Autor: DePolítica

Corrupción: sospecha y mancha sobre el gobierno de Rodríguez Saá

La familia política de Alberto Rodríguez Saá tendrá esta semana una nueva cita con la Justicia por presuntos hechos de corrupción cometidos en el último tramo de su mandato, un período de gobierno marcado por la influencia de su hijo Alberto, quien instaló a su círculo de amigos en casilleros estratégicos de poder dentro de Terrazas del Portezuelo.

El próximo martes, Sergio Freixes —en prisión desde el 29 de noviembre del año pasado, tras ser condenado por hacer firmar renuncias en blanco a jueces— será acusado de liderar una asociación ilícita que se habría aprovechado de fondos públicos mientras ejercía la administración del denominado Pueblo Ranquel. Allí se autoproclamó lonko junto al hijo del entonces gobernador, lo que les permitió manejar los recursos y la riqueza de ese territorio.

También su esposa, Viviana Moreyra; su secretaria, Sofía Aguilera; y otros colaboradores deberán responder por el manejo de casi 700 millones de pesos que el Gobierno giró a esa comunidad en apenas tres años, entre 2020 y 2023.

En términos concretos, la acusación fiscal sostiene que la familia Freixes, administradora de la sociedad “El Relincho S.A.”, defraudó a la administración pública mediante la malversación de los fondos transferidos al Pueblo Ranquel.

Esos recursos se canalizaban a través de dos cuentas bancarias: una en el Banco Supervielle, donde el Gobierno depositaba la coparticipación junto a otros fondos bajo la figura de Aportes del Tesoro Provincial; y otra cuenta en la que se registraban los ingresos derivados de la explotación agropecuaria —siembra, cosecha y producción ganadera— de las 66 mil hectáreas cedidas a la comunidad.

Un dato ilustra tanto la mecánica como la magnitud de las transferencias discrecionales hacia el municipio ranquel, administrado por Freixes y su entorno.

Tres días antes de dejar la Gobernación, el 7 de diciembre de 2023, Rodríguez Saá ordenó una transferencia de 50 millones de pesos en concepto de Aporte del Tesoro Provincial.

Ese movimiento, a tan pocos días del cambio de gestión, aparece inscripto en una dinámica de utilización intensiva de fondos públicos tras la derrota electoral del 11 de junio de ese año. Objetivo: el vaciamiento de las cuentas públicas de la provincia.

El 11 de diciembre de 2023, ya finalizado el mandato, Sergio Freixes intentó retirar otros 50 millones de pesos de la cuenta del Pueblo Ranquel para transferirlos a una cuenta de la Asociación Civil Festival El Caldén. La operación no se concretó porque fue rechazada por un contador.

Inclusión y millones

Este mismo martes, el exministro de Inclusión, Nicolás Anzulovich, también deberá comparecer ante la Justicia. En su caso, será en el marco de la audiencia de formulación de cargos en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Anzulovich, exfuncionario de Rodríguez Saá y esposo de la exsenadora Eugenia Catalfamo, integraba el grupo de dirigentes que el propio exgobernador solía destacar públicamente como los “jóvenes brillantes” de su gabinete.

Sin embargo, en junio de 2023 fue denunciado por Alicia Toribio, trabajadora del Plan de Inclusión, luego de que se viralizara una publicación de una concesionaria de vehículos de alta gama que lo felicitaba por la compra de una motocicleta. “Vendemos felicidad. ¿Qué esperás para darte un gustito?”, decía el mensaje. En la imagen, Anzulovich posaba junto al vehículo, montado en la parte trasera de su camioneta.

Posteriores publicaciones periodísticas lo señalaron como propietario de un garage con vehículos de alto valor y de una vivienda en el exclusivo barrio Refugio del Lago, en La Florida, diseñada por el estudio chileno “Tres Arquitectos”, de los reconocidos arquitectos Benjamín Lezaeta, Juan Samaniego y Emilia Lavanchy.

Aquella denuncia, luego ampliada por Fiscalía de Estado, lo ubica ahora, tres años después, frente a la instancia de imputación judicial.

Estamos en WhatsApp: Seguinos acá

José Giraudo: «Claudio Poggi, un gobernador para la historia»


José Giraudo. Magister en Derecho Electoral

A veinte días de la asamblea legislativa que todos los 1º de abril da comienzo el período de sesiones ordinarias de San Luis, y luego de haber leído y escuchado muy diversas opiniones, sobre todo aquellas que señalaron, sorpresa al menos, por el hecho de que el gobernador basara todo su discurso en tan sólo dos temas: educación y reforma constitucional, escribo mi propia reflexión sobre lo sucedido.

Es cierto que la decisión de que todo su discurso gire en torno a sólo dos temas, sobre todo de un gobernador que activó numerosas políticas públicas, muchas abandonadas en el gobierno pasado, que podría haber enumerado ampliamente: emprendedurismo, viviendas, escrituras, normalidad en las cuentas fiscales sin recurrir a endeudamiento (San Luis y La Pampa son las únicas dos provincias de toda Argentina que no tienen deudas), etc. llamó la atención. Pero la explicación más acertada al respecto, a mi entender es que Claudio Poggi demostró en esa asamblea que quiere ser un gobernador para quedar en la historia.

Otto Von Bismark, unificador de Alemania, hace más de 200 años decía que “Un gobernante (político) piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación”.

De la exposición de un estadista hemos sido testigos el 1º de abril en la inauguración del período de sesiones ordinarias del 2026. Más allá de las críticas, tan coyunturales como efímeras, que sectores interesados pueden haber derramado en estos 20 días, es para destacar que el gobernador, ajeno o conocedor de las posibles diatribas optó por dos claros ejes discursivos: La educación y la institucionalidad.

Es cierto que la decisión de que todo su discurso gire en torno a sólo dos temas, sobre todo de un gobernador que activó numerosas políticas públicas, muchas abandonadas en el gobierno pasado, que podría haber enumerado ampliamente: emprendedurismo, viviendas, escrituras, normalidad en las cuentas fiscales sin recurrir a endeudamiento (San Luis y La Pampa son las únicas dos provincias de toda Argentina que no tienen deudas), etc. llamó la atención. Pero la explicación más acertada al respecto, a mi entender es que Claudio Poggi demostró en esa asamblea que quiere ser un gobernador para quedar en la historia.

Todo lo expuesto en materia de educación, largo por cierto (más de dos horas de discurso), tenía un sentido muy específico dirigido no a la coyuntura, sino al futuro. Los países más desarrollados son los que mayores y mejores calidad de conocimientos tienen. Enumero todas y cada una de las acciones que, más allá de las relacionadas con infraestructura, implementa su gobierno al sólo efecto de mejorar la calidad educativa. Sin dudas los resultados de las innumerables políticas educativas desarrolladas y a desarrollar no se verán el próximo año, ni siquiera, tal vez cuando termine su mandato, pero sí se reflejarán en las próximas décadas cuando destacará, sin dudas, el número de estudiantes de San Luis que pasaron por el primario, secundario, terciario y universitario. Largo plazo. Próximas generaciones. Futuro.

A ello hay que sumarle el anuncio del envío del proyecto de ley que declare la necesidad de reforma de la constitución para fortalecer la institucionalidad. Nuevamente: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

En la iniciativa podemos destacar una declaración sincera, libre de mezquindades y por demás transparente: Los gobernadores podrán serlo sólo por dos períodos y luego nunca más de por vida, comprometiéndose ante toda la ciudadanía a que su presente mandato (2023-2027) sea considerado el primero. Podría no haberlo hecho, pero lo hizo, y en una asamblea legislativa ante la mirada de toda la población. Altruismo y una vez más: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

Se sabe que una constitución, sobre todo de las características rígidas como las latinoamericanas se sancionan con mucho consenso y diálogo y no suelen modificarse sino tras el paso de cuarenta o cincuenta años, tal vez más, conforme a las circunstancias de hecho que la realidad, cambiando incesantemente, van disponiendo. Piénsese que hace casi 40 años (año de sanción de la última constitución de San Luis) no existía WI-FI, Internet, Inteligencia Artificial, Celulares, etc. ¿Está adaptada nuestra Carta Magna para abordar los activos digitales? En fin, una vez más: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

Otro disparador fue la eliminación de las elecciones de medio término. Todo un desafío hasta cultural si se quiere. Sabido es que países que llamamos del “primer mundo como Holanda, Inglaterra, España, Dinamarca, también en Latinoamérica Uruguay, Chile (salvo para senadores), Paraguay, por ejemplo, votan todos los cargos cada cuatro o cinco años según el caso. El resultado: más estabilidad, más institucionalidad, más previsibilidad del sistema, menor desconfianza y cansancio de la sociedad, mayor exigencia para el gobernante. Además de menores costos económicos y de esfuerzos humanos para entrar en una disputa cada dos años. Esto propone el gobernador Poggi. Otra vez: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

Propone además “¡autolimitarse!” en sus facultades para designar jueces. ¿Quién hace eso? Profundizar el sistema acusatorio y deslindar responsabilidades a organismos independientes de jueces, defensores y fiscales. ¿Qué gobernante moderno hace eso? De nuevo: largo plazo, próximas generaciones, futuro.

Como es lógico, se pueden criticar muchas cosas de este gobierno, otras aplaudir (como las viviendas, el plan construyendo tu pueblo, escriturá tu casa, beca al mérito, deportes escolares, transportes, el emprendedurismo, el PANE – que aclaro es la institucionalización de un plan alimentario escolar, que no solo garantiza que la comida llegue a los niños, sino que fue el reemplazo de los viejos “merenderos electoralistas” que aunque parece muchos lo han olvidado, de nutricional no tenían nada y de corrupción estructural mucho – etc. Pero lo que no se puede negar es que Poggi, en el mensaje ante la asamblea, apostó a no ser un gobernante más que quede en el olvido en los próximos 20 o 30 años, sino que apostó a la historia, a ser un estadista, a no ser sólo una persona que armó una coalición, con mucho esfuerzo, primero electoral y luego de gobierno, sino quedar en la historia pensando y ejecutando políticas de largo plazo, para las próximas generaciones, y para el futuro. Poggi aspira a ser eso que Otto Von Bismark llamó: “estadistas”. Ojalá la sociedad lo comprenda y acompañe.

Estamos en WhatsApp: Seguinos acá

Hacia la utopía (o la distopía) urbana. Experimentos de control total

Por Simone Pieranni. Periodista italiano, vivió en China entre 2006 y 2014. Entre sus libros, se destacan Red Mirror. El futuro se escribe en China (Edhasa, Buenos Aires, 2021) y 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori, Roma, 2024).

Las ciudades chinas pasaron por varias fases, desde los intentos de volverlas el reflejo de la nueva China revolucionaria –a menudo de manera monumental, al estilo soviético– hasta la construcción de ciudades inteligentes. De la mano de la utopía de la eficiencia, emerge la distopía de un control de dimensiones hasta ahora desconocidas.

 

Beijing, la antigua ciudad sin historia

Beijing podría haber sido completamente distinta de lo que es hoy, o sea más similar al pasado. En diciembre de 1948, Liang Sicheng, considerado el padre de la arquitectura china, presentó a los dirigentes comunistas un plan para hacer de Beijing una capital capaz de conciliar las novedades de la revolución comunista y sus valores, junto a su historia de antigua capital imperial; poco después, el choque con los nacionalistas habría terminado con la victoria del Partido Comunista de China (pcch) y la proclamación del nacimiento de la República Popular el 1 de octubre de 1949. Beijing, la antigua Dadu mongol, había sido la capital más longeva en la milenaria historia china y estaba habitada por estructuras y monumentos que Liang esperaba preservar, haciendo de ello el núcleo de la Beijing del futuro.

Liang había nacido en Tokio en 1901, porque el padre había debido huir de la China de los Qing tras el fracaso de un intento de reforma y modernización del moribundo Estado chino. Regresó a China en los años 20 y, tras graduarse, gracias a un programa que permitía a algunos chinos ir a estudiar al exterior, continuó sus estudios en la Universidad de Pensilvania. Luego, retornó otra vez al país para crear los fundamentos arquitectónicos de la Nueva China. Su vida estuvo ligada con doble filo a su mujer, una famosa poeta, Lin Huiyin (cuya belleza produjo muchas anécdotas, incluido un flechazo fragoroso por ella, sin ningún éxito, por parte del símbolo cultural indio Rabindranath Tagore). La pareja viajó a lo largo y a lo ancho de China a la búsqueda de templos, palacios y estructuras de la antigüedad para concebir un desarrollo urbano «chino». Hoy Liang y Lin son venerados como Diego Rivera y Frida Kahlo en México: nacidos en familias aristocráticas y progresistas, además de haber estudiado en Estados Unidos, habían viajado mucho por Europa.

