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El desbande dirigencial en el armado tejido por Alberto Rodríguez Saá para presidir formalmente al justicialismo puntano fue por mucho la saga política de la semana.
Las razones esgrimidas en torno a esas salidas son reacciones que expresan el malestar dirigencial con las formas con que se maneja Rodríguez Saá -nada nuevo, sólo que ahora resultan intolerables-, pero también con la idea de fondo que expresa su conducta.
El carácter inédito de esas renuncias ilumina tres hechos concretos:
Uno. La sociedad le quitó el poder.
Dos. La dirigencia le perdió el miedo.
Tres. Lo suyo es una ambición personal ahora motorizada por el rencor.
Cuestión de formas. Hubo dirigentes cuyos nombres aparecieron publicados como supuestos integrantes de la lista única que encabeza Rodríguez Saá sin siquiera ser avisados. Ese desprecio, que bien pudo disimularse en los años de poder, ya no se tolera entre los dirigentes y así quedó demostrado. La primera en denunciarlo fue la intendenta de Villa de la Quebrada, Rosa Calderón. Luego siguieron otros dirigentes del departamento Belgrano. Y hasta hubo una renuncia afiliatoria del ex intendente de Renca, José Martínez.
Cuestión de fondo. Dirigentes como Luis “Piri” Macagno o Daniel Sosa, todo un referente de los movimientos sociales, reclamaron la falta de diálogo para discutir la reconstrucción partidaria como alternativa al gobierno provincial y nacional.
Lejos de una autocrítica luego de haber conducido -desde el Gobierno- al PJ a su primera y total derrota electoral, Rodríguez Saá insiste con que él no perdió, que se mantiene invicto, y responsabiliza de la derrota a los dirigentes y candidatos que le pusieron el cuerpo a su armado de lemas y sublemas. Demasiada ingratitud.
Su empecinamiento en rodearse también en la arena política con buena parte de sus funcionarios, -para muchos, integrantes del peor gabinete de los últimos 40 años-, le quita espacio a dirigentes con aspiraciones legítimas, le baja la expectativa a lo que pueda resultar en términos de construcción política -básicamente nadie los imagina ni discutiendo ni caminando las calles de los barrios como no lo hicieron en el Gabinete-, y los pone en órsay ante la consideración social que sabe que una decena de ellos enfrenta procesos judiciales en causas en las que se investigan hechos de corrupción.
De formas. “Este método de resolución de los problemas del pejotismo será una piedra pesada en el cuello de las candidatas y candidatos del futuro electoral del PJ” dice Daniel Sosa, en un párrafo del texto que difundió en las últimas horas expresando su desazón.
“Esta lista armada sin charlas previas y con una imposición de lugares dentro de la estructura trae muchos problemas, y voy a mencionar uno: el movimiento obrero está ajeno a esta construcción pejotista. La CGT comienza un éxodo lento pero constante afuera del radar de este armado propiciado por las principales figuras del grupo chiquito que perdió tres elecciones y que no es parte del esfuerzo militante contra Macri, Milei y Poggi; simplemente porque en los barrios y las tareas reivindicativas populares hay otros actores muy importantes que no son parte de ese pejotismo acostumbrado al látigo y la billetera” reflexiona Sosa, en línea con lo que esta página advirtió sobre la ausencia de dirigentes gremiales en la lista de conducción partidaria.
“La ausencia del movimiento obrero y los movimientos populares en el armado del PJ, se notará mucho en lo que viene”, advierte Sosa, que denuncia que esos lugares hoy están en manos de “los mariscales de la derrota cultural, política y social del peronismo puntano”.
De fondo. El ex candidato a gobernador del sublema “Modelo Productivo”, Diego González lo definió en pocas palabras: “un pino, porque debajo de él no crece nada”.
Claro que si hay un dirigente que lo sufrió en las formas y en la esencia fue el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, que fue proscripto cuando pidió elecciones para disputar por la renovación y la presidencia del justicialismo puntano.
Rodríguez Saá ordenó su expulsión cuando sintió amenazada su posición de privilegio. Antes ya había ordenado devolverle el cuadro que Frontera le obsequió y en el que aparecía junto a la ex viceintendenta, Vero Bailone. Lo que se dice formas y esencia del desprecio.
