La imagen de Anabela Lucero esposada y camino al Servicio Penitenciario produjo un impacto que trasciende largamente los tribunales de Villa Mercedes.
No se trata solamente de la prisión preventiva de una exfuncionaria. Tampoco de una investigación más sobre el manejo de fondos públicos durante el gobierno anterior. La caída de Lucero golpea directamente sobre uno de los núcleos políticos más cercanos a Alberto Rodríguez Saá y sobre una dirigente que, especialmente durante los últimos años de aquella administración, acumuló un poder difícil de explicar únicamente por los cargos institucionales que ocupaba.
El expediente judicial es, por sí solo, de una gravedad extraordinaria.
El Ministerio Público Fiscal acusó a Lucero, —su pareja, el diputado— Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres por una trama desplegada alrededor de la administración del Complejo Molino Fénix entre 2020 y 2023. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia.
El perjuicio económico investigado fue estimado provisoriamente en más de $900 millones, aunque la causa continúa —pese a las prisiones preventivas ordenadas— y todavía resta determinar el destino final de una parte del dinero.
La acusación presentada por los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio contiene elementos que explican la magnitud que adquirió el expediente: siete empresas señaladas como fantasmas, personas que declararon desconocer que figuraban como responsables de algunas de ellas, 116 cheques investigados —de los cuales, según la Fiscalía, solamente cuatro estaban correctamente confeccionados—, facturación millonaria y pagos que habrían terminado en manos de terceros.
Pero hay más.
La investigación incorporó elementos sobre la utilización de recursos del Molino Fénix durante la campaña electoral de 2023, cuando Lucero fue candidata a intendenta de Villa Mercedes. Según la acusación fiscal, empleados estatales fueron utilizados para preparar bolsones de alimentos, vehículos oficiales fueron afectados a actividades proselitistas y fondos del organismo se destinaron a gastos vinculados con sedes partidarias.
Y existe un tercer componente todavía más comprometedor: la presunta destrucción de pruebas.
La Fiscalía sostiene que documentación contable y administrativa fue quemada en un horno de barro dentro del predio del Molino Fénix, que otros papeles fueron trasladados hasta un basural, que se borraron memorias de computadoras y registros de cámaras de seguridad y que información almacenada en teléfonos celulares secuestrados por orden judicial fue eliminada remotamente.
Sobre esos elementos, el juez Santiago Ortiz resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para Lucero, su hermano Enzo y Scarel. La misma medida fue dispuesta para Beltrán, aunque su condición de diputado provincial y los fueros parlamentarios impiden por ahora hacer efectiva su detención.
Diego Torres permaneció en libertad. Y ese detalle, que podría parecer secundario frente a la magnitud de la causa, adquirirá una particular relevancia política.
Mucho más que una exfuncionaria
Anabela Lucero no es políticamente una exfuncionaria más.
Su nombre quedó durante los últimos años estrechamente ligado al de Alberto Rodríguez Saá y, particularmente, al de su hijo, Alberto Rodríguez Saá, con quien mantuvo una relación de pareja. Ese vínculo personal tuvo también una inocultable dimensión política.
Lucero se convirtió en una de las figuras de mayor gravitación del oficialismo provincial en Villa Mercedes. Desde la conducción del Complejo Molino Fénix manejó una estructura con recursos, personal y capacidad operativa propia, mientras construía simultáneamente su candidatura a intendenta para las elecciones de 2023.
Su irrupción provocó fuertes cuestionamientos dentro del propio peronismo mercedino. Dirigentes de ese espacio recuerdan aquellos años como una etapa en la que alrededor de Lucero funcionó una suerte de estructura de poder paralela al gobierno municipal de Maximiliano Frontera, sostenida desde el Ejecutivo provincial y asentada fundamentalmente sobre los recursos y la estructura del Molino Fénix.
Su candidatura a intendenta no surgió desde los márgenes del oficialismo. Fue una de las apuestas políticas del albertismo para disputar el control de la segunda ciudad de San Luis.
Por eso su caída tiene una dimensión diferente.
Lucero representó una expresión muy concreta de la construcción política de los últimos años de Alberto Rodríguez Saá en el poder.
Y la investigación judicial agrega ahora un dato particularmente sensible a aquella historia: la Fiscalía sostiene que recursos públicos que estaban bajo la órbita del Molino Fénix habrían sido utilizados precisamente durante la campaña electoral de Lucero.
El PJ denunció persecución y 48 horas después Lucero terminó presa
La secuencia política difícilmente podría haber sido más incómoda para el Partido Justicialista.
El sábado, el Congreso Provincial del PJ aprobó un documento en respaldo de dirigentes y exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá que atraviesan diferentes causas judiciales. El partido denunció una supuesta persecución política, laboral, mediática y judicial contra integrantes de ese espacio.
