DePolítica

El Gobierno provincial intentó desligarse de la represión policial contra un grupo de chicos y jóvenes que cantaban en la Plaza Pringles, pero las redes sociales  estallaron con mensajes que piden que asuman sus responsabilidades los funcionarios de Seguridad.

El propio ministro de Seguridad, Luciano Anastasi fue quien se expresó para deslindar responsabilidades de su cartera ministerial. “Quiero dejar un mensaje muy claro: el Gobierno de la provincia de San Luis no reprime a los puntanos y a las puntanas. El Gobierno de San Luis no reprime a los jóvenes. El Gobierno de San Luis no reprime a las mujeres. Esta situación que ha sucedido es absolutamente irregular y estamos volcando todos los recursos para llevar adelante la investigación: tanto interna respecto del proceder de cada uno de los efectivos que intervinieron, como también en la Justicia para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan”.

Este martes se conoció una comunicación oficial de la Policía, firmada por el Jefe, Comisario General José Darío Neira en el que se se informó que “a través de la Dirección General de Asuntos Internos, ha dispuesto iniciar actuaciones administrativas y el cambio de situación de revista de servicio efectivo a disponibilidad a 23 efectivos (6 oficiales y 17 suboficiales) que prestan servicio en la Unidad Regional de Orden Público Uno y la Dirección General de Operaciones”.

“La medida fue adoptada a los efectos de atribuir y/o deslindar responsabilidades por la conducta desempeñada durante la intervención desarrollada el pasado domingo por la tarde en Plaza Pringles de la ciudad de San Luis, donde fueron detenidas nueve personas que participaban de un festival cultural” señala el comunicado policial.

Sin embargo en las redes sociales, se multiplican los mensajes reclamando que “paguen por lo que pasó los verdaderos responsables, ministros y jefes; no algún perejil que pongan para quedar bien ellos”.

En otro de los mensajes que circulan se lee: “Pasan a disponibilidad a 23 de los nuestros, de los que pateamos la calle todos los días, mientras los que dan las órdenes -los Jefes y el Ministro- siguen todavía en sus lugares”.

Cuando hace cuatro años atrás la entonces ministra de Educación, Natalia Spinuzza apareció en un video reconociendo que estaba drogada porque se había fumado “un churro enorme” los puntanos asistimos casi a un acto de desagravio por parte del Gobernador Alberto Rodríguez Saá. Y por informar ese hecho -lo que el mandatario definió como una canallada- un periodista fue enjuiciado y declarado culpable por la Justicia Provincial.

Este domingo, un grupo de Policías sospechó que algunos chicos de los que cantan rap en la Plaza Pringles estaban fumando marihuana y los reprimieron con maniobras que, por la torpeza con que fueron ejecutadas, pudieron haber terminado en una desgracia mayor.

Es evidente la doble vara con la que el Gobierno mide según quién es el protagonista. Si se trata de una ministra, se la victimiza; si se trata de don nadie, se los reprime. Así pasó en la pandemia cuando algunos funcionarios quedaron impunes pese a violar el confinamiento, no así otros ciudadanos que fueron expuestos para el escarnio público en los reportes diarios que transmitían los medios oficiales.

¿Instruirá el Procurador general de la Provincia, Luis Martínez, a los recientemente asumidos fiscales -algunos de ellos sin pasar o aprobar examen alguno- para que de oficio investiguen el proceder de esos efectivos policiales?.

“Reafirmamos la voluntad de integrar un gran frente opositor que dispute el gobierno de San Luis. Los espacios la “30 de Octubre” y “Evolución” en el departamento Pedernera queremos un radicalismo fortalecido y protagonista del cambio en la Provincia”.

La frase fue posteada por el diputado Luis Lucero Guillet, referente de la agrupación Evolución en Pedernera junto a una foto de una reunión de dirigentes radicales que se realizó el sábado.

“De cara a las elecciones internas del radicalismo nosotros constituimos un sector en Pedernera que está conformado por dirigentes de Evolución, la agrupación 30 de Octubre y de Franja Morada que viene trabajando con nosotros e hicimos un lanzamiento. Vamos a empezar a trabajar para fortalecernos en Pedernera y muy pronto vamos a ampliar en Ayacucho y en Dupuy a partir de la misma conformación: Evolución y la 30 de Octubre” le confirmó Lucero Guillet a DePolítica.

Junto a ellos estuvo el intendente Merlo, Juan Alvarez Pinto, el intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau, concejales, y numerosos dirigentes que se acercaron a partir del mediodía cuando vieron en las redes las fotos de ese encuentro. “Incluso siguieron llegando dirigentes como hasta las 10 de la noche. Entre ellos se sumó Nahuel Casale que fue nuestro candidato a intendente en 2019 en Juan Jorba”, contó Lucero Gillet.

– ¿Nos sancionarán económicamente si publicamos la historia?

– No, para nada. Esto sería absurdo.

