Levingston asumió en la presidencia del Superior Tribunal

Este viernes al mediodía, Jorge Alberto Levingston asumió como Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, hasta el 31 de enero del año próximo.

Así lo informó la oficina de prensa del Poder Judicial, que consignó la participación de los ministros José Guillermo L’Huillier y Cecilia Chada, del Procurador General Luis Martínez, del Defensor General Gastón Pascuarelli y de la Secretaria Administrativa del Alto Cuerpo Judicial, Ivanna Vanessa Albarado Magallanes.

Martínez, Pascuarelli, Chada, L´Huillier, Allende, Levingston y Albarado Magallanes.

El presidente saliente, Eduardo Allende, le recepcionó el juramento a Levingston conforme lo que establecen los arts. 205 de la Constitución Provincial y 12 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia de la Provincia.

La renovación de presidencia se efectúa cada año en cumplimiento a lo previsto en el art. 206 de la Constitución Provincial y conforme a lo dispuesto en el art. 35 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia de la Provincia Nº IV-0086-2021, que establece que “el Presidente del Superior Tribunal de Justicia será elegido por votación de sus miembros, por mayoría simple, durará un año en sus funciones y podrá ser reelecto. La designación del Presidente debe hacerse en el mes de diciembre de cada año y en el mismo acto se establecerá el orden de reemplazo para el caso de excusación, recusación, licencia, renuncia, destitución, suspensión, fallecimiento, ausencia temporal u otro impedimento, comenzando el ejercicio de la presidencia el 1º de febrero del año siguiente”.

Asimismo, por Acuerdo Nº 320/24, el Superior Tribunal de Justicia dispuso que, en caso de excusación, recusación, licencia, renuncia, destitución, suspensión, fallecimiento, ausencia temporal u otro impedimento, el Presidente será reemplazado por los ministros L’Huillier, Monte Riso, Allende y Chada, en tal orden.

 

El nacionalismo criptoeconómico de Trump 2.0

Por: Antulio Rosales y Ty Tarnowski

Antulio Rosales. Es Profesor asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de New Brunswick (Canadá)  / Ty Tarnowski. Es Investigador y máster en Desarrollo, Medioambiente y Cambio Cultural por la Universidad de Oslo.

Los entusiastas de las criptomonedas se encuentran entre los más probables ganadores del segundo mandato de Donald J. Trump. Parte de las explicaciones de la derrota electoral del Partido Demócrata parecen recaer, entre otras cuestiones, en una brecha de género, según la cual la coalición de Trump obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes varones de todas las generaciones y de casi todos los orígenes raciales y étnicos.

Analistas y comentaristas han destacado el éxito de la irrupción de Trump en la «bro-esfera», donde aparecía en podcasts y otros medios no tradicionales con una audiencia predominantemente masculina. Además de librar una «guerra cultural» cada vez más agresiva contra las personas transgénero y otras minorías sexuales, es notable el respaldo a ciertos espacios y discursos masculinos hegemónicos, incluido el de los entusiastas de las criptomonedas, o cripto-bros.

Esto no significa que hubiera una clara dicotomía entre un Partido Demócrata contrario a las criptomonedas y un Partido Republicano ultrafavorable. Por ejemplo, Coinbase lanzó un monitor llamado «Stand With Crypto» («Apoya a las criptomonedas»), que otorga calificaciones a los candidatos a los escaños de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones. Aquí, los candidatos republicanos no son los únicos en recibir apoyo. A grandes rasgos, ambos partidos, en particular en la recta final de la campaña, intentaron crear un espacio en sus plataformas para la industria de las criptomonedas.

Sin embargo, el Partido Republicano emergió como el favorito para quienes tienen interés en un ecosistema de criptomonedas próspero, empezando por el elegido para la Vicepresidencia por Trump. El senador JD Vance es hace mucho tiempo un entusiasta de las criptomonedas, es poseedor de bitcoins y una figura vinculada con la línea conservadora-libertaria de Silicon Valley. A lo largo de su ascendente carrera política, Vance recibió una enorme financiación del empresario e inversor de riesgo Peter Thiel.

Esta tendencia fue visible en la campaña por el Senado de Ohio, donde la industria de las criptomonedas invirtió 40 millones de dólares (de un total de 245 millones supuestamente gastados por la industria en este ciclo electoral) para quitarle la banca al demócrata Sherrod Brown, quien había respaldado públicamente las investigaciones de Elizabeth Warren sobre corredores de criptomonedas y votó sistemáticamente a favor de regular la industria, en especial tras el tristemente célebre proceso por fraude contra Sam Bankman-Fried/FTX. La campaña en Ohio fue exitosa y el republicano Bernie Moreno, propietario de una empresa de tecnología blockchain, sucederá a Brown.

Pero ¿qué significarán estas conexiones y este apoyo para el mundo de las criptomonedas en un segundo mandato de Trump? Es probable que su gobierno empodere a empresas, entusiastas y mercados de criptomonedas a través de un realineamiento masivo de la política económica estadounidense para servir a ideales nacionalistas criptoeconómicos, intereses relacionados con los combustibles fósiles y una agenda nativista.

Una reserva estratégica de bitcoin en construcción

Los partidarios del bitcoin y los entusiastas de las criptomonedas, supuestamente libertarios y enemigos del Estado, han buscado durante mucho tiempo influir directamente en los aparatos estatales. Los líderes del sector cripto son conocidos por aprovechar vacíos normativos y obtener favores de la regulación gubernamental. En Puerto Rico, los inversores en criptomonedas buscaron activamente una exención regulatoria que aprovecha la condición colonial del archipiélago frente a Estados Unidos.

Estas políticas buscan atraer a capitalistas de riesgo con la promesa de un impuesto cero a las ganancias de capital sobre los criptoactivos y una plaza semejante a un paraíso tropical. Los principales entusiastas de las criptomonedas han logrado forzar un cambio político. Tal es el caso de la ley de El Salvador que convirtió el bitcoin en moneda de curso legal, una medida en buena parte influenciada por Jack Mallers, fundador y CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas Strike.

En Estados Unidos, esta comunidad está proponiendo un conjunto de políticas que podrían transformar la columna vertebral monetaria del país. El objetivo es convertir enormes reservas de oro y otras monedas a bitcoins, para transformar la tendencia criptográfica de hold (no soltar las criptomonedas bajo ningún concepto) en una política gubernamental. Esta propuesta no es completamente nueva. En Argentina, por ejemplo, el uso de la combustión de gas en el gran yacimiento de petróleo y gas de esquisto de Vaca Muerta para minar bitcoins fue presentado como un plan patrocinado por el Estado para destinar las utilidades en bitcoins a las reservas del Banco Central.

En Estados Unidos, Cynthia Lummissenadora republicana por Wyoming, propuso que la Reserva Federal utilice su enorme reserva de oro para emitir certificados para almacenar bitcoins, y alcanzar así, eventualmente, una reserva supuestamente estratégica de un millón en cinco años (casi 100.000 millones de dólares al valor del bitcoin de fines de noviembre).