«Liang y Lin fundaron todo el campo de la arquitectura histórica china», afirmó Nancy Steinhardt, profesora de Arte de Asia Oriental en la Universidad de Pensilvania, ya que, valiéndose de la poca información disponible en aquel tiempo, siguiendo indicios hallados en textos antiguos, utilizando el análisis de murales así como de antiguos cantos folclóricos, lograron «mapear» cerca de 2.000 templos, pagodas y monasterios que estaban a punto de perderse para siempre. Steinhardt, al respecto, precisó que «fueron los primeros en hallar estas antiguas estructuras. Pero la importancia de sus estudios de campo va más allá: dado que muchos templos fueron más tarde destruidos –durante la guerra con Japón, la guerra civil y los ataques comunistas a la tradición, como la Revolución Cultural–, sus fotos y sus investigaciones son todavía hoy documentos inestimables».

Volvamos a Beijing, en 1949. Mao creó una Comisión para la Planificación Urbana de la capital con una idea precisa: hacer de la ciudad la representación de la Nueva China; grandeur, edificios mastodónticos y un centro industrial capaz de transportar a China hacia la modernización. Ideas más bien distintas de las de Liang, quien sin embargo se puso a disposición de la nueva dirigencia comunista para hacer su contribución. No exactamente lo que pensaba Mao, en definitiva. No obstante ello, Liang presentó al pcch un listado de estructuras arquitectónicas de la ciudad que a su parecer debían conservarse e hizo más: propuso que las estructuras administrativas fueran ubicadas fuera de la ciudad. Para Liang, la ciudad antigua era un museo y debía ser preservada y tutelada, incluidas las murallas.

En 1950, su propuesta, apoyada por otra estrella de entonces entre los arquitectos chinos, Chen Zhanxiang, fue presentada oficialmente. Sin embargo, no tuvo gran éxito, también porque en aquel momento la dirigencia comunista estaba fuertemente influenciada por los «consejeros» soviéticos enviados por Stalin para sostener los esfuerzos chinos. Los soviéticos, al contrario que Liang, sostenían que la nueva capital debía surgir sobre los cimientos de la vieja. En la práctica, la vieja ciudad debía ser destruida. Un enfoque afín a la voluntad de Mao, que imaginaba, con muy escaso respeto hacia el pasado, una Tiananmén gigantesca además de industrias, fábricas y chimeneas. Y como ocurrió en otros momentos de la historia china, aun antes de que los expertos presentaran sus planos, algunas operaciones decididas desde lo alto, en realidad, ya estaban en fase de completarse. La demolición de las murallas de la ciudad, por ejemplo, ya se había iniciado antes de que Liang entregara su proyecto, en el cual el antiguo anillo de murallas era, en cambio, considerado «un bellísimo collar nacional».

Liang y sus ideas fueron dejadas de lado, y a Liang y Lin, de allí en adelante, la vida les reservaría solo dramas. Lin murió en 1955 de tuberculosis; durante la Revolución Cultural, Liang fue obligado a llevar un cartel negro en el cuello que lo sellaba como «autoridad académica reaccionaria». Tras un periodo de vejaciones, abusos y humillaciones –destino análogo al de muchos otros–, Liang murió en 1972, convencido de que el trabajo de toda una vida, suyo y de su mujer, había sido desperdiciado. Como sucedió con muchos otros, no fue así: tras la muerte de Mao en 1976, Liang Sicheng estuvo entre los primeros intelectuales que fueron rehabilitados (en su caso, de manera póstuma). La poesía de Lin Huiyin volvió a publicarse con gran éxito y el retrato de Liang apareció también sobre un sello postal en 1992. Pero Beijing no volvió atrás: durante el periodo maoísta, ya se había transformado en uno de los principales centros industriales del país. Durante el primer plan quinquenal –de 1953 a 1958– fueron proyectadas construcciones industriales con un ojo puesto en el sector eléctrico (se construyeron 21 nuevos establecimientos, además de los 104 ya existentes). No faltaban las acerías: en 1990, en Beijing vivían dos millones de obreros empleados en las fábricas de la capital. Los edificios históricos habían sido casi por completo demolidos.

La ciudad fantasma

Vivir en China significa buscar la historia en ciudades que a veces asumen las semblanzas de las metrópolis visionadas por la imaginación ciberpunk: ultratecnológicas pero decadentes, con rascacielos y neón espejando las lluvias copiosas, a lo Blade Runner. Se trata en muchos casos de investigaciones enervantes y decepcionantes: cuando vivía en Shanghái, viajé a Suzhou, la «Venecia china», pero ya la ciudad sobre el agua era una especie de parque de juegos, así como la parte vieja de Shanghái, falsa y desoladora. O también Hangzhou y su Lago Occidental, semejante a un centro comercial a cielo abierto; Urumqi en Xinjiang, igual a otras mil ciudades chinas, salvo las callejuelas de los mercados y de los restaurantes en las cuales quedaba un vago sabor arabizante; Xi’an, otra de las viejas capitales, fagocitada por la urbanización y la contaminación. Y así Nankín, Cantón, hasta llegar a las «nuevas» Shenzhen, Ningbo o la más ciberpunk de todas, Chongqing, un mix entre una novela de William Gibson y Ciudad Gótica.

Se dice que China es el único país del mundo donde tomas un tren, recorres millares de kilómetros, bajas y tienes la impresión de estar en el mismo punto del que partiste. Se trata de una constatación que no hace justicia a pequeñas gemas que todavía se encuentran, pero expresa bien la idea. Cuanto menos, atestigua una sensación occidental de laowai1, porque en realidad los chinos viven todo con espíritu laico y poco preocupado por la preservación y la restauración del patrimonio cultural. China es un país del todo ocupado en construir el futuro, el suyo.

En los últimos 20 años, China construyó 20 nuevas ciudades por año, urbanizando –solo en los primeros diez años de los 2000– a un número de personas equivalente a toda la población estadounidense. Uno de los resultados de esta tendencia es el de las llamadas «ciudades fantasma».

Territorios surcados por edificios uno al lado del otro, o barrios flamantes unidos por una característica: están aparentemente desiertos. Es un fenómeno que los chinos han llamado «muros sin mercados», ciudades incompletas o vacías construidas antes aún de tener habitantes prontos a vivir en ellas, fruto de la especulación inmobiliaria y de la ansiedad de pib de la China contemporánea. William Hurst, profesor de Ciencias Políticas de la Northwestern University, contó que «las personas no querían mudarse a áreas carentes de servicios públicos básicos como salud, escuelas, transportes y centros comerciales, mientras que los gobiernos locales eran reacios a construir las infraestructuras necesarias hasta que no hubiera allí bastantes personas como para justificar los costos». Un auténtico cortocircuito.

Pero las cosas en realidad están cambiando, si bien solo desde hace algunos años. En 2015, el fotógrafo de Chicago Kai Caemmerer decidió ver personalmente de qué se trataba y visitar algunas de estas ciudades. Lo que encontró no era para nada lo que esperaba. «Al inicio –le contó a la revista Wired– estaba inspirado por algunos de los artículos (sensacionalistas) que había leído sobre las nuevas ciudades fantasma de China». Excavando un poco más hondo, sin embargo, «se volvió bastante claro que muchas de estas ciudades fantasma no estaban de ningún modo abandonadas o extintas, como habían sido descritas, sino más bien eran muy nuevas». Así, máquina fotográfica en mano, Caemmerer pasó unos tres meses explorando tres de las llamadas ciudades fantasma: el distrito de Ordos, Kangbashi, el distrito financiero de Yujiapu en la nueva área de Binhai cerca de Tianjin y la ciudad del lago Meixi cerca de Changsha.

Estas ciudades tienen un origen político, porque nacen del deseo de funcionarios del gobierno local y de su visión acerca del desarrollo inmobiliario y urbano, visto como única inversión segura y de alto rendimiento que puede ayudar a alimentar el crecimiento económico (del cual depende su carrera).

El poblamiento de estas ciudades, sin embargo, parece ya encaminado: Kangbashi, por ejemplo, cuenta hoy con unos 100.000 habitantes. El ejemplo de las «ciudades fantasma» también nos dice mucho de la manera en que, con frecuencia, China es relatada: se busca el sensacionalismo –grandes ciudades completamente deshabitadas– para confirmar nuestro prejuicio de que el desarrollo chino es algo insensato o cuanto menos bizarro, «extraño pero cierto», sin profundizar y sobre todo las más de las veces sin verificar algunas cuestiones (por ejemplo, como hizo Caemmerer, yendo personalmente a los lugares). No por casualidad, la veta de las «ciudades fantasma» parece haberse agotado, en la prensa principal internacional, en el momento en que comenzaron a poblarse.

Las ciudades inteligentes

Ciudades antiguas, modernas, nuevas, nuevísimas, «fantasma». El progreso chino, a veces sin que se mire mucho hacia atrás, no podía finalmente sino aterrizar sobre el nuevo concepto de ciudad que se está afirmando en el mundo, o sea, las ciudades inteligentes. Y, como de costumbre, China no quiere ser una más en esta tendencia, sino que quiere primar.

Sobre las ciudades inteligentes existe un amplio debate en todo el mundo, entre el deseo de poner la tecnología a disposición de los habitantes y los riesgos de un control sobre la vida de las personas que parece volverse una discusión cada vez más controvertida. En su libro Design, Control, Predict: Logistical Governance in the Smart City [Diseñar, controlar, predecir. Gobernanza logística en la ciudad inteligente], Aaron Shapiro introduce así el tema:

La tecnología está reconfigurando la vida urbana. En las «ciudades inteligentes», los datos y la información no se limitan a representar los procesos urbanos: intervienen en ellos. Los flujos de datos y las arquitecturas de la información estructuran nuestra experiencia, mediando nuestro acceso a instituciones, recursos y servicios. Los algoritmos traducen los input de datos en output «utilizables», anticipando los flujos futuros de personas, materiales e información e intercediendo para garantizar o prevenir determinados resultados. Las tecnologías de la ciudad inteligente calculan, calibran y movilizan; identifican y explotan fuentes de eficiencia cada vez más pequeñas. Y ya están transformando el modo en que el espacio público es proyectado y administrado, cómo son gestionados el trabajo y los trabajadores, cómo son controlados los barrios y las comunidades.2

Una descripción que calza como un guante a lo que está ocurriendo en China. Basta tomar tres ejemplos casuales, en las ya citadas Hangzhou, Chongqing y Shenzhen. En la primera, una ciudad de 10 millones de habitantes, las cámaras de video filman cada movimiento: máquinas, peatones, cruces. Los algoritmos mastican los datos y entregan un plan para gestionar mejor el tránsito. Desde hace algunos años, en la metrópolis meridional china está en uso un sistema de ciudad inteligente: se llama City Brain [Cerebro de la ciudad] y fue creado por Alibaba. Según la administración local, el algoritmo de la empresa de Jack Ma habría ya contribuido a reducir los embotellamientos en 15%. Sus creadores especificaron que City Brain puede prever «dónde se verificarán los embotellamientos y prevenir los accidentes viales instituyendo el control preventivo del tránsito».

En Chongqing, la automatización procede a etapas forzadas, señalada por artículos que describen robots que sirven el café o acomodan las sillas de las oficinas al final de una larga reunión. En el proyecto ciudadano están involucradas entidades no solo chinas, como por ejemplo el estudio de arquitectura danés Big, que junto con Terminus (una empresa china que se ocupa de recoger datos y proporcionar reportes sobre todos los aspectos –contaminación, consumos y movimientos de las personas– de un determinado territorio) planificó un barrio completamente gestionado por la inteligencia artificial. El proyecto –denominado Cloud Valley– preveía utilizar sensores y dispositivos para recoger datos sobre todo, desde el clima y la contaminación hasta las costumbres alimentarias de las personas, para satisfacer automáticamente las exigencias de los residentes. «Está volviendo esta idea de vivir en un pueblo donde, si te presentas en un bar, incluso si es la primera vez que estás allí, el barman conoce tu bebida favorita», dijo Bjarke Ingels, socio fundador de Big. «La ia puede reconocer –por ejemplo– a las personas que están llegando a un determinado lugar: puede abrir la puerta, de modo que no tengan que buscar las llaves de la casa», agregó. Lanzado en abril de 2021, Cloud Valley es un proyecto de ciudad extendida sobre un territorio equivalente a alrededor de 200 campos de fútbol, «donde la tecnología permite a las personas vivir más cómodamente, anticipando sus exigencias». «Cuando la luz del sol golpea las casas, las ventanas de las habitaciones regulan solas su propia luminosidad para permitir a la luz natural despertar a los residentes dormilones», se lee en el sitio web de Terminus. «Una vez que la luz inundó la habitación, una gobernanta virtual ia llamada Titan selecciona el desayuno, acomoda la vestimenta a las condiciones climáticas y presenta un programa completo de la jornada».

La ciudad, que incluye oficinas, casas, espacios públicos y autos de conducción autónoma que se mueven bajo el ojo siempre vigilante de la ia, debía ser completada en unos tres años, según Terminus3. De todos modos, como para otras ciudades inteligentes, esta aproximación ha despertado preocupaciones en relación con la privacidad. Eva Blum-Dumontet, una investigadora de Privacy International, afirmó que las ciudades inteligentes corren el riesgo de convertirse en una amenaza para los derechos humanos si las empresas y los gobiernos no adoptan medidas para limitar la vigilancia y garantizar la inclusividad. «Debemos preguntarnos, por ejemplo, en qué modo la ciudad influenciará a las personas que quizá no tienen gran familiaridad con la tecnología –señaló–, tanto más que este riesgo es mayor cuando no existe un marco jurídico que limite el acceso de los gobiernos a los datos recogidos por las empresas privadas».

