La fiscal de Estado, Fabiana Zárate, abrió una ventana poco frecuente sobre el funcionamiento interno de las investigaciones judiciales que atraviesan a la administración pública provincial. En una entrevista con Todo Un País, describió un escenario en el que conviven denuncias por corrupción, expedientes demorados y decisiones judiciales que —según su mirada— condicionaron el avance de causas sensibles contra exfuncionarios.
Zárate no solo detalla el mapa de procesos en curso, sino que introduce un elemento político-institucional de fondo: la existencia de un cambio de paradigma a partir del recambio de gobierno. Habla de un pasado reciente en el que investigar era “impensable” y de un presente donde la Fiscalía busca tener un rol más activo, incluso en causas que rozan a funcionarios en ejercicio. A continuación, esa entrevista:
Doctora Fabiana Zárate, muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí es un honor que estén porque me permite contar lo que hace la fiscalía de Estado, como organismo que representa el Estado Provincial.
Usted asumió como fiscal de Estado en a fines de agosto del año pasado y por entonces, el gobierno provincial ya había impulsado una serie de denuncias o una batería de investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción exfuncionarios de la anterior gestión de gobierno. ¿Con cuántas denuncias se encontró cuando llegó a fiscalía?
Cuando asumí, lo primero que hice fue pedir la cantidad de causas que estaban en la sala penal, en la sala civil, en la sala contenciosa. Cuando digo la sala penal puntualmente me refiero a denuncias contra exfuncionarios y estoy dejando afuera causas contra intendentes. Estoy hablando de funcionarios del gabinete, del Poder Ejecutivo. Eran 15 causas penales entre las que se llevaban en la ciudad de San Luis y las que tramitaban en la ciudad de Villa Mercedes.
¿Qué tipo de denuncias son y en qué sentido uno podría decir que los hechos denunciados le han causado un perjuicio al Estado Provincial?
En general se trata de hechos que significan o bien el incumplimiento de los deberes de funcionarios, negociaciones incompatibles con la función pública, o defraudación del Estado provincial.
Creo que es importante ver el contexto en el que se hicieron estas denuncias. Había realmente una conciencia en muchos de los funcionarios, por supuesto, no estoy hablando de todos, ni mucho menos, de que se iban y de que había que vaciar las arcas del Estado en un punto. Entonces, hubo lugares en los que se llevaron los aires acondicionados y las mopas de limpieza.
Digo esto como para imaginar el contexto. Estoy hablando de funcionarios porque los empleados, los agentes públicos, que en muchos casos nos han dado la información, lo tuvieron casi que soportar.
En este contexto se hicieron denuncias contra los funcionarios de la Secretaría de Deportes, de la Secretaría de Comunicación, del Ministerio de Producción, del Molino Fénix, del Ministerio de Seguridad, y otros. Los exfuncionarios de esas dependencias fueron denunciados por conductas que encuadraban en estos delitos, que clarísimamente causaban perjuicio del Estado, porque si vos generas una asociación ilícita para que los fondos del Estado vayan a una sociedad de la que vos sos parte o usas autos públicos del Estado para actividades tuyas personales o servicios de personas que son pagadas por el Estado para tu servicio privado propio o para terceros, claramente estás perjudicando gravemente el Estado o gravemente en algunos casos y en menor grado en otros.
¿Y qué criterio utiliza la fiscalía de Estado para decidir en qué causas se constituye como querellante?
A ver, nosotros como Fiscalía Estado somos representante de los intereses del Estado. Entonces necesitamos ver primero si están afectados los intereses del Estado provincial. Porque si no estuvieran afectados los intereses del Estado, nosotros no tenemos nada que hacer ahí.
Pero después necesariamente tenemos que hacer un análisis jurídico, tenemos que ver si la acción está prescripta o no, si tenemos elementos probatorios suficientes, la viabilidad de esa denuncia, en algunos casos podría llegar a ser insignificante. Y además nosotros nos constituimos como querellantes, no solo cuando denunciamos, sino también cuando un ministro del ejecutivo denuncia y nos pide que nosotros tomemos participación en esa causa.
