, Juan Claudio Latini y Ernesto Nader Alí, todos ellos exfuncionarios provinciales durante la última gestión de Alberto Rodríguez Saá. El expediente identifica además a Alí como diputado nacional por San Luis, lo que añade un componente institucional y político adicional al caso.

La investigación penal apunta a presuntas maniobras cometidas desde el Estado provincial, vinculadas al manejo de fondos públicos y al ejercicio irregular de funciones administrativas.

Qué medidas ratificó la Justicia

Lejos de tratarse de una resolución meramente formal, el tribunal ratificó un conjunto de restricciones severas, que continuarán vigentes por al menos 60 días más:

  • Prohibición de salida del país, lo que impide a los imputados viajar al exterior.
  • Obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia, firmando el libro correspondiente para acreditar su sujeción al proceso.
  • Inhibición general de bienes, una medida clave que les impide vender, comprar o disponer de su patrimonio, tanto bienes muebles como inmuebles.

En términos prácticos, esto significa que los exfuncionarios no pueden realizar operaciones comerciales ni patrimoniales, una señal clara de la gravedad con la que la Justicia evalúa el riesgo procesal y la magnitud de los hechos investigados.

El planteo de la Fiscalía y la oposición de las defensas

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Linda Yanina Maluf Martínez, solicitó la prórroga de las medidas de coerción, pedido al que adhirió la Fiscalía de Estado en su rol de querellante.

Las defensas técnicas de los imputados se opusieron de manera unánime, cuestionando la continuidad de las restricciones y dejando asentada, en algunos casos, la reserva de recurrir la decisión ante instancias superiores. Sin embargo, el juez rechazó esos planteos.

La causa adquiere un peso específico por tratarse de exfuncionarios del riñón de una administración que gobernó San Luis durante años, y vuelve a poner en el centro del debate público la responsabilidad penal de quienes ocuparon cargos clave en el Estado provincial.

La ratificación de medidas como la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país marca un punto de inflexión en el expediente y anticipa que la investigación judicial seguirá avanzando.

Cómo sigue la causa

Luego de estos 60 días, se espera la formal acusación por parte de la Fiscalía, para luego iniciar el trámite hacia el juicio oral y público de los tres exfuncionarios.