Denunciaron penalmente a siete ministros de Rodríguez Saá

Los ministros de Gobierno, Fabián Filomena; de Inclusión, Nicolás Anzulovich; de Educación, Eugenia Cantaloube; de Hacienda, Eloy Horcajo; de Seguridad, Claudio Latini; el secretario de Turismo, Luis Macagno y de Salud, Cristian Niño fueron denunciados penalmente por firmar de manera ilegal contratos con beneficiarios de planes sociales y violar la Ley de Presupuesto 2023 vigente.

La acción penal ante la Unidad de Gestión Fiscal fue impulsada por el doctor Ricardo Bazla atendiendo a que esos ministros “firmaron contratos con beneficiarios de Planes Sociales otorgados por el gobierno de la provincia de San Luis, días previos a las elecciones generales del pasado 11 de junio, violando la Ley de Presupuesto 2023 plenamente vigente al momento de la celebración de los mismos”.

En la denuncia, Bazla argumenta que “todo se realizó en violación del Art. 11 de la Ley N° VIII-0253-2022 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, que fija la cantidad de trabajadores estatales y establece que “el Poder Ejecutivo Provincial no podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedras antes establecidos, norma que a renglón seguido se reproduce: “ARTÍCULO 11.- Establecer el número de cargos de la Administración Central y Organismos Descentralizados en TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE (33.757), el número de horas cátedra en SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (70.596) y el número de cargos del Poder Judicial en UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (1.431), los que se encuentran detallados en las Planillas Anexas que forman parte integrante de la presente Ley. El Poder Ejecutivo Provincial no podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos; no obstante podrá disponer modificaciones en la distribución de los mismos.”.

Siguiendo su razonamiento queda “probada la violación de la ley en cuanto a suscribir contratos por fuera de las previsiones presupuestarias vigentes” en tanto “recién en fecha 25 de julio de 2023, el Gobernador de la Provincia, Alberto José Rodríguez Saá, envió a la Legislatura el proyecto de modificación de la norma mencionada en el párrafo anterior y así, poder sumar personal a la planta de contratados. Para lo cual también se anticipa el pedido de libramiento de Oficio a la Legislatura Provincial, a los fines que remita copia del respectivo proyecto presentado por el Ejecutivo”.

“Ha habido una firma engañosa, una firma tramposa, una firma en términos de estafa, digo en términos de estafa del Código Penal, que le hicieron colocar o suscribir a distintas personas dos y tres días antes de las elecciones del pasado 11 de junio” explicó Bazla en una entrevista radial en Cadena de Noticias

“Está claro entonces que además de tener conocimiento de la inexistencia de las partidas presupuestarias, fue una concreta maniobra político-electoral. Los propios beneficiarios del Plan Inclusión y personas afectadas en esta maniobra delictiva de los ministros de Rodríguez Saá han expresado en diversas manifestaciones, tanto el viernes como ayer, que les pidieron que transmitieran a sus familias que pasaban a ser empleados públicos y dejaban de tener los planes sociales. Decir eso en el ámbito de una familia, dos días antes de la elección de gobernador, está claro que tiene una clara intencionalidad político-electoral. Bueno, en esa intencionalidad político-electoral han cometido delitos que por ese motivo han sido denunciados» aseguró el abogado.

No obstante adelantó que la nómina de denunciados podría extenderse en los próximos días. “Son los que han puesto la firma y los que han declarado en algunos casos públicamente que los contratos efectivamente los han hecho firmar ellos -dijo Bazla-. Y en algunos casos los han firmado ellos. Esto nos quita que no vaya a tener responsabilidad penal el gobernador Rodríguez Saá, porque desde el momento en que Rodríguez Sá envía a la legislatura el día 25 de julio el proyecto de modificación presupuestaria, también demuestra que tiene conocimiento del tema. No he querido incluirlo ahora porque quiero esperar la incorporación de esa prueba cuando la legislatura envíe al Poder Judicial el proyecto de modificación que ha enviado Rodríguez Sá. Pero eso nos quita que tenga responsabilidad penal. Y también responsabilidad civil en cuanto a responder con sus propios bienes por los daños causados. Por eso digo que, en principio, son estos siete minutos. Pero esto puede ampliarse”.

La denuncia