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Atípica Cultural presenta un recital de poesía con tres generaciones de escritoras

Con la llegada del otoño, cuando el aire comienza a espesarse de hojas y de tiempo, la poesía encuentra su temperatura justa. En ese clima íntimo y reflexivo, la ciudad de San Luis se prepara para una velada donde la palabra será refugio y encuentro: Tres mujeres, tres poetas, tres generaciones.

El sábado 28 de marzo a las 19:30 horas, la librería-café Atípica Cultural  —ubicada en San Martín 842— abrirá sus puertas para recibir a Vera Jereb, Julieta Calderone e Hilda Pedroza. Tres voces, tres recorridos vitales, tres formas de decir lo indecible. Jereb, mendocina; Calderone y Pedroza, foráneas que han hecho de San Luis su territorio afectivo y creativo. En las tres escritoras, la poesía no sólo se escribe: se habita.

El espacio no es un detalle menor. Atípica Cultural, recientemente reconocida como Tienda Creativa por la Dirección de Cultura de la Nación y la Municipalidad local, propone una experiencia donde los libros y el café no son fondo sino escena. Allí, entre estantes y tazas humeantes, la literatura se vuelve cuerpo, y la lectura, un acto compartido. Como si cada verso encontrara eco en el murmullo del café, en el roce de las páginas, en la respiración atenta de quienes escuchan.

La propuesta invita a pensar la poesía como un puente generacional, donde las diferencias no separan sino que amplifican. Tres mujeres que escriben desde distintos momentos de la vida, pero con una misma intensidad: la de nombrar el mundo desde una sensibilidad que, en este otoño, se vuelve especialmente fértil. Hay en esta reunión algo de ritual: una transmisión, un gesto de continuidad, una conversación silenciosa entre épocas.

El evento, de entrada libre y gratuita – aunque con cupos limitados -, se presenta como una oportunidad para detener el ritmo cotidiano y sumergirse en una experiencia estética y sensorial. Porque si el otoño trae consigo cierta melancolía, también ofrece la posibilidad de recogimiento, de escucha, de poesía.

En tiempos donde lo inmediato parece imponerse, encuentros como este reivindican la pausa. Y en esa pausa, la palabra – dicha por mujeres, atravesada por generaciones – vuelve a ser casa.

Habrá algo de doméstico y de ritual en estas lecturas. Como si cada texto encontrara su temperatura justa en el murmullo del café, en la respiración compartida del público. Como si la literatura dejara de ser objeto para volver a ser acto.

En tiempos de velocidad, este tipo de encuentros proponen otra lógica: la de la permanencia. Escuchar un poema completo. Sostener un silencio. Dejar que una imagen quede flotando.

Quizás por eso el otoño sea el momento adecuado. Porque invita a quedarse. Y porque, como la poesía, Atipica Cultural también trabaja con lo que cae… y con lo que permanece.

Una noche para escuchar, poesía entre libros y café.

Qué dijo Poggi sobre los tiempos judiciales

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El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, dejó una frase que ordena la lectura política del caso por el cual le aceptó la renuncia a Ricardo Bazla: “Me sorprendió la velocidad con que -en la Justicia- se abordó este tema y el no abordar los siete años anteriores”.

La definición, pronunciada en una rueda de prensa en Villa Mercedes, expone la perplejidad del mandatario frente al ritmo de la investigación judicial.

Poggi aclaró que es “muy respetuoso de las decisiones de la Justicia”, pero subrayó el contraste entre la rapidez con que se actuó en el caso actual y la ausencia de investigación sobre lo ocurrido con el campo “El Caburé” desde su recuperación por parte del Estado en 2017.

“El campo hace del 2017 que la provincia lo recuperó y no sabemos qué pasó con el producido en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023”, planteó, reforzando la idea de que la mirada judicial debería abarcar todo el período en el que el predio estuvo bajo órbita estatal.

En ese contexto, el gobernador confirmó que Bazla presentó su renuncia de manera indeclinable luego de ser imputado y que la misma fue aceptada de inmediato. Recordó además que, tras la denuncia inicial, el funcionario ya había solicitado una licencia sin goce de sueldo por 90 días, también concedida.

“Esto marca una forma diferente de actuar: el funcionario se aparta para defenderse, no se cubre a nadie”, señaló Poggi, en una línea que busca diferenciar el manejo del caso respecto del anterior gobierno que tiene no menos de una docena de exfuncionarios investigados y algunos condenados por hechos de corrupción.

Sin embargo, el eje de su intervención no estuvo puesto en la situación personal del exfuncionario sino en el alcance de la investigación. “Que se avance, pero que se amplíe desde el mismo momento en que se recuperó el campo en 2017”, concluyó.

Poggi le aceptó la renuncia a Bazla tras su imputación por delitos contra la administración pública

El gobernador Claudio Poggi le aceptó la renuncia a Ricardo André Bazla, quien hasta este miércoles se desempeñaba como secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión, luego de que la Justicia avanzara con una formulación de cargos en su contra por presuntos delitos contra la administración pública.

La aceptación de la renuncia operó como un movimiento inmediato del Ejecutivo tras conocerse la imputación judicial.

Horas antes, el juez de la causa conocida como «El Caburé» había resuelto admitir todos los cargos pretendidos por el Ministerio Público Fiscal dando por formulados cargos provisorios contra el exfuncionario.

La imputación incluye delitos de defraudación, falsedad ideológica, uso de instrumento público agravado, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.

Frente a ese escenario, Bazla presentó su renuncia indeclinable mediante una nota dirigida a Poggi, fechada el 25 de marzo de 2026. En el escrito, sostuvo que tenía la “obligación moral” de apartarse del cargo y que necesitaba ejercer su derecho de defensa ante las decisiones judiciales y medidas de coerción en su contra.

La aceptación de la renuncia por parte del gobernador marca un corte político claro frente al avance judicial de la causa en la que Bazla quedó imputado.

Santa Rosa del Conlara recordó a Rosa Josefina Becerra, asesinada en la dictadura

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Santa Rosa del Conlara incorporó este 24 de marzo un nombre propio a su mapa de la memoria. Por primera vez, el pueblo recordó de manera pública a Rosa Josefina Becerra, una joven nacida allí que fue asesinada en julio de 1976, en el inicio del terrorismo de Estado.

La placa, colocada en su localidad de origen, salda una deuda de décadas: Josefina —como la recuerdan— no había tenido hasta ahora un reconocimiento formal en su propio territorio.

Su historia reconstruye el itinerario de una generación atravesada por la formación, la movilidad social y, finalmente, la violencia estatal. Nació en Santa Rosa, se trasladó a la ciudad de San Luis para estudiar y luego continuó su formación en Mendoza, donde se graduó como licenciada en Ciencias Políticas. Allí conoció a Rubén “Yuyo” Arias, con quien se casó.

La pareja se radicó en Tucumán. Él trabajaba como inspector de alcoholes en la Dirección General Impositiva; ella se desempeñaba como docente en la universidad. Tenía 28 años.

Rosa Josefina Becerra, asesinado a los 28 años por la dictadura. Foto Aljaba 360.

El relato familiar, en la voz de su hermano Jorge Becerra -figura de la selección nacional de básquet en la década del 70-, introduce un matiz crudo que complejiza incluso las categorías habituales del terrorismo de Estado.

“No murieron por balas. La policía entró a su casa, en un ingenio donde vivían, y los mataron a golpes en la cabeza con las armas”, le cuenta a DePolítica.

El hecho ocurrió en julio de 1976. A diferencia de muchos otros casos, los cuerpos fueron recuperados por la familia. Desde Mendoza, su padre, familiares y allegados viajaron a Tucumán y lograron traer los restos. Con ellos regresó también Jerónimo Arias, el hijo de la pareja, que tenía entre uno y dos años y fue criado por sus abuelos.

Jorge Becerra, en el acto en homenaje a su hermana Rosa Josefina.

El caso de Josefina Becerra y Rubén Arias está documentado en el informe de la CONADEP y figura en el Nunca Más. Sus nombres también integran los registros del Museo de la Memoria, en Buenos Aires, y aparecen en placas conmemorativas en la Universidad Nacional de Cuyo, donde ella estudió. En San Luis, su nombre ha sido incluido en intervenciones simbólicas en espacios públicos.

Sin embargo, el reconocimiento en su propio pueblo llegó recién ahora.

El intendente Miguel Postiguillo, junto a Becerra y autoridades y familiares.

“El caso fue bastante ocultado. Este es el primer homenaje que se le hace en Santa Rosa”, señala su hermano.

El acto tuvo una convocatoria significativa para la escala local. Participaron escuelas, vecinos y familiares, en una jornada que también reunió a allegados de otras víctimas del terrorismo de Estado, como las vinculadas a Alfredo Sinópoli.

Así, Santa Rosa del Conlara inscribió a Josefina Becerra en su memoria colectiva. No como una abstracción de época, sino como una vida concreta: una joven profesional, docente, madre, que fue asesinada en el inicio de la dictadura y cuyo nombre, durante demasiado tiempo, permaneció en silencio.

El mural de la Universidad Nacional de Cuyo que recuerda a Becerra y Arias.

La dictadura que nos arruinó, por Diego González

Por Diego González

Abogado, dirigente del Partido Justicialista.

 

Hoy, como ciudadanos argentinos, debemos ocuparnos de rescatar de las celdas más oscuras de nuestra memoria nacional los hechos y consecuencias funestas del golpe de Estado acaecido el 24 de marzo de 1976.

Han pasado ya cinco décadas y la sensación no varía; es una época dura para millones de argentinos que, afortunadamente para las nuevas generaciones, no hemos sufrido procesos amnésicos simplistas.

Nuestra República Argentina ha sufrido a lo largo del siglo pasado numerosas interrupciones del orden constitucional, que produjeron graves violaciones a los derechos humanos motivadas por cuestiones ideológicas o partidarias.

La aplicación de tortura, física o psíquica, fue el denominador común de estos abominables periodos, alcanzando niveles genocidas a partir de 1976, cuando se evidenció la existencia de un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas, comparable solamente con la barbarie instrumentada por la Alemania nazi. Decenas de miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de procedimientos inspirados en la totalitaria e importada Doctrina de la Seguridad Nacional.

La utilización reiterada de la desaparición de personas, como política represiva, reconoce algunos antecedentes previos al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 pero, desde esa fecha, las fuerzas militares, con apoyo civil, que usurparon el poder obtuvieron el control absoluto de la organización estatal generalizando la implantación de tal metodología.

La comprobación de la extensión que adquirió la práctica de la tortura en los numerosos centros clandestinos de detención existentes en el territorio nacional, y el sadismo demostrado por sus ejecutores, resultan estremecedores; inclusive, respecto de algunos de los aberrantes métodos empleados, no se conocían antecedentes en otras partes del mundo.

Los cobardes genocidas no solo persiguieron a los miembros de organizaciones políticas populares, sino que se cuentan por millares las víctimas no vinculadas con tales actividades que también fueron objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado “subversivo”.

Esta fanática e indiscriminada represión alcanzó también a religiosos, abogados y periodistas argentinos y extranjeros. Judicialmente, por otra parte, se ha comprobado la existencia del “Plan Cóndor”, consistente en la colaboración mutua prestada entre las dictaduras latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia), para perseguir a sus víctimas en el territorio de cualquiera de los países adherentes al mismo.

Numerosas organizaciones, nacionales e internacionales, lucharon vigorosamente por los derechos humanos de los detenidos-desaparecidos, entre ellas pueden destacarse: Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Servicio de Paz y Justicia, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento Ecuménico de Iglesias por los Derechos Humanos, Amnesty International, Cruz Roja Internacional, Comisión Internacional de Juristas, Consejo Mundial de Iglesias, Federación Internacional de Derechos Humanos, Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Pax Christi Internacional, Asociación Internacional Contra la Tortura, Asociación de Juristas Demócratas, Liga Internacional para la Defensa de los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Penal Law Asociation, Minority Rights Group, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Federación de Familiares de América Latina, CLAMOR de Brasil, Vicaría de la Solidaridad de Chile, entre otras.

Aquellos jóvenes idealistas y solidarios martirizados por la abyecta dictadura militar nos han dejado una gran enseñanza: las instituciones democráticas deben ser defendidas a cualquier costo porque, en esencia, la democracia que supimos conseguir es eso, un grito de libertad, un alarido de justicia, el gobierno del pueblo y para el pueblo.

La última dictadura, además de los aberrantes crímenes descriptos, también cometió otros que terminaron condicionando el futuro de la Argentina: un legado de endeudamiento externo insoluble, corrupción estructural rampante en materia de obra pública, y otras, la “colonización” que las FF.AA de entonces hicieron sobre todas las oficinas del Estado, donde la idoneidad fue reemplazada por el parentesco, el “acomodo” que perdura hasta nuestro días en organismos nacionales, provinciales y municipales en los que, parece, la página del calendario no ha pasado al año 1984, lamentablemente. Democracia como asignatura pendiente, herencia maldita de una dictadura que destruyó todo, los cuerpos, las almas, la ética republicana, todo, y en nombre de pretendidos “valores” que los primeros en pisotearlos fueron ellos. Dios nos libre de ese pasado de horror que se cuela en el presente y ancla nuestro futuro como país.

La provincia de San Luis, por cierto, no fue ajena a esta dolorosa realidad nacional y subcontinental. Gran cantidad de, en su mayoría, jóvenes de nuestra patria chica, debieron padecer las infames mazmorras del “Proceso”. Además, debemos recordar que numerosos ciudadanos fueron asesinados en la vía pública por miembros de las fuerzas armadas o de seguridad, hechos que hasta hoy no han sido esclarecidos.

