El Senado de San Luis dio media sanción este martes al proyecto que declara la necesidad y conveniencia de reformar parcialmente la Constitución provincial. El oficialismo consiguió los dos tercios requeridos para avanzar con la iniciativa: seis senadores votaron a favor y tres lo hicieron en contra.
Con la aprobación de la Cámara alta, el proyecto superó así una instancia decisiva del trámite legislativo. La iniciativa, que establece los artículos y materias que podrán ser modificados por la futura Convención Constituyente y cuyos integrantes serán elegidos por el voto popular, ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados.
El proyecto propone cambios de fondo en el sistema político e institucional de San Luis, entre ellos una nueva limitación a la reelección del Gobernador, la eliminación de las elecciones legislativas de medio término, modificaciones en el período de sesiones de la Legislatura y una transformación de la estructura judicial mediante la independencia del Ministerio Público.
Olivero: «A comenzar el gobierno de las instituciones».
Durante el debate previo a la votación, el senador por el departamento Pueyrredón y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria, Martín Olivero, fue uno de los principales encargados de fundamentar la iniciativa.
«Se terminaron los personalismos y el gobierno de los hombres para comenzar el gobierno de las instituciones», afirmó Olivero, al sintetizar el sentido político que, a su criterio, tiene la propuesta.
El legislador sostuvo que el proyecto tiene como «objetivo central dar mayor institucionalidad a la provincia» y ubicó la iniciativa dentro de la extensa tradición constitucional sanluiseña. Recordó que San Luis estuvo entre las provincias fundantes de la Argentina, participó del proceso constituyente de 1853 y atravesó sucesivas reformas en 1871, 1905, 1926, 1941, 1947, 1949 y 1962, hasta llegar a la Constitución sancionada en 1987 y a la posterior enmienda de 2006.
Olivero reivindicó el texto constitucional vigente, aunque consideró que el paso de casi cuatro décadas hacía necesaria su actualización. «Fue una buena Constitución, que nos rigió casi 40 años la vida y la convivencia democrática y republicana de nuestra provincia», señaló. A su entender, el desafío consiste ahora en conservar sus aspectos positivos e incorporar las modificaciones que demanda el paso del tiempo.
El senador hizo además una distinción sobre el alcance de la decisión adoptada por la Legislatura. Explicó que los legisladores no reforman directamente la Constitución, sino que declaran la necesidad y conveniencia de hacerlo y establecen los puntos que podrán ser tratados.
«Son ellos los que van a modificar la Constitución provincial», afirmó en referencia a los convencionales constituyentes que serán elegidos mediante el voto popular. Según precisó, la reforma propuesta contempla la incorporación de 23 artículos, la modificación de otros 23 y la derogación de cuatro.
La limitación del poder, uno de los ejes
Entre los distintos capítulos del proyecto, Olivero puso especial énfasis en la reforma política y la reforma judicial. En el primero de esos terrenos, consideró central modificar el actual régimen de reelección del Gobernador para establecer una limitación definitiva a la permanencia en el poder.
El senador explicó que el actual artículo 147 permite que un gobernador, después de cumplir dos períodos y permanecer cuatro años fuera del cargo, vuelva a presentarse y pueda repetir ese mecanismo sucesivamente.
«Este principio de permanencia en la primera magistratura afecta enormemente la calidad institucional, la República y la democracia», sostuvo.
Olivero argumentó que la prolongación excesiva de una persona al frente del Poder Ejecutivo puede terminar debilitando los mecanismos de control y la independencia de las instituciones. «La persona que está muchísimo tiempo en un cargo ejecutivo empieza a perder el respeto por las leyes, empieza a creer que la ley se aplica a todos y no para él», expresó.
También consideró que la alternancia fortalece a los partidos políticos porque abre las posibilidades de renovación de sus dirigencias y evita que el sistema quede organizado alrededor de una sola figura.
En ese contexto destacó la decisión del gobernador Claudio Poggi de impulsar una modificación que limita también sus propias posibilidades futuras de permanecer en el Ejecutivo. Según Olivero, de aprobarse finalmente el cambio constitucional, el período 2027-2031 sería el último al que Poggi podría aspirar.
