Poggi otorgó un aumento salarial del 10% con fondos de la Reserva Salarial y Social

El gobernador Claudio Poggi anunció un aumento salarial del 10% para los estatales con fondos de la Reserva Salarial y Social que el Gobierno provincial creó por ley en agosto del año pasado para preservar el funcionamiento del Estado. Ese fondo constituye una reserva equivalente a dos nóminas salariales de la masa de empleados públicos y dos liquidaciones de planes sociales.

La creación de esa reserva respondió a dos objetivos centrales: por un lado, garantizar el futuro financiero tras el desfinanciamiento que el anterior gobierno dejó en las arcas provinciales; por otro, anticiparse al delicado escenario económico que comenzaba a atravesar el país.

El aumento salarial del 10% anunciado esta mañana llega en un contexto económico de crisis nacional, con caída de la recaudación por coparticipación —la más baja de la última década— y también con una merma en la recaudación de impuestos provinciales.

La previsión en la creación de la Reserva Salarial y Social le permite hoy a la administración provincial marcar diferencias con otras gestiones que, en este contexto, han debido congelar los salarios de los trabajadores estatales.

Cómo se instrumenta el aumento:

– Se abonará un 5% en febrero y el restante 5% en abril.

– El sueldo de febrero se abonará el 20 de febrero, previo al inicio de clases, para permitirle a los padres llegar a tiempo con las compras necesarias para la vuelta a las aulas.

– Al incremento salarial se le suma, desde febrero, un aumento del 20% en las Asignaciones Familiares y por Discapacidad; y un 25% de aumento en Ayuda Escolar (arribando a $150 mil por hijo).

– Para el Plan de Inclusión Social, el beneficio alcanzará en febrero un total de $480 mil y en abril llegará a los $500 mil.

La Justicia ratificó duras restricciones contra tres exfuncionarios de Rodríguez Saá

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La Justicia de San Luis resolvió ratificar y prorrogar por 60 días las medidas de coerción impuestas a tres exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, imputados en una causa por fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La decisión fue adoptada el pasado 22, durante una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de lo previsto por el artículo 208 del Código Procesal Penal de San Luis.

Quiénes son los imputados

La resolución judicial alcanza a Luciano Anastasi, Juan Claudio Latini y Ernesto Nader Alí, todos ellos exfuncionarios provinciales durante la última gestión de Alberto Rodríguez Saá. El expediente identifica además a Alí como diputado nacional por San Luis, lo que añade un componente institucional y político adicional al caso.

La investigación penal apunta a presuntas maniobras cometidas desde el Estado provincial, vinculadas al manejo de fondos públicos y al ejercicio irregular de funciones administrativas.

Qué medidas ratificó la Justicia

Lejos de tratarse de una resolución meramente formal, el tribunal ratificó un conjunto de restricciones severas, que continuarán vigentes por al menos 60 días más:

  • Prohibición de salida del país, lo que impide a los imputados viajar al exterior.
  • Obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia, firmando el libro correspondiente para acreditar su sujeción al proceso.
  • Inhibición general de bienes, una medida clave que les impide vender, comprar o disponer de su patrimonio, tanto bienes muebles como inmuebles.

En términos prácticos, esto significa que los exfuncionarios no pueden realizar operaciones comerciales ni patrimoniales, una señal clara de la gravedad con la que la Justicia evalúa el riesgo procesal y la magnitud de los hechos investigados.

El planteo de la Fiscalía y la oposición de las defensas

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Linda Yanina Maluf Martínez, solicitó la prórroga de las medidas de coerción, pedido al que adhirió la Fiscalía de Estado en su rol de querellante.

Las defensas técnicas de los imputados se opusieron de manera unánime, cuestionando la continuidad de las restricciones y dejando asentada, en algunos casos, la reserva de recurrir la decisión ante instancias superiores. Sin embargo, el juez rechazó esos planteos.

La causa adquiere un peso específico por tratarse de exfuncionarios del riñón de una administración que gobernó San Luis durante años, y vuelve a poner en el centro del debate público la responsabilidad penal de quienes ocuparon cargos clave en el Estado provincial.

La ratificación de medidas como la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país marca un punto de inflexión en el expediente y anticipa que la investigación judicial seguirá avanzando.

Cómo sigue la causa

Luego de estos 60 días, se espera la formal acusación por parte de la Fiscalía, para luego iniciar el trámite hacia el juicio oral y público de los tres exfuncionarios.