Otros hijos de esta tierra han pasado a engrosar las interminables listas de “desaparecidos”, vocablo incorporado al diccionario universal de la vergüenza a causa de lo sucedido en Argentina durante este sangriento período.

A esta altura es propicia la ocasión para desafiar el olvido cómplice y recordar a los sanluiseños que fueron víctimas del terrorismo de Estado: Ana María Ponce, Domingo Britos, Marcos Ibañez, Santana Alcaraz, Jorge Reynaldo Ruarte, Norma Monardi, Jorge Gabriel Pujol, Lubino Amodey, Félix Roque Giménez, Adolfo Enrique Pérez, Leonor Rosario Landaburu de Catnich, Carlos Luis Mansilla, María del Carmen Bosco, Carlos Juan Allende, Fred Mario Erns, Luis Canfaila, Alfredo Felipe Sinópoli, Luis María Frumm, Graciela Fiochetti, Julio Everto Suárez, Elsa Alicia Landaburu, Mauricio López, Dante Bodo, Jorge Luis Ruffa, José Oscar Robustelli, Ricardo Enrique Saibene, Jorge Omar Cazorla, Tomás Horacio Carrucaburu, Nolasco Leyes, Anibal Torres, Pedro Valentín Ledesma, Angel Arturo Avellaneda y Domingo Edgardo Chacón.

Hoy podemos afirmar, con orgullo, que el paso del tiempo no ha borrado las profundas huellas de los imperdonables crímenes cometidos por los genocidas, ninguna autoamnistía, punto final o indulto pudo -ni podrá- lograr ese por ellos tan ansiado “manto de olvido” cómplice, encubridor de sus tropelías. Ese olvido maldito no llegará jamás, porque tiene perdida la batalla frente al ardor de la memoria del pueblo argentino.

 

El Tribunal a Ramírez: «Deberá abstenerse de cometer nuevos delitos»

Las más de 120 mil visualizaciones en la página de Facebook @danielpoderperiodista —ver gráfico— del artículo sobre la declaración de Alberto Rodríguez Saá en la causa Cintia Ramírez son una demostración contundente del interés público que tomó, con el paso de los días, ese proceso judicial.

La ex secretaria de Deportes fue condenada por unanimidad a un año y medio de prisión en suspenso por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes del funcionario público en perjuicio de la administración pública provincial, y fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos.

Ramírez deberá abstenerse de cometer nuevos delitos y nunca más podrá ser funcionaria ni ocupar cargos electivos de ninguna naturaleza.

El Tribunal, integrado por los jueces Fernando de Viana, Adriana Alfonso Lucero y Eugenia Zabala Chacur, la absolvió “por el beneficio de la duda” en relación con el pago de un sobreprecio de 175 millones en la compra de un colectivo, lo que no supone necesariamente afirmar su inocencia.

Los jueces la absolvieron en esa acusación puntual porque no alcanzaron el grado de certeza necesario para condenarla. La prueba colectada no fue suficiente para demostrar su culpabilidad.

Sobre lo que no quedó dudas fue que se pagó un sobreprecio de 175 millones: la profesional que tasó el vehículo dijo ante los jueces que ese colectivo no costaba más de 114 millones; sin embargo, se terminaron pagando 290 millones de pesos a una empresa cuya actividad no era precisamente la venta de vehículos, al punto tal que la factura por la compraventa del colectivo llevaba el N° 0000001.

Un informe periodístico del colega Mauricio Conti, en el conurbano bonaerense y frente al domicilio acreditado como propiedad de la empresa vendedora, dejó en evidencia detalles opacos de una transacción que, más que un negocio, pareció esconder un negociado.

Lo cierto es que Rodríguez Saá se autoincriminó y ahora deberá enfrentar una denuncia penal por la compra de ese colectivo, de la que él se responsabilizó, involucrando al secretario general de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo, y al ex ministro de Gobierno, Fabián Filomena.

El acompañamiento a Rodríguez Saá en su paso por Tribunales deja otra interesante foto política para mirar con atención.

Pese a que uno de los abogados defensores de Ramírez, Ramiro Rubio —con vínculos familiares con el exgobernador—, dijo temprano en la mañana del jueves en los medios que Alberto Rodríguez Saá se presentaría a declarar, la presencia de dirigentes fue muy escasa.

Sólo se vio a los diputados Darío Neira y Silvia Sosa Araujo, al senador Hugo Olguín, al dirigente de Pedernera Orlando Grillo, y no mucho más, además de sus familiares. También estuvo cerca de Rodríguez Saá el concejal de Quines, Sergio “Peteco” Álvarez, quien a comienzos de año fue denunciado en una causa por violencia familiar en el Juzgado de Familia N° 5 y que está en trámite.

Rodríguez Saá se complicó por su propia declaración y ahora es denunciado por defraudación a la administración pública

La situación judicial del exgobernador Alberto Rodríguez Saá sumó un nuevo capítulo de alto impacto político y judicial. La Fiscalía de Estado avanzará con una denuncia por presunta “defraudación a la administración pública” luego de que el propio exmandatario se autoincriminara durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez.

La confirmación fue realizada por el fiscal de Estado adjunto, Rafael Berruezo, tras una audiencia que, lejos de beneficiar a la defensa, terminó complicando aún más el escenario para el exgobernador y su entorno.

Rodríguez Saá llegó a Tribunales el miércoles por la mañana rodeado de familiares y de su círculo más íntimo, entre ellos excolaboradores y dirigentes que hoy también enfrentan procesos judiciales. La escena tuvo una fuerte carga simbólica: un liderazgo político que durante años concentró poder, ahora compareciendo en un contexto de creciente judicialización de su gestión por denuncias de corrupción.

Su testimonio se dio en el marco de la causa que investiga la triangulación de fondos públicos a través de 188 transferencias entre organismos que estaban bajo la órbita de Ramírez. El expediente también incluye el análisis de un presunto sobreprecio de 175 millones de pesos en la compra de un colectivo destinado al San Luis Fútbol Club, una entidad creada por el propio Estado provincial.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó durante su declaración ante el tribunal integrado por Fernando de Viana, Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso. Allí, Rodríguez Saá admitió haber ordenado y ejecutado las decisiones bajo análisis.

Frente a esa situación, Berruezo solicitó la suspensión de la declaración para garantizar el debido proceso y abrir la posibilidad de imputarlo como coautor del delito investigado. El tribunal rechazó el planteo, y el exgobernador —visiblemente molesto— continuó declarando.

En ese tramo, profundizó aún más su exposición: además de asumir responsabilidades, involucró a exfuncionarios clave de su gestión. Se supone que la denuncia alcanzará al exministro de Gobierno Fabián Filomena, el exsecretario general Miguel “Micky” Berardo y el exministro de Hacienda Eloy Horcajo, algunos de ellos ya mencionados en la causa Ramírez.

Lejos de aliviar la situación de la ex secretaria de Deportes, la declaración del exgobernador consolidó la hipótesis de la fiscalía y abrió un nuevo frente judicial que ahora lo tiene como protagonista. La estrategia de presentarse como testigo terminó generando un efecto inverso: no sólo no logró desacoplar responsabilidades, sino que reconfiguró el mapa de imputaciones dentro del expediente. Y no exoneró a Ramírez que sigue en el centro de una de las causas.

El expediente, que ya tenía una dimensión relevante por el volumen de fondos investigados, adquiere ahora una escala política mayor. La eventual denuncia contra quien condujo la provincia durante años marca un punto de inflexión en la causa y proyecta sus consecuencias sobre todo la cima de su gestión que empieza a ser revisada en sede judicial.

Del accidente en moto cuando era ministro al acuerdo judicial: Anastasi cobró 28 millones

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La demanda judicial iniciada por el ex ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi, tras un accidente en motocicleta ocurrido mientras ejercía el cargo, terminó con un acuerdo conciliatorio por 28 millones de pes

El expediente —caratulado “Anastasi Luciano c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ Accidente o Enfermedad Laboral – Expte. 408746/23”— tiene un dato central que atravesó todo el proceso: Anastasi era ministro de Seguridad cuando ocurrió el accidente. Había asumido el cargo en agosto de 2010 y el siniestro se produjo el 17 de diciembre de 2021.

Según la presentación judicial, ese día el entonces funcionario se dirigía a un procedimiento policial cuando sufrió el accidente. Conducía una motocicleta Benelli TRK 520 por la Ruta Nacional 146 y, al intentar ingresar al Servicio Penitenciario provincial, un camión se interpuso en su trayectoria. La maniobra provocó la pérdida de control del rodado y la posterior caída sobre el asfalto.

De acuerdo con el relato incorporado en la demanda, el ministro sufrió traumatismos múltiples y lesiones en la muñeca y en un dedo de la mano derecha, su miembro hábil.

La discusión por la incapacidad

Tras el episodio, la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinó que Anastasi presentaba una incapacidad parcial permanente del 4,53%.

Con ese diagnóstico, la aseguradora Federación Patronal Seguros S.A. le notificó que tenía disponible una indemnización de $3.016.524,29, monto que el ex ministro aceptó “como pago a cuenta y en disconformidad”.

El caso ingresó entonces en una nueva etapa. A través de su abogado, Víctor Andrés Lazart, Anastasi cuestionó la evaluación médica inicial y sostuvo que las secuelas del accidente eran mayores a las reconocidas. En consecuencia, impulsó una ampliación de la demanda reclamando $5.032.204,96 adicionales.

La evolución del expediente

Con el avance del proceso judicial, el porcentaje de incapacidad volvió a ser analizado. Finalmente, en el marco del expediente laboral se consideró que la incapacidad laboral ascendía al 16,79%, una cifra muy superior al porcentaje fijado inicialmente por la Comisión Médica.

A partir de esa nueva valoración, la liquidación practicada en el expediente estableció una indemnización base cercana a 7 millones de pesos, monto que con intereses y actualización podía superar los 35 millones.

El acuerdo que cerró la causa

En ese escenario, las partes optaron por cerrar el litigio mediante un acuerdo conciliatorio.

El convenio estableció que Federación Patronal Seguros S.A. abonará $28.000.000 en un único pago, suma que tiene carácter cancelatorio y definitivo de todos los reclamos derivados del accidente.

Para que el acuerdo pudiera avanzar hacia su homologación judicial, Anastasi compareció personalmente ante el juzgado laboral y ratificó el convenio en una audiencia realizada el 17 de junio de 2025, paso formal necesario para la validación del acuerdo.

El expediente quedó así encaminado a su cierre definitivo, tras casi cuatro años de discusión judicial originada en el accidente ocurrido cuando Anastasi ejercía como ministro de Seguridad de la provincia.

Presentan la iniciativa productiva “Sanpribai Puntana”

El Movimiento Evita y el Partido Tierra, Techo y Trabajo de San Luis convocaron a empresarios, comerciantes, productores, emprendedores, trabajadores de la economía popular, organizaciones sociales y dirigentes políticos a participar del encuentro de presentación de Sanpribai Puntana, una iniciativa que busca impulsar un nuevo modelo de desarrollo productivo en la provincia.

La actividad, según informó la vicepresidenta del espacio, Ivana Fernández Suárez, está prevista para el martes 17 de marzo a las 10, en Bar 615, ubicado en la peatonal Rivadavia 615 de la ciudad de San Luis. Según señalaron los organizadores, el objetivo es abrir un espacio de diálogo y construcción colectiva para debatir propuestas vinculadas al trabajo, la industria, la innovación y la producción.

Desde los sectores que impulsan la convocatoria sostienen que la provincia reúne condiciones para avanzar hacia un esquema de crecimiento basado en la producción. “Creemos que San Luis tiene todo para dar un salto productivo: talento, recursos y una enorme voluntad de trabajo”, señalaron en la invitación difundida para la actividad.

El encuentro se plantea como un ámbito abierto a distintos actores del entramado económico y social de la provincia. La propuesta apunta a reunir tanto a representantes del sector privado como a trabajadores y organizaciones sociales con el objetivo de intercambiar ideas y elaborar herramientas que promuevan más producción, empleo y oportunidades para los sanluiseños.

De acuerdo con los organizadores, Sanpribai Puntana busca instalar una agenda centrada en el desarrollo productivo local y en la articulación entre distintos sectores de la sociedad para impulsar iniciativas económicas con impacto en el empleo y la actividad.

La convocatoria concluye con una consigna que resume el espíritu del encuentro: “San Luis tiene una nueva oportunidad. Construyámosla entre todos”.

Poggi repudió el vandalismo del 9M y respaldó la imputabilidad desde los 14

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El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, tomó posición en dos temas que atraviesan la agenda pública de los últimos días: los hechos vandálicos registrados durante la marcha por el Día de la Mujer y el nuevo régimen penal juvenil que fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

En relación con las movilizaciones del 9 de marzo, el mandatario provincial repudió los daños producidos durante la protesta, entre ellos las pintadas y destrozos en el estudio contable del senador nacional Bartolomé Abdala. El legislador había denunciado que durante la marcha se generó una “zona liberada”, acusación que Poggi rechazó de manera categórica.

“Primero, repudio el hecho, repudio a quienes lo hicieron. No hay ninguna zona liberada”, afirmó.

Durante las manifestaciones también se registraron episodios en Villa Mercedes, donde se quemaron imágenes de dirigentes políticos. El propio gobernador señaló que tomó conocimiento de una acción de ese tipo dirigida a su figura.

“Me contaron que a mí me quemaron una figura, no sé si en Villa Mercedes”, comentó.

