Daniel Poder
Miguel “Micky” Berardo tiene complejo de Alfredo Yabrán.
Acostumbrado a sacar su tajada en la sombra del poder, ahora le molesta la exposición pública y que le saquen fotos tras quedar imputado por la Justicia por hechos de corrupción.
Vaya regalo de cumpleaños le hizo, este 5 de setiembre, a su amigo y llave de entrada a la habitación secreta del poder, Alberto Rodríguez Saá hijo.
En realidad, parece que le molestó más la foto que la imputación judicial.
Quien se molesta con las fotos es el ex secretario general de la Gobernación, ex jefe de Gabinete, comodín todoterreno, y hasta hace unos meses atrás el temido editor político del ex diario de Rodríguez Saá.
Cuentan que cada jueves ingresaba al edificio por el portón de calle Pedernera, por la entrada reservada a las autoridades. Adentro, en una sala de reuniones, a veces en una oficina más pequeña, lo esperaban tres empleados que debían tomar nota de sus ocurrencias -se las festejaban- para luego repetirlas en los micrófonos de la radio y escribirlas en el papel del diario.
Hasta María Luz Rodríguez Saá, entonces directora general, cumplía un rol secundario -si se quedaba presente- en esas reuniones. Una vez que le servían el café, Micky se encargaba de dictar.
El marcaba quien debía ser el blanco de las noticias falsas con que esos empleados descalificaban y agraviaban a dirigentes, periodistas y sus familiares en los últimos años del gobierno de Rodríguez Saá.
El mismo en cuya oficina en Terrazas del Portezuelo se hacía pagar por el Estado el servicio de televisión satelital con contenido triple X, para adultos, y el pack de futbol codificado.
Ese Berardo, Micky, es el mismo que ahora se molesta con un fotógrafo que hace su trabajo. ¿Cuántas fotos me vas a sacar? le recriminó en los pasillos de Tribunales a un reportero gráfico de El Chorrillero.
La frase, que hasta hace pocos meses atrás hubiese metido miedo entre algunos colegas, hoy suena a berrinche. Ya no asusta a nadie, ni siquiera a esos empleados que tomaban nota y festejaban sus ocurrencias.
Este jueves, Berardo fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la Justicia le prohibió que salga de la provincia y le dictó la inhibición general de bienes.
Para algunos no es poca cosa, para otros no pasará de allí. Sólo que nunca pensó que tendría que desfilar por los pasillos judiciales para escuchar que queda imputado, y que los reporteros le sacan todas las fotos que quieran.
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El ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán admitió esta semana en una entrevista que el gobierno de Alberto Fernández hizo extender la cuarentena más tiempo de lo necesario porque esa medida era aprovechada políticamente por el gobierno.
“La administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno” dijo Guzmán, para luego reconocer que “la extensión (de las restricciones sanitarias) fue más larga de lo que debió haber sido”.
Esa declaración motivó una denuncia contra el ex presidente y otros funcionarios del Ejecutivo por el delito de abuso de autoridad.
En esa misma sintonía se movió por aquel entonces el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, uno de los mandatarios provinciales que adhirió a ciegas a ese encierro masivo: llegó al extremo de ordenar que se levantaran montículos de tierra en el ingreso de algunos pueblos, como Tilisarao, para encerrar e inmovilizar a los vecinos.
Cada noche, Rodríguez Saá acaparaba la atención pública de toda la sociedad, que debía esperar los demorados informes televisivos que pasaba la televisión local para saber cuál era la nueva disposición.
Alcanzó un par de esos informes para advertir la utilización política que le daría el entonces gobernador de San Luis. Personalmente se sentaba ante las cámaras de la televisión estatal a brindar un reporte en el que mezclaba la cantidad de muertos y cerraba con el slogan de lo que sería el armado político que encabezó la doctora María José Zanglá, y con el que el gobierno luego enfrentaría las elecciones de 2021: “Fuerza San Luis”.
