San Luis avanzará hacia una reforma de su Constitución Provincial. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi, que previamente había obtenido la aprobación del Senado, y completó así el primer paso institucional hacia la convocatoria de una Convención Constituyente.
La iniciativa declara la necesidad de reformar parcialmente la Constitución sancionada en 1987 y establece los temas que podrán ser discutidos por los convencionales constituyentes que sean elegidos por el voto popular.
El proyecto original fue presentado por el Ejecutivo provincial y posteriormente enriquecido a partir de distintas mesas de diálogo en las que participaron representantes de diferentes sectores políticos, institucionales y sociales.
La propuesta alcanza aspectos centrales del funcionamiento del sistema político provincial. Entre otros puntos, habilita la discusión sobre los límites a las reelecciones, la incorporación de la doble vuelta electoral, modificaciones en el funcionamiento de la Legislatura, cambios en los organismos de control y en el sistema de selección de magistrados, una nueva organización del Ministerio Público y la incorporación de derechos vinculados con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.
Pero detrás de cada una de esas modificaciones existe una idea que atravesó buena parte de la fundamentación del oficialismo durante el debate legislativo: establecer nuevos límites al ejercicio del poder y fortalecer las instituciones provinciales.
La Convención tendrá la última palabra
Ese concepto fue desarrollado en el recinto por la diputada Fabiana Zárate, miembro informante del despacho de mayoría, quien comenzó por delimitar claramente el alcance de la ley sancionada.
La Legislatura no reformó la Constitución. Declaró la necesidad de hacerlo y estableció los temas que quedarán habilitados para ser tratados por la futura Convención Constituyente, de acuerdo con el procedimiento establecido por el artículo 281 de la propia Carta Magna provincial.
Será esa Convención, integrada por representantes elegidos por los ciudadanos, la que tendrá la potestad de modificar la Constitución dentro de los temas habilitados.
Zárate remarcó incluso que los convencionales podrán decidir no modificar alguno de esos puntos. La ley abre la discusión constitucional, pero no predetermina su resultado.
Una Constitución avanzada que quedó antes de 1994
La diputada hizo un reconocimiento expreso a la Constitución provincial de 1987, a la que definió como avanzada para su época y vinculada con el proceso de consolidación democrática iniciado pocos años antes.
Entre otros aspectos, destacó la incorporación de nuevos derechos y garantías y el amplio reconocimiento otorgado a la autonomía municipal.
Sin embargo, planteó una circunstancia histórica central: la Constitución de San Luis fue sancionada siete años antes de la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Aquella reforma introdujo transformaciones profundas en el sistema jurídico argentino, particularmente a partir de la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Para Zárate, la necesidad de adecuar la Carta Magna provincial a ese nuevo paradigma constituye, por sí misma, una razón suficiente para revisar un texto sancionado hace casi cuatro décadas.
Pero la argumentación política de la legisladora fue bastante más allá de la actualización jurídica.
Limitar el poder
“El objetivo transversal de la propuesta de reforma es la limitación del poder”, sostuvo Zárate.
Ese concepto permite comprender buena parte de los cambios habilitados por la ley.
Uno de los principales es la modificación del régimen de reelecciones. La diputada recordó que la Constitución de 1987 estableció originalmente la reelección indefinida y que posteriormente, mediante la enmienda de 2006, se incorporaron restricciones.
La nueva reforma busca profundizar esos límites para impedir la perpetuación en los cargos, favorecer la alternancia política y generar condiciones para que nuevos dirigentes puedan acceder efectivamente a las responsabilidades públicas.
Zárate vinculó esa discusión con estudios realizados desde la Universidad Nacional de San Luis sobre las características que adquirió durante décadas el sistema político provincial.
Introdujo allí el concepto de “neopatrimonialismo” para explicar las consecuencias que puede producir la permanencia prolongada de un mismo liderazgo en el poder.
Según desarrolló, la sucesión de numerosos mandatos puede favorecer la apropiación política de los recursos del Estado, consolidar mecanismos clientelares y provocar una progresiva confusión entre el patrimonio público y el poder del gobernante.
Cuando el ciudadano se convierte en “súbdito”
Fue uno de los pasajes más políticos de su intervención.
Zárate sostuvo que esa concentración prolongada puede terminar modificando incluso la relación de los ciudadanos con el Estado: las personas pueden comenzar a percibir al gobernante como propietario de recursos que, en realidad, pertenecen a toda la sociedad.
