Si algo le faltaba al vacío cascarón estructural en que se convirtió el Partido Justicialista de San Luis en los últimos años era hacer una mudanza de su sede. Y sucedió.
Alberto Rodríguez Saá decidió mudar la sede del Partido Justicialista de San Luis ubicada en la calle Héroes de Malvinas a las oficinas de su diario familiar sobre Avenida Lafinur N°924.
Hasta allí tuvo que llegar un grupo de dirigentes justicialistas para participar de una reunión partidaria entre rotativas ociosas y oficinas semivacías.
La convocatoria justicialista se hizo referenciando como lugar de encuentro las oficinas del diario, día jueves, 16 horas, momento justo en que el termómetro rayaba los 40 grados.
Es curioso, porque en otra oficina a pocos metros de donde lo escuchó ese grupo de dirigentes, días antes el contador de la empresa familiar planteó sin anestesia ante los jefes de los distintos departamentos la situación financiera del diario del ex gobernador: si para marzo esta empresa no es autosuficiente con avisos del sector privado no habrá dinero para pagar los sueldos ni imprimir, les dijo. Allí adentro todos ven venir el mazazo.
Los desvaríos editoriales que le impuso Rodríguez Saá al diario de su propiedad se enmarcan en un profundo desconocimiento del rol que debe desempeñar la dirección editorial de un medio -para eso se estudia-, y lo condenan a seguir la misma suerte que otros emprendimientos que puso en marcha y que sólo se sostuvieron gracias a la providencia y calor oficial: boliches bailables (al lado de La Hoya en el Volcán), espacio teatral (Los Cedros), restaurantes (Cocot), hoteles (El Volcán), viñedos (Calígula), complejos termales (Los Tamarindos), clubes sociales (Club del XXI), una seguidilla de emprendimientos que quedaron en el olvido y que confirma que tampoco el manejo empresario es su fuerte.
Invalidado políticamente en tiempo récord, apenas han pasado 40 días de que salió de Terrazas -sin caja, sin poder, sin territorio e impotente para contener la fuga dirigencial- está a punto de perder las mayorías legislativas.
Sólo le quedan los brazos armados que le ofrece un sector gremial que siempre se benefició de sus aportes dinerarios mientras estuvo en el poder, y las páginas de su diario familiar envuelto en una crisis terminal.
Pero volvamos a la mudanza de la sede del PJ de San Luis.
El fundador del PUL, Compromiso Federal y Es Posible le acaba de dar otro golpe de vaciamiento al partido que supo ser la columna vertebral de los gobiernos que tuvo San Luis en los últimos cuarenta años, que durante mucho tiempo tuvo una sede sencilla, pero impregnada de mística, en la calle Bolívar.
Esa primera sede le dio paso el 31 de mayo de 2002 a una más moderna, más amplia y estratégicamente ubicada en la avenida de ingreso a la ciudad de San Luis; sede invicta hasta 11 de junio pasado.
Cuesta imaginar a dirigentes del justicialismo de cualquier parte del país reuniéndose en las oficinas de un diario y no en su sede partidaria. Parece otra manera de bajarse el precio.
Sin embargo allí estuvieron este jueves menos de diez intendentes justicialistas que escucharon a Rodríguez Saá a pedido de la diputada provincial, Claudia Pinelli quien formalizó esa convocatoria muy deslucida, sin figuras de peso.
A la salida, la charla se prolongó en el café de la estación de servicio que está cruzando la calle, cómo solía suceder en la sede de la calle Héroes de Malvinas.
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A este Alberto se refirió en su juramento el diputado nacional Ernesto Alí, que esta semana tomó posesión de su banca en la Cámara.
“Por mi amada ciudad de La Toma, por mi amada provincia de San Luis, por la lealtad a mi doctrina ideológica, a las tres banderas, al Alberto y para luchar contra el avasallamiento de los derechos y el atropello a las personas que vivimos en Argentina y San Luis, sí juro” dijo el “candidato natural” de Rodríguez Saá que pretende empoderarlo para la conducción partidaria del peronismo de San Luis.
