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Con una crítica lectura del actual escenario social y de gobierno en la provincia, y con definiciones políticas de cara al armado opositor para competir por la gobernación en 2023, Claudio Poggi presidió esta tarde de sábado una Asamblea General Partidaria abierta de Avanzar San Luis de la que participaron unos 600 dirigentes.

«La gente está preocupada porque no le alcanza la plata, porque les roban, porque no hay trabajo, porque tienen un hijo con adicciones y no los ayudan. Estemos cerca de la gente. Escuchemos a nuestros vecinos» le pidió Poggi a los dirigentes y simpatizantes que se llegaron hasta Juana Koslay.

«Una de cada dos familias en San Luis son pobres. Tenemos 50% de pobreza. Eso significa que miles de familias puntanas a duras penas pueden alimentarse, vestirse y sobrevivir cada día. La pobreza genera desesperanza, porque anula las expectativas de futuro de quienes están hundidos en ella. Tenemos que ganar para cambiar y torcer este modelo» dijo Poggi, antes de hacer una mención puntual a la situación por la que atraviesan los trabajadores del Plan de Inclusión.

«En esto tenemos que ser muy claros. Al momento de que lleguemos al gobierno, los beneficiarios del Plan de Inclusión, los merenderos, los planes sociales, no se tocan. El sistema de contención barrial no se toca, está garantizado hasta tanto les consigamos un trabajo mejor y pongamos en marcha un plan de desarrollo productivo para que todos puedan estar mejor. El Plan no se toca hasta tanto pongamos en marcha la provincia. Ellos van a estar mejor con nosotros» aseguró Poggi.

En su discurso hubo un rescate de lo que fue el peronismo de las viviendas, de la industria, del trabajo, ejes que “hoy no están con Alberto Rodríguez Saá”.

También hubo párrafos puntuales sobre el armado político de un gran frente electoral.
«Avanzar es un partido frentista. En el 2023 vamos a estar juntos a todos los que quieran ganarle a Alberto Rodríguez Saá. Tenemos un frente con el PRO y el Partido Demócrata. Funciona muy bien y debemos ampliarlo… Hemos aprendido de las experiencias, nos vamos a unir con todos los que quieran ganar. Nosotros vamos a tener el corazón bien abierto con los “peronistas No K”, que no están con Alberto Rodríguez Saá y quieran ganar y cambiar este modelo” dijo Poggi en su más clara invitación a sumar fuerzas opositoras.

Y continuó: «Miremos al partido Radical. La conducción, no sabemos si quieren ganarle a Alberto Rodríguez Saá, pero les aseguro que muchos de ellos le quieren ganar, quieren ganar la gobernación por primera vez en San Luis. Abramos el corazón a los peronistas y radicales que quieran cambiar este modelo y ganar en San Luis».

Antes de desarrollarse el temario previsto, Poggi en su rol de presidente del partido expresó su preocupación por el rol del gobierno provincial y de la Justicia de San Luis, en la investigación por las muertes en situaciones sospechosas de Magali Morales y Franco Maranguello, ocurridas en comisarías de la Provincia, y sobre la desaparición de Guadalupe Belén Lucero.
«Es llamativo el accionar del gobierno y la justicia provincial en el caso Guadalupe, llama mucho la atención el modo en que han actuado. No tengan dudas: si cuando nos toca ser gobierno, lamentablemente la pequeña sigue sin aparecer, pondremos todos los recursos necesarios para llegar a la verdad, caiga quien caiga».
Luego del inicio formal de la Asamblea, Guillermo Araujo, en su calidad de responsable del Seminario «Capacitarse Para Gobernar» brindó un informe sobre el cursado del mismo y sobre la modalidad en que se está desarrollando.

Según el despacho de prensa del partido Avanzar, el segundo punto que se abordó fue el Foro Productivo que se viene realizando en todo el territorio provincial. Federico Trombotto fue quien informó sobre las reuniones que se realizaron con el sector industrial y productivo, en la búsqueda de la generación de trabajo genuino en la provincia y se entregó un documento a la Asamblea sobre lo trabajado hasta el momento.

A pedido de un grupo de jóvenes, se decidió la puesta en marcha de «Avanzar Joven» un espacio partidario de trabajo para dirigentes y simpatizantes de hasta 30 años.
Ricardo Endeiza, en su carácter de presidente de la Asamblea Partidaria, anunció el inicio de una nueva campaña de afiliación en todo el territorio provincial, la cual se iniciará en los próximos días.

En su discurso de cierre, Poggi destacó la importancia del Seminario de formación que se está realizando. «Necesitamos formarnos porque vamos a administrar los fondos públicos de los sanluiseños. No podemos hacer como pasa ahora, que los funcionarios van de un lado para otro improvisando».
En relación al foro productivo que se viene realizando, consideró la necesidad de trabajar junto al sector privado para planificar el San Luis que se viene. «Necesitamos armar un plan que genere trabajo genuino. Hoy quienes generan trabajo no tienen quienes los escuchen en el gobierno. Necesitamos volver a crecer».