En una entrevista, Jack Mallers comparó la idea de la reserva estratégica de bitcoin con cambios monumentales en la historia monetaria de Estados Unidos y el mundo como la desvinculación estadounidense del patrón oro en 1971. Esta idea aparentemente visionaria, según Mallers, «sirve a los supremos intereses del público. Es proempleo, proenergía, proindustria, procrecimiento».

Una reserva estratégica de bitcoins por mandato del gobierno federal produciría efectos dominó en el sistema monetario y podría impulsar aún más la valoración del bitcoin, creando un ciclo de retroalimentación del atractivo de este activo. La idea busca elevar el bitcoin a la categoría de recurso estratégico-militar, como lo es actualmente el petróleo. Esto no debería sorprender, toda vez que los promotores del bitcoin ven este activo como «oro digital». El imaginario que relaciona el bitcoin con materias primas claves está presente en su diseño, de ahí la metáfora de la minería como síntesis del protocolo de prueba de trabajo (proof-of-work).

Mejorar y escapar de la regulación

La nueva política económica del gobierno de Trump converge en torno de una a priori extraña combinación de aranceles, desregulación, recortes de impuestos y rediseño de la burocracia gubernamental para aumentar la eficiencia, compensar la pérdida de ingresos y tratar de eliminar lo que la extrema derecha llama el «Estado profundo».

Anuncios recientes del presidente electo señalan una fuerte apuesta en favor de las criptomonedas y una menor regulación en su próximo gobierno. Trump nombró a Howard Lutnick para dirigir el Departamento de Comercio y a Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, y creó un púlpito para que David Sacks defienda la actividad desde el puesto vagamente definido de «zar de la inteligencia artificial y las criptomonedas». Todos ellos son evangelizadores de las criptomonedas que han abogado por marcos regulatorios laxos y por tratar el bitcoin como «cualquier otra mercancía» que debería comercializarse libremente y no pasar por una supervisión regulatoria más estricta que la de valores como los bonos y las acciones.

Lutnick se desempeñó como copresidente del equipo de transición de Trump. Este CEO de la empresa financiera Cantor Fitzgerald es un entusiasta incondicional de las criptomonedas y propietario de un «montón de bitcoins», mientras que su empresa es un importante garante de la criptomoneda Tether. A raíz de su nombramiento como secretario de Comercio, salió a la luz que su empresa adquirió una participación de 5% en Tether, valorada en alrededor de 600 millones de dólares, y exploró un proyecto de préstamos en bitcoins respaldado por la plataforma. Esto ocurre a pesar de la investigación federal a Tether por haber violado presuntamente sanciones y normas contra el lavado de dinero. Se dice que Lutnick está estrechamente vinculado al propuesto Departamento de Eficiencia Gubernamental, denominado en inglés DOGE, no casualmente como la «meme coin» (moneda meme)1 convertida en criptomoneda.

El propio Trump es «defensor en jefe de las criptomonedas» en un autoproclamado proyecto de finanzas descentralizadas llamado World Liberty Financial. El proyecto vende un token que no es transferible a ninguna plataforma financiera, pero en cambio ofrece una participación en la dirección del proyecto. Aunque Trump y sus hijos no figuran como fundadores, recibirán 75% de los ingresos netos por la venta de tokens durante los próximos cinco años a modo de remuneración por su apoyo.

El proyecto no ha logrado alcanzar su objetivo de venta de tokens, pero aun así ha atraído una inversión sustancial, incluida una compra de 30 millones de dólares por parte del empresario Justin Sun, quien previamente había sido demandado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). Esto indica un aparente conflicto de intereses: un grupo bajo el escrutinio de la SEC está en condiciones de proveer fondos casi directamente a la familia Trump fuera de la maquinaria de donaciones políticas. Las implicaciones de tener funcionarios políticos y reguladores favorables a la industria en los niveles más altos del gobierno estadounidense son significativas para un sector que es propenso al fraude, las estafas, las sanciones y la evasión de impuestos.

Parasitismo energético

Un componente importante de la agenda de Trump es su firme apoyo a la energía tradicional basada en combustibles fósiles. Su candidato a presidir la Secretaría de Energía, Chris Wright, es un conocedor y defensor de la industria de los hidrocarburos, así como un negacionista del cambio climático. En un discurso pronunciado en la Conferencia Bitcoin de 2024 en Nashville, Trump dijo que quería que las criptomonedas «se minaran, acuñaran y fabricaran en Estados Unidos». Ya en 2021, Estados Unidos era responsable de más de 37% de la tasa de hash global de la minería de bitcoins2. Estados Unidos se convirtió en un foco de atracción para las inversiones de minería de criptomonedas después de que China empezara a tomar medidas enérgicas contra la actividad, y muchos se dirigieron a otros lugares, con regulaciones flexibles y energía abundante y barata.

Ciertas investigaciones han demostrado que el protocolo de prueba de trabajo es un mecanismo de derroche de energía. De manera similar, las instalaciones de bitcoin requieren un suministro creciente de energía. Se las puede etiquetar como «centros de datos» de alta gama para promover el progreso tecnológico y las mejoras en la industria, cuando en realidad ofrecen poco en términos de empleos. Los costos se sienten a menudo en las comunidades cuya infraestructura energética es consumida por ruidosos galpones que extraen no solo energía, sino también enormes cantidades de agua que a veces devuelven a alta temperatura a los cursos de agua.

Si bien el suministro de energía está regulado a nivel estadual en Estados Unidos, es probable que un marco regulatorio federal de puertas abiertas promueva la expansión de las disposiciones contractuales a los grandes productores de criptomonedas en varios estados, cualquiera sea la fuente de energía que domine su matriz de generación. Estados como Texas, Georgia y Kentucky son ya las principales jurisdicciones de minería cripto del país. En última instancia, aumentar la capacidad de la minería de criptomonedas puede convertirse en un punto de interés para el gobierno federal si la reserva estratégica de bitcoins se vuelve  realidad, añadiendo demanda a una industria que en 2022 se cree que representaba hasta 2,3% del consumo eléctrico estadounidense.

La idea de la reserva estratégica comenzaría con el gobierno federal manteniendo la custodia de los bitcoins incautados por la Justicia en casos penales. Quienes la impulsan también creen que el gobierno debería intervenir en el negocio de la minería cripto y almacenar directamente las recompensas en bitcoins. Alcanzar los objetivos de la reserva propuesta mediante minería requerirá cada vez más consumo de energía. La recompensa por minar un bloque de bitcoin se reduce a la mitad cada cuatro años como parte de la mecánica deflacionaria de bitcoin.

