Desmienten una “reprimenda” del Vaticano y en San Luis también consideran falsa la versión

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Daniel Colombo, salió este lunes a desmentir categóricamente, a través de la Agencia Informativa Católica Argentina AICA, una versión que circuló en redes sociales y sitios vinculados al mundo católico según la cual el Vaticano habría emitido una reprimenda dirigida a él y al obispo de San Luis, Gabriel Barba, por supuestas restricciones a fieles que desean comulgar de rodillas y en la boca.

La polémica se viralizó a partir de publicaciones como la difundida por “Vida Católica Net”, donde se afirmaba que Roma había recordado a ambos obispos que “no es lícito negar la Sagrada Comunión” a quienes elijan recibir la Eucaristía de esa manera.

Sin embargo, Colombo respondió mediante una extensa circular titulada “Ante tanta mentira y fake news”, en la que calificó la información como “una nueva falsedad difundida por un blog” y advirtió sobre el daño que provocan las campañas anónimas y la difusión irresponsable de rumores dentro de la Iglesia.

La publicación de Vida Católica Net considerada como noticia falsa.

“En estos días he recibido consultas sobre una supuesta sanción vaticana que me habría sido impuesta por motivos litúrgicos”, escribió el arzobispo mendocino, para luego remarcar que la noticia es falsa y que muchos fieles terminan “confundidos, engañados o arrastrados a climas de sospecha permanente que dañan la comunión eclesial”.

En el documento, Colombo apuntó contra “sitios digitales autopercibidos católicos” y contra un blog anónimo al que acusó de difundir “ataques y mentiras” contra obispos, sacerdotes y laicos. También sostuvo que la crítica puede ser legítima “si es verdadera y honesta”, pero rechazó “la difamación cobarde disfrazada de defensa de la tradición”.

La publicación original hacía referencia a la instrucción Redemptionis Sacramentum, emitida en 2004 por el Dicasterio para el Culto Divino, donde efectivamente se establece que los fieles tienen derecho a recibir la comunión en la lengua y que no puede negarse la Eucaristía a quien decida hacerlo de rodillas. Sin embargo, la controversia giró alrededor de la supuesta intervención reciente del Vaticano sobre los obispos argentinos, algo que Colombo negó de manera terminante.

En San Luis, aunque el Obispado no emitió hasta el momento una comunicación oficial, fuentes vinculadas a la diócesis indicaron que consideran falsa la información que circuló en redes sociales y cadenas de WhatsApp.

La desmentida del arzobispo mendocino buscó además poner el foco en el impacto que tienen las noticias falsas dentro de las comunidades religiosas. “Compartir información no es un acto neutral: puede afectar personas concretas, dañar reputaciones y contribuir a la difusión de mentiras”, sostuvo Colombo en su mensaje pastoral.

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La Justicia rechazó frenar la interna de la UCR y mantuvo en marcha el cronograma partidario

La Justicia Federal rechazó el pedido de suspensión inmediata de la interna de la Unión Cívica Radical de San Luis presentado por el dirigente José Luis Riccardo, quien había promovido una acción judicial contra el Comité Ejecutivo Provincial del partido cuestionando la continuidad de Juan Álvarez Pinto dentro de la conducción partidaria.

La resolución fue firmada por el juez federal Juan Esteban Maqueda, quien decidió no hacer lugar a la medida cautelar que pretendía frenar la convocatoria a la Convención Provincial, la oficialización de listas y todo el cronograma electoral interno derivado de las resoluciones partidarias cuestionadas.

Riccardo sostuvo en su presentación que Álvarez Pinto se encuentra alcanzado por una incompatibilidad prevista en el artículo 138 de la Carta Orgánica de la UCR y solicitó que se declarara la nulidad de las resoluciones 2, 4 y 5 del año 2026 dictadas por el Comité Ejecutivo Provincial. Además pidió la “regularización institucional” del partido y la convocatoria a elecciones internas ajustadas a la normativa partidaria.

El magistrado, sin embargo, entendió que la cautelar pretendía anticipar el resultado final del juicio. En el fallo señaló que “se confunde la finalidad de la acción con el resultado perseguido en la precautoria”, debido a que por ambas vías se intentaba dejar sin efecto las resoluciones partidarias y paralizar la vida institucional de la UCR.

Maqueda recordó además que las medidas cautelares innovativas son de carácter excepcional porque implican un adelanto de jurisdicción sobre el fondo de la cuestión y requieren una especial prudencia judicial.

No obstante, el juez sí resolvió darle curso al planteo judicial. Para ello encuadró la causa dentro del procedimiento previsto por la Ley Orgánica de Partidos Políticos y ordenó correr traslado de la demanda al Comité Ejecutivo Provincial de la UCR por el plazo de cinco días hábiles.

En la resolución también se dejó expresamente establecido que la vía del amparo no resulta la adecuada para este tipo de controversias electorales internas y que el proceso debe tramitarse conforme el régimen específico de la Ley 23.298.

Con esta decisión judicial, la conducción partidaria conserva por ahora plena capacidad para continuar adelante con el calendario interno y con la Convención Provincial prevista por la UCR puntana.

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Moreno llega a Villa Mercedes para lanzar la candidatura a gobernador de Fernando Pastor

Con la presencia del exsecretario de Comercio en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y actual presidente del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, el espacio político comenzará a mover sus fichas en San Luis de cara a las elecciones provinciales de 2027.

El acto de lanzamiento de la candidatura a gobernador del médico cardiólogo Fernando Pastor se realizará el próximo 22 de mayo a las 20en el salón de SMATA, ubicado en Chacabuco 502 de la ciudad de Villa Mercedes.

La actividad es organizada por Principios y Valores San Luis y, según informaron desde el espacio, incluirá la presentación de propuestas vinculadas a la recuperación productiva, social y económica de la provincia.

Desde la organización señalaron que la candidatura de Pastor busca construir “una alternativa política para San Luis” basada en la producción, el trabajo y la justicia social. Bajo el lema “San Luis merece volver a crecer desde la producción, el trabajo y la dignidad de su pueblo”, el encuentro intentará convocar a trabajadores, comerciantes, productores, jóvenes, profesionales y militantes peronistas.

En la gacetilla difundida por el espacio, Pastor fue presentado como “un profesional con trayectoria humana y compromiso social”, destacando su labor como médico cardiólogo y su vínculo con distintas familias puntanas.

Por su parte, Moreno aportará durante la actividad una mirada sobre la situación política y económica nacional, en línea con los postulados históricos del peronismo vinculados a la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.

El encuentro marcará uno de los primeros movimientos visibles de construcción electoral en San Luis con vistas al escenario político de 2027.

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Una sola palabra, gratitud / Por Marcelo Sosa

Por Marcelo Sosa. Rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

A propósito del llamado a licitación para la terminación y puesta en funcionamiento del Módulo de Aulas de las Escuelas de Medicina y de Ciencias de la Salud de la UNViMe,  y entrega de Resolución que autoriza la donación de terrenos al Gobierno Provincial para la construcción de viviendas.

Cerca de Navidad, hace poco más de dos años, un rector apesumbrado y preocupado porque sus estudiantes y profesores no tenían aulas, concurrió al llamado del Gobernador que recién asumía. Y lo hizo con mucha esperanza porque sabía de su compromiso con la educación.

El Gobernador escuchó atentamente al rector, quien le contaba que sus alumnos no tenían un techo propio y que temía por el valor de los alquileres. Cuando terminó de hablar, el gobernador le dijo al rector que se quedara tranquilo, que la Provincia tenía un edificio a estrenar y que se lo podía prestar. El rector agradecido, lo aceptó de inmediato, pues así tendrían techo y cobijo la mitad de sus alumnos.

Pero el rector, siguió pidiendo por la otra mitad de sus estudiantes que querían ser médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, kinesiólogas y kinesiólogos, obstetras y preparadores físicos. En Buenos Aires no lo escucharon, pero en esta bendita tierra si lo volvió a escuchar su Gobernador.

Por eso hoy estamos acá, en un acontecimiento que es bisagra en la historia y en el futuro de la UNViMe.

Un profesor enseñaba: ¿cuánta es la diferencia entre 1 y 2? El doble. ¿Y entre 0 y 1? Un milagro.

Querida comunidad y distinguidas autoridades: hoy asistimos a un milagro, asistimos al quiebre del destino de ruina sentenciado para este lugar. Estamos rompiendo las ataduras siniestras y el conjuro para decir:

  • Que de los escombros, la desolación y el abandono edificaremos aulas, templos laicos y sagrados donde enseñaremos la ciencia que salvará nuestras vidas y que sanará nuestras heridas.
  • Que de estas tierras haremos un hogar para la universidad y también para las familias que encontrarán aquí, un solar para edificar su futuro.

La UNViMe tiene una sola palabra: gratitud, inmarcesible como estos chañares, firme como el cerro del Morro custodio de nuestro pueblo, y vívida como son las ilusiones de estos jóvenes que han elegido la universidad pública argentina para forjar su mañana.

Este rector, hoy es un hombre feliz, pues nunca perdió la esperanza.

Muchas gracias.

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Evolución Radical respaldó al Gobierno provincial y pidió “no volver al pasado”

El espacio Evolución Radical, uno de los sectores internos más jóvenes de la Unión Cívica Radical de San Luis, expresó públicamente su respaldo al Gobierno provincial de Claudio Poggi y planteó la necesidad de sostener la unidad partidaria en la previa de la convención radical prevista para este sábado.

El pronunciamiento adquiere relevancia dentro de la discusión interna del radicalismo sanluiseño porque Evolución Radical está integrado mayoritariamente por dirigentes jóvenes vinculados a la agrupación universitaria Franja Morada de la Universidad Nacional de San Luis y representa a una nueva generación dentro de la estructura partidaria.

Uno de los referentes del espacio le dijo a DePolítica que el sector tiene dos ejes centrales de discusión: “Buscar la unidad en la convención del sábado, pero sobre todo, y lo más importante que nos interesa a todos, es la discusión sobre que no hay dudas de que este espacio, el radicalismo, prioriza no volver al pasado con respecto al gobierno provincial, con un amplio apoyo al gobierno de Claudio Poggi”.

El sector cuenta con representación institucional en distintos ámbitos del radicalismo y del frente oficialista. En la Cámara de Diputados provincial tiene como referencia al legislador Víctor Moriñigo, mientras que en la ciudad de San Luis acompaña la gestión del intendente Gastón Hissa a través de la concejal Micaela Medina.

Con esta definición política, Evolución Radical se suma a otros dos sectores internos de la UCR que en los últimos días expresaron su respaldo al Gobierno provincial: la histórica Línea 30 de Octubre, encabezada por el presidente partidario y ministro Juan Álvarez Pinto, y el espacio Somos, referenciado en Roberto Pagano.

El posicionamiento de estos sectores comienza a inclinar el escenario interno del radicalismo hacia una ratificación del acompañamiento político a la gestión de Poggi, incluso en un contexto marcado por el achicamiento de estructuras estatales, reducción de funcionarios y un discurso oficial centrado en la eficiencia del gasto político.

En ese marco, dentro del radicalismo provincial empieza a consolidarse una consigna que sintetiza buena parte de la discusión política actual: “No volver al pasado”. Una frase breve, pero cargada de significado para el mapa político de San Luis.

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Poggi otorga un bono a los estatales en un escenario nacional muy delicado

El gobernador Claudio Poggi anunció este lunes el pago de un bono extraordinario de $300.000 para los empleados de la administración pública provincial, que será abonado por única vez junto con el salario del próximo 29 de mayo. En paralelo, los beneficiarios del Plan de Inclusión recibirán una suma fija de $100.000 con la compensación económica prevista para el 2 de junio.

El anuncio llegó acompañado de un fuerte mensaje sobre el contexto económico provincial. Poggi reveló que durante el primer cuatrimestre de 2026 la recaudación cayó un 7%, un dato que definió como “muchísimo” y que, según advirtió, todavía no muestra señales de recuperación. También las partidas que envía Nación caen mes a mes y obligan a ser muy cautelosos en la administración de los fondos públicos.

“Es una decisión importante en un contexto de inestabilidad económica y de recaudación en baja”, afirmó el mandatario durante la partida de camiones con materiales para iniciar las primeras viviendas del sistema de Autoconstrucción.

Frente a ese escenario, el gobernador explicó que el bono podrá financiarse gracias a la utilización de reservas creadas durante el año pasado. Según detalló, la Provincia había establecido por ley un fondo equivalente a dos meses de masa salarial como “reserva intangible” para afrontar situaciones de contingencia.

“Estamos usando de esas reservas como fondo anticíclico para poder otorgar esta suma fija en mayo”, señaló Poggi.

El Gobierno provincial estima que la medida implicará una inyección cercana a los $15 mil millones en la economía de San Luis, especialmente en el comercio local, que recibirá un incremento adicional de circulación de dinero en las próximas semanas.

El anuncio se produce además en medio del proceso de reorganización administrativa impulsado por Poggi, que incluye reducción de cargos políticos, reestructuración de áreas del Ejecutivo y la futura reforma de la Ley de Ministerios.

Poggi elimina la secretaría de Comunicación

El gobernador Claudio Poggi avanza con una nueva etapa de la reestructuración del organigrama provincial y en los próximos días enviará a la Legislatura un proyecto de reforma de la Ley de Ministerios que incluirá cambios en el área de Comunicación.

