Poggi: “Dimos un paso muy importante para generar trabajo y sumar competitividad a San Luis”

En menos de un año, San Luis modificó un aspecto estratégico de su sistema laboral: la provincia, que durante casi dos décadas no había adherido a la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo, quedó nuevamente alineada con el marco que rige en Mendoza, Córdoba y San Juan. Ese rezago implicaba un obstáculo concreto para la instalación y expansión de empresas: las alícuotas de ART podían costar el doble y la litigiosidad laboral era una barrera directa para invertir.

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Este miércoles, con la inauguración de las Comisiones Médicas de San Luis, Villa Mercedes y Concarán, el gobernador Claudio Poggi sintetizó el impacto de la decisión: “Dimos un paso muy importante para la generación de trabajo en San Luis y para la disminución del costo”.

Menos costos, menos juicios, más previsibilidad

La puesta en funcionamiento simultánea de las tres sedes —un trabajo coordinado con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)— marca un cambio estructural para el empleo privado.

Poggi remarcó que la falta de adhesión a la Ley Nacional 27.348 había puesto a la provincia en clara desventaja:

“Los inversores no miraban a San Luis porque les costaba el doble en ART que en Mendoza, San Juan o Córdoba”.

Ahora, con instancias administrativas obligatorias y dictámenes en un máximo de 60 días, los procesos que antes tardaban años en tribunales se resolverán en plazos breves y con patrocinio jurídico gratuito para los trabajadores.

Del lado de las empresas, los efectos son inmediatos:

  • Reducción sustancial de alícuotas.

  • Menos litigiosidad.

  • Previsibilidad jurídica para proyectar inversiones.

Poggi lo sintetizó así: “Muchas industrias podrán renegociar sus alícuotas y reducirlas incluso a la mitad”.

Una política alineada con la estrategia de competitividad provincial

La apertura de las comisiones médicas no es un acto aislado sino parte de un cambio de rumbo. Poggi vinculó esta decisión con otra medida clave: el regreso al Consejo Federal de Inversiones (CFI) después de 18 años.

Mientras las provincias vecinas fortalecieron durante años su apoyo al sector privado, San Luis había quedado afuera de herramientas fundamentales como créditos, avales y asistencia técnica.
Con el reingreso al CFI y la modernización laboral, la provincia vuelve a competir en igualdad de condiciones.

“El CFI apoya al sector privado. Estábamos afuera desde 2006 y fueron 18 años perdidos. Esto es algo similar, pero aplicado a accidentes y enfermedades profesionales, donde la falta de adhesión generaba una industria del juicio y mayores costos”, explicó el Gobernador.

Más inversión, más trabajo, más oportunidades

La provincia considera que el impacto será directo: la reducción del costo laboral y la previsibilidad del sistema permitirán atraer proyectos productivos.

“Sumar competitividad significa atraer inversiones. Y las inversiones consolidan puestos de trabajo y generan nuevas oportunidades”, afirmó Poggi.

La inauguración en Villa Mercedes —ubicada en el Parque Costanera Río Quinto, “El Lago”— tuvo el mismo tono: poner fin a la “industria del juicio” y acompañar a trabajadores y empleadores con un sistema moderno, rápido y cercano.

La directora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda, remarcó que el nuevo esquema reduce la judicialización en un 80% y garantiza resolución en 60 días.
El subgerente de Infraestructura de la SRT, Daniel Temperán, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar en tiempo récord la puesta en marcha.

Amondarain: “Estas comisiones médicas  son justicia laboral rápida”

En la EDIRO, donde quedó inaugurada la Comisión Médica correspondiente a la ciudad de San Luis, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, definió la jornada como “una página muy importante” para la provincia.

Recordó que todo comenzó el 28 de noviembre de 2024, cuando el diputado Mauro Chiatti presentó el proyecto de adhesión a la Ley 27.348, aprobado por unanimidad. A partir de allí, Poggi firmó el convenio con la SRT el 30 de mayo de 2025, y exactamente 180 días después, las tres sedes están funcionando.

“En este San Luis que cambió y avanzó, las palabras se transforman en hechos”, sostuvo.

Amondarain explicó que la medida expresa los cuatro ejes del proyecto político del Gobernador:

  • Institucionalidad: justicia laboral moderna y transparente.

  • Reconstrucción del tejido social: articulación entre sindicatos, empresas, legisladores y poderes del Estado.

  • Trabajo: reducción de costos laborales y atracción de inversiones.

  • Seguridad jurídica: fin de procesos interminables e imprevisibles.

El ministro fue categórico:

“Estas comisiones médicas no son solo oficinas nuevas. Son justicia laboral rápida. Son derechos que se concretan. Son decisiones políticas hechas realidad.”

Señaló que el paso por las comisiones es ahora obligatorio y excluyente, con un plazo máximo de 60 días.
“Sesenta días frente a años de litigio: esa es la diferencia entre la burocracia y la eficiencia”.

También remarcó el impacto para el sector productivo:

“Esto no es un favor a las empresas. Es competitividad. Es desarrollo. Es inversión y más trabajo para los sanluiseños.”

Agradeció al gobernador Poggi, a la SRT y a la Dirección de Relaciones Laborales por el trabajo técnico. Y cerró con una definición política:

“San Luis decidió avanzar. Y lo hace cuidando a su gente, fortaleciendo su sistema productivo y construyendo un futuro con más trabajo, más derechos y más oportunidades para todos.”

Chile: la batalla de las tres derechas

Por Cristóbal Bellolio Badiola
Doctor en Filosofía Política por el University College de Londres. Trabaja como profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). Es autor, entre otros libros, de Liberalismo. Una cartografía (Taurus, Santiago de Chile, 2020) y El momento populista chileno, Debate, Santiago de Chile, 2022.

Tres candidatos declaradamente de derecha compitieron este domingo 16 de noviembre en la primera vuelta de la elección presidencial chilena. El vencedor de esta suerte de primaria fue José Antonio Kast, que obtuvo 23,9% de las preferencias. El candidato del Partido Republicano disputará la segunda vuelta con la postulante oficialista Jeannette Jara, que si bien logró la primera mayoría relativa con 26,9%, estuvo muy por debajo de las expectativas. Para ganar, a Kast le basta alinear los votos de los dos candidatos de derecha que quedaron en el camino: los que obtuvo Johannes Kaiser -que quedó en cuarto con 13,9%- y los de Evelyn Matthei -favorita al comienzo del ciclo electoral y que finalmente llegó quinta con 12,5% de los votos-. Juntos suman más del 50%, incluso sin contar a Franco Parisi, la sorpresa de la elección con 19,7%, cuyas coordenadas ideológicas, detrás de su afirmación de campaña de que Chile «no es facho ni comunacho», son más difíciles de precisar.

¿En qué minuto Chile giró a la derecha en forma tan pronunciada? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué representan estas tres derechas? ¿Se parecen a sus pares latinoamericanos y globales? ¿Qué podemos esperar para el futuro?

El fin del piñerismo

La derecha chilena conquistó la presidencia en forma democrática recién veinte años después de que el dictador Augusto Pinochet la abandonara tras el plebiscito de 1988. Lo hizo en 2010 con Sebastián Piñera. Su primer gobierno fue moderado y sirvió para desdramatizar la alternancia en el poder. Su segundo mandato estuvo marcado por el turbulento «estallido social» que puso en tela de juicio la estabilidad de la convivencia política, y Piñera tuvo que acceder a un proceso constituyente para reescribir las reglas del juego. Su principal mérito fue sobrevivir a la izquierda que pedía su cabeza y a la derecha que exigía militares en la calle. Piñera ganó tiempo y aseguró la continuidad democrática. Más tarde, el masivo y oportuno proceso de vacunación para salir de la pandemia le valió reconocimiento de moros y cristianos. Su trágica muerte en febrero de 2024, contribuyó finalmente a acrecentar su figura.

Por lo anterior, se daba por descontado que su heredera natural, Evelyn Matthei, sería la próxima presidenta de Chile. En septiembre de 2024, The Economist la ungía como la mujer que lideraría la contrarrevolución tras años de utopismo juvenil. Matthei es una política experimentada: fue diputada, senadora y alcaldesa, además de ministra del Trabajo del propio Piñera.

Ungida por aclamación por los tres partidos de la derecha mainstream -Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli- Matthei se sentó a esperar el paso del tiempo y dilapidó su ventaja. Como en otras partes del mundo, la derecha convencional chilena también se desplomó frente al surgimiento de alternativas más radicales. Algunos han intentado explicar el fenómeno apuntando a la convergencia programática entre centroderechas y centroizquierdas, que habría dejado dos polos huérfanos y resentidos. De este modo, mientras todo parecía indicar que la nueva derecha chilena sería más liberal que la de sus padres pinochetistas, el avance de la agenda progresista hizo que el elástico rebotara con fuerza.

Chile no ha sido la excepción al backlash cultural que se ha reportado a escala global. Las nuevas generaciones no serían de la «derechita cobarde», como se le comenzó a llamar despectivamente al piñerismo, sino de la «derecha sin complejos», esa que va de frente contra el wokismo y la corrección política. Hay ahí una ironía: mientras los chilenos añoran la eficiencia de Piñera, al mismo tiempo reniegan de su filosofía pragmática y consensualista, apostando en cambio por alternativas más radicales y dogmáticas.

El ascenso de Kast

A José Antonio Kast nunca lo sedujo el proyecto piñerista de modernización de la derecha, demasiado blando en lo político y muy relativista en lo moral. Cansado de transacciones doctrinarias y postergaciones generacionales, Kast renunció a la UDI –su partido de toda la vida– y construyó su propia plataforma política, el Partido Republicano, para asaltar el poder por el flanco derecho. Lo intentó primero en 2017, cuando desafió al propio Piñera, obteniendo 8% de los votos. Volvió a intentarlo en 2021, esta vez con mejor suerte: consiguió 28% en primera vuelta, pero fue derrotado de manera contundente por Gabriel Boric en el balotaje. Se dijo entonces que el conservadurismo de Kast le significaba un porfiado techo electoral. Siete de cada diez mujeres jóvenes votaron por Boric, o bien contra Kast, por considerarlo un retroceso en materia de derechos y agenda de género.

Luego se produjo una paradoja: Kast se opuso tenazmente al proceso constituyente que la clase política chilena abrió para encauzar la energía del «estallido social» de 2019. Sin embargo, tras el estrepitoso fracaso de la Convención Constitucional liderada por un variopinto elenco de izquierda, un segundo proceso constituyente –más acotado y tutelado– quedó a merced de Kast y su Partido Republicano, que gracias a una inédita mayoría pudieron redactar un texto a su entero gusto.

He ahí el contrasentido: Kast nunca quiso una nueva Constitución pero sus huestes quedaron a cargo de redactarla. Al hacerlo, copiaron la estrategia adversarial del primer proceso constituyente. En lugar de buscar consensos con la minoría de izquierda, incorporaron disposiciones que fueron interpretadas como más autoritarias, neoliberales y conservadoras que las contenidas en la mismísima Constitución heredada de Pinochet. Por ejemplo, endurecieron la norma constitucional que prohíbe el aborto, lo que motivó –nuevamente– la especial resistencia de las mujeres. En un plebiscito celebrado a fines de 2023, los chilenos volvieron a rechazar la oferta constitucional.

Considerando este antecedente, Kast modificó su estrategia para la elección presidencial 2025. Ya sea porque hizo las paces con el proceso de secularización cultural de la sociedad chilena, ya sea porque entendió que es la única forma de reducir la resistencia que genera en sectores moderados, Kast renunció a la llamada «batalla cultural», que va desde el aborto hasta el cambio climático, y se concentró en los dos temas prioritarios: seguridad y economía. Como en cuatro años no se puede abarcar todo, ha reiterado que el suyo será un «gobierno de emergencia». Es decir, dedicado a recuperar el orden público y la senda del crecimiento, ni más ni menos. El Kast 2025 presenta un perfil menos radical que el Kast 2021. Ya no amenaza con cerrar el ministerio de la Mujer ni habla de la «dictadura gay». Por el contrario, su programa se concentra en mejorar la gestión pública, e incluso se mimetiza con el de Evelyn Matthei.

Los académicos que estudian el fenómeno Kast desde sus albores se debaten entre dos perspectivas. Una primera corriente sostiene que Kast y sus republicanos exhiben –con distinta intensidad los tres elementos que Cas Mudde observa en la «derecha populista radical» europea: autoritarismo, nacionalismo y populismo, entendiendo por populismo una mirada ideológica que separa a la población entre un pueblo decente y una elite corrupta. Una segunda línea, que sigue a Ernesto Laclau en su conceptualización de populismo, concluye que Kast no califica como populista porque no idealiza la voluntad popular ni cuestiona la precarización que genera el neoliberalismo. Para estos últimos, el candidato republicano es un representante de la derecha tradicional, que aparece radicalizada por efecto de la moderación de la centroderecha, pero que en el fondo apela a los mismos valores conservadores de siempre. Es decir, vino viejo en odres nuevos.

Ambas perspectivas convergen en que Kast carece de la estridencia discursiva y el carisma avasallador que caracteriza a otros liderazgos populistas de la región, como Donald Trump, Javier Milei o Jair Bolsonaro. Kast es formal, sobrio, institucional y disciplinado, lejos del paradigma populista asociado al enfoque sociocultural, en el cual el líder alardea de su desfachatez y conexión con los -malos- modales del vulgo.

El factor Kaiser

Uno de los factores que «normalizaron» a Kast y lo hicieron aparecer como una figura menos radical fue la irrupción de Johannes Kaiser. Youtuber sin carrera devenido diputado y fundador del naciente Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes es hermano de Axel Kaiser, el influyente polemista y escritor chileno cercano a Javier Milei. Aunque en un principio se pensaba que el presidenciable de la familia sería Axel, el destino quiso que fuera su hermano, más político y menos intelectual. Ambos tienen en común un furibundo desprecio por la izquierda y todo lo que huela a progresismo, «marxismo cultural» y «globalismo», coordenadas retóricas propias de la nueva derecha regional. La veta provocadora de Johannes Kaiser le valió la salida del Partido Republicano de Kast, al conocerse comentarios que ironizaban sobre la deseabilidad revertir el derecho al sufragio de las mujeres.

Cuando Kaiser anunció su candidatura presidencial, muchos pensaron que se trataba de una táctica para mejorar su posición negociadora por un cupo senatorial. No fue así: creció hasta convertirse en una amenaza para Kast. El republicano, en su estrategia de adquirir estatura presidencial y disminuir ruido, le regaló al libertario la batalla cultural. Kaiser se apropió de la franja más exuberante de la derecha, donde confluyen nostálgicos de la dictadura, enemigos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), trolls de la internet profunda, antivacunas y cruzados de la civilización cristiana occidental.

El Kaiser 2025 es el Kast 2021. Su programa es un mamotreto doctrinario que dice defender la «verdad». Pero Kaiser fue más allá: los primeros debates mostraron a un candidato con aplomo y actitud, capaz de defender con cierta elocuencia todas sus transgresiones. En una primera vuelta que giró alrededor de la lucha contra el crimen y la inmigración ilegal, Kaiser prometió la mano dura más despiadada. En la recta final, las encuestas mostraban que Kaiser subía en desmedro de Kast. Aunque finalmente el republicano le sacó diez puntos de ventaja, Kaiser llegó para quedarse.

Cómo va a gobernar Kast

La tarea del oficialismo de centroizquierda es casi imposible. El problema de Jeannette Jara no es que sea una militante comunista: es que representa a un gobierno impopular, y la inmensa mayoría de los chilenos no quiere continuidad. Por si fuera poco, Kast recibió el apoyo explícito de Kaiser y de Matthei la misma noche de la elección. A diferencia de Milei en Argentina, Kast no coopta las piezas por separado (en su caso, dirigentes del partido del ex-presidente Mauricio Macri), sino que extiende una invitación institucional a los demás partidos de la derecha chilena a conformar gobierno.