Poggi sostuvo que respeta las manifestaciones vinculadas a los reclamos de las mujeres, aunque cuestionó los episodios de violencia registrados durante la jornada.

“Yo respeto mucho a la mujer, pero las posturas extremas así no, que rompen y que pintan y que arruinan”, expresó.

En ese marco, el gobernador también contrastó lo ocurrido con situaciones de conflicto registradas durante gestiones anteriores. “Antes sí había zona liberada. Acuérdense las movidas que hacían. En el gobierno de Alberto Rodríguez Saá pasaba eso. En la Catedral. En nuestro caso, no”, afirmó.

Poggi también se manifestó a favor del nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso de la Nación.

La Ley N° 27.801, sancionada el 27 de febrero y promulgada el 9 de marzo, establece la responsabilidad penal desde los 14 años y reemplaza el régimen vigente desde 1980, que fijaba la imputabilidad a partir de los 16.

Consultado sobre su aplicación en la provincia, el mandatario señaló que la normativa todavía deberá reglamentarse y que el Gobierno nacional prevé acompañar a las provincias en la adaptación de sus estructuras.

“Hay que reglamentarla y dentro del presupuesto nacional figurará una partida presupuestaria, como se anunció, para apoyar a las provincias para crear la infraestructura”, explicó.

Según indicó, el nuevo sistema prevé un régimen específico para adolescentes, con espacios separados del sistema penitenciario tradicional.

“Es una infraestructura separada, es un régimen separado, como corresponde. Pero estoy de acuerdo con la ley”, afirmó.

El gobernador también se refirió a la situación actual del sistema penitenciario provincial y advirtió que la población carcelaria viene creciendo de manera sostenida.

“Piensen ustedes que hay 250 internos más. Comenzamos el gobierno con 880 y hay poco más de 1100, y muchos por delitos federales. Sanluiseños, pero producto de delitos federales que vienen de la droga”, señaló.

En ese marco, informó que el Gobierno provincial avanza en obras para ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario, entre ellas la ampliación del sector destinado a mujeres.

Poggi encabeza el ranking nacional de gobernadores con mejor imagen

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El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabeza el ranking federal de imagen positiva de gobernadores elaborado por la consultora CB Global Data correspondiente a marzo de 2026. Según la medición, el mandatario puntano alcanza un 58,5% de imagen positiva, lo que lo ubica en el primer lugar entre los 24 gobernadores evaluados en todo el país.

El estudio, realizado entre el 1 y el 5 de marzo en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubica en el segundo lugar al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, con 58,0%, mientras que el tercer puesto corresponde a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 56,7% de aprobación.

El dato adquiere mayor relevancia al observar la evolución de las mediciones. De acuerdo con el informe, Poggi fue además el gobernador que registró el mayor crecimiento mensual en imagen positiva, con una suba de 2,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

La medición ubica detrás del podio a Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca), mientras que el grupo de gobernadores con valoración positiva superior al 53% lo completan Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta).

En el otro extremo del ranking aparecen los mandatarios con menor nivel de aprobación. Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ocupa el último lugar con 43,5% de imagen positiva, seguido por Alberto Weretilneck (Río Negro) con 43,8% y Axel Kicillof (Buenos Aires) con 45,7%.

El informe se basa en encuestas online realizadas a 24.616 personas mayores de 18 años en todo el país, con un promedio de entre 969 y 1207 casos por provincia y un margen de error estimado entre ±2,9% y ±3,3%.

En ese contexto, la medición posiciona al gobernador de San Luis al frente de la tabla nacional de imagen pública, en un escenario político donde las percepciones de gestión provincial empiezan a jugar un papel central en la evaluación del liderazgo político en cada distrito.

Freixes pidió prisión domiciliaria y argumentó razones humanitarias

La defensa del ex ministro de la Legalidad de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes, presentó ante la Justicia Federal un incidente solicitando que la pena impuesta en su contra sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Actualmente cumple condena en el Servicio Penitenciario de San Luis.

El planteo fue formulado por su abogado defensor, Pascual Agustín Celdrán, en un escrito dirigido al tribunal en el que se invocan razones humanitarias, el prolongado tiempo transcurrido desde los hechos y la situación personal del condenado.

El pedido no discute la condena ni la responsabilidad penal establecida en la sentencia. Según se señala en el documento, la pretensión apunta exclusivamente a modificar la modalidad de ejecución de la pena, es decir, que la privación de la libertad se cumpla en el domicilio y no en un establecimiento penitenciario.

Uno de los ejes centrales del planteo es el paso del tiempo. La defensa sostiene que los hechos por los cuales Freixes fue condenado -el pedido de renuncia anticipada a jueces- ocurrieron entre los años 2004 y 2005, mientras que la sentencia quedó firme recién en 2025. En ese contexto, el escrito afirma que han transcurrido más de veinte años desde el inicio del proceso, período durante el cual el acusado permaneció sometido a la jurisdicción judicial sin registrar nuevas causas penales ni reincidencias.

El documento argumenta además que durante todo ese tiempo Freixes se mantuvo a derecho, compareciendo a las citaciones judiciales y cumpliendo con las obligaciones del proceso. Según la defensa, ese comportamiento demostraría que no existe riesgo de fuga ni peligro actual para la sociedad.

Otro punto relevante del escrito es la situación de salud de su esposa, Viviana Beatriz Moreyra. De acuerdo con la documentación médica de la que habla el escrito, la mujer padece un cuadro severo de deterioro articular con dolor crónico, limitaciones funcionales importantes y un proceso inflamatorio que afecta especialmente sus manos, hombros y rodillas. La defensa sostiene que estas condiciones generan una dependencia funcional que requiere asistencia permanente.

En ese marco, el planteo afirma que Freixes cumple actualmente el rol de cuidador principal dentro del hogar, ocupándose de tareas básicas de asistencia cotidiana, administración de medicación y movilidad. Por esa razón, el escrito sostiene que el encarcelamiento en una unidad penitenciaria dejaría a su esposa sin el apoyo necesario para su vida diaria.

El incidente también menciona otro elemento: la trayectoria institucional del propio Freixes. La defensa recuerda que el condenado se desempeñó como ministro de la Legalidad de la provincia de San Luis y sostiene que esa exposición pública podría generar riesgos para su integridad física dentro de un establecimiento penitenciario, debido a la posibilidad de contacto con personas privadas de libertad afectadas por decisiones tomadas durante su gestión.

En caso de que la solicitud sea concedida, la defensa propuso que la prisión domiciliaria se cumpla en una propiedad ubicada en el departamento Gobernador Dupuy, en la zona de Nueva Galia. El tribunal deberá ahora correr vista al Ministerio Público Fiscal y evaluar las pruebas ofrecidas, entre ellas informes médicos y sociales, antes de resolver si corresponde modificar la modalidad de cumplimiento de la pena.

Lo que nadie contó sobre el plan del que se llegó a hablar para cerrar Medicina

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Pocas semanas después de asumir como rector en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, mientras daba los primeros pasos al frente de la institución y empezaba a descubrir de qué se trataba eso de ser rector de una universidad, Marcelo Sosa vivió una situación que lo dejó perplejo.

Sucedió en Córdoba, durante una visita a la Facultad de Medicina de esa provincia. En ese encuentro —el primero que tendría con el rector y los decanos de la carrera— escuchó una pregunta que le quedó retumbando.

—¿Van a seguir adelante con el plan de Medicina? —le preguntaron.

—¿Cuál plan? ¿Qué plan?

El plan era que se cerraran las inscripciones de Medicina en Villa Mercedes y que la Universidad Nacional de Córdoba absorbiera a sus estudiantes.

Aparentemente, esas autoridades que hablaban con Sosa habían asumido una suerte de compromiso con anteriores autoridades de la UNViMe para que la casa de estudios se desentendiera de la trabajosa instrumentación de la carrera de Medicina.

Aunque suene descabellado, incluso llegó a plantearse la idea de pagarles el transporte y otros gastos a los chicos inscriptos en San Luis para que se fueran a estudiar a Córdoba. Ese año, además, se cerraría la inscripción a primer año, con lo cual la universidad dejaría de recibir nuevos estudiantes.

No es ficción. Es lo que cuenta el propio rector Marcelo Sosa.

“Yo les dije que no. Me sorprendía lo que me estaban planteando. El rector de la Universidad de Córdoba me dijo eso y yo le respondí que no, que precisamente había llegado a ser rector con el compromiso de recuperar Medicina”, relata Sosa.

Por eso este jueves repitió una y otra vez el orgullo que sentía al anunciar que la carrera de Medicina duplicará el cupo de ingresantes en la Universidad Nacional de Villa Mercedes.

“En lo personal, me siento muy orgulloso, porque estoy siendo fiel a los principios que originaron la Universidad Nacional de Villa Mercedes, específicamente con la carrera de Medicina”, le dijo Sosa a DePolítica.

Ya no serán sólo cincuenta, sino cien los jóvenes que podrán cursar la carrera en una universidad nacional y gratuita en la provincia de San Luis.

“Cuando yo llegué al rectorado, el plan era cerrar Medicina. Nosotros hicimos exactamente lo contrario: que siga creciendo. Y lo hicimos en un contexto especialmente difícil, pero le pusimos —y le ponemos— mucha vocación, mucha inteligencia, mucho trabajo y mucha buena voluntad. Y esa respuesta se ve en los estudiantes, en los profesores y en toda la comunidad educativa, que día a día nos alienta a recorrer ese camino, que es el camino de la vida, del cuidado, de la salud, de pensar en el otro, en la delicada humanidad de las personas”, cuenta el rector.

La confirmación de la ampliación del cupo de alumnos es, además, una buena noticia para el sistema de salud provincial, siempre ávido de nuevos profesionales.

Si de méritos y oportunidades se trata, hay dos datos que conviene subrayar. Primero, que la posibilidad de ampliar la matrícula se da en un contexto de recorte presupuestario para las universidades nacionales. Y segundo, que en un momento en que muchas economías familiares están duramente golpeadas, poder estudiar en la propia provincia abre el camino del desarrollo profesional y personal a más jóvenes de San Luis.

Más allá de su satisfacción personal como rector, Sosa rescata otra idea: “Los héroes y heroínas de esta historia son los estudiantes y los profesores que los acompañaron, haciendo un esfuerzo inmenso. Numerosas familias nos pedían por favor que se incrementara el cupo. Llegó ese momento y estoy feliz por eso”.

El discurso de Milei y los contrapuntos en la grieta puntana

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El discurso del presidente Javier Milei en la apertura del período ordinario de sesiones del Congreso volvió a encender el debate político. En su intervención ante la Asamblea Legislativa, el mandatario defendió el rumbo económico de su gestión, reivindicó el equilibrio fiscal, anticipó nuevas reformas estructurales para los próximos meses y cargó fuerte contra la ex presidenta Cristina Kirchner -presa por corrupción- y los dirigentes de su espacio político.

Entre los asistentes al acto estuvo el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, quien participó de la sesión junto a otros mandatarios provinciales invitados al Congreso para escuchar el mensaje presidencial.

Poggi escucha el discurso del Presidente Milei, junto a otros gobernadores.

En ese contexto, dirigentes políticos de San Luis expresaron miradas diametralmente opuestas sobre el discurso.

«Poggi es Milei»

El diputado nacional kirchnerista Ernesto “Pipi” Alí apuntó directamente contra el gobernador de San Luis y lo acusó de respaldar sin cuestionamientos al gobierno libertario.

“Viste como McDonald’s tiene el empleado del mes, el empleado del año. Poggi es el empleado del año”, ironizó Alí. Según su análisis, la provincia mantiene una relación desfavorable con la Nación y el mandatario provincial debería adoptar una postura más firme para defender los intereses puntanos.

El legislador también advirtió sobre el futuro de los litigios judiciales que San Luis mantiene con el Estado nacional. “Tengo terror de que este gobernador renuncie a esos juicios con Nación”, afirmó, y señalo que «durante la gestión de Alberto» (Rodríguez Saá) la provincia inició múltiples demandas contra el gobierno federal.

Alí también cuestionó el impacto económico de las políticas actuales. “Lo único que ha hecho Poggi es licuarle el sueldo a la administración pública y generar desocupación en el sector privado; la pérdida de empleo de San Luis está por encima del promedio nacional”, sostuvo. Y remató su crítica con una definición política directa: “Poggi es mileísta”.

«Ustedes son el kirchnerismo».

El diputado provincial Charly Pereira, integrante del espacio Ahora San Luis, defendió el rumbo político del gobierno nacional y cuestionó duramente al kirchnerismo.

“El ‘ustedes’ de Milei es el ‘ustedes’ de la corrupción estructural, el del Estado como botín y el de la connivencia con Irán y Venezuela. Ustedes son el kirchnerismo”, afirmó en posteos que compartió en sus redes sociales.

Pereira también consideró que el mensaje presidencial abre una etapa de transformación institucional y económica para el país. “Es esperanzadora la convicción del presidente Javier Milei de construir un siglo de las Américas, en el cual la Argentina, como en el Centenario, está llamada a ser la Nación más próspera de la región”, señaló.

El legislador celebró además el anuncio de nuevos paquetes de reformas estructurales impulsados por el Ejecutivo nacional y destacó el papel de Patricia Bullrich en la sanción de recientes leyes vinculadas al programa de gobierno.

En su balance, Pereira sostuvo que el país dejó atrás un período de estancamiento. “Hace sólo dos años estábamos atrapados sin salida, tras los ecos negativos de la cuarentena eterna. Milei y su equipo han subido a los argentinos, de nuevo, al tren de la historia. Tenemos un gran camino por delante”, concluyó.