Según se informó oficialmente, la actual Secretaría de Estado de Comunicación dejará de existir como organismo con rango ministerial y sus funciones pasarán a integrarse a la Secretaría General de la Gobernación.

Con esta modificación, toda la política comunicacional del Gobierno provincial quedará concentrada bajo la órbita de la Secretaría General, en el marco de un proceso de reorganización administrativa impulsado por el Ejecutivo.

Desde el Gobierno aclararon que la medida no afectará la continuidad laboral de los trabajadores del área, ya que la reestructuración alcanza exclusivamente a la organización política y funcional del gabinete.

En paralelo, el Gobernador continuará durante los próximos días con la evaluación de distintas dependencias del Estado provincial, con el objetivo de terminar de definir el nuevo esquema ministerial que será remitido para tratamiento legislativo.

¿Querés ser el pasado?

La pregunta está flotando en el aire político de San Luis como algo más que una frase de circunstancia. Funciona, en realidad, como una pregunta que cada dirigente podría hacerse ante su propia imagen frente al espejo.

¿Quiero ser parte del pasado?

Claro que esa pregunta también funciona como una delimitación de pertenencias dentro del frente que llevó a Claudio Poggi al poder en 2023.

¿Quién quiere seguir siendo parte del futuro político del oficialismo y quién empieza a quedar atrapado en la lógica del pasado? Esa parece ser la discusión que comenzó a ordenar la nueva etapa del Gobierno provincial.

La reforma del gabinete impulsada esta semana por Poggi puede leerse en clave administrativa, pero también en política.

Veamos la primera de esas lecturas. La reducción de cargos políticos, la eliminación de estructuras y la reconfiguración ministerial tienen una dimensión económica evidente, marcada por la caída de los fondos coparticipables y la necesidad de ajustar un Estado que se heredó sobredimensionado, fundido y con déficit fiscal después de la fiesta populista que desplegó Alberto Rodríguez.

Ese despliegue de carnaval carioca hoy se traduce en dos condenas judiciales, no menos de quince causas y unos 20 exfuncionarios denunciados ante la parsimoniosa Justicia.

La segunda lectura corresponde a la clave política: el oficialismo entró en una fase de depuración interna.

En apenas días, el Gobernador eliminó tres secretarías con rango ministerial: Ciencia y Tecnología, Actividades Logísticas y Ambiente y Desarrollo Sustentable. Detrás de esa decisión no sólo parece haber una redefinición funcional del Estado, sino también un movimiento sobre los equilibrios internos del frente oficialista.

No pasó inadvertido que dos de esas áreas estaban vinculadas a dirigentes de Todos Unidos, el espacio referenciado en Adolfo Rodríguez Saá y conducido partidariamente por Delfor Sergnese. La reacción posterior dejó al descubierto tensiones que ya venían acumulándose desde hace tiempo.

Los ruidos comenzaron mucho antes. Tal vez uno de los primeros episodios visibles haya sido, en el temprano 2024, el conflicto partidario y judicial, que terminó con la salida de Hugo Murgo de Todos Unidos y del gabinete provincial. Con el tiempo habría otros nombres: Harold Bridger, Sergio Pansa, Alicia Arrieta, Alfonso Vergés y Pedro Canali.

El propio presidente del partido, Delfor Sergnese, cuya renuncia fue aceptada inmediatamente después de un acto en Fraga, había quedado en el centro de las miradas tras la presentación de un programa de gobierno llamado “Pequeños Futuristas”, una exposición que dejó una sensación de improvisación difícil de disimular. Aún hoy puede verse en la página de la Agencia de Noticias un recorte de 57 segundos de aquella intervención, suficiente para entender por qué el episodio siguió resonando puertas adentro del oficialismo.

Con todo esto, y como lo sostuvo DePolítica en publicaciones anteriores, ningún otro sector interno acumuló semejante nivel de fricción con el núcleo político del Gobierno en tan poco tiempo.

Esta semana, la declaración del exdirector de Estadísticas y Censos, Adolfo Romero Alaniz tras quedar afuera del gabinete terminó de exponer esa crisis partidaria. Al responsabilizar a la conducción de Todos Unidos de alimentar un clima de “confabulación” contra el Gobierno, pareció exponer públicamente un juego a dos puntas que hasta ahora se mantenía contenido.

Horas después Poggi decidió poner en palabras la clave de este tiempo político. “Todos los que somos parte del gobierno (…) no queremos volver para atrás”, dijo en Villa Mercedes. Y enseguida agregó: “el que esté mirando para atrás no va a ser parte de lo que resta”.

La frase tuvo destinatarios múltiples. Incluyó a sectores de la UCR, pero sobre todo pareció apuntar al universo político vinculado a Adolfo Rodríguez Saá, con sus mensajes en las redes sociales pasados de café.

Porque el problema de fondo no es únicamente la tensión administrativa o partidaria. Lo que empieza a emerger, y se fundamenta en los hechos, es una sospecha política más profunda: la posibilidad de que algunos sectores estén intentando reconstruir puentes con el pasado reciente.

A mitad de abril pasado, el propio Adolfo  Rodríguez Saás sorprendió con declaraciones en las que intentó dejar abierta la puerta a un eventual diálogo político con su hermano, Alberto Rodríguez Saá. ¿Qué tuvieron de sorpresivas esas palabras? El contraste respecto de los últimos años de confrontación pública, durante los cuales Adolfo responsabilizó reiteradamente a su hermano Alberto por el deterioro político, económico e institucional de la provincia.

El rechazo inmediato de Alberto era imaginable para muchos. Desde su página web descartaron cualquier reunión o acercamiento y desactivaron la idea de una reunificación peronista que algunos dirigentes comenzaban a insinuar. Alberto pateó la olla del locro de la unidad peronista. Y Toro Negro ya es un destino lejano.

Aquí aparece otra pregunta interesante: ¿hasta dónde algunos sectores del frente oficialista mantienen un pie dentro del proyecto de cambio de 2023 y hasta dónde conservan expectativas de reconstrucción con expresiones del pasado?

El Gobernador parece decidido a consolidar un oficialismo más compacto, sin ambigüedades. Y ahí es donde la pregunta inicial cobra dimensión estratégica. “¿Querés ser el pasado?” no aparece entonces solamente como una consigna de campaña anticipada, sino también como criterio de selección interna. Como una frontera política. Es una pregunta que convierte al pasado en una categoría política de exclusión.

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Radicales defienden la conducción partidaria y expresan su respaldo a la gestión provincial

Dirigentes nucleados en el espacio SOMOS UCR difundieron un documento político en el que expresaron su respaldo a la conducción de la Unión Cívica Radical de San Luis y reafirmaron su pertenencia a la coalición que integra el Gobierno provincial encabezado por Claudio Poggi.

El pronunciamiento aparece en medio de discusiones internas partidarias y fija una posición clara en favor de la continuidad del esquema de alianzas que sostiene al oficialismo. En ese contexto, los firmantes reivindicaron la necesidad de preservar la “unidad”, la “responsabilidad institucional” y el “trabajo coordinado” dentro de la coalición gobernante.

Además de ratificar su pertenencia política al espacio oficialista, los dirigentes destacaron el rol que desempeñan dentro de la administración provincial y señalaron su voluntad de continuar trabajando “de manera responsable y constructiva” en el fortalecimiento institucional de San Luis.

El documento también incluyó un respaldo explícito al presidente de la UCR San Luis, Juan Álvarez Pinto, a quien reconocieron por su tarea de diálogo y construcción de consensos dentro de la coalición de Gobierno.

En otro tramo del texto, SOMOS UCR cuestionó las expresiones públicas que, según señalaron, profundizan divisiones internas y debilitan a las autoridades partidarias “legítimamente constituidas”. Allí sostuvieron que el debate interno debe darse “en un marco de respeto institucional, responsabilidad política y vocación de construcción conjunta”.

Los dirigentes también manifestaron su acompañamiento a la reforma de la Constitución provincial impulsada por el oficialismo, al considerar que representa una oportunidad para avanzar en una modernización institucional y fortalecer la calidad democrática, con especial énfasis en una transformación del Poder Judicial.

Dirigentes radicales ratificaron su alineamiento a la conducción partidaria.

A continuación, el documento completo difundido por SOMOS UCR:

“El espacio SOMOS UCR reafirma su pertenencia y compromiso con la coalición de espacios políticos de relevancia que integran el actual Gobierno de la Provincia de San Luis, ratificando nuestra voluntad de continuar trabajando de manera coordinada, responsable y constructiva en el fortalecimiento institucional y político de la provincia.

Entendemos que el contexto actual requiere madurez política, responsabilidad institucional y vocación de unidad, priorizando siempre el interés general de los sanluiseños por sobre las diferencias sectoriales o posicionamientos individuales.

Manifestamos nuestro pleno respaldo a la conducción partidaria que integramos dentro de la Unión Cívica Radical de San Luis y a su presidente, Juan Álvarez Pinto, reconociendo el rol de diálogo, articulación y construcción de consensos que ha mantenido el radicalismo dentro de la coalición del Gobierno Provincial, contribuyendo al fortalecimiento institucional y político de la provincia que integramos.

Consideramos que el debate partidario es siempre necesario y enriquecedor dentro de toda construcción democrática y debe desarrollarse en un marco de respeto institucional, responsabilidad política y vocación de construcción conjunta, evitando expresiones o campañas mediáticas que solo generan divisiones y debilitan a sus autoridades legítimamente constituidas.

Manifestamos nuestro acompañamiento a la reforma de la Constitución de la Provincia de San Luis, entendiendo que representa una oportunidad trascendental para impulsar una modernización institucional acorde a los desafíos actuales, fortaleciendo la calidad democrática, la transparencia y el funcionamiento de los distintos poderes del Estado, haciendo especial hincapié en la necesidad de construir un Poder Judicial más moderno, eficiente, independiente y cercano a la ciudadanía.

Compartimos las medidas de reorganización y fortalecimiento institucional impulsadas, entendiendo que es el camino a seguir.

SOMOS UCR SAN LUIS”.

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Vallejo asumió en Potrero y prometió continuar con el legado de Olagaray

En un clima atravesado por la emoción y el duelo institucional que aún conmueve a Potrero de los Funes, Cristina Vallejo asumió este viernes al frente del Ejecutivo municipal tras la muerte del intendente Ignacio «Nacho» Olagaray, una noticia que generó un fuerte impacto político y humano en San Luis.

La ceremonia reunió al gobernador Claudio Poggi, al vicegobernador Ricardo Endeiza, legisladores, autoridades locales, trabajadores municipales y vecinos de la localidad serrana.

Durante su discurso de asunción, Vallejo puso el eje en la continuidad institucional y política de la gestión iniciada por Olagaray, a quien recordó con palabras de profundo reconocimiento personal y político.

“Quiero recordar especialmente a Ignacio Olagaray, quien dejó marcados en todos los que tuvimos el honor de acompañarlo, valores, humildad y un don de gente excepcional”, expresó.

Vallejo expresó su dolor por la muerte de «Nacho» Olagaray y prometió seguir sus proyectos y sueños.

La flamante intendenta sostuvo que el equipo de gobierno mantendrá “los mismos objetivos” y reafirmó la decisión de continuar “cada uno de los proyectos, obras, programas y políticas públicas que Ignacio soñó, prometió y comenzó a construir junto a toda la comunidad”.

En uno de los tramos centrales de su mensaje, Vallejo destacó que la gestión municipal continuará bajo una lógica de trabajo colectivo. “Siempre entendimos que gobernar no es una tarea individual, sino que la construimos todos juntos”, afirmó.

Además, ratificó el alineamiento político e institucional con el Gobierno provincial que conduce Poggi. “Quiero reafirmar nuestro compromiso con el proyecto de gobierno que encabeza nuestro gobernador, Claudio Poggi, articulando esfuerzos junto al Gobierno de la Provincia para seguir impulsando el desarrollo de Potrero de los Funes”, señaló.

Vallejo también subrayó el carácter histórico de su asunción al convertirse en la primera mujer en conducir el municipio de Potrero de los Funes. “Asumo esta responsabilidad como la primera mujer de esta localidad que amo, que me vio nacer y en la que deseo transitar toda mi vida”, expresó.

La dirigente cerró su intervención con una convocatoria a sostener el rumbo de gestión y honrar la memoria del intendente fallecido. “Seguiremos adelante, sosteniendo el rumbo, honrando la memoria de Ignacio y la confianza que todo el pueblo del Potrero depositó en este proyecto”, concluyó.

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Cómo avanza el proceso hacia la reforma constitucional

El proceso de discusión política sobre la reforma de la Constitución de San Luis sumó un nuevo capítulo en el Senado provincial. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria avanzó en el análisis del proyecto de declaración de necesidad de reforma anunciado por el gobernador Claudio Poggi durante la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1° de abril.

La reunión estuvo encabezada por el vicegobernador Ricardo Endeiza y contó con la participación de senadores oficialistas y opositores. El expositor central fue el abogado constitucionalista Cristian Altavilla, quien asesoró al Poder Ejecutivo en la elaboración de la propuesta y explicó ante los legisladores el alcance institucional de las modificaciones impulsadas por el Gobierno provincial.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación del artículo 281 de la Constitución provincial para establecer que una ley especial declare formalmente la necesidad de reforma y delimite los temas que deberá abordar la futura Convención Constituyente.