Una propuesta de este tipo podría beneficiar a los productores de energía con marcos de generación y distribución desregulados, como los operadores del mercado de Texas. La minería de bitcoins ha sido criticada por su ineficiencia energética y su alto consumo, así como por otros efectos perjudiciales para el medio ambiente, en términos de enorme generación de residuos electrónicosconsumo de agua y contaminación acústica. Un cambio diametral en la política del gobierno estadounidense que busque acumular 200.000 bitcoins por año durante un periodo de cinco años podría aumentar drásticamente la criptominería nacional y constituir el retraso más grave hasta la fecha en el movimiento hacia una transición energética alejada de los combustibles fósiles.

Conclusiones

Es probable que el segundo mandato de Donald Trump genere cambios aún más radicales en la política y la cultura política que su anterior gestión. Creemos que el mundo de las criptomonedas y los maximalistas del bitcoin serán los principales beneficiarios de su política «Estados Unidos primero». De hecho, ya están cosechando los frutos: el bitcoin ha superado los 100.000 dólares por primera vez en su historia, apenas unas semanas después de su elección.

Un gobierno Trump 2.0 podría generar una forma de nacionalismo económico caracterizada por el proteccionismo comercial (aranceles), una desregulación masiva de los sectores de las finanzas digitales y la inteligencia artificial y un apoyo inquebrantable a los productores tradicionales de energía a partir de combustibles fósiles que los alimentan.

Nota: la versión original de este artículo, en inglés, se publicó en LSE Blog (London School of Economics and Political Science), 19/12/2024, y puede leerse aquí. Traducción: Carlos Díaz Rocca.

  • 1. Criptoactivos que apuntan a capitalizar el entusiasmo popular en torno de una persona, un movimiento o un fenómeno viral en Internet [N. del E.].
  • 2. La minería de bitcoins refiere a a la generación de nuevos bloques para la red Bitcoin, por analogía con la minería del oro. La construcción de la cadena de bloques permite mantener a una red peer-to-peer basada en la tecnología blockchain para dar seguridad al sistema. La tasa de hash es una medida de la potencia computacional y se utiliza para determinar la dificultad de minería de una red de blockchain, por lo que puede usarse como indicador de seguridad [N. del E.].

***

La historia detrás de una entrevista inédita a Sarlo hecha por un puntano

Era junio de 2009. El Colegio de Abogados de San Luis, que presidía el actual Defensor del Pueblo, Guillermo Belgrano Rawson editaba una revista llamada “El derecho y el revés” bajo la coordinación del Instituto de Estudios Jurídicos “Doctor Marcelo A. Petrino”, a cargo de Roberto Pagano

Aquella valiosa experiencia editorial tenía un Consejo de Redacción por entonces en manos de un novel abogado, el actual diputado Charly Pereira.

Se editaron sólo cuatro números en los que no se escatimaron reflexiones y críticas sobre la labor de los jueces que integraban entonces la Corte puntana: Omar Esteban Uría, Horacio G. Zavala Rodríguez, Florencio Damián Rubio y Oscar Eduardo Gatica

Es interesante ver cómo en una de sus portadas, ya se hablaba, dieciséis años atrás, de crisis judicial y de abogados que salían a la calle a marchar.

La publicación desapareció poco tiempo después de que asumiera en la presidencia del colegio profesional, el actual juez del Superior Tribunal puntano, Jorge Levingston. Las razones: criterios editoriales.

El cuarto y último número de la revista.

Lo cierto es que la interrupción del quinto número dejó en su archivo una entrevista que nunca salió a la luz, y que 16 años después, hoy DePolítica tiene el gusto de poder compartir con sus lectores. Y precisamente al cumplirse este 17 de enero, un mes de la muerte de quien entonces era la entrevistada: ni más, ni menos que Beatriz Sarlo

“A un mes de la pérdida de Sarlo -una de las intelectuales más importantes de nuestro país- mi manera de recordarla ha sido darle publicación a dicha entrevista, en la cual con su expresión disruptiva y políticamente incorrecta cuestionaba los usos de la memoria por parte del kirchnerismo” escribió esta semana en sus redes, el autor de esa entrevista, el diputado Pereyra.

A continuación, aquel material periodístico que sale a la luz 16 años después.

*

Pereira: — ¿A qué obedece la vigencia del relato testimonial cuando presenta, en orden al conocimiento histórico de los 70, debilidades epistemológicas que Ud. muy bien ha señalado en Tiempo pasado?

Sarlo: — Yo creo que obedece, en primer lugar, a un giro que tiene todo la historia, no sólo la historia de la última dictadura militar, sino la historia de los sectores populares, la historia de las mujeres, lo que se llama la historia de los subalternos y que es el giro subjetivo, es decir, pensar que hay una verdad en lo sujetos sociales individuales que la historia debe escuchar y con la cual debe construir su narración. Frente a la historia de los grandes documentos, de las grandes instituciones, ha aparecido una historia interesada por los sujetos: por las mujeres, por los campesinos, por los pueblos originarios, por los obreros. Las peripecias de la vida cotidiana encerrarían una verdad para los sujetos que debería ser escuchada. Lo que sucede con la importancia del testimonio histórico en el caso de las desapariciones es un capítulo más de la relevancia que tiene la voz de los individuos en la historia en términos generales

— Si nosotros leemos los relatos de quienes protagonizaron la represión también advertimos un anclaje fuertemente subjetivo, no es una suerte de encrucijada el relato testimonial ¿Cómo se sale de esto?

— Los cambios que registra la historia se registran, también, en los cambios sociales y culturales; las sociedades están más interesadas en los avatares de las vidas individuales que en los grandes movimientos de ideas; respecto de los años ‘70 hay mucho más relato testimonial que estudio sobre historia de la ideas que modificaron grandemente las vidas individuales; ha habido un cambio de público, que se define ahora como el público de los medios, que tiene un interés muy fuerte por las figuras individuales

— Por eso Ud., elogió la obra de María Seoane Todo o nada (1991), la historia de Santucho, por su carácter documentado. ¿Qué otras obras de las más recientes merecen un valor en ese sentido de avanzar sobre lo subjetivo?

— Por ejemplo, todo lo que recuperó (Roberto) Baschetti (Documentos de la resistencia peronista 1955–1970, 1988, y Documentos de la resistencia peronista 1955–1970. Reedición ampliada, 1998) como documento del peronismo revolucionario. Esas son fuentes indispensables de la historia; mi tesis es que la juventud no entró en la guerrilla o en la acción revolucionaria simplemente por los reflejos juveniles o valores juveniles de igualdad sino por un conjunto de ideas que eran definidas en términos políticos y en términos teóricos muy fuertes. El libro de Baschetti es lo que nosotros necesitamos para hacer la historia de los años 70.

— ¿Y qué opinión le merecen las obras del “Tata” Yofre o de Ceferino Reato, por ejemplo, que señalan que no podemos seguir leyendo “Ezeiza” (1985) con el paradigma de su autor Horacio Vertbisky…? Qué significa esta producción dentro de un régimen de memorias emblemáticas.