La hoja de ruta del discurso de Gastón Hissa

El intendente Gastón Hissa inauguró el período de sesiones ordinarias con un mensaje de fuerte impronta administrativa. El eje fue claro: ordenar las cuentas para habilitar una nueva etapa de inversión en obras, servicios y tecnología.

Bajo las premisas de “orden, responsabilidad y cercanía”, el jefe comunal sostuvo que el municipio superó la emergencia financiera y está en condiciones de encarar una transformación estructural de los servicios básicos.

Calles y obra pública: la apuesta a la autonomía

Uno de los anuncios más concretos fue el viraje hacia la autonomía vial municipal.

Qué se anunció

  • Compra de una planta de asfalto propia
  • Incorporación de maquinaria pesada
  • Profundización del plan “Mejorando tu Cuadra”

La decisión apunta a reducir la dependencia de proveedores externos y avanzar desde el bacheo hacia esquemas de repavimentación integral.

 

Veredas y forestación: la agenda urbana

El municipio lanzará el Plan Veredas, que contempla:

  • Homogeneización del tránsito peatonal
  • Construcción de rampas de accesibilidad
  • Forestación urbana para mitigar el impacto térmico

Se trata de intervenciones de escala barrial con impacto directo en la circulación cotidiana.

 

Higiene urbana: inversión y control

Hissa definió como “histórica” la inversión destinada a la limpieza urbana.

Incorporaciones previstas

  • 4 barredores mecánicos
  • 3 camiones compactadores
  • Renovación total de contenedores en el microcentro

En paralelo, el municipio avanzará con monitoreo electrónico y cámaras para detectar y sancionar el arrojo indebido de residuos.

“Seremos implacables con quienes atenten contra el esfuerzo de todos”, advirtió el intendente.

No es un catálogo de promesas, sino una hoja de ruta con destino cierto: una ciudad más moderna, más limpia y con mejores servicios para todos”.

Agua y transporte: servicios sensibles

El discurso incluyó anuncios en dos áreas críticas.

Sistema hídrico

Se iniciará la construcción de un nuevo sistema de reserva para la Planta Aguada II, con el objetivo de estabilizar la presión y garantizar el suministro en barrios de la zona sur.

Transporte público

  • Compra de 20 colectivos 0 km para Transpuntano
  • Ratificación del Boleto Estudiantil Gratuito y beneficios para jubilados

“Son derechos adquiridos que esta gestión va a sostener y proteger”.

 

Descentralización y cercanía

El programa territorial “La Muni Más Cerca” pasará a tener frecuencia de dos veces por semana y se construirá el Centro de Atención al Vecino (CAV) N.º 12 en el barrio Serranías Puntanas.

La estrategia busca reforzar la presencia municipal en zonas de crecimiento demográfico.

 

Espacio público: el paquete 2026–2027

Paseo Ferroviario

El intendente anunció la licitación para transformar el predio en un polo de desarrollo económico y social destinado a emprendedores y feriantes.

Plan de plazas

La gestión fijó como meta la puesta en valor de 100 plazas con:

  • Iluminación LED
  • Juegos integradores
  • Playones deportivos

 

El capítulo tecnológico

Entre los cinco proyectos de ordenanza enviados al Concejo, sobresale la implementación progresiva de inteligencia artificial en procesos administrativos y de atención al vecino.

El objetivo es desburocratizar trámites y habilitar gestiones digitales más ágiles.

 

Refuerzo operativo

Hissa solicitó autorización para adquirir ocho nuevos vehículos destinados a servicios generales, como parte del fortalecimiento del equipamiento municipal.

 

La autocrítica del intendente

En el tramo final, el jefe comunal introdujo un reconocimiento poco frecuente en este tipo de mensajes.

“Sé que para muchos vecinos los servicios municipales todavía no tienen la calidad que esperan y merecen. No miro para otro lado”, afirmó.

Y agregó que su gestión tiene claro “el camino que debemos recorrer” para mejorar.

 

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De pedir que investiguen la corrupción a quedar imputada: formularon cargos contra Gloria Velázquez

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Durante su etapa como co-conductora del programa Planeta Xilium, Gloria Velázquez solía exhortar a periodistas y comunicadores a profundizar investigaciones sobre posibles hechos de corrupción. Años después, el escenario se invirtió: este jueves fue ella quien quedó formalmente imputada por la Justicia provincial en una causa por presunta incompatibilidad de funciones.

La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo este jueves bajo la presidencia de la jueza Banno, mientras que la imputación fue sostenida por el fiscal interviniente, doctor Assat. En representación de los intereses patrimoniales del Estado provincial también tomó intervención la Fiscalía de Estado.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Velázquez habría ejercido de manera simultánea un cargo dentro de la estructura estatal provincial y, en paralelo, el de Directora Nacional de Radio Nacional, sin haber informado formalmente esa situación a la administración provincial.

La acusación sostiene que la imputada habría omitido comunicar la incompatibilidad funcional y patrimonial derivada de esa doble designación, lo que —según la fiscalía— le habría generado un beneficio económico indebido en perjuicio del Estado.

Con los elementos de convicción reunidos en esta etapa inicial del proceso, el fiscal formalizó los cargos por el presunto delito de defraudación a la administración pública, los cuales fueron admitidos por el tribunal.

Como medidas de coerción por el plazo de ciento veinte (120) días, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país, la obligación de comparecer periódicamente a firmar ante la autoridad judicial y la inhibición general de bienes.

La causa continuará ahora en la etapa investigativa, donde se profundizará la producción de prueba para determinar la eventual responsabilidad penal de la exfuncionaria que como co-conductora de Rodríguez Saá le pedía a los periodistas de San Luis «huevos» para investigar presuntos hechos de corrupción. (Video gentileza El Puntano)

San Luis reivindica su acta fundacional: a 206 años, ponen en valor el Día de la Independencia provincial

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San Luis vuelve a mirarse en uno de los momentos más decisivos —y durante años subestimados— de su historia institucional. Este jueves 26 de febrero, a las 19, la Casa de las Culturas será escenario de un conversatorio y exposición a cargo del historiador Guillermo Genini, centrado en lo que hoy la historiografía local comienza a reivindicar con mayor precisión: el Día de la Independencia de San Luis.

La fecha remite a la trascendental asamblea del 26 de febrero de 1820, cuando más de 280 vecinos de toda la jurisdicción puntana se reunieron en la entonces Plaza de Armas —actual Plaza Independencia— para definir el rumbo político de la provincia en medio de la crisis del orden colonial tardío y del poder central.

Aquel encuentro no fue menor ni meramente administrativo —explica Genini. Venidos desde distintos puntos del territorio —río Quinto, Desaguadero, San Francisco, Piedra Blanca, Saladillo y el Valle de Conlara— los representantes locales deliberaron y votaron que el gobierno debía ser asumido por el Cabildo Gobernador. La decisión implicó, en los hechos, dejar de depender de la capital intendencial de Cuyo, con sede en Mendoza, y marcar el inicio de una etapa de soberanía propia.

El movimiento había tenido un antecedente inmediato el 15 de febrero de 1820, con la deposición del teniente gobernador Vicente Dupuy, cuestionado por las “violencias” atribuidas a su gestión. Pero la legitimidad política del proceso se consolidó recién once días después, cuando la convocatoria abierta reunió a la representación territorial y dio forma institucional al nuevo rumbo.

Para Genini —uno de los principales impulsores de esta relectura histórica, junto a otros reconocidos investigadores como el profesor Néstor Menéndez—, durante décadas este episodio fue encasillado bajo la noción de “autonomía”, una categoría que hoy resulta insuficiente para describir la magnitud del paso dado por la dirigencia puntana de la época. La interpretación actual tiende a reconocer en aquel Cabildo Abierto el verdadero nacimiento de San Luis como Estado provincial soberano e independiente.

Un elemento central que se presentará en la conferencia es la recuperación del acta de aquella histórica reunión. El documento, localizado en el Archivo Histórico de Mendoza, fue gestionado y certificado digitalmente para su incorporación al patrimonio documental puntano. Aunque el original no se conserva en la provincia, la copia certificada permite reconstruir con precisión los puntos votados aquel día.

Según esa documentación, desde el 26 de febrero de 1820 San Luis se constituyó como un estado libre e independiente, condición que mantuvo hasta 1853, cuando la provincia se integró a la organización nacional argentina y pasó a ser —como hasta hoy— una provincia autónoma dentro de un Estado soberano mayor.

La actividad de este miércoles, gratuita y abierta al público- incluirá una exposición inicial y un conversatorio abierto. La convocatoria está dirigida a autoridades educativas y culturales, investigadores y vecinos interesados en revisar uno de los hitos fundacionales de la identidad puntana.

San Luis lidera el ranking de juicios laborales en un país con niveles récord de litigiosidad

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San Luis se ubicó en 2025 como la provincia con mayor tasa de judicialidad laboral del país, en un contexto nacional que ya muestra niveles extraordinariamente altos de litigiosidad por riesgos del trabajo.

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) publicados por Argentina en Datos, el distrito puntano registró 300 juicios iniciados cada 10.000 asegurados, superando incluso a jurisdicciones históricamente litigiosas como Santa Fe (296) y Chubut (236).

El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa el promedio nacional: 133 juicios cada 10.000 trabajadores asegurados. Es decir, San Luis más que duplica la media del país.

Un fenómeno que desborda la comparación internacional

El cuadro provincial se inscribe dentro de una anomalía mayor. Durante 2025, la Argentina alcanzó un récord histórico de 134.000 demandas por riesgos del trabajo, con un stock total de 317.848 causas en trámite.

La comparación internacional es contundente:

  • Argentina: 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores
  • Chile: 5,8
  • España: 8,5

En términos relativos, la litigiosidad argentina resulta 2.200% superior a la chilena y 1.500% mayor que la española, lo que implica niveles entre 16 y 23 veces más altos que los de esos países.

La paradoja del sistema

El crecimiento de las demandas se produce en un escenario que el propio sector define como paradójico. Mientras los indicadores de prevención mejoraron de manera sostenida desde la creación del sistema de riesgos del trabajo, la curva judicial siguió el camino inverso.

De acuerdo con la UART:

  • Los accidentes laborales cayeron 55% en las últimas décadas.
  • Las muertes vinculadas al trabajo bajaron 80%.
  • Estos avances permitieron salvar unas 19.000 vidas y evitar más de 4,7 millones de accidentes.

Sin embargo, la litigiosidad no se desaceleró. Por el contrario, desde 2020 las demandas crecieron 200%, y solo en 2025 se sumaron 134.141 nuevos casos.

El foco en San Luis

En ese marco nacional ya tensionado, el caso de San Luis sobresale con nitidez. La provincia no sólo lidera el ranking sino que se despega con claridad del resto de las jurisdicciones.

Detrás aparecen:

  • Santa Fe: 296
  • Chubut: 236
  • Mendoza: 208
  • Jujuy: 179

En el extremo opuesto, Salta (5), Catamarca (7) y La Rioja (12) muestran niveles mínimos de judicialidad.

La brecha territorial evidencia que el fenómeno no responde únicamente a variables productivas o de siniestralidad, sino que también intervienen factores institucionales, regulatorios y judiciales que amplifican —o contienen— la litigiosidad.

Con San Luis al tope del ranking y la Argentina muy por encima de la región, el mapa de los juicios laborales vuelve a instalar un debate de fondo sobre el funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo y las distorsiones que distintos actores del sector vienen señalando.

 

El intendente «Nacho» Olagaray reveló que padece cáncer y contó cómo seguirá la gestión

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El intendente de Potrero de los Funes, Ignacio Olagaray, confirmó públicamente que padece cáncer y que comenzará un tratamiento médico en los próximos días. La noticia fue difundida por el propio jefe comunal a través de una carta abierta publicada en sus redes sociales, donde eligió un tono personal para comunicar su situación de salud.

En el mensaje, Olagaray -que asumió en la intendencia el pasado 10 de diciembre- explicó que el diagnóstico surgió a partir de controles de rutina y reconoció la dureza del momento, aunque transmitió confianza respecto del proceso que iniciará. “Es una palabra dura, que cuesta decir y cuesta escuchar, pero es la verdad”, expresó.

El Intendente también buscó llevar tranquilidad sobre el funcionamiento del municipio. Señaló que, aunque su presencia física podría verse reducida temporalmente, el equipo de gobierno continuará con la gestión cotidiana.

En esa línea, remarcó su confianza en el gabinete municipal y sostuvo que gobernar “no es una tarea individual, sino colectiva”. Además, manifestó su decisión de enfrentar la enfermedad con fortaleza y agradeció el acompañamiento de la comunidad.

La publicación generó numerosas muestras de apoyo de vecinos y dirigentes, que se expresaron en redes sociales tras conocerse la noticia.

Cómo lo contó «Nacho» Olagaray

Carta abierta a mis queridos vecinos del Potrero de los Funes:

Queridos vecinos, hoy me toca escribirles desde un lugar distinto, más personal que institucional.

Hace unos minutos terminé una reunión con parte del equipo municipal y sentí que también debía hablarles a ustedes, que son quienes me dieron el honor de ser intendente.

Hace algunas semanas, en controles de rutina, los médicos detectaron que tengo cáncer. Es una palabra dura, que cuesta decir y cuesta escuchar, pero es la verdad, y creo que corresponde compartirla con franqueza.

En las próximas horas comenzaré una nueva etapa del tratamiento. Estoy acompañado por profesionales, siguiendo cada indicación médica y con la tranquilidad de saber que todo va a salir bien.