Poggi rescató la importante labor que vienen realizando los intendentes de Avanzar en toda la provincia y sobre la labor que realizan los legisladores provinciales y municipales «muchas veces en soledad en los Concejos Deliberante y en minoría en la Legislatura provincial están marcando los errores y atropellos del oficialismo provincial, realizando una gran tarea».

El diputado provincial, Gastón Hissa formuló un proyecto de solicitud de informe para conocer y transparentar los recursos que destina a pauta publicitaria el Gobierno de la provincia de San Luis.

La iniciativa apunta a conocer el marco legal al que se somete el Gobierno puntano para adjudicar los recursos para publicidad de los actos de gobierno, conocer si existe un registro de titulares de medios de comunicación que reciben pauta publicitaria oficial, indicar si existe un criterio de distribución porcentual entre los distintos tipos de medios: televisivos, radiales, escritos y plataformas digitales. También se incluye la publicidad en la vía pública, cartelería, y medios gráficos.

El pedido de informe del diputado Hissa va en línea con una de las observaciones hechas en el informe anual del Foro de Periodismo Argentino FOPEA.

En ese documento se habla de la limitación de la libertad de opinión: “existe una fuerte dependencia publicitaria de los medios a la pauta oficial concentrada por el Gobierno provincial, quien la monopoliza a cambio de que no se critiquen sus actos. La censura en la libre opinión llega al extremo de desplazar a periodistas y conductores de programas que invitan a opositores”.

La iniciativa pretende también conocer en detalle y de manera precisa quiénes son los proveedores y la modalidad de contratación que se sigue en la actualidad, cómo también cuál el criterio para la toma de decisiones en la elección del espacio publicitario en un programa u otro.

También solicita se informe “de manera detallada los fondos públicos destinados al canal estatal Canal 13, debiendo informar el sueldo de cada uno de los periodistas que conforman la programación del referido canal”.

Al margen del pedido de Hissa, vale señalar que una encuesta que ordenó la asesoría de comunicación de Terrazas del Portezuelo en la previa de las elecciones del año pasado, revelaba que sólo 12 de cien puntanos miraban el canal estatal, y era un público mayor de 60 años.

Libres del Sur, el espacio que en San Luis lidera Joaquín Mansilla dio a conocer un comunicado con un fuerte pronunciamiento advirtiendo que lo que busca la vicepresidenta Cristina Kirchner con su crítica al manejo de los planes sociales es un intento de repetir “el modelo que Alberto Rodríguez Saá implementó con el Plan de Inclusión: un programa clientelar, de persecución y maltrato permanente”.

La suya fue una de las voces que se escuchó en las últimas horas en San Luis para defender el espacio de las organizaciones sociales con presencia territorial.

“En San Luis ya conocemos cómo  trata el gobierno a las familia más humildes utilizando los planes para extorsionarlas o quitarles sus ingresos en medio de la crisis actual” señala el comunicado cuyo contenido compartimos a continuación.

CRISTINA DEMONIZA A LAS ORGANIZACIONES QUE ENFRENTAMOS EL AJUSTE

La vicepresidenta sostiene que los planes sociales deben ser administrados por los gobernadores e intendentes. Este planteo, en San Luis, es sin dudas repetir el modelo que Alberto Rodríguez Saá implementó con el Plan de Inclusión: un programa clientelar, de persecución y maltrato permanente. Lo que buscan Cristina y Rodríguez Saá es tener a más gente de rehén para impedir que protesten. A ambos les molesta la lucha de los sectores populares que enfrentan el ajuste de sus gobiernos.

El discurso de la vicepresidenta y del gobernador busca demonizar a las organizaciones populares, busca demonizar la protesta social. Algo que innegablemente favorece el discurso de la derecha y los sectores del poder que justamente piden más ajuste y castigar la protesta popular.

Lo que más le sirve a los sectores de derecha que quieren gobernar la argentina desde 2023 es que sea hoy Cristina Fernández la que debilite a quienes hoy tienen fuerza en la calle y protestan, para ellos gobernar con menos resistencia a sus planes económicos. En definitiva, para demonizar la protesta social no hay grieta.

Y un argumento con el que insisten desde ambos extremos es el de simplificar los reclamos de los movimientos sociales diciendo que solamente pedimos más planes, cuando las banderas principales desde siempre fueron exigir trabajo genuino y digno, y luchar por un país más justo con un modelo de distribución de la riqueza.

En San Luis ya conocemos cómo  trata el gobierno a las familia más humildes utilizando los planes para extorsionarlas o quitarles sus ingresos en medio de la crisis actual. Y Cristina, que habla como si no fuera parte del gobierno, con ese modelo clientelar intenta desmovilizar a la sociedad para favorecer un plan de ajuste antipopular.

Debemos seguir en la calle luchando para frenar este modelo de ajuste y persecución, para mostrar que con más trabajo y participación popular hay otro rumbo para la Argentina.

Por dirección política de Libres del Sur san Luis
Joaquin Mansilla
Ailen Chaine

El Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, uno de los mandatarios provinciales que esta semana participó del plenario de Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales en el Senado para argumentar en defensa de la iniciativa que impulsan los gobernadores peronistas para ampliar de cinco a veinticinco el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, enfrenta en San Luis no menos de tres escándalos judiciales que estallaron en los últimos días.