En plena pandemia de covid-19, en China se anunció, entonces, el nacimiento de otra ciudad inteligente creada por Tencent, el rival de Alibaba. Se llamará Net City [Ciudad Red]: dos millones de metros cuadrados en el interior de Shenzhen con oficinas y residencias para los empleados de la empresa, parques y un área sobre la costa marítima. Menos autos, energía limpia e ia para controlar el tránsito, los consumos energéticos y, naturalmente, a la población. Tras la pátina de ciudades ecológicas y seguras, en efecto, en cada ciudad inteligente se esconde un proyecto de control de sus habitantes garantizado por los big data, o sea, el conjunto de todos los datos que pueden ser extraídos de una persona y de un ambiente. Videocámaras con reconocimiento facial, celulares inteligentes y apps, registros de voz: todo concurre a desarrollar una forma de seguridad «preventiva», flor en el ojal de una ola de proyectos con el imprimatur del pcch.

El corazón del funcionamiento de estas ciudades es una suerte de secreto que gobierno y empresas involucradas en los proyectos custodian celosamente. Pero los imprevistos están a la vuelta de la esquina: en mayo de 2019, a causa de un error en el mecanismo de seguridad, se hizo pública una base de datos de los sistemas de monitoreo de dos barrios de Beijing. Así, se descubrió que, a través de las cámaras de video con reconocimiento facial, el sistema está en condiciones de rastrear todos los movimientos (y los tiempos de recorrido de un lugar a otro), además de la etnia y la edad de las personas. Analizando la base de datos, se descubrió luego la existencia de «alertas» ad hoc para la policía, es decir, señalamientos del rostro de una persona que de algún modo se vio involucrada con las fuerzas del orden en el curso de su vida y que, como tal, se vuelve «sospechosa» (o etiquetada como «drogodependiente» o «salida recientemente de la cárcel»). La base de datos –aunque solo se ocupaba de dos barrios– mostró todas las potencialidades de la recolección de datos que será posible efectuar en el interior de las «ciudades inteligentes». El resultado será tener ciudades hipertecnológicas y (se espera) ecológicas, donde la vida de las personas será controlada 24 horas sobre 24.

Nota: este artículo forma parte del apartado «Metrópolis» del libro La nueva China (Edhasa, Buenos Aires, 2022). © 2021, Gius. Laterza & Figli, All rights reserved, © Diego Bigongiari, 2022, © Edhasa, 2022. Traducción: Diego Bigongiari.

  • 1. Término coloquial chino que significa «extranjero»; puede o no ser despectivo [N. del T.].
  • 2. University of Minnesota Press, Mineápolis, 2020.
  • 3. El proyecto parece haber sido aplazado por Terminus. La empresa viró hacia el negocio de vender software –tacos– para digitalizar ciudades ya construidas. Es decir, más que abandonar el proyecto de Cloud Valley, lo transformó: pasó de ser una empresa que prometía construir ciudades a una que vende las herramientas para hacerlas funcionar como ciudades inteligentes. La compañía promueve edificios que redefinen la interfaz hombre-máquina; por ejemplo, construcciones con paredes que incorporan rampas interiores, diseñadas para permitir la circulación de robots dentro de la propia estructura y facilitar así el cumplimiento de sus tareas. Terminus ha llevado estos proyectos de software a otras ciudades, como Wuhan, cuyo ai Park (parque industrial inteligente) funciona hoy como la nueva vidriera de la empresa. Allí, los robots cumplen funciones como seguridad –detectan y siguen a intrusos– o prevención de incendios, mediante la incorporación de cámaras térmicas [N. del E.].

 

A un año de su partida: Francisco y una conversación abierta con las universidades

Por Agustina Rodríguez Saá, Rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones y Presidenta de la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC).

El Papa argentino decía que no vivimos una crisis social y una crisis ambiental disociadas, sino una única crisis socioambiental. Esa mirada es un desafío para las universidades, sean laicas, públicas, privadas o confesionales.

Escribo estas líneas a un año de la partida del Papa Francisco, con la certeza de que la mejor forma de honrarlo no es solo recordarlo, sino cumplir con el compromiso que asumimos con él.

Para quienes integramos el mundo universitario, esta pérdida tiene una dimensión adicional: no solo despedimos a un líder esencial en nuestra época, sino que también despedimos a un aliado que confió en las universidades para dar respuesta a la mayor crisis de nuestra época. Su partida nos conmueve. Su legado nos moviliza. Y su palabra sigue siendo inspiración y guía para quienes creemos que otra forma de habitar la Tierra no solo es posible, sino urgente.

El legado de Francisco 

La publicación de la encíclica Laudato si’ en junio de 2015 fue un gesto estratégico: fue publicada unos meses antes de la aprobación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP 21) donde se firmó el Acuerdo de París. Su publicación buscó sentar posición y contribuir en los debates. 

La encíclica es un llamado a todos los habitantes de la Tierra a un diálogo urgente sobre el cuidado de la casa común. Como el propio Francisco afirmaba: «Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos». 

Laudato si’ tiene un componente científico muy importante, un fuerte contenido social, y un cuestionamiento ético profundo: la degradación ambiental y la degradación humana están íntimamente unidas. Pero, principalmente, es un llamado a la acción. Como él mismo afirmaba: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Un verdadero planteo ecológico es siempre un planteo social.

Una invitación al diálogo

Laudato si’ tiene una particularidad que solo comparte con otro documento de la doctrina social de la iglesia: traspasar la frontera de los fieles católicos al dirigirla “a cada persona que habita este planeta”. En ella, el Papa Francisco invita a entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común.

Su propuesta no se limitó a una exhortación ética. Laudato si’ configura un paradigma que articula dimensiones ambientales, económicas, sociales y culturales en una visión sistémica e interdependiente. Su afirmación central —que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una única y compleja crisis socio-ambiental— nos interpela a ampliar la mirada y a abordar esta crisis de una manera multidimensional e integral. 

El desafío de la fragmentación

El desafío es profundo, puesto que se requiere repensar el actual modelo de desarrollo. Un modelo tecnocrático, individualista, positivista, hiperespecializado, disciplinar, que nos fragmenta. Como señala la propia encíclica: “La especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto. La fragmentación de los saberes suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas, del horizonte amplio”. Y es esa fragmentación la que impide encontrar caminos adecuados para resolver los problemas más complejos del mundo actual.

Laudato si’ resalta el enorme desafío cultural, educativo y espiritual que conlleva este cambio de estilo de vida necesario.

Por eso, Francisco no nos convocó a hacer más de lo mismo. Nos convocó a un cambio de mirada. A romper la lógica del conocimiento encerrado en sí mismo. A promover la interdisciplina y el diálogo de saberes. A entender que todo cambio necesita de motivaciones y de un camino educativo. Y a asumir que la cultura ecológica no puede reducirse a una serie de respuestas urgentes y parciales: debe ser una mirada distinta, un pensamiento, un programa educativo, un estilo de vida. 

Un encuentro histórico

En septiembre de 2023 tuve el honor de viajar al Vaticano junto con más de 200 rectoras y rectores de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, para participar en el Encuentro Sinodal «Organizando la Esperanza». Ese encuentro fue una propuesta que la RUC —Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, que tengo el honor de presidir— trabajó junto a la Pontificia Comisión para América Latina. El Papa nos recibió durante más de dos horas, en una audiencia dedicada al diálogo acerca del rol de las universidades.

Para nosotros fue, además de un privilegio, un compromiso. Su mensaje profundo nos convocó a formar a nuestros jóvenes con aptitudes de liderazgo para afrontar este cambio de época. Nos dijo con claridad: «La misión de la universidad no es solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los jóvenes en los tres lenguajes humanos: el de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Pensar, sentir y hacer. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan. Los tres lenguajes juntos y en armonía».

Asimismo, nos planteó el desafío de desarrollar en nuestras universidades espacios de encuentro y diálogo de saberes; e hizo un fuerte énfasis en que nuestra ciencia no esté desconectada de la realidad de nuestros territorios y de nuestros pueblos. Universidades que se vinculen con las necesidades de cada lugar, que propicien el diálogo con saberes locales, que formen profesionales éticos capaces de leer su tiempo y transformar sus territorios.

Nuestro compromiso

Desde la Universidad Nacional de los Comechingones, en este interior profundo —en la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis— tenemos la responsabilidad concreta de pensar las soluciones para las cuestiones socioambientales que plantea la Laudato si’ para esta región, con sus singularidades: la escasez y fragilidad del agua, la presión sobre los ecosistemas serranos, la tensión entre el desarrollo y la preservación. La proximidad y la territorialidad abren la universidad al pueblo, facilitan el diálogo y la interdisciplina. 

No hay transformación socioambiental sin transformación educativa. Nos toca honrar su legado. Nos toca seguir organizando la esperanza. Gracias Papa Francisco.

 

Estamos en WhatsApp: Seguinos acá

El Banquete de los Desposeídos, por Fernando de Vargas

Gualicho del 2×4 y la Poética del Abrazo

En el revés de la ciudad, allí donde el tiempo se detiene a fumar un cigarrillo con la muerte – como en un poema de Pizarnik -, surge una invitación que es, en rigor, un conjuro. Este sábado 18 a las 20:30 hs, Atípica Cultural abre sus puertas para el Gualicho del 2×4, una ceremonia que no busca la complacencia, sino la colisión estética entre el rock de los Redondos y la metafísica del Tango.

Una puesta en juego de los cuerpos y la palabra, tal como alguna vez, Gilles Deleuze, habló de la intensidad de la piel. Esa noche la teoría se vuelve músculo y sudor. La escena será habitada por las bailarinas Julieta Lahiton y Grisel Rojos, junto al bailarín Rodrigo Gatica. En sus movimientos no hay mera coreografía, sino una cartografía del deseo; un despliegue de cuerpos que se buscan en la «misa milonguera» para romper la calma impuesta por la ideología de lo cotidiano.

Acompañando esta deriva de asfalto y firulete, la palabra recobra su peso ontológico. La actriz Sandra Galvalicio y el actor Marcelo Di Gennaro pondrán la voz y el cuerpo en escena, oficiando como maestros de ceremonia de este encuentro místico. No es solo teatro, es la encarnación del «Gualicho»: una descarga eléctrica que traduce la lírica del Indio Solari al idioma del fuelle y la herida.

En un mundo que, Derrida, describiría como una “eterna deconstrucción de sentidos”, esta propuesta nos devuelve a lo Real. Es un banquete para:

  • Los Vitalistas: Que buscan en el abrazo del 2×4 una reafirmación de la vida frente a la nada.
  • Los Amantes de lo Profano: Que entienden que el rock y el tango son, en esencia, la misma queja contra el destino.
  • Los Buscadores de Belleza: Que necesitan ver cómo las guitarras heridas encuentran en el bandoneón una nueva forma de redención.

«Hay gualichos que son necesarios». Esta es una invitación a la transgresión, una cita con el asfalto que late y con la poesía que, al decir de André Breton, debe ser hecha por todos.

Nos comenta, Fernando de Vargas hacedor de este Gualicho, que no se trata de ver un espectáculo; se trata de participar en un ritual donde la ciudad se desnuda. A la espera que el gualicho nos encuentre.

Ficha de la Ceremonia:

  • Cita: Sábado 18 || 20:30 hs.
  • Santuario: Atípica Cultural.
  • En Escena: Julieta Lahiton, Grisel Rojos, Rodrigo Gatica (Danza) | Sandra Galvalicio, Marcelo Di Gennaro (Palabra en escena).
  • Propuesta: Una fusión de la lírica de los Redondos con la mística del bandoneón.

El curioso voto «libertario k» en La Punta

Un minucioso observador de la política local señala el inédito comportamiento del concejal de La Punta, Fernando Orozco quien, pese a integrar un bloque unipersonal de La Libertad Avanza, vota en sintonía plena con el kirchnerismo vernáculo. «Una suerte de libertario k», advierte.

Un ejemplo de esa extraña conducta quedó en evidencia días pasados cuando Orozco sumó su voto opositor al del bloque kirchnerista que lideran Martín Bastías y Rocío Roldán. Fue para oponerse al pedido de autorización del intendente Luciano Ayala para avanzar en la compra de maquinaria pesada para brindar mejores servicios municipales

Hay que decir que si bien es cierto que Orozco representa a los libertarios de La Punta, en verdad ingresó al Concejo Deliberante en una lista sublema de Fuerza San Luis, que llevaba a Jorge “Gato” Fernández como candidato a gobernador y a Martín Bastías como candidato a intendente en 2023.

A los seis meses de haber asumido, Orozco abandonó el bloque y armó el suyo, unipersonal, pero presentándose como dirigente libertario.  No obstante, su nexo con los representantes locales del kirchnerismo, se mantiene ahora atado al momento de emitir su voto.