Es probable que durante un tiempo mi presencia física en el municipio y en las calles del Potrero se vea un poco reducida, pero quiero que tengan algo muy claro: el municipio va a seguir funcionando, el equipo va a seguir trabajando y mi compromiso con el Potrero sigue intacto.

Confío profundamente en cada una de las personas que integran este equipo, porque siempre entendí que gobernar no es una tarea individual, sino colectiva.

Voy a dar esta pelea con todas mis fuerzas. Porque amo la vida, porque creo en el futuro y porque tengo un pueblo que me acompaña.

Y cuando nos crucemos, quiero que sea como siempre: con una sonrisa, un saludo, una charla simple, hablando de las cosas que charlamos todos los días.

Gracias por el cariño, por el respeto y por haberme permitido contarles algo tan personal.

Los quiero mucho.

La Justicia formula cargos contra tres exfuncionarios

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Este lunes 23 de febrero, a las 11:30 horas la fiscal Linda Yanina Maluf Martínez realizará la audiencia de formulación de cargo contra el exministro de Producción, Marcelo Amitrano, el exsecretario de Transporte, Sebastián Anzulovich y el excomisario Marcelo Balbo, en una causa en la que se los investiga por presuntos hechos de corrupción.

Esta audiencia que fue reprogramada a pedido del abogado de Balbo –originalmente se haría el 11 de febrero-, es parte del proceso judicial que enfrentan los exfuncionarios luego de la denuncia por la desaparición de vehículos oficiales y gastos en combustibles por 41 millones de pesos.

La carátula de la causa los enfrenta a la posible comisión de delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

No se conoce qué abogado se encargará de la defensa de Amitrano, en tanto trascendió que el excomisario Balbo ha designado a un abogado de Villa Mercedes. Por su parte Anzulovich parece haber escuchado la recomendación de un amigo y destacado magistrado del Poder Judicial para ser acompañado por un defensor oficial.

Cómo se origina la causa

La investigación se puso en marcha hacia fines de 2023, apenas días después de la asunción del segundo gobierno de Claudio Poggi. Fue entonces cuando el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, advirtió a la titular de Seguridad, Nancy Sosa, sobre la desaparición de al menos cinco vehículos del área de Producción.

El entrecruzamiento de información entre distintas dependencias permitió reconstruir el recorrido administrativo de las unidades y ubicar su control bajo la órbita de Amitrano.

De acuerdo con la causa, entre enero y noviembre de 2023 esos rodados consumieron 51.415 litros de eurodiesel en estaciones de servicio del sur provincial y de la ciudad de San Luis, lo que implicó para el Estado un desembolso de $41.748.980.

La acusación sostiene que Amitrano tenía a su cargo la supervisión del uso de los vehículos oficiales, el control del combustible y la vigilancia de los conductores. Sin embargo —según la denuncia— esas obligaciones no se cumplieron, lo que habría derivado en un perjuicio significativo para el patrimonio público.

En paralelo, la pesquisa avanzó sobre la situación de Balbo. Los investigadores establecieron que tenía asignada una camioneta Toyota Hilux (dominio IAA 989) perteneciente al Ministerio de Producción. Durante 2023, el vehículo registró 193 cargas de combustible por un total de 10.547 litros de eurodiesel, con un costo de $8.564.164.

A raíz de estos hechos, el ex policía fue pasado a disponibilidad y se dispuso su retiro obligatorio. Para la Fiscalía de Estado, no existía justificación funcional que explicara el uso del vehículo ni el volumen de combustible consumido. El cuadro se agravó cuando la camioneta fue finalmente localizada: presentaba un estado de deterioro severo, con daños importantes y el motor desarmado en la parte trasera.

La investigación también alcanzó a Anzulovich, a quien se le atribuye haber tenido conocimiento de las maniobras irregulares vinculadas al movimiento de los vehículos y al consumo de combustible sin haber adoptado medidas para frenarlas.

En el marco del expediente, el Gobierno provincial logró recuperar tres unidades oficiales —un minibús, un camión volcador y un regador— que estaban guardadas en un galpón de Nueva Galia vinculado al ex ministro Sergio Freixes, quien actualmente cumple una condena de seis años de prisión por haber obligado a jueces a renunciar antes de asumir.

A 10 años de Avanzar, Poggi saludó a la militancia y pidió que la convicción “perdure por muchos años más”

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En el décimo aniversario del partido Avanzar, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, envió un saludo a dirigentes, militantes y simpatizantes del espacio que fundó el 22 de febrero de 2016 y que luego se convirtió en el eje de un frente electoral con el que volvió la Gobernación´en 2023.

El mandatario destacó el recorrido del partido desde su nacimiento y puso el acento en la perseverancia del grupo fundador, así como en la importancia de la formación política de las nuevas generaciones.

A continuación, el mensaje completo de Poggi:

“Hace exactamente 10 años, un 22 de febrero, un día como hoy, pero del 2016, nacía el Partido Político Avanzar en la provincia de San Luis. Partido político que tuve el honor de presidir desde su fundación.
Y en este aniversario número 10 del partido, no podía dejar de saludar afectuosamente al grupo de hombres y mujeres, éramos 11, un grupito, que fundamos el partido hace 10 años.
Saludar afectuosamente a todos los hombres y mujeres que se fueron sumando año a año, y saludar también afectuosamente al futuro, a los jóvenes que hoy están haciendo el seminario partidario de formación política y en gestión pública.
La consigna del Partido Avanzar desde su inicio fue muy clara: la política como un acto de servicio, la política como una herramienta para trabajar por los demás, para trabajar por el bien común.
Ahora, requirió mucha perseverancia, mucha constancia de todos, muchas caídas y levantadas, muchas piedras grandes, pesadas, que hubo que sortear, pero se logró.
Por eso, a 10 años del 22 de febrero del 2016, hoy, 22 de febrero del 2026, les saludo y les deseo un muy feliz aniversario a todos los que integramos Avanzar, y que esa convicción, esa llamita encendida con nuestro norte, dure y perdure con esa misma perseverancia por muchos años más. Los quiero mucho.”

El mensaje se difundió en la fecha exacta de la fundación del partido, que una década después se consolidó como la columna vertebral del armado político que llevó a Poggi nuevamente a la conducción de la provincia.

Salino y el apuro del gobierno por la reforma laboral: «Terrorismo legislativo es hacer 17 versiones de lo mismo, todas mal»

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En el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado, el senador nacional por San Luis, Fernando Salino (Convicción Federal) formuló un duro cuestionamiento al tratamiento del proyecto aprobado por Diputados y que regresó a la Cámara alta con modificaciones.

El debate estuvo atravesado por la controversia en torno al artículo 44, que proponía que en las licencias por enfermedad o accidentes no laborales los trabajadores percibieran el 50% o el 75% del salario —según el caso— en lugar del 100% vigente, punto que finalmente fue eliminado del texto.

Durante su intervención, Salino apuntó directamente contra la velocidad del trámite parlamentario y la calidad del proceso legislativo. Para graficarlo, recurrió a una comparación llamativa: “Hace unos años participé en la redacción del reglamento del campeonato regional de cestobol. Mucho más serio ese procedimiento que el de esta ley”.

El senador planteó que no se explicitó ningún motivo que justifique la urgencia oficial. “¿Qué carrera están corriendo? La verdad es que hay como un misterio político: ¿cuál es el apuro?”, se preguntó.

Y fue más allá al poner en duda la necesidad política en la premura del oficialismo: “En un país con semejante cantidad de problemas sin resolver, ¿qué diferencia sustantiva hay entre que el Presidente diga el 1° de marzo ‘tengo la ley’ o que diga ‘la tendré en diez días’?”.

Críticas al trámite exprés

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la comparación con los tiempos legislativos habituales. Salino sostuvo que se produjo una aceleración injustificada del procedimiento.

“Lo que antes le llevaba una semana, ahora le llevó diez minutos. Fenómeno de republicanismo. Un lujo de democracia: cuando me conviene lo hago en diez minutos, cuando me conviene lo demoro una semana”, ironizó.

También cuestionó que hubiera inconsistencias entre el proyecto original y los dictámenes, al punto de que debieron rastrear en qué versión se había introducido lo que el oficialismo calificó como un error. “Única vez en la historia que un error es la médula del discurso del miembro informante…”, sostuvo.

Advertencia por la litigiosidad

El legislador advirtió que la forma en que se impulsó la norma puede derivar en conflictos judiciales, especialmente en materia laboral.

“¿Por qué alfombran el camino de la litigiosidad?”, preguntó, y señaló que las irregularidades del trámite podrían multiplicar las demandas en el fuero laboral.

En esa línea, aseguró que desde su bancada se advirtió reiteradamente sobre problemas técnicos en el capítulo de licencias. “Diecisiete veces le dijimos que lo que estaban poniendo en las licencias estaba mal”, afirmó.

Salino rechazó las críticas del oficialismo hacia la oposición. “No nos escuchan. Ustedes creen que nosotros no tenemos ningún aporte para hacer. Después nos retan porque no hacemos aportes”, dijo, antes de lanzar su definición más filosa: Dicen que “hacemos terrorismo legislativo. Terrorismo legislativo es hacer 17 versiones de lo mismo, todas mal”.

El senador remarcó que la objeción de su bloque no es meramente política sino técnica. “No mal porque no nos gusta lo que dice —cosa que ya expresaron mis compañeros y comparto absolutamente—, mal porque está mal”, enfatizó.

“No es el reglamento del cestobol”

En el tramo final, Salino buscó dimensionar el impacto de la norma en discusión y reclamó mayor rigurosidad parlamentaria.

“Estamos sancionando leyes de la Nación. Esto regula la vida laboral de millones de argentinos. Les cambia el ingreso, les cambia las licencias, les perjudica la salud”, advirtió.

Y reforzó la idea central de su crítica: “No es el reglamento del regional de cestobol. Es la ley laboral de la Nación”.

El cierre llegó con una ironía dirigida a la explicación oficial sobre los errores detectados en el proyecto. “Fueron a la televisión y dijeron: ‘210 artículos, se te pasa uno, ¿a quién no se le pasa uno?’. Muchachos, si le dictan los anteojos, fusilen al óptico, porque le está diciendo cualquier cosa”.

Histórico: la bandera de San Luis flamea por primera vez en Barranco Yaco

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Por primera vez en la historia, la bandera de la provincia de San Luis flamea junto a las de Córdoba, La Rioja y la enseña patria en Barranca Yaco, esa posta del norte cordobés, sobre el antiguo Camino Real al Norte, entre Sinsacate y Villa del Totoral, en donde el 16 de febrero de 1835 fue asesinado José Santos Ortiz (50), el primer gobernador de la provincia de San Luis entre 1820 y 1829.

Aquella emboscada encabezada por el capitán Santos Pérez por órdenes de los hermanos Reinafé, por entonces gobernantes de la provincia de Córdoba y en la que también murió Facundo Quiroga (46), truncó la vida del puntano nacido en Renca que pudo haber sido presidente de aquella nación entonces ensangrentada en luchas intestinas.

Este lunes 16 de febrero, en Barranca Yaco y bajo un aguacero intermitente, se realizó un acto organizado de manera conjunta por los municipios de Sinsacate, Villa del Totoral y Sarmiento, del que participaron el chozno de Ortiz, el exembajador Juan Eduardo Fleming, y, en representación del Gobierno de la provincia de San Luis, el escribano general de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra.

Juan Eduardo Fleming, descendiente de Ortiz, homenajeado en Barranca Yaco.

“El asesinato de Barranca Yaco fue la primera masacre de la historia argentina. No solo mataron al caudillo federal sino a quien iba a ser el primer presidente de la confederación, Ortiz” le dijo Fleming al diario La Nación.

Y fue Laborda Ibarra quien habló de la “lección histórica” que ese hecho debería dejarle a los argentinos.

“Barranca Yaco, a casi dos siglos del 16 de febrero de 1835, ya no es solo un episodio trágico de la historia argentina: hoy representa memoria, leyenda e imaginación. A esa tríada quiso sumarle una dimensión más: la de la lección histórica que este hecho debería dejar a los argentinos” comenzó diciendo Laborra Ibarra.

En su reflexión, ubicó la tragedia dentro del largo proceso de organización nacional que se extendió entre 1820 y 1880, desde las guerras civiles hasta la federalización de Buenos Aires. Fue, dijo, un camino de debates y confrontación de ideas —propios de toda sociedad plural—, pero también atravesado por una violencia extrema. Barranca Yaco simboliza precisamente ese costado oscuro: la transformación del adversario en enemigo y la lógica cruel de que el mejor enemigo es el enemigo muerto.

Barranca Yaco como lección histórica, en las palabras de Laborda Ibarra.

Recordó que la historia argentina está marcada por episodios de brutalidad y evocó, con especial conmoción, el asesinato del niño José Luis Basualdo, degollado durante la emboscada. Ese grito final —“mamita”—, sostuvo, debería interpelar todavía hoy a la sociedad argentina. A partir de esa imagen, utilizó una metáfora: la de un “río subterráneo de violencia, odio e intolerancia” que atraviesa la historia nacional y que, cada tanto, emerge. Advirtió que las dirigencias políticas deben estar atentas para que esa semilla no vuelva a brotar.

La enseñanza, insistió, es clara: aprender de la historia para construir convivencia. Citó a Cervantes —“la historia es la escuela de la vida”— para subrayar que la democracia no elimina los conflictos, sino que los civiliza. Las disputas deben resolverse por vías pacíficas y electorales, nunca mediante la violencia.

