Las más de 120 mil visualizaciones en la página de Facebook @danielpoderperiodista —ver gráfico— del artículo sobre la declaración de Alberto Rodríguez Saá en la causa Cintia Ramírez son una demostración contundente del interés público que tomó, con el paso de los días, ese proceso judicial.
La ex secretaria de Deportes fue condenada por unanimidad a un año y medio de prisión en suspenso por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes del funcionario público en perjuicio de la administración pública provincial, y fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.
Ramírez deberá abstenerse de cometer nuevos delitos y nunca más podrá ser funcionaria ni ocupar cargos electivos de ninguna naturaleza.
El Tribunal, integrado por los jueces Fernando de Viana, Adriana Alfonso Lucero y Eugenia Zabala Chacur, la absolvió “por el beneficio de la duda” en relación con el pago de un sobreprecio de 175 millones en la compra de un colectivo, lo que no supone necesariamente afirmar su inocencia.
Los jueces la absolvieron en esa acusación puntual porque no alcanzaron el grado de certeza necesario para condenarla. La prueba colectada no fue suficiente para demostrar su culpabilidad.
Sobre lo que no quedó dudas fue que se pagó un sobreprecio de 175 millones: la profesional que tasó el vehículo dijo ante los jueces que ese colectivo no costaba más de 114 millones; sin embargo, se terminaron pagando 290 millones de pesos a una empresa cuya actividad no era precisamente la venta de vehículos, al punto tal que la factura por la compraventa del colectivo llevaba el N° 0000001.
Un informe periodístico del colega Mauricio Conti, en el conurbano bonaerense y frente al domicilio acreditado como propiedad de la empresa vendedora, dejó en evidencia detalles opacos de una transacción que, más que un negocio, pareció esconder un negociado.
Lo cierto es que Rodríguez Saá se autoincriminó y ahora deberá enfrentar una denuncia penal por la compra de ese colectivo, de la que él se responsabilizó, involucrando al secretario general de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo, y al ex ministro de Gobierno, Fabián Filomena.
El acompañamiento a Rodríguez Saá en su paso por Tribunales deja otra interesante foto política para mirar con atención.
Pese a que uno de los abogados defensores de Ramírez, Ramiro Rubio —con vínculos familiares con el exgobernador—, dijo temprano en la mañana del jueves en los medios que Alberto Rodríguez Saá se presentaría a declarar, la presencia de dirigentes fue muy escasa.
Sólo se vio a los diputados Darío Neira y Silvia Sosa Araujo, al senador Hugo Olguín, al dirigente de Pedernera Orlando Grillo, y no mucho más, además de sus familiares. También estuvo cerca de Rodríguez Saá el concejal de Quines, Sergio “Peteco” Álvarez, quien a comienzos de año fue denunciado en una causa por violencia familiar en el Juzgado de Familia N° 5 y que está en trámite.