Presentan un libro clave sobre el origen de San Luis, San Juan y Mendoza

Este jueves 9 de abril a las 16, el Microcine de la Universidad Nacional de San Luis será escenario de la presentación de La fragmentación de la Gobernación Intendencia de Cuyo y la organización de los espacios provinciales. San Juan, San Luis y Mendoza (1820-1828), una obra recientemente publicada por la Nueva Editorial Universitaria (NEU) que aporta una mirada renovada sobre los orígenes políticos de la región.

La actividad —de carácter híbrido— contará con la participación del historiador Roberto Schmit (CONICET-UBA), quien estará a cargo de la presentación del libro, coordinado por Guillermo Genini y realizado en conjunto con las investigadoras Eugenia Molina y Fabiana Puebla.

El encuentro no es un dato menor en la agenda académica local. El trabajo aborda uno de los momentos más decisivos de la historia regional: la desintegración de la Gobernación Intendencia de Cuyo en 1820 y el proceso posterior de conformación de San Luis, San Juan y Mendoza como provincias autónomas.

Desde un enfoque que combina dimensiones políticas, institucionales, territoriales y militares, la obra reconstruye cómo esos territorios, que hasta entonces funcionaban como una unidad administrativa —clave en la estrategia sanmartiniana—, comenzaron a definir sus propias estructuras de poder en un contexto atravesado por el avance del federalismo y el agotamiento del orden revolucionario iniciado en 1810.

La presentación de este jueves se plantea, en ese marco, como una instancia de circulación y debate de un trabajo que no solo revisa el pasado, sino que aporta herramientas para comprender la configuración histórica de una región central en la Argentina.

Con entrada abierta y modalidad híbrida, la actividad organizada por la UNSL y su editorial universitaria se inscribe en una política de difusión del conocimiento que busca acercar la producción académica al público general, en un formato accesible y de discusión directa con especialistas.

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

La Justicia pidió imputar a Nicolás Anzulovich por enriquecimiento ilícito

La investigación judicial sobre presuntos hechos de corrupción durante el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía de Instrucción N° 1 solicitó al Juzgado de Garantía N° 3 que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos contra el exministro Nicolás Vicente Anzulovich , en una causa caratulada por averiguación de enriquecimiento ilícito.

El pedido constituye un paso procesal clave: es el momento en el que el fiscal comunica formalmente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, bajo qué figura legal y con qué elementos iniciales de prueba. A partir de esa audiencia, la imputación deja de ser una hipótesis investigativa y adquiere formalidad judicial.

Según el documento, la solicitud se realiza sin detenidos, lo que indica que el exfuncionario no se encuentra privado de su libertad y que, al menos en esta instancia, no se han requerido medidas de coerción personal de máxima intensidad.

La causa ubica a Anzulovich dentro de un conjunto de exintegrantes del gabinete de Rodríguez Saá que quedaron bajo la lupa de la Justicia. El dato no es menor: dos exfuncionarios de ese mismo esquema ya recibieron condenas. Se trata de Cintia Ramírez y Claudio Latini, en procesos que marcaron un precedente en la investigación de responsabilidades penales dentro de la anterior administración provincial.

En ese contexto, el avance sobre Anzulovich refuerza una lenta tendencia que empieza a consolidarse en tribunales: el pasaje de una etapa de denuncias y sospechas a instancias más estructuradas de imputación y eventual juzgamiento.

La audiencia que deberá fijar el juez de Garantía será determinante para el rumbo del expediente. Allí, la Fiscalía expondrá el hecho atribuido y su encuadre jurídico, mientras que la defensa podrá ejercer sus primeros planteos formales. También será el ámbito en el que podrían discutirse eventuales medidas cautelares.

Los excesos en pandemia llegan al Congreso

El diputado nacional por San Luis, Carlos Almena, decidió llevar al Congreso una revisión integral de uno de los capítulos más controvertidos de la pandemia: las miles de causas judiciales iniciadas por incumplir el aislamiento obligatorio.

Con un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, el legislador libertario propone relevar, a escala nacional, qué ocurrió con los denunciados, imputados y eventualmente condenados en el marco del artículo 205 del Código Penal entre 2020 y 2023.

La iniciativa coloca a Almena como el impulsor político de una agenda que combina dos dimensiones sensibles: el funcionamiento del sistema judicial durante la emergencia y las posibles vulneraciones de derechos individuales en ese contexto.

Un pedido de información con alcance nacional

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Justicia, recabe información de todos los poderes judiciales del país —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— sobre el estado de las causas vinculadas al incumplimiento del ASPO.

Entre los datos requeridos figuran:

  • Cantidad de personas imputadas, procesadas o condenadas.
  • Estado actual de los expedientes, incluidos los archivados o prescriptos.
  • Detalle de condenas y su grado de firmeza.
  • Denuncias contra fuerzas de seguridad y su situación judicial o administrativa.

El objetivo, según plantea Almena, es construir por primera vez un mapa completo del impacto judicial de la cuarentena, a seis años de su implementación.

Rodríguez Saá y el Comité de Crisis creado en San Luis.

El eje político: revisar la “emergencia sanitaria”

En los fundamentos, Almena sostiene que su iniciativa busca indagar posibles excesos cometidos bajo el paraguas de la emergencia sanitaria.

El texto advierte que, desde la instauración del aislamiento el 19 de marzo de 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, se registraron denuncias en todo el país por abusos de autoridad y vulneraciones de derechos humanos.

En ese marco, el proyecto se posiciona dentro de un debate más amplio que atraviesa al sistema político: hasta dónde llegaron las restricciones y qué consecuencias dejaron.

San Luis, en el centro del planteo

Almena pone especial énfasis en su provincia, gobernada en ese período por Alberto Rodríguez Saá, a la que describe como una de las jurisdicciones con medidas más restrictivas.

Según detalla, allí se implementaron políticas como:

  • Cierre de accesos provinciales.
  • Restricciones al transporte de carga.
  • Sistema de circulación por DNI (pares e impares).

Para el legislador, esas disposiciones derivaron en situaciones de desabastecimiento, conflictos interprovinciales y un clima de alta tensión social.

Dos casos que reabren la discusión

El proyecto también recupera dos episodios ocurridos en San Luis que, por su gravedad, marcaron la etapa más dura de la cuarentena.

El primero es el de Magalí Morales, detenida en abril de 2020 por una supuesta infracción y hallada muerta en una comisaría de Santa Rosa de Conlara. Aunque inicialmente se habló de suicidio, investigaciones posteriores señalaron un contexto de tortura psicológica y trato degradante.

El segundo es el de Franco Gastón Maranguello, un adolescente de 16 años que fue demorado por violar restricciones sanitarias y luego encontrado sin vida en una dependencia policial de Villa Mercedes.

Ambos casos son citados por Almena como ejemplos de situaciones que requieren una revisión exhaustiva desde el Estado.

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

Lo que nadie vio venir, por Miguel Rey Nores

Río Grande. Faltan minutos para el 2 de abril de 1984. Tres veteranos rinden tributo en soledad a sus compañeros caídos en las islas. No hay escenarios ni discursos; solo un tambor que ofrece algo de luz y calor. Aquella escena fue el inicio de algo que nadie pudo imaginar.

Este gesto comenzó a repetirse y multiplicarse. Primero en Tierra del Fuego. Luego en otras provincias. Hoy esa llama se enciende desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera hasta el litoral, desde las costas del Atlántico hasta nuestras bases en la Antártida. Traspasa fronteras reapareciendo allí donde argentinos -lejos de su terruño- se reúnen para esperar el 2 de abril. A la medianoche, el Himno Nacional Argentino eleva corazones rindiendo homenaje a nuestros héroes. Un gesto silencioso devino en una marea arrasadora.

Desde la restauración democrática, Argentina atravesó crisis económicas devastadoras, recuperaciones transitorias, fracturas políticas persistentes y entusiasmos efímeros que derivaron en nuevas frustraciones. Gobiernos de todos los signos políticos prometieron devolvernos el rumbo perdido, reconstruir el sueño colectivo. No lo lograron. Y mientras tanto, esta corriente subterránea siguió creciendo. Resulta difícil encontrar una localidad argentina donde, en la medianoche previa al 2 de abril, no se realice una de estas vigilias.

En España invertebrada, José Ortega y Gasset advertía que las naciones se debilitan cuando las fuerzas dispersivas erosionan la conciencia de un destino común expectable. Frente a ello reafirmaba, sólo un “proyecto sugestivo de vida en común” es capaz de enlazar particularismos y tensiones divisivas. Algo de ese impulso parece insinuarse en estas noches de memoria compartida y agradecida. Apenas vislumbramos lo que ocurre en la epidermis del fenómeno. Constatamos su existencia, su irrefrenable crecimiento, pero no acertamos a descubrir la naturaleza profunda de la  onda expansiva que lo impulsa.

No es casual que estas vigilias evoquen la tradición pascual: la espera en la oscuridad, un «cirio» y el surgir de una luz que contagia y vence las tinieblas. Esa imagen nos recuerda que aún en momentos de mucha oscuridad existen razones para la esperanza.

En una de esas vigilias —la que se realizará el 1° de abril en Playa Unión, Rawson— llegará la imagen de Nuestra Señora de Luján que acompañó a las tropas durante el conflicto. Se rezará por los caídos y sus familias; también por quienes murieron en el continente a causa de las heridas invisibles de la guerra. Para muchas familias, ese gesto abrirá un espacio de memoria y consuelo largamente esperado.

Tal vez por eso estas vigilias interpelan. Mientras una Argentina está secuestrada en la lógica del enfrentamiento, otra —silenciosa, paciente, tenaz— viene construyendo algo distinto, desde abajo, apoyada en valores que nos unen: memoria, gratitud, fe, sacrificio, esperanza.

Pequeños gestos inician grandes cambios históricos; casi nadie los registra, hasta que repetidos por centenares de miles revelan la existencia de consensos profundos que nos hermanan.

Tal vez entonces no importe tanto poder explicar qué fuerza impulsa estas vigilias, sino descubrir cómo abrazarnos a esa corriente de esperanza.

La Justicia ratificó la cautelar y ordenó al Gobierno aplicar ya la recomposición salarial y las becas universitarias

La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar de manera inmediata dos puntos centrales de la ley 27.795 de financiamiento universitario: la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución fue firmada por la Sala III en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales contra el decreto 759/25, con el que el Poder Ejecutivo había promulgado la ley, pero al mismo tiempo había dejado planteado que su ejecución quedaba suspendida hasta que el Congreso determinara las fuentes específicas de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto nacional.

El fallo de Cámara confirmó lo resuelto el 23 de diciembre de 2025 por el juez de primera instancia, que había declarado inaplicable, para este caso, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo y había ordenado cumplir ya con los artículos 5 y 6 de la ley. Esos puntos establecen, por un lado, la actualización de los salarios universitarios en función de la inflación y, por otro, la recomposición de los programas de becas.

El núcleo de la decisión judicial pasa por una cuestión institucional de fondo. Los jueces señalaron que la ley 27.795 fue aprobada por el Congreso, vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo y luego confirmada por ambas cámaras con los dos tercios previstos en el artículo 83 de la Constitución Nacional. En ese contexto, sostuvieron que, al menos en esta etapa preliminar del proceso, no aparece jurídicamente aceptable que el Ejecutivo pretenda suspender la aplicación de esa ley apoyándose en otra norma anterior de igual jerarquía.

Dicho en términos más directos: la Cámara entendió que el Poder Ejecutivo no puede neutralizar una ley vigente del Congreso mediante una interpretación propia basada en la ley 24.629, que exige financiamiento expreso para toda norma que disponga gastos. Para el tribunal, ese argumento no alcanza, en principio, para dejar en pausa una ley ya sancionada y promulgada tras la insistencia legislativa.

Los camaristas también rechazaron uno de los ejes centrales del planteo del Estado: que no existía peligro en la demora. Por el contrario, señalaron que tanto la propia ley como el decreto cuestionado reconocen el deterioro salarial y la pérdida de poder adquisitivo del sector universitario. A partir de eso, concluyeron que la demora podía ocasionar perjuicios graves de difícil reparación ulterior, en especial porque están en juego ingresos de carácter alimentario y el normal desarrollo del sistema universitario.

En la misma línea, el tribunal descartó que la cautelar afecte de modo decisivo el interés público. Recordó que el juez de primera instancia había ponderado el impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en un 0,23% del PBI, y consideró que ese costo no desvirtúa, por sí solo, la necesidad de tutela urgente frente a derechos que aparecen comprometidos.

La Cámara también desestimó los cuestionamientos del Estado sobre la imparcialidad de los magistrados por su condición de docentes universitarios. Señaló que esos planteos ya habían sido resueltos en incidencias anteriores y que, por lo tanto, no podían ser reabiertos en esta apelación.

Otro punto que rechazó el tribunal fue la idea de que la cautelar funcionara como una sentencia definitiva encubierta. Según explicó, el objeto del juicio principal es más amplio, ya que apunta a discutir la constitucionalidad del decreto 759/25 y el cumplimiento integral de la ley 27.795, mientras que la medida cautelar sólo ordena ejecutar de inmediato dos artículos concretos: los vinculados con salarios y becas.