Si bien el entorno de Kast ha sido acusado de malas prácticas digitales que han enturbiado el ambiente –por ejemplo, un ejército de bots ligados a los republicanos esparció el rumor de que Matthei padecía de Alzheimer–, el candidato se ha esmerado en evitar una confrontación fratricida. Olfateando el pingo con más chances, connotados militantes de la derecha tradicional llevan meses pasándose a sus filas. Por su parte, Kast insistirá en que su proyecto político no tiene nada de excéntrico ni radical –aunque participe en las conferencias globales de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) junto a Viktor Orbán, Donald Trump, Nayib Bukele y Santiago Abascal–. Repetirá que, en el fondo, no se trata de otra cosa que de recuperar los principios de Jaime Guzmán, mítico mártir y padre fundador de la UDI a comienzos de la década de 1980. Atendiendo a su necesidad de controlar el Congreso y administrar la dispersión de las derechas, repartirá tareas y ministerios en proporción a los respectivos escaños.

Sus críticos sospechan que el famoso «gobierno de emergencia» centrado en economía y orden público no es un plan sincero. Creen que una victoria holgada en la segunda vuelta –un escenario del todo plausible– abrirá el apetito del sector más duro, que interpretará la existencia de un mandato amplio para ir por todo, batalla cultural incluida. Otros temen que un «gobierno de emergencia» equivalga a un estado de excepción permanente, que autorice al presidente a conculcar abusivamente de las libertades personales y ponga a Chile en la senda de la erosión democrática. El tiempo lo dirá.

 

Este artículo fue publicado originalmente en https://nuso.org/articulo/chile-tres-derechas-y-un-sillon/

Poggi envió tres proyectos de ley que apuntan contra la mora judicial

La agenda judicial de San Luis sumó este martes un movimiento de peso: el gobernador Claudio Poggi firmó y elevó a la Legislatura tres proyectos de ley que apuntan a modificar procedimientos clave del sistema, con impacto directo en la agilidad, la transparencia y la organización interna de los fueros.

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Se trata de iniciativas que nacen de trabajos técnicos realizados junto al Superior Tribunal de Justicia, el Colegio Forense y los Colegios de Abogados, lo que les otorga un carácter consensuado dentro del esquema de reforma judicial.

1. Notificaciones electrónicas: el fin de las demoras y la traza manual

El primer proyecto introduce un cambio estructural en la manera en que se notifican las resoluciones judiciales. La propuesta define como regla el domicilio procesal electrónico, es decir, la casilla institucional del Poder Judicial que utilizan los abogados, y habilita un sistema automatizado de notificaciones para la mayoría de los actos.

Con el régimen vigente, entre la resolución y su notificación pueden pasar hasta cinco días hábiles. El nuevo sistema elimina ese intervalo, suprime miles de operaciones manuales y garantiza plena trazabilidad mediante un registro técnico de envío.

El esquema es mixto: las resoluciones habituales se notificarán por vía electrónica automatizada, mientras que los actos más sensibles —como demandas, citaciones personales o declaraciones de rebeldía— continuarán notificándose en el domicilio real.

Impacto en la organización interna

Los números muestran la dimensión de la carga operativa que hoy implica la confección de cédulas electrónicas. En 2024 se emitieron 257.673 notificaciones: 60.988 en el fuero Civil, Comercial y Ambiental; 29.503 en Familia, Niñez y Adolescencia; 82.441 en el Laboral; y 84.741 en el Penal.
En 2025, con corte a octubre, el total ya alcanzaba 186.574.

Solo en las áreas de Comunicaciones de la Primera y Segunda Circunscripción se desempeñan 44 agentes dedicados casi exclusivamente a estas tareas. Con el nuevo sistema, esa carga desaparece y el personal podrá reasignarse a funciones de mayor complejidad jurídica, sin incrementar la planta.

El proyecto entrará en vigencia cuando el Superior Tribunal disponga que el sistema informático está plenamente operativo.

 

2. Juicios orales más rápidos: fin del Tribunal de Impugnaciones y revisión horizontal

El segundo proyecto apunta a acelerar los juicios orales y a reducir los tiempos de revisión de las sentencias. La iniciativa propone suprimir el Tribunal de Impugnaciones penal y redistribuir sus funciones dentro de los Colegios de Jueces de cada circunscripción.

El corazón del cambio es la creación de un Recurso de Revisión Horizontal, que será resuelto por un tribunal de tres jueces sorteados, con revisión amplia de la sentencia y sin reenvío. De esta manera se busca cumplir con el estándar de doble conforme establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consolidado en precedentes como Mohamed, Duarte y Chambla.

El recurso de casación ante el Superior Tribunal solo se mantendrá cuando la revisión revoca la sentencia.

Reordenamiento del sistema penal acusado

El proyecto plantea:

  • Optimizar la asignación de recursos judiciales.
  • Fortalecer la imparcialidad en todas las etapas del proceso.
  • Maximizar la disponibilidad de jueces para la celebración de juicios orales.
  • Unificar criterios revisores dentro del Colegio de Jueces.

Los actuales magistrados de Impugnación pasarán a integrar esos Colegios, y las causas en trámite serán redistribuidas.

 

3. Un amparo más transparente y sin elección discrecional del juez

El tercer proyecto modifica la Ley de Amparo, con el foco puesto en evitar el “forum shopping”, es decir, la posibilidad de elegir estratégicamente el juzgado para presentar una acción.

A partir de la reforma, el amparo deberá presentarse ante el juzgado de primera instancia que corresponda por turno o sorteo, según la materia: civil, comercial, ambiental o laboral.
Si la acción es contra el Estado provincial o sus organismos, la competencia recaerá también en un juez de primera instancia asignado por turno o sorteo en la Primera Circunscripción.

Plazos e instancias

Uno de los cambios concretos es la ampliación del plazo para que la parte demandada responda el informe del artículo 7: pasa de tres a cinco días hábiles, equiparándolo a una contestación de demanda y fortaleciendo el derecho de defensa sin afectar la celeridad propia del amparo.

Los ejes de la reforma:

  • Competencia según materia y asignación obligatoria por turno o sorteo.
  • Intervención obligatoria de la Primera Circunscripción cuando el amparo es contra el Estado.
  • Cinco días hábiles para que la autoridad demandada informe hechos, razones y ofrezca pruebas.

Los tres proyectos articulan un mismo propósito: agilizar, transparentar y modernizar el funcionamiento del Poder Judicial de San Luis. La digitalización plena de las notificaciones, el rediseño del sistema revisor penal y la actualización de la Ley de Amparo conforman un paquete de reformas que reordena competencias, redefine prácticas procesales y busca reducir las demoras que hoy tensan la relación entre la ciudadanía y la Justicia.

 

Piden que el fiscal formule cargos por millonarias irregularidades en la Escuela Generativa GEPU

El abogado Marcelo Neme presentó ante el juez un pedido formal para que el fiscal actuante formule cargos a los responsables de la Asociación Civil Escuela Generativa Club GEPU, en el marco de la causa “PEX 466364/25 – Acosta Hugo O., Adorno Jorge Daniel y otros s/ Denuncia (Penal)”.

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El escrito, basado en las respuestas de los oficios remitidos a Mercado Pago y al Banco Credicoop, sostiene que existen “elementos probatorios más que suficientes” para avanzar en la imputación por presuntos delitos cometidos en el manejo y destino de fondos públicos asignados a la institución educativa.

La presentación enumera una serie de consumos realizados desde la cuenta de Mercado Pago del Club GEPU que —de acuerdo con el denunciante— no guardan relación con la actividad deportiva del club Gepu. Entre ellos menciona pagos a Netflix, Burger King, Spotify, compras de pañales, mamaderas, cochecitos de bebé, gastos médicos como ecografías y análisis, así como accesorios de vehículos (barra antivuelco, radiador, estribos y espejo retrovisor), protector solar, colchones para perros y otros consumos catalogados como “absurdos”.

Además, detalla múltiples transferencias desde la cuenta institucional hacia cuentas personales de Néstor Hugo Páez, María Alejandra Ferrari, Florencia Belén Páez Ferrari y Matías Páez Ferrari.

Salarios “exorbitantes”

El abogado también señala presuntas irregularidades en el pago de salarios dentro de la Asociación Civil. Afirma que la directora de la escuela —a la vez tesorera de la entidad— percibe haberes “exorbitantes”, superiores incluso a los del gobernador provincial, acompañados de numerosas transferencias adicionales que no serían remuneraciones formales.

Entre los ejemplos mencionados para 2025 se destacan:

  • Septiembre: más de 9 millones de pesos recibidos en cinco transferencias ($3.614.617,12 / $600.000 / $200.000 / $1.000.000 / $3.614.617,12).
  • Agosto: $3.614.617,12.
  • Julio: $3.045.668,47.
  • Junio: $1.981.215,07 y $1.900.000.

El escrito también apunta a los hijos de la directora —Florencia y Matías Páez Ferrari— y al presidente de la asociación, Ángel Federico Miranda Delicia, quienes habrían percibido ingresos superiores a los de docentes o personal administrativo. Solo el 1° de septiembre, según los extractos citados, percibieron montos que rondan entre $1,7 y $1,9 millones cada uno, además de pagos adicionales en días posteriores.

Transferencias ajenas al objeto educativo

La denuncia resalta otras operaciones que, según Neme, no guardan relación con el fin educativo de la Escuela Generativa:

  • $486.500 a la Liga Sanluiseña de Fútbol (24/7/25), presuntamente por pases de jugadores del Club GEPU.
  • $1.000.000 para Matías Emanuel Fernández, coordinador deportivo del club GEPU, en dos pagos de $500.000 (9/9 y 14/10).
  • $550.000 a una escribana que habría intervenido en el proceso electoral del club en septiembre.

Para el denunciante, estas operaciones evidencian un uso de fondos públicos educativos para financiar actividades deportivas o institucionales del club, que es una entidad separada de la escuela.

En el tramo final, Neme solicita dar participación a Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis, al considerar que los fondos administrados por la Asociación Civil Escuela Generativa Club GEPU provienen íntegramente de aportes provinciales con fines educativos. Por ello, afirma que habría un “desvío de fondos públicos” que debe ser analizado por el organismo de control estatal.

La presentación concluye reclamando que el juez disponga “de conformidad” y que el fiscal proceda a la correspondiente formulación de cargos.

Hissa anunció aumentos, bonos y cambios remunerativos para el cierre del año

La Municipalidad de San Luis comunicó una nueva actualización salarial para su planta de trabajadores, que regirá durante diciembre y completa el esquema de incrementos previsto para este año. La medida incluye aumentos, bonos extraordinarios y modificaciones en la composición del salario.

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Según lo informado, los empleados municipales recibirán un aumento del 5% sobre el salario básico en los haberes de diciembre. Además, se determinó el pase a remunerativo del remanente previsto en el Decreto 0610/2024 -un monto no remunerativo que paulatinamente se fue pasando al básico y se transforma en remunerativo, es decir sujeto a descuentos y sirva para la jubilación- , lo que impactará en adicionales y futuros cálculos salariales.

También se dispuso el pago de un bono fijo de $400.000, que se hará efectivo el 12 de diciembre, y el aguinaldo, que será abonado el 19 de diciembre.

En paralelo, el Municipio comunicó que quienes perciben Ayudas Económicas pasarán a cobrar $430.000 en diciembre, y recibirán un bono fijo de $150.000 durante el mismo mes.

Con este paquete de medidas, la comuna sostiene que la recomposición salarial acumulada durante 2024 alcanza un 35% anual.

¿Por qué San Luis pasó de la euforia industrial al Plan de Inclusión? El libro de Menéndez que busca respuestas

¿Por qué una provincia que en los ’90 exhibía índices de empleo récord, fábricas en expansión y un clima de euforia productiva terminó, dos décadas después, implementando un Plan de Inclusión Social para 50.000 personas? La pregunta no busca provocar: es el eje del nuevo libro del profesor Néstor Menéndez, Cuarenta años de democracia en San Luis (1983-2023), y también el punto de partida para pensar la historia reciente de la provincia sin nostalgias ni simplificaciones.

El docente e investigador presentará su obra este miércoles 26 a las 9.30 en el Salón de Actos del IFDC San Luis, en la apertura de las Jornadas de Investigación en Historia, que se desarrollarán hasta el 28 de noviembre con seminarios, paneles y presentaciones de libros. La introducción del autor estará a cargo de la profesora Gisela Bustos.

Menéndez propone un recorrido por los grandes ciclos políticos, económicos y sociales que atravesó la provincia en los últimos cuarenta años: la consolidación democrática, el impulso de la Promoción Industrial, la reconversión productiva, las tensiones entre crecimiento económico y desigualdad, y los cambios estructurales que moldearon el presente. En ese camino aparece el interrogante central que, según el autor, aún espera respuesta: ¿cómo se pasó de un modelo que prometía empleo industrial para todos a un esquema que demandó una política de contención social masiva?

La jornada inaugural también incluirá la presentación del libro “Hogar Escuela Eva Perón 1952-2003”, a cargo de Cintia Martínez y Fernando Aguirre, y desde las 11.30 el panel “Debates actuales en torno a la historiografía regional”, con los historiadores Omar Samper y Eduardo Escudero. Las actividades continuarán por la tarde desde las 17.

Oste expuso en Santiago del Estero sobre ética y control frente a las nuevas tecnologías

El Tribunal de Cuentas de Santiago del Estero realizó, en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno, la conferencia “Ética y control frente a las tecnologías emergentes”, dictada por el puntano Sergio Oste, presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la Argentina.
La actividad —informada por el diario El Liberal— puso en agenda los desafíos éticos que atraviesan hoy los organismos de control en un escenario marcado por la irrupción de nuevas tecnologías.

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El encuentro contó con la participación del presidente del Tribunal de Cuentas santiagueño, Lionel Enrique Suárez; el vicepresidente, Mariano Helman de la Garma; los vocales María Isabel Pérez Nazar, Raúl Leoni Beltrán y Claudia del Valle Lucio Falcione; además de funcionarios del organismo y representantes de los Tribunales de Cuentas Municipales de la Capital y de Termas de Río Hondo.

Un punto de inflexión.

Durante su exposición, Oste subrayó que la humanidad vive un “punto de inflexión” impulsado por la inteligencia artificial, la biotecnología avanzada, la nanotecnología y la computación cuántica. En ese marco, planteó que los algoritmos están transformando la economía y la vida institucional a un ritmo que interpela directamente a los organismos responsables de supervisar el uso de los fondos públicos.

“La tecnología no puede reemplazar la intervención humana. El análisis ético y crítico es insustituible en la toma de decisiones sobre fondos públicos”, afirmó.

El especialista repasó experiencias internacionales, describió vacíos normativos y advirtió sobre los riesgos de desarrollos tecnológicos sin regulación ni supervisión, una preocupación que —recordó— también ha sido evocada por organismos multilaterales y por la Iglesia Católica.

En otro tramo de la conferencia, Oste recordó al fallecido ex vocal del Tribunal de Cuentas, Cr. Alfredo Juri, y destacó su aporte técnico y académico. Anunció además que su nombre será incluido en futuros reconocimientos del Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones del Secretariado Permanente, como forma de recuperar su legado profesional.

La jornada concluyó con un llamado a profundizar la formación permanente en los equipos técnicos y a fortalecer los principios éticos que orientan la supervisión del gasto público.
Con la participación del funcionario y académico puntano, el Tribunal de Cuentas santiagueño reafirmó su intención de actualizar sus capacidades de control frente a los desafíos que plantean las tecnologías emergentes y la creciente automatización de los procesos estatales.

La Cámara de Comercio respaldó el plan municipal y pidió restablecer la legalidad en el centro de San Luis

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis emitió un pronunciamiento categórico en apoyo al plan de ordenamiento comercial que lleva adelante el Municipio para reubicar y ordenar la actividad de los vendedores ambulantes en San Luis.”
En el documento, la entidad expresó su “formal y plena adhesión” a la iniciativa y destacó que su implementación es “estratégica e impostergable” para garantizar la legalidad, la convivencia y el equilibrio competitivo en la actividad comercial del microcentro.

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El texto recuerda que las situaciones derivadas del desorden urbano, la competencia desleal y el deterioro de la seguridad han sido planteadas de manera sostenida por los comerciantes formales. En ese sentido, la Cámara consideró que el plan municipal representa “una respuesta concreta y positiva” a las demandas históricas del sector y que su puesta en marcha beneficiará directamente a la comunidad, al mejorar la transitabilidad y recuperar la imagen urbana del área comercial más transitada de la ciudad.

