Daniel Poder
La noche del 11 de junio de 2023, cuando Claudio Poggi celebraba la victoria que ese domingo cosechó en las urnas, se iniciaba un proceso político que, nueve meses después, daría a luz al nuevo mapa legislativo que se conoció esta semana.
Esa noche, Alberto Rodríguez Saá, padre de la derrota, padre del rencor, ponía en marcha su plan para dejar tierra arrasada.
¿Qué significaba?: Ni más ni menos que la destrucción del Estado provincial y la creación de un estado paralelo, como alguna vez hizo con la municipalidad en la ciudad de San Luis.
Así se lo dijo al grupo de senadores y diputados provinciales a los que convocó inmediatamente después de perder las elecciones.
No es sano, en el contexto de irritación con que convive la sociedad, repetir las expresiones que esos legisladores escucharon de la boca de quien fuera gobernador hasta el 10 de diciembre. Alcanza con decir que se fueron espantados.
Poco días después, otros dirigentes integrantes del armado político que ganó las elecciones, advertidos de esas intenciones de Rodríguez Saá, (sabía desde diciembre de 2022 que iba a perder las elecciones y por eso decidió fijar la fecha seis meses antes del traspaso gobierno, de manera de darse suficiente tiempo para dinamitar todo tras su salida), comenzaron las gestiones políticas para evitar esa catástrofe.
La destrucción del Estado que planeó Rodríguez Saá incluía:
- Nombrar nuevas autoridades en la Universidad de La Punta para cobijar a dirigentes y utilizar su presupuesto para financiar la impresión de su diario familiar.
- Municipalizar las UPrO (Universidades de oficios) y quitarle su control al Estado provincial.
- Sacarle a la provincia la administración del complejo de La Pedrera para generar una suerte de municipalidad paralela que actuara en Villa Mercedes.
- Desguazar Vialidad Provincial para repartir su maquinaria vial en cada municipio políticamente amigo.
- Darle autonomía al Mólino Fénix para nombrar dirigentes y utilizar su presupuesto políticamente.
- Desarmar San Luis Agua y conformar un consorcio con intervención de los municipios.
- Nombrar un nuevo Defensor del Pueblo.
- Hacer contrataciones masivas para explotar con nuevas plantas permanentes el Estado provincial.
- Crear 58 cargos de un millón de pesos en el ámbito legislativo para sus ex funcionarios, amigos y familiares.
- Crear una mesa directiva “a perpetuidad” en el Hospital Carrillo que manejara su propio presupuesto.
- Convertir el Ente de Control de Rutas en un organismo autónomo del Estado pero que se financiera con sus recursos.
- Secar las reservas de los ahorros en dólares que durante años juntó la provincia.
- Modificar la coparticipación a los municipios para reducir el presupuesto del gobierno provincial y su margen de maniobra.
- Utilizar el otorgamiento indiscriminado de aumentos salariales para desfinanciar al Estado a través del llamado Tratado de La Toma.
- Un plan de obras públicas faraónicas, innecesarias o inoportunas para exprimir hasta el último peso y pagar anticipos financieros -con dudoso destino- por encima de lo que establece la ley
Hasta allí, parte de ese plan para dejar tierra arrasada que incluía mucho más que estas acciones enumeradas. Sólo que algunas requerían de la aprobación legislativa para lo cual aún contaba con mayoría en ambas cámaras, tanto en el Senado, como en Diputados.
Sin embargo, la convicción sobre la necesidad de frenar a Alberto Rodríguez Saá, convertido para la política puntana en una suerte de “Heliogábalo, o el anarquista coronado” de Antonin Artaud, acercó voluntades políticas inesperadas.
Fue curioso porque pese a que acababa de perder las elecciones, Rodríguez Saá le daba consejos televisivos al ganador, y le aseguraba que nadie se iría de su bloque hasta después de la asunción del nuevo gobierno. Estaba otra vez equivocado.