En ese proceso, señaló, los ciudadanos corren el riesgo de transformarse en “súbditos” de un liderazgo personalista, al interpretar que una vivienda, una obra, un beneficio o cualquier recurso estatal proviene de la voluntad o del patrimonio personal de quien gobierna.
La discusión sobre las reelecciones adquiere entonces una dimensión que excede la duración de los mandatos. Para la legisladora, está directamente relacionada con la calidad de las instituciones y con la posibilidad de separar claramente al Estado de quienes circunstancialmente lo administran.
La desigualdad frente a los recursos del Estado
Zárate incorporó otro elemento a ese razonamiento: las condiciones en las que compiten oficialismo y oposición cuando los recursos estatales intervienen en una campaña electoral.
Advirtió que si todo el aparato público es puesto al servicio de una fuerza política se genera una fuerte asimetría frente a aquellos sectores que no cuentan con esos recursos.
En esas condiciones, sostuvo, resulta mucho más difícil que las fuerzas opositoras puedan competir en igualdad y construir una posibilidad real de alternancia.
La limitación de las reelecciones aparece así asociada a un objetivo más amplio: evitar la perpetuación, generar nuevos cuadros dirigentes y favorecer una competencia política más equilibrada.
Dentro de las modificaciones vinculadas al Ejecutivo también se habilita la incorporación de la doble vuelta o balotaje, concebida como un mecanismo destinado a fortalecer la legitimidad electoral de quien resulte gobernador.
Fortalecer los controles
La misma concepción alcanza a los organismos encargados de controlar al poder.
Zárate sostuvo que uno de los efectos posibles de los procesos prolongados de concentración política es la neutralización de los organismos de control y el debilitamiento de su independencia.
Por eso destacó la propuesta de garantizar representación opositora en el Tribunal de Cuentas, de manera que las minorías políticas tengan participación efectiva en uno de los principales organismos de fiscalización del Estado provincial.
La legisladora también llevó el razonamiento al funcionamiento de la Justicia y advirtió sobre los riesgos de sometimiento del Poder Judicial a la voluntad del poder político.
La reforma habilita modificaciones importantes en esa estructura. Entre ellas, la separación del Ministerio Público en dos vertientes autónomas —la Procuración General y la Defensoría General— y una nueva composición del Consejo de la Magistratura, con participación de sectores actualmente no representados y miembros del ámbito académico.
También se busca reducir el margen de discrecionalidad política en la selección de magistrados mediante nuevas reglas para las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura.
Cambios en la Legislatura
La reforma también alcanza al Poder Legislativo.
Entre los puntos habilitados se encuentra la ampliación del período de sesiones ordinarias, una modificación que busca adecuar el funcionamiento parlamentario a las actuales exigencias institucionales.
Otro cambio de peso es la eliminación de las elecciones legislativas de medio término y la posibilidad de establecer la renovación completa de diputados y senadores cada cuatro años, conjuntamente con la elección de gobernador.
Zárate argumentó que el actual sistema obliga a la administración provincial a ingresar reiteradamente en procesos electorales durante una misma gestión, con el consecuente desgaste político y administrativo.
La modificación, sostuvo, permitiría proyectar políticas públicas de más largo plazo sin la interrupción permanente de las campañas y, al mismo tiempo, reducir la “fatiga electoral” de una ciudadanía convocada a las urnas cada dos años.
Una Constitución para nuevos desafíos
La ley también habilita el debate sobre derechos que prácticamente no existían cuando fue sancionada la Constitución de 1987.
Entre ellos aparecen la identidad digital y la utilización de la inteligencia artificial, bajo un principio rector planteado expresamente durante el debate: la protección de la dignidad humana frente al desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías.
También podrán revisarse disposiciones que quedaron desactualizadas después de la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Con la sanción definitiva de la ley, San Luis abre así un proceso institucional que tendrá su instancia decisiva en la futura Convención Constituyente.
La reforma contiene numerosos capítulos y abarca a los tres poderes del Estado, los organismos de control, el sistema electoral y nuevos derechos. Pero la argumentación que acompañó su aprobación permite encontrar un hilo conductor.
Después de décadas en las que la política provincial estuvo atravesada por liderazgos prolongados, la propuesta pretende establecer nuevas reglas para evitar la concentración del poder, favorecer la alternancia y reforzar la autonomía de las instituciones.
La discusión que comenzará a partir de ahora será, por lo tanto, bastante más profunda que la modificación de un conjunto de artículos.
Será la discusión sobre qué arquitectura institucional necesita San Luis para que el poder del Estado no vuelva a confundirse con el poder de quienes circunstancialmente lo gobiernan.
