La familia política de Alberto Rodríguez Saá tendrá esta semana una nueva cita con la Justicia por presuntos hechos de corrupción cometidos en el último tramo de su mandato, un período de gobierno marcado por la influencia de su hijo Alberto, quien instaló a su círculo de amigos en casilleros estratégicos de poder dentro de Terrazas del Portezuelo.
El próximo martes, Sergio Freixes —en prisión desde el 29 de noviembre del año pasado, tras ser condenado por hacer firmar renuncias en blanco a jueces— será acusado de liderar una asociación ilícita que se habría aprovechado de fondos públicos mientras ejercía la administración del denominado Pueblo Ranquel. Allí se autoproclamó lonko junto al hijo del entonces gobernador, lo que les permitió manejar los recursos y la riqueza de ese territorio.
También su esposa, Viviana Moreyra; su secretaria, Sofía Aguilera; y otros colaboradores deberán responder por el manejo de casi 700 millones de pesos que el Gobierno giró a esa comunidad en apenas tres años, entre 2020 y 2023.
En términos concretos, la acusación fiscal sostiene que la familia Freixes, administradora de la sociedad “El Relincho S.A.”, defraudó a la administración pública mediante la malversación de los fondos transferidos al Pueblo Ranquel.
Esos recursos se canalizaban a través de dos cuentas bancarias: una en el Banco Supervielle, donde el Gobierno depositaba la coparticipación junto a otros fondos bajo la figura de Aportes del Tesoro Provincial; y otra cuenta en la que se registraban los ingresos derivados de la explotación agropecuaria —siembra, cosecha y producción ganadera— de las 66 mil hectáreas cedidas a la comunidad.
Un dato ilustra tanto la mecánica como la magnitud de las transferencias discrecionales hacia el municipio ranquel, administrado por Freixes y su entorno.
Tres días antes de dejar la Gobernación, el 7 de diciembre de 2023, Rodríguez Saá ordenó una transferencia de 50 millones de pesos en concepto de Aporte del Tesoro Provincial.
Ese movimiento, a tan pocos días del cambio de gestión, aparece inscripto en una dinámica de utilización intensiva de fondos públicos tras la derrota electoral del 11 de junio de ese año. Objetivo: el vaciamiento de las cuentas públicas de la provincia.
El 11 de diciembre de 2023, ya finalizado el mandato, Sergio Freixes intentó retirar otros 50 millones de pesos de la cuenta del Pueblo Ranquel para transferirlos a una cuenta de la Asociación Civil Festival El Caldén. La operación no se concretó porque fue rechazada por un contador.
Inclusión y millones
Este mismo martes, el exministro de Inclusión, Nicolás Anzulovich, también deberá comparecer ante la Justicia. En su caso, será en el marco de la audiencia de formulación de cargos en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Anzulovich, exfuncionario de Rodríguez Saá y esposo de la exsenadora Eugenia Catalfamo, integraba el grupo de dirigentes que el propio exgobernador solía destacar públicamente como los “jóvenes brillantes” de su gabinete.
Sin embargo, en junio de 2023 fue denunciado por Alicia Toribio, trabajadora del Plan de Inclusión, luego de que se viralizara una publicación de una concesionaria de vehículos de alta gama que lo felicitaba por la compra de una motocicleta. “Vendemos felicidad. ¿Qué esperás para darte un gustito?”, decía el mensaje. En la imagen, Anzulovich posaba junto al vehículo, montado en la parte trasera de su camioneta.
Posteriores publicaciones periodísticas lo señalaron como propietario de un garage con vehículos de alto valor y de una vivienda en el exclusivo barrio Refugio del Lago, en La Florida, diseñada por el estudio chileno “Tres Arquitectos”, de los reconocidos arquitectos Benjamín Lezaeta, Juan Samaniego y Emilia Lavanchy.
Aquella denuncia, luego ampliada por Fiscalía de Estado, lo ubica ahora, tres años después, frente a la instancia de imputación judicial.