En el plano político, la iniciativa pone el foco en la limitación del poder y en cambios estructurales del sistema institucional. Entre las propuestas más relevantes aparece la prohibición absoluta de reelección para gobernador luego de dos mandatos consecutivos o alternados, mediante la modificación del artículo 147. Además, el texto incorpora una cláusula transitoria que considera al actual período 2023-2027 como el primer mandato a los efectos de esa futura restricción.

El proyecto también impulsa la incorporación del sistema de doble vuelta electoral —balotaje— para elegir gobernador y vicegobernador, junto con un esquema de “capitales alternas” que apunta a descentralizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo mediante sedes gubernamentales rotativas en distintas regiones de la provincia.

Otro de los cambios de mayor impacto político es la eliminación de las elecciones legislativas de medio término. La propuesta establece que diputados, senadores y concejos deliberantes sean renovados íntegramente junto con la elección del gobernador, lo que implicaría una fuerte reconfiguración del calendario electoral provincial.

Para concretar esa sincronización institucional, el proyecto contempla cláusulas transitorias que prevén extender excepcionalmente hasta 2031 los mandatos legislativos y municipales que surjan de las elecciones de 2025.

En materia judicial, la iniciativa propone separar estructuralmente al Ministerio Público del Poder Judicial mediante la creación de un organismo extrapoder, con Defensoría General y Procuración General independientes. También plantea modificaciones en el Consejo de la Magistratura, incorporando representantes académicos y del Senado, y estableciendo mayor peso institucional para las ternas de selección de magistrados.

La propuesta además fija un límite de edad de 75 años para futuras designaciones vitalicias en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas.

Entre los aspectos más novedosos aparecen la incorporación de derechos vinculados a la era digital y a la inteligencia artificial. El proyecto propone reconocer constitucionalmente la identidad digital, la conectividad, el Gobierno abierto y el Habeas Data mediante la creación de un nuevo artículo 11 bis.

También se incorpora una cláusula federal vinculada a la autonomía provincial frente al Estado nacional y a la discusión por la coparticipación, además de habilitar convenios internacionales de inversión y cooperación directa.

Finalmente, la iniciativa propone otorgar jerarquía constitucional al agua como recurso estratégico de la provincia, bajo un esquema de gestión técnico-profesional con mandatos de cinco años.

Piden que Nicolás Anzulovich sea llevado por la fuerza pública a la audiencia de formulación de cargos

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exministro de Seguridad de San Luis, Nicolás Anzulovich, sumó un nuevo capítulo judicial luego de que Fiscalía de Estado solicitara que el imputado sea trasladado por la fuerza pública a la audiencia de formulación de cargos prevista para el próximo miércoles 13 de mayo.

El planteo fue presentado ante el Juzgado de Garantías N°3 luego de que quedara firme el rechazo a la recusación impulsada por la defensa de Anzulovich contra el fiscal de Instrucción Francisco Assat. En el escrito, los representantes de Fiscalía de Estado sostuvieron que el exfuncionario ya se ausentó a dos audiencias anteriores y advirtieron sobre una posible maniobra dilatoria para obstaculizar el avance del expediente.

“Con la finalidad de evitar una nueva ausencia del imputado al proceso y toda vez que el comportamiento manifestado deviene en una sospecha de obstaculizar el avance de la investigación, es que se solicita se ordene la fuerza pública”, señalaron en la presentación judicial.

El pedido incluye la posibilidad de notificar y hacer comparecer a Anzulovich tanto en su domicilio particular como en su lugar de trabajo dentro del propio Poder Judicial provincial, donde —según se consigna en el escrito— se desempeñaría en el Área de Notificaciones.

En paralelo, la Fiscalía de Juicio N°1 rechazó los argumentos de la recusación promovida contra Assat y sostuvo que no existían elementos que permitieran presumir parcialidad ni afectación al debido proceso. En el dictamen, la fiscal María Virginia Palacios Gonella afirmó que las causales de recusación son de “interpretación restrictiva” y que los fundamentos expuestos por la defensa “no habilitan de manera alguna ponderar su actuación en términos de parcialidad”.

Tras ese rechazo, el juez Marcos Flores Leyes fijó nuevamente fecha de audiencia de formulación de cargos para el miércoles 13 de mayo a las 10:00. La resolución dispone además que la Comisaría Seccional 34° efectúe la notificación correspondiente y remita constancia del diligenciamiento en un plazo máximo de 48 horas.

La investigación se tramita bajo la carátula “Toribio Alicia Noemí c/ Anzulovich Nicolás s/ averiguación enriquecimiento ilícito” y se encuentra en una instancia clave: la audiencia prevista por el artículo 110 del Código Procesal Penal es el acto formal en el que la Fiscalía expone los hechos atribuidos y solicita la apertura de la investigación penal preparatoria contra el imputado.

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Romero Alaniz habló de confabulaciones en Todos Unidos en pos de una candidatura de Adolfo Rodríguez Saá

El exdirector provincial de Estadística y Censos, Adolfo Romero Alaniz, difundió una dura serie de declaraciones contra la conducción de «Todos Unidos», a la que responsabilizó por el deterioro de la relación política con el gobernador Claudio Poggi y por haber impulsado, según sostuvo, un proyecto político centrado en una eventual candidatura de Adolfo Rodríguez Saá para las elecciones de 2027.

En un extenso mensaje publicado a través de historias de Instagram, el exfuncionario defendió la convergencia política que permitió a distintos sectores integrarse al gobierno provincial y afirmó que el conflicto comenzó cuando dentro del espacio aparecieron movimientos internos que, a su entender, priorizaron las disputas políticas por encima de la gestión.

El pueblo de San Luis votó por un cambio y no votó para volver al pasado”, expresó Romero Alaniz al recordar el acuerdo político que derivó en la incorporación de dirigentes de «Todos Unidos» a distintas áreas estratégicas del Ejecutivo provincial.

Sin embargo, señaló que con el correr de los meses comenzaron “las famosas internas” y luego “las confabulaciones en contra del gobernador”, en paralelo con publicaciones y operaciones políticas que —según afirmó— instalaban la posibilidad de una candidatura de Adolfo Rodríguez Saá.

Todos Unidos siguió insistiendo con la idea de proponer a Adolfo como candidato a gobernador”, sostuvo. Y agregó: “Salían publicaciones en donde se infería que Todos Unidos quería llevar a Adolfo como candidato a gobernador en el 2027, siendo el actual gobernador -Claudio Poggi- quien nos repetía en varias ocasiones que le gustaría ir por la reelección”.

Romero Alaniz también ubicó un punto de inflexión político en junio de 2025, cuando asumió como ministro de Ciencia e Innovación el entonces presidente de «Todos Unidos» -Delfor Sergnese-. Según relató, desde ese momento “comienza a incrementarse los pedidos de que Adolfo tenía que ser el candidato a gobernador”, situación que, dijo, desplazó la gestión y llevó “a un primer plano la injerencia política”.

En otro tramo de sus declaraciones, cuestionó con dureza la falta de respaldo de la dirigencia hacia los funcionarios que quedaron fuera del gobierno tras la reestructuración impulsada por Poggi.

“Para varios que nos quedamos sin sustento económico (…) parece que se olvidaron que somos personas”, expresó.

Además, defendió la decisión del gobernador de solicitar la renuncia de todo el gabinete político y criticó las reacciones posteriores de algunos dirigentes partidarios.

“Ningún dirigente hace un mea culpa, lo único que le sale es criticar al gobernador”, afirmó.

Sobre el cierre, Romero Alaniz responsabilizó directamente a sectores internos de Todos Unidos por la ruptura política y por las consecuencias que derivaron en la salida de funcionarios ligados al espacio.

“Ustedes son los responsables de que los funcionarios que trabajábamos en el gobierno hoy estemos sin trabajo”, sostuvo. Y concluyó: “Ustedes terminaron con la paciencia del gobernador”.

A continuación, la declaración textual de Romero Alaniz en Instagram:

«Cuando los culpables miran para otro lado queriendo volver al pasado reciente.

Ser parte de una convergencia política es respetar acuerdos alcanzados entre las distintas fuerzas políticas que la integran. Me refiero a la convergencia cambia a San Luis. Hoy vivimos en una situación rara, un poco extraña, de ese gran acuerdo que permitió a los diferentes partidos integrar espacios de trabajo dentro del gabinete del gobernador Claudio Poggi, en aquel partido, Todos Unidos, participó y obtuvo un gran triunfo.

El pueblo de San Luis votó por un cambio y no votó para volver al pasado. Así se llegó a tener una participación importante en el gabinete. Logramos unificar funcionarios en el Ministerio de Ciencia e Innovación, en la Secretaría de Actividades Logísticas, en la dirección del hospital de Villa Mercedes, en el centro de alto rendimiento deportivo y en la Universidad Provincial de Oficios de Tilisarao. Todos Unidos confió esas tareas a los dirigentes que creía los más capaces e influyentes en la política provincial. Una actuación en la función pública que dejaba mucho que desear y objeto de muchas críticas.

El gobernador seguía respetando el acuerdo. Al poco tiempo comenzaron las famosas internas entre los dirigentes que ocupaban esos cargos y aparecían los primeros cambios de funcionarios. Parecía que se acomodaba la situación y aparecía un nuevo hecho que movía las estructuras del partido. Volvían a aparecer las renuncias y cambios de secretarios y ministros. Y así, sucesivamente, estando nuestro partido siempre en el ojo de la tormenta y todo tipo de rumores.

A pesar de todo esto, Todos Unidos siguió insistiendo con la idea de proponer a Adolfo como candidato a gobernador. A pesar de esto, empezaron a aparecer las confabulaciones en contra del gobernador, nuestro aliado en la convergencia y en la administración del gobierno. En todos los medios se decía que estábamos en la convergencia más firme que nunca, pero en paralelo salían publicaciones en donde se infería que Todos Unidos quería llevar a Adolfo como candidato a gobernador en el 2027, siendo el actual gobernador quien nos repetía en varias ocasiones que le gustaría ir por la reelección.

En junio de 2025, asume como ministro de Ciencia e Innovación el presidente de Todos Unidos, y a partir de ahí comienza a incrementarse los pedidos de que Adolfo tenía que ser el candidato a gobernador. Pasando de esta manera y con esta idea a un primer plano la injerencia política, y dejando de segundo plano la gestión.

Como consecuencia de esta inacción, se generó aparentemente el pedido de renuncia del ministro a principios del año 2026. Una vez que el gobernador informa la convocatoria para la reforma parcial de la Constitución, aparecen duras críticas a dicha convocatoria, tanto del presidente, ya fuera de la función pública, como demás miembros del partido.

Hasta aquí, en resumen, los acontecimientos que venían sucediendo con la gravedad de que algunos seguían siendo funcionarios. La desazón se vio en nuestras caras, porque no recibíamos de ninguno de estos dirigentes palabras de aliento, de esperanza o acompañamiento alguno. Para varios que nos quedamos sin sustento económico, que trabajamos con mucho esfuerzo y dedicación para hacer nuestra tarea lo mejor posible, porque no somos un cargo político, sino que, lamentablemente, parece que se olvidaron que somos personas.

El día lunes, el gobernador toma la decisión de solicitarle la renuncia a todo el gabinete, y hoy miércoles confirma la aceptación de renuncias presentadas por todos los funcionarios del Ministerio de Ciencia e Innovación. Por supuesto que los dirigentes antes mencionados multiplicaron sus críticas, escudándose en declaraciones personales, no como integrantes de Todos Unidos. Ningún dirigente hace un mea culpa, lo único que le sale es criticar al gobernador.

La sociedad decidió un cambio al cual nosotros, desde Todos Unidos, acompañamos. Ese llamado, esas palabras que hacen falta en ese momento difícil, no llegaron, como si no les importara la situación particular de cada uno.

Siempre nos recordaban que los cargos son del partido, como si cada uno de nosotros no tuviera mérito para estar donde estábamos. Deberían pensar seriamente en renunciar a sus cargos, ya que está a la vista que no han tenido la capacidad de dirigir a buen puerto los destinos de Todos Unidos en la convergencia. No les llame la atención esto que estoy diciendo ahora, porque ante el primer intento de entorpecer la convergencia por parte de ustedes, se los avisé. No se muerde la mano de quien te da de comer.

Estoy convencido que son los responsables de esta situación, es que nos encontramos muchos afiliados y dirigentes de Todos Unidos pagando hoy los platos rotos de esas apetencias, pero hoy insisten en juntarse con el pasado reciente.

Ustedes son los responsables de lo que está sucediendo con Todos Unidos. Ustedes son los responsables de que los funcionarios que trabajábamos en el gobierno hoy estemos sin trabajo. Duele y mucho esta actitud, tener dirigentes que por personalismos desmedidos todavía creen que pueden entorpecer los procesos de acuerdos políticos que firmaron con el voto unánime de los miembros integrantes del consejo provincial de seguir con la convergencia.