Perón, desencajado en el funeral de Rucci. A su derecha, de barba, Rodolfo Almirón, subcomisario de la Federal, jefe de la Triple A, custodio de Isabel, y vinculado al asesinato del Padre Mujica.

— El libro de (Ceferino) Reato (Operación Traviata, 2008) es importante porque los mismos militantes montoneros han tenido serias dificultades para reconocer el asesinato de Rucci como una acción montonera, incluso hay anécdotas que vienen del medio universitario de ese momento en el cual los militantes universitarios de la JP estaban casi dispuestos a repudiar el asesinato pensando que tenía que ver con otra de las facciones en pugna, cuando les llegó desde arriba la noticia de que el asesinato había sido perpetrado por la “organización”. Entonces el libro de Reato es importante como puesta en escena de uno de los hechos fundamentales: tocar a Rucci era tocar a Perón, este era el momento en que Montoneros estaba dispuesto a la ruptura. Todo el mundo sabía que si había alguien al cual Perón le tenía confianza y cariño personal muy fuerte (que son dos elementos fundamentales en la política, porque la política también se construye con ese tipo de afectividades) era Rucci. Entonces hablar del asesinato de Rucci es hablar de algo que la primera vez que se lo definió como tal fue Héctor Smuchler en una revista en el exilio que se llamo “Controversia”, en la cual se dice que “Rucci también tenía derecho humanos” (Actualidad de los derechos Humanos, Año 1 Nro. 1, 1979).

— Ud. también contestó algo al respecto en la revista “Punto de Vista”

— Sí, muy tempranamente y me valió el repudio… Allí lo que uno tiene que ver es que 30 años después algunos libros de reconstrucción histórica o periodística, como el libro de Reato, lo que hacen es volver a focalizar sobre temas que no han sido considerados en términos políticos ideológicos con la profundidad que se merecen. Yo diría que hay otro gran tema, para salir de la cuestión de los desaparecidos, que merece ser revisado, que es el del Mundial de Fútbol del ‘78 y la guerra de Malvinas. Sobre la Guerra de Malvinas tenemos un libro extraordinario de Vicente Palermo, “Sal en las heridas” (2007), que es la primera consideración francamente crítica de la guerra; y sobre el mundial del ‘78 lo que tenemos es una novela de Martín Kohan, “Dos veces junio” (2002), que son los temas sobre los que me parece hay que volver, porque el culpable no es solamente el terrorismo de estado, el culpable es también la sociedad.

— Hay una frase de Cristina Bajo en el “Jardín de los venenos” (2005) que dice que “la víctima no siempre es inocente y raramente lo es del todo”, ¿Qué le sugiere esta frase en orden a la administración de la responsabilidad en torno a los acontecimientos de lo años ’70?

— Yo preferiría no usar la palabra inocente, yo lo que digo es que las víctimas de los años ‘70 no eran simplemente “jóvenes idealistas”, de allí está el respeto que les debemos. No era el impulso de la juventud, porque finalmente todo el mundo es joven y todo el mundo es impulsivo; los que se comprometieron en una acción revolucionaria no eran simplemente jóvenes impulsivos, sino que tenían ideas; a las que hay que reconocer y a las cuales les debemos respeto, aunque no estemos de acuerdo con ellas y en completo desacuerdo con las tácticas con las cuales creían impulsarlas. Hubo rasgos en el primer momento del movimiento de derechos humanos con la dictadura, quizás inevitable, que era decir “nuestros hijos eran idealistas”, y sólo eran eso. Luego, algunas de las organizaciones durante la democracia tomaron una postura totalmente opuesta “nuestros hijos eran gente con fuertes ideas políticas y nosotros debemos aprender de ellos”. Yo creo que las dos posiciones son equivocadas: nadie tiene qué aprender de una derrota salvo no repetirla; la posición de Hebe de Bonafini de que “nuestros hijos tenían una verdad política de la que hay que aprender” es una posición equivocada. Quizá en los años ‘70 las organizaciones se vieron obligadas a despojar a esos jóvenes de sus ideas por una cuestión de que se estaba viviendo bajo una dictadura militar…pero acá había ideas en juego, acá había una idea del poder al cual se podía acceder de manera revolucionaria, acá no había ninguna teoría democrática de ejercicio del poder; la idea de derechos humanos no existía en las organizaciones revolucionarias. A eso hay que decirlo, ahora para decir eso sin convertir a nadie en culpable ni inocente hay que contemplarlo desde la historia de las ideas políticas.

— ¿Es legítimo que el Estado promueva un determinado relato histórico, más aún cuando sus actores tienen un vínculo generacional con ese pasado?

No es el estado, fueron los Kirchner quienes se crearon para ellos mismos un pasado; los Kirchner fueron militantes de tercera línea hasta 1976 y después se fueron a la Patagonia y no militaron salvo en su propia familia y para su enriquecimiento personal, y tenían todo el derecho de hacerlo. Ellos inventan un pasado más intenso de lo que fue. La Plata era un lugar extremadamente movilizador y ellos formaban parte de una segunda o tercera línea de militancia. Son ellos los que han inventado un relato. Lo que un Estado debe hacer es abrir la posibilidad de que se construya un relato que pueda ser difundido en las escuelas, es decir, qué historia se va a enseñar en las escuelas tiene que ver con cuáles son los equipos de historiadores y de discusión que un Estado organiza para poner a punto un problema histórico, una cuestión histórica, o un período que luego se enseñará en la escuela

— Hugo Vezetti (Sobre la violencia revolucionaria, 2009) insiste mucho en que el Estado debería promover una pluralidad de voces, una suerte de concierto plural que mire el pasado y lo discuta, pero ¿es esto es posible?

— En primer lugar lo fundamental para mí es la escuela, yo insisto en llevar la discusión a la escuela; la única forma de transmitir versiones del pasado, versiones plurales, versiones lo más reflexivas posibles es a través de las instituciones escolares.

— ¿Pero cómo se hace para evitar la apropiación de relato por los organismos de derechos humanos o de quienes invocan legítimos derechos en razón de que han militado o que tienen hijos que han desaparecido?

Haber tenido un hijo de desaparecido no da ningún diploma de verdad histórica. Como haber tenido un hijo víctima de un accidente carretero no da diploma para organizar el tráfico carretero en la Argentina. Lo que las víctimas tienen derecho a reclamar es que la sociedad sea solidaria con ellas y que no olviden los crímenes cometidos. Ahora, el discurso con el cual esos crímenes no van a ser olvidados no debe ser proporcionado por los organismos de derechos humanos. Si uno piensa, por poner un ejemplo reciente, cuando Alemania unificada quiso construir un monumento memorial a los judíos asesinados de Europa armó una comisión pluralista donde los judíos no tenían una hegemonía, al contrario, fue una comisión parlamentaria, más una comisión de asesoramiento, y fueron lo políticos los que discutieron el proyecto

— Pero creo que eso no es posible en nuestra Argentina contemporánea. Pensemos en los proyectos de la legislatura porteña, en el monumento de Parque de la Costa, por ejemplo, o en la misma Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde puede verse que los organismos de DDHH se han adueñado de lo que deberían ser políticas de gestión pública.