En el tramo final evocó la noche previa al asesinato de Quiroga y Ortiz, cuando ambos fueron advertidos del peligro y, aun así, decidieron avanzar. Ese episodio fue inmortalizado por Jorge Luis Borges en El general Quiroga va en coche al muere, donde se retrata la obstinación del caudillo y la voz prudente de Ortiz, consciente de que el odio podía no tener límites.

El orador cerró retomando el preámbulo de la Constitución nacional y su llamado a “consolidar la paz interior” y “asegurar los beneficios de la libertad”. Si la tragedia de Barranca Yaco sirve para reafirmar ese camino de convivencia y respeto, concluyó, entonces la muerte de Quiroga, de José Santos Ortiz, de quienes los acompañaban y del niño Basualdo habrá tenido un sentido: contribuir a que los argentinos construyan un país mejor.

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La construcción de la memoria histórica depende de la disputa que sobre el pasado establecen distintas agencias e intereses de una sociedad. En ese conflictivo juego, la Historia profesional y científica es una parte del dificultoso proceso que determina qué recordar y qué olvidar del pasado común que nos brinda identidad. Este parece ser el caso de José Santos Ortiz, figura destacada de la historia de San Luis que encontró en Barranca Yaco, paraje ubicado al norte de la ciudad de Córdoba, un trágico final junto a Facundo Quiroga el 16 de febrero de 1835.

Por la trascendencia notable como caudillo federal de Quiroga, su muerte eclipsó a la de Ortiz desde el mismo momento de producido los asesinatos por parte de una partida comandada por el Capitán Santos Pérez quien tenía órdenes de los hermanos Reinafé, por entonces clan gobernante en la provincia de Córdoba, de no dejar testigos vivos del criminal atentado.

El contexto de este crimen era la recientemente conformada Confederación Argentina, organización laxa e inestable que se había formado tras la aceptación por parte de todas las provincias argentinas del Pacto Federal hacia fines de 1832.

En esta Confederación algunas atribuciones de las soberanías de los Estados provinciales argentinos, como la representación externa, fueron delegadas en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el cual las utilizaría con un criterio variable, según sus intereses.

Entre lo que se consideraba, no sin polémica, como una de las atribuciones delegadas por el Pacto Federal en Buenos Aires, era la intervención en los conflictos que estallaban entre los diferentes Estados argentinos o entre alguna provincia y un Estado extranjero.

Este fue el caso de la lucha que se produjo entre las provincias de Salta y Tucumán en 1834 donde se sospechaba de la influencia de emigrados unitarios y del General Andrés de Santa Cruz, Presidente de Bolivia, cuyo desenlace implicó la separación de la provincia de Jujuy del territorio salteño.

Para mediar entre ellas y poner fin a los enfrentamientos armados, el Gobernador de Buenos Aires Manuel Maza, haciendo uso de las facultades delegadas por los Estados confederados, organizó una Comitiva que debía llevar a cabo negociaciones entre los bandos enfrentados. Maza, bajo el influjo directo de Juan Manuel de Rosas, convocó para esta delicada misión a Facundo Quiroga, quien se encontraba residiendo en Buenos Aires desde fines de 1833.

A mediados de diciembre de 1834 Quiroga aceptó la delicada misión sólo con la anuencia directa y personal de Rosas. Por ello se concertó una reunión el 18 de diciembre en la quinta de Juan Nepomuceno Terrero en el pueblo de Flores a las afueras de Buenos Aires entre los principales implicados Quiroga, Rosas y Maza, más la presencia del influyente anfitrión, en donde se establecerían los objetivos y características de la misión.

En estas circunstancias hizo su aparición la figura José Santos Ortiz, convocado por Felipe Arana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Buenos Aires, para formar parte de la Comisión. Es muy probable que el propio Quiroga haya sido quien sugirió su nombre para formar parte de la misma, habida cuenta de su reconocida capacidad política, diplomática y administrativa, y su vínculo cercano con el caudillo riojano.

Quiroga y Ortiz tenían una larga vinculación política y personal cimentada a lo largo de años de compartir campañas militares, afinidades partidarias y consejos gubernativos. Su relación comenzó en octubre de 1820 cuando ambos combatieron activamente a los últimos sublevados del Batallón de Cazadores de los Andes y su aliado Francisco Aldao en la zona limítrofe entre La Rioja y San Luis. Esta relación se profundizó cuando Ortiz, ya como Gobernador de San Luis, solicitó a Quiroga auxilio y apoyo para combatir las invasiones de José Miguel Carrera a territorio puntano en 1821.

Inclinados ambos a la causa federal durante los agitados años del Congreso General (1824-1827), su entendimiento se profundizó cuando Facundo se convirtió en la figura dominante de Cuyo tras invadir e imponer su dominio en San Juan y Mendoza, quedando San Luis alineado con la política del caudillo riojano y bajo su protección militar por medio de las gestiones de Ortiz.

Esta situación se prolongó por varios años, incluso cuando Ortiz renunció como Gobernador en abril de 1829. Esta relación política se manifestó en la participación de Ortiz con el grado Coronel en la Batalla de Oncativo bajo el mando de Quiroga el 25 de febrero de 1830. Producida la derrota del riojano, Ortiz quedó prisionero de las tropas unitarias del General José María Paz, quien lo liberó sin condicionamiento sufriendo algunas rigurosidades.

Tras haber acompañado a Quiroga en su breve y forzada residencia en Buenos Aires, Ortiz se radicó en la provincia de Mendoza en donde ejerció como Ministro de Guerra y Relaciones Exteriores de sus gobiernos federales entre 1831 y 1833.

Un aspecto poco conocido de esta relación, y que demuestra el grado de cercanía y aprecio que se tenían, es el hecho que Quiroga gestionó en 1831 ante el Gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, una beca para que Pedro Ortiz Vélez, hijo de José Santos Ortiz e Inés Vélez, pudiera estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires.

Según documentos publicados por Mario Visiconti en 1977 y citados por Cruz Ortiz, Rosas otorgó la beca teniendo en cuenta “los servicios que ha prestado a la Patria el distinguido ciudadano Dr. José Santos Ortiz y los notables perjuicios que le han causado los anarquistas, habiendo arruinado considerablemente su fortuna y deseando darle un testimonio del aprecio que han merecido” (Ortiz, 1977. Pág. 14).

Es más conocido que Quiroga lo tuvo como uno de sus consejeros más reconocidos, e incluso lo propuso como un posible candidato a Presidente de la Confederación en un eventual gobierno constitucional, tal como lo señala Adolfo Saldías, en las polémicas que se suscitaron en la infructuosa Comisión Representativa convocada en cumplimiento del Pacto Federal con el gobierno de Corrientes sobre la conveniencia o no de avanzar en la Organización Nacional.

Saldías afirmó que Quiroga en 1832 “se mostraba partidario entusiasta de la organización nacional, y se había adelantado hasta propiciarle sufragios en las provincias á su consejero el doctor José Santos Ortíz para la futura presidencia de la República” (Saldías, pág. 129, 1892). Juan W. Gez también sostiene lo mismo, resaltando que Quiroga consideraba a Ortiz “uno de los hombres de gobierno más ilustrados y experimentados del interior, cosa que miraba mal Rosas”, por lo que desistió de sostener su postulación (Gez, 1916, pág. 323).

Tras la radicación de Facundo en Buenos Aires a fines de 1833, según Carlos Barreiro Ortiz los caminos de ambos personajes se volvieron a cruzar no por casualidad. Este autor, además de afirmar que Ortiz dejó Mendoza para reclamar las deudas que contrajo por el envío de las tropas puntanas a la Guerra del Brasil en donde había gastado gran parte de su fortuna personal, sugiere que la llegada de Ortiz a Buenos Aires a comienzos de 1834 se debió a un llamado de Quiroga. Éste habría requerido de la presencia de Ortiz “por motivaciones políticas de índole reservada” (Barreiro Ortiz, 1971, pág. 130).

En este estado se encontraba la relación entre Quiroga y Ortiz cuando se conformó la Comisión para mediar entre Tucumán y Salta. Pese a la confusión que se ha suscitado entre historiadores posteriores, no hay duda que Ortiz fue convocado como Secretario de la Comisión conformada con carácter diplomático por el Gobierno de Buenos Aires en uso de las facultades delegadas por el Pacto Federal, y por lo tanto, no era secretario privado o personal de Facundo Quiroga cuando partió al actual norte argentino el 19 de diciembre de 1834.

La prueba documental de esta afirmación fundamental la aporta Barreiro Ortiz en su destacada obra “Dos gobernantes puntanos” de 1971. En ella se afirma que el decreto de designación fue firmado por el Gobernador Maza el 16 de diciembre de 1834, es decir, pocas horas de partir, lo que indica que se trataba de una acción ya coordinada entre Quiroga y Rosas con el conocimiento y anuencia del puntano. Ortiz respondió a su designación con la siguiente nota:

“San José de Flores, diciembre 18 de 1834,

Año 25 de la Libertad y 19 de la Independencia.

Al Señor Oficial Mayor de Secretaría del Exmo. Gobierno de la Prov. de Buenos Aires, en el Departamento de Relaciones Exteriores.

Son en poder del que firma los documentos que el Señor Oficial Mayor de Secretaría se sirve acompañarle a su nota del 16, por lo que S.E. el Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia se ha servido nombrarle secretario, en la importante comisión encargada al Sr. Brigadier General D. Juan Facundo Quiroga, cerca de los Exmos. Gobernadores de Salta y Tucumán.

El que firma empleará todos sus esfuerzos para corresponder a la confianza con que S.E. a tenido la dignidad de honrarle.

Dios guarde al Sr. Oficial Mayor muchos años,

José Santos Ortiz”

Este importante documento ubicado por Barreiro Ortiz en el Archivo General de la Nación (A.G.N. sala X 16-6-6 1834-1837), permite precisar algunas circunstancias que han permanecido ignoradas (Barreiro Ortiz, 1971, pág. 132). Ortiz fue nombrado Secretario de la Comisión el mismo día, 16 de diciembre de 1834, y bajo los mismos instrumentos legales que el propio Quiroga, decreto del Gobernador Maza, y con la misma condición diplomática que le confería inmunidad, por ser parte de la misión encargada al “Comisionado Representante del Gobierno de Buenos Aires”.

La contestación de Ortiz se produjo en San José de Flores, al igual que la de Quiroga, lo que indica que José Santos Ortiz se encontraba presente en la trascendental reunión que tuvo lugar en la quinta de Terrero, y, por lo tanto, también se encontraba junto a Quiroga cuando éste se entrevistó al día siguiente con Rosas en la Hacienda de Figueroa en San Antonio de Areco, habiendo viajado en la misma diligencia.

Según este documento, sin duda que el rol de Ortiz fue de enorme importancia en la misión encargada por el gobierno de Buenos Aires, toda vez que la Comisión era portadora de la famosa “Carta de la Hacienda Figueroa”, en donde Rosas le detalló a Quiroga su pensamiento sobre la Organización Nacional, contrario a su implementación inmediata. Esta importancia también quedó de manifiesto en el tratado firmado en Santiago del Estero entre los gobiernos de Salta, Tucumán y Santiago del Estero el 6 de febrero de 1835 que establecía la paz entre esos estados provinciales.

Un día antes Quiroga, como Represente de Buenos Aires, y Ortiz, como Secretario, firmaron la comunicación ante esos gobiernos provinciales que daba cuenta del cumplimiento de su misión.

Pese a varias advertencias sobre el atentado contra su vida, Quiroga desestimó el ofrecimiento de custodia armada tanto en Buenos Aires como en Santiago del Estero.

El 16 de febrero de 1835 en el paraje Barranca Yaco antes de llegar a la posta de Sinsacate, fue asesinado junto a Ortiz y toda la comitiva que lo acompañaba. Si bien, el jefe de la partida atacante tenía la orden de no dejar testigos, dos acompañantes de Quiroga y Ortiz, el correo Agustín Marín y el ordenanza Santiago Funes, presenciaron los crímenes. Estos dos testigos fueron claves para que años después se juzgara y castigara a los culpables no en Córdoba, sino en Buenos Aires, argumentando que Quiroga y Ortiz eran representantes de ese gobierno.

Según los documentos publicados en 1837 del juicio que se llevó a cabo por el gobierno de Buenos Aires, queda claro que el marco de justificación se dio dentro de una interpretación aceptada por las provincias confederadas. Rosas logró de otros gobernadores federales ser reconocido como autoridad legítima para castigar estos crímenes. Por ejemplo, Felipe Ibarra de Santiago del Estero afirmó que «trabajará hasta descubrir a los verdaderos culpables y arrastrarlos a un tribunal nacional cuyo fallo no será impotente».

Según el historiador José María Rosas, tras desentrañar las maniobras dilatorias, Rosas exigió en junio de 1835 al gobierno de Córdoba la entrega de los cuatro hermanos Reinafé, de Santos Pérez y de los milicianos que participaron de la masacre en Barranca Yaco para ser juzgados «por el tribunal que designen las provincias confederadas”, es decir, según las disposiciones del Pacto Federal, por el gobierno de Buenos Aires (Rosa, 1972, pag. 218 y 234).