– Frederick, por Dios…  Esta conversación demuestra que la democracia está en peligro si empezamos a censurarnos de antemano porque tememos las consecuencias de escribir sobre la primera ministra.

Borgen. Ultima temporada.

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Canal 13 San Luis sacó del aire a Vanesa Escudero, una de sus periodistas con más trayectoria y cuyo rostro era sinónimo de la televisión provincial con sus reportes diarios desde Villa Mercedes.

En simultáneo, la Secretaría de Comunicación del Gobierno de la provincia de San Luis bajó la pauta publicitaria en FM Latina, propiedad de Escudero, según dijo la periodista, sin más excusas que un recorte presupuestario.

Amén del perjuicio que ambas decisiones le significan en lo personal a Escudero, y a los trabajadores de esa radio, se trata de un mensaje del Gobierno provincial a la totalidad de los periodistas puntanos para doblegar las líneas editoriales.

Si esto le hace el Gobierno a una periodista como Vanesa Escudero, imaginen lo que queda para el resto, sobresale como clarísima primera línea de este mensaje con el que se intenta difundir terror.

Y es además un reconocimiento explícito de que el Gobierno, sabiéndose sin rumbo también en la comunicación, e incapaz de seducir con sus políticas, apelará al machete. Leyeron “El Príncipe” no las “Memorias de Adriano”.

No es esta la primera página de esa historia, pero estamos advertidos los periodistas que es apenas una muestra mínima de lo que va a hacer el Gobierno conforme la opinión pública le sea cada vez más desfavorable.

No hay en el legajo de Escudero una sola mancha que amerite un reproche a su trabajo y ética profesional. No tiene mucho sentido mirarlo desde esa óptica. No cuando no hay equivalencia posible con las imágenes que publica la Agencia de Noticias en su portada esta semana, utilizando a niños para promocionar obras del Gobierno provincial. Vaya si ese no sería un buen motivo para pasar una zaranda.

En cambio, la descomposición de la que somos testigos trae consigo oportunistas, descuidistas, mercachifles, hacedores de plancha, intrigantes, policías de la verdad, y como siempre, custodios de la pureza ideológica. Una mujer se encarga de ese trabajo en Pedernera.

No en vano, el Foro de Periodismo Argentino FOPEA, identificó a San Luis como la quinta provincia con mayor cantidad de ataques a la libertad de expresión, la misma cuyo gobernador se muestra como un paladín defensor de los derechos individuales y colectivos de la sociedad. Ni unos, ni otros.

En las conclusiones de ese informe pareciera haber estado escrita la suerte de Escudero. Dice el artículo número dos sobre la Limitación de la Libertad de Opinión en San Luis: “existe una fuerte dependencia publicitaria de los medios a la pauta oficial concentrada por el Gobierno provincial, quien la monopoliza a cambio de que no se critiquen sus actos. La censura en la libre opinión llega al extremo de desplazar a periodistas y conductores de programas que invitan a opositores”.

Estamos notificados.

El radicalismo no puede repetir en 2023 los errores y el resultado de la traumática experiencia en las urnas de setiembre y noviembre pasado. Elección tras elección pareciera que su objetivo -en el mejor de los casos- ha sido sólo participar. Parece que esta vez hay otro: ganar.

Así lo entiende el espacio “Somos Radicales” que se mueve en el territorio provincial en mesas de diálogo, y cuyos dirigentes entendieron que la sociedad y la gran mayoría de los propios afiliados radicales, le han otorgado el liderazgo opositor a Claudio Poggi.

Y parece que ese razonamiento es compartido por otras dos líneas internas como «Evolución San Luis» y «30 de Octubre«, algunos de cuyos dirigentes se reunieron para hablar de la necesidad de integrarse en un frente opositor único -¿acaso una gran concertación opositora?- y apremiados por la certeza de un inminente adelantamiento de elecciones a Gobernador de San Luis.

El cauce de estas agrupaciones parece sobrepasar el dique de contención que levantó la presidencia partidaria y que, ya el año pasado, apenas pudo retener un caudal de votos muy menor: 5,04%. Nadie quiere repetir ese fracaso.

Mucho menos cuando el proceso electoral que viene interpela, en algunos casos, sus aspiraciones personales.

El intendente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau; su par de Merlo, Juan Alvarez Pinto; el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo; el concejal Javier Suárez Ortiz; Leonardo Rodríguez y Claudia Rocha, fueron algunos de los dirigentes que el pasado lunes se reunieron para hablar de ese futuro escenario político electoral.

Las coincidencias estuvieron en la necesidad de que esta vez haya otros negociadores habilitados por parte de radicalismo para sentarse en la mesa del armado opositor 2023.

Imaginan otra predisposición, un proceso de construcción más abierto y democrático, con tiempo, buscando y agotando instancias.

“Basta de noches oscuras y siempre contrarreloj” fue la imagen que en esa mesa se utilizó para definir cómo jugó el radicalismo su papel electoral en 2021.

La intención de estas corrientes internas es conjugar cuestiones partidarias y que esa construcción opositora para ganarle a Rodríguez Saá sea, más que un frente electoral, una verdadera concertación para el gobierno provincial.