— Bueno, el Estado está pagando culpas allí, y me parece que no elige la mejor forma de pagarlas. Sin duda que el Estado está en deuda por los 30000 desaparecidos. Esa deuda debe ser pagada en la Justicia, debe ser pagada con compensaciones económicas, en el caso de que esas compensaciones tengan lugar, lo que debería legislarse adecuadamente, no en un festival de repartos, pero no debe ser pagada a través de la apropiación del espacio urbano o a través de la apropiación del discurso institucional que se difunde en las escuelas. Eso no compete a los organismos de DDHH. El Estado no tiene que pagar la culpa por los desaparecidos en esas instancias, debe pagarlas en la Justicia y si es necesario con cierto tipo de compensaciones.

Una protesta de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, frente a la ESMA en 1987.

— De todos modos el impulso de estas cuestiones lo sigue teniendo la escena judicial, estamos lejos de que sean las ideas o la discusión en torno a esas ideas la que lleve la voz cantante.

— Y que transcurra en la escena judicial está muy bien.

— Pero incluso en la escena judicial la cuestión no es unívoca, hay serios estudios de constitucionalistas que señalan que se han violado garantías constitucionales en los nuevos juicios a los militares, vinculadas a las ideas de cosa juzgada, prescripción…no es un caso pacífico tampoco.

— Sin duda que no es un campo pacifico y yo no podría hablar de ese campo en términos jurídicos, pero creo que es la escena en que históricamente se tramitó de mejor modo la cuestión, desde el juicio a las Juntas. El Juicio a las Juntas es la inauguración de la democracia en Argentina, en eso coincido con Vezzetti, porque puso en la escena de los medios, de los medios gráficos, como fue el diario del Juicio que se publicaba mientras tenía lugar, y lo puso en escena porque eso estaba sucediendo en la esfera judicial. Entonces, la esfera judicial es la que despierta menos problemas. La esfera judicial no tiene que pronunciarse sobre las ideas, sobre la historia de los partidos políticos. La esfera judicial debe pronunciarse sobre si un hecho aconteció realmente y quienes fueron los responsables de que ese hecho aconteciera.

— Ud. concluye “Tiempo pasado” elogiando las posibilidades que tiene la literatura en relación a estas temáticas, porque, dice, puede mirar por fuera de la experiencia, lo que puede resultar más enriquecedor ¿Cómo es que llega a esa conclusión?

— Creo que es la conclusión de la experiencia estética, que está más alejada de un punto de los hechos; la experiencia de vida es la experiencia más próxima de los hechos, la experiencia judicial ya es una experiencia construida de los hechos, la experiencia histórica ya es una narración de los hechos, y la experiencia literaria que está mediada por la forma estética si bien es la que está más alejada de los hechos es la que puede tener el impacto de la experiencia más próxima. Me refiero allí a la novela de Martín Kohan, “Dos veces Junio”, donde la perspectiva es la de un médico militar apropiador y de un soldado colimba que es su asistente; la mirada fría que el soldado colimba asistente tiene sobre las actividades del médico, es el reflejo de la mirada fría y enfriada que tuvo la sociedad argentina hasta los años ‘82/’83 sobre los 30000 desaparecidos y la apropiación de niños; y todo eso construido en un trama ficcional por un escritor que no fue militar, que no fue soldado, que no fue hijo de desaparecidos, sino simplemente escritor, que puso a funcionar la forma estética con un cierto material histórico y un cierto material de vida.

— ¿Considera Ud. que un escritor que no haya estado próximo a los sucesos de aquellos años o que no tenga filiaciones políticas en relación a los 70, tiene más posibilidades de sortear eso que Ud. llama el “drama de los afectos sobre el pasado” y contribuir a la construcción de una verdad histórica más completa o a una nueva narración del pasado?

— Ha llegado el momento en que escritores más jóvenes, incluso en algunos casos hijos de desaparecidos, pueden tomar la cuestión con una distancia narrativa y estética mayor de la que era posible en los ’80 e incluso en los ’90, Hay un escritor, (Félix) Bruzzone por ejemplo, que coloca la cuestión en un marco narrativo completamente imprevisto para el mundo de un hijo de desaparecidos, que es el mundo de los travestís (Los topos, 2008). Entonces al hacer esa combinación uno dice acá surgió una chispa nueva para pensar el problema. Uno podría decir que están surgiendo escritores que aunque tengan un vínculo directo con el mundo de las desapariciones están más liberados del discurso extremadamente denso de aquellos que fueron contemporáneos de la militancia de los años ’60 y ’70. En ese sentido yo confío plenamente en que haya una serie de formas y de disposiciones estéticas que permitan experimentar mejor ese pasado.

— ¿Esa va a ser la suerte del relato poskirchnerista en torno al pasado, mediado a través de la intervención de estos nuevos actores?

Hay gente que está escribiendo y que tiene entre 30 a 35 años, allí ya es otra mirada; su infancia a lo mejor transcurrió en medio de un duelo permanente por la madre o el padre desaparecido, pero como escritores están virando hacia la construcción de otra mirada.

— Se ha señalado que el kirchnerismo usa a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como escudo ético o para dar legitimidad a acciones o leyes políticas controvertidas, mi pregunta es ¿qué intereses o pasiones están comprometidas en ese apoyo?

— En el caso de las Madres y Abuelas sintieron que por primera vez alguien decía lo que ellas querían escuchar desde el Estado; cuando se hizo el Juicio a las Juntas ellas pedían que se juzgare a todos los responsables pero Alfonsín se atuvo a su programa, que era juzgar a las Juntas militares; después vinieron las leyes del perdón que ellas repudiaron; nunca sintieron que su discurso estuvo completamente representado desde el Estado, y en calidad de víctimas, y de víctimas pasionales-afectivas, su visión es global, no son visiones negociadoras. Las que tuvieron versiones más articuladas no estuvieron en organismos de familiares; voy a dar un ejemplo, Graciela Fernández Meijide, madre de desaparecidos, no estuvo en los organismos típicos de familiares, estuvo en la Asamblea Permanente de DDHH, por eso pudo pasar a la política. Tenía una mirada de lo posible, de lo que se podía obtener ahora, de lo que debía ser exigido pero se podía obtener; todo eso se articula en su pensamiento. Las organizaciones son más bien totalitarias en el sentido de un reclamo global. Entonces se encontraron que por primera vez alguien las representaba desde el gobierno.