El argumento principal de la legitimidad del juicio en Buenos Aires lo constituía la condición de Quiroga y Ortiz como representantes de ese gobierno y que, por lo tanto, gozaban de protección diplomática. El uso de las facultades delegadas por el Pacto Federal para encargarse de las causas “nacionales” completó la argumentación. El elegido por Rosas para llevar a cabo los sumarios y proponer sentencia fue Manuel Maza, el mismo que había designado a Quiroga y Ortiz para la Comisión. En su respuesta ante los planteos de la defensa, sostuvo:

“¿Hay algun derecho, por el que pueda perseguirse, y castigarse el último de los crímenes cometido contra el derecho de las naciones en la persona de un Representante caracterizado? La contestacion no está sugeta á controversia. El Exmo. Sr. Brigadier General D. Juan Facundo Quiroga se merecia aquellos respetos, que se merece el Gobierno a quien iba representando: los que atentaron contra su vida, los que no respetaron su inmunidad asi personal como real, se hicieron reos de otros tantos delitos contra el derecho de gentes ; y se hicieron tambien reos, porque violaron el salvoconducto con que transitaba por la Provincia de Còrdoba, á fin de cimentar la primera ley que reconocen las naciones, la paz pública, desgraciadamente alterada en algunos de los Estados de la Confederacion Argentina. La persona, en suma, del Sr. General Quiroga, la de su Secretario, General Ortiz, y cuanto pertenecia á su comitiva, era sagrado.” (Causa criminal, 1837, pág. 122).

La portada de la publicación oficial de 1837 aludida, si bien con el consabido error de identificar a Ortiz como Secretario de Quiroga, demuestra que ambas figuras fueron consideradas como destacadas en esos momentos. Cabe esperar que la memoria histórica rescate a sendos personajes que en vida compartieron mucho más que el trágico final de Barranca Yaco.

 

Bibliografía:

BARREIRO ORTIZ, Carlos. Dos gobernantes puntanos. José Lucas Ortiz, José Santos Ortiz. Buenos Aires, Glaux, 1971.

BUENOS AIRES, Causa criminal seguida contra los autores y cómplices de los asesinatos perpetrados en Barranca Yaco. Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1837.

GEZ, Juan W., Historia de San Luis, tomo 2. Buenos Aires, Weiss y Preusche, 1916.

ORTIZ, Cruz, José Santos Ortiz. Primer gobernador de San Luis. San Luis, Painé, 1997.

ROSA, José María, Historia Argentina, tomo 4. Buenos Aires, Oriente, 1972.

SALDÍAS, Adolfo, Historia de la Confederación Argentina, tomo 2. Bueno Aires, Felix Lajouane, 1892.

*Artículo publicado originalmente en la página de facebook del colectivo Historiadores de San Luis

Un libro para redescubrir a Alberdi y el debate sobre la Argentina próspera

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Las ideas de Alberdi, su estatura como uno de los padres fundadores de la Argentina y su personalidad multifacética —intelectual, músico, escritor, pensador político y económico, diplomático y abogado— estuvieron presentes en la exposición de Daniel S. Pereyra, autor del libro Alberdi. La indómita luz, presentado ante un nutrido auditorio en uno de los salones del Hotel Visit de la ciudad de San Luis, este viernes al mediodía.

La obra, que cuenta con prólogo del presidente Javier Milei, es “una invitación a redescubrir al padre de la Constitución de 1853 y a uno de los pensadores más lúcidos que tuvo la Argentina”. A lo largo de casi 300 páginas, propone un recorrido que sintetiza de manera clara la exuberante obra alberdiana: unas 8.531 páginas reunidas en 24 tomos.

Laborda Ibarra moderó la presentación y aportó datos para vincular a Alberdi con la provincia de San Luis.

La presentación fue moderada por el escribano Juan José Laborda Ibarra, quien destacó tres vínculos particulares de Alberdi con la historia de la provincia de San Luis.
El primero, su influencia sobre el texto constitucional puntano, por lo que lo definió como “el padre de la Constitución provincial”.
El segundo, la influencia que ejerció sobre Alberdi el filósofo Diego Alcorta, su profesor en el Colegio de Ciencias Morales, donde el tucumano estudió en 1824. Alcorta había sido alumno del puntano Juan Crisóstomo Lafinur.
El tercero, su vínculo con un puntano en Francia: durante su exilio en tiempos de Rosas —que se extendió por 41 años— Alberdi conoció al militar y exgobernador de San Luis Juan Saá, a quien elogiaba como el verdadero triunfador de la batalla de Pavón.

Pero ¿cómo se gestó la posibilidad de que el presidente Milei prologue su libro? fue la inquietud de DePolítica, y esta la respuesta de su autor.

Pereyra: —Este es un proyecto impulsado por diversas instituciones, encabezadas por la editorial Grupo Unión. Una de ellas acercó el borrador al Presidente y, a partir de allí, surgió su interés en participar con el prólogo.

Hubo, además, un motivo puntual que despertó su atención: la discusión pública generada cuando el presidente afirmó que la Argentina había sido, en algún momento, un país próspero. Muchos intelectuales, historiadores y periodistas cuestionaron esa afirmación sin aportar datos concretos. El libro aborda específicamente ese debate.

Pereyra: «Como dice el Presidente, el libro es una herramienta para entender de dónde venimos y una brújula para ver a dónde queremos ir».

Pereyra: —Uno de los capítulos se apoya en investigaciones de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, que desarrolló el Proyecto Maddison, un centro de estudios dedicado a medir la riqueza mundial desde el siglo XIX a partir del ingreso per cápita. En un estudio publicado en 2018 —referencia utilizada por organismos como Naciones Unidas y el Banco Mundial— se concluyó que hacia 1896 la Argentina había sido el país más rico del mundo. Posteriormente, con cambios metodológicos, el país pasó a ubicarse sexto, pero siempre dentro del grupo de economías más prósperas.

El libro -relata su autor- también recoge trabajos de historiadores como Ezequiel Gallo, Armando Riva y Vicente Vázquez Presedo, que documentan el crecimiento explosivo de la economía argentina. A ello se suma un estudio de la Academia Nacional de la Historia, encabezado por Roberto Cortés Conde y Gerardo della Paolera, que concluye que, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la Argentina no solo era el país más próspero del subcontinente, sino también el más industrializado, pese a no contar con una tradición manufacturera previa como México o Brasil.

La participación del Presidente -agrega Pereyra- se interpreta así como un reconocimiento al enfoque del libro: una obra pensada como herramienta para entender de dónde venimos y como brújula para pensar hacia dónde queremos ir. La propuesta no busca ser un ejercicio de nostalgia, sino un compromiso con el futuro: que las nuevas generaciones no tengan que irse del país por falta de oportunidades económicas o problemas de seguridad.

El libro fue recientemente presentado en Cuyo y pronto llegará a La Pampa, y a Brasil traducido al portugués.

El Colegio de Abogados analizará la sanción a las defensoras que denunciaron a tres jueces

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El conflicto judicial que involucra a dos abogadas defensoras y a integrantes del Tribunal de Impugnaciones sumó un nuevo capítulo institucional: el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis (CAPSL) confirmó que analizará la situación luego de recibir formalmente a las profesionales sancionadas.

El presidente del Colegio, Gabriel Alessandro, mantuvo una reunión con las letradas matriculadas, quienes expusieron ante las autoridades de la institución los alcances de la resolución judicial que les impuso una sanción económica en el marco de una causa penal en trámite. Durante el encuentro, explicaron los recursos presentados y plantearon lo que consideran una situación de arbitrariedad y una posible afectación al ejercicio profesional.

Desde el CAPSL informaron que el planteo fue recibido formalmente y que el Directorio evaluará eventuales acciones institucionales ante la posibilidad de que se estén vulnerando derechos vinculados al libre ejercicio de la abogacía o condicionando el desempeño de la defensa técnica. La entidad subrayó que el análisis se realizará “con responsabilidad y prudencia” y dentro de los canales institucionales correspondientes.

El Colegio también remarcó que el caso adquiere una relevancia adicional por tratarse de dos mujeres abogadas, lo que podría implicar una mayor gravedad institucional si se comprobara una afectación al ejercicio profesional en condiciones de igualdad. En ese marco, la institución reafirmó su compromiso con la defensa del libre ejercicio de la profesión, las garantías profesionales y el acompañamiento a sus matriculados dentro del Estado de Derecho.

La intervención del Colegio se produce luego de que las abogadas Ana María López y María Victoria Robledo -tal como informó esta página- denunciaran penalmente a los tres jueces que las sancionaron: Jorge Ernesto Sabaini Zapata, Yanina Verónica Del Viso y Laura B. Molino.

El origen del conflicto.

La polémica se originó en una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, mediante la cual el Tribunal de Impugnaciones rechazó una apelación presentada por la defensa de un imputado en una causa por abuso sexual y, al mismo tiempo, aplicó una sanción disciplinaria contra las letradas. La medida consistió en una multa equivalente al 20% del sueldo de un secretario judicial y la remisión de antecedentes al Colegio de Abogados.

En su fallo, el tribunal sostuvo que la defensa había incurrido en conductas “dilatorias y obstruccionistas” que habrían obstaculizado el avance del proceso. La resolución incluyó además una advertencia por el supuesto uso de jurisprudencia inexistente, atribuida a un uso irresponsable de inteligencia artificial.

Tras la notificación, las abogadas denunciaron penalmente a los magistrados por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato. Según su presentación, la sanción fue aplicada sin identificar de manera concreta qué conductas realizaron ni qué escritos firmaron personalmente. También sostienen que se les atribuyeron presentaciones de otros abogados de la defensa y que el fallo menciona actuaciones que —afirman— no existen en el expediente.

En paralelo, las letradas presentaron una recusación para apartar a los jueces del caso por considerar afectada su imparcialidad y un recurso para que la sanción sea revocada. En sus escritos, sostienen que la medida tiene un efecto “disciplinador” sobre el ejercicio del derecho de defensa y advierten sobre un posible sesgo de género, al señalar que solo fueron sancionadas las dos mujeres del equipo defensor.

Mientras la causa penal principal continúa su trámite, la denuncia contra los magistrados deberá ser investigada por la fiscalía. El pronunciamiento institucional que eventualmente adopte el Colegio de Abogados podría convertirse en un elemento clave en un conflicto que ya trascendió el ámbito estrictamente judicial y adquirió dimensión institucional.

Presentan en San Luis «Alberdi. La indómita luz», el libro de Daniel S. Pereyra

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La ciudad de San Luis será escenario este viernes 13 de febrero, a las 12, de la presentación del libro Alberdi. La indómita luz, del autor Daniel S. Pereyra. El encuentro se realizará en el Hotel Visit y forma parte de una serie de actividades que buscan poner en debate la vigencia del pensamiento de Juan Bautista Alberdi en el presente argentino.

Editado por Grupo Unión, el libro propone una nueva aproximación al legado del jurista y pensador tucumano, figura central en la construcción del andamiaje institucional del país y considerado el padre intelectual de la Constitución Nacional. La obra se inscribe en una tradición de revisión crítica de Alberdi, cuya influencia marcó de manera decisiva la organización política, económica y social de la Argentina del siglo XIX.

La presentación en San Luis se suma a un circuito regional de lanzamientos. En Mendoza, el libro es presentado como una invitación a repensar el ideario alberdiano en el contexto contemporáneo, subrayando la vigencia de conceptos como la libertad individual, la centralidad de la educación y el rol de las instituciones como base del progreso. En San Juan, la Legislatura provincial también difundió actividades vinculadas a la obra, consolidando un itinerario cuyano que busca ampliar la discusión sobre el pensamiento liberal argentino.

La figura de Alberdi continúa generando interés por la actualidad de muchas de sus ideas. Su concepción de la libertad como límite de la autoridad estatal, la noción de que el progreso se construye a partir de instituciones sólidas y la célebre máxima “gobernar es poblar” forman parte de un corpus intelectual que sigue atravesando el debate público.

La presentación en San Luis se plantea como un espacio de intercambio y reflexión sobre ese legado, en un momento en que las discusiones sobre el rol del Estado, el desarrollo y la libertad vuelven a ocupar un lugar central en la agenda nacional. El encuentro estará abierto al público y reunirá a lectores, interesados en la historia de las ideas y actores del ámbito cultural y académico.

Liderazgos convergentes, según encuestas nacionales

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Mediciones de alcance nacional difundidas en los últimos días dejaron un dato político consistente: San Luis aparece como uno de los territorios con mejores niveles de aprobación hacia sus principales liderazgos.

El informe federal de CB Consultora correspondiente a febrero ubicó al gobernador Claudio Poggi en el podio nacional de imagen positiva. El mandatario puntano alcanzó el 56,2% de aprobación y se posicionó en el tercer lugar entre los gobernadores del país, detrás de Marcelo Orrego (San Juan) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

El ranking se elaboró con más de 24 mil casos relevados en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires y refleja el posicionamiento del gobernador puntano dentro del grupo de mandatarios con mejor desempeño del país.

El mismo relevamiento incluyó el ranking federal de intendentes de capitales provinciales, donde el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, también aparece con una valoración destacada dentro del mapa nacional. La medición lo ubica dentro del grupo de jefes comunales con mejor imagen del país, consolidando un escenario de fuerte aprobación: 53,7%.

San Luis, tercera provincia con mejor imagen de Milei

El tercer dato que completa el cuadro político surge del estudio de imagen presidencial por distrito. Allí, San Luis vuelve a sobresalir: Javier Milei registra en la provincia un 54,5% de imagen positiva, lo que la ubica como la tercera jurisdicción donde el Presidente tiene mejor valoración del país, sólo por detrás de Mendoza y Córdoba.
El informe muestra además que Milei lidera la imagen positiva en 21 de las 24 jurisdicciones analizadas, configurando un mapa territorial ampliamente favorable al Gobierno nacional.

Un mapa político convergente

Las tres mediciones coinciden en un punto central: San Luis aparece dentro del conjunto de provincias con mejores niveles de aprobación política en distintos niveles de gestión.
Por un lado, el gobernador se posiciona entre los más valorados del país; por otro, el intendente de la capital se ubica dentro del grupo de jefes comunales con mejor imagen; y, en paralelo, el Presidente encuentra en la provincia uno de sus principales niveles de respaldo.
El resultado es un escenario político que muestra performances positivas en los tres niveles de liderazgo, dentro de un contexto nacional atravesado por las dificultades económicas.