«El gobernador Claudio Poggi tiene 62 años de edad. Todavía tendría varios años más para, si así lo eligiera la gente, seguramente tener muchas posibilidades de continuar con la primera magistratura», señaló. Sin embargo, agregó, el mandatario entiende que la continuidad indefinida «no contribuye al San Luis del futuro».
Fue entonces cuando pronunció una de las frases centrales de su discurso: «Se terminaron los personalismos y el gobierno de los hombres para comenzar el gobierno de las instituciones. Ese va a ser también su legado para nuestra provincia de San Luis».
Elecciones cada cuatro años y menos receso legislativo
Otro de los cambios defendidos por Olivero es la unificación del calendario electoral provincial para terminar con las elecciones legislativas de medio término y concentrar los comicios cada cuatro años.
El legislador, que recordó su experiencia como intendente de La Punta, sostuvo que la modificación permitiría reducir los costos que supone organizar elecciones cada dos años y atender el creciente desinterés ciudadano que, según señaló, quedó reflejado en los niveles de participación de los últimos comicios de medio término.
También planteó una razón vinculada con la gestión. «Usted asume la intendencia, asume la gobernación y ya está pensando en la elección que hay», explicó, al considerar que los procesos electorales cada dos años condicionan la administración y el uso de los recursos.
La propuesta incorpora además una reducción del receso legislativo. Olivero recordó que la cuestión surgió durante el debate por la disminución de la feria judicial, cuando desde la oposición y sectores de la Justicia se cuestionó la extensión del período de inactividad parlamentaria. El senador explicó que ese régimen no puede modificarse mediante una ley porque está establecido en la propia Constitución.
Una nueva estructura para la Justicia
Olivero reservó una parte sustancial de su exposición para la reforma judicial, a la que definió como «lo más neurálgico» del proyecto.
La iniciativa propone tomar como referencia el artículo 120 de la Constitución Nacional y otorgar al Ministerio Público una condición independiente del Poder Judicial.
«Vamos a tener dos grandes columnas: el Poder Judicial con los jueces y el Ministerio Público dividido en Fiscalía y Defensa», explicó. Según sostuvo, la nueva organización permitiría avanzar hacia «una Justicia mucho mejor, más independiente».
El senador vinculó esa modificación con la necesidad de establecer mayores distancias entre la política y el sistema judicial. En ese punto realizó fuertes cuestionamientos al funcionamiento institucional de años anteriores y recordó casos en los que, según su interpretación, existió una marcada vinculación entre integrantes del Superior Tribunal de Justicia y el poder político provincial.
«Nosotros lo que queremos es más instituciones, más República, más independencia», resumió.
«No tiene cuchillo bajo el poncho»
Sobre el final de su discurso, Olivero buscó despejar sospechas acerca de eventuales objetivos políticos no explicitados en la iniciativa.
«Esta es una reforma que no tiene cuchillo bajo el poncho, no viene con nada oculto», aseguró.
Como argumento, mencionó las ocho reuniones desarrolladas por la Comisión de Asuntos Constitucionales con participación de instituciones intermedias y sostuvo que durante ese proceso pudo observarse que se trata de «una reforma totalmente transparente y con el único objeto de dotar de mayor institucionalidad a nuestro sistema republicano».
Finalmente, Olivero contrastó la iniciativa sanluiseña con otras reformas constitucionales provinciales realizadas desde la recuperación democrática. Según los datos que expuso en el recinto, de 26 modificaciones constitucionales realizadas en las provincias desde 1983, solamente dos —entre ellas la propuesta actualmente en debate en San Luis— no estuvieron vinculadas con la posibilidad de habilitar la reelección del gobernador.
También recordó la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y sostuvo que uno de sus objetivos políticos centrales había sido permitir la reelección del entonces presidente Carlos Menem.
Para Olivero, la diferencia sustancial del proceso que avanza en San Luis está precisamente allí: la reforma no busca ampliar las posibilidades de permanencia de quien ejerce el poder, sino restringirlas.
En esa autolimitación ubicó el núcleo político de su argumento: reemplazar progresivamente una tradición asentada en liderazgos personales por otra en la que, según definió, prevalezca «el gobierno de las instituciones».