Se esconde allí algo que no es un mero juego de palabras, sino la intención de que las responsabilidades de gobierno -o como opositores- se compartan durante todo el mandato.

«Es necesario abordar puntos de coincidencia, desarrollar un manifiesto programático que le muestre a la sociedad el potencial de esa concertación» se escuchó en esa reunión, en la lluviosa tarde del lunes pasado en la ciudad de San Luis.

El intendente de Juana Koslay, Jorge Toti Videla reclamó que el ministerio de Seguridad –Luciano Anastasi– se ponga a trabajar en forma urgente para resolver el problema de inseguridad que aqueja a los vecinos.
“El ministerio de Seguridad tiene que ponerse a trabajar. Tiene que trabajar en conjunto y tiene que dar la cara. Y si no da la cara veremos con los vecinos qué medidas se toman” argumentó el pasado miércoles en el programa que conduce Orlando Suárez en Megacable.
La inquietud de los vecinos que se convocan para expresar su preocupación por los hechos delictivos va in crescendo a la par de los delitos que, aún en el caso de los hechos más pequeños, “no dejan de ser hechos de inseguridad”.
“El vecino quiere que el ministerio de Seguridad dé la cara. El intendente de Juana Koslay va a dar siempre la cara, a pesar de que la seguridad no depende de él. Ahora, el ministerio de Seguridad tiene que dar la cara. Los vecinos piden explicaciones y más que explicación quieren que haya más acción, tanto de parte del ministerio de Seguridad como de la Justicia” reclamó Videla.
Es que en enero, febrero y marzo de este año, el propio municipio sufrió robos por más de 4 millones de pesos en cableados de alumbrado público. “Detuvieron al autor y en 8 días quedó libre” se quejó el intendente.
Videla explicó que desde diciembre a la fecha ha participado en unas ocho reuniones en las que los vecinos han hablado del problema de la inseguridad.
Nada ha cambiado sustancialmente, por lo contrario, la situación se complica todas las semanas un poco más. “Los vecinos tienen toda la razón de manifestar su enojo” justificó.
“El Municipio ha hecho y va a ser todo lo que esté a su alcance en materia de seguridad. Se han limpiado más de 500 terrenos privados para sacarles las malezas, hemos reforzado todo el sistema de iluminación de la ciudad hasta pasar de 3000 a 4500 luminarias y se coloraron más de 200 cámaras, pero todo esto es un aporte que hacemos desde el Municipio. Los municipios no tienen presupuesto para Seguridad” explicó Videla cuya puerta, como la de todos los intendentes, es la primera en la que golpean los vecinos ante la falta de respuesta por parte del Gobierno provincial.

Anastasi en el tonel.

Más allá de la situación puntual de inseguridad en Juana Koslay, y que de igual manera tiene impacto en otras ciudades, se habla de un problema de fondo en la relación entre los efectivos policiales y el Ministerio de Seguridad.
Sobrevuela la idea de un malestar en las filas de la Policía a punto de explotar. Sobrecarga horaria ordenada por el Ministro, arbitrariedades varias, un trato despectivo para con los efectivos a los que moviliza con lenguaje de tropa militar, mala relación con activos y retirados, son parte de un combo que merece atención. Más aún, fruto de este desorden, se habla de una inédita cantidad de certificados médicos diarios por stress.
Para peor, hacia afuera, a la vista de la sociedad preocupada por los delitos, las apariciones del Ministro en las redes sociales desconciertan, porque esos posteos parece memes, hechos a propósito. De allí que esta semana proliferaran los mensajes virales en tono de burla sobre su manera de moverse.
El propio Anastasi escucha murmullos reprobatorios cada vez que camina delante de la propia formación policial.
Estar “En el tonel” le dice a esta situación el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el libro que recopila su experiencia en el gobierno de Estados Unidos.
Así está Anastasi, a merced de los hechos. “Tambaleándote entre aguas turbulentas, amoratado y desorientado, sin tener muy claro a dónde vas, incapaz de frenar el descenso, esperando el golpe contra el fondo y con la esperanza de sobrevivir el impacto”.

Dos lecturas se pueden hacer de lo que resultó el homenaje que la Agrupación Lealtad Peronista por San Luis pretendió realizarle a Adolfo Rodríguez Sáa al cumplirse, el 27 de julio pasado, el 50 aniversario de su nombramiento como Apoderado del PJ de la provincia de San Luis, por parte del histórico dirigente don Sinibaldo Franco, más allá del tiempo transcurrido desde aquel suceso.

En la primera de esas miradas sobresale el destrato que la conducción del peronismo puntano, que ancla sus decisiones políticas a la voluntad de Terrazas del Portezuelo, le da a Adolfo Rodríguez Saá.

Ni siquiera les abrieron las puertas de la sede y el acto tuvo que hacerse en la vereda de la histórica sede justicialista de calle Bolívar.