El encuentro estuvo encabezado por Natalia Zabala Chacur y Alberto Rodríguez Saá hijo, presidenta y vicepresidente del Congreso partidario, respectivamente.
Apenas dos días después, Lucero salió esposada de los tribunales de Villa Mercedes.
La coincidencia temporal puso frente a frente dos relatos.
De un lado, el que construyó el PJ: la existencia de una persecución judicial contra quienes formaron parte del gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Del otro, un expediente que después de años de investigación llegó a una instancia en la que el Ministerio Público Fiscal expuso ante un juez una importante cantidad de elementos probatorios y consiguió que el magistrado considerara reunidas las condiciones para imponer la medida de coerción más severa: la prisión preventiva.
Ese contraste constituye probablemente el mayor problema político que enfrenta hoy el discurso del PJ.
Porque para sostener la tesis de la persecución ya no alcanza con denunciar una utilización política de la Justicia. El partido deberá confrontar esa afirmación con la materialidad de un expediente que contiene pericias contables, cheques, facturación, testimonios, registros de cámaras de seguridad, documentación administrativa y conversaciones recuperadas de teléfonos celulares.
Las pruebas no aparecieron esta semana
Tampoco puede sostenerse que esa densidad probatoria haya aparecido repentinamente en la última audiencia.
Meses atrás, la entonces fiscal de Estado Fabiana Zárate había advertido, en una entrevista con el diario Todo Un País, sobre el grado de avance que estaba adquiriendo la investigación del Molino Fénix.
La funcionaria explicó entonces que se había producido un avance importante a partir del trabajo de los fiscales y de la Policía y detalló medidas que ya se habían realizado: allanamientos, recuperación de facturas, declaraciones de proveedores y otras pruebas.
Fue particularmente precisa sobre uno de los aspectos que todavía faltaba profundizar: una pericia destinada a demostrar el direccionamiento de los fondos públicos.
Es decir, bastante antes de las prisiones preventivas, el expediente ya estaba acumulando evidencia y avanzando sobre la reconstrucción del recorrido del dinero.
Lo sucedido esta semana permite dimensionar cuánto avanzó desde entonces aquella investigación.
La Fiscalía expuso el análisis de 116 cheques, de los cuales apenas cuatro habrían estado correctamente confeccionados; investigó siete empresas señaladas como fantasmas; reunió testimonios de personas que dijeron desconocer que aparecían vinculadas a algunas de ellas; reconstruyó movimientos de bienes mediante conversaciones y registros fílmicos; incorporó elementos sobre la utilización de recursos públicos durante la campaña electoral de Lucero y presentó evidencia sobre la presunta destrucción de documentación y el borrado de información digital.
Ese es el punto en el que la estrategia política del PJ comienza a encontrar dificultades.
Puede cuestionarse la actuación de fiscales y jueces. Las defensas tienen todo el derecho de impugnar cada elemento incorporado y procurar demostrar que la hipótesis acusatoria es equivocada. Y Lucero y los restantes imputados conservan plenamente su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Pero definir todo el proceso simplemente como una persecución política obliga ahora a responder una pregunta bastante más incómoda: ¿qué hacer con las pruebas?
Porque un documento partidario puede denunciar persecución.
Lo que no puede hacer es borrar los 116 cheques investigados, las pericias contables, los testimonios, las imágenes de cámaras de seguridad, las conversaciones recuperadas de teléfonos celulares ni la documentación presentada por el Ministerio Público Fiscal ante el juez.
El dato Torres
La propia resolución de Santiago Ortiz contiene un elemento que tensiona todavía más la interpretación de una persecución indiscriminada.
Diego Torres fue acusado dentro del mismo expediente, por los mismos fiscales y compareció ante el mismo juez. Sin embargo, no fue enviado a prisión.
Ortiz consideró que Torres había demostrado ajustarse a derecho y destacó que fue el único de los involucrados que se presentó voluntariamente ante la Justicia. Por eso entendió que no existía respecto de él el peligro procesal que sí observó en los otros imputados.
La resolución, entonces, no aplicó indiscriminadamente la prisión preventiva a todos los acusados. El juez diferenció situaciones y adoptó decisiones distintas. Eso no determina la culpabilidad de nadie. Pero políticamente vuelve más difícil presentar lo ocurrido como una operación lineal destinada simplemente a encarcelar exfuncionarios del gobierno anterior.
Una causa que también se metió entre Alberto y Adolfo
La prisión de Lucero agrega además una inesperada dificultad a otro proceso que comenzó a insinuarse durante los últimos meses en la política de San Luis: el complejo acercamiento entre los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.
Después de años de enfrentamiento existen movimientos de aproximación. No hay reconciliación. Mucho menos unidad política. Hay, más bien, una suerte de danza de cortejo alrededor de una pregunta que inevitablemente atraviesa al peronismo provincial de cara a 2027: si existe alguna posibilidad de volver a reunir bajo una misma estructura política a los dos hermanos.
