Por Andrés Vallone *
La única manera de evitar una escalada de represión en Venezuela parece ser, por improbable que parezca, la apertura de un canal de negociación con el presidente Nicolás Maduro. La comunidad internacional ya ha agotado muchas de las herramientas disponibles, y es necesario explorar nuevas vías para abordar la crisis.
Las elecciones del pasado domingo en Venezuela no han resuelto la incertidumbre política, sino que han exacerbado la tensión social y política. La negativa de Maduro a presentar evidencias claras de su supuesto triunfo frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia ha intensificado la crisis interna y ha provocado una reacción internacional contundente, aumentando la presión sobre el régimen para que proporcione transparencia en los resultados electorales.
Gobiernos latinoamericanos de izquierda, como los de Brasil, México y Colombia, han solicitado una «verificación imparcial» de los resultados del 28 de julio. Estados Unidos y la Unión Europea exigieron desde el principio la publicación de las actas de votación, señalando que son fundamentales para verificar los resultados proclamados. Washington fue más allá al reconocer oficialmente a González Urrutia como el vencedor legítimo, apoyándose en lo que describen como «pruebas abrumadoras» de su victoria.
La oposición ha denunciado fraude electoral, afirmando tener copias de actas que demostrarían una clara victoria de González Urrutia. Estas acusaciones, junto con la falta de transparencia en el proceso, han generado un creciente escepticismo tanto dentro como fuera del país. El Centro Carter, una organización internacional de observación electoral, publicó un informe crítico que cuestiona la legitimidad del proceso. A pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, proclamó a Maduro ganador con un 51,2% de los votos basándose en un conteo provisional del 80% de los sufragios. Este anuncio ha sido recibido con escepticismo y rechazo por parte de la oposición y la comunidad internacional.
En respuesta a la situación, se han intensificado las movilizaciones populares, que han sido recibidas con una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos reportan entre 10 y 20 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos hasta el viernes. María Corina Machado, una destacada líder opositora inhabilitada para participar en las elecciones, se refugió en un lugar seguro tras recibir amenazas de Maduro, quien insinuó que tanto ella como González Urrutia deberían ser encarcelados. A pesar de ello, Machado se presentó en una manifestación en Caracas, recibiendo el apoyo de sus seguidores.
Frente a la presión interna e internacional, Maduro y su círculo cercano han optado por una postura defensiva, negándose a divulgar las actas electorales y justificando su reticencia con excusas como un supuesto ataque informático desde Macedonia del Norte y la violencia en las calles. En una movida que parece destinada a ganar tiempo, el gobierno solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, que realizara una auditoría de las elecciones, ofreciendo entregar las actas a esta instancia. Sin embargo, dado el control gubernamental sobre el TSJ, esta acción es vista con escepticismo como una táctica dilatoria.
En un contexto de crecientes demandas de transparencia, el régimen de Maduro rompió relaciones diplomáticas con siete países latinoamericanos, incluidos Argentina, Perú y Chile, cuyo presidente, Gabriel Boric, ha sido un crítico vocal del gobierno venezolano. Además, Maduro divulgó un memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos durante negociaciones en Qatar el año pasado, una maniobra que no aborda la cuestión fundamental de la legitimidad de las elecciones. En respuesta, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, reiteró la posición de su gobierno, afirmando que cuentan con pruebas concluyentes de la victoria de González Urrutia.
Ayer, venezolanos distribuidos en todos los países de América, Estados Unidos y Europa manifestaron denunciando las irregularidades electorales y hasta la ex presidenta Argentina Cristina Kirchner pidió “en honor al legado de Chávez» , que se publiquen las Actas del Escrutinio. La situación en Venezuela se encuentra en un punto crítico, y la comunidad internacional continúa presionando por una resolución transparente y democrática. La apertura de un diálogo genuino podría ser el primer paso hacia una salida pacífica de esta crisis, pero las tensiones actuales hacen que este camino sea incierto y desafiante.
* Andrés Vallone, ex Diputado Nacional
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