Y hay otra situación en la que nosotros también tomamos participación que es cuando el propio Poder Judicial considera que Fiscalía debe estar, o sea que debe estar el representante del Estado Provincial en esa causa. Ejemplo, porque se trata de una causa en la que hay instrumentos públicos o firmas de funcionarios públicos, como el caso de la denuncia de los doctores -Maximiliano y Sesbatián- Pipitoni en que se nos ofició, se nos envió una comunicación judicial por la cual nosotros intervenimos. Somos parte de esa causa. (* Se investiga una asociación ilícita para apropiarse de propiedades inmuebles.)
¿Pero hay una suerte de criterio para que Fiscalía de Estado priorice una causa, una investigación por sobre otra?.
No, y no debería ser así en realidad, porque las causas las debemos procurar todas por igual. Y, además, yo creo que el avance de las causas si estamos hablando de causas penales, -sabemos que en las causas civiles en general la actividad más importante, además de la de las partes es la del magistrado-, en las causas penales, el titular de la acción pública es el Fiscal y el avance en gran medida depende de la actividad fiscal. Por eso nosotros hemos observado que hay causas que están activas y en las cuales se colecta buena cantidad de prueba y otras que están muy lentas y otras verdaderamente paralizadas en las que incluso los fiscales han intentado el archivo cuando todavía queda mucho por investigar.
¿Hay cuellos de botellas en términos de esas investigaciones?.
No sé si cuellos de botella… ver, la mora en los procesos judiciales depende de muchísimos factores. Puede suceder que libraste un oficio y demoraste dos meses en que te lo contestaran. O el caso de una pericia que se demora.
Pero claramente, por ejemplo, en los procesos civiles, la mora en las sentencias es la actividad de un magistrado, que perjudica lo justiciable. Y en este sistema acusatorio al que nos estamos acostumbrando tanto los abogados litigantes como el fiscal, como el juez de garantía, claramente el titular de la acción pública es el Fiscal, que es quien lleva la marcha de ese procedimiento. Así que en este sentido yo creo que desde la designación del Procurador general, Sebastián Cadelago Filippi, nosotros hemos logrado comunicarnos con mayor facilidad con los fiscales y además hemos notado que había causas que estaban prácticamente invisibilizadas por el procurador anterior, el procurador Luis Martínez.
Les doy un ejemplo: la Procuración tiene una página en la que sube diariamente audiencias. Jamás fueron subidas, jamás fue subida una audiencia de las denuncias contra exfuncionarios públicos, cuando la relevancia es mayor que en una causa particular, porque están afectados los intereses del Estado y en ese sentido estamos todos interesados en el progreso de esa causa contra un funcionario que afectó los intereses del Estado.
Esta invisibilización no solamente se daba en hacia adentro. Esto de la información que no se subía en la página de la Procuración es un mero ejemplo, porque el verdadero avance de las causas se debe dar en la investigación.
En un punto creemos que hubo hasta una instrucción de paralizarlas, porque no se lograban avances. Puntualmente, al Jefe de Sala, el doctor Santiago Calderón Salomón, que estaba en la anterior gestión y fue confirmado desde que yo soy Fiscal de Estado, le costaba mucho avanzar en la producción de las pruebas para desvirtuar el estado de inocencia que en un estado de derecho tenemos todos.
¿Hay un cambio entonces partir de la llegada del nuevo gobierno?
Bueno, yo creo que con el cambio de gobierno el paradigma de la institucionalidad ha cambiado fundamentalmente. La otra vez escuchaba a un abogado que hablaba de que no se podía investigar a los funcionarios del actual gobernador. Creo que es totalmente distinto.
Era impensable que se denunciara a un funcionario mientras estaba en la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Era impensable y era impensable para los fiscales investigar a cualquiera de los funcionarios de la anterior gestión. De hecho, nunca ocurrió. Entonces sí, creo que el cambio de paradigma existió a partir de la nueva gestión.
En lo referido a la orientación de las causas, al ser confirmado el jefe de sala Penal -Calderón Salomón- con su equipo, y ahora con el apoyo de un experto en derecho Penal como el Fiscal Adjutor, el doctor Rafael Barruezo, creo que el camino en la estrategia se ha confirmado.
Sí, creo, y estoy convencida porque he litigado muchos años, que los procedimientos avanzan cuando uno los sigue muy, muy de cerca y estamos intentando intensificar la producción de los elementos probatorios y coadyuvar a la actividad de los fiscales para que se puedan probar los delitos cometidos por los ex funcionarios de la gestión anterior.
¿Podría enumerar las causas que lleva adelante Falía de Estado y repasar genéricamente en qué situación se encuentran cada una de esas causas?