El pronunciamiento también reafirma el compromiso institucional de la entidad de acompañar políticas públicas orientadas al desarrollo económico, la formalidad y el bienestar general: “Confiamos en que este plan constituye un hito fundamental en la construcción de una ciudad más ordenada, próspera y equitativa”, señala el comunicado.

El respaldo de la Cámara acompaña un proceso que el Municipio comenzó a ejecutar semanas atrás, basado en la ordenanza que regula la actividad ambulante y en un oficio del Juzgado de Faltas que exige recuperar el espacio público y establecer condiciones claras de higiene, salubridad e infraestructura para cualquier esquema de reubicación.

El apoyo del sector privado se hizo visible, además, en un encuentro reciente entre comerciantes y el intendente Gastón Hissa, con la participación de funcionarios de las áreas de Ingresos Públicos, Comercio, Servicios Públicos, Vinculación con el Vecino y Hacienda.

Con ese marco, el Ejecutivo desplegó un equipo de veinte trabajadores para censar a los vendedores ambulantes en los puntos más afectados del microcentro —Plaza Pringles, Junín, Pedernera y Rivadavia entre Ayacucho y Junín— con un doble objetivo: ordenar la actividad e identificar alternativas adecuadas para su traslado.

Los espacios definidos para la reubicación

El Municipio estableció dos lugares específicos para la relocalización:

Galería Chacabuco
Un espacio cerrado con alrededor de 35 locales, baños, energía eléctrica y protección climática, que contará con acompañamiento municipal para asegurar condiciones sanitarias.

Esquina de Bolívar y Lafinur
Un predio al aire libre con puestos delimitados, baños químicos, electricidad y supervisión de Bromatología, además de capacitaciones orientadas a procesos de formalización.

Ambos lugares fueron inspeccionados para corroborar las condiciones de higiene y seguridad requeridas por la normativa.

Hissa en la Sala de Situación junto a comerciantes, con quienes habló del plan de recuperación del espacio público en la zona céntrica.

El texto del pronunciamiento de los comerciantes

Adhesión y respaldo al plan de ordenamiento comercial del municipio de la ciudad de San Luis.

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis comunica su formal y plena adhesión al plan de ordenamiento comercial, impulsado por el gobierno municipal de la ciudad.

Esta institución considera la implementación de dicho plan como una medida estratégica impostergable para garantizar la convivencia, la legalidad y el indispensable equilibrio competitivo en la actividad comercial desarrollada en el microcentro de nuestra ciudad.

Las problemáticas derivadas del desorden, la competencia desleal y el deterioro de la seguridad han sido consistentemente planteadas por nuestros asociados. En este sentido, la articulación de este plan de acción representa una respuesta concreta y positiva a las demandas históricas del sector.

Destacamos que esta iniciativa beneficiará directamente a la comunidad en su conjunto, favoreciendo la transitabilidad, la recuperación de la imagen urbana y la consolidación del centro como un espacio atractivo y seguro para vecinos y visitantes.

La Cámara de Comercio reafirma su compromiso institucional de colaboración activa con todas aquellas políticas públicas que promuevan el desarrollo económico, la formalidad, la seguridad y el bienestar general de la población de San Luis. Confiamos en que este plan constituye un hito fundamental en la construcción de una ciudad más ordenada, próspera y equitativa.

Dos conferencias de Poggi marcan el reposicionamiento federal de San Luis

En dos actividades consecutivas realizadas en Buenos Aires, el gobernador Claudio Poggi desplegó la versión más federal de su agenda política y recibió señales claras de consideración nacional hacia los programas que impulsa en San Luis, tanto en el terreno económico-productivo como en el social y deportivo.
Por un lado, fue uno de los mandatarios invitados a la Semana de Integración Federal organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde dialogó con jóvenes que se forman para conducir las provincias del futuro. Por otro, tuvo un lugar destacado en el Olé Summit 2025, el encuentro deportivo más relevante del año, donde expuso el modelo puntano de deporte como política pública.

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En ambos espacios, el Gobernador se movió sobre dos pilares que han marcado su gestión: el acompañamiento al sector privado con herramientas técnicas y financieras, y el deporte como política estratégica de contención y formación de hábitos saludables entre los niños y adolescentes.

San Luis vuelve al CFI: una decisión política con impacto productivo

El panel del CFI, que reunió a gobernadores de distintas provincias, fue un escenario ideal para que Poggi recordara un dato clave: San Luis estuvo 18 años fuera del organismo que articula financiamiento, asistencia técnica y programas de desarrollo para las provincias. La desvinculación había sido en 2006; la reincorporación, una de sus primeras decisiones al asumir en diciembre de 2023.

“Nos perdimos muchísimas oportunidades por estar afuera”, reconoció ante los jóvenes. Y destacó que hoy San Luis vuelve a formar parte del organismo federal que más incide en el desarrollo competitivo del sector privado: desde líneas de crédito productivo hasta asistencia para cadenas de valor, capacitación, energías renovables y programas de emprendedurismo.

En ese marco, Poggi dejó una idea rectora: “La riqueza de un pueblo no es la soja ni el petróleo; es la formación de sus recursos humanos”.

El Gobernador profundizó sobre liderazgo, educación y trabajo en equipo, marcando una diferencia explícita entre liderazgos positivos y negativos:
“El líder es un trabajador. Hay un 2% de inspiración y 98% de transpiración”.

También adelantó que antes de fin de año se reunirá en San Luis con los jóvenes puntanos que participaron del programa federal para conocer sus experiencias.

Poggi en su disertación junto a gobernadores y autoridades del CFI.

El modelo deportivo de San Luis, en primera línea del Olé Summit 2025

Horas después de su participación en el CFI, Poggi subió al escenario del Olé Summit 2025, invitado para presentar la política deportiva de San Luis frente a un auditorio que incluyó a Gianni Infantino, Claudio Tapia, Néstor Pékerman, integrantes de las selecciones campeonas del mundo y Carlos Bianchi.

El Gobernador repasó una definición que marcó sus dos gestiones: en 2011 creó el primer Ministerio del Deporte del país, una decisión institucional que elevó el área al nivel estratégico de política pública.

Tomando como referencia el modelo australiano, explicó que San Luis adaptó y profundizó la idea de tres niveles:

  1. Masificación del deporte,
  2. Fortalecimiento institucional de clubes,
  3. Acompañamiento a deportistas profesionales que emergen como resultado del sistema.

Poggi enfatizó que toda política deportiva provincial está dirigida al universo infantojuvenil de 6 a 16 años, con dos ejes centrales: la escuela y el club. Desde allí deslizó una definición que atravesó el Summit: “El niño debe estar en la escuela o en el club. Son los dos lugares donde se construyen hábitos, valores y contención”.

Repasó los programas más emblemáticos:

  • Intercolegiales Deportivos, con infraestructura escolar fortalecida y premios a participación, rendimiento y fair play.
  • Creciendo con tu Club, que exige regularidad institucional, formación dirigencial y categorías infantojuveniles como condición para recibir aportes económicos.
  • Plan TuBi, con bicicletas para estudiantes de 5° año.
  • Campeonato Provincial de Boxeo Amateur ‘José María Gática’, para impulsar el semillero local.

Su mensaje final fue político y social a la vez: “El deporte es un gran elemento de contención. Educa, genera hábitos saludables y enseña a levantarse después de la frustración. Es una lucha diaria para que los chicos pasen más tiempo en actividades que les hagan bien”.

Las dos actividades expusieron un punto en común: la centralidad de la educación, la formación y la niñez y la juventud en la estrategia política de Poggi. En el plano productivo, a través del regreso al CFI para atraer herramientas de financiamiento y modernización para emprendedores y pymes. Y en el plano social, posicionando al deporte como política pública estructural, no como actividad complementaria.

Ambas presentaciones funcionan también como señales de un reposicionamiento federal de San Luis, que vuelve a integrarse a circuitos de decisión, intercambio técnico y reconocimiento nacional.

 

El Bicentenario del Combate de Las Leñas y el exilio del Presbítero José de Oro en San Luis

Por Guillermo Genini.
Integrante del colectivo Historiadores de San Luis.

El pasado 9 de septiembre se cumplieron 200 años del Combate de Las Leñas, que tuvo lugar en esa localidad de Pocito, en la provincia de San Juan. Este enfrentamiento, uno de los primeros de tantos que hubo durante las guerras civiles argentinas del siglo XIX, sería algo ajeno a la historia de San Luis, salvo porque, como parte de sus consecuencias, se produjo el exilio y permanencia en San Francisco del Monte en la jurisdicción de San Luis del Presbítero José de Oro, y posteriormente de su sobrino Domingo Faustino Sarmiento, entre 1825 y 1826.

Para ensayar una explicación adecuada sobre este hecho de gran trascendencia histórica, es necesario abordar un contexto completo que implica vincular la realidad que vivían en la década de 1820 las tres provincias cuyanas, San Juan, Mendoza y San Luis. Esto nos permitirá ampliar la mirada a una dimensión regional sobre un hecho histórico de gran significación simbólica y cultural, que se celebrará en nuestra provincia el año próximo, y que algunos aficionados a la Historia atribuyen equivocadamente al enfrentamiento entre unitarios y federales.

Cuando el propio Sarmiento en su conocida obra “Recuerdos de Provincia” hace mención de este hecho, describe la situación por la que debió pasar el “presbítero militar”, como lo definió alguna vez a su tío. Sostuvo: “Después de la batalla de las Leñas, en que los suyos fueron vencidos, don José de Oro emigró a San Luis, y fui yo a poco a reunírmele, abandonando la carrera de ingeniero que había principiado. Nos queríamos como padre e hijo, y yo quise seguirlo, y mi madre por gratitud lo aprobaba”.

El uso del término “emigró” oculta que en realidad su tío fue desterrado o expatriado a San Luis, y, sobre todo, los motivos de esa expulsión de San Juan. Para conocer las poderosas razones que llevaron a Sarmiento a disimular estas circunstancias hay que tener en cuenta que tanto el Presbítero Oro, como el gobernador de San Juan por aquellos años, Salvador María del Carril, eran liberales, y que el antagonismo que tuvieron ambos en la política sanjuanina a raíz de la sanción de la Carta de Mayo en julio de 1825, creó en el joven Sarmiento un conflicto interno de difícil resolución, evento que se vio reflejado en su virtuosa pluma en escritos posteriores.

En sus Obras Completas puede leerse en varios pasajes que su tío era un católico liberal, pero opuesto a Del Carril, seguidor de la política anticlerical de Bernardino Rivadavia que se implementó en Buenos Aires: “Yo fui educado por un sacerdote liberal, adversario de Rivadavia” (O.C., tomo 52, p. 303), y cuando se refiere a su tío sostuvo que “su oposición católica liberal a la política innovadora del doctor Salvador María del Carril, quien fue depuesto por un motín de la guarnición y restablecido por fuerzas de Mendoza, al mando de los hermanos Aldao, liberales entonces”, refuerza esta circunstancia, que por azar de la Historia lo llevó a San Luis.

Salvador María del Carril fue electo gobernador de San Juan a comienzos de 1823. Su figura se alineó de inmediato con la política liberal del porteño Rivadavia, incluyendo su acción en contra de las órdenes religiosas, a las cuales suprimió y expropió sus bienes inmuebles y rentas. Ello implicó la supresión de los conventos, en especial de los dominicos. En San Juan, esta acción en contra de una de las instituciones más importantes y tradicionales de la sociedad hispano-criolla causó un encono poco disimulado. Este ataque afectó directamente a la familia de Sarmiento, puesto que su madre era ferviente seguidora de la Orden de Santo Domingo, al punto de llamar a su hijo Domingo, aunque ese no era su nombre real.

Cuando Del Carril sancionó la Carta de Mayo, una declaración liberal de derechos del ciudadano que establecía la libertad de cultos y la separación entre la Iglesia y el Estado, en julio de 1825, la oposición a su contenido se transformó en un reclamo de vastos sectores de la sociedad sanjuanina encabezada por monjes y sacerdotes católicos, entre ellos el Presbítero José de Oro, que veían como una afrenta su sanción y vigencia. Pese a numerosas quejas y reclamos, transformadas pronto en advertencias de rebelión, el gobernador sanjuanino siguió adelante con su plan de reformas de inspiración rivadaviana, confiado en el apoyo de la Legislatura y las fuerzas militares provinciales.

En un ambiente de gran tensión y profunda división interna de los sectores propietarios, el 26 de julio de 1825 se sublevó parte de las tropas de milicias en el Cuartel de San Clemente, que tomaron por la fuerza la capital provincial. Los milicianos sublevados capturaron a Del Carril, ordenaron quemar la Carta de Mayo y disolvieron la Legislatura y el Poder Judicial. Los partidarios de Del Carril se organizaron e iniciaron una esforzada resistencia armada, primero en la ciudad y luego en Angaco. Los sublevados eligieron como gobernador provisorio a Plácido Fernández Maradona, quien contó con el apoyo de los sacerdotes católicos que instigaron el levantamiento, entre ellos el Presbítero Oro.

El gobernador Del Carril se vio forzado a renunciar, y tras un acuerdo transitorio firmado el 6 de agosto, fue puesto en libertad a cambio de desarmar las fuerzas que lo apoyaban. Pocos días después concertó su partida como expatriado a Córdoba, pero se dirigió a Mendoza, en donde sus partidarios comenzaron a concentrarse con el objetivo de retornar al gobierno. De inmediato denunció las violencias de las que había sido víctima y solicitó a los gobiernos de Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba y al Congreso General reunido en Buenos Aires apoyo para recuperar el poder.

Ante esta situación, el gobierno provisional de San Juan, sobre todo por medio del Ministro de Gobierno, el Presbítero José Manuel Astorga, organizó la resistencia de sus fuerzas ante la inminente intervención que se gestaba en Mendoza. En esa provincia, la Legislatura y el gobernador Juan Correas, tras algunas vacilaciones, decidieron apoyar la restitución de Del Carril, con el compromiso de que San Juan pagaría el costo de la expedición. Para ello movilizaron las fuerzas militares mendocinas al mando del Coronel José Aldao, secundado por sus hermanos, el ex fraile José Félix Aldao y Francisco Aldao. Junto a ellas marchó la Legión Auxiliar, integrada por emigrados sanjuaninos, incluido el propio Del Carril a comienzos de septiembre de 1825.

Fracasadas las negociaciones para evitar el enfrentamiento armado, el encuentro se produjo el 9 de septiembre en el sitio de Las Leñas, en Pocito, a escasos kilómetros al sur de la ciudad de San Juan. Es por ello que también se conoce a este combate como la Primera Rinconada de Pocito. Las tropas sanjuaninas a última hora sufrieron la deserción en un confuso episodio de su comandante el Coronel Manuel Olazabal, por lo que el propio Presbítero Astorga debió dirigir el combate. Superadas por una dirección militar veterana y el mejor armamento de las fuerzas de Aldao, tras varias maniobras, las tropas de infantería y caballería sanjuaninas se desbandaron al mediodía y huyeron hacia la ciudad. Dejaron en el campo de combate varios muertos, más de 200 prisioneros y todo su equipamiento.

Ante la desastrosa derrota de los defensores, las tropas mendocinas y los emigrados sanjuaninos ocuparon rápidamente la ciudad, atrapando a los cabecillas de la rebelión, entre ellos al Presbítero Oro. De inmediato se restituyó la Legislatura y el 12 de septiembre ante ella, Del Carril reasumió el gobierno, para renunciar de inmediato. La ingrata tarea de reprimir y hacer justicia con los alzados, acción que el gobernador renunciante no quiso asumir, estuvo a cargo de José Navarro, Presidente de la Legislatura, elegido como nuevo gobernador para completar el período.