Ya no había más nada que hacer, solamente anular las dos leyes (de Obediencia Debida y Punto Final), cosa que hizo el Congreso y abrir paso a los juicios, cuando no se corría peligro institucional; el peligro se corrió cuando fueron los juicios a las Juntas, ahora no hay peligro institucional; puede haber un juez que retrase la causas, un juez que no llame a los testigos pero no hay peligro institucional. Yo creo que fue un discurso el que enamoró a las organizaciones, las enamoró estar allí en el Salón Blanco.

— Ahora, las pasiones tienen que ver con algo más mezquino que son los apetitos (los intereses)…

— Ese es un capítulo desdichado.

— Pero que tiene que ver con la vida: el afán de celebridad, de prestigios, viajar con las autoridades…

Ese es una capítulo sin duda desdichado; primero viene el reconocimiento fuerte, se sienten interpretadas exactamente en su discurso, cosa que no sucede en la política; no hay ningún reclamo que se sienta interpretado exactamente en el mensaje de otro, siempre la política es un conjunto de encuentros y desencuentros parciales. Se sienten interpretadas en un discurso y se sienten el centro de Salón Blanco; el símbolo es la Carlotto (Estela de) en cuanto acto de cualquier tema se realiza en el Salón Blanco, y después hijos, nietos, parientes, que son diputados, o están en las comisiones provinciales o nacionales, etc., que uno podría decir que es parte inevitable del nepotismo de la política, que a ninguno le gusta que se haga bajo ningún caso, ideología o bandera.

Estela de Carlotto.

— ¿Y el caso de los intelectuales de Carta Abierta?

— Los intelectuales de Carta Abierta que son gente de mi generación, algunos mayores, otros un poco menores, son otra cuestión; ellos creían que lo que se realizó en un momento ya no se iba realizar, que era el encuentro de una serie de ideas nacionales populares que habían tenido lugar a lo largo de las últimas décadas con un político que las expresaba. Ellos pensaban que (con Néstor Kirchner) se encontraron con un político que representaba lo que ellos creían que nunca se iba a representar. Es muy raro porque es gente que nunca optó por un camino reformista; hay gente que está en Carta Abierta y que nunca se fue del peronismo, ni con Chacho Álvarez, que era quien representaba el reformismo y sí fueron interpelados por (Néstor) Kirchner desde el Gobierno, como si el peronismo tuviera ese destino de ser interpelado siempre desde el Estado. Los peronistas han tenido ese destino de escuchar mucho más la interpretación desde el Estado que la interpretación desde el llano.

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Nuevo pedido de juicio político contra el Procurador Martínez

El doctor Carlos Acevedo, apoderado legal del ex juez Agustín Ruta interpuso una demanda contra el Procurador General de la provincia, Luis Martínez y solicitó al Jurado de Enjuiciamiento “que tome participación por la responsabilidad política del demandado” por los daños causados “a su representado y al servicio de administración de justicia de San Luis”.

La demanda también comprende a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que destituyeron a Ruta “mediante una sentencia arbitraria y sin pruebas”, sentencia apelada con “un recurso extraordinario interpuesto por ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La demanda contra Martínez a quien en la denuncia se lo menciona como un “vándalo procesal” es una declarativa de certeza de mala praxis que desde hace horas está en manos del Superior Tribunal de Justicia y del Jury de Enjuiciamiento. 

El expediente es el segundo pedido de juicio político contra el Procurador Martínez. Sobre el cierre judicial del año también fue denunciado por su accionar en relación a la protección que le brindó a dos fiscales denunciados por violencia de género: Andrés Salas y Adán Chavero.

La demanda completa, en este link.

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Cómo sería el calendario electoral rumbo al 11 de mayo

Si bien los plazos electorales serán definidos por el Juzgado Electoral provincial y comunicados por la Secretaría Electoral, el secretario de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario, José Giraudo presentó un esquema tentativo de calendario electoral en la cuenta regresiva a las elecciones legislativas provinciales del 11 de mayo.

El primer paso -llamado a elecciones- quedó formalizado luego de la convocatoria a elecciones generales que se hizo unos 143 días previos al 11 de mayo. El plazo de llamado debe hacerse con 120 días de antelación como mínimo.

¿Cómo seguiría el paso a paso hacia el 11 de mayo?

El próximo paso sería la conformación del Tribunal Electoral Provincial que se encargará de la publicación del cronograma definitivo.

Luego opera el plazo para la presentación de alianzas: 60 días antes. Exactamente 10 días después vencerá el plazo para la reserva de siglas de partidos y la presentación de las listas de candidatos.

Y cinco días después será tiempo de la asignación de número de lista y el sorteo de la ubicación en la Boleta Única Papel (BUP).

Con 45 días de antelación, el Poder Ejecutivo deberá recibir el padrón; y 30 días antes de ir a las urnas ese padrón se remitirá a la Justicia Electoral en su formato definitivo, lo que coincidirá con el inicio de la campaña. 

Recién entonces, 10 días después podrán comenzar las campañas audiovisuales.

Quince días antes de los comicios se difundirán los lugares y mesas de votación, en tanto ocho días antes se prohibirá la difusión de encuestas y un días después comenzará la veda para los actos de gobierno y la propaganda oficial. 

Las campañas deberán finalizar 48 horas de la votación con lo que se inicia la veda política.

La elección será el 11 de mayo y el martes 13 de mayo se hará el escrutinio definitivo. 

Finalmente, la proclamación de las autoridades electas ganadoras de la elección se producirá dentro de los 10 días posteriores al comicio.

Por ahora, cuenta regresiva a la espera de la decisión del Juzgado Electoral provincial.

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Rodríguez Saá, una candidatura nacional, y el desamparo local

El ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá “pica en punta para encabezar la lista de diputados nacionales” en las elecciones de octubre, decisión con la que dejaría librados a su suerte a los candidatos provinciales que jugarán sus boletos el próximo 11 de mayo.
La postulación de Rodríguez Saá para competir por una banca en el Congreso Nacional fue señalada hoy por el diario Infobae en un artículo que habla sobre la posible reaparición de ex gobernadores del PJ en las elecciones legislativas nacionales.
“Este año tienen que competir los nombres propios más conocidos. Las caras visibles del peronismo. Hay que poner todo al asador” argumenta un histórico dirigente kirchnerista citado como fuente en ese artículo.
Entre los nombres mencionados, además de Rodríguez Saá están Juan Manuel Urtubey (Salta), Jorge “Coqui” Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba), José Luis Gioja (San Juan), Juan Manzur (Tucumán) y el actual gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
“Por fuera de Unión por la Patria, pero en la trinchera justicialista, el ex gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá pica en punta para encabezar la lista de diputados nacionales. El peronismo puntano está tratando de ordenarse después de la derrota histórica que sufrieron frente a Claudio Poggi, y que terminó con los extensos años de poder de los hermanos Saá” dice Infobae.
El ex gobernador está convencido de que tiene condiciones para conducir el bloque legislativo del PJ a nivel nacional, en un escenario de oposición como en el que le tocaría actuar.
Eso le escuchan decir en su entorno, su círculo más allegado.
Esa posibilidad que Rodríguez Saá encabece la lista pejotista de diputados nacionales por San Luis trae una consecuencia gravitante para los candidatos que jugarán en la elección del 11 de mayo por los cargos locales: Rodríguez Saá no los acompañará en la campaña, quedarán librados a su suerte.
Y también despeja -en principio, aunque no la cierra- otra posibilidad: la de que encabece la lista de diputados por Pueyrredón, como algunos le reclaman, y que haga su aporte en la elección que se disputará en sólo cuatro meses.