Mientras se hacía ese montaje televisivo la sociedad veía como caían persianas de comercios, se perdían puestos de trabajo, se estigmatizaba por medios públicos a ciudadanos que se habían contagiado de Covid, otros veían morir a sus familiares sin contar con los servicios médicos que se aseguraban los grupos allegados al poder, se hacían fiestas en casas de funcionarios, y hasta se armaba un listado de privilegiados que entrarían a un vacunatorio VIP.
Ni hablar de las muertes en celdas policiales de detenidos que habían osado salir a la calle cuando el número de su DNI no correspondía con el par o impar permitido según el día de la semana.
Todo eso pasaba en San Luis mientras el gobierno utilizaba políticamente la cuarentena.
Los costos económicos, sociales y hasta de vidas perdidas aún se siguen pagando también en esta provincia, sin que nadie aún sea llamado a dar explicaciones por esos daños irreparables.
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El 23 de junio pasado DePolítica sacó a luz la grave denuncia que involucraba al intendente de San Francisco del Monte de Oro, familiares y colaboradores.
Esa información fue confirmada esta semana con el llamado a indagatoria del intendente Sandro Flores, en una causa en la que se lo investiga por estafa.
Junto a Flores están involucrados su esposa, Ivana Castro, el secretario de Gobierno, Ary Sepak; su padre, Davorín Sepak y la pareja del funcionario, Ayelén Quiroz.
Fuentes con acceso al expediente judicial le confiaron esta semana a DePolítica que se agregaron elementos probatorios que dan cuenta de un modus operandi, por cuanto no es la única denuncia contra integrantes de este grupo de personas.
“Hay una organización que apuntaba a comercializar terrenos e inmuebles entre los que está involucrado el intendente, gente de su entorno y familiares” aseguran.
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El 24 de agosto pasado esta página señaló que era todo un desafío que los funcionarios provinciales incorporaran el chip de trabajo que exhibe el gobernador Claudio Poggi en el día a día, cuando viaja de un pueblo a otro, o cuando suma actividades a su agenda de trabajo incluso los fines de semana.
No debe ser fácil seguirle el ritmo a alguien que se ve así de entusiasmado con su trabajo. No si no se disfruta de ese trabajo. Como sea, por vocación u obligación, también por el delicado contexto social que atraviesa el país y la provincia, los funcionarios deben dar el ejemplo. Y trabajar más que el resto de la sociedad.
No es esa la imagen que dan los ministros, asesores y funcionarios de otros rangos a los que esta semana se los vio almorzando o tomando café alrededor del mediodía en bares de avenidas y calles céntricas en la ciudad de San Luis.
Ni los mencionaremos, ni le quitaremos clientes a esos bares, ni les haremos propaganda, porque deben servir buena comida y buen café si es que esos funcionarios los eligen.
Pero si alguno de esos funcionarios se pregunta si no tiene ese derecho, la respuesta es no.
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Los dos frentes electorales que se presentaron para disputar los cargos en la conducción de la Unión Cívica Radical acordaron hacerlo en una lista de unidad que le permitirá a Juan Alvarez Pinto renovar en la presidencial del Partido y a José Picco, presidir la Convención partidaria.
Ambos frentes tendrán mayorías cruzadas en los órganos de gobierno para garantizar la representación de todos los sectores.
Esos dos frentes estaban referenciados en dos grupos dirigenciales.
Uno de ellos integrado por PARA cuya cabeza es Walter Ceballos, Jorge Lucero y Miguel Postiguillo; Identidad Radical, identificada con Fidel Hadad y Daniel Mariani, y Ricardo Giménez.
En el otro frente se aglutinan La 30 de Octubre, que se referencia en el grupo de intendentes radicales –Juan Manuel Rigau, Marcos Espósito y Alvarez Pinto-; Evolución, en el que están Víctor Moriñigo, Federico y Alejandro Cacace, Micaela Medina, y también Miguel Bonino, jóvenes de Franja Morada y otras agrupaciones.
