El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la 2° y 3° Circunscripción rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa en la causa conocida como «El Caburé», que investiga presuntos delitos contra la administración pública, y confirmó la formulación de cargos contra el exfuncionario Darío Oviedo Helfenberger que fuera denunciado por el gobierno provincial.
La resolución quedó plasmada en el Auto Interlocutorio N° 15, dictado el 9 de marzo en la ciudad de Villa Mercedes por los magistrados Hernán Diego Herrera, María Monserrat Bocca y Marcelo Bustamante Marone.
El fallo tiene una consecuencia procesal relevante: al rechazar la apelación, el tribunal confirmó la formulación de cargos que había dispuesto el Juzgado de Garantías N° 1 en diciembre de 2025. En términos jurídicos, esto significa que la decisión inicial del juez de garantías se mantiene vigente y que la investigación penal continúa bajo esos encuadres.
En esa audiencia realizada el 23 de diciembre de 2025, el juez había considerado que, de manera preliminar —lo que en lenguaje judicial se denomina “prima facie”— existían elementos suficientes para avanzar con la imputación contra el funcionario Darío Oviedo Helfenberger, a quien se le atribuyen presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, además de peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público, figuras contempladas en el Código Penal.
El tribunal de alzada no analizó aún la culpabilidad —algo que corresponde a etapas posteriores del proceso— sino que se pronunció sobre la legalidad de la formulación de cargos, es decir, si el juez de garantías había actuado correctamente al habilitar la investigación penal bajo esas figuras.
En ese punto, los magistrados entendieron que la decisión original debía mantenerse y rechazaron el planteo de la defensa que buscaba revertirla.
La resolución también introduce una indicación procesal adicional: el tribunal ordenó que la Fiscalía y la querella resuelvan previamente las diferencias sobre la calificación jurídica de los hechos, de modo de garantizar que el proceso avance con una acusación unificada antes de la audiencia de control de acusación prevista por el Código Procesal Penal de San Luis.
Esa etapa es clave dentro del sistema acusatorio, porque es el momento en el que se define con precisión qué delitos se imputan y bajo qué fundamentos, antes de que la causa pueda avanzar hacia una eventual instancia de juicio.
Con esta decisión, el expediente continúa su curso dentro del proceso penal y se consolida el marco jurídico bajo el cual se investigan los hechos denunciados en la causa.