Como si hubiese un intento de borrar la historia del peronismo y, en particular, todo lo que lleve la marca de Adolfo Rodríguez Saá. Allí afuera entonces quedó la placa en su homenaje.

La segunda lectura surge de la muy escasa convocatoria dirigencial que lograron los organizadores, lo que termina convirtiendo al acto en una suerte de arrebato de emocionalidad que no favorece a nadie, por lo contrario.

La Agrupación Lealtad Peronista por San Luis reclama por su regreso a la casa matriz del peronismo, sin embargo, en Todos Unidos, el espacio político que le da institucionalidad a ese grupo de dirigentes, no hubo ni hay consenso sobre ese retorno.

En su obstinación no dejan de ver cuántas señalas ya les ha enviado Terrazas del Portezuelo: no los quiere.

Un detalle que DePolítica no puede dejar de señalar fue la ausencia de dos ex intendentes de San Luis que sí estuvieron en cambio en las puertas del PJ en Héroes de Malvinas en la movilización del domingo Primero de Mayo.

Dos meses después, ni Enrique Ponce, ni Alfonso Vergés participaron.

Opina Francisco César Guiñazú.

Con profunda preocupación advierto un nuevo atropello a la Justicia Provincial y a la ciudadanía en general por parte del Poder Ejecutivo y el Senado Provincial (oficialismo) que, a través del Decreto Acuerdo N° 3-HCS-2022, promovieron la designación de siete nuevos funcionarios judiciales provisorios (fiscales y defensores adjuntos) de los cuáles cinco no fueron evaluados en su conocimiento jurídico y práctica profesional, al igual que los otros diez recientemente designados.

La urgencia planteada no justifica la designación de funcionarios que no cumplieron con el proceso de evaluación previsto en la ley 615/08, que procura garantizar la idoneidad como requisito de admisibilidad (Art. 23 de la Constitución Provincial y 16 de la Nacional), lo que resulta de extrema gravedad institucional, aunque la decisión esté respaldada por el inconstitucional art. 118 de la reciente reforma judicial impulsada por el Gobierno provincial a través de la ley 0086-2021.

Resalto que transcurrió casi un año desde que fue aprobado el nuevo Código de Procedimiento Penal y desde que se sancionara la nueva Ley Orgánica de Administración de Justicia, por lo que hubo suficiente tiempo para hacer el concurso exigido para los funcionarios judiciales; ello agravado por el hecho de que cuando se los convocó para ser examinados, muchos de los postulantes no se presentaron y otros fueron declarados cómo “no recomendables”; sin embargo, varios ya están en ejercicio de sus cargos, destacando que las garantías y derechos más importantes de las que gozamos los ciudadanos (vida, libertad, propiedad, honor, etc.) pueden depender de quienes fueron discrecionalmente elegidos para ocupar esos cargos.

En definitiva, una negligencia (omitir evaluaciones) no puede subsanarse con otra negligencia (designación discrecional de los amigos del poder), por lo que insto a quienes forman parte de la estructura del poder dominante en la provincia, a priorizar la idoneidad, como resguardo constitucional para un mejor servicio de Justicia.

Señor Gobernador, Senadores oficialistas, Ministros del Poder Ejecutivo y Judicial, la seguridad jurídica se apoya en las normas constitucionales y no en su omnímoda y caprichosa voluntad.

Atentamente.

Francisco César Guiñazú.

Otros 9 de los 30 candidatos que nominó el Gobernador Rodríguez Saá para formar parte del Poder Judicial puntano, como fiscales y defensores, y que no pasaron por el examen de la Comisión Evaluadora del Consejo de la Magistratura, recibieron ayer bandera verde en sus nominaciones por parte del bloque oficialista de Senadores.

Se trata de Fernando Andrés Salas, Juan Pablo Díaz Estopiñán, Ana Teresita Bustos Anello, Ana María Cabello, Laura Carolina Parisi, Marcelo Gabriel Saldaño, Gastón Yllera, Andrea Yamil Aguilar y Andrea Raquel Court.

Sólo los legisladores que responden a Claudio Poggi –Alfredo Castro Luna, de Pedernera, y Sergio Guardia, de Junín- rechazaron esos nombramientos en el ministerio público.

La postulación para desempeñarse como fiscales y defensores de la Justicia, y que involucra a ex funcionarios del Gobierno provincial tiene ribetes escandalosos dado que de los 30 que seleccionó el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena sólo un candidato aprobó el examen, once fueron declarados “no recomendables” y el resto evitó presentarse ante los evaluadores.

Una espina quedó clavada en ese grupo de reprobados y una duda los corroe: ¿era ese examen un “zancadilla” para dejarlos expuestos y fuera de juego?, ¿acaso hubo un grupo al que se lo ordenó no asistir a los exámenes para evitar una reprobación?.

Como sea, el proceso avanza. Y pese a los rechazos públicos expresados por los colegios de Abogados de San Luis y Villa Mercedes, que se pronunciaron contra estas asunciones.