La caída de la recaudación complica a la Casa Rosada y Caputo piensa en postergar la baja de Ganancias

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La caída sostenida de la recaudación impositiva encendió luces rojas en el Gobierno nacional y reconfiguró la negociación con los gobernadores. En enero, los ingresos tributarios registraron una baja interanual real cercana al 8%, el sexto mes consecutivo en retroceso, un dato que golpea tanto a la Nación como a las provincias y obliga a revisar uno de los ejes discursivos del oficialismo: la baja de impuestos.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, comenzó a analizar la posibilidad de postergar hasta 2028 la reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas incluida en la reforma laboral, tal como adelantó LaPolíticaOnLine. La decisión implicaría diferir la aplicación más allá del mandato de Javier Milei y también del de la mayoría de los gobernadores, que concluyen en 2027, una coincidencia temporal que facilita el consenso político pero expone la fragilidad fiscal del presente.

Hasta hace pocas semanas, Caputo sostenía como alternativa una cláusula “gatillo”: que la rebaja se active recién cuando la economía crezca al 4%. Sin embargo, en las provincias cuestionan esos cálculos y advierten que un eventual repunte no garantiza mayor coparticipación, sobre todo si el crecimiento se apoya en sectores con beneficios impositivos. Para varios mandatarios, la propuesta funciona más como una forma de ganar tiempo que como una solución efectiva al problema de fondo.

Corriente ata un aumento para estatales al envío de fondos nacionales

El deterioro de los ingresos ya tiene efectos concretos en los territorios. En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés fue explícito al reconocer que la provincia no cuenta con recursos para otorgar aumentos salariales a los empleados públicos si no hay asistencia nacional. “Sin el envío de fondos desde Buenos Aires o una recuperación de la recaudación federal, el bolsillo de los estatales seguirá en espera”, sostuvo, en un contexto de creciente tensión gremial y con el inicio del ciclo lectivo como telón de fondo.

La posición de Valdés sintetiza un reclamo extendido entre los gobernadores: previsibilidad fiscal. En las provincias sostienen que cualquier modificación tributaria que afecte sus ingresos debe venir acompañada de mecanismos de compensación claros. De lo contrario, el ajuste se traslada de manera directa a salarios, servicios y obra pública.

Mientras en la Casa Rosada buscan sostener el discurso de la baja de impuestos sin exhibir una marcha atrás política, los números imponen límites cada vez más evidentes. La negociación por Ganancias sigue abierta, pero con una certeza compartida en Nación y provincias: con la recaudación en caída, nadie está dispuesto a resignar recursos.

Agüero íntimo: pobreza, política, cartas y un final solitario

En la semana del nacimiento de Antonio Esteban Agüero vale correrlo del altar donde algunos lo dejaron. Consagrado como el poeta más reconocido de San Luis, Agüero también fue el hombre que tuvo que pedir plata porque tenía hambre; el radical que festejó la muerte del general Aramburu; el agnóstico que escribió una de las plegarias más íntimas de la poesía argentina (Canción del Buscador de Dios); el merlino que apagó su vida entre bares y tragos; y el exministro que, meses antes de morir a los 53, escribió que quería irse de San Luis para siempre.

Estas son las cinco historias que la liturgia de los aniversarios suele esquivar.

1. El político incómodo

Agüero firmaba sus cartas como “El Poeta”, con mayúsculas iniciales. Pero durante años también fue un cuadro político influyente en San Luis: adherente de la Unión Cívica Radical, se alineó con la UCRI frondizista y ocupó cargos de peso en la provincia. Encabezó el Consejo Provincial de Educación entre 1955 y 1956, fue director de Cultura en 1957, ministro de Previsión Social y Educación ese mismo año y ministro de Gobierno entre 1958 y 1959, durante la gobernación de Alberto Domeniconi.

Un hecho raro lo había marcado temprano: en diciembre de 1952 terminó preso —lo estuvo durante tres meses— por una supuesta conspiración contra el gobierno de Juan Domingo Perón. La causa mezcló clima de complot y literatura: el origen habría sido un poema con pinceladas sarcásticas, “Yo, Presidente”, en el que fantaseaba con entrar a la Plaza de Mayo al frente de un ejército de jinetes espectrales “para ser Presidente y organizar la Patria”.

Después, con el peronismo barrido y proscripto en el ‘55, volvió a la vida pública. Con el radicalismo intransigente empujó una agenda laica, lejos del conservadurismo de comité. Llegó a ser convencional constituyente en la reforma provincial de 1962, una Constitución que quedó atrapada en la crisis política y la intervención federal de ese año.

Agüero iba a diario a la casa de su primo Miguel Ángel Flores para hablar de revoluciones, organizaciones armadas y noticias que llegaban desde Cuba. Distintos testimonios dicen que cuando Montoneros mató al general Pedro Eugenio Aramburu, fue a despertarlo de madrugada para acusarlo, en broma, de haber organizado el operativo sin invitarlo.

Sus ideas políticas eran incómodas: demasiado de izquierda para el radicalismo tradicional; demasiado tradicional para la izquierda; demasiado antiperonista para el movimiento nacional y popular.

El gobernador Alberto Domeniconi habla en la radio LV13 y Agüero, uno de sus ministros, vestido con traje blanco, lo acompaña. En la escena también están Leopoldo Nellar -al lado de Domeniconi- y de pie el locutor Eduardo Baigorria Díaz.

2. La discípula y el maestro

Entre las muchas relaciones que tejió, una resulta clave para entender su costado humano: su vínculo con la escritora puntana “Beba” Di Genaro.

A sugerencia de su padre —también radical—, “Beba” le mostró a Agüero su cuadernito de poemas cuando entraba en la adolescencia. El merlino leyó un texto sobre el viento Chorrillero y dio su dictamen: “Usted es poeta, siga”. Ella diría, muchos años más tarde, que esa frase le cambió la vida: “Ya nunca más dejé de escribir”.

Con el tiempo, la relación derivó en un intercambio intenso: ella le mandaba sus poemas y él devolvía consejos; él le ofrecía su casa de Merlo cuando ella atravesaba un divorcio; ella salía a defenderlo cuando lo atacaban por su pasado político. La amistad creció en un cruce permanente de cartas y las cartas se convirtieron en un archivo vivo del Agüero más íntimo.

Una de las pocas fotos públicas de la escritora Beba Di Genaro en su juventud.

3. El poeta y la pobreza

En sus últimos años, Agüero estuvo lejos de ser un clásico consagrado. “Beba” Di Genaro —fallecida en marzo de 2015 a los 77 años— siempre recordaba que luchó para la edición de Un hombre dice su pequeño país. Pero cuando consiguió el dinero, el autor le pidió que no mandara la plata a la editorial, sino a él, porque tenía hambre. Su marido, “Alfi” Menéndez, la empujó a hacerlo. “Gracias a esa plata, Agüero pudo comer y escribir los últimos años de su vida”, diría Beba muchos años después.

Ese contraste es doloroso: el hombre que había ganado premios nacionales con jurados presididos por Jorge Luis Borges, que había sido funcionario público, necesitaba el desvío de un fondo cultural para comprar carne y pan.

En esa misma correspondencia, que “Beba” reveló en un documental del ciclo De Puño y Letra, emitido hace años en Canal 13 de San Luis, aparece otro subrayado íntimo: en marzo de 1970, poco antes de morir, el poeta, cansado, confiesa que le gustaría irse de la provincia.

Frente a cámara, el testimonio de la escritora fue contundente:

—El Poeta se murió enojado con nosotros, sin querer quedarse en San Luis, dispuesto a irse porque su pobreza en ese tiempo era inmensa. Y hay una carta extraña que dice: “Si yo me voy no lo hago porque me echen, me voy porque tengo ganas. Ningún verso mío, ni en bronce, ni siquiera en papel de estraza, figura en ninguna plaza de mi provincia natal. Por eso me voy, por eso quiero irme, voy a quemar las naves…”.

4. El Che, la peña y la carta peligrosa

La política latinoamericana también se coló en esas cartas. Cuando asesinaron a Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, “Beba” Di Genaro tenía una peña literaria en su casa. Esa noche, ella y su grupo escribieron un canto colectivo para el guerrillero que admiraban. El poeta, desde Merlo, respondió con un texto que la dictadura consideraría subversivo años más tarde:

“Así como ustedes allá en su peña, yo también canté un lamento para nuestro compatriota heroico el Che Guevara, que, como el inca Tupac Amaru, desde entonces sigue regando con su sangre la libertad de América”.

El fragmento integró Cartas para un aprendiz, una compilación que circuló como folleto y terminó destruida por los militares. Durante la última dictadura despidieron a “Beba” de su trabajo, la interrogaron y la pusieron bajo sospecha. No solo por el poema erótico “Tengo ganas de hacer el amor esta noche”, que incomodaba a la moral conservadora, sino por ese “Che” que aparecía en sus papeles.

Un trabajo de archivo de Santiago Rovera, estudioso de la historia local, recopila los boletines oficiales en los que aparecen decretos firmados por Domeniconi y Agüero.

5. Alcohol, nostalgia y un final abrupto

Los últimos años del poeta fueron en caída libre. Testimonios de amigos cercanos describen a un Agüero cada vez más atrapado por el alcohol, con una “tremenda nostalgia” que le borraba el brillo social y lo dejaba, a veces, en un descuido físico que chocaba con la imagen del escritor consagrado.

Pero el fallecido escultor merlino Juan Carlos Ortega, otro radical histórico de la villa turística, cuestionaba a quienes exageraban sus problemas con el alcohol:

— Muchos de los que habían sido sus amigos decían que era un alcohólico terminal, pero si hubiera sido un borracho sus neuronas no hubieran respondido y no hubiera escrito jamás Canción del buscador de Dios. Iba a los boliches, sí, pero ¿por qué? Agüero, cuando estaba en San Luis, era una persona importante, de buena posición económica y social. Pero cuando vuelve a Merlo se dedica solo a escribir y se queda sin ingresos. Todos los que habían sido sus amigos, los que llenaban su casa, esos amigos que eran amigos del poder, se empezaron a ir. Entonces, cuando escribía algo, como ya no iba nadie a su casa, buscaba la crítica en los bares, donde leía su poesía. Eso buscaba Agüero en los boliches. Son lugares donde la gente se refugia, encuentra un amigo. Esta es la imagen que yo tengo de Agüero.

En 1970 el poeta sufrió un accidente cerebrovascular en Merlo y lo trasladaron en una avioneta a San Luis, sin que pudieran salvarlo.

“Beba” Di Genaro recordó esos días con precisión literaria:

—Agüero cae una madrugada en Merlo con un infarto cerebral. Creo que estaba tomando unas copas en un bar, dice que se siente mal, intenta irse y luego cae. Lo traen en avioneta a San Luis y estuvo internado en el sanatorio Ramos Mejía. No me olvido más: el doctor Borra, con mi primo Augusto Di Genaro, lo asisten y le hacen la traqueotomía. Yo veía esa garganta abierta; era tan doloroso. “Yo no quiero morir, es imposible que yo pueda morir, mientras siga la vida en jilgueros y caballos”. Eso es lo que dice en Pregón. “Yo no puedo morir, es imposible”…

Parecía imposible. Pero murió el 18 de junio de 1970, sin fortuna, sin reconocimientos importantes y sin ocupar el lugar central que hoy tiene en la Villa de Merlo, donde su casa se convirtió en el museo más visitado por los turistas y donde Peteco Carabajal le puso música a Digo la Mazamorra.

De Merlo al Vaticano

Décadas después de su muerte, la Universidad Nacional de los Comechingones y la de San Luis editaron juntas Agüero. Poesía, naturaleza y universidad, un libro que reúne textos del poeta con fotografías de la región. El volumen nació como obsequio institucional al papa Francisco, en un encuentro de rectores latinoamericanos en 2023, antes de llegar a las manos del público puntano.

Al recibirlo, el Papa argentino dejó una certeza que, de otra forma, quizás nunca se hubiera revelado: al menos una vez en su vida tuvo en sus manos la poesía del puntano Antonio Esteban Agüero.

Las etapas de una voz

La obra de Agüero también cuenta su biografía. A grandes rasgos, puede leerse en capas:

  • El joven del paisaje: Poemas lugareños, Romancero aldeano, las primeras Pastorales. La voz que nombra arroyos, pájaros, labores rurales, pero ya sospecha que bajo la postal bucólica hay historia y conflicto.
  • El cantor de la infancia y el árbol: Romancero de niños, Las cantatas del árbol. Poesía para chicos que nunca subestima a los chicos, y un árbol, el Algarrobo Abuelo, que se vuelve sujeto político, testigo de la tierra y del trabajo.
  • El poeta cívico: Un hombre dice su pequeño país, la Tonada del viejo amor a la provincia, las piezas que ponen a la patria chica en diálogo con la historia nacional. Allí se mezcla la épica de la tierra con la crítica al poder central y a sus abusos.
  • El místico laico y el experimental: Canciones para la voz humana, poemas como “La visita de Beethoven”, “Un poeta llamado Jesús” o la propia Canción del buscador de Dios. Es el tramo final, más introspectivo, donde el paisaje se vuelve memoria, música, diálogo con la muerte.

Lo que permanece en todas esas etapas es una misma operación: tomar la velocidad y la luz del pueblo para convertirla en materia poética y elevar a categoría universal aquello que parece “chico”.