Cronológicamente el primero de ellos fue su intención de nombrar a su vicegobernador, Eduardo Gastón Ramón Mones Ruiz como integrante del Superior Tribunal de Justicia puntano. El unánime rechazo que expresaron los colegios de abogados de toda la provincia, la dirigencia política opositora y numerosas instituciones de San Luis, terminó abortando ese “atropello institucional” -tal como fue definido por las principales figuras políticas puntanas- y obligó al vicegobernador a rechazar la propuesta, generando un quiebre político en su relación con el gobernador.

A ello le siguió la postulación de 30 abogados -la mayoría, actuales funcionarios provinciales- para ocupar cargos como fiscales y defensores adjuntos de las distintas circunscripciones judiciales puntanas.

Luego del acuerdo otorgado por los senadores del oficialismo a esos nombramientos estalló el escándalo: sólo uno de los 30 candidatos aprobó el examen que les tomó la comisión evaluadora del Consejo de la Magistratura. Uno aprobó, once no se presentaron a rendir y dieciocho fueron declarados “no recomendables” para esos cargos.

Pese a esas observaciones, el pasado viernes en el Salón Blanco del Superior Tribunal asumió una primera tanda de diez de esos fiscales, a los que la presidenta del Superior Tribunal, Carolina Monte Riso dijo -suponemos que quiso deslizar una ironía- que desconocía que eran funcionarios del gabinete provincial.

Pero un nuevo escándalo sacude a la administración Rodríguez Saá: esta semana se conoció que el Superior Tribunal de Justicia puntano le otorgó al bufete de abogados que dirige el actual ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena -en cuya cartera se digitaron los nombres de esos 30 fiscales- la ejecución de las tasas judiciales de la provincia de San Luis. El estudio se llama LEG, tiene domicilio a escasos 50 metros de la Corte puntana, y en el ejercen también dos abogados que son funcionarios empleados del ministerio de Filomena.

El ministro de Gobierno, dos de las actuales juezas, Carolina Monte Riso y Cecilia Chada, y la ex presidenta del Tribunal, Lilia Novillo fueron denunciados penalmente esta semana. En el caso de las juezas, por ceder la ejecución de las tasas judiciales al estudio que se referencia en el ministro Filomena, sin llamado a concurso y dejando afuera a unos 4 mil estudios que hoy litigan en San Luis.

En tanto los Colegios de Abogados de San Luis y de Villa Mercedes no sólo cuestionaron con firmeza esas asunciones, sino que desmintieron al Gobernador Rodríguez Saá en relación a su supuesto beneplácito sobre el proyecto de ampliar la Corte nacional de 5 a 25 miembros. Rodríguez Saá dijo en el Senado que los colegios puntanos estaban “maravillados” con esa iniciativa. Nada de eso es verdad.

Pese a todo este escenario Rodríguez Saá redobló la apuesta y abrió una nueva página en la agenda relacionada con la Justicia: la construcción de una “Ciudad Judicial”, que se ubicaría en el cruce de la Autopista Santos Ortiz y la Avenida Lafinur, en un radio de 9 hectáreas de la capital puntana.
Tres de los sietes funcionarios judiciales y del Ejecutivo que se sentaron en esa mesa de la que nació el anuncio, ya tienen denuncias penales: Filomena, Monte Riso y Chada.

El resto fueron los jueces Jorge Levingston y Jorge «Gato» Fernández, el procurador general de la provincia, Luis «Lucho» Martínez, y el secretario General de la Gobernación a cargo del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá hijo.

La primera etapa del proceso consistirá en un relevamiento que deberá estar terminado a fines de este año, para conocer las necesidades edilicias de quienes se desempeñan en cualquier ámbito judicial. Con esa información será el ministerio de Obras Públicas el encargado de proyectar la obra.

A contrarreloj de las asunciones de nueve de los veintinueve fiscales que no pasaron por los exámenes de la Comisión Técnica Evaluadora del Consejo de la Magistratura, la Unión Cívica Radical expresó a través de un comunicado de prensa su rechazo a esa concreción.

“Los sanluiseños durante 180 días estaremos bajo libertad condicional” lleva como título el comunicado que firmaron el presidente del partido, Jorge Lucero y el secretario General, Ricardo Lemme.

“Si el Superior Tribunal de Justicia les tomara juramento a fiscales que no cumplieron con el examen para acreditar la idoneidad para el cargo, la libertad, el honor, el patrimonio y hasta la vida de los sanluiseños se encontrará bajo libertad condicional” señala el comunicado que se conoció esta tarde de jueves.

El Superior Tribunal se dispone a tomarle juramento a esos fiscales este viernes a las 10 horas, en el Salón Blanco del palacio judicial.

A continuación el comunicado:

Un grupo de más de 70 abogados y dirigentes de la provincia de San Luis hicieron pública y presentaron una Carta Abierta a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de San Luis pidiéndoles que no le tomen juramento a los fiscales que no rindieron el examen correspondiente.