El senador Castro Luna argumentó la negativa de su voto junto a Guardia: “No estamos de acuerdo con las formas que está utilizando el Ejecutivo para designar estos fiscales. No podemos dejar de ver que hay más de 200 postulantes en las distintas instancias ante el Consejo de la Magistratura y el oficialismo designa a dedo a unos cuantos. Necesitamos claridad en defensa de las instituciones y de todos los postulantes”.

Qué cargos ocuparán esos fiscales y defensores:

• Fiscal adjunto de la Primera Circunscripción Judicial (San Luis y zonas aledañas): Fernando Andrés Salas
• Fiscal adjunto de la Primera Circunscripción Judicial (La Punta y zonas aledañas): Juan Pablo Díaz Estopiñán
• Fiscal adjunto de la Primera Circunscripción Judicial (La Toma y zonas aledañas): Ana Teresita Bustos Anello
• Defensor adjunto de la Primera Circunscripción Judicial: Ana María Cabello
• Fiscales adjuntos de la Segunda Circunscripción Judicial (Villa Mercedes y zonas aledañas): Laura Carolina Parisi, Marcelo Gabriel Saldaño y Gastón Yllera
• Fiscal Adjunto de la Segunda Circunscripción Judicial (Justo Daract y zonas aledañas): Andrea Yamil Aguilar
• Fiscal adjunto de la Segunda Circunscripción Judicial (Buena Esperanza o Nueva Galia y zonas aledañas): Andrea Raquel Court

El Movimiento Evita realizó esta tarde el tradicional homenaje a Evita, al cumplirse 70 de su fallecimiento, frente al busto que recuerda a «la abandera de los humildes» en el centro puntano.

Allí habló Daniel Sosa, máximo referente del Movimiento Evita en San Luis para reclamar e incentivar la participación de jóvenes de los sectores sociales más humildes en la política y en la toma de decisiones de gobierno.

“Yo estoy harto de estar votando caretones, conchetos, que después cuando llegan al cargo se van a vivir a los barrios privados o a cambiar el auto” dijo el dirigente puntano, uno de los que siempre trabaja en los barrios más carenciados de la provincia. De hecho, Sosa es el dirigente que logró que se visibilice el barrio República, con todas sus necesidades, luego de años de permanecer oculto a los ojos de los gobernantes.

“Está muy bien que los jóvenes asuman estas responsabilidades. Parece tímido, -dijo Sosa al presentar a Ezequiel González, el joven intendente de Beazley que surgió de las filas del Evita- pero para ganar la elección no fue tímido. La ganó.  Está bueno que los pibes ganen elecciones. El futuro es de los más jóvenes. Más adelante las mujeres que están acá, los varones que están acá, jóvenes, tienen que prepararse para gobernar este país”.

Y agregó: “Tienen que gobernar los jóvenes de los barrios humildes. Yo estoy harto de estar votando caretones, conchetos, que después cuando llegan al cargo se van a vivir a los barrios privados o a cambiar el auto. Tienen que ser los jóvenes de los barrios humildes, del República, del Solidaridad, del Suyuque, de Villa Mercedes, de La Toma, de San Francisco”.

«Estamos muy contentos con la convocatoria que hubo. Porque la gente fue muy afectuosa. Vino el que pudo venir, y lo hizo con muy buena intención. Hubo unas 60 banderas, pero si hubieran habido 400 había unos 400 compañeros para levantarlas» le dijo Sosa a DePolítica.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, junto al secretario de Políticas Universitarias del ministerio de Educación de la Nación, Oscar Alpa anunciarán este miércoles la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Luis.

El edificio se levantará en el nuevo predio con que cuenta la Universidad Nacional de San Luis en la zona norte de la ciudad.

El anuncio, del que no han trascendido mayores detalles, se hará este miércoles a las 8:30 en el microcine de la Universidad.

Con lo que el Gobierno gasta en 500 funcionarios que están de más, se podrían hacer 500 viviendas por año.

La frase es del diputado nacional Claudio Poggi, que este lunes presidió el tercer encuentro del Gabinete de Control y Seguimiento Fiscal, que integra la totalidad de los diputados y senadores del Frente Unidos por San Luis

A lo largo del encuentro, que se extendió durante casi dos horas, se puso de manifiesto la preocupación por el déficit de las cuentas públicas provinciales por tercer año consecutivo, y la ausencia de un miembro de la oposición en el Tribunal de Cuentas.

Poggi y los legisladores de Unidos por San Luis analizaron “la superestructura administrativa de funcionarios que representa la Secretaría General para la Gobernación, la superposición de misiones y funciones, entre los funcionarios de las diferentes áreas que la componen”.

Unos 72 funcionarios integran la oficina que conduce el hijo del Gobernador Rodríguez Saá, cuenta que no incluye contratados ni los integrantes del Consejo Consultivo.

Al concluir la reunión, los integrantes del gabinete decidieron realizar tres pedidos de informes al poder ejecutivo provincial y nacional.

