Daniel PoderEs la educación, estúpido.
Esa frase podría ser el estado de WhatsApp o el fondo de pantalla en el ordenador de cada funcionario del gobierno provincial.
Una suerte de rescritura de aquella famosa frase, “(es) la econonomía, estúpido”, lacónica definición de la coyuntura social que orientó el trabajo de los asesores de la campaña electoral de Bill Clinton para la presidencia de Estados Unidos en 1992.
“(Es) la educación, estúpido” diría la versión local.
Claro que no sería una consigna apuntada a comprender un momento específico de la historia y en un contexto electoral como lo fue la economía de aquellos años en Estados Unidos, sino que se trataría de una carta de navegación que es a la vez destino permanente: el de la educación.
Es que el propio Poggi está convencido de que la educación es la madre de las políticas públicas. E insiste con una idea una y otra vez: “un pueblo educado progresa; un pueblo no educado, no”.
Esa frase que repite como un mantra tiene su correlato en un nutrido conjunto de acciones que ha ejecutado en estos nueve meses de gestión.
Hay que decirlo: a esta altura, ya es la educación la política distintiva y diferenciadora de este gobierno con relación a cada uno de los gobiernos que tuvo San Luis desde el retorno de la democracia a la fecha.
Con esa cartografía se orienta la participación de Poggi esta semana en Buenos Aires en la firma de un acuerdo sobre diez prioridades de la agenda educativa de nuestro país.
Esa actividad fue pensada por “Argentinos por la Educación”, una organización “plural, independientes y federal” que trabaja para mejorar la educación en el país.
Esos diez puntos a los que adhirió Poggi se articularon alrededor de tres ejes:
El primero, enfocado en las urgencias de cada nivel educativo, plantea tres objetivos. 1) ampliar la cobertura del nivel Inicial, 2) priorizar la alfabetización inicial en el nivel Primario y 3) acompañar las trayectorias en el nivel Secundario y lograr terminalidad con calidad.
El segundo eje refiere a la gestión a escala del sistema, y determina otros cuatro objetivos. 4) fortalecer el gobierno de la educación, 5) lograr una inversión suficiente y de calidad, 6) producir más y mejor información y evaluación educativa, y 7) potenciar la formación, la carrera y el salario de los docentes.
El tercer eje se enfoca en la transformación de las escuelas, e incluye los tres objetivos finales: 8) robustecer los tiempos, los espacios y las condiciones para el aprendizaje, 9) mejorar la gestión escolar, y 10) priorizar contenidos curriculares socialmente relevantes.
Buena parte de esos objetivos están incorporados en la agenda del gobierno provincial.
Por ejemplo, en estos nueve meses ya se crearon 60 salas de 3 años para promover la escolarización temprana de los chicos. Incluso ya se superó el objetivo anual de 40 nuevas salas.
También allí cuentan la creación de jardines maternales, los centros de desarrollo infantil, el trabajo para mejorar la comprensión lectora en los chicos de primero, segundo y tercer grado, y la implementación el Programa Alimentario Nutricional Escolar que garantiza la nutrición de los chicos y también su presencia en las aulas.
La restitución de la Beca al Mérito, el vínculo con las universidades para trabajar en la articulación del nivel secundario y el nivel superior, el Plan de Inclusión Educativa, los concursos para cargos directivos, directores y regentes de escuelas, y el fortalecimiento de las Universidades Provinciales de Oficio, y la reciente adhesión a la ley nacional de Cédula Nacional Escolar que busca chicos fuera del sistema educativo, se apuntan entre esas acciones que ha llevado adelante el gobierno en pocos meses.
Es cierto que algunas políticas no comenzaron ahora, sino durante la primera gobernación de Poggi entre 2011 y 2015; como sea, el parate que tuvieron entre 2015 y 2023 y su posterior continuidad en la nueva gestión, exhibe a las claras las prioridades de uno y otro gobierno.