El pronunciamiento llega a 24 horas de que asuma una primera tanda de los 30 fiscales y defensores que, o no se presentaron a rendir, o fueron reprobados y considerados “no recomendables” por la Comisión Técnica Evaluadora del Consejo de la Magistratura.

Esos fiscales o defensores son abogados y la mayoría de ellos funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá quien los propuso para que asuman.

Los abogados Ricardo Endeiza, Francisco Guiñazú, Ricardo Bazla y Hugo Pipo Rossi fueron quienes se encargaron de entregar personalmente en el Superior Tribunal de Justicia la carta dirigida a los jueces, que dice lo siguiente:

CARTA ABIERTA

SRES. MINISTROS DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PCIA.

DE SAN LUIS

Con profunda preocupación advertimos  que el máximo Tribunal fijó fecha  de JURAMENTO para el próximo viernes (1/7/22) a funcionarios del Poder Judicial  que no tuvieron el proceso de evaluación previsto en la ley 615/08,  que procura garantizar la “IDONEIDAD”, inexcusable requisito de admisibilidad (art. 23 de la Constitución Provincial y art. 16 de la Constitución Nacional) para ocupar éstos cargos, lo que resulta de una extrema gravedad institucional, pues la vida, libertad, propiedad y honor de los sanluiseños,  dependerá también de dichas personas que sólo acreditan vínculos con el poder dominante en la provincia.-

Sres. MINISTROS: Uds. deben ejercer de oficio el control de constitucionalidad de las normas que aplican (art. 210 de la Constitución Provincial), por lo que no pueden devaluar el MÉRITO y la IDONEIDAD como parámetros constitucionales,  invocando normas de menor jerarquía  o razones de excepción que en la actualidad ni siquiera existen, pues transcurrió casi un (1) año desde que fuera sancionado el nuevo código de procedimientos penales  (ley 0152-2021).-

Por la razón dada, es que solicitamos se abstengan  de tomar juramento a todos los funcionarios elegidos discrecionalmente por el poder ejecutivo y los senadores del oficialismo; Ello, sin la previa evaluación integral de la personalidad del postulante que incluye su evaluación técnica, física y psíquica (art. 199 inc. 2 de la C.P.).-

Solo así preservarán las instituciones de la República y cumplirán el juramento de hacer cumplir la Constitución que formularon al asumir sus cargos.-

Atentamente

La carta lleva la firma de

Francisco Guiñazú, María Eugenia Gallardo, Hugo Rossi, Roberto Pagano, Gastón Hissa, Juan José Laborda Ibarra, Adolfo Castro Luna, Mónica Becerra, Ricardo André Bazla, Federico Trombotto, Miguel Angel Bonino, Carlos Pereira, Guillermo Belgrano Rawson, Ricardo Endeiza, Ingrid Blumencweig, María Fabiana Zárate, Federico Fonzar, Luciana Perano, Mauricio Daract, Cecilia Lucero, Valeria Lange, Guillermo Araujo, Gabriela López, Celeste Aparicio, Maria Gabriela Mancilla, Agustina Arancibia Rodriguez, Claudia Dassa, Ricardo Andreotti, Alberto Andreotti, Osvaldo Andreotti, Lucio Pereira, Héctor Raúl Cangiano, Héctor Mario Cangiano, Enrique Osvaldo Ipiña, Julio Cesar Fernández Triches, Nancy del Valle Albornoz, Marisa Patafio, Alberto José Pérez, Cecilia Hissa, Laureano Landaburu, María Estefanía Biurrun, Marcelo Bathauer, Ignacio Olagaray, Juan Manuel Quiroga, Rafael Berruezo, Héctor Casal, Rosa M. González, Luis Pagano, Pamela Luna, Norma Elena Pastor, Lucas Marinelli, Vicente Alejandro Britos, José Luis Barroso, Francisco Eduardo Pagano, Cristian Hartman, Nelly Gladys Pérez, Luciano Dave, Adriana Tissioto, Daniela Montalvini, Claudio Sacchi, Alberto Gallardo, Ada Mariella Ortega, Ariel Arnaldo Carboni, Silvina Dominguez, Cruz Graciela Aguilera, Nélida Figuerola, Daniel Vizcaíno, Guillermo Di Paolo, Ariel Ayello

Y siguen las firmas.

Los abogados Ricardo Bazla y Lucio Pereira denunciaron penalmente al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena por la probable violación del Artículo 166 de la Constitución Provincial, por la supuesta violación de la Ley de Colegiación de Abogados y por la posible comisión de negocios incompatibles con la función pública.

La denuncia penal también involucra a las juezas integrantes del Superior Tribunal de Justicia provincia, Carolina Monte Riso y Cecilia Chada, y a la ex jueza Lilia Novillo por la supuesta violación al régimen de contratación de la provincia.

El caso surgió a partir de una investigación periodística que reveló que fue ajdudicada en forma directa la ejecución de las tasas judiciales de la provincia de San Luis al estudio jurídico particular que se referencia en el ministro de Gobierno, Fabián Filomena.