• Se realizará un pedido de informes que permita conocer la cantidad de funcionarios públicos con los que cuenta el poder ejecutivo, las funciones y roles que cumplen, incluyendo en el mismo pedido que se informe sobre todos aquellos contratos fuera de escala con rango de funcionarios, que se paga cada mes.
• Se solicitó el detalle y costos relacionados con los vuelos privados del gobernador y sus funcionarios. Sobre este particular, los diputados realizarán la presentación en el ámbito provincial y Poggi, hará lo mismo, con un pedido de informes en la cámara de diputados de la nación dirigido a la Administración Nacional de Aeropuertos Civiles y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para que informe sobre la actividad dentro y fuera del país relacionada con vuelos privados pagados con los impuestos de los sanluiseños
• Se hizo una solicitud de información sobre la cantidad de vehículos oficiales qué están a disposición de los funcionarios y reparticiones del estado, en el mismo se exceptúa a vehículos afectados a la policial y a la salud.

El detalle de los 72 funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación:

Secretaria general de la gobernacion

La Cámara de Diputados tuvo este miércoles una de las sesiones más extensas -fueron unas ocho horas de debate- de los últimos tiempos. Y fue también una de las más calientes a partir de la centralidad que alcanzó un eje económico instalado por el diputado nacional Claudio Poggi: la Provincia tiene, por tercer año consecutivo, sus números en rojo.

La conformación de un “Gabinete de seguimiento y control fiscal” que el lunes advirtió un cierre presupuestario 2021 con un déficit de 9.117 millones de pesos enfureció al oficialismo que, como los boxeadores que acusan un golpe, salió a devolver manotazos mediáticos políticos todos apuntados a la figura del ex gobernador.

Esa sobreactuación mediática del oficialismo no hizo más que instalar en el común de la sociedad un tema que normalmente no va más allá de la discusión del círculo político.
Es cierto que, a la calle, preocupada por su metro cuadrado, llega apenas como un título que los números están en rojo, pero tal vez en esa instalación haya más responsabilidad del oficialismo por sus propias torpezas, aunque también la oposición supo manejar la oportunidad.

Si tienen superávit por qué no lo ponen en la calle ahora, que es cuando la gente se muere de hambre, dijo palabras más o palabras menos, el diputado Gastón Hissa.
Su recriminación apuntó a que el oficialismo celebra orgulloso un supuesto superávit del Gobierno mientras la sociedad padece con indicadores de pobreza e indigencia inéditos en la historia de San Luis.

Hay una segunda línea de lectura en las palabras de Hissa: el convencimiento de que el Gobierno se guarda el dinero para hacer campaña en los meses previos a la elección de Gobernador, y mientras tanto deja que el tejido social se descomponga irreversiblemente.

La diputada por Pedernera Mónica Becerrra -cuya participación fue muy bien vista puertas adentro del poggismo- fue quien tradujo el enrevesado volumen de información económica y lo bajó a varios títulos para demostrar el desenfoque entre las prioridades de la sociedad y en qué gasta el Gobierno.

De las palabras de Becerra, DePolítica rescata estos tres:

1. Se destinó al Club Social $124 millones, casi el doble de lo que se destinó a la construcción de viviendas, $75 millones.

2. Se pagaron eventos culturales por $342 millones y en cambio sólo hubo 63 millones para darle apoyo escolar a los chicos.

3. Se gastó pauta publicitaria por $1.243 millones, mientras que un ministerio, como el de Producción, apenas tuvo $358 millones, de los cuales el 62% es para sueldos.

La mirada del diputado Luis Guillet también desnudó promesas incumplidas como la construcción de viviendas en Villa Mercedes, La Toma, El Trapiche, Concarán, Naschel, Buena Esperanza, Tilisarao, San Pablo, Las Chacras, Potrerillo, Cortaderas y Papagayos. Si bien esas obras aparecen en el presupuesto, en realidad no se ejecutaron.

También mencionó la puesta en valor del Palacio de los Deportes de Villa Mercedes, una obra deportiva en San Martín, el centro cultural para Concarán, la refacción de edificios municipales y obras de gas para Carpintería, Cortaderas, Papagayos, Los Molles, Villa Marca y Tilisarao, entre las obras prometidas pero que no se hicieron.

Con los diputados en el recinto durante ocho horas, claro que hubo algunas perlitas, más allá de los gritos de ¡Viva Alberto! que lanzaron algunos diputados.

Por ejemplo, hubo pedidos o insinuaciones del oficialismo para que el diputado Claudio Poggi no pueda entrar a la Legislatura, como lo hizo la semana pasada para analizar junto a los diputados de su espacio político las cuentas del gobierno provincial.

Y también otras que revelan en qué está cada uno. Mientras Gloria Petrino, como presidenta del bloque oficialista defendía los números del presupuesto con sus argumentos, y lo propio hacía la diputada, Anabela Lucero -que llevó a las gradas su propia tribuna con remeras incluidas-, su par de bancada Fernanda Spinuzza se pasó horas y horas de la sesión revisando qué tan quemadas tiene las puntas de su cabello.