¿Quién recuerda acaso que el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá dijo en agosto de 2018, que el trabajo de su ministra de Educación, Natalia Spinuzza “le daría envidia al propio Domingo Faustino Sarmiento”?. A la distancia temporal, esa frase funciona como una apostilla, es una acotación que ayuda a interpretar un texto.
Seis años después quien visita personalmente las escuelas es el propio Poggi. “Yo visito como Gobernador una escuela por día, todos los días, todas las semanas, durante todo el ciclo lectivo -dice. Y eso es una muestra de apoyo, respaldo y de escucha activa de los alumnos, de los profes, de los docentes, de los directivos, de los padres y de toda la comunidad”.
*
Al intendente de San Francisco del Monte de Oro, Sandro Flores lo asesora el enemigo.
No hay otra manera de entender la torpeza que cometió esta semana al reclamar ante la Justicia que lo investiga por estafa que se silencien los medios que se hacen eco de esa denuncia en su contra.
Todo comenzó el 23 de junio pasado cuando DePolítica habló por primera vez de la grave acusación que se gestaba en ámbito judicial y que derivó en su llamado a indagatoria, requisitoria que comparte junto a su esposa, Ivana Castro, el secretario de Gobierno, Ary Sepak; su padre, Davorín Sepak y la pareja del funcionario, Ayelén Quiroz.
Una semana después de esa publicación que tuvo una enorme repercusión en el ambiente político con epicentro en el departamento Ayacucho, este periodista recibió un mensaje de WhatsApp supuestamente enviado por una de las personas mencionadas en ese artículo, en el que se reclamaba en tono intimidante una reunión personal “antes de enviar una carta documento e iniciar una querella”. Ni una cosa, ni la otra.
El 3 de setiembre pasado, el diario digital El Chorrillero informó sobre el llamado a indagatoria dispuesto por la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper para Flores y el resto de las personas mencionadas para el pasado miércoles 11 de septiembre.
Se confirmaba así la información que había anticipado DePolítica más de dos meses atrás: Flores tendría que rendir cuentas ante la Justicia.
La semana pasada el intendente y su esposa designaron como abogado defensor a Facundo Sosa y solicitaron la postergación de la audiencia judicial atendiendo a que ese día él oficiaría de anfitrión en la celebración en San Francisco del acto del día del Maestro, y a que su defensa está en recuperación luego de una operación.
Pero lo insólito fue que además pidieron que la Justicia ordene que DePolítica y el diario El Chorrillero levanten de sus plataformas digitales los artículos periodísticos que refieren a la denuncia en su contra, argumentando “proceder antiético”, que “las personas investigadas somos personas públicas”, más también que se abstengan de “realizar este tipo de desmanejos publicitarios, maliciosos y ladinos”.
FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino expresó su preocupación en un documento titulado “FOPEA rechaza la pretensión de un intendente puntano de impedir el acceso de los periodistas a una causa en su contra” y registró el caso con fecha 11 de setiembre en la categoría Restricciones al acceso a la información pública.
“Desde FOPEA recordamos que el derecho de acceso a la información pública no es un privilegio de los periodistas o los medios, sino una obligación del Estado hacia la ciudadanía con el objetivo de garantizar la transparencia de los actos de gobierno” dice el pronunciamiento que visibilizó a Flores en todo el país.
“La Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento y Difusión de la Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia señala que “durante el desarrollo de juicios orales y públicos, así como en la realización por parte de organismos judiciales de audiencias u otro tipo de actos públicos, se procurará garantizar la presencia de periodistas como un modo de extender la publicidad de tales actividades y acceder así a un público más vasto”. También indica que “la información de causas en trámite o concluidas será ampliamente difundida cuando haya un interés público comprometido”, como es este caso”.