Sí, sí, por supuesto. Son variadas en el sentido de que son distintos los delitos y también distintos los ámbitos en los que se cometieron los delitos.
Sabemos que fue denunciada la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez. Ella tiene dos causas, una en la que acaba de ser condenada, y absuelta por otro delito por el que nosotros hemos ido en recurso de casación ante el Superior Tribunal. Pero también hay otra causa en la que es necesario seguir investigando y que tiene que ver con la construcción, también en los últimos días de la gestión del anterior gobierno, de canchas de fútbol que nunca fueron realizadas. Construcción de canchas de fútbol en La Punta que nunca fueron realizadas y que fueron pagadas en su totalidad. Primero se hizo un anticipo del 70%, lo cual es algo absolutamente ilegal. Y luego se completó el 30% faltante en estos contratos que se hacían con contrataciones directas. Esa es otra de las causas que tenemos para investigar.
Tenemos también la denuncia que hizo el secretario de Comunicación, Diego Masci contra la exdirectora de Radio Nacional, Gloria Velázquez porque hacía algo que está prohibido desde la Constitución, que es el doble empleo público, salvo en el caso de excepción como el de la docencia. El doble empleo público está prohibido y ella cobraba remuneraciones como Directora en Nación, y también como empleada de la administración pública Provinal. O sea, le cobraba a Nación y a Provincia.
Tenemos causas en las que el Ministerio de Seguridad fue el denunciante como es la causa de los 300 nodos de los cuales solo fueron entregados 117. Fue una licitación de miles de millones de pesos, en la cual lo más llamativo de esto es que el Fiscal la archiva, así que nosotros hemos tenido que pedir el desarchivo, y el Fiscal de juicio ha hecho lugar y estamos retomando la investigación para avanzar.
¿Quién es el denunciado en esa causa?
En la causa de los nodos, los denunciados con Claudio Latini y Luciano Anastasi. Sigo con las causas de Seguridad, hay una causa puntualmente contra Latini que se hizo por peculado. Peculado es cuando yo como funcionario público me llevo bienes del Estado a mi casa o utilizo servicios de personas que son pagadas por el Estado en mi beneficio personal. En esa causa puntualmente hay condena por dos años y medio de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Nosotros hemos apelado por la insuficiencia de la pena.
También está la denuncia por hechos cometidos en el ámbito del ministerio de Producción, con la utilización de un vehículo que fue encontrado en la propiedad privada del excomisario Marcelo Balbo, y por lo que están denunciados el exministro Marcelo Amitrano y el exsecretario de Transporte, Sebastián Anzolovich.
La denuncia es por la utilización de ese dominio para cargar en forma exorbitante, combustible en distintos vehículos; algunos de esos vehículos son del Estado y la mayoría era vehículos privados. También se cargaba combustible con un solo dominio en otros vehículos que no correspondían a ese dominio. Estamos pidiendo en este momento el avance de la causa porque necesitamos que se produzca prueba que es necesario agregar.
Lo mismo que en la causa de la dirección provincial de Vialidad, en donde nuestro anterior director José La Malfa, denunció a los funcionarios de Vialidad entre ellos al exdirector Jorge “Timmy” García Quiroga y a otras personas por la utilización de vehículos para fines personales, para campaña, la contratación de vehículos para fines electorales, la utilización de los bienes del Estado… se llegó a encontrar máquinas moto-niveladoras o máquinas de Vialidad que sirven para claramente la conservación de los caminos que estaban en propiedades privadas.
También porque no se encontraron bienes de tecnología que se habían adquirido poco tiempo antes. En fin, una serie de hechos que han sido denunciados por La Malfa. Esta denuncia ha tenido muy poco avance, no hay formulación de cargos y ahora el Procurador creo que ha designado al fiscal Assad para continuar en esa causa.
¿Por qué cree usted que no avanzaban esas causas? ¿Había o hay una voluntad del Fiscal para que no avanzara?.
Sí, claramente. Sí, sí, sí, claramente, porque a ver, son causas en las que la colección de la prueba en la primera etapa es fundamental, dado que después hay muchas cosas que se pueden cambiar, mover de lugar, llevar a otro lado, dibujar, por decirlo de alguna forma. Para mí resultaba fundamental la obtención de prueba en esta etapa, en la primera etapa, estamos hablando de principios del año 2024.