A partir del ingreso de esta denuncia penal a la Justicia, en aproximadamente cinco días debería haber un pronunciamiento fiscal y en unos quince días un llamado a ratificación de la denuncia.

Las tres acusaciones que pesan sobre Filomena fueron claramente tipificadas:

1. Posible violación de la Constitución Provincial, que en su artículo 166 señala que “Los ministros gozan de sueldo y de los gastos de representación establecidos por ley. No pueden desempeñar otro empleo, profesión u oficio, ni percibir otro emolumento, directa o indirectamente dentro o fuera de la Provincia.
2. Posible violación de Ley de colegiación de Abogados, en lo referido a la imposibilidad de que un abogado en funciones para la administración pública provincial siga ejerciendo la profesión en el ámbito privado.
3. Por la posible comisión de negocios incompatibles con la función pública, delito en el que queda incurso según lo establece el Artículo 265 del Código Penal, el funcionario que se interese en un negocio vinculado con su función en el Gobierno.

Tanto las actuales juezas Carolina Monte Riso, como Cecilia Chada y la ex presidenta del Superior Tribunal, Lilia Novillo -quienes firmaron el acuerdo por el que se le concedió a LEG Estudio Jurídico la ejecución de las tasas judiciales- también fueron denunciadas penalmente.

En este caso por la posible violación al régimen de contratación de la provincia, que obliga a realizar un llamado a licitación. Al haberse adjudicado la ejecución de tasas a un estudio jurídico en forma directa, se habría violado el principio de concurrencia.

Miles de docentes de toda la provincia se convocaron en la tarde de este martes para marchar por las calles de la ciudad de San Luis “en defensa del estatuto docente” y contra las políticas que lleva adelante el Gobierno provincial y que generan el “vaciamiento del sistema educativo”.

La movilización que se realizó sin ningún tipo de inconvenientes ni hechos de violencia fue convocada por el Frente Gremial Docente que integran Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE) y la Unión Docentes Argentinos (UDA). A la convocatoria se sumó el Colectivo de Docentes Autoconvocados.
“Los docentes querían levantar su voz para hacer escuchar sus necesidades en el ámbito educativo. Son necesidades que venimos expresando desde hace mucho tiempo. Nombramientos docentes en tiempo y forma, carrera docente, equipo directivo, basta de monotributo, basta de contrato de trabajo, creación de escuelas públicas de gestión estatal, necesitamos que se respete el estatuto” expresó Soledad Correa, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial.

Juan Acornero, del sindicato que nuclea a los docentes privados señaló que “cada logro que tiene el docente estatal, para nosotros significa otra lucha. Son ochenta patronales y tenemos que discutir una por una para que cumplan”.

“Hay una realidad, y es que las aulas se están vaciando porque los papás ya no pueden pagar las cuotas, porque hace diez años que no se crean fuentes de empleo, sumando a la pandemia que según los datos se han cerrado 300 comercios, en donde trabajan muchos papás que mandan sus hijos a escuelas privadas” explicó Acornero.

Tal como señaló esta página en ediciones anteriores, los docentes sufrieron este año una muy mala experiencia que golpeó sus expectativas luego de una fallida convocatoria a paritaria que sólo duró tres encuentros.

En pocas horas quedó en evidencia que el Gobierno de Rodríguez Saá se mantiene firme a pesar de los años pasados, en su idea de introducir modificaciones en el Estatuto docente, algo que el colectivo de maestros puntanos resiste como una bandera inclaudicable de sus logros gremiales.

La marcha encontró a la ministra de Educación, Eugenia Cantaloube en Europa.

Las razones que esgrimió el gremio SADOP para convocar a la marcha.

¿Para qué marchamos?
1 – Para que se nombren Docentes
2- Para que se respete la carrera Docente
3- Para que los equipos directivos estén integrados completamente
4- Para que los Actos de Nombramiento Docente, sean presenciales
5- Para decir NO al monotributo, como forma de contratación
6- Para que se nombren supervisores
7- Para que no existan contratos «basura», en la actividad docente
8- Para que no se cierren escuelas, no se quiten horas y no se dejen Docentes «en disponibilidad»
9- Para que no se precarice la profesión docente.
10- Para que no se modifique el estatuto docente.
11- Para que el salario Docente, no se liquide con  cifras no remunerativas.
12- Para que el salario docente, se pague sin descuentos para el que más trabaja.
13- Para que los docentes, podamos jubilarnos dignamente.

«Marchamos para que todo el pueblo sepa cuál es la verdadera realidad»

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis le otorgó al bufete de abogados del ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena la ejecución de tasas y multas del Poder Judicial puntano.

Eso es lo que reveló un artículo del diario digital El Chorrillero que cita documentación oficial como el convenio homologado el 17 de septiembre de 2020 y firmado por las juezas Carolina Monte Riso, Cecilia Chada y Lilia Novillo, quien tres meses después renunciaría al máximo órgano judicial de la provincia.

De acuerdo a esa documentación citada en el informe, esas juezas autorizaron al bufete con domicilio en el 5° piso, departamento “C” del edificio de 9 de Julio N° 1008, a ejecutar el cobro de tasas y multas, a través del Acuerdo N° 442.