A Navarro le cupo tomar las primeras medidas contra los vencidos: multas y contribuciones forzadas sobre los bienes de los cabecillas del movimiento de 26 de Julio para pagar a las tropas mendocinas, cárcel para algunos de ellos y el inicio de los procesos penales por sublevación, traición, resistencia armada y otros graves cargos. El juzgamiento fue breve y sumario, dando como resultado la culpabilidad de todos y la pena de muerte para varios de ellos. Pero, ante la súplica de gran parte del vecindario, el 16 de septiembre de 1825, y al amparo de las facultades extraordinarias otorgadas por la Legislatura, Navarro condonó la pena de muerte por destierro y confiscación de sus bienes. Según Horacio Videla, ese día se decretó que el Presbítero Astorga “saldrá desterrado para el Estado de Chile, quedando todos sus bienes concedidos a favor (confiscados) del erario público. // Saldrán asimismo desterrados para el mismo destino Don José de Oro, Don Juan José Robledo y Don Manuel Torres” (Videla, tomo 3, p. 671).

El destierro del Presbítero Oro, sin embargo, cambió el destino. Desconocemos los motivos de tal medida, pero es posible suponer que, pasado el encono inicial, se suavizara el castigo de los condenados. Algunos indicios sugieren que estando en Mendoza, ya camino a Chile, el gobernador Navarro permitió que el destierro se cumpliera en San Luis, jurisdicción donde ambos habían compartido el confinamiento en 1819 y 1820. Cabe recordar que Oro se enfrentó políticamente con el Teniente Gobernador de San Juan, José Ignacio de la Roza, en 1818. A raíz de ello, fue desterrado a San Luis, en donde permaneció hasta comienzos de 1820, cuando huyó de La Carolina a San Juan en cuanto supo del derrocamiento y expulsión de De la Roza.

De esta manera, el Presbítero José de Oro inició su segundo destierro en San Luis a fines de 1825, debiendo cumplirlo en esta ocasión en San Francisco del Monte, en lugar de la ciudad de San Luis y La Carolina, como en la primera ocasión. Cabe suponer la anuencia para ello del gobierno de Santos Ortiz, ya que se le permitió la administración de los sacramentos en esa población.

Según se ha podido precisar, lejos estuvo en el origen de la expatriación del Presbítero Oro en San Luis el largo conflicto entre unitarios y federales, sino que estuvo vinculado directamente a las disputas internas entre los sectores propietarios sanjuaninos, enfrascados en amargas y sangrientas rencillas religiosas. Bajo estas extraordinarias circunstancias se produjo la partida del joven Domingo Faustino Sarmiento de San Juan, con la anuencia de su familia de profundas creencias católicas, para acompañar a su amado tío “sacerdote liberal” en su exilio puntano.

 

Fuentes y bibliografía

BELIN SARMIENTO, Augusto (Editor). Obras completas de Sarmiento, tomo 52. Buenos Aires, Márquez, Zaragoza y Cia, 1902.

HUDSON, Damián, Recuerdos históricos sobre la provincia de Cuyo 1808-1875, tomo 2. Buenos Aires, Imprenta de Alsina, 1898.

LARRAIN, Nicanor, El país de Cuyo. Buenos Aires, Imprenta de Juan Alsina, 1906.

SARMIENTO, Domingo Faustino, Recuerdos de Provincia. Santiago, Imprenta de Julio Belin, 1850.

VIDELA, Horacio, Historia de San Juan, tomo 3. Buenos Aires, Academia del Plata, 1972.

“Desde los orígenes”: un encuentro para reconectar medicina, alimento y memoria ancestral

Este viernes 21 de noviembre, a las 19.30, Atípica (San Martín 842, ciudad de San Luis) será el escenario de una experiencia cultural que propone volver a mirar nuestras raíces para comprender lo que somos hoy. Bajo el nombre “Desde los orígenes. Medicina y alimento con raíces”, el evento reunirá a tres referentes que vienen trabajando la relación entre saberes originarios, territorio y prácticas de cuidado: Pascual Hugo Gentile, Cristina Mereles y Karen Momlik.

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La propuesta contará además con una muestra visual de Silvia Devesa, un cierre musical de Daniel Álvarez y una degustación de productos ancestrales, todos elementos concebidos como parte de un mismo hilo: el retorno a los saberes que aún palpitan en nuestra memoria colectiva. La entrada será libre y gratuita.

Un viaje a las raíces de la cultura: Pascual Hugo Gentile

Gestor sociocultural y trabajador de la cultura nacido en Buenos Aires y radicado en Juana Koslay, Pascual Hugo Gentile dedica su obra a explorar nuestra historia precolombina para recuperar las verdaderas raíces de la cultura actual.
En este nuevo trabajo propone rescatar elementos de las culturas originarias de la región, revalorizarlos y reinsertarlos en los procesos contemporáneos de producción, creación y alimentación.

Naturaleza, justicia y territorio: la mirada de Karen Momlik

Nacida en San Fernando (Buenos Aires), Karen Momlik es Ingeniera Agrónoma y docente. Desde niña sintió una conexión profunda con la naturaleza, vínculo que se intensificó al radicarse en San Luis, donde continúa trabajando en educación y producción agroecológica.
Allí aprendió saberes ancestrales y se especializó en flora y fauna nativas. Está convencida de que la protección ambiental y la justicia social son inseparables para garantizar un futuro digno para las próximas generaciones.

Identidad Huarpe, arte y resistencia: Cristina Mereles

Nacida en el Cuyum, con ascendencia Diaguita y Huarpe, Cristina Mereles construyó su identidad a partir de las historias transmitidas por sus abuelos y de una infancia vivida a los pies del Cerro Pie de Palo, en Angaco.
Ese legado la llevó a reconocerse como Mujer Huarpe y a dedicar su vida al cuidado de la naturaleza y la preservación cultural.
Es gestora cultural, fotógrafa, productora audiovisual, locutora, operadora de radio y chef nativa. Ha recibido el Premio Internacional Iberoamericano a la Trayectoria.

Un encuentro para sentir, aprender y saborear

“Desde los orígenes” no es solo una muestra: es una invitación a sumergirse en los modos de vivir, curar y alimentarse que habitaron este territorio mucho antes de la modernidad.
La degustación de productos ancestrales permitirá experimentar sabores que forman parte del patrimonio inmaterial del centro-oeste argentino, mientras que las intervenciones visuales y musicales acompañarán ese regreso simbólico al origen.

El evento convoca a toda la comunidad a recuperar la memoria de la tierra, reconocer la presencia viva de los pueblos originarios y reflexionar sobre cómo esos saberes pueden integrarse a los desafíos actuales.

El nuevo «oro blanco»: Cómo se construyó la ideología del litio

Por Bruno Fornillo y Melisa Argento

Fornillo es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Geopolítica por la Universidad de París VIII. Es investigador del Consejo Nacional de Investigacio­nes Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina e integra el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (UBA). Coordinó los libros Geopolítica del litio. Industria, ciencia y energía en Argentina (El Colectivo / Clacso, Buenos Aires, 2015) y Litio en Sudamérica. Geopolítica, energía, territorios (IELAC / El Colectivo / Clacso, Buenos Aires, 2019). Argento es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina e integra el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes (UBA).

Para el espíritu del capitalismo actual, la magia del litio es simple pero esencial: permite construir unas baterías livianas y a la vez potentes; mucha energía, poca masa, poco volumen. Nada más, y nada menos. Así como internet facilita la circulación infinita de palabras e imágenes, el litio brinda fluidez y movilidad a las cosas. Si internet almacena datos, las baterías almacenan energía. Gracias a su potencia y ligereza, las baterías lograron convertir teléfonos celulares incómodos como un ladrillo en encantadores dispositivos de bolsillo; que las múltiples tareas que permiten las laptops no estén ancladas a una mesa, que podamos ver una película en un avión o bailar sin cables de por medio, o que un dron nos muestre el mundo. Así, no solo reviven artefactos antiguos, sino que crean nuevos. Además, debido a que las baterías optimizan las variables potencia, masa y volumen, es posible fabricar motos, autos, camiones y muchas otras movilidades que no emiten gases de efecto invernadero; e incluso se fantasea con que, ante el agotamiento del combustible fósil, las baterías guarden la escasa pero fundamental energía eléctrica generada por fuentes renovables, como paneles solares o molinos eólicos. Aclaremos que, a diferencia de los hidrocarburos –petróleo, gas o carbón, fáciles de almacenar–, la electricidad debe consumirse o se disipa, por lo que será necesario almacenarla en gran escala, por ejemplo, en baterías de litio masivas.

Los acumuladores de litio alimentan la ilusión contemporánea de que el capitalismo puede ser infinito. Sostienen el afán por mantener la aceleración, la levedad y el goce del consumo, atendiendo a la evidencia de que el combustible fósil se acabará más temprano que tarde y que constituye la principal causa de las emisiones que desatan el calentamiento global. Si la fluidez definiera nuestra época, las baterías de litio serían su garantía concreta, de ahí su esplendor y centralidad ontológica. La tecnología del litio induce a imaginar que hay una salida al ocaso del mundo fósil sin renunciar al sistema hiperconsumista que origina nuestra múltiple crisis global. Por ello, el litio es mucho más que un simple mineral, es también un artefacto ideológico, un modo de concebir el mundo.

Plateado sobre plateado

Los salares altoandinos de la región atacameña de Argentina, Chile y Bolivia –el renombrado «triángulo del litio»– sobresalen por sus yacimientos: representan cerca de 65% del total de los recursos globales y concentran hoy 38% de la oferta mundial. Al litio se lo extrae de la piedra con las nocivas técnicas de la minería a cielo abierto; con este método, Australia es el primer exportador mundial. Sin embargo, cuando se habla de litio, siempre reluce la imagen prístina del salar. Como una decisión ineludible, cada editor elige la misma foto: el salar blanco, el cielo celeste, las piletas de tonos turquesas. Un rasgo de la ideología del litio procede del principal lugar de donde se extrae: el litio surge «milagrosamente» de ese espejo lleno de sal.

Los salares parecerían encarnar una especie de «naturaleza en estado puro». Dentro del salar, se reparten diversas piletas colmadas de salmuera y, en el pasaje de una a otra, gracias a la evaporación del agua, se concentran los minerales y el litio gana pureza. La imagen de esas piletas de evaporación ofrece una atrayente paleta de colores dispuesta para el «arte tecnológico» que lleva al litio precipitado. Estas imágenes remiten y culminan en otra, la de su producto final, ese litio que es como un polvillo blanco similar a la cocaína, aunque en este caso, supuestamente inofensivo. El mundo fósil es negro, el litio es blanco, y no debe haber colores más politizados y racializados que esos dos.

En suma, todo delata tranquilidad, belleza, inocencia, suavidad, una fusión armónica entre tecnología y naturaleza, proyectada al centro de la economía contemporánea. Aunque parezca menor, este punto no lo es: casi de manera natural, asociamos la palabra «litio» a la imagen del salar (así como «diablo» y «rojo» son la misma cosa). Una suerte de ingeniería futurista que ha logrado concentrar un elixir de la tierra para transformarlo en potentes baterías que garantizan un modo de vida. Se trata de una imagen incluso barnizada con el encanto de lo nuevo, ya que el litio no forma parte del conjunto de los minerales históricamente preciosos –no es el oro ni la plata–, ni de los «esenciales» –no es el cobre o el hierro–. En estas visiones, todo se mezcla para que la tecnología y el capital se apropien de la naturaleza, la belleza y el futuro. La imagen del salar hace deseable y agradable la transición energética, la justifica. Lleva el litio al sitial sagrado de la geoingeniería, esto es, la fantasía de que con más tecnología será posible reparar lo que la misma tecnología capitalista destruyó hasta hoy.

La región de Atacama es, en verdad, una unidad sociocultural con una historia en común que preexiste a las divisiones jurídicas políticas de los novísimos Estados-nación. Es un territorio –o ecorregión– conformado por cerros, quebradas y montañas, que fluctúan entre los 2.300 y los 4.500 metros sobre el nivel del mar y se expanden a cada lado de su arteria central, la cordillera de los Andes. Hace más de 12.000 años que está habitada por comunidades altoandinas, las que han inventado una imagen más precisa sobre el papel biológico de los salares, protagonistas del larguísimo ciclo del surgimiento de la vida. Desde su origen estelar, la leyenda de Tunupa –una deidad asociada a los volcanes– cuenta que la extensión blanca interminable del salar de Uyuni, en Bolivia, es leche vertida por esta deidad para alimentar a su hijo cuando comenzaba su peregrinación. Esta imagen, a primera vista fantástica, es más real que la apropiación corporativa de la foto técnica del salar y sus piletas. Incluso, deja en claro el carácter generoso y nutriente de la tierra, mojón en el camino de la trashumancia que garantizaba la supervivencia a partir de los intercambios interecológicos de sal, alimentos y artesanías, desde tiempos inmemoriales.

Un nombre vale mil imágenes

En Latinoamérica, el mundo litífero se anuncia con una grandilocuencia pronunciada: Bolivia posee la mayor reserva; Chile, el mejor salar; Perú, el salar más grande de Sudamérica en piedra; México, el depósito en arcilla más extenso del mundo, mientras que Argentina se imagina el mayor exportador de todos. Titulares que deben ser deconstruidos con paciencia, porque si bien esos rankings alegan la existencia de una «riqueza natural», nada se dice con indicar que un recurso se encuentra bajo el suelo de un supuesto país. Antes bien, se asemejan a grandilocuentes triunfalismos y excitados anuncios típicos de la tradicional subordinación de nuestros países en el concierto de las naciones.

Recientemente, la existencia de esta mercancía clave en la dinámica económica global aspiró a ser el nombre de un paisaje entero. Fue durante 2011, cuando comenzó a esparcirse en nuestra región la idea de que habría un «triángulo del litio»: un nombre geométrico para esa geografía múltiple, que quisiera señalar que allí solo hay litio y no comunidades andinas ni países ni ecología alguna. En su versión celebratoria se habla de la «Arabia Saudita del litio», nombre creado por el Pentágono en 2007, durante la guerra que Estados Unidos libró contra Afganistán a comienzos de siglo. Tras la ocupación, los geólogos estadounidenses exploraron el terreno y descubrieron –ciertamente, con la ayuda de información recolectada por expertos soviéticos en minería durante la ocupación de 1980– importantes reservas de litio en la provincia afgana de Gazni. En 2008, la revista estadounidense Forbes aplicó esa denominación para Chile y, tres años después, su filial argentina caratuló «Arabia Saudita del litio» al sistema de salares de la puna, trasladando aquella imagen gestada para Oriente Medio al centro de Sudamérica. No es un dato aislado que la denominación primera de la abundancia litífera haya sido fruto de la ocupación militar y remita de manera directa al colonialismo, la ocupación y la guerra contemporánea.

Otros nombres han venido a nutrir la narrativa sobre el litio, en general asociados a una visión «eldoradista» de la naturaleza latinoamericana, que sobredimensiona su precio y su valor y hace creer que la región, asentada sobre una mina de oro interminable, se salvaría con solo poseerla. Pero es preciso prestar suma atención, porque proyectar que la riqueza está constituida «en sí» por el litio termina por reforzar el tradicional intercambio desigual de materias primas por productos terminados, como si cada quien tuviera su «riqueza»: litio de un lado, automóviles eléctricos del otro. Al litio también se lo llamó «oro blanco», pero apenas constituye un componente de una batería que almacena energía, no que la genera. El verdadero valor económico de los acumuladores está en el dominio de la tecnología de punta y sus fronteras de innovación, en sus redes de comercialización y en los productos finales, como los automóviles eléctricos. Tampoco es el «petróleo del siglo xxi», puesto que no representa un mercado de una profundidad comparable. Lo cierto es que el crudo es dúctil para múltiples usos, puede transportarse fácilmente –a diferencia del gas o el carbón–, está en la base de la industria energética que motoriza la economía mundial, es la savia de nuestra civilización energívora. Hacia 2010, el precio del litio rondaba los 7.000 dólares estadounidenses la tonelada, y llegó a comercializarse a 90.000 dólares en 2022; sin embargo, a inicios de 2025 giraba en torno de los 11.000 dólares. Comparemos: cuando tuvo su máximo precio histórico, el mercado global del litio fue de 30.800 millones de dólares, pero ese mismo año el mercado del petróleo fue 89 veces mayor: más de dos billones de dólares.