Esa coronación no le parece una buena idea al intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, que días pasados pidió por internas abiertas en el partido en una entrevista en el sitio Apuntes de San Luis.
“Yo tengo una idea que vengo conversando con algunos dirigentes y creo que es la más conveniente y democrática. Llamar a elecciones internas abiertas a padrón general. Pero aprobar antes una amnistía amplia, que vuelvan todos los compañeros, trabajar por la unidad. Y luego convocar a elecciones y que los afiliados y la gente elijan a quienes crean que son los mejores para conducir la renovación partidaria. Han pasado 40 años desde que el PJ llevó adelante la transformación de la provincia y creo que se impone lo que algunos llaman trasvasamiento generacional” dijo Frontera en esa entrevista en la que le devolvió gentilezas a los ex habitantes de Terrazas.
A Poggi, dijo Frontera, “yo no le voy a poner palos en la rueda a su gobierno, como me hicieron a mí, incluso dirigentes de mi propio partido. Porque no voy a hacer lo que no me gusta que me hagan”.
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Esta semana el Gobierno provincial presentó el plan “Red de acompañamiento familiar” llamado a ser una política clave para brindar real contención y fortalecer vínculos en los sectores más vulnerables de la sociedad, y a la par despolitizar los merenderos que el anterior gobierno utilizó como unidades básicas para poner los pies en el territorio en los procesos electorales.
El tejido social de San Luis se deterioró por la falta de un Estado presente al punto de que 7 de cada 10 chicos sanluiseños viven en la pobreza. Mientras, en el interior provincial y en la periferia de ciudades como San Luis y Villa Mercedes, se reflejan las mismas condiciones de vida que llevaron a La Paz, un pequeño pueblito petrolero del norte de Santa Cruz, a ser noticia en los medios porteños por una trágica secuencia de suicidios de jóvenes de alrededor de 25 años.
¿Qué había en ese pueblito del sur argentino en la década del 90? Lo mismo que hoy se ve en los pueblos puntanos: desempleo, falta de futuro, ausencia de contención social, falta de expectativas y de estudio. Ya hoy menos de la mitad de los varones de San Luis no han terminado siquiera el colegio secundario. Es escalofriante ver cuántas similitudes hay.
La historia de lo que sucedió en ese pueblo del norte de Santa Cruz está muy bien contado en un excelente libro titulado “Los Suicidas del Fin del Mundo” escrito por la también excelente periodista y escritora Leila Guerriero.
@danielpoder Objetivo despolitizar merenderos y dar real contención a los sectores más vulnerables.
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La sociedad de San Luis parece encaminarse hacia una suerte de normalidad que podríamos arriesgar que se asemeja en mucho con su propia identidad y personalidad como pueblo.
La semana pasada en esta misma página dijimos que había que retrotraerse muchos años para recordar la imagen de un gobernador caminando en las calles de un barrio.
Febrero arrancó con otra imagen no inédita, pero infrecuente en los últimos años. Nos referimos a la presencia de un gobernador en el acto de asunción de un nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia.
Eduardo Allende tomó el mando del máximo organismo de Justicia de la provincia de San Luis y allí estuvo el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, funcionarios del Ejecutivo, el fiscal de Estado, Víctor Endeiza, autoridades de la Cámara de Diputados como su presidenta Silvia Sosa Araujo, monseñor Gabriel Barba, profesionales e invitados.
Allende rescató la importancia de ese acompañamiento que dio una imagen de reconciliación con el respeto institucional que se merecen las autoridades de los poderes públicos.
En línea con esta idea de un cambio cultural por el que transita la sociedad de San Luis hay que decir que esta semana el Gobernador volvió a poner en ejecución una política que significa un reconocimiento al mérito, al esfuerzo, a la dedicación y la perseverancia.