La directora de Contralor de Tasas, Ana Nigra fue quien firmó ese convenio en representación del Poder Judicial, y en nombre de LEG Estudio Jurídico lo hizo la doctora Candela Luaces Pérez, cuyo nombre aparece en una de las marquesinas plásticas que identifican la oficina de ese estudio en el ingreso de ese edificio.

Otro cartel similar dice que, en el mismo piso, en el mismo departamento, y con el mismo teléfono del estudio de Luaces Pérez, está la oficina jurídica del ministro de Gobierno, Fabián Filomena, bajo el nombre de estudio LICERH, al que Luaces Pérez se unió en 2017.

Un dato adicional apuntala esa conexión: el domicilio fiscal del ministro es el mismo del estudio jurídico al que se le adjudicó la ejecución de las tasas judiciales. Y curiosamente también allí tienen su oficina otros dos funcionarios empleados del ministerio de Filomena: la jefa del Programa Justicia, doctora Gimena Flores Blanchet, y el Jefe del Subprograma Reforma Legislativa, doctor Facundo Cañas Morsino, ambos integrantes del staff de LEG Estudio Jurídico. Esa condición de funcionarios y de abogados pertenecientes a un mismo estudio se puede constatar en el organigrama oficial del ministerio de Gobierno y en la web del propio estudio jurídico.

¿Qué rol le cabe al estudio a partir de la firma de ese convenio? Ni más ni menos que “la promoción, prosecución, seguimiento, control y finalización de todas las acciones judiciales y toda presentación y gestión judicial dirigidas al resguardo del crédito fiscal de la Provincia” cita el informe periodístico.

¿Dónde radica la relevancia de la publicación periodística? En que revela un doble status de Filomena: por un lado es el titular de la cartera en cuyas mesas se definen los nombres de jueces, fiscales y defensores de la provincia de San Luis; y por otro, es el referente del estudio jurídico responsable de la ejecución del dinero correspondiente a las tasas judiciales de la provincia de San Luis.

Este martes 28 de junio, desde las 18 y con concentración frente a la sede del Correo Argentino, las agrupaciones que nuclean a los docentes puntanos marcharán para protestar contra las políticas del Gobierno en materia educativa.

La marcha será en “defensa de la educación pública” y contiene un fuerte reclamo contra la precarización laboral por la creación de escuelas generativas o digitales para impedirles a los docentes que puedan ejercer sus derechos y protegerse legalmente en su estatuto, pero también contra la falta de nombramientos de personal docente y directivo, el estado edilicio de las escuelas y el desfinanciamiento del sector.

Los referentes de UDA, ASDE, UTEP, SADOP y el Colectivo de Docentes en Lucha, todos integrantes del Frente Gremial Docente, decidieron reforzar la convocatoria para que participe el mayor número posible de docentes, dado que entienden que el Gobernador Rodríguez Saá intentó desmovilizar esta protesta -originalmente anunciada hace dos semanas atrás- otorgando un aumento salarial del 14% para los estatales.

En esa conferencia, la Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial-UTEP, Soledad Correa Amiotti; el Secretario general de ASDE, Daniel Gozainy; el Secretario de la Unión Docentes Argentinos-UDA,  Jorge Lazzarini, y el Secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Privados-Sadop, Juan Accornero,  habían adelantado la realización de esta medida de protesta.

Por eso la organización de la marcha contempla también la salida de colectivos desde Merlo y Villa Mercedes, hacia la ciudad de San Luis, con aquellos que quieran sumarse a la protesta.

Los docentes tuvieron este año una muy mala experiencia con una fallida convocatoria a paritaria que sólo duró tres encuentros, y en los que el Gobierno se mantuvo firme en su idea de introducir modificaciones en el Estatuto docente, algo que el colectivo de maestros puntanos defiende “con uñas y dientes” luego de lo que fueran las jornadas de protesta y conquista del año 2004.

El gremio Sadop publicó en su sitio web una suerte de proclama en la que justifica la realización de la marcha, con los siguientes objetivos:

¿Para qué marchamos?
1 – Para que se nombren Docentes
2- Para que se respete la carrera Docente
3- Para que los equipos directivos estén integrados completamente
4- Para que los Actos de Nombramiento Docente, sean presenciales
5- Para decir NO al monotributo, como forma de contratación
6- Para que se nombren supervisores
7- Para que no existan contratos «basura», en la actividad docente
8- Para que no se cierren escuelas, no se quiten horas y no se dejen Docentes «en disponibilidad»
9- Para que no se precarice la profesión docente.
10- Para que no se modifique el estatuto docente.
11- Para que el salario Docente, no se liquide con  cifras no remunerativas.
12- Para que el salario docente, se pague sin descuentos para el que más trabaja.
13- Para que los docentes, podamos jubilarnos dignamente.

«Marchamos para que todo el pueblo sepa cuál es la verdadera realidad»

Foto portada: La Bulla / Comunicación Alternativa.

El próximo viernes, nueve candidatos que no se presentaron a rendir el examen ante la Comisión Técnica Evaluadora del Consejo de la Magistratura, asumirán como fiscales de la Justicia puntana.