Con esta resolución, la Cámara dejó firme, por ahora, una decisión que representa un revés político y judicial para el Gobierno nacional. Aunque el expediente todavía debe resolverse en su cuestión de fondo, el tribunal ya fijó un criterio claro: una ley vigente del Congreso no puede quedar suspendida en los hechos por decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

Charly Pereira junto a Bullrich: encuentro y agenda reformista común

El diputado provincial Charly Pereira se reunió con la senadora nacional Patricia Bullrich, con quien mantiene una profunda afinidad ideológica, para hablar de líneas de trabajo compartidas.

Como síntesis del encuentro, Pereira señaló que tanto el Gobierno nacional como el provincial comparten una agenda orientada al cambio y a la reafirmación de una vocación transformadora. En ese marco, explicó que ese diagnóstico forma parte de lo conversado con Bullrich, quien advirtió que ese proceso “inevitablemente afecta intereses corporativos”, a los que responsabiliza por haber limitado históricamente la competitividad del país y la capacidad creativa de la sociedad.

En ese sentido, el legislador indicó que, de acuerdo con la mirada compartida en la reunión, la reforma laboral resulta “auspiciosa” para la generación de empleo.

Pereira también subrayó el potencial productivo de San Luis, en línea con lo planteado por la senadora respecto al aprovechamiento de recursos humanos y naturales. En particular, mencionó a la minería como un eje estratégico que debería integrarse a una agenda regional común junto a provincias como San Juan y Mendoza.

En materia electoral, destacó los elogios de Bullrich al sistema de boleta única implementado en la provincia por iniciativa del gobernador Claudio Poggi, y sostuvo que su adopción a nivel nacional contribuiría a fortalecer la transparencia del proceso electoral y a limitar prácticas clientelares.

Asimismo, señaló que la senadora ratificó su compromiso de impulsar un Congreso “reformista”, y convocó a los legisladores provinciales alineados con el gobierno de Javier Milei a replicar esas iniciativas en sus respectivos distritos.

Finalmente, Pereira se refirió al contexto económico y sostuvo —en línea con lo conversado en el encuentro— que en los próximos meses podría consolidarse una baja de la inflación, en paralelo con un proceso de adaptación de sectores que durante años operaron bajo esquemas proteccionistas. Reconoció que ese proceso genera tensiones, pero lo enmarcó como parte de una dinámica de crecimiento que Argentina está atravesando en un plazo relativamente breve, en comparación con experiencias internacionales como las de Grecia, Portugal o Israel.

Pereira y Bullrich en su encuentro en Buenos Aires.

Atípica Cultural presenta un recital de poesía con tres generaciones de escritoras

Con la llegada del otoño, cuando el aire comienza a espesarse de hojas y de tiempo, la poesía encuentra su temperatura justa. En ese clima íntimo y reflexivo, la ciudad de San Luis se prepara para una velada donde la palabra será refugio y encuentro: Tres mujeres, tres poetas, tres generaciones.

El sábado 28 de marzo a las 19:30 horas, la librería-café Atípica Cultural  —ubicada en San Martín 842— abrirá sus puertas para recibir a Vera Jereb, Julieta Calderone e Hilda Pedroza. Tres voces, tres recorridos vitales, tres formas de decir lo indecible. Jereb, mendocina; Calderone y Pedroza, foráneas que han hecho de San Luis su territorio afectivo y creativo. En las tres escritoras, la poesía no sólo se escribe: se habita.

El espacio no es un detalle menor. Atípica Cultural, recientemente reconocida como Tienda Creativa por la Dirección de Cultura de la Nación y la Municipalidad local, propone una experiencia donde los libros y el café no son fondo sino escena. Allí, entre estantes y tazas humeantes, la literatura se vuelve cuerpo, y la lectura, un acto compartido. Como si cada verso encontrara eco en el murmullo del café, en el roce de las páginas, en la respiración atenta de quienes escuchan.

La propuesta invita a pensar la poesía como un puente generacional, donde las diferencias no separan sino que amplifican. Tres mujeres que escriben desde distintos momentos de la vida, pero con una misma intensidad: la de nombrar el mundo desde una sensibilidad que, en este otoño, se vuelve especialmente fértil. Hay en esta reunión algo de ritual: una transmisión, un gesto de continuidad, una conversación silenciosa entre épocas.

El evento, de entrada libre y gratuita – aunque con cupos limitados -, se presenta como una oportunidad para detener el ritmo cotidiano y sumergirse en una experiencia estética y sensorial. Porque si el otoño trae consigo cierta melancolía, también ofrece la posibilidad de recogimiento, de escucha, de poesía.

En tiempos donde lo inmediato parece imponerse, encuentros como este reivindican la pausa. Y en esa pausa, la palabra – dicha por mujeres, atravesada por generaciones – vuelve a ser casa.

Habrá algo de doméstico y de ritual en estas lecturas. Como si cada texto encontrara su temperatura justa en el murmullo del café, en la respiración compartida del público. Como si la literatura dejara de ser objeto para volver a ser acto.

En tiempos de velocidad, este tipo de encuentros proponen otra lógica: la de la permanencia. Escuchar un poema completo. Sostener un silencio. Dejar que una imagen quede flotando.

Quizás por eso el otoño sea el momento adecuado. Porque invita a quedarse. Y porque, como la poesía, Atipica Cultural también trabaja con lo que cae… y con lo que permanece.

Una noche para escuchar, poesía entre libros y café.

Qué dijo Poggi sobre los tiempos judiciales

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá


El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, dejó una frase que ordena la lectura política del caso por el cual le aceptó la renuncia a Ricardo Bazla: “Me sorprendió la velocidad con que -en la Justicia- se abordó este tema y el no abordar los siete años anteriores”.

La definición, pronunciada en una rueda de prensa en Villa Mercedes, expone la perplejidad del mandatario frente al ritmo de la investigación judicial.

Poggi aclaró que es “muy respetuoso de las decisiones de la Justicia”, pero subrayó el contraste entre la rapidez con que se actuó en el caso actual y la ausencia de investigación sobre lo ocurrido con el campo “El Caburé” desde su recuperación por parte del Estado en 2017.

“El campo hace del 2017 que la provincia lo recuperó y no sabemos qué pasó con el producido en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023”, planteó, reforzando la idea de que la mirada judicial debería abarcar todo el período en el que el predio estuvo bajo órbita estatal.

En ese contexto, el gobernador confirmó que Bazla presentó su renuncia de manera indeclinable luego de ser imputado y que la misma fue aceptada de inmediato. Recordó además que, tras la denuncia inicial, el funcionario ya había solicitado una licencia sin goce de sueldo por 90 días, también concedida.

“Esto marca una forma diferente de actuar: el funcionario se aparta para defenderse, no se cubre a nadie”, señaló Poggi, en una línea que busca diferenciar el manejo del caso respecto del anterior gobierno que tiene no menos de una docena de exfuncionarios investigados y algunos condenados por hechos de corrupción.

Sin embargo, el eje de su intervención no estuvo puesto en la situación personal del exfuncionario sino en el alcance de la investigación. “Que se avance, pero que se amplíe desde el mismo momento en que se recuperó el campo en 2017”, concluyó.

Poggi le aceptó la renuncia a Bazla tras su imputación por delitos contra la administración pública

El gobernador Claudio Poggi le aceptó la renuncia a Ricardo André Bazla, quien hasta este miércoles se desempeñaba como secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión, luego de que la Justicia avanzara con una formulación de cargos en su contra por presuntos delitos contra la administración pública.

La aceptación de la renuncia operó como un movimiento inmediato del Ejecutivo tras conocerse la imputación judicial.

Horas antes, el juez de la causa conocida como «El Caburé» había resuelto admitir todos los cargos pretendidos por el Ministerio Público Fiscal dando por formulados cargos provisorios contra el exfuncionario.

La imputación incluye delitos de defraudación, falsedad ideológica, uso de instrumento público agravado, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.

Frente a ese escenario, Bazla presentó su renuncia indeclinable mediante una nota dirigida a Poggi, fechada el 25 de marzo de 2026. En el escrito, sostuvo que tenía la “obligación moral” de apartarse del cargo y que necesitaba ejercer su derecho de defensa ante las decisiones judiciales y medidas de coerción en su contra.

La aceptación de la renuncia por parte del gobernador marca un corte político claro frente al avance judicial de la causa en la que Bazla quedó imputado.

La dictadura que nos arruinó, por Diego González

Por Diego González

Abogado, dirigente del Partido Justicialista.

 

Hoy, como ciudadanos argentinos, debemos ocuparnos de rescatar de las celdas más oscuras de nuestra memoria nacional los hechos y consecuencias funestas del golpe de Estado acaecido el 24 de marzo de 1976.

Han pasado ya cinco décadas y la sensación no varía; es una época dura para millones de argentinos que, afortunadamente para las nuevas generaciones, no hemos sufrido procesos amnésicos simplistas.

Nuestra República Argentina ha sufrido a lo largo del siglo pasado numerosas interrupciones del orden constitucional, que produjeron graves violaciones a los derechos humanos motivadas por cuestiones ideológicas o partidarias.

La aplicación de tortura, física o psíquica, fue el denominador común de estos abominables periodos, alcanzando niveles genocidas a partir de 1976, cuando se evidenció la existencia de un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas, comparable solamente con la barbarie instrumentada por la Alemania nazi. Decenas de miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de procedimientos inspirados en la totalitaria e importada Doctrina de la Seguridad Nacional.

La utilización reiterada de la desaparición de personas, como política represiva, reconoce algunos antecedentes previos al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 pero, desde esa fecha, las fuerzas militares, con apoyo civil, que usurparon el poder obtuvieron el control absoluto de la organización estatal generalizando la implantación de tal metodología.

La comprobación de la extensión que adquirió la práctica de la tortura en los numerosos centros clandestinos de detención existentes en el territorio nacional, y el sadismo demostrado por sus ejecutores, resultan estremecedores; inclusive, respecto de algunos de los aberrantes métodos empleados, no se conocían antecedentes en otras partes del mundo.

Los cobardes genocidas no solo persiguieron a los miembros de organizaciones políticas populares, sino que se cuentan por millares las víctimas no vinculadas con tales actividades que también fueron objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado “subversivo”.

Esta fanática e indiscriminada represión alcanzó también a religiosos, abogados y periodistas argentinos y extranjeros. Judicialmente, por otra parte, se ha comprobado la existencia del “Plan Cóndor”, consistente en la colaboración mutua prestada entre las dictaduras latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia), para perseguir a sus víctimas en el territorio de cualquiera de los países adherentes al mismo.

Numerosas organizaciones, nacionales e internacionales, lucharon vigorosamente por los derechos humanos de los detenidos-desaparecidos, entre ellas pueden destacarse: Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio de Paz y Justicia, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento Ecuménico de Iglesias por los Derechos Humanos, Amnesty International, Cruz Roja Internacional, Comisión Internacional de Juristas, Consejo Mundial de Iglesias, Federación Internacional de Derechos Humanos, Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Pax Christi Internacional, Asociación Internacional Contra la Tortura, Asociación de Juristas Demócratas, Liga Internacional para la Defensa de los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Penal Law Asociation, Minority Rights Group, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Federación de Familiares de América Latina, CLAMOR de Brasil, Vicaría de la Solidaridad de Chile, entre otras.

Aquellos jóvenes idealistas y solidarios martirizados por la abyecta dictadura militar nos han dejado una gran enseñanza: las instituciones democráticas deben ser defendidas a cualquier costo porque, en esencia, la democracia que supimos conseguir es eso, un grito de libertad, un alarido de justicia, el gobierno del pueblo y para el pueblo.

La última dictadura, además de los aberrantes crímenes descriptos, también cometió otros que terminaron condicionando el futuro de la Argentina: un legado de endeudamiento externo insoluble, corrupción estructural rampante en materia de obra pública, y otras, la “colonización” que las FF.AA de entonces hicieron sobre todas las oficinas del Estado, donde la idoneidad fue reemplazada por el parentesco, el “acomodo” que perdura hasta nuestro días en organismos nacionales, provinciales y municipales en los que, parece, la página del calendario no ha pasado al año 1984, lamentablemente. Democracia como asignatura pendiente, herencia maldita de una dictadura que destruyó todo, los cuerpos, las almas, la ética republicana, todo, y en nombre de pretendidos “valores” que los primeros en pisotearlos fueron ellos. Dios nos libre de ese pasado de horror que se cuela en el presente y ancla nuestro futuro como país.

La provincia de San Luis, por cierto, no fue ajena a esta dolorosa realidad nacional y subcontinental. Gran cantidad de, en su mayoría, jóvenes de nuestra patria chica, debieron padecer las infames mazmorras del “Proceso”. Además, debemos recordar que numerosos ciudadanos fueron asesinados en la vía pública por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad, hechos que hasta hoy no han sido esclarecidos.

Otros hijos de esta tierra han pasado a engrosar las interminables listas de “desaparecidos”, vocablo incorporado al diccionario universal de la vergüenza a causa de lo sucedido en Argentina durante este sangriento período.