Otro párrafo de ese pronunciamiento del Foro puede ilustrar a los asesores de Flores para entender qué derechos asisten a la sociedad y en relación al ejercicio periodístico en casos de denuncias por posibles hechos de corrupción contra un intendente.
“Este derecho está garantizado por la Constitución nacional, las constituciones provinciales y pactos internacionales como el de San José de Costa Rica, que nada dicen sobre los supuestos privilegios que una persona pública podría tener para impedir su ejercicio.
Si bien hay casos especiales en los que la privacidad de las personas puede ser contemplada en un juicio (menores involucrados, violaciones), no sería el caso cuando se trata de una causa por corrupción”.
Flores podrá y tendrá que demostrar el próximo 25 de setiembre ante la Justicia que es inocente. Pero no podrá evitar que los medios hablen la denuncia en su contra.
*
La búsqueda de procesos electorales más eficientes, en línea con el tiempo presente y que mejoren prácticas del ejercicio democrático como la forma de emitir el voto, se ha instalado en el debate político.
En el escenario nacional el Senado aprobó esta semana el proyecto de la Boleta Unica de Papel.
Se trata de un instrumento electoral que muestra la oferta de todos los candidatos en un solo papel, sobre el cual el elector debe marcar los casilleros que elige en cada categoría (partido o frente electoral), papel que luego debe ingresar a la urna.
Como la Cámara Alta introdujo modificaciones en el proyecto que ya había aprobado Diputados en 2022, ahora deberá volver a esa cámara para que se consideren esos cambios.
El senador de Unión por la Patria de San Luis, Fernando Salino fue el único de los tres representantes de la provincia que se opuso al cambio de sistema electoral.
Esgrimió que el sistema, tal cual está, funciona. “En mi provincia gobernamos hace 40 años, perdimos y no hay ninguna impugnación judicial, fuimos al escrutinio en las mesas, luego al definitivo y perdimos” argumentó.
“Todos estamos acá con el sistema electoral actual, pese a todas las pestes que acaban de describir que no sé dónde suceden. ‘Se roban todas las boletas’. Es todo un drama. ¿Dónde sucede ese drama? ¿Cómo hicimos los 72 que estamos acá para llegar?”, se preguntó Salino.
En el ámbito provincial, la Legislatura aprobó la creación de una comisión que evaluará el régimen electoral provincial y municipal, la implementación de sistemas como el voto electrónico y la boleta única de papel, y la confiabilidad de los padrones.
Tendrá esa comisión trabajo extra: avanzar en la confección de un protocolo de traspaso de mando que garantice procesos de transición ordenados, transparente y que otorguen previsibilidad a las administraciones saliente y entrante.
La iniciativa, con aval legislativo, surgió tras la negativa del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá de llevar adelante un proceso de transición que facilitase la entrega del gobierno que pasaba a manos de Claudio Poggi.
En línea con estos objetivos, esta semana, el secretario de Asuntos Institucionales de la provincia de San Luis, José Giraudo firmó un convenio marco de colaboración en material electoral con el director del Instituto de Gestión Electoral de la ciudad de Buenos Aires, Adrián González.
¿Qué puede surgir a partir de la experiencia de ambos distritos? Un trabajo de colaboración institucional para fortalecer los procesos de reforma electoral.
Mientras Giraudo señala que “San Luis está en pleno proceso de realizar una reforma electoral para definir si se sale de la Ley de Lemas y si se cambia el sistema de votación por uno más moderno”, “la Ciudad de Buenos Aires viene de oscilar entre los sistemas de votación de Voto Electrónico, Boleta Única Papel, sin contar con la concurrencia de las elecciones nacionales con las locales” complementa González.
Ese encuentro fue promovido por Federico Fahey Duarte, ex-Gerente de Administración de Procesos Electorales, y ex director del Instituto de Gestión Electoral de Buenos Aires, cargo que desempeñó a propuesta del ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ante la legislatura de la Ciudad Autónoma.