Se trata de nueve de los 30 abogados que propuso el Gobernador Rodríguez Saá para ocupar cargos de fiscales y defensores adjuntos en la Justicia y de los cuales 29 o no se presentaron a rendir o reprobaron el examen y fueron considerados “no recomendables”.

Estos nueve que no pasaron por la evaluación fueron ratificados en los Acuerdos 156, 157, 158, 1650 y 160 del Superior Tribunal de Justicia.

El acto de asunción se llevará a cabo el viernes a las 10 en el Salón Blanco del palacio judicial.

Los nueves nuevos funcionarios judiciales serán:

1. Héctor Jesús Andina, fiscal adjunto de la primera circunscripción

2. Silvina Ayelén Arguello, fiscal adjunto de la tercera circunscripción (Villa de Merlo y zonas aledañas).

3. Lorena Karina Mónica Ohanian, fiscal adjunto de la tercera circunscripción (Concarán o Santa Rosa y zonas aledañas)

4. Yamila Vanes Mora, fiscal adjunto de la segunda circunscripción.

5.- José Martín Peñaloza, fiscal adjunto de la segunda circunscripción.

6. Marina Fernanda Andino, fiscal adjunto de la segunda circunscripción.

7. Natalia Kremnitzer, fiscal adjunto de la primera circunscripción.

8. María José Scivetti Arce, fiscal adjunto de la primera circunscripción.

9. Claudia Patricia Heit, fiscal adjunto de la primera circunscripción.

El desempeño del actual ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena ha quedado muy por debajo de la expectativa para ese cargo.

Su cartera ha cometido no menos de cinco yerros que le han costado al Gobierno provincial dolores de cabeza y fuertes cuestionamientos tanto en el ámbito político como a los ojos de la sociedad en general, todo un dato en tiempos en que los mortales tienen otras preocupaciones más acuciantes que las intrigas políticas.

El desmanejo que tuvo en el desarrollo y desenlace de la propuesta del vicegobernador, Eduardo Gastón Ramón Mones Ruiz como juez del máximo tribunal de justicia puntano quedó evidenciado en la manera en que se enteró del rechazo: mientras participaba de un acto en el mismo momento en que el vicegobernador decía No en el Senado.

La noticia política del año traspasó las barreras del círculo rojo, despertó la curiosidad de la sociedad en general y generó un profundo rechazo al dejar al descubierto el desprecio institucional con el que se mueve el Gobierno.

Algo similar se percibe por estas horas con el bochorno protagonizado por 29 de los 30 aspirantes a cubrir cargos como fiscales y defensores de la Justicia, la mayoría de los cuales tiene aceitados vínculos en ese ministerio y/o trabajan en Terrazas del Portezuelo.

Sólo uno de esos 30 aprobó el examen, 18 ni siquiera se presentaron a rendir y los 11 restantes fueron declarados no recomendables por la Comisión Técnica Evaluadora designada por el Consejo de la Magistratura.

También los Senadores oficialistas deberían revisar los procedimientos vigentes, que les hicieron dar conformidad para ocupar esos cargos a ese grupo de profesionales de dudosa idoneidad, a juzgar por los resultados de esas evaluaciones. Primero dan conformidad, y luego se los reprueba en un examen.

Está escrito su nombre en la memoria política de San Luis, por las salidas del máximo Tribunal de Justicia de los jueces Carlos Cobo y Martha Corvalán. Esa gestión tuvo otra firma al pie: la del entonces amigo, el vicegobernador Mones Ruiz. Esos ex jueces reportan hoy como asesores del ministerio de Gobierno.

Fue también Filomena quien negoció los acuerdos electorales incumplidos y fallidos, que le valieron al gobierno -amén de su raquítica gestión- dos derrotas electorales en sólo 60 días.

Sin jefe de Gabinete en el gobierno, Filomena queda expuesto al no intervenir para evitar que la ministra de Educación, Eugenia Cantaloube camine hacia el precipicio en una paritaria docente tan inédita como inaudita en su concepción.

Los intendentes dieron también un contundente mensaje al rechazar el desprecio con el que son tratados: al fin levantaron la voz para decir que no los inviten más a reuniones en las que sólo utilizan su presencia para una fotografía publicitaria en los medios oficiales. Si no hay voluntad de escuchar y una verdadera vocación para resolver los problemas, prefieren no ser más convocados a esos encuentros inservibles.

Los propios intendentes terminan admitiendo que Miguel «Micky» Berardo, en sus momentos de sagacidad, -hoy escondido de la escena pública- era el único que les atendía sus cuestiones y gestionaba respuestas.

Sin embargo, no todo pasa por el Gobierno dicen en su entorno. Hay que reconocerle en paralelo el cultivo con cierto éxito de otra afición: es todo un sumiller, que cata, selecciona, compra y asesora a amigos en el consumo de la noble bebida fruto de las vides argentinas.

Las críticas de la vicepresidenta, Cristina Kircher al manejo que el Gobierno y los dirigentes hacen de los planes sociales puso en modo ebullición a esos referentes, entre ellos a la Mesa Nacional del Movimiento Evita que respondió con un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”.