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Maduro 3.0: el fin de la legitimidad electoral

Por Yoletty Bracho

Es doctora en Ciencia Política. Se desempeña como profesora asistente de ciencias políticas en la Universidad de Aviñón.

 

Las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela no resolvieron el conflicto político que atraviesa el país, sino que han vuelto a agudizarlo. El anuncio de los «resultados» por parte del rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la madrugada del 29 abrió la puerta a una nueva etapa en el proceso de consolidación autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro. 

Con la represión abierta, la banalización del fraude y el afianzamiento de la llamada «unión cívico-militar-policial perfecta», el devenir de la Revolución Bolivariana nos recuerda, como lo describen Vincent Geisser y Michel Camau para el caso de Túnez, la necesidad de pensar los autoritarismos como sistemas caracterizados por «la alternancia de fases de apertura y repliegue, de contestación y represión» que les permiten adaptarse a las circunstancias y así mantenerse en el tiempo. En ese sentido, la llegada del 10 de enero, es decir, el día de la toma de posesión del Presidente de la República, inspira mucha tensión pero bajas expectativas respecto de cambios en el panorama político venezolano.

Poca tolerancia a las derrotas

Una de las principales características del proyecto político chavista en sus inicios fue el de proponer una «revolución democrática», es decir, un proceso de cambio radical de la sociedad cuya legitimidad provendría de las urnas. La famosa «maquinaria electoral» del chavismo tenía el rol de movilizar a la población venezolana, y en especial a las clases populares, para expresar a través del voto su inserción y apoyo al proyecto hegemónico de la Revolución Bolivariana y al «socialismo del siglo XXI». Sin embargo, y desde la época de Hugo Chávez, la «revolución democrática» tuvo una baja tolerancia hacia las derrotas. Tal fue el caso de lo que el propio Chávez llamó una «victoria de mierda» opositora, refiriéndose a los resultados del referéndum constitucional de 2007 en el que la campaña del «No» obtuvo la victoria. Sin embargo, es bajo la presidencia de Nicolás Maduro que se instala una práctica recurrente de no reconocimiento de los resultados electorales que comienza con la victoria de la oposición tradicional (hoy reunida no sin tensiones en la Plataforma Unitaria Democrática) en las elecciones para la Asamblea Nacional de 2015. Tras la derrota del chavismo de gobierno, la Asamblea es paulatinamente vaciada de sus atribuciones en favor de los poderes ejecutivo y judicial, mientras la oposición tradicional amenazaba con hacer uso del poder parlamentario para destituir a Maduro y posteriormente nombró a Juan Guaidó como «presidente encargado».

Sin embargo, entre el no reconocimiento y la organización de fraude a gran escala hay una distancia que fue recorrida durante las elecciones presidenciales de 2024. A tan solo días de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato, las autoridades venezolanas no han presentado las actas por mesa de los resultados electorales como forma de refutar las presentadas por los dirigentes opositores para argumentar la victoria de Edmundo González Urrutia. Un detalle en particular llama la atención: la desaparición de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se ha mantenido inaccesible desde el final del mes de julio. No se trata, por cierto, de un hecho menor. Históricamente, la web del poder electoral ha permitido a los venezolanos verificar los resultados de cada comicio por mesa, centro de votación, municipalidad y Estado (como ocurre en cualquier sistema electoral transparente). Más allá de la obligación legal que le incumbe, al no mostrar los resultados desagregados de las elecciones presidenciales, el CNE rompe el acuerdo social y político que alguna vez fue reivindicado como la base del «proyecto revolucionario». 

¿Pero cómo ha logrado el gobierno sostener ese fraude que ni siquiera buscó disimular? Hay aquí al menos dos respuestas. La primera refiere al tristemente común uso de la represión –encarcelamiento, desaparición, muerte en prisión de opositores– que ha podido amedrentar las muy numerosas expresiones de rechazo y descontento dentro de la sociedad venezolana. La segunda, quizás más sorprendente, es la pasividad o aceptación mostrada por viejas y nuevas elites económicas, que han sabido sacar ventaja de sus alianzas con el gobierno. Pero también, por algunos sectores de las clases populares que se reclaman del chavismo y buscan mantener un frágil pero conocido status quo frente al miedo al revanchismo opositor.

La quimera de la internacionalización opositora 

Mientras Maduro y sus aliados gobiernan el territorio venezolano, la oposición retoma su estrategia de internacionalización del conflicto, en un contexto en el que más de 2.400 personas fueron encarceladas en los días posteriores a la elección. (Nótese que dicha cifra reivindicada por las autoridades venezolanas en alocuciones públicas es mayor a las cifras presentadas por las ONG de defensa de derechos humanos). 

Sin embargo, en el proceso de internacionalización ciertas alianzas pueden ser cuestionadas si se toma en cuenta el discurso de defensa de la democracia y de los derechos humanos que la oposición tradicional se adjudica a sí misma. Tras el exilio claramente forzado de González Urrutia en España, tanto él como María Corina Machado fueron premiados por el Parlamento Europeo con el prestigioso Premio Sakharov para la Libertad de Conciencia. Es la segunda vez que la oposición tradicional recibe el premio desde 2017. Dicho reconocimiento es decidido mediante el voto de los presidentes de los grupos políticos que conforman el Parlamento Europeo, en este caso de los representantes de la derecha y de la extrema derecha europea, poco conocidos por sus aspiraciones democráticas y aún menos por su solidaridad con los migrantes como es el caso de los cientos de miles de venezolanos que viven en el territorio de la Unión Europea. 

Es posible ver una dinámica similar a escala continental. González Urrutia inició este 4 de enero una gira donde su primera parada fue la Argentina de Javier Milei. El emotivo encuentro entre el líder opositor y los miles de venezolanos que fueron a saludarlo en la Plaza de Mayo no impide cuestionar su alianza con un Milei que, más allá de sus políticas ultraliberales, encarna una batalla cultural reaccionaria conectada con sectores ultras de Europa y Estados Unidos y ha expresado en varias ocasiones su desprecio por la democracia. En general, la gira americana está marcada por las inclinaciones políticas históricas de la oposición tradicional venezolana y en particular por el auspicio del llamado Grupo Idea, conformado por figuras de la derecha transatlántica entre los cuales figuran José María Aznar y Álvaro Uribe. Estas derechas suelen utilizar la situación en Venezuela, a menudo con sobreactuaciones retóricas contra el «comunismo», más para consumo interno que para buscar una verdadera salida democrática para los venezolanos.