*
La resolución 267/2024 de la secretaría de Industria y Comercio del ministerio de Economía de la Nación, que prohíbe que los municipios y los gobiernos provinciales incluyan tasas e impuestos en las facturas de servicios, pone en crisis el sistema que utilizan una veintena de intendentes de la provincia de San Luis que le entregaron el cobro de sus tasas a la empresa Edesal.
Los vecinos de San Luis, Justo Daract, Tilisarao, Buena Esperanza, Villa Larca, San Jerónimo, Anchorena, Beazley, Naschel, Fraga, Villa del Carmen, La Calera, Potrero de los Funes, Unión, Concarán, San Francisco, El Morro, Juan Llerena, Las Vertientes, La Punilla y Balde pagan las tasas municipales junto a la boleta de luz.
Esa resolución publicada en el Boletín Oficial el pasado 11 de septiembre otorga un plazo de 30 días de adecuación para que tanto los municipios como las empresas proveedoras de servicios se desenganchen.
De ese plazo hablan en la empresa Edesal que evalúa el impacto que esa medida tiene para con sus clientes.
La posibilidad de firmar acuerdos con Edesal para que en sus boletas se incorporaran las tasas municipales les permitía a los intendentes mejorar notablemente en sus índices recaudatorios.
Podría especularse que por varias razones: a veces, la mala calidad en la prestación de los servicios desalentaba el pago; en otros casos incide la falta de cultura de buen contribuyente por parte de los propios vecinos, como también la ineficiencia de los intendentes para armar sus propios sistemas de recaudación de tasas.
No sólo en eso deberán pensar esos jefes comunales, sino también en estar al día con el pago del consumo eléctrico de esas municipalidades. Es que también las intendencias son clientes de la distribuidora de energía -bomba de agua, alumbrado público, iluminación de edificios municipales.
Hay sin embargo casos exitosos de gestión de cobro de tasas municipales que vale la pena mirar.
El ejemplo es de la ciudad de Juana Koslay, en donde el intendente Toti Videla dejó atrás el vínculo con Edesal y mantuvo los niveles recaudatorios, inéditos si se los compara con otras intendencias.
En Juana Koslay están convencidos de que la clave es la calidad del servicio que se brinda. Si el servicio es eficiente, el ABL, o sea el alumbrado, el barrido y la limpieza, si la provisión de agua y el funcionamiento de cloacas es eficiente, el vecino lo paga a tiempo, argumentan.
Claro que hay otro elemento muy importante, y en el que repara el propio Videla: los datos.
El acceso a la información de lo que pasa en el territorio es clave, porque a partir de la recolección de esos datos duros es posible hacer un plan de trabajo. Y las herramientas digitales y de inteligencia artificial están a la mano.
Los mapas térmicos con que el Municipio de Juana Koslay trabaja le permiten a Videla conocer con un nivel de máximo detalle y con una interfaz muy práctica, la evolución de las rentas municipales, el movimiento del área comercio, las zonas que demandan acción social, y otros datos puntuales como el consumo de agua en cada domicilio.
Hay allí una buena experiencia para que observe el resto de los intendentes.
Mientras, el gobierno de la provincia de Córdoba informó que la medida nacional no tendrá impacto en ese territorio.
Argumentan que se trata de servicios regulados por el Ente Regulador de Servicios Públicos de esa provincia (ERSEP) y que los cargos que se incluyen son vinculantes. En cambio, admiten que podría impactar en las boletas de gas natural.
También el gobierno de la provincia de Buenos Aires se desmarcó de la resolución nacional para asegurar que los intendentes puedan seguir cobrando sus tasas en las boletas de luz de los usuarios.
“Existe una ley de la Legislatura provincial que habilita el cobro de la tasa de alumbrado a través de las compañías de distribución. Una resolución ministerial no puede estar por encima de una Ley», dijo Diego Rozengardt, presidente del Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba), en declaraciones a los medios.
[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]
***