El senador provincial por Chacabuco, Marcelo Debandi fue el primero que se expresó en desacuerdo con ese plan del ex gobernador. Lo hizo el 1° de agosto cuando anunció la creación del bloque “Doctrina peronista”, hecho que fue narrado por DePolítica.
Poco después, el 12 de septiembre de 2023 -tres meses después de las elecciones y tres meses antes del cambio de gobierno- se creó en la Cámara baja el bloque “Fuerza Independiente” integrado por los diputados Alberto Leyes -elegido esta semana nuevo presidente de la cámara Baja-, Verónica Garro, Adrián Agüero y Francisco Irusta.
Esas salidas implicaron que Rodríguez Saá perdiera el quórum propio. Hasta entonces contaba con 25 de los 43 diputados, y a partir de esta primera ruptura quedó con 21.
Con la idea de adoctrinar a los díscolos, Rodríguez Saá ordenó lapidar públicamente a Leyes. Lo contó DePolítica el 5 de octubre del año pasado: la expulsión de Leyes del Partido Justicialista “no movió la aguja. Y no porque sea menor el peso político de un hombre cuyo apellido ha sido sinónimo del PJ en el departamento Belgrano durante años, sino precisamente porque el propio nombre del partido parece que ya no dice nada”.
La oposición de aquel entonces -hoy el nuevo oficialismo- tenía 22 diputados, con lo cual ninguna de las dos fuerzas contaba con quórum propio.
Sin embargo, catorce días después, el 26 de septiembre de 2023 el diputado por Pueyrredón Ariel Farías conformó el bloque “Trabajo por el Pueblo”. Aunque alternó presencias y ausencias en el recinto, su independencia significó otra baja muy sensible para Rodríguez Saá.
Con su presencia fue clave para lograr el quórum parlamentario que ordenó la interpelación del ministro de Hacienda, Eloy Horcajo, mandato que ex el funcionario de Rodríguez Saá desobedeció: nunca se presentó en la Cámara de Diputados.
Pero si fue importante lo que sucedió a partir de esa fragmentación del bloque hasta ese momento oficialista, tal vez más relevante sea lo que no pasó; dicho de otra manera, lo que gracias a ese grupo de legisladores se evitó.
Por ejemplo, no se hicieron las designaciones en la Cámara de Diputados de los 53 cargos millonarios que quiso crear Rodríguez Saá por ley, no se trataron varios proyectos de leyes como la autonomía de la UPRO, de la Casa de la Música, entre otros entes y otras maniobras apuntadas a desfinanciar al Estado, como la nueva ley de coparticipación.
El 5 de diciembre de 2023 se hizo la sesión preparatoria en la que juraron los nuevos integrantes de la Cámara. Fue allí que el oficialismo pidió un cuarto intermedio que se hizo muy largo, tiempo que aprovechó para intentar ajustar las voluntades de los diputados justicialista que -amén de haber tenido conversaciones con dirigentes del futuro gobierno- ya expresaban su voluntad de no acompañar el plan de Rodríguez Saá.
El bloque de legisladores de Cambia San Luis decidió levantar la sesión. Y con ellos también se levantaron dos diputados del departamento Pedernera que responden a Maximiliano Frontera: Edgardo Nicolás González Ferro y Christian Gurruchaga.
El 18 de diciembre el gobernador Claudio Poggi convocó a todos los diputados para informar la situación deficitaria de la provincia y la necesidad de solicitar un empréstito.
A esa reunión sólo asistieron 21 diputados. Diecisiete eran del interbloque Cambia San Luis- UCR; uno del bloque Trabajo por el Pueblo; uno de Fuerza Independiente y los dos diputados mercedinos que aún no conformaban bloque propio.
Ya en los primeros días de enero, mientras las luces enfocaban el escenario de la Fiesta de la Naranja, hubo un acercamiento formal a la diputada del departamento Ayacucho, Aida López, hermana del intendente de Luján, Pablo López.
Algo similar sucedió el 25 de enero en el carnaval de Quines, cuando el Gobernador visitó nuevamente el departamento y se consolidó el acercamiento con la diputada Aida López y con el diputado y ex intendente Oscar “Paco” Macías.