El resultado de la votación fue favorable al oficialismo con 25 votos, contra 13 negativos y una abstención, de la diputada Berta Arenas.

En pleno debate, Spinuzza durante horas, abstraída por las puntas de su cabello.

El 2 de marzo pasado, en una asamblea unánime, la ministra de Salud, Rosa Dávila; la presidenta de la Sociedad del Estado “Ramón Carrillo” María José Zanglá; y los directores de ese organismo Nicolás Anzulovich y Francisco Petrino, firmaron un acta en la que designaron como un nuevo director de ese organismo a Cristian Pablo Marcelo Niño Piquillem.

Esa acta fue certificada con su firma por el escribano María Noé Esteves III, el 23 de mayo.

Sin embargo, recién casi tres meses después de designación, Niño notificó su propia designación como director del “Ramón Carrillo” a la oficina nacional de PAMI, y lo hizo utilizando su propia clave y firma digital como Asesor Legal de la Unidad de Gestión Local UGL-XXVI PAMI San Luis.

Esa oficina es dirigida por Diego González, ex concejal en Villa Mercedes, que a principios de este año renunció a esa banca para asumir en la oficina nacional en San Luis.

Recién el 28 de junio pasado Niño solicitó una licencia extraordinaria, vía expediente digital y lo hizo con su clave personal y firma electrónica como Asesor Legal del PAMI.

Es decir que casi tres meses después de su designación como director del “Ramón Carrillo” -seguía siendo empleado del PAMI- recién pidió una pausa en su vínculo contractual, al punto de que no fue su superior quien hizo la gestión ante la oficina nacional sino el propio Niño con firma digital.

Así lo revela él mismo en una nota dirigida al Gerente de Recursos Humanos, Roberto Guaresti al señalarle que había sido “designado como Director de la Sociedad del Estado “Ramón Carrillo”, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de San Luis, a partir del 2 de marzo de 2022”.

“Es una falta de ética que siga manejando las claves del sistema de PAMI… lo prolijo es hablar con tu autoridad, entregar tu nuevo nombramiento y el pedido de su licencia, pero no ingresar desde otro equipo que no pertenece a la oficina de PAMI y hacer el trámite con el sistema GEDO que se utiliza en esa dependencia”, argumenta gente con experiencia en la gestión de esa oficina.

Es desprolija la gestión, en tanto cualquiera podría seguir utilizando las claves de PAMI aún cuando no trabaje más en esa dependencia. O bien debiera optar por una sola ventanilla: o Asesor Legal de PAMI o director del “Ramón Carrillo”.

Otras voces aportan su conocimiento para entender porqué suceden estos desmanejos: “La vicepresidenta Cristina Kirchner le dio el manejo de PAMI a Rodríguez Saá, y cuando se plantean situaciones que requieren de la intervención de la directora nacional –Luana Volnovich– ella dice que no puede tocar nada de San Luis, que lo tiene prohibido”, cuentan.

Traducido, no hay ante quien reclamar por un desmanejo evidente como este que hoy revela DePolítica.

La preocupación es compartida en el gremio que nuclea a los trabajadores. Un empleado de esa oficina habla de un clima de cansancio por “el manoseo que hay, en cuanto a afiliados, prestaciones” y por “el desorden interno”. “Eso de que sigue usando la clave es muy irregular”, se queja.

La conducción del Partido Demócrata puntano emitió un duro comunicado para reclamar que los gobernantes de la Nación y la provincia de San Luis “pongan fin a las políticas de irresponsabilidad fiscal y derroche de los recursos públicos”.

El documento con las firmas del presidente de la Convención del Partido Demócrata San Luis, Raúl Maturano y del Comité Departamental de Pedernera, Daniel Nazario peticiona “a nuestros gobernantes que, con humildad y prudencia, gobiernen de acuerdo a los principios rectores de nuestra Constitución, respetando las instituciones, la división de poderes y la sana administración de los recursos de la sociedad”.

El documento llega en un momento de profunda crisis política en el gobierno nacional y ante la advertencia hecha en San Luis de que la administración provincial ha cerrado su tercer ejercicio económico anual en forma deficitaria.

A continuación el pronunciamiento del Partido Demócrata:

La Agrupación Lealtad Peronista por San Luis invitó a través de las redes sociales a un acto para celebrar el 50 aniversario del momento en que el actual senador Adolfo Rodríguez Saá fue nombrado Apoderado del PJ de la provincia de San Luis, por el histórico y reconocido dirigente don Sinibaldo Franco.

El acto será el 27 de julio a las 11, en la Primer Sede del Partido Justicialista, en la calle Bolívar al 548, un histórico edificio que fue recuperado por la actual conducción del PJ, luego de que allí funcionara un jardín de infantes.

“Contaremos con la presencia de grandes dirigentes, militantes, organizaciones sociales, partidos aliados, unidades básicas, agrupaciones y familiares de Sinibaldo Franco” reza la invitación que se viralizó a través de whatsapp.