Les pedí que reúnan orgánicamente al partido, si se tomaba la decisión de dejar la convergencia, informarle esto al señor gobernador, presentándole la renuncia a todos los cargos que teníamos en el gobierno. No escucharon, haciendo parecer que hoy el malo de la película es el gobernador.

Son ustedes los únicos culpables de esto. Ustedes terminaron con la paciencia del gobernador”.
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Poggi eliminó Ambiente y absorberá la política ambiental en Producción y Turismo

El gobernador Claudio Poggi profundizó este jueves el proceso de reestructuración del Estado provincial con la eliminación de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, un área que poseía jerarquía ministerial dentro del organigrama vigente.

La medida fue oficializada a través de un comunicado difundido por el Gobierno provincial, en el que se informó que el mandatario aceptó la renuncia de todos los funcionarios políticos de la cartera y avanzará con la redistribución de sus competencias en otras áreas del Ejecutivo.

Según se explicó, la política ambiental quedará integrada a los ministerios de Desarrollo Productivo y de Turismo y Cultura, en una reorganización que busca vincular la cuestión ambiental con la generación de inversiones, la actividad económica y el desarrollo sustentable.

El nuevo esquema forma parte de la futura Ley de Ministerios que Poggi enviará a la Legislatura provincial y que contempla una reducción de estructuras políticas dentro del Gobierno. En los últimos días, el mandatario ya había avanzado con decisiones similares en otras áreas del gabinete, en el marco de un proceso de rediseño institucional atravesado por criterios de austeridad y eficiencia administrativa.

Desde el Ejecutivo señalaron que “Ambiente, Desarrollo Productivo y Turismo deben confluir para potenciar las oportunidades de inversión que permitan la consolidación y generación de nuevos puestos de trabajo”, aunque aclararon que esa articulación deberá darse “en armonía con el desarrollo sustentable”.

El Gobierno también precisó que la medida no afectará a trabajadores de planta ni empleados públicos, sino únicamente a cargos políticos vinculados a la conducción del área.

La eliminación de Ambiente se inscribe en una señal política más amplia impulsada por Poggi: reducir estructuras estatales, concentrar áreas estratégicas y reformular el funcionamiento del gabinete provincial en un contexto de caída de ingresos fiscales y búsqueda de mayor eficiencia en la administración pública.

Poggi profundiza la reducción de cargos políticos en el Gabinete

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, aceptó en la noche del miércoles la renuncia de todos los funcionarios políticos de la secretaría de Estado de Actividades Logísticas, un organismo con jerarquía ministerial que dejará de existir en la nueva estructura del Gobierno provincial, y que conducía Luis Pestchanker.

La decisión se inscribe dentro del proceso de reorganización institucional y reducción del gasto político que el mandatario viene impulsando y que tendrá su correlato en el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Ministerios que será enviado a la Legislatura en las próximas semanas.

Según informó oficialmente el Ejecutivo, las áreas consideradas estratégicas en materia logística serán absorbidas por el ministerio de Desarrollo Productivo. Esa integración permitirá mantener únicamente el 30% de la actual planta de funcionarios políticos, mientras que el 70% restante de la estructura será eliminado.

Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a reducir costos administrativos y, al mismo tiempo, concentrar bajo una misma órbita las políticas vinculadas al desarrollo económico, la inversión y la generación de empleo.

En ese sentido, explicaron que la incorporación de las áreas logísticas a Desarrollo Productivo permitirá “eficientizar la ejecución de los programas destinados a la conservación y fomento del empleo” y potenciar las iniciativas que actualmente se desarrollan con asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La administración provincial sostiene que esa reorganización busca fortalecer herramientas orientadas a captar inversiones privadas y ampliar las oportunidades laborales en San Luis.

El Ejecutivo aclaró además que la eliminación de la secretaría no afectará a trabajadores de planta ni empleados públicos, ya que la medida alcanza exclusivamente a cargos políticos.

La decisión representa un nuevo paso dentro de la reestructuración estatal anunciada por Poggi, quien ya había comenzado un proceso de revisión integral del organigrama provincial con la eliminación del ministerio de Ciencia e Innovación. Según se informó, durante las próximas dos semanas el Gobernador continuará evaluando cada área funcional del Gobierno antes de definir el diseño final de la nueva ley de ministerios.

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Poggi comenzó una reestructuración de fondo apuntalada desde la fortaleza política

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, aceptó la renuncia de todos los funcionarios políticos del Ministerio de Ciencia e Innovación, una cartera que dejará de existir dentro de la nueva estructura del Gobierno provincial prevista en el proyecto de Ley de Ministerios que será enviado a la Legislatura en los próximos días.

La decisión tiene una fuerte lectura política: Poggi avanza con cambios profundos en la estructura de su gabinete en un contexto de fortaleza y no de crisis. El gobernador puntano viene sosteniéndose desde hace meses entre los tres mandatarios provinciales con mejor imagen del país y, según el último relevamiento de CB Global Data, alcanzó en mayo un 55,7% de imagen positiva, ubicándose segundo en el ranking nacional de gobernadores.

El dato adquiere relevancia porque el rediseño del Estado provincial no ocurre en un escenario de desgaste político ni de caída de imagen pública. Por el contrario, el oficialismo impulsa esta etapa de reestructuración mientras mantiene altos niveles de aprobación ciudadana y busca relanzar la gestión provincial sobre una base de respaldo político consolidado.

La medida implica la eliminación del 70% de la estructura política que funcionaba dentro de ese ministerio, mientras que el 30% restante será reubicado en otras áreas del Ejecutivo provincial. Desde el Gobierno aclararon que la decisión no afectará a ningún empleado público y que alcanza exclusivamente a cargos políticos.

El Ministerio de Ciencia e Innovación había sido uno de los espacios conducidos durante los últimos años por dirigentes vinculados al espacio político que lidera Adolfo Rodríguez Saá. Por esa cartera pasaron Delfor Sergnese, Alfonso Vergés y Pedro Canali, todos dirigentes identificados con el armado político del exgobernador.

Según se informó oficialmente, las áreas que dependían del ministerio serán redistribuidas dentro del organigrama estatal. La Dirección de Estadísticas y Censos pasará a la órbita del Ministerio de Hacienda e Infraestructura; el área de Innovación Educativa quedará bajo la conducción del Ministerio de Educación; y la Agencia de Ciencia y Tecnología absorberá el manejo de la Red de Estaciones Meteorológicas.

La eliminación del ministerio es la primera medida tomada en el proceso de reorganización estatal que Poggi comenzó esta semana. El propio gobernador anticipó que durante las próximas dos semanas continuará evaluando cada estructura funcional del Ejecutivo para terminar de diseñar el nuevo proyecto de ley orgánica de ministerios.

En ese marco, dentro del oficialismo ya descuentan que en los próximos días habrá nuevas modificaciones, reestructuraciones y reducción de cargos políticos en distintas áreas del Gobierno provincial.

Poggi se consolida entre los gobernadores con mejor imagen del país

Claudio Poggi volvió a posicionarse entre los dirigentes provinciales con mejor valoración del país. Según el ranking federal de gobernadores elaborado por CB Global Data correspondiente a mayo de 2026, el mandatario sanluiseño alcanzó un 55,7% de imagen positiva y quedó ubicado en el segundo lugar nacional, apenas por detrás del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que obtuvo 56,1%.

El relevamiento ubicó en el tercer puesto al tucumano Osvaldo Jaldo, con 55,1% de aprobación. Detrás aparecen Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

Además del posicionamiento nacional, el informe mostró una mejora de Poggi respecto de la medición anterior: en abril había registrado 55,3% de imagen positiva y en mayo subió cuatro décimas.

El estudio se realizó entre el 1 y el 4 de mayo sobre una muestra total de 24.574 casos en todo el país, con encuestas online segmentadas por sexo, edad, nivel educativo y geolocalización. En San Luis, la muestra provincial fue de 882 casos.

En el otro extremo del ranking nacional quedaron Alberto Weretilneck (Río Negro), Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires), con los niveles de aprobación más bajos del país.

El informe también incluyó el ranking federal de intendentes, donde el jefe comunal de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, apareció entre los diez dirigentes municipales mejor valorados de la Argentina.

Hissa se ubicó en el octavo puesto nacional con 54,8% de imagen positiva y 44,7% de negativa, mejorando levemente respecto de abril, cuando había registrado 54,6%.

El ranking de intendentes fue encabezado por Matías Stevanato, de Maipú (Mendoza), con 59,6% de aprobación, seguido por Leonardo Stelatto, de Posadas, y Jorge Jofré, de Formosa capital.

La encuesta municipal se realizó sobre un total de 14.813 casos en distintas ciudades del país. Para la ciudad de San Luis se relevaron 589 casos.

Poggi anuncia una nueva Ley de Ministerios con recorte político y eje en la inversión privada

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció que en los próximos días enviará a la Legislatura Provincial un proyecto de Ley de Ministerios que implicará una reducción de la estructura política del Ejecutivo, en línea con una política de ajuste del gasto público y reordenamiento administrativo.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje público en el que el mandatario combinó definiciones de gestión con un posicionamiento político respecto de la herencia recibida y el rumbo de su gobierno. Poggi sostuvo que la actual situación económica obliga a “profundizar la austeridad” y consideró “imprescindible” avanzar en la reducción de las estructuras ministeriales como parte de esa estrategia.

La iniciativa, según anticipó, no se limitará a un rediseño orgánico del gabinete, sino que estará acompañada por una batería de acciones legislativas y programas orientados a reactivar la economía. En ese esquema, el Gobierno provincial buscará promover la inversión privada como motor de crecimiento y generación de empleo, en un contexto de restricciones fiscales.

En su mensaje, el mandatario también trazó una línea política al referirse al proceso iniciado tras su elección y al contraste con la gestión anterior. Afirmó que su administración lleva “875 días gobernando la Provincia” trabajando en “arreglar el desastre” heredado y en sentar las bases de un “futuro mejor”.

En ese marco, convocó a una reorganización política y social, planteando la necesidad de identificar a quienes están “realmente comprometidos con el cambio” frente a quienes —según su visión— pretenden un retorno al pasado.

El envío del proyecto de Ley de Ministerios abrirá ahora una nueva etapa en el plano legislativo, donde se discutirá el alcance concreto de la reducción de cargos y la reconfiguración del gabinete, en paralelo con las herramientas que el Ejecutivo proyecta para dinamizar la actividad económica provincial.

El mensaje en las redes sociales.

“Hace 1058 días que me eligieron como gobernador para que genere un cambio en la Provincia (11/6/23). Desde ese día, quienes perdieron y gobernaban, hicieron todo lo posible para que a la ya fundida Provincia, dejarla peor. Llevamos 875 días gobernando la Provincia (desde el 10/12/23), arreglando el desastre que nos dejaron y comenzando a trazar las bases de un futuro mejor.

Hoy es un momento, para que nos volvamos a reorganizar y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio y no estamos dispuestos a volver al pasado.

La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad, y por eso es imprescindible seguir reduciendo las estructuras ministeriales (estructura política), y por otro lado establecer programas de reactivación de la actividad económica.

Por ello en los próximos días, enviaré a la Legislatura Provincial, una nueva ley de Ministerios, con reducción de cargos políticos y una batería de acciones y leyes para generar inversión privada y por ende nuevos puestos de trabajo.

Voy a trabajar duro para que avancemos todos los días hacia un futuro mejor.”

El posteo de Poggi en la red social X.
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Rodríguez Saá y el armado K para volver

La consanguinidad política que enlaza a las expresiones del kirchnerismo nacional y vernáculo, explicitada cuando el exgobernador Alberto Rodríguez Saá lanzó la consigna “Hay 2019” en el congreso de La Pedrera, en marzo de 2018— volvió a exhibir en los últimos días la solidez de ese vínculo.

Dirigentes nacionales y provinciales ya se muestran activos en los incipientes armados hacia la carrera electoral del 2027, con un mismo objetivo: la recuperación del poder para el kirchnerismo.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof -tal vez quien tenga mayores posibilidades de competir por la presidencia-, disputa la discusión de esos armados con los nombres de Sergio Massa, Guillermo Moreno y Victoria Tolosa Paz, todas figuras clave en los gobiernos de Cristina Kirchner, en cuyo pequeño balcón domiciliario entra aún un enorme territorio político.

No se trata sólo de nombres, sino de acciones. La diputada Tolosa Paz, por ejemplo, es una de las figuras convocantes al encuentro político nacional en Parque Norte que se celebrará este viernes y en cuya mesa de promoción se sienta el diputado nacional, Ernesto “Pipi” Alí, según muestran imágenes de medios nacionales.

Esas fuentes señalan que este grupo de dirigentes viene trabajando desde hace meses en el armado y en un nuevo programa de gobierno. Si bien la idea es mostrarse como un sector “deskirchnerizado” esos referentes hablan de una confluencia que será inevitable en 2027 para recuperar el poder: todos dentro de un mismo y gran espacio.

En San Luis, ese proceso tiene su correlato. Los primeros movimientos vuelven a tantear la posibilidad del regreso de Alberto Rodríguez Saá, que precisamente esta semana se mostró activo compartiendo imágenes de encuentros con dirigentes locales.

Sin embargo, hay quienes ven algo más que un interés electoral en estos movimientos del ex gobernador que llegará con 78 años a la próxima elección.