Ni siquiera podría decirse que es el «mineral del futuro», porque el nuevo paradigma energético requiere de una amplia diversidad de minerales, algunos especialmente escasos; en todo caso, forma parte de la cantera general que demanda el porvenir energético. Con todo, la tecnología energética de vanguardia requiere asegurar el aprovisionamiento de litio, esencial para la industria más grande que existe –la automotriz–. A su vez, la disputa por la colonización de los bienes comunes juega un papel medular en la geopolítica ecoimperial contemporánea. Razones suficientes para que, de manera paulatina pero con fuerza, haya crecido una suerte de «fiebre del litio».

Desierto

El desierto y el petróleo sellaron su matrimonio divino e imaginario en el golfo Pérsico. La saga continúa. El «triángulo del litio» se emplaza en un desierto –el de Atacama–, y en México otro desierto contiene litio: Sonora. Al gran salar de Uyuni lo llaman «el desierto de sal». Lejos de las ciudades capitales, la región de Atacama no despierta la atención de Buenos Aires, La Paz o Santiago. Sonora tampoco capta la atención de la Ciudad de México. En estos territorios predomina un sol indomable: Atacama es la segunda región que recibe mayor radiación solar –la Antártida es la primera–, con 2.177 megavatios por metro cuadrado, similar a la radiación que recibe Venus, ubicado 61 millones de kilómetros más cerca del Sol. Sonora, por su parte, ostenta el galardón de haber registrado la mayor temperatura del planeta en 2023: 80 ºc, cifra que pulverizaría a cualquier humano. El desierto de Atacama es también un territorio siniestro, esconde los restos de los desaparecidos de la dictadura pinochetista que las mujeres de Calama buscan desde hace años para darles sepultura. Por su parte, eeuu deja morir a quienes encaran el desafío migrante de atravesar el desierto de Sonora para llegar a la tierra prometida. El desierto funciona allí como una dimensión de gobierno, que opera sobre los flujos poblacionales en la frontera más transitada. El desierto, como límite de la civilización, es un lugar a vencer. Puesto que allí no hay nada ni nadie, está a disposición de quienes se aventuren en él sin culpa alguna por remover su amenazante monotonía. Los tesoros están en el desierto, ocultos en los lugares sin habitantes, en espacios perdidos, donde no hay agricultura ni agua, en ese terreno yermo, hay minería bajo tierra. La imagen desértica del desierto no muestra que en él hay biodiversidad, población, ecosistemas, saber, vida. En Atacama, existe un fenómeno conocido como el «desierto florido», semillas que esperan latentes la lluvia para florecer. Hay allí y en Sonora múltiples comunidades indígenas que sí conocen el camino del agua y que un día se toparon con algo llamado Chile y Bolivia, eeuu y México, disputando por fronteras inexistentes.

Cada sociedad tiene su propio desierto, un espacio que convoca imaginarios, miedos y esperanzas semejantes. Para algunas, el desierto es el mar; para otras, el bosque o la selva. Históricamente, el subcontinente sudamericano ha sido –y sigue siendo– un collar de ciudades costeras dispuestas a conquistar el interior selvático, boscoso, desértico o marítimo; espacios prestos para recibir el «don civilizatorio». Una imagen nocturna de Sudamérica –al igual que de todos los continentes del hemisferio sur– muestra que solo brillan las costas. Tal vez, la figura del desierto sea aún más importante que la idea «eldoradista» que alaba y ansía nuestras riquezas; cuando menos, se complementan fluidamente. Postular que predomina una barbarie social arcaica que habita un desierto yermo es legitimar la expoliación y bendecirla. Hasta habría que agradecer que se emplace un pedazo de tecnología, la famosa «inversión» e industriosa labor, aquí donde nada se puede esperar. Las proyecciones de los ricos que alucinan con ir a Marte prefiguran un planeta totalmente desértico, mientras ellos mismos son despreocupados gestores de ese exterminio.

La ideología del auto (eléctrico)

El icónico Ford t simboliza toda una época del capitalismo contemporáneo. A lo largo de la historia, representó el origen de la producción en masa dispuesta para un mercado interno también gigante, asociado a un Estado de Bienestar que favorecía el consumo y la inclusión por la vía del trabajo. Así, se aseguraba la acumulación del capital, en la «edad de oro» del capitalismo. Ese mundo tambaleó hasta casi desaparecer con la crisis de 1973, y el neoliberalismo fue la receta utilizada para ampliar las fronteras de la explotación y restituir los márgenes de ganancia. Hoy, quizás el «auto eléctrico» se vuelva la imagen privilegiada de un mundo signado por el capitalismo verde, la sociedad excluyente y la crisis múltiple.

André Gorz fue pionero en señalar que del automóvil se desprendía una cosmovisión social completa. En sus inicios, era el lujo de una elite que se desplazaba con individual arrogancia, prevaleciendo a costa de los demás. Pronto, la ciudad –y la movilidad en su conjunto– se diseñó para darle lugar al auto, y esto la tornó «hedionda, ruidosa, asfixiante, polvorienta»1. La masificación del automóvil fue también la del petróleo, y la urbanidad terminó por atascarse a causa de la multitud de automóviles circulantes. La Agencia Internacional de Energía (aie) proporciona un dato revelador: entre 2010 y 2018, los automóviles suv de alto consumo (esas camionetas urbanas que imitaron a los vehículos de asalto estadounidenses usados en la Guerra de Iraq) fueron la segunda mayor contribución global a las emisiones de dióxido de carbono, solo superadas por el consumo de energía en el sector industrial. No es casual que la representación privilegiada de las emisiones de gases de efecto invernadero sean los círculos negros que emanan de un caño de escape (de los que, en cambio, carece la movilidad eléctrica). Es ya famosa la caracterización de Pier Paolo Pasolini, para quien el Estado de Bienestar hacía estragos en la Italia de posguerra, la sociedad de consumo como «el verdadero fascismo»: «Burgueses o proletarios, todos son hijos del consumismo, frágiles y desencantados, crueles e insensatos, se dirigen a la deriva, a la nada que los cerca y los cercará. Por siempre»2. Se instalaba lentamente lo que Ulrich Brand y Markus Wissen llamaron el «modo de vida imperial», consumo para todas y todos. Ahora, el auto eléctrico viene a reinstalar la exclusividad originaria del automóvil3.

La tradicional burguesía conservadora y vetusta se volvió intrépida, amante del riesgo y de los excesos; aunque siempre parasitaria, inhibe la narrativa de la transformación socioecológica y dice disfrutar y proteger la naturaleza, una «ideología verde». En efecto, la elite global se tornó tecnologizada y sustentable. El auto eléctrico es un objeto privilegiado por el gusto de esa estirpe, pues expresa la certificación de sus privilegios, el borramiento de que degrada la trama de la vida, y la ilusión de que el tiempo y el espacio no son un límite para ella. En un estudio sobre por qué los consumidores optan por el auto eléctrico, se advertía que así «rechazaban la inercia hegemónica», adoptaban «una visión de futuro», y las respuestas centrales eran: «Los vehículos eléctricos me diferencian de los demás», «Me hacen parecer respetuoso con el ambiente», «Demuestran que soy tecnológicamente avanzado» o «Demuestran que soy una persona socialmente responsable»4.

Los automóviles de la compañía estadounidense Tesla, y su propietario principal, Elon Musk, representan la continuidad y la torsión de la burguesía digital. Sus diseños ofrecen todas las prestaciones de un auto convencional: son veloces, deportivos, tienen la suficiente fuerza como para cargar una pequeña casa rodante y partir a disfrutar de los parques nacionales estadounidenses. A la vez, exhiben líneas suaves, minimalistas y están repletos de pantallas táctiles. El auto eléctrico no produce ruidos molestos ni se presta al exhibicionismo de la aceleración petroadicta, flota en las calles con un silbido continuo y gélido. El lema que se presenta en la página corporativa de Tesla es «El futuro es sustentable». El planeta entero va a existir gracias a ellos: «Estamos construyendo un mundo impulsado por energía solar, que funciona con baterías y se transporta en vehículos eléctricos», en una suerte de economía circular autosuficiente y de libertad total. Es el metabolismo cerrado y excluyente de la ecología de los ricos y su entorno jovial y despreocupado, un ambiente al que bien le cabría la descripción de «sociedad positiva».

¿Por qué lo pulido resulta hoy hermoso? Más allá de su efecto estético, refleja un imperativo social general: encarna la actual sociedad positiva. El mundo del hedonismo y de la positividad, donde no hay herida o culpa. El imperativo táctil, lo agradable, la pulidez del espejo, el verse a sí mismo. La temporalidad de lo bello digital es el presente inmediato sin futuro ni historia. Simplemente está adelante. Solo tolera diferencias consumibles y aprovechables. Sociedad del like, del sí, del entusiasmo capitalista sin vacíos. No daña ni ofrece ninguna resistencia. No hay ningún desgarro, profundidad o muerte. Desaparece la alteridad de lo distinto y extraño5. Pero Tesla no solo produce automóviles curvilíneos y atrayentes, también lanzó un diseño diferente: el Cybertruck, camioneta futurista todo terreno inspirada en el móvil policial de la película Blade Runner. El diseño es novedoso, compuesto de placas lisas y amplias, hiperplanas, con líneas muy marcadas, como láminas superpuestas, filosas. Totalmente despojada de ornamento y curvatura, es puro funcionalismo brutalista, una Bauhaus del capital. Es una fortaleza rodante. Mientras que el auto de calle de Tesla propone el confort interior, en este se expresa la violenta arrogancia. Esa elite domina a la alteridad; antes que un enfrentamiento, produce la expulsión indiferente y rápida de un residuo.

En este punto, es un dato a considerar que la huelga de los mecánicos de Tesla en Suecia –país emblema del capitalismo social– se haya convertido en la más larga de la nación escandinava en 80 años. Los sindicatos pugnan por un convenio colectivo de trabajo, pero se topan con el rechazo constante de la empresa, totalmente a contramano del pacto «capital-trabajo» que fundó el modo de acumulación fordista. Tampoco es casualidad que Tesla haya padecido el atentado de una iniciática guerrilla climática –el Grupo Volcán–, la cual se atribuyó el incendio que paralizó la producción de su planta en Berlín, alegando que «Tesla se come la tierra, los recursos, las personas y la mano de obra, y escupe a cambio todoterrenos, máquinas asesinas y camiones monstruo. Nuestro regalo para el 8 de marzo es cerrar Tesla»6. Es que el supuesto «auto limpio» en realidad es una mina con ruedas. SoS MinErals calcula que, para sustituir el parque automovilístico del Reino Unido por vehículos eléctricos, se necesitarán más de 200.000 toneladas de cobalto, otro tanto de carbonato de litio y más de 2 millones de toneladas de cobre; esto es, el doble de la producción mundial de cobalto, casi el total de la de neodimio, 75% de la de litio y 12% del cobre producidos en 2018.

El auto eléctrico, el Cybertruck, el hedonismo terrestre y el proyecto de conquista del planeta Marte no son experiencias escindidas. Elon Musk asume sin resquemor que la Tierra es el pasado. Lo único que tiene una continuidad histórica es la geoingeniería como desafío de vida. Musk va a concurrir al sepulcro de la Tierra, pero va a sobrevivir, se imagina el verdadero redentor, un salvador cierto. Para Musk, prevalece ese modelo social que rechaza, a cualquier costo, la degeneración y la excrecencia, porque el mundo occidental se volvió temeroso y esquizofrénico. No sin razones, a juzgar por su decadencia.

No limits

Elon Musk es un arquetipo del emprendedor de cúspide, visionario y creador de algo donde no había nada y que, sin embargo, esperaba ser: la comercialización estadounidense del auto eléctrico. Además de estar recurrentemente posicionado como el humano más rico del planeta, de ser dueño de Tesla y de x, también es dueño de Space Exploration Technologies Corp. (Spacex), una empresa que fabrica y brinda servicios aeroespaciales. Spacex ha crecido mucho: en 2021 y 2022 lanzó al espacio la misma cantidad de artefactos que la suma de todas las agencias y empresas restantes. De hecho, el número de lanzamientos espaciales ha aumentado considerablemente: en 2001 fueron 121, mientras que en 2022 alcanzaron los 2.397. A diferencia de las agencias estatales estadounidenses o rusas del siglo pasado, que pregonaban la exploración espacial para engrandecer el interés nacional y humano, ahora las corporaciones privadas son las dueñas y señoras del espacio exterior: «Si el espacio siempre fue capital intensivo, ahora se pretende que sea intensamente capitalista»7.

¿En qué consiste esa perspectiva? La Tierra y lo que suceda en ella no es un límite para Musk. El magnate se muestra en público con una camiseta estampada con la consigna «Occupy Mars»; imagina así un planeta colonizado por un millón de humanos en 2122 y su confesada ambición es morir allí. Esta «utopía oscura» reúne a una comunidad de visionarios ricos e hipertecnológicos que desembarcan en el planeta rojo dispuestos a solucionar los complejos y aventurados problemas que les depare la misión. La clarividencia superior que detentan les permitiría organizarse allí en una «democracia directa» –en palabras de Musk–, libre de la burocracia estatal y su intervencionismo obstaculizante. Una suerte de exasperación individualista, optar por la salvación imposible, individual y de su estirpe, resulta preferible a tornar habitable la Tierra: es un salvoconducto minoritario contra el desastre terrestre, una anticipación autoprotectora. En ese sentido, esa elite de iguales vale más que el planeta y representa el retorno del mundo para pocos.

Para Musk no hay «límites ecológicos». ¿Cómo habría de haberlos si el planeta mismo no es un límite para él? El malogrado funcionario de Donald Trump piensa directamente en el espacio; es más, busca los límites para ir más allá. ¿Cómo no habría de esperar la catástrofe? Ya la vio, ya se prepara. Se trata de inventar lo nuevo, y si es imposible, mejor. Su aspiración es «fundacional»: una tecnoutopía-corporativa del trabajo, la producción y la innovación tecnológica, donde los individuos –humanos o artificiales– trabajan en contextos hipercomplejos sin generar o percibir resistencias, salvo las que impone el entorno. Hay algo de brutal ignorancia y arrogancia en esta escena, una mezcla explosiva. El saludo nazi de Musk en la ceremonia de asunción de Trump a la Presidencia de eeuu no ha hecho más que sellar el destino tecnofascista y final de esta elite. Hoy es nuestro propio planeta el que requiere una modificación radical para tornarlo vivible, es decir, estamos compelidos a considerarlo como si fuera uno del espacio exterior. Bien nos parecemos a ese astronauta que, de un modo milagroso, sobrevive frágilmente dentro de su traje lunar bajo conectores orgánicos e instrumentos hipercomplejos. Más que ir a Marte, ya estamos allí.

Sótano

En un museo contemporáneo se podía apreciar una gran foto de una comunidad selvática ecuatoriana, llena de vida. A lo lejos, se veía a niñas y niños jugando, una mujer lavando ropa plácidamente en el río, en medio de un verde espléndido y tupido. Pero al acercarse al cuadro uno se preguntaba extrañado por su nombre: Km 485. Al examinarlo de cerca, se divisaba un cartel muy pequeño en medio de la selva con esa misma inscripción. Entonces, se caía en la cuenta del sentido y la virtud final de la imagen: por debajo de esa naturaleza floreciente corre un oleoducto, y lo cierto es que la rotura y el derrame de las cañerías hidrocarburíferas han producido grandes desastres ecológicos en Ecuador.