Una semana después, el 1° de febrero Poggi mantuvo una reunión con el intendente de Candelaria, José Casas, que derivó en el acercamiento de su madre, la diputada por Ayacucho, Dolly Glellel.
El 8 de febrero se constituyó formalmente el bloque legislativo “Ayacucho de Pie” que integran Glellel -presidente- y Macías.
El desgranamiento era imparable. Y en tiempo récord.
Trece días después, el 21 de febrero se constituyó el bloque “Acuerdo por el Interior Sanluiseño” que integró a los dos diputados mercedinos que el 5 de diciembre se habían levantado del recinto junto al interbloque Cambia San Luis + UCR –González Ferro y Gurruchaga-, con los diputados Aida López, de Ayacucho; y Carlos Altamiranda, de Dupuy.
Una última escisión se produjo el 23 de febrero, con la creación del bloque unipersonal “Por un Dupuy Unido, que integra la diputada Graciela Muñoz, quien ingresó a la Cámara en reemplazo de Sofía Larraudé, quien renunció para asumir como intendenta de Buena Esperanza. El foro productivo realizado en Unión a comienzos de febrero es señalado como la ventana temporal en la que maduró la decisión de Muñoz para conformar su bloque unipersonal.
Hay que decir también que Larraudé y otros dos intendentes que habían firmado una presentación judicial para obligar al gobierno a restituir el llamado Tratado de La Toma desistieron esta semana de esa acción judicial. Se trata de los intendentes Juan Jorba, Richard Basconcello y de Bagual, Marcelo Ulloa.
Este es el recorrido más lineal que se puede hacer sobre los alineamientos políticos que terminaron por quitarle el control de la Legislatura a Alberto Rodríguez Saá.
No son las narradas las únicas reuniones que se concretaron a lo largo de estos nueve meses. Si alguien quisiera podría decir que esa es casi la versión oficial de esa construcción.
Pero en realidad hubo decenas de cafés, almuerzos, cenas y encuentros en los que se amasó la nueva materia política.
Claro que hubo una primera reunión. Fue en una oficina en la calle Mitre de la ciudad de San Luis. Tres dirigentes se sentaron en esa mesa: el por entonces electo vicegobernador, Ricardo Endeiza, y dos ex ministros de Adolfo Rodríguez Saá: Héctor Omar Torino e Ignacio Montero.
Allí se habló de la gravedad del plan que había iniciado Rodríguez Saá para destruir el Estado provincial y de la necesidad de frenarlo quitándole la mayoría en la Legislatura. Fue la primera vez que se habló de la mesa de conducción legislativa 2024.
Lo que vino fue una ampliación de ese armado político y de su alcance geográfico.
DePolítica puede dar fe de que en cada uno de estos pueblos hubo al menos una reunión: San Luis, Villa Mercedes, Juana Koslay, La Punta, Concarán, Naschel, El Trapiche, Las Chacras, Luján, Quines y Candelaria. Y que Ricardo Endeiza, paciente, sumó uno a uno, semana tras semana, a otros dirigentes y colaboradores para llevar adelante el plan político.
Miguel Bertola, Martín Olivero, Facundo Endeiza, Ignacio Zalazar, José Giraudo, Marcelo Neme, Daniel Orlando, Adolfo Castro Luna, José Gil y Sergio Guardia son parte de esa construcción. Están nombrados en orden azaroso, pero hay que decir que cada uno de ellos aportó lo que requiere la construcción en manos de un equipo político: escucha, diálogo, apertura, búsqueda de acuerdos, códigos.
Todos trabajaron para esa nueva conformación que salió a la luz en las últimas horas.
El desgranamiento legislativo que sufrió Rodríguez Saá hasta perder la mayoría y la presidencia de la Cámara de Diputados no lo toma por sorpresa. También él lo sabía y se lo dijo hace diez días a sus diputados: “Muchachos, ya sé que es un tema terminado”.
Acaso su último deseo tampoco fue escuchado: “que sea cualquiera, menos Leyes”.
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