La entrevista que el gobernador Claudio Poggi concedió a Especial Política, para San Luis + Stream, dejó numerosas definiciones de gestión. Sin embargo, la más importante no fue económica, educativa ni administrativa. Fue política.
Poggi volvió a plantear una idea central: la disputa entre futuro y pasado.
El Gobernador ya no está discutiendo solamente cómo administra el presente. Está definiendo quién representa el futuro y quién encarna el pasado en la política de San Luis.
La definición apareció condensada en una frase breve pero reveladora: “Los mayores cuestionadores son parte del pasado”. Un pasado que, según agregó, “quiere volver”.
No se trata de una expresión circunstancial. Es el eje narrativo sobre el que descansa gran parte de la construcción política del oficialismo. La educación, el trabajo, el equilibrio fiscal, la inversión privada, la seguridad jurídica y hasta la discusión sobre el modelo productivo aparecen presentados como herramientas para construir futuro. Del otro lado quedan las prácticas que Poggi asocia con el ciclo político anterior.
La referencia adquiere una dimensión particular en una semana en la que proliferaron declaraciones públicas de Alberto y Adolfo Rodríguez Saá que parecen anticipar algún nivel de reencuentro político. Más allá de las diferencias que ambos expresan respecto de las causas judiciales que involucran a exfuncionarios de la gestión anterior, coinciden en sus críticas al actual gobierno provincial.
En ese contexto, Poggi eligió definir con claridad una frontera política que ya no se limita a una discusión de gestión. Su planteo busca instalar una diferencia más profunda: la de dos modelos de provincia.
A partir de allí aparecen el resto de las definiciones que dejó la entrevista.
La educación ocupa un lugar central en esa construcción. Poggi afirmó que dedica el cincuenta por ciento de su tiempo y de su capacidad de trabajo a esa área y volvió a presentar la alfabetización como el principal indicador para evaluar el éxito de su gobierno.
Un colaborador cercano explica la lógica que hay detrás de esa prioridad. “Cuando te dejan a siete de cada diez chicos viviendo en la pobreza y con serios problemas alimentarios, te das cuenta de que no tenés otra opción. No hay otro lugar por donde empezar”, señala.
La idea de fondo es que la movilidad social y el desarrollo económico dependen menos de la asistencia estatal que de la formación de capital humano. “¿Quién puede venir a invertir pensando en el futuro en una provincia donde los chicos no sabían leer y al gobierno eso no le importaba?”, resume.
Por eso el gobernador insiste en una fórmula que repitió durante la entrevista: “El rumbo es la educación y el trabajo”.
Esa definición marca una diferencia explícita con el modelo provincial anterior, al que acusa de haber expandido excesivamente los planes sociales y el empleo público.
De 27 mil empleados públicos y beneficiarios de planes sociales que había cuando Poggi finalizó su mandato en 2015, se pasó en tan solo 8 años a 70 mil.
En ese punto apareció otra de las afirmaciones más relevantes de la entrevista. Poggi ubicó en 2017 el momento en que, según su interpretación, se quebró el modelo fiscal que durante décadas distinguió a San Luis.
La referencia no es casual. Ese año Poggi ganó las PASO de agosto por casi veinte puntos de diferencia, aunque luego Rodríguez Saá revirtió el resultado en las elecciones generales de octubre.
Poggi había ganado las PASO el 13 de agosto de 2017 por casi 20 puntos de diferencia: 57 a 38. El 22 de octubre Rodríguez Saá daría vuelta la elección y se impondría por 12 puntos: 55,37% contra el 43,06% de Poggi.
Para el actual gobernador, la respuesta política a aquella derrota fue el comienzo de una expansión acelerada del empleo público y de los planes sociales que terminó erosionando el equilibrio fiscal provincial.
“Fue cuando el gobierno peronista se kirchnerizó”, afirmó.
La frase contiene mucho más que una crítica administrativa. Es una interpretación histórica. Poggi sostiene que la decadencia económica provincial comenzó cuando San Luis abandonó un modelo basado en el orden fiscal y adoptó una lógica más cercana al kirchnerismo.
De allí surge otra de las ideas rectoras de su gestión: la reivindicación de la disciplina fiscal como condición para el desarrollo. Un Estado más austero, menor peso del gasto corriente, recuperación gradual de la inversión pública y equilibrio fiscal aparecen como pilares de esa visión.
En esa misma línea se inscribe el anuncio del Régimen Integral de Promoción Económica Provincial (RIPE), concebido para generar empleo a través de la inversión privada y no mediante la ampliación del Estado.
La entrevista también dejó definiciones vinculadas con la seguridad pública y la seguridad jurídica como condiciones necesarias para atraer inversiones, además de reivindicar la construcción de viviendas como una herramienta para reconstruir tejido social.
Tal vez la novedad más significativa apareció en materia productiva. Poggi dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia proyectos de minería metalífera, siempre que los estudios ambientales garanticen la protección de los recursos hídricos. Es una posición más amplia que la tradicional mirada provincial concentrada en la minería no metalífera.
Pero incluso esa definición termina encajando dentro de la misma lógica discursiva. Porque, en definitiva, la entrevista dejó menos un inventario de anuncios que una tesis política: la idea de que San Luis enfrenta una elección entre dos modelos. Uno asociado al pasado, que Poggi vincula con el asistencialismo, el desequilibrio fiscal y la corrupción. Otro orientado hacia el futuro, basado en la educación, el trabajo, la inversión privada y el orden de las cuentas públicas.
También los hechos de corrupción estuvieron en la batería de preguntas a la que respondió, incluida la denuncia de la oposición que lo acusa de utilizar a la Justicia para perseguir a exfuncionarios de la gestión anterior.
Poggi respondió enfocando el debate hacia los hechos investigados y hacia la conducta de los propios acusados.
“Fue una corrupción estructural / una corrupción de rateros”, afirmó al referirse a las investigaciones que involucran a una veintena de exfuncionarios del gobierno anterior.
Luego recurrió a una imagen de fuerte impacto simbólico para reforzar la idea de que los abusos no se limitaron a grandes maniobras administrativas, sino que alcanzaron incluso prácticas cotidianas dentro del Estado.
“En los últimos días, nos contaron los empleados públicos, se llevaron hasta el papel higiénico. ¿Esas personas son las moralistas?”, se preguntó.