Por otra parte, esta semana el senador Rodríguez Saá se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes.

Luego de esa reunión, de acuerdo al parte de prensa emitido por su equipo de colaboradores, Rodríguez Saá manifestó su convicción de que “la problemática de las PyMES debe estar y ser prioritaria en la agenda de los gobiernos y sus líderes”.

«En la agenda de los gobiernos y de los líderes debe estar el tema PyMes debe ponerse en discusión la generación de trabajo la base del crecimiento de Villa Mercedes está en el sector comercial», señaló Rodríguez Saá, en la sede de la FISAL de la ciudad de San Luis, espacio en el que se abordó «la problemática en la provincia y el entramado Pymes , comercios y economías regionales».

Por la Cámara de Comercio asistió su presidente Marcelo del Turco; el secretario, Darío Sánchez; el vocal Gabriel Samper y Raúl Reynoso, colaborador de la institución.

Acompañaron a Rodríguez Saá, Andrés Vallone, la concejal de Villa Mercedes, Lucrecia Soria y Beatriz Sosa.

Los directivos del sector comercial  «reclamaron que no les llegó ningún crédito de los que fueron anunciados en el Consejo Económico y Social de la Provincia» señala el parte de prensa; a la vez que propusieron trabajar en un relevamiento sobre la matriz productiva de San Luis.

Dos ideas-palabras retumbaron en los oídos de los puntanos esta semana. Despilfarro y corrupción.
Ambas salieron de la boca de dirigentes que expresaron su preocupación por la situación económica, institucional y social por la que atraviesa la provincia de San Luis, como consecuencia directa de las acciones -o inacciones- del Gobierno de Terrazas.
Uno de esos dirigentes fue el diputado nacional Claudio Poggi, quien encabezó el miércoles pasado una reunión con los legisladores provinciales de su espacio, y anunció un seguimiento estricto de las finanzas públicas dado que por tercer año consecutivo las cuentas están en rojo y hay déficit fiscal.
“Hay fondos públicos que se gastan mal, que son superfluos, innecesarios, improductivos, gastos que no llegan a la gente en un contexto de pobreza tremenda que tenemos en San Luis” dijo, y brindó algunos ejemplos:

Los vuelos del Gobernador en avión privado.

“Un viaje en avión privado que hace el gobernador a Buenos Aires cada diez días cuesta 10 mil dólares. En 30 viajes que hace en el año son 300 mil dólares. Se van 100 millones de pesos en vuelos particulares del gobernador. Un viaje en avión de línea cuesta 100 dólares, por ejemplo».

Los funcionarios que están de más.

“Hay 500 funcionarios de más que ganan entre 200 y 300 mil pesos cada uno más las cargas patronales. Son 500 mil pesos de costo por cada funcionario que está de más cada mes. Hay tres mil millones de pesos al año en funcionarios que están de más”.

El despilfarro de los fondos públicos.

“No hay un autocontrol y encima hay un descontrol en distintas áreas del Gobierno en el uso de los fondos públicos y eso significa usar mal cada uno de los impuestos de los sanluiseños”.

Pero quizá el párrafo más grave fue la advertencia de que no es posible sostener este nivel de gasto sin sufrir consecuencias en poco tiempo. “Si el Gobierno sigue gastando así, va a tener que pedir un préstamo para pagar los sueldos”, advirtió Poggi.

La otra palabra que se escuchó esta semana en San Luis y luego de muchos años fue la palabra corrupción. Hacía mucho tiempo que no se escuchaba esa acusación en un discurso político público en San Luis. Como si de tanto decirla hubiese perdido su significado.
La pronunciaron los dirigentes de Todos Unidos en un comunicado en el que denunciaron a los “Fiscales de la dedocracia”.

Ese episodió se constituyó en un capítulo degradante de las instituciones que sigue su curso: ya asumió un lote de ellos sin que hubiesen pasado por el examen de la Comisión de Evaluación del Consejo de la Magistratura.

Tejido de corrupción en el Poder de San Luis.

“…Qué fuerte para nuestra Provincia, para nuestros ciudadanos, para el laburante que desprevenido y en su lucha diaria por subsistir, ve cómo se teje de corrupción el Poder en San Luis. Qué mal que nos hace tener este tipo de funcionarios y este tipo de conductas” dice ese comunicado de Todos Unidos.

Vínculos sospechosos.

“Funcionarios del Gabinete, amigos de los estudios jurídicos, compromisos vaya a saber de qué índole, tiñen de negro las nuevas designaciones de uno de los poderes del Estado” denuncia el comunicado, más allá de lo desafortunado de la figura idiomática utilizada para expresar la sospecha de esos favores.

La síntesis del eje de la discusión política de la semana -despilfarro y corrupción-, impactó de lleno en Terrazas del Portezuelo, de allí el intento, a través de las apariciones públicas de algunos funcionarios, de salir a defender la salud de las cuentas públicas de la provincia y demonizar a sus rivales políticos.