La idea que abonan esos observadores es su necesidad de mandar señales de supervivencia a la costa judicial, en donde unas quince causas por hechos de corrupción tienen con el agua al cuello a unos veinte exfuncionarios de su gobierno.

Una idea peligrosa, y de consecuencias insospechadas, puede adueñarse de la mente de esos ex colaboradores si se sienten abandonados tras el naufragio.

Si se habilita esa hipótesis, vale pensar que la señal de supervivencia política también puede tener otros destinatarios: una parte de un sistema judicial parcialmente configurado durante sus años de gobierno, por donde hoy circulan esos expedientes.

En ese caso el mensaje, es tanto electoral como estratégico: una señal dirigida a la política y a los tribunales.

Charly Pereira fue seleccionado para un fellowship político en Estados Unidos

El diputado provincial Carlos «Charly» Pereira fue seleccionado para participar del programa Fellows 2026 del Institute for Freedom in the Americas, una iniciativa con base en el Miami Dade College que convoca a dirigentes políticos, académicos y referentes públicos de distintos países del continente.

Pereira —abogado y actual legislador en la provincia de San Luis— forma parte de un grupo de dirigentes latinoamericanos que, durante los próximos meses, participarán de un esquema de formación que combina instancias académicas, intercambio político y desarrollo de propuestas sobre gobernanza y democracia.

El programa está orientado a líderes con trayectoria o proyección en la vida pública y busca, según sus organizadores, fortalecer capacidades vinculadas al diseño de políticas públicas, la participación cívica y el debate democrático en América Latina.

El Institute for Freedom in the Americas es un espacio impulsado desde el estado de Florida que tiene como eje la promoción de valores asociados a la libertad política y económica. Su creación se enmarca en una legislación estatal que amplía la enseñanza sobre los efectos del comunismo y promueve una agenda centrada en las libertades individuales y el progreso económico.

Con sede en la emblemática Freedom Tower de Miami, el instituto funciona como un punto de encuentro entre dirigentes, académicos y especialistas en políticas públicas. En ese contexto, el fellowship anual es uno de sus principales dispositivos: incluye seminarios, mentorías y encuentros con ex jefes de Estado y referentes internacionales, además de instancias de trabajo orientadas a problemáticas concretas que enfrentan las democracias contemporáneas.

La edición 2026 reúne a dirigentes de distintos países de América Latina y Europa, entre ellos legisladores, funcionarios, académicos y activistas políticos. En el caso argentino, la participación de Pereira lo posiciona dentro de una red regional de formación y articulación política que busca incidir en la discusión pública desde una perspectiva común sobre el rol del Estado, la economía y las instituciones democráticas.

La inclusión del diputado puntano en este programa suma un componente internacional a su perfil político y lo inserta en un circuito de formación que combina política, academia y construcción de redes en el plano regional.

Una cervecería de San Luis se posiciona en la red de proveedores de Carrefour

La cervecería artesanal Un Tal René, con base en San Luis, participó del Encuentro Anual de Socias y Socios Estratégicos organizado por Carrefour en la Ciudad de Buenos Aires, un evento que reúne a más de 400 empresas proveedoras y referentes del consumo masivo en Argentina.

La convocatoria, de carácter selectivo, funciona como un espacio de articulación entre la cadena y las marcas que integran su ecosistema comercial. En ese marco, la presencia de la firma puntana no es un dato menor: implica su consolidación como actor formal dentro de una de las principales plataformas de distribución del país.

Durante la jornada, los principales directivos de Carrefour a nivel local y regional presentaron los lineamientos estratégicos de la compañía, analizaron el contexto actual del consumo y delinearon oportunidades de crecimiento dentro del canal masivo.

Además, se abordaron tendencias vinculadas a la evolución de los hábitos de compra y al desarrollo de nuevos canales, en un escenario cada vez más competitivo, donde la capacidad de adaptación y generación de valor resulta determinante para las marcas.

Desde la empresa destacaron la relevancia de este tipo de encuentros como instancias clave para el aprendizaje y la proyección. “Ser parte de este evento reafirma el camino que venimos construyendo. Nos permite entender hacia dónde va el mercado y seguir fortaleciendo nuestra presencia en el canal de consumo masivo de la mano de Carrefour”, señaló Cristian Moleker, presidente de Un Tal René S.A.

La planta de producción está ubicada en Juana Koslay.

La expansión de Un Tal René.

La participación en este ámbito no sólo refuerza el posicionamiento de la marca, sino que también la proyecta en un proceso de expansión a escala nacional, consolidando su inserción en el competitivo mercado del retail -directo al consumidor final.

En ese proceso, la compañía tuvo su origen a partir del ahorro y la inversión de un grupo de personas —en su mayoría de San Luis— que apostaron por el proyecto en sus inicios mediante un sistema de financiamiento colectivo, acompañando el desarrollo de una empresa que entonces representaba un desafío emprendedor.

Un Tal René festejó sus cumpleaños con un multitudinario show de Turf.

A lo largo de su crecimiento, la marca consolidó una red de franquicias, una fuerte presencia en el canal gastronómico y una expansión sostenida en el retail, con su reciente incorporación a Carrefour en distintas ciudades del país como uno de los hitos más relevantes de esa evolución.

Actualmente, el ecosistema de Un Tal René genera de manera directa e indirecta empleo para cerca de 100 personas, abarcando áreas como producción, logística, administración, comunicación, diseño, comercialización y atención en sus distintos puntos de venta y franquicias.

Además de su actividad productiva, la empresa impulsa iniciativas vinculadas a experiencias culturales, turismo cervecero e innovación, con proyectos desarrollados junto al CONICET orientados a la bioeconomía y la valorización de subproductos del proceso cervecero, en línea con nuevas tendencias de sustentabilidad dentro de la industria.

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El Banquete de los Desposeídos, por Fernando de Vargas

Gualicho del 2×4 y la Poética del Abrazo

En el revés de la ciudad, allí donde el tiempo se detiene a fumar un cigarrillo con la muerte – como en un poema de Pizarnik -, surge una invitación que es, en rigor, un conjuro. Este sábado 18 a las 20:30 hs, Atípica Cultural abre sus puertas para el Gualicho del 2×4, una ceremonia que no busca la complacencia, sino la colisión estética entre el rock de los Redondos y la metafísica del Tango.

Una puesta en juego de los cuerpos y la palabra, tal como alguna vez, Gilles Deleuze, habló de la intensidad de la piel. Esa noche la teoría se vuelve músculo y sudor. La escena será habitada por las bailarinas Julieta Lahiton y Grisel Rojos, junto al bailarín Rodrigo Gatica. En sus movimientos no hay mera coreografía, sino una cartografía del deseo; un despliegue de cuerpos que se buscan en la «misa milonguera» para romper la calma impuesta por la ideología de lo cotidiano.

Acompañando esta deriva de asfalto y firulete, la palabra recobra su peso ontológico. La actriz Sandra Galvalicio y el actor Marcelo Di Gennaro pondrán la voz y el cuerpo en escena, oficiando como maestros de ceremonia de este encuentro místico. No es solo teatro, es la encarnación del «Gualicho»: una descarga eléctrica que traduce la lírica del Indio Solari al idioma del fuelle y la herida.

En un mundo que, Derrida, describiría como una “eterna deconstrucción de sentidos”, esta propuesta nos devuelve a lo Real. Es un banquete para:

  • Los Vitalistas: Que buscan en el abrazo del 2×4 una reafirmación de la vida frente a la nada.
  • Los Amantes de lo Profano: Que entienden que el rock y el tango son, en esencia, la misma queja contra el destino.
  • Los Buscadores de Belleza: Que necesitan ver cómo las guitarras heridas encuentran en el bandoneón una nueva forma de redención.

«Hay gualichos que son necesarios». Esta es una invitación a la transgresión, una cita con el asfalto que late y con la poesía que, al decir de André Breton, debe ser hecha por todos.

Nos comenta, Fernando de Vargas hacedor de este Gualicho, que no se trata de ver un espectáculo; se trata de participar en un ritual donde la ciudad se desnuda. A la espera que el gualicho nos encuentre.

Ficha de la Ceremonia:

  • Cita: Sábado 18 || 20:30 hs.
  • Santuario: Atípica Cultural.
  • En Escena: Julieta Lahiton, Grisel Rojos, Rodrigo Gatica (Danza) | Sandra Galvalicio, Marcelo Di Gennaro (Palabra en escena).
  • Propuesta: Una fusión de la lírica de los Redondos con la mística del bandoneón.

El curioso voto «libertario k» en La Punta

Un minucioso observador de la política local señala el inédito comportamiento del concejal de La Punta, Fernando Orozco quien, pese a integrar un bloque unipersonal de La Libertad Avanza, vota en sintonía plena con el kirchnerismo vernáculo. «Una suerte de libertario k», advierte.

Un ejemplo de esa extraña conducta quedó en evidencia días pasados cuando Orozco sumó su voto opositor al del bloque kirchnerista que lideran Martín Bastías y Rocío Roldán. Fue para oponerse al pedido de autorización del intendente Luciano Ayala para avanzar en la compra de maquinaria pesada para brindar mejores servicios municipales

Hay que decir que si bien es cierto que Orozco representa a los libertarios de La Punta, en verdad ingresó al Concejo Deliberante en una lista sublema de Fuerza San Luis, que llevaba a Jorge “Gato” Fernández como candidato a gobernador y a Martín Bastías como candidato a intendente en 2023.

A los seis meses de haber asumido, Orozco abandonó el bloque y armó el suyo, unipersonal, pero presentándose como dirigente libertario.  No obstante, su nexo con los representantes locales del kirchnerismo, se mantiene ahora atado al momento de emitir su voto.

Presentan un libro clave sobre el origen de San Luis, San Juan y Mendoza

Este jueves 9 de abril a las 16, el Microcine de la Universidad Nacional de San Luis será escenario de la presentación de La fragmentación de la Gobernación Intendencia de Cuyo y la organización de los espacios provinciales. San Juan, San Luis y Mendoza (1820-1828), una obra recientemente publicada por la Nueva Editorial Universitaria (NEU) que aporta una mirada renovada sobre los orígenes políticos de la región.

La actividad —de carácter híbrido— contará con la participación del historiador Roberto Schmit (CONICET-UBA), quien estará a cargo de la presentación del libro, coordinado por Guillermo Genini y realizado en conjunto con las investigadoras Eugenia Molina y Fabiana Puebla.

El encuentro no es un dato menor en la agenda académica local. El trabajo aborda uno de los momentos más decisivos de la historia regional: la desintegración de la Gobernación Intendencia de Cuyo en 1820 y el proceso posterior de conformación de San Luis, San Juan y Mendoza como provincias autónomas.

Desde un enfoque que combina dimensiones políticas, institucionales, territoriales y militares, la obra reconstruye cómo esos territorios, que hasta entonces funcionaban como una unidad administrativa —clave en la estrategia sanmartiniana—, comenzaron a definir sus propias estructuras de poder en un contexto atravesado por el avance del federalismo y el agotamiento del orden revolucionario iniciado en 1810.

La presentación de este jueves se plantea, en ese marco, como una instancia de circulación y debate de un trabajo que no solo revisa el pasado, sino que aporta herramientas para comprender la configuración histórica de una región central en la Argentina.

Con entrada abierta y modalidad híbrida, la actividad organizada por la UNSL y su editorial universitaria se inscribe en una política de difusión del conocimiento que busca acercar la producción académica al público general, en un formato accesible y de discusión directa con especialistas.

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Los excesos en pandemia llegan al Congreso

El diputado nacional por San Luis, Carlos Almena, decidió llevar al Congreso una revisión integral de uno de los capítulos más controvertidos de la pandemia: las miles de causas judiciales iniciadas por incumplir el aislamiento obligatorio.

Con un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, el legislador libertario propone relevar, a escala nacional, qué ocurrió con los denunciados, imputados y eventualmente condenados en el marco del artículo 205 del Código Penal entre 2020 y 2023.

La iniciativa coloca a Almena como el impulsor político de una agenda que combina dos dimensiones sensibles: el funcionamiento del sistema judicial durante la emergencia y las posibles vulneraciones de derechos individuales en ese contexto.

Un pedido de información con alcance nacional

El proyecto solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Justicia, recabe información de todos los poderes judiciales del país —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— sobre el estado de las causas vinculadas al incumplimiento del ASPO.

Entre los datos requeridos figuran:

  • Cantidad de personas imputadas, procesadas o condenadas.
  • Estado actual de los expedientes, incluidos los archivados o prescriptos.
  • Detalle de condenas y su grado de firmeza.
  • Denuncias contra fuerzas de seguridad y su situación judicial o administrativa.

El objetivo, según plantea Almena, es construir por primera vez un mapa completo del impacto judicial de la cuarentena, a seis años de su implementación.

Rodríguez Saá y el Comité de Crisis creado en San Luis.

El eje político: revisar la “emergencia sanitaria”

En los fundamentos, Almena sostiene que su iniciativa busca indagar posibles excesos cometidos bajo el paraguas de la emergencia sanitaria.

El texto advierte que, desde la instauración del aislamiento el 19 de marzo de 2020 durante el gobierno de Alberto Fernández, se registraron denuncias en todo el país por abusos de autoridad y vulneraciones de derechos humanos.

