La situación judicial del exgobernador Alberto Rodríguez Saá sumó un nuevo capítulo de alto impacto político y judicial. La Fiscalía de Estado avanzará con una denuncia por presunta “defraudación a la administración pública” luego de que el propio exmandatario se autoincriminara durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.
La confirmación fue realizada por el fiscal de Estado adjunto, Rafael Berruezo, tras una audiencia que, lejos de beneficiar a la defensa, terminó complicando aún más el escenario para el exgobernador y su entorno.
Rodríguez Saá llegó a Tribunales el miércoles por la mañana rodeado de familiares y de su círculo más íntimo, entre ellos excolaboradores y dirigentes que hoy también enfrentan procesos judiciales. La escena tuvo una fuerte carga simbólica: un liderazgo político que durante años concentró poder, ahora compareciendo en un contexto de creciente judicialización de su gestión por denuncias de corrupción.
Su testimonio se dio en el marco de la causa que investiga la triangulación de fondos públicos a través de 188 transferencias entre organismos que estaban bajo la órbita de Ramírez. El expediente también incluye el análisis de un presunto sobreprecio de 175 millones de pesos en la compra de un colectivo destinado al San Luis Fútbol Club, una entidad creada por el propio Estado provincial.
Sin embargo, el punto de quiebre llegó durante su declaración ante el tribunal integrado por Fernando de Viana, Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso. Allí, Rodríguez Saá admitió haber ordenado y ejecutado las decisiones bajo análisis.
Frente a esa situación, Berruezo solicitó la suspensión de la declaración para garantizar el debido proceso y abrir la posibilidad de imputarlo como coautor del delito investigado. El tribunal rechazó el planteo, y el exgobernador —visiblemente molesto— continuó declarando.
En ese tramo, profundizó aún más su exposición: además de asumir responsabilidades, involucró a exfuncionarios clave de su gestión. Se supone que la denuncia alcanzará al exministro de Gobierno Fabián Filomena, el exsecretario general Miguel “Micky” Berardo y el exministro de Hacienda Eloy Horcajo, algunos de ellos ya mencionados en la causa Ramírez.
Lejos de aliviar la situación de la ex secretaria de Deportes, la declaración del exgobernador consolidó la hipótesis de la fiscalía y abrió un nuevo frente judicial que ahora lo tiene como protagonista. La estrategia de presentarse como testigo terminó generando un efecto inverso: no sólo no logró desacoplar responsabilidades, sino que reconfiguró el mapa de imputaciones dentro del expediente. Y no exoneró a Ramírez que sigue en el centro de una de las causas.
El expediente, que ya tenía una dimensión relevante por el volumen de fondos investigados, adquiere ahora una escala política mayor. La eventual denuncia contra quien condujo la provincia durante años marca un punto de inflexión en la causa y proyecta sus consecuencias sobre todo la cima de su gestión que empieza a ser revisada en sede judicial.
