El gobernador Claudio Poggi estructuró su mensaje de apertura de sesiones 2026 en tres partes, pero dejó en claro desde el inicio cuáles serían los dos núcleos políticos de mayor peso: educación y reforma institucional.
En el primer tramo presentó a la educación como el eje rector de su gestión y como la política pública que, según dijo, debe trascender gobiernos y convertirse en política de Estado. En el segundo, anunció el envío de un proyecto de ley para declarar la necesidad de una reforma constitucional parcial orientada, según su definición, a darle “mayor institucionalidad” a San Luis.
En materia educativa, Poggi apoyó su planteo en una idea central: 2026 fue declarado por ley como el Año de la Educación en San Luis, en homenaje al bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro. A partir de esa definición simbólica, ordenó una larga secuencia de medidas, programas y anuncios con fuerte carga política y presupuestaria.
Uno de los anuncios más concretos fue la profundización de la universalización de la sala de 3 años. El gobernador afirmó que al final de 2023 San Luis tenía solo 32% de cobertura, contra una media nacional del 63%, y sostuvo que en dos años de gestión ya se crearon 133 nuevas salas —65 en 2024, 45 en 2025 y 23 en los primeros días de 2026—, lo que permitió elevar la cobertura al 65,69%. El objetivo oficial es llegar al 100% en 2027. Además, anticipó que enviará un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la sala de 3 y blindarla como política de Estado.
También remarcó la validación nacional del nuevo diseño curricular del nivel inicial, vigente desde febrero para salas de 3, 4 y 5 años, y sostuvo que durante 2026 se profundizará la capacitación de directivos y docentes. A eso sumó el crecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil: aseguró que en dos años se duplicó la cantidad de CDI, que hoy son 25, y que la asistencia diaria pasó de 350 a 1.400 niños.
Otro bloque central del discurso fue alfabetización. Poggi reivindicó el programa “Queremos Aprender” como la principal respuesta a un diagnóstico crítico: dijo que en abril de 2024 solo el 30% de los alumnos de primero, segundo y tercer grado alcanzaba los niveles mínimos esperados de lectoescritura.
Según su exposición, tras un año de aplicación del programa se duplicó la cantidad de alumnos del primer ciclo de primaria que alcanzaban esos conocimientos mínimos, y San Luis llegó al 75,1% de aprobación en los niveles esperables de las pruebas Aprender 2024, seis puntos por encima de la media nacional. En ese punto, además, anunció que enviará otro proyecto de ley para institucionalizar por norma los procedimientos que garanticen niveles esperados de lectura y escritura.
En matemática, el mandatario describió un cuadro incluso más delicado: afirmó que en la medición inicial de 2025 apenas el 30% de los alumnos de segundo grado y menos del 7% de los de tercero alcanzaban los conocimientos mínimos esperados. Sobre esa base, defendió el programa “Queremos Resolver”, que comenzó con una prueba piloto en 43 escuelas primarias y 343 docentes capacitados, y anunció su extensión a todas las escuelas primarias y también al nivel secundario durante 2026. Al igual que en comprensión lectora, prometió un proyecto de ley para convertir el programa en política de Estado.
Entre los anuncios de mayor volumen también aparecieron la implementación del programa “Hora Más” en 16 escuelas piloto, con ampliación de la jornada de 4 a 5 horas diarias para reforzar lengua y matemática; el censo de fluidez lectora, apoyado en una plataforma provincial utilizada por casi 41.750 alumnos; el concurso de verano “Suma Leyendo”; y la revisión del nuevo diseño curricular de primaria, cuya aprobación definitiva el Gobierno espera obtener este mismo año.
El tramo más novedoso del capítulo educativo estuvo ligado a la inteligencia artificial. Poggi presentó una diplomatura en IA para la enseñanza y la innovación educativa, desarrollada con la Universidad Austral, y aseguró que se inscribieron 10.700 personas, equivalentes a casi el 80% de los docentes de la provincia.
El Gobierno becará a todos los inscriptos, dividirá el cursado en dos cohortes y, además, entregará computadoras personales a quienes cumplan los requisitos y finalicen satisfactoriamente la formación. A eso sumó el anuncio de un Congreso Internacional de Educación en San Luis para los días 16 y 17 de octubre, con apoyo técnico de la Fundación Varkey y eje temático en IA aplicada a la pedagogía.
En esa misma lógica de expansión educativa, el gobernador puso en valor que San Luis será sede de una fase de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2026; destacó la finalización del concurso de cargos directivos, con 209 cargos jerárquicos cubiertos en 131 instituciones; ratificó la continuidad de la Beca al Mérito, hoy de $350.000 mensuales; defendió la Beca Universal Superior, equivalente a 600 dólares para estudiantes del primer año universitario; y confirmó la continuidad de herramientas como las estampillas escolares, el boleto educativo, el plan TUBI, los intercolegiales deportivos y culturales, el fortalecimiento de escuelas rurales y el PANE. Todo ese paquete fue presentado como parte de una misma arquitectura: más escolarización, más permanencia, más incentivos y más intervención estatal sobre el sistema educativo.