Fuentes partidarias le aseguraron a DePolítica que el objetivo del radicalismo es fortalecerse dentro del armado político que lidera Claudio Poggi. Y que ese crecimiento debe llegar de la mano de triunfos electorales con candidatos radicales.
Sienten que la UCR es el partido -más allá de Avanzar- que institucionalmente más acompaña al gobernador Poggi, que es tiempo de construir músculo y crecer dentro de la coalición de gobierno.
Hay en la filas radicales un especial interés en que la próxima elección no se haga con el sistema de lemas y que sea el propio Poggi quien bendiga una lista en la que la UCR tenga lugar en concejalías, en bancas de los departamento en los que se elijan diputados y en las legislativas nacionales.
Este acuerdo también es fruto del entendimiento de esos dirigentes en el sentido de la que la sociedad está viviendo momentos muy críticos y que no se puede discutir intereses partidarios por encima del interés común.
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O sobran asesores, o faltan ideas. O peor aún, las dos cosas juntas.
Todos sentimos una palabra que empieza con ve corta luego de ver el fragmento del video que se viralizó a mitad de semana y en el que aparece el senador Bartolomé Abdala intentando explicar lo inexplicable.
Si al menos uno de los 20 asesores de los que alardea le filtrara sus declaraciones estaría pago el resto.
Sin embargo, habrá que reconocerle en cambio que si lo que pretendía era decirle a todo el país que quiere ser candidato a gobernador de San Luis en 2027 lo logró. Claro que el costo es desaconsejable. Hay quienes ya piden su expulsión del bloque de legisladores.
En el mismo momento en que los rectores de las tres universidades nacionales con sede en San Luis, les piden a los senadores nacionales de esta provincia que voten a favor de la ley de financiamiento universitario en el Congreso de la Nación, Abdala alardeaba de tener esa cantidad de asesores y de usarlos para hacer política en San Luis.
¿Se entiende? Dice algo así como que entre todos los argentinos le pagamos sus empleados para que él los use para hacer política en beneficio propio.
Es todo muy curioso en el universo Abdala.
Se subió al colectivo con vidrios polarizados de Milei, tiene la oportunidad de mostrarse como lo nuevo de la política nacional y resulta que elige conductas e ideas muy rancias y muy feas. ¿Quién mide el daño que la provoca a la dañada clase política argentina?. Un baldazo de lodo en el barro.
Tener esa cantidad de asesores y usarlos para hacer política, por ejemplo, no tiene nada de nueva política. Apesta.
O mucho peor, se sube a caballo de la puntanidad, una idea tan pero tan vieja, que hasta alguna vez la utilizó Alberto Rodríguez Saá, (y pensar que quería hacerle creer a la sociedad que con eso había ganado una elección).
Más esa idea, políticamente usada, es decir, usada para discriminar a quienes no nacieron en el territorio de San Luis se emparenta con el supremacismo que impregnó a los totalitarismos a lo largo de la historia de la humanidad. Nada muy complejo de entender.
Así las cosas, uno se tienta a pensar que la suya, la campaña a gobernador de San Luis fue la más corta de la historia política de esta provincia.
Pero demos un paso más allá de su exabrupto televisivo. El trabajo de los medios nacionales enfocados ahora en ese entorno de Abdala expone cuestiones mucho más graves aún, son insostenibles no ya para un simple senador, sino para quien ocupa el tercer lugar en la sucesión presidencial.
Así como la denuncia de violencia de género de la ex primera dama contra Alberto Fernández toma una dimensión especial porque el denunciado era el abanderado de un gobierno que se llenaba la boca hablando de los derechos de las mujeres, lo mismo ocurre ahora con Abdala.
El veneno verbal de ese sincericidio del senador puntano, tercero en la línea sucesoria presidencial, penetra en en el corazón del discurso anticasta del presidente Javier Milei.
El propio vocero presidencial marcó esa idea. “Tenemos una posición muy firme, para nosotros los asesores legislativos son para analizar, diseñar, proponer y ayudar a que los legisladores propongan leyes y lleven adelante la tarea. Cualquier función por fuera de eso está mal” dijo.
Fin.
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