A esta altura es propicia la ocasión para desafiar el olvido cómplice y recordar a los sanluiseños que fueron víctimas del terrorismo de Estado: Ana María Ponce, Domingo Britos, Marcos Ibañez, Santana Alcaraz, Jorge Reynaldo Ruarte, Norma Monardi, Jorge Gabriel Pujol, Lubino Amodey, Félix Roque Giménez, Adolfo Enrique Pérez, Leonor Rosario Landaburu de Catnich, Carlos Luis Mansilla, María del Carmen Bosco, Carlos Juan Allende, Fred Mario Erns, Luis Canfaila, Alfredo Felipe Sinópoli, Luis María Frumm, Graciela Fiochetti, Julio Everto Suárez, Elsa Alicia Landaburu, Mauricio López, Dante Bodo, Jorge Luis Ruffa, José Oscar Robustelli, Ricardo Enrique Saibene, Jorge Omar Cazorla, Tomás Horacio Carrucaburu, Nolasco Leyes, Anibal Torres, Pedro Valentín Ledesma, Angel Arturo Avellaneda y Domingo Edgardo Chacón.

Hoy podemos afirmar, con orgullo, que el paso del tiempo no ha borrado las profundas huellas de los imperdonables crímenes cometidos por los genocidas, ninguna autoamnistía, punto final o indulto pudo -ni podrá- lograr ese por ellos tan ansiado “manto de olvido” cómplice, encubridor de sus tropelías. Ese olvido maldito no llegará jamás, porque tiene perdida la batalla frente al ardor de la memoria del pueblo argentino.

 

El Tribunal a Ramírez: «Deberá abstenerse de cometer nuevos delitos»

Las más de 120 mil visualizaciones en la página de Facebook @danielpoderperiodista —ver gráfico— del artículo sobre la declaración de Alberto Rodríguez Saá en la causa Cintia Ramírez son una demostración contundente del interés público que tomó, con el paso de los días, ese proceso judicial.

La ex secretaria de Deportes fue condenada por unanimidad a un año y medio de prisión en suspenso por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes del funcionario público en perjuicio de la administración pública provincial, y fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.

Ramírez deberá abstenerse de cometer nuevos delitos y nunca más podrá ser funcionaria ni ocupar cargos electivos de ninguna naturaleza.

El Tribunal, integrado por los jueces Fernando de Viana, Adriana Alfonso Lucero y Eugenia Zabala Chacur, la absolvió “por el beneficio de la duda” en relación con el pago de un sobreprecio de 175 millones en la compra de un colectivo, lo que no supone necesariamente afirmar su inocencia.

Los jueces la absolvieron en esa acusación puntual porque no alcanzaron el grado de certeza necesario para condenarla. La prueba colectada no fue suficiente para demostrar su culpabilidad.

Sobre lo que no quedó dudas fue que se pagó un sobreprecio de 175 millones: la profesional que tasó el vehículo dijo ante los jueces que ese colectivo no costaba más de 114 millones; sin embargo, se terminaron pagando 290 millones de pesos a una empresa cuya actividad no era precisamente la venta de vehículos, al punto tal que la factura por la compraventa del colectivo llevaba el N° 0000001.

Un informe periodístico del colega Mauricio Conti, en el conurbano bonaerense y frente al domicilio acreditado como propiedad de la empresa vendedora, dejó en evidencia detalles opacos de una transacción que, más que un negocio, pareció esconder un negociado.

Lo cierto es que Rodríguez Saá se autoincriminó y ahora deberá enfrentar una denuncia penal por la compra de ese colectivo, de la que él se responsabilizó, involucrando al secretario general de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo, y al ex ministro de Gobierno, Fabián Filomena.

El acompañamiento a Rodríguez Saá en su paso por Tribunales deja otra interesante foto política para mirar con atención.

Pese a que uno de los abogados defensores de Ramírez, Ramiro Rubio —con vínculos familiares con el exgobernador—, dijo temprano en la mañana del jueves en los medios que Alberto Rodríguez Saá se presentaría a declarar, la presencia de dirigentes fue muy escasa.

Sólo se vio a los diputados Darío Neira y Silvia Sosa Araujo, al senador Hugo Olguín, al dirigente de Pedernera Orlando Grillo, y no mucho más, además de sus familiares. También estuvo cerca de Rodríguez Saá el concejal de Quines, Sergio “Peteco” Álvarez, quien a comienzos de año fue denunciado en una causa por violencia familiar en el Juzgado de Familia N° 5 y que está en trámite.

Cintia Ramírez fue hallada culpable y condenada por corrupción

La exsecretaria de Deportes en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez fue hallada culpable de delitos de corrupción y condenada a un año y medio de prisión en suspenso, y nunca más podrá ocupar cargos en la función pública.

Así lo resolvió el tribunal que la juzgó integrado por los jueces Fernando de Viana, Adriana Lucero Alfonso y Eugenia Zabala Chacur, minutos antes de las 17:30 horas.

Su juicio había concitado la atención pública no sólo por los volúmenes de dinero bajo investigación que se movieron en su gestión al frente de tres organismos -la secretaría de Deportes, el Ente de Deportes y el San Luis Futbol Club- sino también porque el exgobernador había sido propuesto como testigo por parte de su defensa.

Sin embargo, la declaración se jefe político -en la que se auto-incriminó- no sirvió para exonerarla de responsabilidades, y ahora él es denunciado por defraudación al Estado provincial.

Del accidente en moto cuando era ministro al acuerdo judicial: Anastasi cobró 28 millones

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

La demanda judicial iniciada por el ex ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi, tras un accidente en motocicleta ocurrido mientras ejercía el cargo, terminó con un acuerdo conciliatorio por 28 millones de pes

El expediente —caratulado “Anastasi Luciano c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ Accidente o Enfermedad Laboral – Expte. 408746/23”— tiene un dato central que atravesó todo el proceso: Anastasi era ministro de Seguridad cuando ocurrió el accidente. Había asumido el cargo en agosto de 2010 y el siniestro se produjo el 17 de diciembre de 2021.

Según la presentación judicial, ese día el entonces funcionario se dirigía a un procedimiento policial cuando sufrió el accidente. Conducía una motocicleta Benelli TRK 520 por la Ruta Nacional 146 y, al intentar ingresar al Servicio Penitenciario provincial, un camión se interpuso en su trayectoria. La maniobra provocó la pérdida de control del rodado y la posterior caída sobre el asfalto.

De acuerdo con el relato incorporado en la demanda, el ministro sufrió traumatismos múltiples y lesiones en la muñeca y en un dedo de la mano derecha, su miembro hábil.

La discusión por la incapacidad

Tras el episodio, la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinó que Anastasi presentaba una incapacidad parcial permanente del 4,53%.

Con ese diagnóstico, la aseguradora Federación Patronal Seguros S.A. le notificó que tenía disponible una indemnización de $3.016.524,29, monto que el ex ministro aceptó “como pago a cuenta y en disconformidad”.

El caso ingresó entonces en una nueva etapa. A través de su abogado, Víctor Andrés Lazart, Anastasi cuestionó la evaluación médica inicial y sostuvo que las secuelas del accidente eran mayores a las reconocidas. En consecuencia, impulsó una ampliación de la demanda reclamando $5.032.204,96 adicionales.

La evolución del expediente

Con el avance del proceso judicial, el porcentaje de incapacidad volvió a ser analizado. Finalmente, en el marco del expediente laboral se consideró que la incapacidad laboral ascendía al 16,79%, una cifra muy superior al porcentaje fijado inicialmente por la Comisión Médica.

A partir de esa nueva valoración, la liquidación practicada en el expediente estableció una indemnización base cercana a 7 millones de pesos, monto que con intereses y actualización podía superar los 35 millones.

El acuerdo que cerró la causa

En ese escenario, las partes optaron por cerrar el litigio mediante un acuerdo conciliatorio.

El convenio estableció que Federación Patronal Seguros S.A. abonará $28.000.000 en un único pago, suma que tiene carácter cancelatorio y definitivo de todos los reclamos derivados del accidente.

Para que el acuerdo pudiera avanzar hacia su homologación judicial, Anastasi compareció personalmente ante el juzgado laboral y ratificó el convenio en una audiencia realizada el 17 de junio de 2025, paso formal necesario para la validación del acuerdo.

El expediente quedó así encaminado a su cierre definitivo, tras casi cuatro años de discusión judicial originada en el accidente ocurrido cuando Anastasi ejercía como ministro de Seguridad de la provincia.

Presentan la iniciativa productiva “Sanpribai Puntana”

El Movimiento Evita y el Partido Tierra, Techo y Trabajo de San Luis convocaron a empresarios, comerciantes, productores, emprendedores, trabajadores de la economía popular, organizaciones sociales y dirigentes políticos a participar del encuentro de presentación de Sanpribai Puntana, una iniciativa que busca impulsar un nuevo modelo de desarrollo productivo en la provincia.

La actividad, según informó la vicepresidenta del espacio, Ivana Fernández Suárez, está prevista para el martes 17 de marzo a las 10, en Bar 615, ubicado en la peatonal Rivadavia 615 de la ciudad de San Luis. Según señalaron los organizadores, el objetivo es abrir un espacio de diálogo y construcción colectiva para debatir propuestas vinculadas al trabajo, la industria, la innovación y la producción.

Desde los sectores que impulsan la convocatoria sostienen que la provincia reúne condiciones para avanzar hacia un esquema de crecimiento basado en la producción. “Creemos que San Luis tiene todo para dar un salto productivo: talento, recursos y una enorme voluntad de trabajo”, señalaron en la invitación difundida para la actividad.

El encuentro se plantea como un ámbito abierto a distintos actores del entramado económico y social de la provincia. La propuesta apunta a reunir tanto a representantes del sector privado como a trabajadores y organizaciones sociales con el objetivo de intercambiar ideas y elaborar herramientas que promuevan más producción, empleo y oportunidades para los sanluiseños.

De acuerdo con los organizadores, Sanpribai Puntana busca instalar una agenda centrada en el desarrollo productivo local y en la articulación entre distintos sectores de la sociedad para impulsar iniciativas económicas con impacto en el empleo y la actividad.

La convocatoria concluye con una consigna que resume el espíritu del encuentro: “San Luis tiene una nueva oportunidad. Construyámosla entre todos”.

Poggi repudió el vandalismo del 9M y respaldó la imputabilidad desde los 14

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, tomó posición en dos temas que atraviesan la agenda pública de los últimos días: los hechos vandálicos registrados durante la marcha por el Día de la Mujer y el nuevo régimen penal juvenil que fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

En relación con las movilizaciones del 9 de marzo, el mandatario provincial repudió los daños producidos durante la protesta, entre ellos las pintadas y destrozos en el estudio contable del senador nacional Bartolomé Abdala. El legislador había denunciado que durante la marcha se generó una “zona liberada”, acusación que Poggi rechazó de manera categórica.

“Primero, repudio el hecho, repudio a quienes lo hicieron. No hay ninguna zona liberada”, afirmó.

Durante las manifestaciones también se registraron episodios en Villa Mercedes, donde se quemaron imágenes de dirigentes políticos. El propio gobernador señaló que tomó conocimiento de una acción de ese tipo dirigida a su figura.

“Me contaron que a mí me quemaron una figura, no sé si en Villa Mercedes”, comentó.

Poggi sostuvo que respeta las manifestaciones vinculadas a los reclamos de las mujeres, aunque cuestionó los episodios de violencia registrados durante la jornada.

“Yo respeto mucho a la mujer, pero las posturas extremas así no, que rompen y que pintan y que arruinan”, expresó.

En ese marco, el gobernador también contrastó lo ocurrido con situaciones de conflicto registradas durante gestiones anteriores. “Antes sí había zona liberada. Acuérdense las movidas que hacían. En el gobierno de Alberto Rodríguez Saá pasaba eso. En la Catedral. En nuestro caso, no”, afirmó.

Poggi también se manifestó a favor del nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso de la Nación.

La Ley N° 27.801, sancionada el 27 de febrero y promulgada el 9 de marzo, establece la responsabilidad penal desde los 14 años y reemplaza el régimen vigente desde 1980, que fijaba la imputabilidad a partir de los 16.

Consultado sobre su aplicación en la provincia, el mandatario señaló que la normativa todavía deberá reglamentarse y que el Gobierno nacional prevé acompañar a las provincias en la adaptación de sus estructuras.

“Hay que reglamentarla y dentro del presupuesto nacional figurará una partida presupuestaria, como se anunció, para apoyar a las provincias para crear la infraestructura”, explicó.

Según indicó, el nuevo sistema prevé un régimen específico para adolescentes, con espacios separados del sistema penitenciario tradicional.

“Es una infraestructura separada, es un régimen separado, como corresponde. Pero estoy de acuerdo con la ley”, afirmó.

El gobernador también se refirió a la situación actual del sistema penitenciario provincial y advirtió que la población carcelaria viene creciendo de manera sostenida.

“Piensen ustedes que hay 250 internos más. Comenzamos el gobierno con 880 y hay poco más de 1100, y muchos por delitos federales. Sanluiseños, pero producto de delitos federales que vienen de la droga”, señaló.