Modernización institucional
Pero el discurso no se agotó en educación. El segundo gran eje fue la reforma constitucional. Poggi anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley especial, en los términos del artículo 281 de la Constitución provincial, para declarar la necesidad de una reforma parcial. Subrayó que esa ley requiere dos tercios del total de los miembros legislativos, no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo y deberá abrir paso a una Convención Constituyente cuyos integrantes serán elegidos en la próxima elección provincial general, no en 2026 porque este año no hay comicios provinciales.
El primer punto fuerte de esa reforma es el Poder Ejecutivo. Poggi quiso despejar cualquier sospecha de que la iniciativa buscara ampliar las posibilidades de permanencia del gobernador y anunció, por el contrario, una auto-limitación: propuso prohibir de manera absoluta una nueva reelección una vez cumplidos dos mandatos, consecutivos o alternados. Es decir, quien haya ejercido dos períodos como gobernador quedará impedido de por vida para volver al cargo. Incluso aclaró que, si él mismo fuera reelegido, su mandato actual 2023-2027 contará como primer período a los fines de ese límite.
El segundo bloque es el Poder Legislativo. Allí Poggi propuso ampliar el período de sesiones ordinarias: que comiencen el 15 de marzo en lugar del 1 de abril y se extiendan hasta el 31 de diciembre en vez del 30 de noviembre. Además, planteó eliminar las elecciones de medio término provinciales para diputados y senadores, de modo que la renovación legislativa sea total cada cuatro años y coincida con la elección de gobernador y vicegobernador. Su argumento fue doble: reducir el desgaste político e institucional, y ahorrar recursos públicos en un contexto de fondos escasos.
El tercer gran capítulo institucional alcanza al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura. Allí propuso tres modificaciones. La primera es separar del Poder Judicial tanto a la Defensoría General como a la Procuración General para garantizar autonomía plena del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La segunda apunta a limitar la discrecionalidad del gobernador en la selección de jueces, fiscales y defensores: el Consejo de la Magistratura elaboraría un orden de mérito vinculante, del que el Poder Ejecutivo solo podría apartarse con fundamentos debidamente explicitados. La tercera es fijar una permanencia mínima de cuatro años en el cargo para jueces, fiscales y defensores, de manera que no puedan concursar enseguida por otro puesto ni alimentar una rotación constante que, según el diagnóstico oficial, perjudica el servicio de justicia.
El agua: patrimonio natural estratégico
El cuarto punto institucional es el agua. Poggi planteó darle rango constitucional a la Administración Provincial del Agua y definir al recurso hídrico como patrimonio natural estratégico, con dominio originario e inalienable de la provincia sobre aguas superficiales y subterráneas. Según el texto leído, la gestión debe ser pública, integrada y sustentable, con prioridad para el consumo humano, el equilibrio de los ecosistemas, el desarrollo productivo y la solidaridad intergeneracional.
Federalismo: capitales alternas
El quinto punto es la creación de capitales alternas. La propuesta consiste en mantener a la ciudad de San Luis como capital provincial, pero sumar un sistema rotativo por el cual otras localidades del interior puedan convertirse en capital por determinados días, cuando el Poder Ejecutivo y su gabinete se instalen allí. Poggi presentó esa idea como una forma de darle jerarquía constitucional a un mayor federalismo provincial y dejó entrever que Villa Mercedes sería la primera capital alterna.
El mensaje dejó así una doble señal política. Por un lado, Poggi mostró gestión, volumen de programas y capacidad de intervención estatal en educación, con especial énfasis en alfabetización, matemática, primera infancia e incorporación de tecnología. Por otro, propuso abrir una agenda institucional más ambiciosa, con reformas que apuntan a limitar la reelección, reordenar la dinámica legislativa, garantizar la transparencia en la selección de magistrados, fortalecer la autonomía de los ministerios públicos y constitucionalizar tanto el federalismo interno como la administración del agua.
Malvinas, presente
Para finalizar su discurso, Poggi dijo que «San Luis va a continuar con su política de malvinización. Malvinizar también es educar». Y anticipó que el próximo 7 de abril en la ciudad de San Luis, «estaremos presentando juntos el libro “Malvinas, El Legado”, donde ustedes —los héroes y veteranos de Malvinas presentes en la Legislatura— son los protagonistas».
«Malvinas El Legado es un libro que a lo largo de sus casi 300 paginas busca resguardar del paso del tiempo, las voces de 79 veteranos o familiares de Malvinas que viven en la provincia de San Luis. Testimonios que, en algunos casos, se cuentan por primera vez, que salen a la superficie luego de muchos años de dolor. Fueron dos años de una intensa labor realizada con un objetivo claro: grabar y escuchar a quienes quisieron aportar su testimonio» dijo Poggi para finalizar su discurso.