Adolfo quiere regresar al Partido Justicialista.
Alberto le recuerda que nadie lo expulsó. Sostiene que fue su hermano quien abandonó el partido, construyó otra fuerza política y terminó formando parte del espacio político encabezado por Claudio Poggi.
Pero existe una diferencia bastante más compleja.
Alberto Rodríguez Saá convirtió la situación judicial de los exfuncionarios de su último gobierno en uno de los ejes alrededor de los cuales pretende reconstruir políticamente al peronismo. Y allí aparece la condición que le plantea a su hermano.
Si Adolfo pretende regresar al PJ, Alberto espera de él un pronunciamiento contra las investigaciones judiciales que alcanzan a numerosos exfuncionarios de su gobierno. Le reprocha haber formado parte inicialmente de la administración de Poggi y, por esa razón, haber integrado el espacio político desde el cual surgieron muchas de las denuncias sobre irregularidades detectadas después del cambio de gobierno.
La discusión dejó de ser abstracta.
Casi una veintena de exfuncionarios del último gobierno albertista atraviesa o atravesó diferentes procesos judiciales. Sus situaciones son distintas. Hay investigaciones abiertas, imputaciones y causas que avanzaron hasta otras instancias. Y también existen condenas, como las de Claudio Latini y Cintia Ramírez.
Precisamente por eso la irrupción del caso Lucero modifica las condiciones de aquella discusión entre los hermanos.
Hasta ahora, Adolfo podía recibir de Alberto una exigencia relativamente sencilla en términos partidarios: solidarizarse con antiguos compañeros a quienes el expresidente del PJ considera perseguidos.
Después de la audiencia de Villa Mercedes, aceptar esa condición tiene otro costo político.
Significa asumir la defensa de un conjunto de exfuncionarios entre los cuales aparece ahora Anabela Lucero, detenida preventivamente en una causa donde la Fiscalía expuso una voluminosa cantidad de evidencia y en la que se investiga un perjuicio al Estado provincial superior a los $900 millones.
Y allí el problema deja de ser solamente de Alberto. También comienza a ser de Adolfo.
Porque si la reunificación del viejo peronismo sanluiseño exige como condición previa adherir a la tesis de la persecución judicial, Adolfo Rodríguez Saá deberá decidir hasta dónde está dispuesto a acompañar esa construcción.
El caso Lucero vuelve esa decisión mucho más incómoda.
El problema ya no es denunciar la persecución, sino explicar las pruebas
La Justicia deberá determinar si los delitos existieron en los términos planteados por la acusación, quiénes fueron responsables y cuál fue exactamente el perjuicio ocasionado al Estado. Nada de eso está definitivamente resuelto.
Pero la política funciona con otros tiempos. Y políticamente el caso ya produjo un terremoto dentro del espacio que gobernó San Luis hasta diciembre de 2023.
Porque Anabela Lucero no era una figura periférica del albertismo. Fue una dirigente empoderada desde el corazón mismo de aquella estructura, administró uno de los complejos estatales más importantes de Villa Mercedes, construyó desde allí una enorme capacidad política y terminó convertida en candidata a intendenta de la segunda ciudad de la provincia.
Ahora está presa preventivamente mientras la Justicia investiga si parte de aquella estructura de poder se sostuvo mediante la utilización irregular de recursos públicos.
Por eso la fotografía de Lucero esposada tiene una potencia política que excede a su propia figura.
Golpea al albertismo. Complica al Partido Justicialista apenas después de haber convertido la denuncia de persecución judicial en una definición institucional. Y se introduce en el delicado proceso mediante el cual Alberto y Adolfo Rodríguez Saá exploran las condiciones de una eventual reunificación política de cara a 2027.
El problema para el PJ es que algunas de las causas que denuncia como parte de una persecución ya atravesaron diferentes instancias judiciales y otras continúan acumulando evidencia.
Molino Fénix es hoy el caso más explosivo.
Su densidad probatoria había sido advertida meses atrás. Esta semana quedó expuesta durante horas ante un juez. Y ese mismo magistrado diferenció las situaciones de los acusados antes de resolver quiénes debían quedar detenidos preventivamente y quién podía continuar en libertad.
El PJ eligió denunciar una persecución.
La Justicia acaba de poner sobre la mesa un expediente cargado de pruebas.
Por eso, después de la prisión de Anabela Lucero, el desafío político del albertismo ya no consiste solamente en denunciar que sus dirigentes son perseguidos. Consiste en explicar las pruebas.
Y si Alberto Rodríguez Saá pretende convertir el repudio a esas investigaciones en una condición para reconstruir la unidad del peronismo, esa misma pregunta terminará inevitablemente llegando también hasta Adolfo.
