La conmoción por la muerte del intendente de Potrero de los Funes, Ignacio “Nacho” Olagaray, todavía atraviesa a la localidad. Sin embargo, apenas dos semanas después de su fallecimiento, el escenario institucional del pueblo es tensionado por concejales opositores que impulsaron una resolución para exigir elecciones municipales anticipadas y desconocer, en los hechos, la continuidad institucional encabezada por Cristina Vallejo.
La paradoja política es evidente: los mismos concejales que hoy buscan forzar una convocatoria electoral fueron quienes días atrás avalaron formalmente la asunción de Vallejo tras la muerte de Olagaray.
El pasado 8 de mayo, en una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante reconoció la vacancia definitiva del cargo y tomó juramento a Vallejo como nueva intendenta, en cumplimiento del mecanismo de sucesión previsto por el artículo 262 de la Constitución Provincial que dice: «En caso de vacancia, ausencia u otro impedimento del intendente, ejerce sus funciones el presidente del Concejo. En la vacancia definitiva hasta que se elija quién ha de reemplazarlo, y en lo demás hasta que cese el impedimento».
Pero ahora, los bloques vinculados a Alberto Rodríguez Saá y al exintendente Daniel Orlando avanzaron con una resolución que redefine aquella situación y exige llamar a elecciones en un plazo de 60 días.
Desde el oficialismo interpretan la maniobra como un intento de alterar el resultado político surgido de las urnas y el proceso institucional correspondiente tras la muerte de Olagaray. Por eso hablan abiertamente de un “golpe institucional” y de dirigentes a los que sólo les interesa ver cómo pueden hacerse del poder.
La iniciativa -comunicada en la web del exgobernador Rodríguez Saá- fue aprobada este miércoles por los bloques Compromiso Federal y Potrero Activo, que además pretenden que la fecha electoral sea fijada en apenas cinco días. Según sostienen desde esos espacios, Vallejo ocupa el cargo de manera provisoria y corresponde convocar rápidamente a un nuevo proceso electoral.
La única concejal que rechazó la medida fue Micaela Díaz, quien cuestionó tanto el momento político elegido como la interpretación constitucional impulsada por la oposición. También recordó que no existe en la Constitución Provincial un plazo específico de cinco días para convocar elecciones y remarcó que “el pueblo ya eligió quién quería que estuviese al frente del Ejecutivo”.
Olagaray había llegado a la intendencia tras triunfar en las elecciones de noviembre pasado, cuando derrotó por apenas diez votos al exintendente Daniel Orlando.
