Freixes pidió prisión domiciliaria y argumentó razones humanitarias

La defensa del ex ministro de la Legalidad de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes, presentó ante la Justicia Federal un incidente solicitando que la pena impuesta en su contra sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Actualmente cumple condena en el Servicio Penitenciario de San Luis.

El planteo fue formulado por su abogado defensor, Pascual Agustín Celdrán, en un escrito dirigido al tribunal en el que se invocan razones humanitarias, el prolongado tiempo transcurrido desde los hechos y la situación personal del condenado.

El pedido no discute la condena ni la responsabilidad penal establecida en la sentencia. Según se señala en el documento, la pretensión apunta exclusivamente a modificar la modalidad de ejecución de la pena, es decir, que la privación de la libertad se cumpla en el domicilio y no en un establecimiento penitenciario.

Uno de los ejes centrales del planteo es el paso del tiempo. La defensa sostiene que los hechos por los cuales Freixes fue condenado -el pedido de renuncia anticipada a jueces- ocurrieron entre los años 2004 y 2005, mientras que la sentencia quedó firme recién en 2025. En ese contexto, el escrito afirma que han transcurrido más de veinte años desde el inicio del proceso, período durante el cual el acusado permaneció sometido a la jurisdicción judicial sin registrar nuevas causas penales ni reincidencias.

El documento argumenta además que durante todo ese tiempo Freixes se mantuvo a derecho, compareciendo a las citaciones judiciales y cumpliendo con las obligaciones del proceso. Según la defensa, ese comportamiento demostraría que no existe riesgo de fuga ni peligro actual para la sociedad.

Otro punto relevante del escrito es la situación de salud de su esposa, Viviana Beatriz Moreyra. De acuerdo con la documentación médica de la que habla el escrito, la mujer padece un cuadro severo de deterioro articular con dolor crónico, limitaciones funcionales importantes y un proceso inflamatorio que afecta especialmente sus manos, hombros y rodillas. La defensa sostiene que estas condiciones generan una dependencia funcional que requiere asistencia permanente.

En ese marco, el planteo afirma que Freixes cumple actualmente el rol de cuidador principal dentro del hogar, ocupándose de tareas básicas de asistencia cotidiana, administración de medicación y movilidad. Por esa razón, el escrito sostiene que el encarcelamiento en una unidad penitenciaria dejaría a su esposa sin el apoyo necesario para su vida diaria.

El incidente también menciona otro elemento: la trayectoria institucional del propio Freixes. La defensa recuerda que el condenado se desempeñó como ministro de la Legalidad de la provincia de San Luis y sostiene que esa exposición pública podría generar riesgos para su integridad física dentro de un establecimiento penitenciario, debido a la posibilidad de contacto con personas privadas de libertad afectadas por decisiones tomadas durante su gestión.

En caso de que la solicitud sea concedida, la defensa propuso que la prisión domiciliaria se cumpla en una propiedad ubicada en el departamento Gobernador Dupuy, en la zona de Nueva Galia. El tribunal deberá ahora correr vista al Ministerio Público Fiscal y evaluar las pruebas ofrecidas, entre ellas informes médicos y sociales, antes de resolver si corresponde modificar la modalidad de cumplimiento de la pena.

El Colegio de Abogados analizará la sanción a las defensoras que denunciaron a tres jueces

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

El conflicto judicial que involucra a dos abogadas defensoras y a integrantes del Tribunal de Impugnaciones sumó un nuevo capítulo institucional: el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis (CAPSL) confirmó que analizará la situación luego de recibir formalmente a las profesionales sancionadas.

El presidente del Colegio, Gabriel Alessandro, mantuvo una reunión con las letradas matriculadas, quienes expusieron ante las autoridades de la institución los alcances de la resolución judicial que les impuso una sanción económica en el marco de una causa penal en trámite. Durante el encuentro, explicaron los recursos presentados y plantearon lo que consideran una situación de arbitrariedad y una posible afectación al ejercicio profesional.

Desde el CAPSL informaron que el planteo fue recibido formalmente y que el Directorio evaluará eventuales acciones institucionales ante la posibilidad de que se estén vulnerando derechos vinculados al libre ejercicio de la abogacía o condicionando el desempeño de la defensa técnica. La entidad subrayó que el análisis se realizará “con responsabilidad y prudencia” y dentro de los canales institucionales correspondientes.

El Colegio también remarcó que el caso adquiere una relevancia adicional por tratarse de dos mujeres abogadas, lo que podría implicar una mayor gravedad institucional si se comprobara una afectación al ejercicio profesional en condiciones de igualdad. En ese marco, la institución reafirmó su compromiso con la defensa del libre ejercicio de la profesión, las garantías profesionales y el acompañamiento a sus matriculados dentro del Estado de Derecho.

La intervención del Colegio se produce luego de que las abogadas Ana María López y María Victoria Robledo -tal como informó esta página- denunciaran penalmente a los tres jueces que las sancionaron: Jorge Ernesto Sabaini Zapata, Yanina Verónica Del Viso y Laura B. Molino.

El origen del conflicto.

La polémica se originó en una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal de Impugnaciones rechazó una apelación presentada por la defensa de un imputado en una causa por abuso sexual y, al mismo tiempo, aplicó una sanción disciplinaria contra las letradas. La medida consistió en una multa equivalente al 20% del sueldo de un secretario judicial y la remisión de antecedentes al Colegio de Abogados.

En su fallo, el tribunal sostuvo que la defensa había incurrido en conductas “dilatorias y obstruccionistas” que habrían obstaculizado el avance del proceso. La resolución incluyó además una advertencia por el supuesto uso de jurisprudencia inexistente, atribuida a un uso irresponsable de inteligencia artificial.

Tras la notificación, las abogadas denunciaron penalmente a los magistrados por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato. Según su presentación, la sanción fue aplicada sin identificar de manera concreta qué conductas realizaron ni qué escritos firmaron personalmente. También sostienen que se les atribuyeron presentaciones de otros abogados de la defensa y que el fallo menciona actuaciones que —afirman— no existen en el expediente.

En paralelo, las letradas presentaron una recusación para apartar a los jueces del caso por considerar afectada su imparcialidad y un recurso para que la sanción sea revocada. En sus escritos, sostienen que la medida tiene un efecto “disciplinador” sobre el ejercicio del derecho de defensa y advierten sobre un posible sesgo de género, al señalar que solo fueron sancionadas las dos mujeres del equipo defensor.

Mientras la causa penal principal continúa su trámite, la denuncia contra los magistrados deberá ser investigada por la fiscalía. El pronunciamiento institucional que eventualmente adopte el Colegio de Abogados podría convertirse en un elemento clave en un conflicto que ya trascendió el ámbito estrictamente judicial y adquirió dimensión institucional.