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Un informe nacional elaborado a partir de estadísticas que los poderes judiciales reportan ante el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) confirmó que la justicia penal de San Luis está en el último lugar del ranking nacional en términos de eficiencia: resuelve menos de 1 de cada 100 casos.
De 19.275 casos presentados sólo hubo 17 condenas y 46 suspensiones de juicio a prueba, lo que traduce en una tasa de eficiencia del 0,33%. El porcentual refleja la capacidad del ministerio Público Fiscal para incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad. Es decir, es prácticamente nula, resultado que en deja en rojo al Procurador General de la provincia, Luis Martínez.
Esos resultados corresponden al año 2022, año en que se instrumentó una reforma judicial en la que se le asignó a los fiscales un papel central en las investigaciones.
“Con la implementación del sistema acusatorio en casi todo el país, los Ministerios Públicos Fiscales adquirieron un nuevo rol que ya no puede resumirse en la vieja fórmula de “dirigir la investigación penal”, sino que abarcan tareas tan sensibles como la identificación y priorización de mercados criminales, el diseño de estrategias de intervención con respuestas diversificadas y la participación en la implementación de la política criminal del Estado, a través de un de sus sub-políticas, como lo es la política pública de persecución penal” señala el informe que está disponible en el siguiente link: Ver informe
El trabajo de los fiscales en San Luis muestra una notoria desmejoría: en 2019 la eficacia era del 2,26%, en 2021 fue del 1,39%, contra el 0,33 actual.
“Antes teníamos el Código de Tomás Jofré, uno de los juristas más importantes de latinoamérica. Ese código, aún cuando fue retocado hace unos veinte años por Carlos Sergnese no dejó de ser el Código Jofré” le dice a DePolítica un hombre que sabe de leyes.
“El que está en vigencia es el Código Filomena – por el ex ministro de Gobierno, Fabián Filomena-, un código mal copiado de La Pampa. Hay que volver al Código viejo ya. No puede estar la Justicia en manos de doce chicos de entre 28 y 32 años, chicos que tienen 3 o 4 años de recibidos, no van a esclarecer nada… tenemos una justicia infantil. Imaginate que un muchacho de Investigaciones que no le tiene miedo ni al diablo tiene que ir a hablar con una chica de 26 años que está en la Justicia pero parece que está en Utilísima, que me disculpen el estereotipo, pero te quiero decir, es jodido el tema”.
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En el plano institucional legislativo hay que decir que el martes se tratará la reforma electoral, proyecto que ingresó al Senado. La implementación de la Boleta Unica Papel y la derogación de la ley de lemas son puntos centrales de esa iniciativa cuya elaboración surgió a partir del trabajo de la Comisión de Análisis que concluyó en un dictamen unánime.
En el ámbito del Poder Ejecutivo es difícil geolocalizar al gobernador Poggi en un punto fijo: parece incansable mientras recorre todo el territorio provincial.
En su agenda hay actos de todas las dimensiones, de menor y mayor envergadura, pero todos muy cercanos a los vecinos y alrededor de los cuatro ejes de su gestión: reconstruir el tejido social, combatir la inseguridad y la drogas, fortalecer al sector privado como generador de fuentes de trabajo genuino y fortalecer la instituciones.
De los pocos momentos en que se lo vio en el despacho surgió una de las fotos políticas de la semana. Fue el miércoles cuando recibió al intendente de Concarán, Marcelo Gil.
Hablaron de los avances de las obras que el Municipio lleva adelante como parte del plan “Construyendo con tu pueblo”.
Ambos dirigentes, tanto Gil como Poggi, aparecen con una altísima aceptación social en las mediciones realizadas en esa localidad del departamento Chacabuco y a las que tuvo acceso DePolítica.
La gestión de Gil ha crecido notoriamente en la consideración de los vecinos. El Gobernador visitará esa localidad en las próximas semanas.
Un detalle: junto al intendente Gil participaron de la reunión el secretario de Hacienda Municipal, Martín Lazzarini; la secretaria de Gobierno, Gladys Pallero y el secretario de Obras Pública, Roberto Pérez. Ninguno de los cuatro aceptó ser parte de la lista de autoridades que presentó el PJ.
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