En ese marco, informó que el Gobierno provincial avanza en obras para ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario, entre ellas la ampliación del sector destinado a mujeres.

Las claves del discurso de Olagaray

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

La apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Potrero de los Funes dejó algo más que la formalidad institucional de cada inicio de año legislativo. El intendente Ignacio Olagaray utilizó el mensaje para plantear un diagnóstico del municipio, describir el punto de partida de su gestión y delinear una agenda de reconstrucción administrativa y operativa para la localidad turística.

El acto se realizó con la presencia del vicegobernador Ricardo Endeiza, el senador provincial Martín Olivero, el intendente de La Punta Luciano Ayala, el exintendente Daniel Orlando, representantes de cámaras hoteleras y gastronómicas, directivos de las escuelas del pueblo, el cura párroco Raúl Chávez, vecinos, trabajadores municipales y funcionarios.

Pero antes de avanzar en el balance de gestión, el jefe comunal abrió su discurso con una referencia personal que marcó el tono del mensaje.

“Como es de público conocimiento —porque así lo he querido, en el marco de la transparencia— estoy atravesando una enfermedad contra la cual estoy realizando el tratamiento médico correspondiente”, dijo al referirse al tratamiento oncológico que enfrenta actualmente.

Olagaray agradeció especialmente el acompañamiento de su familia, de los trabajadores municipales y de los vecinos de Potrero de los Funes.

“No puedo dejar de agradecer las innumerables muestras de cariño, mensajes y palabras de apoyo que he recibido. Sepan que todos esos gestos me llenan el alma y me dan la fortaleza para afrontar esta prueba que la vida ha puesto en mi camino”, expresó.

Al mismo tiempo buscó transmitir tranquilidad sobre el funcionamiento de la administración municipal.
“Quiero dejar la tranquilidad de que sigo trabajando junto al equipo municipal para que nuestro Potrero de los Funes vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser”, afirmó.

El diagnóstico del municipio

Superado ese primer tramo del mensaje, el intendente avanzó en el eje central del discurso: el estado en el que encontró la estructura municipal al asumir y la necesidad de ordenar su funcionamiento.

Según explicó, durante los primeros meses se realizó un relevamiento integral de las distintas áreas del municipio para conocer el estado real de las instalaciones, el equipamiento y los recursos operativos.

Ese diagnóstico, sostuvo, permitió detectar problemas administrativos acumulados durante años.

“Nos encontramos con situaciones que responden a formas de administrar que vienen desde hace mucho tiempo. Nuestro objetivo es ordenar el municipio, desde lo administrativo, desde lo contable y desde los servicios públicos, que son la función esencial por la cual existe el municipio”, señaló.

El proceso de reorganización incluye la revisión de procedimientos internos, la actualización de registros de contribuyentes y la digitalización de trámites.

Entre los proyectos anunciados figura la creación de un portal web municipal que permitirá a los vecinos consultar deudas, descargar boletas y realizar pagos de tasas de manera online.

Recuperar la capacidad operativa

Otro de los puntos que Olagaray destacó fue la situación del parque automotor municipal al inicio de la gestión.

Según detalló, cerca del 90% de los vehículos y maquinarias del municipio se encontraba fuera de servicio.

Durante los primeros meses se realizaron reparaciones que permitieron recuperar distintas unidades clave para la prestación de servicios, entre ellas el camión desobstructor, la motoniveladora, el minibús municipal y varios vehículos de apoyo.

La recuperación de esa flota permitió retomar tareas de mantenimiento urbano y mejorar la capacidad operativa del municipio.

Servicios y mantenimiento urbano

En materia de servicios públicos, el intendente repasó el trabajo realizado durante la temporada alta.

Según los datos de la gestión, se retiraron más de 405 toneladas de residuos domiciliarios mediante operativos intensivos de limpieza urbana, además de realizar tareas especiales para el retiro de chatarra, escombros y restos de poda.

También se ejecutaron trabajos de mantenimiento en espacios verdes y en el cauce del río Potrero, con cortes de pasto, desmalezado y poda preventiva del arbolado.

Alumbrado, agua y cloacas

El relevamiento inicial también detectó problemas en el sistema de alumbrado público.

Según explicó el intendente, era necesario renovar cerca de cinco kilómetros de cableado eléctrico y reemplazar más de 200 luminarias.

A través del convenio provincial “Construyendo con tu Pueblo”, el municipio comenzó la instalación de nuevas luminarias en distintos sectores de la localidad.

Además se realizaron reparaciones en el sistema cloacal y en la estación de bombeo para mejorar el funcionamiento del servicio.

Recuperar los espacios públicos

Durante su mensaje, Olagaray también puso el foco en la recuperación de espacios públicos que se encontraban abandonados.

Uno de los casos mencionados fue el Parador El Solar, un predio histórico de Potrero de los Funes que fue reacondicionado para volver a utilizarse como espacio cultural y comunitario.

“El espacio público tiene que ser realmente público. Si existe una concesión, debe ser transparente y clara para todos”, afirmó.

Turismo y economía local

El turismo, principal actividad económica del pueblo, fue otro de los capítulos centrales del discurso.

El municipio conformó una mesa público-privada junto a cámaras empresariales y prestadores turísticos para planificar el desarrollo del sector.

En ese marco se impulsó una agenda de eventos durante el verano que incluyó espectáculos, actividades deportivas y la recuperación del tradicional Festival del Fogón y el Lago.

También se trabaja en nuevas herramientas de promoción turística, entre ellas el programa Potrero Pack, que busca integrar alojamiento, gastronomía y actividades en paquetes turísticos.

Otra iniciativa es la Ruta Sabores Serranos, una propuesta que conecta la oferta gastronómica local con productores regionales.

Una gestión que busca ordenarse

En el tramo final del discurso, el intendente planteó el horizonte de su gestión.

“Nuestro desafío es generar las condiciones para que cada uno de los habitantes de este inigualable Potrero de los Funes viva un poco mejor”, afirmó.

Con ese mensaje dejó formalmente inaugurado el período legislativo 2026 del Concejo Deliberante y convocó a concejales, instituciones y vecinos a trabajar en conjunto para el desarrollo de la localidad.

Confirman el procesamiento de Darío Oviedo por los delitos de Peculado y Defraudación al Estado

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la 2° y 3° Circunscripción rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa en la causa conocida como «El Caburé», que investiga presuntos delitos contra la administración pública, y confirmó la formulación de cargos contra el exfuncionario Darío Oviedo Helfenberger que fuera denunciado por el gobierno provincial.

La resolución quedó plasmada en el Auto Interlocutorio N° 15, dictado el 9 de marzo en la ciudad de Villa Mercedes por los magistrados Hernán Diego Herrera, María Monserrat Bocca y Marcelo Bustamante Marone.

El fallo tiene una consecuencia procesal relevante: al rechazar la apelación, el tribunal confirmó la formulación de cargos que había dispuesto el Juzgado de Garantías N° 1 en diciembre de 2025. En términos jurídicos, esto significa que la decisión inicial del juez de garantías se mantiene vigente y que la investigación penal continúa bajo esos encuadres.

En esa audiencia realizada el 23 de diciembre de 2025, el juez había considerado que, de manera preliminar —lo que en lenguaje judicial se denomina “prima facie”— existían elementos suficientes para avanzar con la imputación contra el funcionario Darío Oviedo Helfenberger, a quien se le atribuyen presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, además de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público, figuras contempladas en el Código Penal.

El tribunal de alzada no analizó aún la culpabilidad —algo que corresponde a etapas posteriores del proceso— sino que se pronunció sobre la legalidad de la formulación de cargos, es decir, si el juez de garantías había actuado correctamente al habilitar la investigación penal bajo esas figuras.

En ese punto, los magistrados entendieron que la decisión original debía mantenerse y rechazaron el planteo de la defensa que buscaba revertirla.

La resolución también introduce una indicación procesal adicional: el tribunal ordenó que la Fiscalía y la querella resuelvan previamente las diferencias sobre la calificación jurídica de los hechos, de modo de garantizar que el proceso avance con una acusación unificada antes de la audiencia de control de acusación prevista por el Código Procesal Penal de San Luis.

Esa etapa es clave dentro del sistema acusatorio, porque es el momento en el que se define con precisión qué delitos se imputan y bajo qué fundamentos, antes de que la causa pueda avanzar hacia una eventual instancia de juicio.

Con esta decisión, el expediente continúa su curso dentro del proceso penal y se consolida el marco jurídico bajo el cual se investigan los hechos denunciados en la causa.

 

Bazla pidió licencia sin goce de haberes para defenderse de una denuncia

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

El secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión de la provincia de San Luis, Ricardo Bazla, solicitó formalmente una licencia sin goce de haberes por el término de noventa días al gobernador Claudio Poggi para dedicarse a su defensa ante una denuncia penal presentada en su contra.

La decisión fue comunicada por el propio funcionario y quedó plasmada en una nota dirigida al mandatario provincial con fecha 10 de marzo de 2026. En ese documento, Bazla pide ser relevado transitoriamente de sus funciones para poder concentrarse en la respuesta judicial a las acusaciones que enfrenta.

“Motiva la presente petición el hecho de estar siendo personalmente afectado con falsas e injustas acusaciones, en las que se pretende poner en tela de juicio la transparencia de mi gestión”, señala el funcionario en el texto presentado al gobernador.

La licencia solicitada es sin goce de haberes y por un plazo de 90 días. Bazla ocupa el cargo de secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió la actual administración provincial.

En la nota, el funcionario también remarca que su decisión busca evitar cualquier impacto institucional sobre el gobierno provincial mientras se sustancia el proceso judicial. “Es mi férrea voluntad no permitir que su buen nombre, honor y excelente labor de gobierno se vea empañada por maniobras espurias”, expresa en el escrito dirigido al mandatario.

Bazla afirma además que utilizará este período para ejercer plenamente su derecho de defensa. “Estoy dispuesto a enfrentar, ejercer mi defensa y sostener mi estado de inocencia”, señala en la solicitud elevada al Poder Ejecutivo.

La denuncia que alcanza al funcionario fue presentada por el abogado Pascual Celdrán -el mismo que pidió que el exministro Sergio Freixes cumpla su condena en prisión domiciliaria y no en el Servicio Penitenciario- en representación de Enrique Vaira y está vinculada al caso de la estancia “El Caburé”, un proyecto productivo ubicado en el sur de la provincia cuyo control fue recuperado por el Gobierno de San Luis.

Tras conocerse la presentación judicial, Bazla decidió solicitar la licencia para dedicarse exclusivamente a su defensa y evitar que la situación personal interfiera con el funcionamiento de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión.

Denuncian a un concejal de La Punta por amenazas y trompadas

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

Un fuerte incidente político e institucional ocurrido en el Concejo Deliberante de la ciudad de La Punta derivó en una denuncia policial contra el concejal Martín Bastías, del Partido Justicialista, acusado de amenazas e incluso de haber agredido físicamente al secretario legislativo del cuerpo, Juan Pablo Martínez.

La denuncia fue radicada este jueves en la Comisaría Seccional 28 de La Punta, donde Martínez relató una serie de episodios ocurridos durante la sesión ordinaria del Concejo. Según consta en el acta policial, el denunciante explicó que el conflicto comenzó dentro del recinto, cuando el edil habría insultado al grupo de concejales de la agrupación Ahora San Luis, tratándolos de “titiriteros”.

Martínez señaló que, una vez finalizada la sesión, se encontraba explicando la realización de un acta cuando decidió responderle al concejal. En ese momento —siempre de acuerdo con su denuncia— Bastías habría reaccionado con nuevos insultos y descalificaciones.

El denunciante afirmó que el concejal lo invitó a salir del edificio y que la discusión continuó en el exterior, donde el tono del intercambio escaló rápidamente. Según el relato presentado ante la Policía, el edil lo habría insultado reiteradamente y amenazado, en medio de una discusión que fue presenciada por empleados del Concejo que intentaron separarlos.

La denuncia sostiene que luego ambos se dirigieron hacia un sector ubicado detrás del módulo del Juzgado de Paz, donde Bastías habría vuelto a insultarlo y finalmente le propinó un golpe de puño cerrado en el mentón, lo que obligó al denunciante -insultos de por medio- a retroceder y ponerse en guardia.

En ese momento intervino Fernando Ovejero, secretario administrativo, quien se interpuso entre ambos y logró separarlos para evitar que la situación escalara aún más. Tras la intervención del funcionario, Martínez decidió retirarse del lugar y posteriormente radicar la denuncia policial.

El acta fue firmada por el denunciante ante la autoridad policial actuante, dejando constancia de los hechos relatados y de su intención de que la situación sea investigada por las autoridades correspondientes.

Desmienten a Abdala por compartir en sus redes información falsa

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

El director de la Escuela Bernardino Rivadavia, Edgardo Escobar, desmintió públicamente una publicación difundida en redes sociales por el senador nacional por San Luis, Bartolomé Abdala, en la que el legislador denunciaba supuestas deficiencias en la calidad de los alimentos que reciben los alumnos de esa institución.