Con el litio se podría crear una representación semejante. El litio se encuentra bajo la costra salina, mezclado con otros minerales en ese líquido viscoso llamado «salmuera». Unas bombas lo succionan constantemente del salar, vaciándolo, al tiempo que succionan también toda el agua dulce del lugar y la que fluye desde los alrededores. Un estudio constató que las pocas lagunas de la Puna argentina se han ido achicando, como si se estuvieran absorbiendo a sí mismas. En una zona extremadamente árida, las vegas, como ramificaciones venosas, son hilos de agua que permiten la vida a su paso; a medida que se agotan, el ecosistema de su entorno también se extingue. La imagen perfecta e impoluta no permite observar que los proyectos litíferos succionan la salmuera que circula bajo la costra salina y las pocas fuentes de agua dulce del lugar. El salar, en realidad, está fragmentado por la infraestructura extractiva. Los ecosistemas de salares y lagunas del Altiplano, de una riqueza inusual, son extremadamente frágiles debido a la escasez de recursos hídricos superficiales. De hecho, el Altiplano recibe la menor cantidad de precipitaciones del planeta, a punto tal que permanecen superficies rocosas sin ser tocadas por el agua durante cientos de años. La técnica evaporítica de extracción predominante consume cantidades muy significativas de agua: 584.000 litros por cada tonelada de litio, cifra que puede ascender, de acuerdo con otros estudios, a 900.000 o 2 millones, y esto desfonda el salar. Se produce así un ciclo rápido de circulación del agua que en nada se relaciona con el ciclo lento de la armonía ecosistémica del lugar. Hay otras técnicas que utilizan menos agua, como la de extracción directa, pero no poseen la maduración, los costos o la escala de la actual8. Asimismo, la técnica evaporítica produce residuos formados por las sales de potasio o sodio, entre otros. Por ejemplo, una explotación de 20.000 toneladas por año genera, luego de una década, residuos que ocupan 11,5 kilómetros cuadrados por un metro de alto. En este sentido, los desequilibrios que conlleva la faena extractiva ponen en riesgo el conjunto de la biósfera local, la habitabilidad para la fauna, la flora, la población, y también para aquellos microorganismos que fueron los primeros en existir en la Tierra y han permitido la oxigenación del planeta.

La desertificación ya es notoria en el norte de Chile, donde las empresas deben desalinizar el agua de mar para continuar con sus explotaciones. En la región de Atacama, Marina Weinberg decidió tomar la tangente y se dedicó a observar los alrededores del salar, lo que llama «los off sites del litio»9. Se trata de las «áreas fuera de lugar», que van desde las rutas de circulación por donde pasan 400 camiones por día (transportando soda cáustica de Turquía o dirigiéndose a eeuu para llevarse el litio), hasta los alrededores residuales y los puertos; sociopaisajes diversos y muy transformados que enmarcan el camino geofísico del litio. En esos patios traseros, «limbos» que han recibido poca atención, mientras uno más se aleja de la imagen instagrameable, más sucio se vuelve el panorama. Son espacios interminables donde se acumulan los residuos y los restos de lo inutilizado: fracciones de mangueras, metal, contenedores, letreros oxidados de «propiedad privada», postes de luz desinstalados, cables, etc. A mayor distancia del salar, las mundialmente famosas piletas comienzan a desvanecerse, reemplazadas por una secuencia de minería de gran tamaño: establecimientos perdidos, viejas centrales eléctricas, instalaciones termales y algunos campamentos empobrecidos que subsisten sobre la gran industria minera. Atacama ve pasar 70 vuelos diarios con trabajadores que harán turnos de siete días continuos, seguidos de siete días de descanso. La historia ya tuvo su desenlace: en la región, perviven restos inertes de ciudades de la época del salitre edificadas por los ingleses a fines del siglo xix. Se trata de una historia de minería y extracción en lugares como Calama, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta, donde los trabajadores y sus familias están afectados por el cáncer, la silicosis y otros problemas gastrointestinales y respiratorios; también padecen de agotamiento físico, mientras que la alta toxicidad hace de sus cuerpos «archivos químicos».

La imagen-salar no muestra lo que hay debajo ni lo que hay alrededor. La mirada impoluta del salar oculta la cuenca, el agua dulce, los ecosistemas, la región socioeconómica a la que pertenece, la cultura en la que está inscrito, sus alrededores destruidos y la historia que tiene detrás.

 

Nota: este artículo es un extracto, levemente modificado, del libro Todo sobre el litio. ¿Extraerlo? ¿Cómo, cuánto, para qué y para quién?, Siglo XX Editores, Buenos Aires, 2025.

  • 1.A. Gorz: Ecológica, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011, p. 67.
  • 2. P.P. Pasolini: Cartas luteranas, Trotta, Madrid, pp. 7 y 8.
  • 3. U. Brand y M. Wissen: Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2021.
  • 4. Fabio Viola: «Electric Vehicles and Psychology» en Sustainability vol. 13 No 2, 2021.
  • 5. Byung-Chul Han: La salvación de lo bello, Herder, Barcelona, 2015, p. 11 y ss.
  • 6. Almudena de Cabo: «Un sabotaje eléctrico paraliza la gigante fábrica de Tesla próxima a Berlín» en El País, 5/3/2024.
  • 7. Ezequiel Gatto: «Al infinito y más acá. La conquista espacial y sus identidades. Condiciones y figuras de una futurización corporativa» en Papeles de Identidad, 2025/1, p. 8.
  • 8. Diego Fuentealba, Cheri Flores-Fernández, Elizabeth Troncoso y Humberto Estay: «Technological Tendencies for Lithium Production from Salt Lake Brines: Progress and Research Gaps to Move Towards more Sustainable Processes» en Resources Policy vol. 83, 6/2023.
  • 9. M. Weinberg: «The Off-Sites of Lithium Production in the Atacama Desert» en The Extractive Industries and Society vol. 15, 9/2023.

Guardapolvos: de Comodoro Py a los galpones puntanos

La investigación que avanza en Comodoro Py por el “circuito de simulación jurídica y fiscal” montado dentro del Ministerio de Desarrollo Social en 2023 no es un episodio aislado.

Lo que cuenta el expediente —cooperativas sin máquinas textiles, convenios imposibles de cumplir, facturas millonarias sin respaldo, entregas fraguadas y retiros de efectivo sin trazabilidad— exhibe un modo de administrar los recursos destinados a los sectores más vulnerables.

Y esa misma lógica tuvo su reflejo en San Luis, donde, apenas asumida la nueva gestión, los depósitos del Plan de Inclusión aparecieron devastados: guardapolvos abandonados, pañales, alimentos, zapatillas, colchones y materiales eléctricos mezclados sin criterio; mercadería vencida; cámaras arrancadas; galpones alquilados vacíos y sin inventarios; y cientos de productos que jamás fueron distribuidos, justo después de la derrota del 11 de junio de 2023.

Lo que ocurrió en Nación y lo que se encontró en la provincia no son fenómenos paralelos: son capítulos distintos de una misma trama.

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La foto que incomoda: Tolosa Paz en el centro, Moyano como nexo, Anzulovich como actor local

En el expediente federal, uno de los nombres clave es Leonardo Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social. Es él quien firmó convenios, adendas y recibos por guardapolvos que no existieron. Es él quien -de acuerdo a la investigación- avaló eventuales entregas sin documentación y quien modificó plazos sin constatar avances reales.

Ese mismo Moyano es quien aparece en la foto—junto a Victoria Tolosa Paz, Nicolás Anzulovich y Alan Sosa Tello— en actividades oficiales de 2023, en plena recta final de un ministerio provincial que poco después dejaría tras de sí depósitos arrasados, registros destruidos y mercadería abandonada. La coincidencia no es solo estética: es política y operativa.

De los guardapolvos “fantasma” en Buenos Aires, a los guardapolvos abandonados en San Luis

Mientras la Justicia reconstruye cómo se pagaron 165.000 guardapolvos a una cooperativa que no fabricó nada, en San Luis el relevamiento posterior al cambio de gobierno encontró guardapolvos amontonados, sin inventariar y sin entregar, pese a que estaban destinados a comedores, merenderos y escuelas de contexto vulnerable.

En Nación la investigación habla de un “plan orquestado”. En San Luis se habló de otro «plan orquestado» a partir de la derrota electoral. En ambos casos, el resultado es el mismo: los bienes nunca llegaron a quienes más los necesitaban.

Una matriz administrativa que estalló en 2023

El último tramo del gobierno nacional de Alberto Fernández y la etapa final de la gestión provincial de Rodríguez Saá compartieron un mismo año, “un mismo barco” al decir del ex presidente Alberto Fernández y, según todos los documentos relevados, una misma forma de operar:
– falta de control interno,
– cooperativas sin capacidad real,
– circuitos opacos,
– bienes sin destino claro,
– recursos que se volatilizan,
– y un Estado incapaz de explicar qué pasó con lo que tenía bajo su custodia.

La causa judicial que hoy avanza en Buenos Aires ilumina un costado del problema.
Lo encontrado en los depósitos de San Luis muestra el otro. Juntos, desnudan el funcionamiento de una estructura que dejó a los sectores vulnerables sin lo que era suyo, mientras millones de pesos cambiaban de manos o quedaban tirados a la basura en un depósito.

Fuerte respaldo del sector privado al plan de Hissa para reordenar el centro comercial

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, puso en marcha un plan integral de ordenamiento comercial —respaldado de manera explícita por la Cámara de Comercio y por más de treinta firmas del centro puntano— que busca recuperar el espacio público, devolverle centralidad al peatón y atender un reclamo histórico del comercio formal del microcentro.

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La decisión se conoció en las últimas horas pero tuvo un largo plazo de maduración. Y coincide con la opinión de la Cámara que nuclea a los comerciantes como independientes, que advierten una situación límite: el crecimiento descontrolado de manteros en sectores clave de la ciudad.

Un conflicto que se profundizó en los últimos años

El fenómeno de los manteros derivó en un escenario complejo que deterioró la vida comercial del centro puntano. Los comerciantes formales hablan de competencia desleal, frentes de locales invadidos, descenso del flujo de clientes y un nivel de saturación del espacio público que disuade a muchos vecinos de acercarse al centro. Cada vez más son los vecinos, incluso de otras ciudades, que dicen que no quieren venir a comprar al centro de la ciudad porque el espacio público está explotado.

Además, apuntan a un dato que encendió alarmas: detrás de la venta ambulante habría una estructura organizada manejada por cuatro o cinco personas que coordinan a unos 40 o 50 manteros, con mercadería sin habilitación, en algunos casos sin certificación bromatológica y presuntamente de contrabando. Un circuito que —según advierten— debería ser auditado por ARCA y otros organismos tributarios.

El centro de San Luis, una suerte de galería comercial a cielo abierto informal. Foto: Nico Varvara.

El marco legal que habilita la intervención

La actuación de la Municipalidad se apoya en la ordenanza municipal que regula la venta ambulante, la cual define condiciones mínimas de habilitación, higiene, salubridad y ordenamiento territorial.

A esto se suma un oficio del Juez de Faltas que obliga al Municipio a garantizar la correcta recuperación del espacio público y a asegurar que cualquier alternativa de reubicación cumpla con los estándares de salud, higiene, infraestructura y seguridad exigidos por la normativa.

Con ese respaldo normativo, la Municipalidad desplegó un equipo de 20 empleados en turnos mañana y tarde para realizar un censo exhaustivo de vendedores ambulantes. Los operativos se concentran en las zonas más afectadas: Plaza Pringles, Junín, Pedernera y Rivadavia entre Ayacucho y Junín.

El primer paso es identificar, registrar y ordenar, pero con una finalidad concreta: ofrecer a los manteros espacios alternativos que cumplan con las condiciones legales y sanitarias que el centro ya no puede soportar por saturación.

Dos lugares habilitados para la reubicación

En línea con la ordenanza y el oficio judicial, el Municipio definió dos predios para el traslado ordenado de los manteros:

1. Galería Chacabuco

Un espacio cerrado con cerca de 35 locales donde los vendedores tendrán:

  • baños,

  • energía eléctrica,

  • protección climática,

  • acompañamiento de áreas municipales para garantizar condiciones sanitarias.

2. Esquina de Bolívar y Lafinur

Un sector al aire libre preparado para:

  • puestos delimitados,

  • baños químicos,

  • servicio de electricidad,

  • supervisión de Bromatología,

  • capacitaciones en técnicas de venta y formalización comercial.

Ambos sitios fueron inspeccionados para asegurar higiene, salubridad y seguridad, tal como exige el marco legal.

El respaldo del sector privado

El plan recibió apoyo explícito de la Cámara de Comercio de San Luis y de representantes del sector privado, que desde hace años reclaman una intervención municipal para contener el avance del comercio informal y recuperar la transitabilidad del centro. “Es un paso necesario para ordenar la ciudad y proteger al comercio que cumple”, sostienen.

Un grupo de esos comerciantes se reunió en las últimas horas con el intendente Hissa en su despacho municipal junto al subsecretario de Ingresos Públicos y Fiscalización, Daniel Piñeda; la directora de Comercio, Alicia Pedernera; y las secretarias de Servicios Públicos, Yanina Miranda; de Vinculación y Cercanía con el Vecino, Ayelén Olivera; y secretaria General a cargo de Hacienda, Fabiana Malamud.

Poggi inicia una mesa estratégica para afinar las políticas públicas de cara al bienio 2026-2027

El gobernador Claudio Poggi dedicará tres jornadas de esta semana —martes, miércoles y viernes— a una ronda de reuniones con todas las áreas del Gobierno provincial para actualizar la hoja de ruta de la gestión de cara al bienio 2026-2027. Los encuentros, que se desarrollarán en la Casa de Gobierno, apuntan a ordenar prioridades, redefinir metas y ajustar la ejecución de políticas públicas, en un contexto nacional que sigue siendo exigente para las provincias.

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Desde su llegada al Ejecutivo, Poggi organizó su administración alrededor de cuatro ejes centrales:
• reconstrucción del tejido social;
• combate a la inseguridad y al narcotráfico;
• respaldo al sector privado como motor del empleo;
• y recuperación de la institucionalidad tras los desequilibrios heredados en 2023.

A esto se suma un quinto componente que atraviesa todas las áreas: 2026 será el Año de la Educación, un concepto que el Gobernador repite como principio rector del segundo tramo de su mandato: la educación como elemento transformador de la sociedad.

Una segunda etapa con aval electoral

Las jornadas de planificación no se producen en el vacío político. Llegan luego de que «Ahora San Luis» el frente que lidera Poggi obtuviera triunfos electorales en todas las elecciones en las que participó, incluso en territorios adversos. Por caso, el último triunfo fue en Potrero de los Funes el pasado 9 de noviembre en el que se impuso el candidato oficialista, Ignacio «Nacho» Olagaray.

En la lectura interna del Ejecutivo, esos resultados funcionaron como un plebiscito sobre la gestión: una señal de que el orden fiscal, la recuperación del Estado, la inversión en infraestructura crítica y las políticas orientadas a la producción encuentran respaldo social. Ese capital político es ahora uno de los insumos para encarar una revisión más meticulosa de la gestión.

Hacia una hoja de ruta más precisa

Fuentes oficiales anticipan que esta mesa de trabajo será un proceso de “sintonía fina”, donde cada ministerio y secretaría revisará avances, pendientes y proyecciones. La meta es llegar a enero de 2026 con un esquema aceitado de prioridades, una estructura de metas revisada y un gabinete alineado sobre los desafíos del próximo bienio.

El segundo tramo del mandato buscará combinar continuidad y aceleración: sostener las reformas iniciadas, profundizar la presencia territorial y consolidar a la educación como eje transversal de la agenda pública.

Con un respaldo electoral reciente y una hoja de ruta que se ajusta en plena marcha, Poggi quiere ingresar a la segunda mitad de su gestión con una agenda de ruta bien definida.

Significados del giro a la derecha chileno. Entrevista a Tomás Leighton

Por Pablo Stefanoni
Jefe de redacción de Nueva Sociedad. Coautor, con Martín Baña, de Todo lo que necesitás saber sobre la Revolución rusa (Paidós, 2017) y autor de ¿La rebeldía se volvió de derecha? (Siglo Veintiuno, 2021).

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas dejaron un sabor amargo en la izquierda (que quedó por debajo de 30%) y saldaron la puja en el interior de la derecha a favor de José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien quedó en segundo lugar, mucho más cerca de Jeannette Jara de lo que se esperaba, con casi 24%. El «nacional libertario» Johannes Kaiser no logró dar el sorpasso pero con su 14% quedó en un lugar clave para influir en el nuevo gobierno. Evelyn Matthei, heredera del piñerismo, se derrumbó al quinto lugar, superada por el inclasificable Franco Parisi. Con más de 50% del electorado escorado a la derecha, la campaña de Jara será cuesta arriba: a la cuestión de la aritmética del voto se sumará el bajón anímico en la izquierda.

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En esta entrevista, Tomás Leighton, director de la fundación Rumbo Colectivo, analiza «en caliente» los resultados y los efectos de una agenda social que desde hace tiempo se desplazó hacia la inseguridad, la inmigración y la economía.