En ese marco, el proyecto se posiciona dentro de un debate más amplio que atraviesa al sistema político: hasta dónde llegaron las restricciones y qué consecuencias dejaron.

San Luis, en el centro del planteo

Almena pone especial énfasis en su provincia, gobernada en ese período por Alberto Rodríguez Saá, a la que describe como una de las jurisdicciones con medidas más restrictivas.

Según detalla, allí se implementaron políticas como:

  • Cierre de accesos provinciales.
  • Restricciones al transporte de carga.
  • Sistema de circulación por DNI (pares e impares).

Para el legislador, esas disposiciones derivaron en situaciones de desabastecimiento, conflictos interprovinciales y un clima de alta tensión social.

Dos casos que reabren la discusión

El proyecto también recupera dos episodios ocurridos en San Luis que, por su gravedad, marcaron la etapa más dura de la cuarentena.

El primero es el de Magalí Morales, detenida en abril de 2020 por una supuesta infracción y hallada muerta en una comisaría de Santa Rosa de Conlara. Aunque inicialmente se habló de suicidio, investigaciones posteriores señalaron un contexto de tortura psicológica y trato degradante.

El segundo es el de Franco Gastón Maranguello, un adolescente de 16 años que fue demorado por violar restricciones sanitarias y luego encontrado sin vida en una dependencia policial de Villa Mercedes.

Ambos casos son citados por Almena como ejemplos de situaciones que requieren una revisión exhaustiva desde el Estado.

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Giraudo y un «desajuste político» en el corazón del frente gobernante

El posteo de una fotografía de José Giraudo junto a Alejandro Cacace —dirigente de La Libertad Avanza y subsecretario de Reformas Estructurales del gobierno de Javier Milei— y una segunda publicación en la que insinuó una eventual candidatura propia a intendente de Villa Mercedes y de Poggi a gobernador, cayó mal. Muy mal.

En la mesa chica del frente que gobierna no hubo matices: “cayó pésimo”, sintetizó un dirigente con acceso directo a las decisiones.

La incomodidad tiene dos razones. La primera, política. La imagen junto a Cacace —referente de La Libertad Avanza— abre una zona de ambigüedad en un terreno en el que las señales importan más que las explicaciones. Homo Videns: la palabra ha sido destronada por la imagen.

La segunda, interna. El propio Giraudo reforzó esa lectura con un posteo de tono desafiante, en el que defendió la posibilidad de expresar aspiraciones electorales a más de un año de los comicios. En realidad, ese primer posteo ya parecía responder a una —¿futura?— recriminación. 

“¿Qué? ¿Acaso a casi poco más de un año para las próximas elecciones uno no puede expresar sus deseos democráticos? Lo lamento por quienes se ponen en papel de críticos”, posteó Giraudo.

No se trata solo de tiempos, sino de roles, argumentan.

Giraudo no es un dirigente más: es el responsable de la vinculación institucional del gobierno. Y ese dato modifica el encuadre. Su presencia en la Asamblea Legislativa —el momento de mayor densidad institucional del año— no era la de un actor político en campaña, sino la de un funcionario del Ejecutivo.

Ahí es donde el episodio deja de ser una simple expresión personal y pasa a ser leído como un desajuste político.

En un contexto social que reclama gestión y resultados, la anticipación de candidaturas —y más aún cuando proviene de funcionarios— aparece, hacia adentro y hacia afuera, como un ruido innecesario.

Poggi puso la educación en el centro y propuso una reforma para modernizar el sistema democrático

El gobernador Claudio Poggi estructuró su mensaje de apertura de sesiones 2026 en tres partes, pero dejó en claro desde el inicio cuáles serían los dos núcleos políticos de mayor peso: educación y reforma institucional.

En el primer tramo presentó a la educación como el eje rector de su gestión y como la política pública que, según dijo, debe trascender gobiernos y convertirse en política de Estado. En el segundo, anunció el envío de un proyecto de ley para declarar la necesidad de una reforma constitucional parcial orientada, según su definición, a darle “mayor institucionalidad” a San Luis.

En materia educativa, Poggi apoyó su planteo en una idea central: 2026 fue declarado por ley como el Año de la Educación en San Luis, en homenaje al bicentenario de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro. A partir de esa definición simbólica, ordenó una larga secuencia de medidas, programas y anuncios con fuerte carga política y presupuestaria.

Uno de los anuncios más concretos fue la profundización de la universalización de la sala de 3 años. El gobernador afirmó que al final de 2023 San Luis tenía solo 32% de cobertura, contra una media nacional del 63%, y sostuvo que en dos años de gestión ya se crearon 133 nuevas salas —65 en 2024, 45 en 2025 y 23 en los primeros días de 2026—, lo que permitió elevar la cobertura al 65,69%. El objetivo oficial es llegar al 100% en 2027. Además, anticipó que enviará un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la sala de 3 y blindarla como política de Estado.

También remarcó la validación nacional del nuevo diseño curricular del nivel inicial, vigente desde febrero para salas de 3, 4 y 5 años, y sostuvo que durante 2026 se profundizará la capacitación de directivos y docentes. A eso sumó el crecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil: aseguró que en dos años se duplicó la cantidad de CDI, que hoy son 25, y que la asistencia diaria pasó de 350 a 1.400 niños.

Otro bloque central del discurso fue alfabetización. Poggi reivindicó el programa “Queremos Aprender” como la principal respuesta a un diagnóstico crítico: dijo que en abril de 2024 solo el 30% de los alumnos de primero, segundo y tercer grado alcanzaba los niveles mínimos esperados de lectoescritura.

Según su exposición, tras un año de aplicación del programa se duplicó la cantidad de alumnos del primer ciclo de primaria que alcanzaban esos conocimientos mínimos, y San Luis llegó al 75,1% de aprobación en los niveles esperables de las pruebas Aprender 2024, seis puntos por encima de la media nacional. En ese punto, además, anunció que enviará otro proyecto de ley para institucionalizar por norma los procedimientos que garanticen niveles esperados de lectura y escritura.

En matemática, el mandatario describió un cuadro incluso más delicado: afirmó que en la medición inicial de 2025 apenas el 30% de los alumnos de segundo grado y menos del 7% de los de tercero alcanzaban los conocimientos mínimos esperados. Sobre esa base, defendió el programa “Queremos Resolver”, que comenzó con una prueba piloto en 43 escuelas primarias y 343 docentes capacitados, y anunció su extensión a todas las escuelas primarias y también al nivel secundario durante 2026. Al igual que en comprensión lectora, prometió un proyecto de ley para convertir el programa en política de Estado.

Entre los anuncios de mayor volumen también aparecieron la implementación del programa “Hora Más” en 16 escuelas piloto, con ampliación de la jornada de 4 a 5 horas diarias para reforzar lengua y matemática; el censo de fluidez lectora, apoyado en una plataforma provincial utilizada por casi 41.750 alumnos; el concurso de verano “Suma Leyendo”; y la revisión del nuevo diseño curricular de primaria, cuya aprobación definitiva el Gobierno espera obtener este mismo año.

El tramo más novedoso del capítulo educativo estuvo ligado a la inteligencia artificial. Poggi presentó una diplomatura en IA para la enseñanza y la innovación educativa, desarrollada con la Universidad Austral, y aseguró que se inscribieron 10.700 personas, equivalentes a casi el 80% de los docentes de la provincia.

El Gobierno becará a todos los inscriptos, dividirá el cursado en dos cohortes y, además, entregará computadoras personales a quienes cumplan los requisitos y finalicen satisfactoriamente la formación. A eso sumó el anuncio de un Congreso Internacional de Educación en San Luis para los días 16 y 17 de octubre, con apoyo técnico de la Fundación Varkey y eje temático en IA aplicada a la pedagogía.

En esa misma lógica de expansión educativa, el gobernador puso en valor que San Luis será sede de una fase de la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2026; destacó la finalización del concurso de cargos directivos, con 209 cargos jerárquicos cubiertos en 131 instituciones; ratificó la continuidad de la Beca al Mérito, hoy de $350.000 mensuales; defendió la Beca Universal Superior, equivalente a 600 dólares para estudiantes del primer año universitario; y confirmó la continuidad de herramientas como las estampillas escolares, el boleto educativo, el plan TUBI, los intercolegiales deportivos y culturales, el fortalecimiento de escuelas rurales y el PANE. Todo ese paquete fue presentado como parte de una misma arquitectura: más escolarización, más permanencia, más incentivos y más intervención estatal sobre el sistema educativo.

Modernización institucional

Pero el discurso no se agotó en educación. El segundo gran eje fue la reforma constitucional. Poggi anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley especial, en los términos del artículo 281 de la Constitución provincial, para declarar la necesidad de una reforma parcial. Subrayó que esa ley requiere dos tercios del total de los miembros legislativos, no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo y deberá abrir paso a una Convención Constituyente cuyos integrantes serán elegidos en la próxima elección provincial general, no en 2026 porque este año no hay comicios provinciales.

El primer punto fuerte de esa reforma es el Poder Ejecutivo. Poggi quiso despejar cualquier sospecha de que la iniciativa buscara ampliar las posibilidades de permanencia del gobernador y anunció, por el contrario, una auto-limitación: propuso prohibir de manera absoluta una nueva reelección una vez cumplidos dos mandatos, consecutivos o alternados. Es decir, quien haya ejercido dos períodos como gobernador quedará impedido de por vida para volver al cargo. Incluso aclaró que, si él mismo fuera reelegido, su mandato actual 2023-2027 contará como primer período a los fines de ese límite.

El segundo bloque es el Poder Legislativo. Allí Poggi propuso ampliar el período de sesiones ordinarias: que comiencen el 15 de marzo en lugar del 1 de abril y se extiendan hasta el 31 de diciembre en vez del 30 de noviembre. Además, planteó eliminar las elecciones de medio término provinciales para diputados y senadores, de modo que la renovación legislativa sea total cada cuatro años y coincida con la elección de gobernador y vicegobernador. Su argumento fue doble: reducir el desgaste político e institucional, y ahorrar recursos públicos en un contexto de fondos escasos.

El tercer gran capítulo institucional alcanza al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura. Allí propuso tres modificaciones. La primera es separar del Poder Judicial tanto a la Defensoría General como a la Procuración General para garantizar autonomía plena del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. La segunda apunta a limitar la discrecionalidad del gobernador en la selección de jueces, fiscales y defensores: el Consejo de la Magistratura elaboraría un orden de mérito vinculante, del que el Poder Ejecutivo solo podría apartarse con fundamentos debidamente explicitados. La tercera es fijar una permanencia mínima de cuatro años en el cargo para jueces, fiscales y defensores, de manera que no puedan concursar enseguida por otro puesto ni alimentar una rotación constante que, según el diagnóstico oficial, perjudica el servicio de justicia.

El agua: patrimonio natural estratégico

El cuarto punto institucional es el agua. Poggi planteó darle rango constitucional a la Administración Provincial del Agua y definir al recurso hídrico como patrimonio natural estratégico, con dominio originario e inalienable de la provincia sobre aguas superficiales y subterráneas. Según el texto leído, la gestión debe ser pública, integrada y sustentable, con prioridad para el consumo humano, el equilibrio de los ecosistemas, el desarrollo productivo y la solidaridad intergeneracional.

Federalismo: capitales alternas

El quinto punto es la creación de capitales alternas. La propuesta consiste en mantener a la ciudad de San Luis como capital provincial, pero sumar un sistema rotativo por el cual otras localidades del interior puedan convertirse en capital por determinados días, cuando el Poder Ejecutivo y su gabinete se instalen allí. Poggi presentó esa idea como una forma de darle jerarquía constitucional a un mayor federalismo provincial y dejó entrever que Villa Mercedes sería la primera capital alterna.

El mensaje dejó así una doble señal política. Por un lado, Poggi mostró gestión, volumen de programas y capacidad de intervención estatal en educación, con especial énfasis en alfabetización, matemática, primera infancia e incorporación de tecnología. Por otro, propuso abrir una agenda institucional más ambiciosa, con reformas que apuntan a limitar la reelección, reordenar la dinámica legislativa, garantizar la transparencia en la selección de magistrados, fortalecer la autonomía de los ministerios públicos y constitucionalizar tanto el federalismo interno como la administración del agua.

Malvinas, presente

Para finalizar su discurso, Poggi dijo que «San Luis va a continuar con su política de malvinización. Malvinizar también es educar». Y anticipó que el próximo 7 de abril en la ciudad de San Luis, «estaremos presentando juntos el libro “Malvinas, El Legado”, donde ustedes —los héroes y veteranos de Malvinas presentes  en la Legislatura— son los protagonistas».

«Malvinas El Legado es un libro que a lo largo de sus casi 300 paginas busca resguardar del paso del tiempo, las voces de 79 veteranos o familiares de Malvinas que viven en la provincia de San Luis. Testimonios que, en algunos casos, se cuentan por primera vez, que salen a la superficie luego de muchos años de dolor. Fueron dos años de una intensa labor realizada con un objetivo claro: grabar y escuchar a quienes quisieron aportar su testimonio» dijo Poggi para finalizar su discurso.

