«Si yo a alguien le he hecho daño, cómo me gustaría saberlo, ir a pedirle disculpas, o remediarlo si puedo».
Alberto Rodríguez Saá, en el video Apuntes para Gobernar.
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La primera semana de gobierno de Claudio Poggi dejó impactantes revelaciones sobre las finanzas del Estado puntano.
Alberto Rodríguez Saá fundió a la provincia de San Luis, así de sencillo.
La provincia está fundida y esto se debe a las malas prácticas de su gobierno, un gobierno ineficiente, carente de conducción, autista y sectario, que dejó multiplicar y cobijó nichos de corrupción cuyos responsables, es de esperar, deberán rendir cuentas ante la Justicia.
En los últimos ocho años se generó una matriz administrativa que se aprovechó del estado en beneficio propio, generando nichos de corrupción que han contribuido a desfinanciar la provincia, dijo el gobernador Poggi en su primer informe.
Lo dijo no menos de diez veces DePolítica en estos tres años y medio de vida.
Fue el gobierno de Antón Pirulero, en el que cada cual atendía su juego…
Podrá ser esto una novedad para buena parte de la sociedad, pero no es noticia para los dirigentes y numerosos actores sociales que sabían lo que estaba pasando y miraron para otro lado.
¿Habría fundido Alberto Rodríguez Saá la provincia de San Luis de haber ganador la elección Jorge “Gato” Fernández? Uno imagina que no.
¿Es esto entonces un castigo contra su vencedor, Claudio Poggi? Tal vez, aunque apenas le hace un poco más trabajoso sus primeros pasos en el gobierno. Cuestión de orden y tiempo.
El que verdaderamente paga los platos rotos de la decisión de Alberto Rodríguez Saá de fundir la provincia es el pueblo, incluido su disminuido coro de aplaudidores.
Allí están las víctimas de su furia, a las que debería pedirle disculpas.
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Late, acelerado, un pulso social que se apropia y resignifica aquella histórica frase pronunciada por el fiscal Julio Cesar Strassera: Nunca Más.
Como los relámpagos que sonaron en la legislatura -que Monseñor Gabriel Barba escuchó con mucha atención-, para dejar bien en evidencia esa corrupción estructural que hizo del Estado un cuerpo gangrenoso, lleno de larvas, que olía mal.
Se impone otro tiempo, otras formas, otros actores, otras prácticas, otros liderazgos. Es lo que la sociedad ordenó con su voto en las urnas.
Esta semana el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera reconoció en una entrevista al periodista Alberto Trombetta, que le armaron una municipalidad paralela. Fue una extensa entrevista radial en la que se escucha a alguien con ganas de contar la verdad.
Dijo cosas que no había dicho nunca. Allí está la historia contada por uno de sus protagonistas, el dirigente del peronismo de San Luis más importante en términos de gestión y caudal de votos, relatando, sin apuro, como querían cargárselo desde el propio gobierno.
Frontera había sido cuestionado esta semana por dirigentes radicalizados de su espacio por recibir al gobernador Claudio Poggi.
Pasa como con las cuentas públicas de la provincia fundida. Todos los dirigentes sabían lo que pasaba en Villa Mercedes, pero nadie dijo nada.
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No habían pasado un par de horas de la toma de mando en la Legislatura que ya se vio la primera señal de autoridad de Claudio Poggi, también en línea con su promesa y la demanda de la sociedad de ponerle un punto final a los privilegios y de que las oficinas del Estado no podían ser una guarida para ex funcionarios, que además habían sido derrotados en la elección de junio.
La intervención de la Universidad de La Punta en la que Rodríguez Saá le había asegurado un lugar a la senadora nacional, Eugenia Catalfamo, a su ex ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, a la ex ministra de Mujeres del gobierno de Alberto Fernández, Ayelén Mazzina y al ex candidato a gobernador y ministro del Campo, Marcelo Amitrano, entre otros fue tan sorpresiva como bien recibida a juzgar por los comentarios en las redes sociales.
Y parece que también fue bien fundamentada al punto de que la Justicia rechazó el amparo que presentaron Catalfamo y Amitrano denunciando abuso de poder.
Flaco favor le hicieron a Poggi con la carátula de esa denuncia, porque si claramente algo surgió de las urnas el 11 de junio por parte de la sociedad es el empoderamiento de un nuevo líder, cuya solidez debe construirse a fuerza de medidas como esa intervención.
Las fotos de las caras del puñado de dirigentes que acompañó a Catalfamo y a Amitrano en el Senado revelan con qué poca convicción están detrás de esa puesta en escena.
El armado de la operación mediática en canales porteños no resistió más de un par de minutos de aire.
En las últimas horas medios oficiales dieron cuenta de la realización de una denuncia penal contra Amitrano en relación al uso de vehículos oficiales y cargas de combustible por un valor de más de 41 millones de pesos, durante su paso por el ministerio de Producción.
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No puedo estar en un grupo político cuya única aspiración es que al gobierno de Gastón Hissa le vaya mal. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo la flamante concejal Laura Sánchez que con su voto permitió que Agustina Arancibia llegara a la presidencia del Concejo Deliberante de San Luis y que se cumpliera el deseo de Hissa en el sentido de que sería un buen gesto que una mujer condujera ese cuerpo legislativo.
Hay algo que deberá reconsiderar la nueva oposición. Ya nada es igual, ni lo será.
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Ernesto Alí ha sido otro de los protagonistas de la última semana. El reelecto intendente de La Toma, “Pipi” Alí -a quien esta página ha señalado como el dirigente que Alberto Rodríguez Saá proyecta para tomar la posta del Partido Justicialista- reasumió en la intendencia, pese a que fue elegido también como diputado nacional. De hecho, fue quien encabezó la boleta de legisladores nacionales que acompañó desde San Luis a Sergio Massa.
Alí prefirió quedarse -por ahora- al frente del Municipio de La Toma, aunque no se descarta que en los próximos meses pudiese renunciar y entonces asumir en la banca del Congreso nacional.
¿Cuál sería el motivo de esa demora? En el entorno de Alí entienden que son víctimas de un ataque despiadado por parte de Claudio Poggi y del partido Avanzar, lo que le impide desproteger ese territorio político dejándolo en manos inexpertas. El sucesor de Alí debiera tomar cuerpo desde la presidencia del Concejo Deliberante.
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La misma mala estrella parece iluminar el recorrido político de Alberto Fernández y Alberto Rodríguez Saá.
Ambos, pródigos en elogios mutuos, terminaron vencidos en las urnas, y dejaron las peores herencias que se recuerden en el país y en la provincia de San Luis.
Y a ambos, la jueza electoral María Servini, dejó sin partido.
En el caso de Fernández la jueza decretó la caducidad del partido Parte (Partido del Trabajo y la Equidad) por no sostener las cuatro mil afiliaciones en la Capital Federal.
Parte fue creado por Fernández en 2012 cuando rompió relaciones con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Lo mismo sucedió con el partido que creó en 2011 Alberto Rodríguez Saá llamado “Compromiso Federal”, el partido a cuya caja se transferían aportes partidarios de los funcionarios del gobierno provincial en desmedro de la caja del peronismo.
La Jueza Servini decretó la caducidad del partido Compromiso Federal porque Rodríguez Saá no presentó los libros contables.
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