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La parálisis que exhibe la construcción de un edificio en Juana Koslay –cerca de un concurrido restaurante sobre la Avenida del Viento Chorrillero-, en el que están involucrados herederos del ex funcionario Amado Rachid, promete la apertura de un jugoso capítulo judicial.
Quienes circulan por esa avenida pueden observar prácticamente solo sus estructuras, el esqueleto del edificio, sin más, desde hace demasiado tiempo.
Los acreedores de los inmuebles estarían organizándose para analizar si avanzan judicialmente por lo que consideran una descomunal estafa con ese edificio y otros inmuebles, algunos de los cuales estarían cancelados y tendrían vencida la fecha de entrega.
Allí apuntan a la responsabilidad de un escribano, clave entre los responsables del emprendimiento inmobiliario.
Otro escribano, en este caso Marcelo Quinzio presentó días pasados su pedido de jubilación ante el Colegio de Escribano de la provincia. Hay quienes creen que lo hace con premura, tal vez preocupado por las posibles complicaciones que podría traerle el avance de un proceso penal cuyo argumento es que habría consentido un acto de simulación sobre la insolvencia de un cliente.
Esa lógica complicaría también a la secretaria Judicial, Isabel Olguín Yurchag, mencionada en esa maniobra. Por su condición de funcionaria judicial y conocedora del derecho y sus consecuencias civiles y penales, quedaría expuesta como partícipe necesaria para la comisión de ese delito.
En el caso del escribano, es probable que se busque determinar si deslindó responsabilidades en la figura notarial de un documento privado denominado minuta insistida –explica un especialista-, término técnico que lo obliga, en su asesoramiento, a advertir las consecuencias de un acto simulado. Si ese instrumento no existe, el escribano también sería partícipe necesario del acto ilícito, esto es del delito de defraudación contemplado en el art. 173 inc. 6 del Código Penal.
Una fuente judicial lo explica así: “el insolventado, al transmitir sus derechos indivisos por un precio vil, también afecta las futuras legítimas de sus herederos, en este caso hijos y nietos, además de perjudicar a sus acreedores. Por cierto que ese acto simulado es absolutamente nulo”.
En el ámbito notarial nacional ya hay un aumento en la responsabilidad de los escribanos en la obligación de asesoramiento y la consecuente responsabilidad civil. De hecho, existen fallos responsabilizando a escribanos por el perjuicio que han causado por no cumplir con su obligación de asesorar.
Algo similar ocurre con la certificación de las renuncias en blanco que impulsó el ex gobernador Alberto Rodríguez Saa, a través de su ministro Sergio Freixes, por cuanto los escribanos no pueden certificar actos ilícitos y/o nulos, al igual que el acto simulado que deviene en una estafa.
En ambos casos, el Colegio de Escribanos tendrá que analizar la conducta de –al menos- dos de sus miembros.
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