Sí, no me consta, pero creo que los fiscales responden al Procurador y pueden recibir instrucciones precisas. Nosotros hemos visto en la anterior gestión con la cantidad de despliegue, con helicópteros, allanamientos simultáneos y demás por causas que no involucraban el Estado; con lo que creo que si hubiera habido una instrucción se hubiera avanzado en esta causa, claramente, en esta y en las demás. No se avanzó porque no se quiso. Lo pienso así, es mi opinión personal, pero sin duda hay un montón de pruebas por producir que hubiera sido mejor producir al inicio.
También está la causa Tuki TV. Parece que acá los bienes son solo los bienes patrimoniales físicos, los automotores, los inmuebles, y no, los activos digitales tienen un valor inmenso, más en estos tiempos donde es tan importante la comunicación. Y esa cuenta, Tuki TV, fue creada en el ámbito de la secretaría. de la Juventud. El imputado es Emiliano Blanco, exsecretario de la Juventud y esa cuenta está siendo utilizada ahora en una plataforma de stream privada. Esa causa fue archivada también.
Nosotros ahora estamos en casación ante el Superior Tribunal de Justicia, porque pese a que el fiscal pide el archivo de la cusa, la jueza de Garantía, la doctora Luciana Banó, la desarchiva. Y el tribunal de Impugnaciones resuelve que, si el fiscal no quiere investigar puede no investigar. Y nosotros debemos seguir como acusadores, Fiscalía de Estado, es decir, nosotros necesitamos que el titular de la acción penal impulse el proceso, así que bueno, estamos en recurso en esa causa.
En Villa Mercedes, hay una denuncia que hizo Víctor Endeiza -anterior Fiscal de Estado- patrocinado por el doctor Ávila por el delito de asociación ilícita en el que está involucrado Sergio Freixes y su esposa o pareja Viviana Moreira, Miguel García Montani, Sofía Aguilera, Marcos Ferreira, Francis Freixes, Marcelo Enrique Balbo.
En esta causa había un verdadero direccionamiento de los fondos públicos hacia una sociedad formada que se llamaba El Relincho SRL, en la que los fondos de la comunidad del pueblo Ranquel contrataban prácticamente en forma exclusiva desde servicio de trilla, de traslado de fletes, de compra de postes, de maíz, de cereales, todo lo que es alquiler de vehículos, todas las contrataciones estaban direccionadas a esas empresas. Nosotros seguimos muy de cerca la causa de la asociación ilícita y vamos a tener el 28 de abril, es decir, el martes próximo, la audiencia de formulación de cargos.
Tanto Freixes como el hijo del exgobernador Alberto Rodríguez Saá se habían autoproclamados loncos de la comunidad Ranquel, es decir que ¿iban dineros del Estado provincial a la comunidad Ranquel y desde allí luego contrataban a esta empresa que está integrada por familiares del propio Freixes?
Así, tal cual como vos lo explicas y este elemento de la sociedad funcionaba como un elemento fundamental. Hay otro elemento que es muy importante, y se trata de un poder firmado por el exministro Juan Lavandeira, supuestamente de administración por el que les delegaba entonces también todo lo que tenía que ver con la producción, el campo, el ganado, es decir la producción agropecuaria en ese campo de la comunidad ranquel.
El 28 de abril, si mal no recuerdo a las 9 de la mañana, están citadas todas estas personas a la audiencia de formulación de cargos. Habían pedido la suspensión de la audiencia, no les habían hecho lugar, no sabemos si hay algún otro planteo. El abogado en esta causa es el doctor Pascual Celdrán, que es el mismo abogado querellante en la causa denominada El Caburé.
Luego le voy a preguntar sobre la causa El Caburé y sobre eventuales investigaciones contra funcionarios de la actual gestión provincial. Antes quiero decirle que ese mismo martes hay una audiencia aquí en San Luis, que involucra al exministro de inclusión, Nicolás Anzulovich por enriquecimiento ilícito. ¿Interviene también Fiscalía de Estado?.
Nosotros no somos querellantes en esa causa. Es una ciudadana de apellido Toribio quien hizo la denuncia por enriquecimiento ilícito, básicamente por no ser coherente el nivel de vida con los ingresos de este exfuncionario.
A ese expediente no lo he visto personalmente, pero me comentan los abogados de la sala Penal, que la pericia contable es muy contundente en cuanto a que no hay coincidencia entre sus ingresos y el nivel de vida y el de los bienes, pero bueno, recién ahora es la formulación de cargos que convengamos es una audiencia que se hace a los fines de que el imputado se pueda defender. Para eso se le hacen conocer los casos.