Hablamos de las Becas al Mérito para los tres mejores promedios del último año de cada colegio secundario estatal o privado que se traduce en un reconocimiento económico que les permitirá financiar parte de sus carreras universitarias.
Será interesante también ver qué acompañamiento hace el sector privado a partir de la iniciativa de padrinazgo o tutelaje que pueden hacer de algunos alumnos.
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La unanimidad en el repudio a los hechos de violencia que lideró el dirigente sindical Fernando Gatica al irrumpir por la fuerza en el edificio municipal habló a las claras de la intencionalidad que el mundo político leyó en esa manifestación prepotente que se vivió en la ciudad de San Luis.
El intendente Gastón Hissa habló de la continuidad del plan de desestabilización que ya denunció el gobernador Claudio Poggi y detrás del cual está el ex gobernador Alberto Rodríguez Sáa, padre de la derrota, padre del rencor.
Esta página está en condiciones de contar dónde y cómo se gestó esa movilización que alteró la paz social por un rato y alrededor del edificio municipal.
Fue hace aproximadamente quince días, en la localidad de La Toma por pedido del ex gobernador.
El intendente en uso de licencia y actual diputado nacional, Ernesto Alí fue el anfitrión de ese encuentro del que participaron además de Gatica otros dirigentes.
Allí se habló de continuar la pelea política, pero en las calles, con toda la virulencia de manifestaciones que incomoden al nuevo oficialismo. Sobre esa idea se montó también la participación de un reducido grupo de dirigentes en la marcha que el 24 de enero pasado recorrió el centro de San Luis en línea con las protestas nacionales contra el gobierno de Javier Milei.
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Rodolfo Negri, prosecretario parlamentario del bloque de senadores de la Libertad Avanza y pareja de la senadora Ivana Arrascaeta tuvo también esta semana un rol destacado entre las filas sanluiseñas de ese espacio.
El presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, Arrascaeta, Negri y el resto de los senadores mantuvieron un encuentro para hablar sobre los avances de las negociaciones y como estaría planteado el escenario en el Senado ante la inminente llegada de la llamada Ley Omnibus que tuvo aprobación en el general en la Cámara de Diputados.
La propia Villarruel había escuchado por parte de los legisladores la intención de reunirse con el presidente para avanzar en los detalles del tratamiento legislativo que la ley tendrá en el Senado. Y a las pocas horas fue la artífice de ese encuentro.
Mientras, en la Cámara Baja, los diputados nacionales por San Luis, Carlos DAlessandro, Alberto Arancibia y Karina Bachey votaron a favor de la llamada ley ómnibus, en cambio la ex jefa de Gabinete, Natalia Zavala Chacur y Ernesto Alí, en contra.
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Esta semana el gobernador Poggi se reunió con la abuela y la madre de Guadalupe, la nena que desapareció el 14 de junio de 2021 mientras jugaba en una calle de un barrio del sur de la ciudad de San Luis.
También el vicegobernador, Ricardo Endeiza participó de ese encuentro y luego se reunió personalmente con el abuelo y el padre de la nena, Daniel y Eric Lucero
El interés es genuino, dijo Silvia Domínguez la abuela de Guadalupe que reconoció que el propio Endeiza estuvo todo este tiempo en contacto con la familia.
El próximo 8 de febrero, día en que Guadalupe va a cumplir 8 años, se presentará una nueva campaña de difusión para colaborar con la búsqueda de la nena.
Impotente la Justicia de poder decirle a la sociedad dónde está Guadalupe, la familia de la nena recibe al menos un gesto empático, impregnado de humanidad por parte de los nuevos gobernantes. Tuvieron que pasar 16 días y dos marchas de por medio para que el anterior gobernador recibiera a la mamá de la nena desaparecida.
