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Tal como adelantó DePolítica, en las últimas horas se conocieron más casos de dirigentes que renunciaron a integrar la lista unidad que armó Alberto Rodríguez Saá para presidir el Partido Justicialista de San Luis, luego de la compuerta que abrió la intendenta de Villa de la Quebrada, Rosa Calderón, la primera en denunciar que nunca había dado su consentimiento para aparecer mencionada en una lista.
Esas bajas obedecen a que no comparten la conformación final de esa lista, o porque en realidad nunca autorizaron su incorporación y sin embargo sus nombres fueron publicados como integrantes de esa lista.
Lucas Aguilar, dirigente del departamento Belgrano es uno de esos casos.
“No he dado consentimiento de mi elección como candidato para la renovación de autoridades y por la presente solicito se me saque de dicha lista” dice la nota con su firma que ya está en manos de la Junta Electoral partidaria.
Otra dirigente de ese departamento del oeste puntano, Patricia Mattuos firmó una nota en la que denuncia: “jamás presté consentimiento y/o suscribí candidatura alguna, ni tampoco es mi voluntad la de participar de ninguna forma en las elecciones internas del partido”.
Otro es el caso de José Martínez, del departamento Chacabuco. El dirigente de la localidad de Tilisarao / Renca presentó su “renuncia en forma indeclinable” a su afiliación al partido Justicialista. Y reclama que la misma “tenga efectividad en forma urgente”. Martínez fue funcionario del gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
También el dirigente Luis “Piri” Macagno hizo pública su renuncia a la integración de la lista única que comanda Rodríguez Saá.
Macagno consideró que no ha habido una correcta lectura de lo que pasó el 11 de junio del año pasado, en alusión a la primera e histórica derrota del peronismo, precisamente guiado por Rodríguez Saá desde el gobierno provincial.
Tal como esta página ha señalado oportunamente, la lista está conformada por el núcleo duro del albertismo, gran parte de los funcionarios que lo acompañaron como parte de su Gabinete en los últimos años de su gestión, y muchos de ellos con procesos judiciales abiertos en su contra en causa que investigan hechos de corrupción.
Los crujidos del PJ se hicieron indisimulables una vez que Alberto Rodríguez Saá ordenó la proscripción del intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, el dirigente con mayor peso político dentro del PJ y quien estaba dispuesto a competir en una elección interna para favorecer la renovación dirigencial estancada desde hace 41 años.
Esa proscripción allanó el camino para que Rodríguez Saá, sin elección, se unja como presidente del partido en San Luis.
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