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Rivadera, defensor de Bazla: “Darío Oviedo actuó de manera unipersonal”

El abogado defensor Bautista Rivadera fija una línea argumental clara: sostiene que Ricardo Bazla es ajeno a cualquier maniobra irregular en la causa conocida como “El Caburé” y que el accionar cuestionado recae exclusivamente sobre el exfuncionario Darío Oviedo.

En esta entrevista, el letrado cuestiona el encuadre jurídico adoptado en la audiencia de formulación de cargos, denuncia una situación de indefensión por la ampliación de imputaciones y anticipa una estrategia centrada en demostrar que su defendido nunca tuvo conocimiento ni participación en los hechos investigados.


—¿El doctor Bazla ha sido imputado sólo por el delito de defraudación a la Administración Pública Provincial?.
—No. Ese fue un requerimiento del Ministerio Público Fiscal.
Fiscalía, previo a la audiencia de formulación de cargos, que fue el día 25 de marzo, nos notifica que el encuadre legal que le había dado a la situación provisoria de Bazla era respecto a ese delito, es decir defraudación contra la Administración Pública y nosotros íbamos a defendernos de ese delito, que fue el que solicitó la Fiscalía.

Ahora bien, en el desarrollo de la audiencia yo me adelanté porque una de las querellas, unos días antes de la celebración de dicha audiencia, le había pedido el Fiscal una ampliación de la formulación de cargos por otros delitos. Yo me opongo en función de que en esa audiencia no correspondía ampliar los cargos contra Bazla porque no habíamos sido anoticiados con suficiente antelación como merece una audiencia de esta naturaleza.

Nosotros, hoy o a más tardar mañana vamos a presentar un recurso de apelación. Lo haremos en función de que el Juez de Garantía permite a las querellas que son dos, una representada por el doctor Celdrán y la otra por el doctor Viano, llevar adelante esta ampliación de formulación de cargos por siete delitos distintos al cual el Fiscal había solicitado.

Eso nos colocó en una situación de indefensión absoluta, anoticiándonos de manera casi imprevista, «in voce» de siete figuras penales distintas a la que el Fiscal nos había anoticiado previo a la celebración de la audiencia.

—¿El Fiscal solicitó por un solo delito entonces?

Sí, el Fiscal pidió por un solo delito en la audiencia, pero el Juez permitió que las querellas hicieran una ampliación sobre siete figuras penales distintas. El Fiscal se mantuvo en su posición de que el delito es defraudación en perjuicio de administración pública.

—¿Las querellas son San Jorge Cereales y Galia Norte S.A.?

—Sí, son las dos firmas privadas que alegan haber hecho la siembra sobre ese campo, ese campo denominado erróneamente como El Caburé, porque en realidad se llama La Gitana.

—¿Qué delitos finalmente le imputó el Juez a Bazla?
—Luego de escuchar a las partes, el Juez  explicó que admitiría todos los cargos pretendidos, tanto por el Ministerio Público Fiscal, como por Fiscalía de Estado y por las querellas, y en ese sentido tuvo por formulados cargos provisorios por los delitos de defraudación, falsedad ideológica, utilización de un instrumento público agravado por la calidad del presunto autor, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.

—¿Usted desde cuándo tiene la representación legal del doctor Bazla?

—Hará casi dos semanas, desde una semana antes de la audiencia de formulación de cargos que fue el 25 de marzo. Y esta es la primera intervención que tengo.

—¿Qué evaluación o qué lectura hace sobre sobre el desarrollo de la causa?

—A ver, esta causa en función de lo que comenté respecto a esta ampliación que permitió el Juez de Garantías generó una gran confusión en función de que el propósito de la audiencia de formulación es darle precisión a la persona investigada que se la va a imputar por tal delito y que la Fiscalía cuenta con tal evidencia para sostener ese delito, ¿correcto?. En función a lo que permitió el Juez de Garantías de esta ampliación solicitada por las querellas a nosotros realmente se nos han generado más dudas que certezas.

Por eso previo a elaborar una defensa definitiva respecto a Bazla de aquí en adelante en el proceso, nosotros hemos planteado un recurso de apelación que va a ser tratado de aquí a dos semanas. Ese recurso es en relación a una nulidad que planteamos al inicio de la audiencia de formulación de cargos en relación a que se afectó el derecho de defensa en el marco de la audiencia en función de haber permitido esta ampliación de figuras penales.

Una vez que yo resuelva esta cuestión con el Tribunal de Impugnaciones y se reencauce a mi entender la causa como corresponde, ahí yo voy a definir lo que es la estrategia de defensa definitiva de mi representado.

Lo que sí digo, por lo que he visto en el expediente, es que mi defendido no se subsume, su conducta no encuadra en ninguno de los tipos legales que le están enrostrando al día de fecha.

— ¿Por qué defiende la inocencia de Bazla?

—Porque el actuó siempre en el marco de sus funciones administrativas. Además, la figura que enrostra el Fiscal, que es la defraudación, exige un montón de elementos para su comprobación. Primero, por ejemplo, demostrar que la persona imputada, en este caso Bazla, haya llevado adelante maniobras de ardid, engaño o utilizado influencias para cometer este perjuicio en contra del Estado, circunstancia que no ha ocurrido.

No hay ninguna evidencia que respalde que mi representado haya llevado adelante maniobras de esta naturaleza, porque insisto con esto, siempre lo hizo en el ejercicio de sus funciones administrativas, delegando la administración y regularización sobre ese inmueble en una persona que era Darío Oviedo.

La Fiscalía, a mi entender, de manera errónea, lo acusa a Bazla por una cuestión funcional o jerárquica. A ver, que si Darío Oviedo cometía acciones irregulares sobre la administración o puesta en condiciones de ese inmueble, le corresponden de manera solidaria a mi representado, es decir Bazla, lo cual no es cierto. Se debe demostrar la autoría material de que mi defendido tenía conocimiento de esa mala administración que estaba llevando adelante Darío Oviedo. Esa una circunstancia que no está comprobada.
No hay ningún elemento que demuestre realmente que Bazla tenía el conocimiento pleno de esa administración irregular que se estaba haciendo sobre la cosecha de ese campo.

Y aclaro algo que se presta a confusión: no es a quién le pertenece el maíz o a quién le pertenece el campo, porque la Fiscalía inclusive ha reconocido que el campo es del Gobierno, del Estado de la provincia. Recuperado por la administración de Bazla. Y ese maíz al estar sembrado en un fondo que es de propiedad del gobierno de la provincia, se presume hasta el día de la fecha que es también del gobierno de la provincia. Esta es la visión de la Fiscalía y también la visión nuestra como defensa.

Hay un expediente aparte tramitando sobre esa discusión, en relación a la propiedad del maíz y hasta que no se demuestre que ese maíz le pertenecía a las firmas hasta el día de la fecha ese maíz y esa cosecha le pertenecía al gobierno de la provincia. Esta es una visión inclusive del Ministerio Público Fiscal.

—¿Usted dice que, aún cuando hayan autorizado la cosecha de ese maíz sin expedientes, está exonerado de responsabilidad Bazla?.

—Esa es la discusión, y eso es lo que plantea la Fiscalía, ese es el objeto del proceso, si en la cosecha de ese maíz hubo o no hubo irregularidades. La discusión que yo planteo es que si esa cosecha por más que haya sido irregular es atribuible a Bazla.
Porque Bazla, en todo momento, cuando Darío Oviedo le informó que iba a cosechar le requirió la presencia del cosechador para firmar el convenio correspondiente. Porque Bazla tenía plena conocimiento de que para llevar adelante una contratación privada con un tercero, en este caso un cosechador, debía obligatoriamente celebrar un contrato, generar un expediente, pero previo a eso debía conocer a la persona física del cosechador; y es lo que le requirió en todo momento a Oviedo. Y Darío Oviedo no cumplió. Darío Oviedo actuó de manera unipersonal, celebró un contrato firmado con una persona de apellido Anselmi, y le indicó que debía llevar adelante la cosecha sin que ese contrato lo haya firmado Bazla.

Cuando Bazla se entera de las acciones irregulares que se estaban llevando adelante en la administración que hacía Darío Oviedo, interpuso la denuncia y le pidió la renuncia a Darío Oviedo. Entonces eso no es el accionar de una persona que esté en conocimiento, que sea parte de una maniobra ilícita con el propósito de sacar un provecho económico.

— ¿Qué opina el doctor Bazla de la causa?
— El está confiado. El tomó la decisión de renunciar a su cargo para no perjudicar la gestión del gobierno. Está tranquilo, confía en que el proceso va a esclarecer realmente cómo han acontecido las cosas. Pero bueno, esto es un proceso, lleva sus etapas y ya está informado por mi parte como su letrado defensor de que en esto hay que tener paciencia. Quedan varias etapas todavía.

—¿Un Tribunal de Impugnaciones debe resolver ahora sobre este planteo de nulidad que usted ha planteado?

— Claro. A ver, después de la audiencia de formulación de cargos yo planteé la nulidad, por una falta de formalidad esencial que no cumplió la Fiscalía, y es que debía notificarlo a Bazla al inicio de esta causa, conforme el artículo 38 del Código de Procesamiento Criminal, para decirle: señor usted está siendo investigado, usted debe asumir la calidad de imputado y debe defenderse de esta denuncia, una cuestión que no ocurrió a mi entender, y que afectó el derecho de defensa. Casí también, apelé lo que respecta a esta ampliación de formulación que el Juez de Garantías le permitió a las querellas que nos generan más dudas que certezas.

 

— ¿Usted está convencido de la inocencia de Bazla, y su argumento es que no firmó nada y que cuando tomó conocimiento de que había un procedimiento irregular para ejecutar una cosecha, Bazla despidió a ese funcionario?.

—Exactamente. Además, otra cosa que me gustaría remarcar es que Fiscalía le ha dicho que acá ocurrió un perjuicio, un perjuicio que ni siquiera está demostrado porque a ver, independientemente de que esa cosecha se haya hecho de manera irregular, necesariamente debía hacerse haciendo averiguaciones a posteriori porque ese maíz reconocido por el propio cosechador estaba en muy mal estado.

Es muy importante tener en cuenta que el propio cosechador fue entrevistado por la Fiscalía, él dijo haber sido contratado directamente por Darío Oviedo, que esa cosecha fue mala, no le generó el rinde que él esperaba, le generó inclusive hasta pérdidas y hasta él especificó el destino de esa cosecha.

Digo esto porque hay mucha desinformación, que se está ventilando de que mi representado había sacado provecho económico de esa cosecha y se la habría quedado. No, el propio cosechador especificó ya el destino de esa cosecha, el producido de esa cosecha que él agarró básicamente y la llevó a un campo que está a 30 o 40 kilómetros, que es el campo denominado El Lucho, y la destinó al silo. O sea, la cosecha está en la panza de los animales básicamente.

—¿Por qué cree que el Juez hizo lugar a estas imputaciones contra Bazla?

—A mí criterio, la visión del Juez fue errónea en la audiencia de formulación de cargos, por eso he interpuesto una apelación.

En realidad, quien tiene la visión o es titular de la acción pública del Ministerio Público Fiscal, a quien yo tengo que persuadir de que cambie su visión, es a la Fiscalía. Y Fiscalía se está basando en indicios, y eso es entendible por estamos en una etapa provisoria.

Acá no estamos diciendo que van a exculpar en absoluto, esto es provisorio. Bazla recién están siendo investigado, una investigación preparatoria que ha iniciado posterior a la audiencia de formulación de cargos. Esos indicios para mí no son suficientes o no van a poder ser sostenidos en una etapa más avanzada del proceso.

—¿Qué opina de la condena social que pesa fundamentalmente sobre los exfuncionarios?

—Creo que, es un error… No soy muy partidario de ver mucho qué dicen los medios, me manejo mucho con lo que es el expediente, pero creo que hay dos procesos que para mí tienen una causa de esta naturaleza, que es el proceso judicial y el proceso mediático. Y como digo, ha habido mucha desinformación inicial donde se dijo que en un momento de que mi representado junto con funcionarios del gobierno habían sacado provecho, circunstancia que no ocurrió porque la realidad es que ningún funcionario, ni siquiera Darío Oviedo, sacó provecho económico de esta mala cosecha reconocida por el propio cosechador.

Sí creo que es un error, creo que la gente debe entender que esto es un proceso penal que recién está iniciando y que, sobre toda persona, hasta que no recaiga una condena firme, no se destruye su estado de inocencia.

Esto quiero dejarlo en claro, el señor Bazla es inocente. Hasta el día de la fecha no hay ninguna condena firme en su contra.

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Estrada: “No ha podido ser cuantificado el daño al Estado”

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El fiscal Leandro Estrada analizó en detalle para el diario Todo Un País la causa conocida como “El Caburé”, un expediente que investiga presuntas irregularidades en la administración de un campo recuperado por el Estado provincial.

En esta entrevista, que DePolítica reproduce a continuación, explica el origen del conflicto, el rol de los funcionarios imputados, las decisiones judiciales adoptadas y las dificultades para determinar el daño económico, en un caso atravesado por la ausencia de registros formales y la disputa sobre la propiedad de la producción agrícola.

—La causa es conocida como El Caburé. ¿El campo en cuestión tiene otro nombre?
—El campo se llama “Las Gitanas”. El Caburé es el nombre de la sociedad anónima que tenía el campo.