La escuela, ubicada sobre la calle Ayacucho en la zona céntrica de la ciudad de San Luis, forma parte del sistema del Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE), que provee raciones diarias para los estudiantes.

“No es verdad. Es falso. Nosotros seguimos las normas de manera muy estricta, tal como nos ordenan desde el Programa Alimentario Nutricional Nutricional Escolar. La mercadería es diaria y fresca, no tiene permanencia en la escuela, sino que se reciben las porciones exactas para que no haya remanente y los chicos estén bien alimentados”, explicó Escobar en declaraciones al diario Todo Un País.

El director también señaló que la publicación contenía un error básico respecto de la institución. “Ni siquiera nosotros somos colegio, como dice esa publicación, sino escuela”, remarcó.

Escobar explicó además que, cuando se trata de ciertos alimentos, el personal los fracciona antes de entregarlos a los alumnos debido a que las porciones originales son grandes para niños de primaria.

La polémica se originó a partir de un posteo del senador Abdala en sus redes sociales, donde denunció que los chicos de San Luis que reciben alimentos en las escuelas sufren “la incapacidad de gestión del gobernador Poggi”, y acompañó la publicación con la imagen de un pebete.

“Lo que hoy reciben los alumnos de primaria del Colegio Rivadavia —si esta es la realidad en el centro, resulta muy preocupante imaginar la situación en el interior— dista mucho de lo que se prometió: una feta de queso en un pan que no cumple con estándares mínimos de calidad ni con criterios nutricionales acordes a una política pública seria”, escribió el legislador.

En el mismo mensaje agregó que “no se trata de una foto aislada. Se trata de prioridades. Y cuando la prioridad no está puesta en los chicos, el problema es grave”.

Abdala sostuvo además que, “como sanluiseño y como senador nacional”, tiene “la obligación institucional de hacer públicas las denuncias” que le acercan vecinos de la provincia, y cuestionó la falta de diálogo con el gobierno provincial.

“Hubiera sido más productivo poder plantear estas situaciones en una mesa de diálogo, pero lamentablemente el gobernador ha optado por cerrarse y no generar espacios de intercambio con dirigentes provinciales”, escribió.

La publicación concluyó con un mensaje político más amplio: “Una provincia que no garantiza una alimentación escolar adecuada está fallando en lo más básico. Frente a esa falta de conducción, redoblo mi compromiso de seguir trabajando con firmeza por San Luis para construir juntos la provincia que nos merecemos”.

El senador cerró el posteo con su habitual consigna política: “Te quiero San Luis”.

El episodio reavivó cuestionamientos sobre el uso de las redes sociales por parte de dirigentes públicos para difundir denuncias sin verificación previa. En el caso de Abdala, el tema adquiere una dimensión institucional adicional: el legislador ocupa actualmente la presidencia provisional del Senado, lo que lo ubica en el tercer lugar de la línea de sucesión presidencial de la Argentina, detrás del presidente y la vicepresidenta. Esa posición implica, para muchos analistas políticos, un estándar mayor de prudencia al momento de difundir información pública.

Poggi aceptó la renuncia de Catalfamo en el Tribunal de Cuentas

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, José Guillermo Catalfamo, presentó su renuncia al cargo para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria. La dimisión fue aceptada por el gobernador Claudio Poggi a través de un decreto que fija como fecha efectiva de la dimisión el pasado lunes 2 de marzo de 2026.

La decisión abre ahora el proceso institucional para cubrir la vacante en uno de los organismos clave del sistema de control del Estado provincial. Según se informó, el mandatario provincial dará a conocer en los próximos días el nombre de la persona que propondrá para ocupar el cargo.

De acuerdo con el procedimiento establecido, el postulante deberá ser sometido al acuerdo del Senado provincial, que tiene la atribución constitucional de aprobar o rechazar la designación.

El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de fiscalizar la legalidad y el control del gasto público provincial, por lo que la renovación de uno de sus vocales constituye un movimiento institucional relevante dentro de la estructura de control del Estado.

Con la renuncia de Catalfamo formalizada, el foco político e institucional se traslada ahora al nombre que el Ejecutivo propondrá para completar la integración del organismo integrado por Natalia Hissa, Sergio Oste, Cecilia Badaloni y Alberto Ferraro.

Con gestión consolidada, Frontera lanza un ambicioso plan de obras para Villa Mercedes

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, presentó un ambicioso programa de obras públicas para 2026 durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. En su mensaje, delineó una agenda centrada en infraestructura urbana, saneamiento, espacios públicos y equipamiento comunitario, al tiempo que defendió el orden financiero del municipio, que —según afirmó— volvió a cerrar el ejercicio con superávit y sin endeudamiento.

El jefe comunal sostuvo que las obras planificadas buscan responder a necesidades concretas de los barrios y subrayó que la planificación se realiza a partir del contacto directo con los vecinos. En ese marco, anticipó un nuevo avance del plan de pavimentación urbana que incluirá más de 120 cuadras con cordón cuneta, además de la repavimentación de otras 30 arterias deterioradas.

Entre las intervenciones previstas figuran trabajos sobre calles clave para la circulación, como Juan W. Gez y Libertad, así como el desarrollo de un corredor urbano sobre calle La Fortuna, en el tramo comprendido entre Ardiles y Newbery. En esa zona, donde el crecimiento urbano ha sido sostenido en los últimos años, el proyecto contempla no sólo pavimento sino también la incorporación de un corredor recreativo y deportivo.

Uno de los anuncios centrales del discurso estuvo vinculado al sistema cloacal. Frontera recordó que el municipio, en conjunto con el Gobierno provincial, impulsará un plan de mejoras y saneamiento que demandará una inversión superior a los 2 mil millones de pesos. La iniciativa prevé el recambio de cañerías en sectores críticos —entre ellos las calles Miguel B. Pastor y Suipacha— y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales.

El intendente también dedicó un tramo importante de su exposición a las políticas vinculadas al espacio público. En ese sentido, confirmó la construcción de tres parques lineales en distintos sectores de la ciudad: sobre calle Lainez, entre Montevideo y Sargento Baigorria; sobre Aviador Origone, entre Perón y la plazoleta Eva Perón; y en el acceso por calle Chacabuco.

A ese esquema se sumará un nuevo parque urbano en el sector noreste, en la zona de Newbery y Pescadores, mientras que en el barrio La Ribera se proyecta una intervención integral que incluirá una plaza con juegos inclusivos y un Salón de Usos Múltiples destinado a actividades comunitarias.

En materia deportiva, el municipio avanzará en la transformación de algunos playones existentes en polideportivos barriales. La iniciativa alcanzará a sectores como Eva Perón, Santa Rita, San Antonio, Güemes y distintos complejos habitacionales de la zona Este.

Durante su mensaje, Frontera también reivindicó el equilibrio de las cuentas municipales como condición para sostener el plan de inversiones. Según explicó, la ciudad volvió a cerrar el año con superávit fiscal y sin deudas, lo que —afirmó— permite planificar obras y programas con previsibilidad.

En ese contexto, el intendente se refirió además a la controversia generada por la publicación de datos sobre tasas municipales difundidos a partir de información oficial nacional. Sostuvo que el municipio solicitó la corrección de los valores difundidos y remarcó que, con los datos correctamente expresados, las alícuotas de Villa Mercedes se ubican entre las más bajas del país.

El discurso se extendió durante casi dos horas y estuvo acompañado por funcionarios, concejales y representantes de distintos sectores de la comunidad, que siguieron el mensaje tanto dentro del recinto como en las inmediaciones del edificio legislativo. Frontera cerró su intervención con un llamado a continuar el trabajo conjunto para consolidar el crecimiento de la ciudad.

Villa Mercedes corrigió datos de una web oficial nacional y difundidos por Infobae

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

La Municipalidad de Villa Mercedes emitió un comunicado oficial para aclarar lo que considera un error relevante en la información difundida sobre las alícuotas aplicables a grandes contribuyentes, luego de un informe periodístico publicado por Infobae que se basó en datos de un sitio oficial del Estado nacional.

Se trata de https://www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales, la página que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, promocionó como herramienta de consulta sobre la carga tributaria municipal en todo el país.

Según explicó la comuna, ese portal consignó que las tasas para industrias, supermercados y grandes actividades comerciales alcanzan el 2,5%. Sin embargo —subraya el municipio— la alícuota vigente en la ciudad es del 2,5 por mil (2,5‰), es decir, diez veces menor.

El posteo de Adorni promocionando la implementación de esa página web.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que la diferencia no es menor porque altera de manera sustancial la lectura sobre la presión fiscal. Para ilustrarlo, el comunicado municipal expone que sobre una base imponible de $1.000.000, la aplicación correcta del 2,5 por mil implica un pago de $2.500. En cambio, si se interpretara como 2,5%, el monto ascendería a $25.000.

El municipio sostuvo además que el mismo error conceptual se replica en otras tasas del mismo segmento, donde —afirman— se consignaron valores “por ciento” cuando en todos los casos corresponde la unidad “por mil”.

En ese marco, la Municipalidad solicitó la rectificación de la información difundida para evitar interpretaciones equivocadas en la comunidad económica y empresarial. También ratificó que las alícuotas vigentes están correctamente establecidas en la ordenanza tarifaria local y reafirmó su compromiso con la responsabilidad fiscal, la claridad en la información pública y la transparencia hacia los contribuyentes.

La aclaración se produce en un contexto de alta sensibilidad sobre la carga impositiva municipal, donde diferencias técnicas en la forma de expresar las tasas pueden modificar de manera significativa la percepción pública sobre el peso real de los tributos.

El comunicado oficial de la Municipalidad de Villa Mercedes.

Pipi Alí respaldó a Quintela, que dijo que el gobierno de Milei «no puede llegar al 2027»

Estamos en WhatsApp: Podés seguirnos acá

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quedó en el centro de una fuerte controversia política tras pronunciar dos afirmaciones que encendieron alarmas en el escenario nacional: por un lado, sostuvo que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”, y por otro calificó a las víctimas fatales de la crisis de 2001 dentro de la idea de que “hay sacrificios que valen la pena”.

La primera de esas expresiones —por su carga institucional y su lectura potencialmente desestabilizante— fue interpretada en distintos sectores como un planteo de tono destituyente, al poner en cuestión la continuidad del mandato presidencial surgido de las urnas. La segunda generó un rechazo aún más transversal por la evidente insensibilidad política que implica relativizar muertes ocurridas en uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente.

Quintela formuló esas declaraciones durante una entrevista en el programa Mañana Sylvestre (Radio 10), donde advirtió que, si el actual rumbo económico se mantiene, la Argentina llegará a 2027 “con un país totalmente destruido y entregado”. En ese marco, evocó la crisis de 2001 y la consigna “que se vayan todos”, al señalar que el peronismo debe tener “la decisión” que —según su interpretación— permitió la reconstrucción posterior.

La denuncia de Stornelli

A partir de esos dichos, el fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una denuncia al considerar que las expresiones del mandatario riojano podrían encuadrar en delitos como instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición.

La presentación judicial elevó la tensión política y provocó el cierre de filas del peronismo.

El respaldo de “Pipi” Alí

En ese contexto, el diputado nacional por San Luis Ernesto “Pipi” Alí expresó un respaldo explícito a Quintela y denunció una supuesta ofensiva política y judicial.

A través de sus redes sociales, el legislador sostuvo que “cuando un gobierno no puede construir, elige castigar” y afirmó que La Rioja “no es atacada por casualidad”, sino “por no arrodillarse”. En el mismo mensaje, advirtió que se intenta “disciplinar a quienes gobiernan con autonomía y defienden a su pueblo”.

Alí planteó además que “no es justicia: es persecución política. Usan los tribunales como herramienta para condicionar decisiones y quebrar liderazgos provinciales”. Sobre este punto, cabe señalar que el propio diputado ha sido denunciado e imputado en una causa por presuntos hechos de corrupción, situación judicial que agrega un elemento de controversia a su posicionamiento público.

El diputado puntano encuadró el episodio en una disputa federal más amplia: “La historia argentina demuestra que cada vez que el poder central quiso imponer ajuste y obediencia, hubo pueblos que resistieron. Y La Rioja es uno de ellos”.

El mensaje concluye con un respaldo directo: “La Argentina necesita federalismo real, respeto institucional y una justicia que no responda al poder de turno. Acompañamos a Ricardo Quintela y al pueblo riojano”.

El PJ denunció “disciplinamiento”

En paralelo, el Partido Justicialista nacional difundió el documento “Solidaridad con el gobernador Quintela”, donde rechazó la denuncia impulsada por Stornelli y la calificó como parte de un esquema de “persecución política” contra dirigentes opositores al gobierno de Milei.

El texto sostiene que la presentación judicial carece de sustento jurídico porque se origina en opiniones vertidas en un medio de comunicación y advierte sobre un presunto uso de los tribunales de Comodoro Py como herramienta de disciplinamiento.

Desde el peronismo riojano también se pronunciaron en defensa del mandatario y advirtieron que “si tocan a Quintela, tocan al federalismo”, mientras el propio gobernador agradeció los apoyos y aseguró tener la “tranquilidad de saber que no está solo”.