Otra causa que tuvo mucha repercusión mediática es la que involucra a Anabela Lucero en torno a la administración del complejo Molino Fénix o Casa de la Música. ¿En qué estado se encuentra esa causa?
En Villa Mercedes, además de la causa de la asociación ilícita, hay dos causas más. Una que el fiscal considera que para continuar necesita hacer la formulación de cargos porque muchas de las personas son las mismas, es una causa por peculado, por sustracción de bienes, pero la otra causa en la que hemos notado un avance importante de la actividad de los fiscales con la colaboración de la Policía de la provincia, es la causa que se denomina Molino Fénix.
En esa causa se han formulado cargos contra Anabella Lucero, -su pareja- Joaquín Beltrán y otras personas más que también trabajaban en el Molino como funcionarios.
Los cargos formulados solo en relación a Anabella Lucero van desde la malversación de fondos públicos, la violación de deberes de funcionarios, la falta de rendición de cuentas, peculado, la sustracción de elementos, el uso indebido de servicios personales, el uso indebido de vehículos públicos, administración fraudulenta, uso de fondos para combustible, materiales de campaña, abuso de autoridad.
Ya se le formularon cargos y hay una serie de medidas de coerción, como que no puede salir del país, la inhibición de bienes y de firmar el libro todos los meses en la fiscalía.
Nosotros entendemos que pronto la causa va a estar para elevar a juicio, pero necesitamos ahí puntualmente la producción de una pericial en la que se pueda demostrar el direccionamiento de los fondos públicos en cada caso.
Así que bueno, luego de que se produzcan algunas pruebas, también se han hecho allanamientos, a personas, por ejemplo, que vendieron los muebles. Hubo un verdadero vaciamiento, muebles que están en ámbitos privados en este momento, pero que fueron comprados en los últimos días de la gestión para el Molino Fénix. Así que sí, hubo allanamientos, se obtuvieron facturas también declaraciones de personas que hicieron estas ventas, personas que han vendido el Estado como cualquier proveedor.
¿Hay unas 15 causas que promueve Fiscalía de Estado?.
Sí, seguramente en este repaso que hicimos, me pudo haber olvidado alguna, pero son 15 causas aproximadamente, algunas han sido archivadas y estamos discutiendo el desarchivo, pero avanzando con todas.
¿Y cuántas de esas causas ya tienen fallos concretos de la Justicia?
Dos fallos nada más. Uno en el caso de la denuncia contra la exsecretaria de Deportes, que fue condenada por el delito de violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles y fue absuelta por el delito de defraudación. Así que nosotros en ese caso estamos con un recurso de casación fundamentalmente por dos motivos. Uno de ellos es que se ignora como agravante su condición de funcionaria pública, algo que todos los instrumentos internacionales de la lucha contra corrupción sostienen que es un agravante ser funcionario público cuando vos cometés un delito. Pero además, en estos procesos de corrupción, no podemos esperar que no haya expedientes. Siempre, o es muy probable que se arme un expediente para dar apariencia de legalidad, pero el fiscal y luego el magistrado, el Tribunal que analice la cuestión, tiene que ver el direccionamiento que puede haber en esos expedientes.
Si vos armaste un expediente dos días hábiles antes de que terminara la gestión, si hiciste vistas en cuestiones de minutos, firmas de ministros y del gobernador en cuestiones de menos de una hora, tramitaste un expediente con vistas a contaduría, fiscalía, con redacciones de decretos, direccionando el proceso desde el inicio, aunque te excuses a último momento, si estás hablando de una operatoria que se hizo en el término de dos días o tres, bueno, miremos un poco qué hay detrás del expediente.
El expediente a veces puede ser deliberadamente una ficción creada o tener una apariencia de legalidad dada a un hecho de corrupción. Estamos ahí con ese recurso y en la causa de la condena a Latini, estamos con recurso de casación porque la pena fue de solo de dos años y medio.
¿Alguno de estos fallos supone la recuperación de algún activo para el Estado provincial?
No, hubo en general, en el marco de estas causas y también fuera de las causas propio de la tarea administrativa del Estado y que creo como una instrucción muy precisa del Gobernador -Claudio Poggi- de traer al Estado, de recuperar para el Estado lo que era del Estado.