“La política tradicional entiende la participación política de los más humildes desde dos lugares igual de estigmatizantes: víctimas, que deben recibir asistencia inmediata del Estado como único ejecutor posible o victimario, en forma de puntero político que es culpable de reproducir la pobreza. Punteros y planeros son dos expresiones que intentan denigrar la organización política y productiva de nuestros barrios populares…”, señala el comunicado.

Veinticuatro horas antes, Cristina había dicho que había demasiados planes. “El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas… Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, las más basureadas. Si Evita los viera. ¡Mamita!”.

Esas críticas fueron consideradas como injustas por el propio Presidente, Alberto Fernández quien defendió el rol de los movimientos sociales durante la gestión de la pandemia. “Estuvieron al lado nuestro ayudando a contener a los sectores vulnerables, llevando solidaridad y compromiso donde no existía… Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y que estemos muy unidos”.

La respuesta de la conducción del Movimiento Evita advirtió la existencia de una campaña de estigmatización contra las organizaciones populares y reclamó la construcción de un espacio político, social y cultural que discuta el modelo de país.

“Bienvenido el debate al Frente de Todos, porque lo único que debe preocuparnos es cómo construimos un proyecto de país con justicia social. Sin la economía popular eso es totalmente imposible. Por eso vamos a convocar a todos los movimientos populares a construir un espacio político, social y cultural que discuta el modelo de país para enfrentar la concentración económica y superar los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

El único dirigente puntano que opinó sobre este nuevo conflicto en el Frente de Todos fue Daniel Sosa, máximo representante del Evita en San Luis.

El resto de los dirigentes puntanos que se definían defensores de los gobiernos k y de la memoria de Néstor Kirchner se guardaron a silencio, otra vez.

Sonia del Arco, Luis “Piri” Macagno, Daniela e Ivana Serrano, Daniel y Roberto González Espíndola, Gastón Témoli, Cristian Niño. Todos ellos quedaron con la boca cosida desde que fueron nombrados en diferentes cargos en Terrazas del Portezuelo.

Ese silencio alimenta la recriminación de numerosos dirigentes del peronismo puntano que se preguntan cuál es su aporte al gran armado electoral oficialista.

La reunión de Claudio Poggi y Luis Giraudo de la que esta página dio cuenta el pasado 11 de junio fue una bomba política para el oficialismo provincial, por su significación en términos de fortalezas y debilidades políticas en el departamento Pedernera.

Luis Giraudo tuvo un muy auspicioso debut y resultado en su candidatura a senador departamental, fue una de las pocas cuñas que lograron evitar que la polarización concentrará el 100 por ciento del voto, y Poggi arrasa en Pedernera desde hace varios años: el oficialismo perdió allí 7 de las últimas 8 elecciones.

Ese encuentro es parte del plan de trabajo político a nivel dirigencial que viene desplegando el ganador de las últimas dos elecciones de 2021 quien se fue de la reunión llevándose la iniciativa que le planteó Giraudo para -de acceder a la Gobernación- crear un ministerio específicamente dedicado a la atención de las personas con discapacidades.

Esta semana Poggi continuó con su agenda en Villa Mercedes y fue a la casa del histórico referente peronista Eduardo Gastón Mones Ruiz, de activa participación en la Multisectorial de Villa Mercedes y en la Casa del Encuentro. Se los ve sonrientes en el living de la casa, sentados en sillones individuales a los costados de una pequeña mesa en la que hay un retrato de Juan Domingo Perón. Muy cerca de Mones Ruiz descansa Beethoven, uno de sus inseparables boyeros de montaña Bernés.

Mones Ruiz recibe semanalmente a numerosos dirigentes que le consultan su visión del escenario político provincial, y con quienes comparte una valiosa mirada de la situación provincial.

“Visité hoy, en Villa Mercedes, a Eduardo Mones Ruiz. Siempre es un gusto escuchar sus reflexiones sobre la realidad política y social de la provincia de San Luis. Tenemos muchos puntos de encuentro” posteó en las redes sociales el diputado nacional Poggi, que tuvo un tercer encuentro con la dirigencia de su propio partido Avanzar.

Tiene claro Poggi el enorme valor de la elección en ese departamento en el que en 2023, a la par de gobernador, deberá elegir diez diputados, el intendente de Villa Mercedes y renovar las bancas de medio Concejo Deliberante.

En Avanzar hay numerosos dirigentes que están convencidos de que se viene un adelanto de la elección provincial, más especulan con que en el oficialismo saben que el escenario para Terrazas no es fácil.

Encuentran también sustento para esa afirmación en los movimientos en territorio a los que -pese al frío y a las recomendaciones de salud- está poniéndoles el cuerpo Alberto Rodríguez Saá. De hecho se lo escuchó mal de la garganta en un acto en Juana Koslay.

Incluso esta semana circuló una versión asegurando que el Gobernador se había contagiado Covid. Tres fuentes oficiales no pudieron ni desmentirlo ni confirmarlo, ante el llamado de DePolítica el pasado lunes.