También es cierto que los países latinoamericanos actualmente gobernados por la izquierda, que esta vez han sido más críticos el gobierno venezolano, no han sido capaces de jugar el rol que se pudo esperar de ellos en el periodo postelectoral. Los intentos de intermediación frente al gobierno venezolano, principalmente por parte de los gobiernos de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil y de Gustavo Petro en Colombia no dieron resultados y, al contrario, provocaron altos niveles de conflictividad entre las cancillerías de estos países, cuya política interna se ve afectada por el conflicto político venezolano –en particular en el caso colombiano–, y Caracas. Finalmente, la gira americana de González Urrutia no podía cerrarse sin pasar por Estados Unidos. Desde los inicios de los años 2000, la oposición tradicional venezolana ha encontrado en el norte del continente a su principal aliado. Allí consiguió apoyos políticos y logísticos que no escondieron diversas formas de intervencionismo al viejo estilo (que además resultó en muchos momentos funcional, en la práctica, al chavismo). 

Hoy en día se abre, sin embargo, una nueva incógnita con el segundo mandato de Donald Trump. Si por una parte la integración de los llamados neocons en su gobierno, como es el caso de Marco Rubio como secretario de Estado, podría llevar al recrudecimiento de la política de sanciones cuyas principales víctimas son los venezolanos de a pie, el método de gobierno transaccional de Donald Trump podría también abrir la puerta a negociaciones con el gobierno de Maduro, que podrían incluir venta de petróleo y recepción de migrantes venezolanos deportados desde el gigante del Norte.

Alta tensión, bajas expectativas 

El Ministerio del Transporte venezolano anunció el cierre de los primeros 16 kilómetros de la autopista Caracas-La Guaira, que une a la capital venezolana con la costa caribeña y en especial con Maiquetía, principal aeropuerto internacional del país, entre el 4 y el 9 de enero. 

Precisamente en dicho aeropuerto ha sido expuesto tanto en afiches en las paredes como en mensajes en las pantallas digitales el anuncio de la recompensa de 100.000 dólares por la captura de Edmundo González Urrutia, quien por su lado dice que llegará a Venezuela para su investidura «por cualquier medio que sea». La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), principal brazo represor del gobierno de Maduro está desplegada en la capital haciendo uso de las instalaciones de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocida como La Carlota. El mismo Diosdado Cabello, número dos del régimen y muy cercano a su ala militar, hace alusión en un video publicado en la red social X a los nervios que emergen en los sectores de oposición ante el despliegue de las fuerzas armadas y policiales en la ciudad y aclara que ellos «están para garantizar la paz de todos los venezolanos y las venezolanas», a la vez que concluye que «esto es muy normal». 

Esta «normalidad» recuerda la dinámica represiva que se inició en el mes de julio de 2024. Si en el mes de diciembre se procedió a la liberación de numerosos presos vinculados a las protestas postelectorales, también se ha retomado la práctica de la «puerta giratoria» que implica nuevos encarcelamientos al tiempo que otros presos políticos salen sin obtener libertad plena.

Si el chavismo de gobierno tiene su plan trazado, el de juramentar a Maduro, por parte de la oposición tradicional las cosas parecen menos claras. Los distintos intercambios entre representantes de las diferentes fuerzas opositoras dejan entrever la dificultad para activar espacios de movilización plurales que incluyan a las organizaciones populares y sindicales. La principal fuente de desmovilización es claramente la acción represiva gubernamental. Pero, al mismo tiempo, las expectativas creadas por el prometido retorno de Edmundo González Urrutia al territorio venezolano y por el llamado a la movilización para el 9 de enero compartido por María Corina Machado en sus redes sociales, no parecen tener por corolario la promoción de una movilización amplia construida en concertación con los espacios sociales y políticos que históricamente apoyaron al chavismo y que en las últimas elecciones votaron en su contra. 

Finalmente, en un contexto en el que se ha buscado reducir al mínimo la capacidad organizativa y de expresión política de la disidencia, algunos sectores opositores optan por mirar a largo plazo y por relativizar el 10 de enero. Esta visión responde a la necesidad de mantener una perspectiva coherente frente a lo que hasta ahora parece bastante evidente, es decir, que, hoy por hoy, el único que tiene a la mano la fuerza y las estructuras institucionales para asumir un nuevo mandato presidencial en Venezuela no es quien ganó las elecciones del pasado mes de julio, sino Nicolás Maduro.

Artículo publicado en https://www.nuso.org/articulo/maduro-10-enero/

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Presidente y Vice, una pelea histórica

En el juego de la casta, Milei profundiza el bloqueo a  Villarruel

El nuevo cruce entre Presidente y su Vice se da en el marco del congelamiento de las dietas de los senadores decretado por Villarruel, quien posteriormente se manifestó en contra del salario que percibe, en sus redes sociales: «Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice quién gana un sueldo de, aproximadamente, $3.764.821 sin descuentos.
Milei que sabe que fue un mensaje directo al Poder ejecutivo que es quien liquida el salario de la Vice , detalló: «El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el más alto gana 1.400.000. Entonces me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy desafortunada».
El Presidente profundiza las diferencias «Ella me acompañó en la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones».

Presidente y Vice, una pelea que tiene historia

La primera tensión de la que se tiene registro entre ambos integrantes de una fórmula presidencial data de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y su vice, Valentín Alsina.
Según cuentan los libros, el padre del aula no se llevaba con Alsina. Tan poco coincidía con su vice, que dicen que le dijo: “Usted no se meta en mi gobierno; limítese a tocar la campanilla en el Senado durante seis años y lo invitaré de tiempo en tiempo a comer para que vea mi buena salud”.
Otra situación donde quedó al descubierto una interna fue durante la segunda presidencia de Hipólito Irigoyen (1928-1930). En esa ocasión, ante la inminencia del golpe de Estado y tras la renuncia del primer mandatario, el vicepresidente Enrique Martínez —en ejercicio de la Presidencia— decretó el estado de sitio y pensó en renovar el gabinete, ambicionando quedarse con el cargo. Pocas horas después, el general José Félix Uriburu, quien encabezaría el Gobierno de facto, le pidió la renuncia también a Martínez esa misma tarde.
Los registros más recientes recuerdan las diferencias y traiciones entre Menem y Duhalde, Chacho Álvarez y De la Rúa , Cobos y Kirchner y las marcadas diferencias entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández
Las sociedades en política muchas veces sirven para lograr el objetivo pero al corto plazo ese mismo objetivo que es el poder, termina en rupturas y diferencias plasmadas por las ambiciones que forman parte de la naturaleza de los Políticos.

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