Es decir, que vos llegues y te encuestres con todas las máquinas formateadas y tengas que trabajar para que esas máquinas puedan volver a trabajar, con el faltante de computadoras, con el faltante de impresoras, con el faltante de muebles, hubo recuperación en todo sentido y además no sólo de bienes muebles, sino también de bienes automotores, y también el caso del campo de la causa denominada El Caburé.
El campo en el que estaba la sociedad El Caburé, en realidad estaban unos cedentes, unos sesionarios que nunca fueron notificados al Estado. Ese es un campo al que la gestión de Rodríguez en el año 2017 les rescindió el contrato. Ellos permanecieron hasta el 2024, sin rendir cuentas de lo que se hizo, de lo que se cosechó, de lo que se crió, de lo que se produjo en ese campo. Bueno, claramente es una también es una importantísima recuperación de bienes para el Estado.
Hablemos de esta causa, la causa El Caburé. ¿Es la única causa que se impulsa contra funcionarios de la actual gestión de gobierno provincial?
A ver, la secretaría de Etica, el secretario de Etica -Darío Bazla-, durante mucho tiempo le requirió informes a un funcionario que es director de Legalidad, Darío Oviedo, y finalmente le pidió la renuncia y lo denunció. Y entonces nosotros como Fiscalía de Estado tomamos participación en ese caso. Nos fuimos expresamente los denunciantes nosotros, pero claramente acompañamos al secretario de Etica.
Posteriormente, el secretario de Etica es denunciado y pide licencia sin goce de haberes para poder hacerse cargo de su defensa en esa causa. Y cuando el fiscal le formula cargos, el Gobernador le pide la renuncia y acepta la renuncia.
Creo que es una diferencia en la institucionalidad. Primero, que los fiscales se atrevan, está muy bien eso, es decir, si consideran que hay que investigar a un funcionario, tienen que investigar los delitos.
No los vimos en esa actitud cuando entre el 11 de junio de 2023 y el 10 de diciembre de 2023, cuando prácticamente se producción un proceso de vaciamiento del Estado.
Pero bueno, se le ha formulado cargos y debe ejercer su actividad de defensa y lo tiene que hacer por su cuenta y entiendo que ha nombrado abogado de ascensor y nosotros como Fiscalía de Estado comparecemos a las audiencias. E incluso hemos acompañado el pedido del fiscal.
Quiero comentarte algo más de esta causa porque me parece que es importante. Creo que los medios son muy relevantes al momento del impulso también de las causas. Es notorio esto, ¿no?. En este punto yo creo que se ha creado un relato y una falacia que tiene que ver con instalar una cifra que es la de dos millones de dólares cuando el campo ese no sé si puede valer 2 millones de dólares. Y la verdad es que esto no significa no investigar, pero sí, no mentir. Estamos hablando de un campo que había sido sembrado probablemente en octubre o noviembre, que tenía una baja calidad de maíz, de pequeña talla, de pocas plantas por hectárea, que había sufrido el ingreso de animales. Verdaderamente nosotros creemos que la versión de la persona que fue contratada para hacer ese trabajo -el cosechador-, que aclaro, fue contratada sin que hubiera un expediente administrativo, sin que hubiera una homologación de un contrato, sin que hubiera ningún trámite, fue absolutamente por fuera del Estado, pero por un funcionario en el caso Oviedo, que tenía que ser reconocido como tal por ese trabajador, nosotros creemos que la versión de que apenas se cubrieron los costos no se aleja tanto de la realidad.
¿Qué impacto cree que tienen todas estas investigaciones, en términos de la calidad institucional de la provincia?.
Para mí no hay duda del cambio de paradigma en lo que hace a la institucionalidad. La falta de división de poderes existentes en la gestión anterior es algo que ahora no se da. Creo que lo tienen que reconocer incluso las personas que ahora están en la oposición. Los vínculos existentes no se dan en esta gestión.
Se investiga a un ministro, un secretario de esta gestión, y nosotros para nada obstruimos la investigación, ni lo intentamos. Dejamos que el fiscal haga la tarea que le corresponde y esperamos, por supuesto, porque confiamos en que nuestro exsecretario haga su actividad de defensa. Pero para mí es un cambio de paradigma total en lo institucional que hace al bien de la comunidad, porque hace que la Justicia pueda avanzar en lo que considera que necesita investigar para el bien del Estado, que es el bien común también.