En la nube de palabras que sintetiza la percepción social de los ciudadanos de San Luis sobre el funcionamiento de la Justicia provincial hay una que sobresale con nitidez: lenta.
Como si la propia idea de justicia fuese un horizonte: se ve, pero no se alcanza.
Dos episodios recientes vuelven a darle cuerpo a esa idea.
Por un lado, el exministro de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes —preso tras ser condenado en una causa vinculada a presiones sobre magistrados y ahora investigado como presunto líder de una asociación ilícita— consiguió postergar su audiencia de formulación de cargos.
El mecanismo fue sencillo: su abogado defensor, Pascual Celdrán invocó un cuadro de hipertensión que requería reposo médico por al menos siete días. El efecto, inmediato: la Justicia le hizo lugar al planteo y la audiencia se reprogramó para el 11 de mayo.
El proceso se estira. El acusado, un exfuncionario de Rodríguez Saá, gana tiempo. Tiempo ganado en una instancia en la que la imputación formal marca el inicio concreto del avance judicial.
En paralelo, otro expediente relevante tropezó, pero por motivos diametralmente distintos.
Nicolás Anzulovich, exministro de Inclusión Social y actual empleado del propio Poder Judicial, no fue correctamente notificado de su audiencia de formulación de cargos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El error —elemental en términos procesales— obligó a suspender la instancia.
La paradoja es difícil de ignorar: el sistema que debía notificar falló, y lo hizo con alguien que forma parte de su propia estructura. La Justicia no pudo precisar siquiera el domicilio de unos de sus empleados.
La consecuencia, nuevamente, es la misma: la causa se demora. Su audiencia se reprogramó para la próxima semana.
Así, por caminos diferentes —una estrategia defensiva y una falla administrativa— dos investigaciones que apuntan a exfuncionarios de peso quedan detenidas en el mismo punto. La imputación aparece en el calendario, pero no en los hechos.
La nube de palabras se expande.
