Por: Johana Gómez, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas PTS
La provincia, gobernada por Alberto Rodríguez Saá, lidera los índices nacionales de contagios, demostrando que las medidas resueltas por el Comité de Crisis vienen siendo escasas y poco eficaces para frenar y combatir el virus, a tal punto que, en tan solo cinco días, fallecieron cuatro trabajadores de la salud por COVID-19.
El jueves de la semana pasada, se informaron los fallecimientos de la enfermera Silvia Agüero, quien se desempeñaba en el Hospital «Juan Domingo Perón» de la Ciudad de Villa Mercedes; y del médico clínico Jhon Rodríguez Canosa, quien trabajaba como médico privado y del PAMI en la Localidad de Justo Daract. Y, el lunes pasado, se conocieron los fallecimientos de Yolanda Castro, quien también trabajaba en el Hospital de Villa Mercedes como empleada administrativa; y de Nelly Haydees Calderón, quien se desempeñaba como jefa de mucamas en el Sanatorio Ramos Mejía de la Ciudad de San Luis.
En estos momentos, la provincia cuyana ya ha superado los 40.000 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Más de la mitad de los positivos, se han registrado este año, sobre todo en las últimas cinco semanas. Hoy por hoy, San Luis viene liderando el ranking de provincias con más personas infectadas por cada 100 mil habitantes.
Sin embargo, ante ello, las medidas resueltas por el Comité de Crisis se limitan a recortes en los horarios de circulación de las personas y de atención en los comercios, y a obligar – descarada e incomprensiblemente – a las trabajadoras y los trabajadores de la educación a mantener la presencialidad en los establecimientos educativos, sin importarle el riesgo y los peligros para la salud y la vida de miles de docentes, estudiantes, madres y padres.
Si tenemos en cuenta esta alarmante situación – a la que se suman un lento proceso de vacunación y años de políticas de desfinanciamiento y precariedad en la salud pública – podemos decir sin tapujos que aquéllos cuatro fallecimientos en menos de una semana fueron consecuencia no solo del COVID-19, sino también de la desidia gubernamental, esa misma que se refleja en lo poco que importan la salud y la vida del pueblo trabajador para los Gobiernos.
La bronca e indignación que genera esta cruda realidad tenemos que transformarlas en organización y lucha por todas las demandas de la clase trabajadora y los sectores populares, en unidad y coordinación, para imponerle a la casta política gobernante y opositora una salida anti-capitalista a esta pandemia que, en lo inmediato, contemple:
- Virtualidad transitoria inmediata para la docencia.
- Conectividad gratuita y equipos digitales e informáticos para toda la comunidad educativa.
- Más presupuesto para la educación y salud públicas en base al no pago de la deuda externa y al FMI.
- Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $40.000 para quienes no tienen trabajo con cláusula de actualización e indexación en base a la inflación.
- Inmediata liberación de las patentes y los derechos de propiedad que rigen sobre las vacunas para garantizar una vacunación masiva, a gran escala.
