Durante años, en los papeles, esa pistola estuvo guardada bajo custodia judicial.
Era un arma policial. Una Jericho 941 calibre 9×19. Había quedado incorporada como evidencia en una causa por “homicidio en grado de tentativa y lesiones graves” y, según los registros oficiales, debía encontrarse depositada en la Cámara del Crimen N°1 de San Luis.
Pero esta semana reapareció. Y no en un juzgado, ni en un depósito judicial. Sino en la calle.
La pistola volvió a aparecer durante una serie de allanamientos realizados por la Policía de San Luis en Juana Koslay y El Volcán, en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado 7 de mayo en la ciudad capital.
El hallazgo fue casi como un dato más dentro del procedimiento: armas de fuego —pistola, pistola semiautomática, revolver—, proyectiles, celulares, prendas de vestir, una notebook y marihuana secuestrados en distintos domicilios. Sin embargo, cuando la División Armamento y Equipos verificó una de las pistolas encontradas, surgió algo inesperado. El arma tenía historia.
Según un informe interno elevado el 20 de mayo por la Dirección General de Logística y Suministros al jefe de Policía, la pistola pertenece a la institución policial y había sido provista el 3 de marzo de 2006 al entonces inspector Jorge Antonio Medero.
De acuerdo a los registros oficiales, esa misma arma debía estar depositada judicialmente en el expediente “Av. Medero Jorge Antonio – Homicidio en grado de tentativa y lesiones graves”. Es decir: oficialmente, nunca debió haber salido de custodia.
Sin embargo, terminó nuevamente circulando y fue secuestrada en un allanamiento realizado en Donovan, Juana Koslay, donde además se encontraron otras armas y teléfonos celulares.
El episodio abrió inevitablemente interrogantes sobre la cadena de custodia y el control de las evidencias judiciales.
Un informe policial revela además que la institución había intentado recuperar formalmente el arma meses atrás. El 26 de septiembre de 2024, la Policía solicitó la restitución de la pistola “en caso de que no hubiera impedimento”, debido a que forma parte del patrimonio de la fuerza.
La presentación fue recibida el 27 de septiembre por el prosecretario de la Cámara del Crimen N°1, Ricardo Luis Belzunce, pero —según sostiene la nota policial— “hasta el momento nunca recibimos una respuesta”.
Ahora, el arma volvió a aparecer. No en el lugar donde debía estar, sino en medio de una investigación criminal.
Mientras continúan las actuaciones por el robo que originó los allanamientos, la propia Justicia deberá determinar cómo una pistola incorporada como prueba judicial terminó otra vez en circulación.