¿Cuál es la primera lectura de los resultados?

Diría que la derecha avanza dividida y la izquierda apenas resiste unida. José Antonio Kast pasó a segunda vuelta compitiendo contra la derecha convencional de Evelyn Matthei y contra una escisión por derecha de su partido, encabezada por Johannes Kaiser y su Partido Nacional Libertario. Sumadas, las derechas arrancan la carrera al balotaje duplicando los votos que solían acumular en primera vuelta antes del voto obligatorio -que se aplicó por primera vez en una elección presidencial y llevó la participación a más de 85%-.

Hay que mirar con mucha atención la jugada de la extrema derecha chilena, que utilizó la fragmentación de forma productiva. Johannes Kaiser, ex-diputado del partido de Kast, logró casi 14% de las preferencias, amenazando con el cierre de la frontera con Bolivia, llamando a retirar a Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y prometiendo indultos a violadores de derechos humanos. Todo esto terminó por moderar la imagen de Kast -ahora a su derecha ya no estaba la pared, como en 2021, sino Kaiser-. Pero además, la lista parlamentaria unificada entre republicanos y libertarios evitó que se quitaran votos entre sí y le arrebató la hegemonía a la derecha convencional en la Cámara de Diputados.

Una de las razones por las que la derecha convencional quedó relegada a la quinta posición y Jara no logró un apoyo más contundente, fue el sorpresivo tercer lugar de Franco Parisi y los 14 diputados del Partido de la Gente (PDG). En su tercera postulación a la presidencia, con resultados siempre al alza, Parisi ha logrado cultivar un estilo outsider ausentándose por completo del debate público entre elección y elección, al punto de que reside en Estados Unidos. Si bien propuso minar el norte de Chile para frenar la inmigración irregular y castrar químicamente a agresores sexuales, se ha definido como «ni facho ni comunacho» y catalogó a Kaiser y Kast como «lo peor de la ultraderecha». Por lo tanto, el PDG es la cuota de incertidumbre de la segunda vuelta y del nuevo ciclo político. En la elección pasada, el partido de Parisi logró seis escaños pero en dos años esos parlamentarios ya se habían ido todos del PDG, repartiéndose entre la izquierda y la derecha. Ahora, mientras dure, en la nueva bancada deberá convivir un variopinto conjunto de parlamentarios.

Finalmente, Jara comienza el camino al balotaje con un número de votos similar al que las izquierdas suelen obtener en primera vuelta desde el retorno a la democracia, pero obligada a recuperar votos de las candidaturas de derecha si es que la participación electoral se mantiene en los mismos porcentajes.

En este caso, la unidad de socialistas, comunistas y frenteamplistas (por el Frente Amplio, de Gabriel Boric) apenas alcanzó para impedir la mayoría absoluta de las derechas en el Congreso, alejando las posibilidades de que cambien el sistema político, el sistema electoral o la Constitución. Reflota hoy una de las frases insignes de Boric al referirse al tercio fiel que se expresa hace casi diez elecciones: «Cuando alguien dice ‘soy del 38%’ me da orgullo y escozor». Si bien las obras del gobierno reconciliaron a dos generaciones en pugna -jóvenes y ex-integrantes de la Concertación- y a los tres grandes partidos del progresismo, las izquierdas tienen el margen de maniobra restringido a afirmar el estatus quo, mientras la revancha conservadora avanza en los sectores populares.

¿Cómo define a la fracción de la derecha que finalmente se impuso?

Kast es parte de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) como Benjamin Netanyahu, Javier Milei, Giorgia Meloni y Donald Trump. Pero su adscripción a la «internacional reaccionaria» es un elemento secundario. Lo central en Kast es su pertenencia a la cultura política «gremialista», una corriente corporativista y religiosa que enraizó sus postulados en la Constitución de 1980 que sigue rigiendo en Chile. No es un outsider; de hecho, se fue de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido heredado de Jaime Guzmán, artífice intelectual de dicha Carta Magna, reclamando para sí la autenticidad de esa tradición política. Kast armó su propio movimiento, el Partido Republicano, con el objetivo de salvar a la derecha chilena de las concesiones que Sebastián Piñera le había hecho a la izquierda. En 2021, calificó al segundo gobierno de Piñera como el peor de la historia después del del socialista Salvador Allende.

A diferencia de la novedosa irrupción de los libertarios en Argentina, Kast pareciera estar más bien recuperando la hegemonía de la vieja derecha conservadora pospinochetista en Chile. En un país en el que el Estado subsidiario de los Chicago Boys está plasmado en la Constitución, el discurso minarquista sobre el Estado pequeño tiene mucho menos sentido que en el país vecino. Pero, por el contrario, a muchos en la derecha les atrae un discurso que propone restaurar el proyecto conservador anterior a Piñera.

Kast se impone en la primaria de la derecha, en una elección en la que Evelyn Matthei quedó quinta, capturando la nueva versión del malestar chileno, que antes interpretó desde la izquierda Gabriel Boric. Nuevamente hay promesas de cambios radicales, pero esta vez contra la delincuencia y la inmigración. El clima de pesimismo y el voto castigo le han permitido a la derecha abandonar su versión moderada y verbalizar una revancha conservadora indistinta contra los «octubristas», en referencia a quienes participaron del estallido de octubre de 2019, los inmigrantes indocumentados, los delincuentes y los «parásitos del Estado».

Al comienzo de la campaña, Evelyn Matthei parecía caminar directo hacia la Moneda, pero luego «pasaron cosas». ¿Qué explica su caída?

Es cierto, la muerte de Sebastián Piñera, en un trágico accidente de helicóptero en febrero de 2024, pareció el momentum de la derecha convencional, pero las contradicciones de Matthei le impidieron aprovechar la oportunidad. En 1992, Matthei filtró un audio contra su entonces rival interno en la derecha, Sebastián Piñera, que terminaría siendo un hecho premonitorio. En la grabación oculta, Piñera pautaba las preguntas del debate de la primaria sugiriendo que le preguntaran a Matthei por la ley de divorcio, para exponer su conservadurismo y los cambios de opinión que también habían caracterizado a su padre como miembro de la Junta de Augusto Pinochet.

En adelante, a Matthei siempre le pesó mucho su rol en la impunidad de Pinochet en 1998 y sus excusas para no pedir perdón por el golpe de Estado, apoyado por los dos partidos a los que perteneció: Renovación Nacional (RN) y la UDI. Finalmente, cuando por fin parecía haber aprendido las lecciones de moderación programática impartidas por Piñera, le surgieron dos candidatos a su derecha y nuevamente quedó en offside. Entonces, en esta campaña, un día cuestionaba el populismo securitario, pero otro proponía reponer la pena de muerte. Recibió el apoyo de ex-integrantes de la Concertación, pero se lo quitaron cuando cuestionó el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos. Y, lo peor: nunca se decidió realmente a avalar la reforma previsional que Boric pactó con los partidos que la apoyaban.

Al final, el propio spot publicitario de Matthei describe, sin proponérselo, una carrera llena de ambivalencias: «Evelyn toca el piano. Matthei tiene mano de hierro contra la delincuencia (…), Evelyn disfruta podar el jardín, Matthei tiene mano dura contra la corrupción (…)». Las Matthei no terminaron de articularse en una sola candidata. Que haya repetido el fracaso de su coalición en la presidencial de 2021 muestra, además la incapacidad de la derecha convencional para navegar entre la liberalización cultural del país y la radicalización de su electorado. Lo interesante es que la contradicción de Matthei nos adentra en la crisis discursiva de las derechas convencionales alrededor del mundo.

Hoy la izquierda mira con mucho entusiasmo a Zohran Mamdani en Nueva York, pero Chile ya tuvo su Mamdani que es, o fue, Gabriel Boric. El presidente, de 39 años, se va con alrededor de 30% de popularidad, que no es poco en Chile para un presidente saliente pero la sensación en la izquierda es de frustración. ¿Cuál es, brevemente, el balance de su gestión, que tuvo el impulso inicial del «estallido» y la Convención Constitucional y luego la carga de la derrota del proyecto de Constitución?

El Frente Amplio y el Partido Comunista llegaron al poder con la promesa de superar el neoliberalismo y saldar las deudas de la transición democrática, pero su gobierno tuvo que ocuparse de los efectos inmediatos de la pandemia en seguridad y economía. Mientras la izquierda estaba en las nubes pensando en la gran transformación constitucional, los sectores populares empezaban a resentir la llegada del crimen organizado transnacional y la recepción del gran flujo migratorio venezolano. Sin embargo, cuando triunfa el rechazo al nuevo texto constitucional –la peor derrota electoral de la izquierda en su historia–, Boric mostró capacidad de adaptación y al final de su gobierno puede decir que quebró la curva ascendente de homicidios, disminuyó la inmigración irregular y redujo la inflación a la mitad. En otras palabras, el rechazo a la Constitución fue la primera gran frustración de la nueva generación de izquierda, pero hay un valor en que Boric haya llamado a «escuchar la voz del pueblo» esa misma noche.

Ahora bien, una de las cosas sobre las que hay que reflexionar es sobre la incapacidad de las nuevas izquierdas para transitar el camino entre las campañas electorales y el ejercicio de la administración del Estado. En el caso de Chile, pienso que el aumento sostenido del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la reforma de pensiones serán cambios valorados con el tiempo, pero si persiste una sensación de frustración es por las ilusiones desmedidas de la campaña e, incluso, una vez constatada la minoría parlamentaria. La disonancia cognitiva en este caso fue mucho más aguda por la introducción del voto obligatorio, que sumó tres millones de personas que no votaban. Pero de todas formas, el caso chileno sirve para pensar sobre dos problemas paralelos a la hora de dirigir el Estado: la futilidad de la «estrategia populista» cuando se trata de construir orden, y las «ideologías de vuelta atrás» –como las llama Adam Przeworski–, de «restaurar» la democracia en lugar de transformar las condiciones que generaron la situación de crisis, que solo reproducen las condiciones para el triunfo de las extremas derechas.

Muchos dicen que Jeannette Jara carga en mayor medida con el hecho de representar la continuidad que de pertenecer al Partido Comunista (PC). ¿Cuáles fueron, y son aún, sus fortalezas y debilidades para enfrentar la segunda vuelta? ¿Cómo queda la (centro)izquierda chilena tras este resultado?

La ex-ministra de Trabajo tuvo su momento político más alto la noche en que se aprobó la reforma previsional impulsada por el gobierno. Y que el ex-candidato presidencial del PC Daniel Jadue, de su propio partido, haya fustigado públicamente la reforma es un síntoma de que el liderazgo de Jara no se puede reducir al PC. De hecho, si la derecha pulsa la tecla anticomunista va a beneficiar a Jara. La mentalidad de la Guerra Fría tiende a concebir a los izquierdistas como portavoces del enorme movimiento proletario que desató grandes reacciones, pero hoy la izquierda se encuentra en uno de sus momentos de mayor debilidad, entonces ese discurso no calza con la realidad. En una de sus campañas, la ministra comunista Camila Vallejo decía con ironía: «Llegó el demonio marxista, llamen al exorcista». Creo que ese demonio asusta menos que en el pasado.

Una de las fortalezas de Jara es que ha sabido interpretar al mundo popular. La población la identifica como alguien que puede mejorar la salud y la educación de la población porque está más cerca de los problemas cotidianos de la gente. En la contienda con José Antonio Kast, se trata de un atributo muy valioso, especialmente si se considera que Parisi había enarbolado un fuerte discurso meritocrático en primera vuelta y se refirió al resto de los candidatos como «cuicos de izquierda y derecha», es decir, personas de clase alta en la jerga chilena.

Por otro lado, el riesgo es que su campaña ponga demasiado el acento en sus orígenes populares. Uno de los humoristas más célebres del país describe muy bien cómo la exacerbación del relato sobre el origen puede ser leída en tono de burla. Al imitar a la candidata le hace decir: «Yo vengo de abajo, en una pieza vivíamos veinte personas y soñábamos todos lo mismo». Al mismo tiempo, hablar de derechos laborales cuando las prioridades están en seguridad es como intentar cambiar el sentido del viento. Hábilmente, Kast ha insistido en que Jara quiere «tratar a los delincuentes con amor».

De todas formas, creo que la centroizquierda chilena debe comprender que el balotaje no se juega solo en el desempeño de Jara, sino en la movilización del rechazo a la extrema derecha. Una de las últimas investigaciones del politólogo Cristóbal Rovira entrega pistas sobre las resistencias que Kast despierta en parte del electorado.

Entre los grupos reacios a apoyar a la extrema derecha en Chile persiste una demanda de seguridad estatal que evite el giro hacia la justicia por cuenta propia. Tal vez como herencia de Diego Portales, una de las figuras de la organización y consolidación del Estado chileno en el siglo XIX, hay un íntimo deseo de que el poder de fuego esté controlado por el Estado a través de una policía, ahora con estándares elevados, que evite situaciones caóticas.

En 2023, cuando Kast le propuso al país eliminar los impuestos territoriales en el texto constitucional, la izquierda logró explicar de forma eficiente las repercusiones que ello tendría en los barrios más carenciados. Al igual que la etiqueta «comunismo», las etiquetas «democracia», «Estado» y «derechos» no le dicen nada al mundo popular si no están anclados en experiencias concretas.

Todo indicaría que la derecha ganará la segunda vuelta, si sumamos a las tres fracciones de este espacio. ¿Qué tipo de reconfiguraciones pueden esperarse en este espacio y qué tipo de gobierno encabezaría Kast?

Que la derecha sea la favorita se vincula a la incapacidad de todos los partidos para lograr la elección de gobiernos de su mismo signo desde enero de 2006. Han pasado casi veinte años desde que Michelle Bachelet le dio continuidad en las urnas a la Concertación. Luego se impuso la alternancia elección tras elección. Pero además, después de los fracasos constitucionales, los chilenos siguen queriendo cambios fuertes, solo que ahora estos refieren a seguridad y control migratorio, en un cuadro de descontento con las elites políticas.

Si bien Parisi y el PDG tienen la llave para una hipotética mayoría de derecha en el Congreso, me parece que la clave está en el futuro rol del Partido Nacional Libertario de Kaiser. Si la división política suele ser vista como un dolor de cabeza para las izquierdas en el mundo, la derecha chilena dio una lección de cómo usar la fragmentación de candidaturas presidenciales para controlar la conversación pública, sin desperdiciar votos.

En 2024, Kaiser dejó la bancada parlamentaria de Kast para fundar su propio partido y robarle el nicho de votantes antiprogresistas que se le fugaría por su intento de acercarse al votante medio. Ahora, Kaiser intentará devolverle la base electoral a Kast en el balotaje, pero al precio de marcar la pauta de un hipotético gobierno de derecha y proyectarse como relevo electoral. El punto es que lo que en campaña fue un círculo virtuoso, podría ser el talón de Aquiles de un hipotético gobierno en común. Mientras Matthei y la centroderecha de ChileVamos bailarán fácilmente al ritmo de Kast gracias al sedimento que quedó de Jaime Guzmán entre ambos, el rage-baiting de Kaiser podría ser contraproducente para Kast, ya que parece servir más para provocar que para gobernar.

Articulo publicado originalmente en: https://nuso.org/articulo/significados-del-giro-a-la-derecha-chileno/

Argentina bajo Milei, ¿hacia un «modelo peruano»?

Por José Natanson. 
Es periodista y politólogo. Es director de Le Monde diplomatique edición Cono Sur y de la editorial Clave Intelectual. Su último libro es Venezuela. Ensayo sobre la descomposición, Debate, Buenos Aires, 2024.

El 26 de octubre pasado, el partido de Javier Milei obtuvo un rotundo triunfo en las elecciones legislativas argentinas de medio término. Alcanzó 41% de los votos, contra 35% de la oposición peronista, imponiéndose en casi todas las provincias, incluida la de Buenos Aires, la más poblada del país. A pesar de los dramáticos efectos sociales del ajuste implementado por su gobierno, de la fragilidad del plan económico –dos semanas antes de los comicios Milei tuvo que ser rescatado por Donald Trump– y del estilo agresivo del presidente, que no se priva de insultar a dirigentes y periodistas con palabras que oscilan entre lo sexual y lo escatológico, lo cierto es que el triunfo fue diáfano.