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En el país rige el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 62/2019 firmado por el ex presidente Mauricio Macri en relación a la Extinción de dominio, una herramienta que le permite a los gobiernos recuperar bienes vinculados a delitos como la corrupción y el narcotráfico. Ese instrumento a nivel nacional fue utilizado en un solo expediente, una causa en la que se investiga al llamado Clan Loza, una banda ligada al narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
En Mendoza en cambio rige una ley provincial, N° 9151 que le permitió al gobierno provincial recuperar bienes malhabidos, en este caso del intendente de Guaymallén, Luis Lobos. La propiedad, en eso caso una vivienda, fue subastada y el monto recaudado fue a parar a un fondo para equipamiento y refacción de infraestructura escolar.
Algo similar busca instrumentar el gobierno provincial en una ley de Acción Civil de Extinción de Dominio que le permita recuperar fondos de la corrupción.
Poggi insiste desde el primer día de gestión en que el dinero que falta en la provincia se lo llevó la corrupción y los aprovechados del Estado.
Por eso en el Gobierno trabajan en un anteproyecto de ley que se podría presentar el 1° de abril cuando el gobernador brinde su discurso de apertura de sesiones legislativas y marque el rumbo de la administración provincial en 2024.
El diputado Charly Pereira había sido precursor en esta idea, pero el proyecto no tuvo el acompañamiento deseado.
Más allá de la utilización de la Extinción de Dominio como una herramienta concreta para llevar adelante procesos judiciales contra quienes sean denunciados por la comisión de los delitos de corrupción y actos graves contra la administración Pereira rescata otro valor.
“Desalienta el enriquecimiento patrimonial de funcionarios que acceden a cargos públicos con el propósito de saquear el erario público… y todo esto sin perjuicio de las consecuencias penales que tengan dichos actos, como las penas de reclusión, prisión y/o inhabilitación” le dijo a DePolítica.
Otros profesionales consultados por esta página sugieren que la iniciativa se instrumente vía decreto para ponerse en sintonía con los tiempos y las demandas sociales. Es lo que pide la gente, que la devuelvan, argumentan.
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La ex ministra de las Mujeres, Género y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández y antes ministra de esa cartera en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, Ayelén Mazzina se siente desamparada.
Sin la cobertura laboral que le había asegurado en la Universidad de La Punta, la ex senadora y candidata a vigobernadora de Jorge “Gato” Fernández, Eugenia Catalfamo, Mazzina busca un nuevo horizonte y presume que estará lejos de San Luis.
Tal vez alguna universidad nacional comandada por algún rector afín al kirchnerismo podría interesarse por sus servicios a partir de la experiencia que cosechó al frente de esas carteras en lo nacional y provincial.
De la llamada “agenda feminista, verde y de la diversidad” en San Luis -manoseada políticamente- ya no quedan rastros ni en las páginas del diario familiar del ex gobernador y cuya línea editorial impuso su ex directora, María Luz Rodríguez Saá, en pleno auge revolucionario.
Lo cierto es que la joven Mazzina se siente abandonada por sus ex jefes políticos: Fernández está viviendo en España y Rodríguez Saá no cumplió siquiera con su promesa de ayudarle para que pudiese sostener sus compromisos inmobiliarios en Buenos Aires.
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Podemos ayudar.
Luana tiene 11 años. Nació con una malformación congénita en el corazón de la que fue operada en 2014 en el Hospital Garrahan y ha sido diagnosticada con una enfermedad que se llama “malformación de Chiari”.
Se trata de una afección de nacimiento en la que el tejido cerebral se extiende hasta el canal raquídeo y que ocurre cuando una parte del cráneo es anormalmente pequeña o deforme, según se lee en internet.
Vive en el sur de la ciudad de San Luis. El próximo martes tiene turno con un neurocirujano porque su enfermedad ha empeorado. Y su familia necesita fondos para poder concretar ese viaje.
Quien pueda colaborar puede contactarse con Jesica, la mamá de Luana, en el 266-5134424.
Muchas gracias.
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