—¿Ese campo fue vendido o cedido por el Estado a un particular llamado Daniel Lucero?
—No es que fue vendido, fue -cedido- en propiedad con la condición de realizar determinados actos que no hicieron.

—¿Era parte de los campos cedidos por el Estado a particulares para que desarrollaran proyectos productivos del programa Pioneros Siglo XXI?
—Exacto, exacto.

—¿Lucero pagó sólo cinco cuotas de lo que establecía ese acuerdo con el Estado y lo siguió explotando para su propio beneficio?
—Nosotros a ese expediente administrativo no lo tenemos. Lo que tenemos son referencias y las referencias son que, en el año 2018, y en realidad el proceso administrativo empieza antes, pero en 2018 se finaliza con la desadjudicación del campo a la empresa El Caburé.
Ese proceso de desadjudicación se comenzó haciendo una serie de constataciones en el campo de que no se estaba cumpliendo con el objeto. Si le pagó o no le pagó al Estado, no lo sé.

—¿Cómo siguió esa disputa?
—En el 2018 se saca el decreto que se desadjudica el campo, y en el artículo N°2 se ordena la recuperación del campo. A ese decreto le meten un recurso de revocatoria que es resuelto en el 2022 por extemporáneo. Y después interponen un recurso de revisión contra ese decreto de rechazo de la revocatoria y ahí queda hasta la notificación en abril del año 2024 cuando el Gobierno toma posición del campo.

—¿Qué dimensión tiene el campo?
—El campo son mil novecientas noventa y siete hectáreas, ubicado en la ruta N°27 kilómetro 144, al lado del llamado Pueblo Ranquel.

—Por la administración de ese campo fue denunciado por Fiscalía de Estado el exfuncionario Darío Oviedo.
—No. Lo explico. En el interín entre 2018, en que fue notificado Lucero del decreto de desadjudicación por parte del Estado y el 2023 en el que el Estado provincial toma control del campo, Lucero por la empresa El Caburé realiza dos contratos de parcería.

—¿Qué es parcería?
—Un contrato para la siembra del campo, lo cual no está en el objeto.
Firma dos contratos; uno por 440 hectáreas para ser sembradas, y otro por 1.400 también para la siembra.

—¿Con quién firma estos contratos Lucero?
—Hace un contrato con una empresa que se llama Galia Norte S.A. y otra llamada San Jorge Cereales.
Galia Norte S.A., que está representada por Germán Vaira, es la que hace la denuncia contra Ricardo Balza, Darío Oviedo y otros funcionarios. La otra empresa no hace la denuncia y se presenta como particular, como querellante particular, pero no hace una denuncia en particular.

—Oviedo es expulsado del Gobierno y tiene una denuncia de Fiscalía.
—No. Fiscalía de Estado nunca lo denunció. Lo que Fiscalía de Estado denuncia son gestiones anteriores a este hecho, y yo lo que hago es ordenar el desglose si no se contamina el expediente, dado que no tienen que ver una cosa con la otra. Ordeno el desglose, formo un nuevo expediente y lo remito a la Fiscalía en turno. No me queda a mí ese expediente.

—Entonces, paso en limpio, hablamos de una causa que es contra Oviedo, contra Bazla y otros funcionarios, que impulsa Germán Vaira de la empresa Galia Norte S.A.
—Exacto. Germán Vaira, de Galia Norte S.A., que tiene el patrocinio de Pascual Celdrán.

—¿Cuál es el delito que se les imputa formalmente a Oviedo y a Balza?
—El mismo, defraudación en perjuicio de la administración pública.

—¿Un solo delito?
—Un solo delito. Defraudación en perjuicio de la administración pública.

—¿Cuál es el núcleo de la acción en investigación?
—El tema es así. Cuando ellos recuperan el campo en abril del año 2024 se encuentran con que el campo está sembrado. Para el Ministerio Público Fiscal ese campo es de la provincia, es del Estado provincial. En consecuencia, es un bien del estado provincial, y el maíz también.
Porque la siembra en fundo ajeno tiene dos consecuencias. Si es de mala fe, el que sembró pierde todo lo cosechado. Y si es de buena fe tiene un derecho a la compensación, lo que nunca es propietario de ese maíz.
Esa es una cuestión a debatirse en una sede administrativa, de quién es la propiedad del maíz, y si corresponde o no pagar una compensación. Pero en el estado en que se encuentra, el campo es del Estado provincial. Al encontrarlo que está sembrado es un bien del Estado, y entonces, queda sometido a las reglas de la Ley de contabilidad.
De la misma forma que compras una impresora o se rematan los autos en desuso. Acá, lo que pasa es que ellos contratan un sembrador de la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, sin procedimiento administrativo, sin respetar la norma del artículo N°93, N°94 y N°100 Ley de contabilidad.

—¿Esto lo hacen Oviedo y Bazla?
—Lo hace Oviedo materialmente, el contrato lo firma en una estación de servicio. Y Bazla no tiene una acción material. Él no contacta con el cosechador, él no se llevó una carretilla de maíz, él no manejó el camión, pero sí sabía que esto estaba ocurriendo.

—¿Le cabe responsabilidad por ser el superior de Oviedo?
—Son los que se denominan delitos de comisión por omisión. Es como un guardavida que está parado en la playa, ve que alguien se ahoga y no hace nada para evitarlo. Esta situación es igual.

—¿Cómo es que Vaira es querellante si nunca fue propietario del campo?
—Claro, porque ellos pueden tener un interés legítimo en la siembra.

—¿Aún cuando el campo no era de ellos?
—Te dije que había que diferenciar la buena fe y la mala fe. Te digo más. Las dos empresas, las dos personas jurídicas –Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales– lo denuncian a Lucero por desbaratamiento de derechos acordados, en el sentido de que le dicen: “nunca me dijiste que este campo no era tuyo”.

—¿Y dónde está esa denuncia?
—Acá en la Segunda Circunscripción. Después ellos arriban a un acuerdo donde Lucero les cede las acciones del campo, de un campo que no era propio. Son pícaros. Por eso digo, si se mezclan las cosas te la enturbian. Es más, uno de los… el representante de la persona jurídica San Jorge me pide la devolución del campo. Le dije: no te lo voy a dar, ese campo es del Estado. Andá a pelearla en un juicio de escrituración, en un juicio interdicto de recobrar la posesión, lo que fuere. ¿Cómo me vas a pedir a mí? Son unos pícaros. Es más, están imputados por usurpación. Y en otra fiscalía, en la Fiscalía 3, los representantes de San Jorge Cereales están imputados por usurpación porque los tipos fueron de guapo y se metieron en el campo una vez que el Estado ya lo había recuperado. ¿Por qué son querellantes? Porque ellos sí sembraron. Ahora, si ellos sembraron de buena fe, el Estado provincial le tiene que pagar una compensación. Y ese es el perjuicio que generó Bazla y Oviedo a los fines de la calificación legal. Han expuesto al Estado provincial a un juicio por una compensación por una siembra de la que dispusieron como si fueran los dueños.

—¿Y qué denuncias hay contra Lucero que alquiló el campo sin ser el dueño?
—Lucero, de la firma El Caburé S.A., tiene una denuncia que hicieron los otros dos –Galia Norte S.A. y San Jorge Cereales– por desbaratamiento de derechos acordados. Pero después lo arreglaron. Hicieron un acuerdo de conciliación. Eso es válido en el procedimiento penal. Alejandro Ingaramo y Alejandro Viano son los representantes de San Jorge Cereales. Y Vaira es el de Galia Norte S.A.

—¿Cuál es el rol de Francisco Anselmi?
—Anselmi es el cosechador. El que cosechó.

—¿Él ha tenido que declarar? ¿Qué ha dicho?
—Él vino a una entrevista y dijo que el maíz era de mala calidad.

—¿Y quién lo buscó para ese trabajo?
—A él lo buscó Oviedo. Lo contactó Oviedo. Se manejó siempre con Oviedo. El tipo siempre entendió estar contratando con el Estado a través de un funcionario del Estado.

—¿Le pagaron?
—No, porque el acuerdo era así. Un acuerdo que en realidad solo firmó Anselmi; Bazla no lo firmó nunca. Ni Oviedo tampoco. Es decir, que ejecutaron un contrato no firmado por el Estado. Peor todavía.
El acuerdo era 750 kilogramos de maíz por hectárea para el cosechador. Y lo que superara ese peso era para el Estado provincial. Lo que sobrara se tenía que poner en un silo bolsa y dejarlo a un costado, ahí al lado del campo Nación Ranquel, a la espera de cómo se pronunciara la Justicia sobre la propiedad de ese maíz.
Anselmi dice que nunca llegó a los 750 kilogramos por hectárea. De manera que todo lo que se llevó se lo llevó para él. Del campo “La Gitana” –propiedad de la empresa El Caburé– a un feedlot que tiene contratado a 40 o 50 kilómetros, que es en el campo El Lucho.

—¿Y ese campo El Lucho de quién es?
—De un señor de apellido Kurt, que se lo alquila a Anselmi para que tenga un feedlot.

—¿Y cuánto es en dinero?
—No, no tenemos idea. ¿Sabés por qué? Porque justamente no hay papeles. Al no haber procedimiento administrativo nosotros no podemos establecer cuál es la cantidad real de maíz, cuál es la naturaleza, la calidad del maíz. No sabría a quién creerle.

—¿O sea que el daño al Estado no ha podido ser cuantificado?
—No ha podido ser cuantificado el daño al Estado. Lo que sí queda claro es que estaba el maíz y ahora no está más. Esa modificación en el patrimonio representa un perjuicio.

—¿O sea que lo único que hay es la declaración de Anselmi sobre los kilos de rinde en toneladas?
—1.400 hectáreas. Claro, ni siquiera dice la cantidad de toneladas que sacó. Dice: “yo coseché 1.400 hectáreas de maíz y estaba en el piso. Era de muy mala calidad”. Y un informe que le hace a Oviedo y a Bazla en WhatsApp, nunca por escrito administrativamente correcto, donde dice que en realidad se cosecharon 1.800 hectáreas. Entonces lo que yo digo es, siempre digo y me refiero, es que hay una cosecha aproximada de 1.400 a 1.800 hectáreas.

—¿Quién investiga lo que sucedió en años anteriores? ¿Debe ir en otra denuncia aparte de esta?
—La denuncia se hizo. Pero se hizo en este mismo expediente. Y para no demorar nada, porque si no se te traba todo el expediente porque estás investigando hechos distintos, yo ordené el desglose, formé un nuevo expediente y lo mandé a la Fiscalía en turno, que creo que era Fiscalía N°3. Porque si no, se mezcla todo.
Está en otra Fiscalía. Si hubiese quedado en mi Fiscalía yo lo profundizo, pero no quedó en mi Fiscalía. Yo no estaba de turno en el día en que se presentó esa denuncia.
Lo que necesito que entiendan es que son cuestiones distintas. Es como si a mí en un proceso me investigaran por un hecho ocurrido en el 2010, en el 2014, en el 2022, otro por hurto y otro por, no sé, un delito contra la integridad sexual. No los podés mezclar. Tienen objetos distintos.

 

Charly Pereira junto a Bullrich: encuentro y agenda reformista común

El diputado provincial Charly Pereira se reunió con la senadora nacional Patricia Bullrich, con quien mantiene una profunda afinidad ideológica, para hablar de líneas de trabajo compartidas.

Como síntesis del encuentro, Pereira señaló que tanto el Gobierno nacional como el provincial comparten una agenda orientada al cambio y a la reafirmación de una vocación transformadora. En ese marco, explicó que ese diagnóstico forma parte de lo conversado con Bullrich, quien advirtió que ese proceso “inevitablemente afecta intereses corporativos”, a los que responsabiliza por haber limitado históricamente la competitividad del país y la capacidad creativa de la sociedad.

En ese sentido, el legislador indicó que, de acuerdo con la mirada compartida en la reunión, la reforma laboral resulta “auspiciosa” para la generación de empleo.

Pereira también subrayó el potencial productivo de San Luis, en línea con lo planteado por la senadora respecto al aprovechamiento de recursos humanos y naturales. En particular, mencionó a la minería como un eje estratégico que debería integrarse a una agenda regional común junto a provincias como San Juan y Mendoza.

En materia electoral, destacó los elogios de Bullrich al sistema de boleta única implementado en la provincia por iniciativa del gobernador Claudio Poggi, y sostuvo que su adopción a nivel nacional contribuiría a fortalecer la transparencia del proceso electoral y a limitar prácticas clientelares.

Asimismo, señaló que la senadora ratificó su compromiso de impulsar un Congreso “reformista”, y convocó a los legisladores provinciales alineados con el gobierno de Javier Milei a replicar esas iniciativas en sus respectivos distritos.

Finalmente, Pereira se refirió al contexto económico y sostuvo —en línea con lo conversado en el encuentro— que en los próximos meses podría consolidarse una baja de la inflación, en paralelo con un proceso de adaptación de sectores que durante años operaron bajo esquemas proteccionistas. Reconoció que ese proceso genera tensiones, pero lo enmarcó como parte de una dinámica de crecimiento que Argentina está atravesando en un plazo relativamente breve, en comparación con experiencias internacionales como las de Grecia, Portugal o Israel.

Pereira y Bullrich en su encuentro en Buenos Aires.