Tres explicaciones ayudan a entenderlo. Las dos primeras aluden a cuestiones más circunstanciales, por lo que las voy a describir sintéticamente para pasar al corazón de este artículo: los cambios profundos que viene experimentando la sociedad argentina desde el agotamiento del modelo desarrollista a mediados de los años 70, que se aceleraron desde hace dos o tres décadas, y sin los cuales no sería posible entender la llegada de Milei al gobierno en diciembre de 2023, ni la afirmación política de su proyecto en las elecciones legislativas de este año.

Antiperonismo y voto miedo

La primera explicación es la capacidad del gobierno de activar el tradicional voto antiperonista. Como desde hace 80 años, cuando los trabajadores industriales marcharon a la Plaza de Mayo para reclamar por su líder encarcelado, Juan Domingo Perón, el eje peronismo/antiperonismo sigue siendo el principal ordenador de la vida política argentina, y el antiperonismo, la identidad política más fuerte.

En este caso, lo que sucedió es que, un mes y medio antes de las elecciones nacionales de octubre, se realizaron comicios en la provincia de Buenos Aires. Aunque se trataba de elecciones para definir los representantes de la Legislatura local, funcionaron, por el peso natural del distrito, que concentra 38% del electorado argentino, y la «nacionalización» de facto que acompañó la campaña, como una especie de primera vuelta nacional. El peronismo, liderado por el gobernador Axel Kicillof, se impuso por casi 14 puntos de diferencia ante los candidatos de Milei.

Pero esta derrota de la derecha, que golpeó con fuerza al gobierno libertario, acabó por despertar al gigante antiperonista dormido, como un silencioso 17 de Octubre –fecha de nacimiento del peronismo– al revés. La capacidad de Milei para instalar a sus candidatos como el mejor instrumento para frenar al peronismo, en su versión kirchnerista, se verificó en el fracaso de las terceras fuerzas, y sobre todo en la evolución electoral en la provincia de Buenos Aires, donde los libertarios de Milei obtuvieron en octubre un millón de votos más que en septiembre. Pero aunque la operación fue exitosa, también encierra un riesgo: Milei llegó a la Presidencia como un outsider que trató de trascender el universo antiperonista (para el Milei de la primera vuelta de 2023, el país no se había «jodido» con el peronismo, sino mucho antes, con el «socialismo»). Aun así, en la segunda vuelta sumó a su núcleo original de 30% (muchos de ellos varones jóvenes) el voto más tradicionalmente antiperonista proveniente de Propuesta Republicana (PRO), el partido del ex-presidente Mauricio Macri –un voto clásico de clase media, más envejecido y mucho menos plebeyo que el de Milei–.

Si en la segunda vuelta de 2023 Milei llegó a 54% de los votos, esta vez La Libertad Avanza (LLA), su partido, alcanzó 41%, lo que sugiere que parte de su electorado comenzó a abandonarlo (la participación bajó respecto de la elección presidencial). La actual coalición mileísta, que incluyó a la mayor parte del macrismo, se parece hoy más a la base histórica del antiperonismo, lo que da como resultado un Milei más parecido a Macri, que es también un Milei más previsible (sus primeros pasos tras la victoria buscaron ir en ese sentido), pero también menos novedoso y fresco.

La segunda explicación del resultado es el «voto económico». Desde la publicación de The American Voter en 19601, una de las teorías más recurridas de la ciencia política es aquella que propone que el comportamiento electoral está guiado sobre todo por la percepción económica, en particular de los meses previos a los comicios: hay cientos de papers que modelan esta hipótesis, correlacionando tantos puntos de crecimiento con tal porcentaje de votos. Sin embargo, los meses anteriores a los comicios no fueron buenos. Para entender el punto, entonces, hay que considerar el proceso más largo. Apenas llegó al gobierno, Milei ordenó una devaluación de la moneda de 80%, un duro ajuste fiscal, un aumento de las tarifas de los servicios públicos y una contracción de la base monetaria. Después del primer fogonazo inflacionario, la combinación de recorte del gasto público, suba de la tasa de interés y caída brutal de los salarios posibilitó una disminución drástica de la inflación, que pasó de 25% mensual en los últimos dos meses del gobierno peronista a cerca de 2%. Con los meses, el atraso del tipo de cambio (dólar barato) permitió sumar un ancla más al plan desinflacionario e impulsar el consumo de bienes intensivos en dólares (autos, electrodomésticos) y el turismo al exterior, aunque al costo de una pérdida de reservas que obligó al gobierno a pedir un auxilio primero del Fondo Monetario Internacional (FMI) y después de EEUU: el Tesoro de ese país, encabezado por Scott Bessent, llegó al punto de vender directamente dólares en el mercado de cambio argentino en los días previos a las elecciones para evitar una devaluación del peso.

Ante las turbulencias financieras, las inconsistencias del propio plan y el riesgo electoral, la economía venía efectivamente a los tumbos, con el consumo y los ingresos en caída. Sin embargo, Milei apostó todo a una idea: la estabilidad y la baja de la inflación serían premiadas por los votantes. Y ganó. El «voto económico» operó, pero de una forma sutilmente distinta a otros momentos del pasado. Buena parte de los argentinos decidieron darle más tiempo al gobierno; un crédito condicionado. Las encuestas cualitativas entre los seguidores de Milei recogían la idea de que se trata de una gestión plagada de problemas, incluso desagradable, pero que todavía se merece una oportunidad. Sucede que, a diferencia de otros países de América Latina (en Perú, por ejemplo, juró el duodécimo presidente en décadas sin que el sol se devalúe ni la inflación se dispare), en Argentina la debilidad política e inestabilidad económica son indisolubles. La hiperinflación de 1989 y el estallido de la convertibilidad en 2001 fueron sedimentando una memoria social que asocia las derrotas electorales al caos económico. La ayuda de EEUU reforzó esta percepción a niveles casi extorsivos: explícitamente, tanto Bessent como Trump supeditaron el auxilio a un triunfo libertario –en caso contrario, dijo Trump, «dejaría de ser generoso» con Argentina–.

Ese fue el marco en que diversos escándalos que afectaron al gobierno, y que se suponía que dañarían su desempeño electoral, pasaron a un segundo plano, como la estafa con la criptomoneda Libra, audios que involucraban a la hermana del presidente, Karina Milei, en un presunto caso de retornos, y la caída de José Luis Espert, uno de los principales candidatos de Milei, denunciado por haber recibido dinero, en 2019, de un acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

El camino del Inca

Estos movimientos circunstanciales se recortan sobre un paisaje de fondo, que es el de la «peruanización» de la sociedad argentina. Este es en realidad un término con un doble uso: varios funcionarios han elogiado el modelo peruano –que combina fuerte inestabilidad política con una sorprendente estabilidad económica–, mientras que los críticos del gobierno de Milei perciben a Perú como un ejemplo de sociedad desigualitaria que no sería deseable imitar.

Pero antes de desarrollar la idea, unos datos para matizarla. El proceso por el cual Argentina se fue convirtiendo en un país más desigual, con más pobreza e informalidad, con una clase media en retroceso y servicios públicos insuficientes, está lejos de ser total. En muchos aspectos, la comparación con otros países latinoamericanos sigue dejando un saldo positivo para Argentina. La cobertura previsional, cercana a 95%, es la más alta de la región, y la principal política de transferencias de ingresos –la Asignación Universal por Hijo– llega a 4,2 millones de niños (2,5 millones de hogares reciben además transferencias vía la Tarjeta Alimentar). La educación alcanza estándares comparativamente altos: la tasa neta de asistencia a la escuela secundaria es de 94%, la segunda más alta de América Latina, y la cobertura de educación inicial es casi total, 97%2, además de contar con un sistema de educación superior amplio, vibrante y bastante inclusivo, producto de la diversificación de las universidades públicas de los últimos 30 años. Las clases medias conservan un lugar central en la vida política y cultural del país: los argentinos realizan 120 visitas al teatro por cada 1.000 habitantes al año, contra 25 de Brasil y 60 de Chile; gastan un promedio de 10 dólares en libros por persona al año, contra 3 de Brasil y 4 de Colombia, y van más más al cine (5 veces al año, contra 2 en México)3. La vida nocturna de Buenos Aires, y en menor medida de otras grandes ciudades del país, es legendaria, porque hay más dinero, por una tradición cultural de larga data y porque… aún es seguro.

En efecto, a pesar del declive económico, los súbitos cambios de orientación política y la sensación general de decadencia, Argentina tiene uno de los índices de homicidios per cápita más bajo de la región: 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que sitúa al país en niveles similares a Europa del Este (como siempre, el promedio esconde la trampa de la desigualdad: si se considera el mismo índice en los barrios acomodados de Buenos Aires, es similar al de Madrid o París; si se considera el de las zonas más pobres del conurbano, podría asimilarse a los de Panamá o Costa Rica, pero siempre muy lejos de Brasil, Colombia o México)4.

Estos datos alentadores refieren a conquistas del pasado que se ha logrado conservar –alto nivel educativo, baja violencia social–, pero también a avances que se consiguieron más recientemente –la cobertura previsional y un piso mínimo, en verdad muy mínimo, de ingresos–. Sin embargo, esto no debería ocultar el hecho de que, considerada en su conjunto, la evolución es negativa. Hasta mediados de los años 70, en efecto, la sociedad argentina era, junto a las de Uruguay y Chile, una de las menos desiguales de la región, con un índice de Gini de 0,34, cercano al de España en aquellos años (0,33) y muy inferior al de la mayoría de los países latinoamericanos. La pobreza era de 6,5% y la desocupación de 2,7%, casi pleno empleo. Con un PIB per cápita de 2.200 dólares, Argentina ostentaba el tercer PIB per cápita más alto de la región, superado solo por Venezuela y Uruguay (más o menos el doble de Brasil, Colombia o México)5.

Esa Argentina se fue deshilachando. Desde que el golpe de Estado de 1976 comenzó a desmantelar el modelo estadocéntrico de industrialización por sustitución de importaciones (que ya había dado muestras de agotamiento), la economía crece poco y de manera muy espasmódica. Acotados periodos de expansión (los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, el neoliberalismo desde 1991 hasta el Efecto Tequila de 1994, la recuperación kirchnerista de 2003 hasta la crisis financiera de 2009) son sucedidos por crisis explosivas (1982, 1989, 2001, 2019). Cada crisis deja la economía varios escalones abajo, y aunque con el tiempo se recupera, no logra superar el estadio anterior. Entre 1975 y 2025, la economía argentina creció 0,55%, contra 2,8 % de Chile y 1,3 % de Brasil. Argentina es el único país de la región que no duplicó su riqueza en los últimos 50 años (Chile la multiplicó por 3,8)6. Si una mirada larga revela una trayectoria de decadencia, una mirada más corta muestra un proceso directamente desolador: desde 2011 hasta hoy, la economía argentina se mantuvo estancada, contra una América Latina que, sin alcanzar los récords del periodo del boom de los commodities, siguió creciendo; en estos mismos años, Chile creció 2,8% y Brasil, 1,4%. Este persistente estancamiento es reflejo de una volatilidad extrema: Argentina es, junto con Venezuela, el único país de la región que no logró resolver el problema de la inflación y que sufre alteraciones permanentes del tipo de cambio.
Sería largo, y no es objeto de este artículo, entender las causas profundas de este obstinado declive, que no puede ser cargado en la mochila de una determinada orientación ideológica: si en los últimos 50 años hubo gobiernos de progresistas y de conservadores, dictatoriales y democráticos, en los últimos 15 hubo gestiones desarrollistas (la segunda de Cristina Fernández de Kirchner), moderadamente neoliberales (Mauricio Macri) y moderadamente desarrollistas (Alberto Fernández). Las tres, en mayor o menor medida, fracasaron. Los últimos tres presidentes (Cristina Fernández de Kirchner, Macri, Alberto Fernández) terminaron con el doble de la inflación con la que asumieron. Y los tres perdieron: Cristina Fernández de Kirchner no logró la elección de su candidato en 2015, Macri no pudo reelegirse y Alberto Fernández ni siquiera lo intentó.

Desde el final del modelo industrialista, Argentina se sacude al ritmo del enfrentamiento entre dos perspectivas opuestas, que logran prevalecer durante un tiempo, pero cuya fuerza no les alcanza para imponer un modelo de desarrollo perdurable: la tradición liberal-aperturista, que apuesta al «campo» (agroindustria) como motor del crecimiento, y la tradición nacional-desarrollista, defensora de la industria (y de los trabajadores que ella emplea). A lo largo de la historia, el campo ha presionado por una economía abierta, que le permita exportar libremente las materias primas, lo que a su vez deriva en impuestos más bajos, una mayor desregulación y una política exterior alineada con las grandes potencias (que son sus clientes). La industria, en cambio, exige protección, un mercado interno robusto (trabajadores y clases medias que compren sus productos) y una política exterior orientada a la integración regional. En Argentina, el precio del dólar no es una variable técnica sino el corazón del conflicto distributivo; la dificultad para resolver esta puja se refleja en sus tremendas oscilaciones y en la inflación que las acompaña. El periodista Martín Rodríguez lo sintetizó en la frase «gobernar Argentina es gobernar el dólar».

Pero el objetivo de este artículo no es tanto analizar la trayectoria decepcionante de la economía argentina –el camino del Inca–, sino describir su consecuencia: la erosión progresiva de la sociedad igualitaria y su transformación en una sociedad más cercana a otras de América Latina; en otras palabras, la «peruanización».

«Peruartina»

La desigualdad argentina viene aumentando de manera sostenida. El índice de Gini se sitúa hoy en 0,42, un nivel más bajo que el de la mayoría de los países de la región pero mucho más alto que el de los años 70. En paralelo con este proceso, se ha ido consolidando un núcleo duro de pobreza estructural en torno de 25%, que puede disminuir luego de unos años de crecimiento y dispararse ante la primera crisis, pero que siempre está ahí. Tanto la alta desigualdad como la roca dura de la pobreza estaban prácticamente ausentes en la estructura social de hace medio siglo; pero se fueron afirmando y ahora no hay gobierno, ni de derecha ni de izquierda, que pueda con ellas: son rasgos permanentes de la sociedad argentina. Junto a ello, otras dos novedades sociales.

La primera es la crisis de ingresos. A diferencia de otros países de la región, históricamente el empleo asalariado formal en Argentina era predominante y gozaba de una amplia cobertura de servicios, altos niveles de sindicalización y un generoso sistema de protección. Desde mediados de los años 70, esta clase obrera relativamente homogénea se fue partiendo en tercios: asalariados formales, asalariados informales y desocupados. Pero todavía quienes lograban conseguir trabajo podían vivir relativamente bien, o al menos evitar caer en la pobreza. En los últimos 15 años, la persistencia de la inflación y la dificultad de las empresas y el Estado para ajustar los salarios con el aumento de los precios crearon una realidad nueva: el trabajador pobre7. Se estima que 22% de los asalariados argentinos se encuentran hoy por debajo de la línea de la pobreza –y, más notable aún, se calcula que 9,7% de los asalariados formales son pobres–8. Esta situación, sintetizada en la frase «A mi sueldo le sobran 15 días», llevó a su vez a un récord de endeudamiento de las familias, que toman créditos con tarjetas y billeteras virtuales para pagar gastos corrientes.

El segundo rasgo novedoso es una explosión de la economía informal, una de las marcas más destacables del modelo peruano. Más que la pobreza o la desigualdad, que por otra parte han disminuido, el rasgo principal de la economía peruana es la informalidad. Según la Encuesta Nacional de Hogares, 75,7% de la fuerza laboral peruana se desempeña en empleos informales, 25 o 30 puntos más que en países latinoamericanos comparables en términos de PIB per cápita, como Colombia o Ecuador. Es un mundo de capitalismo popular en el que prosperan personajes como Felicito Yanaqué, el pequeño empresario de transporte piurano que es el «héroe discreto» que da título a la novela de Mario Vargas Llosa. (El hecho de que el éxito emprendedor de Yanaqué se vea ensombrecido por la amenaza de unos mafiosos que le exigen que pague por protección es una muestra de las oportunidades que abre el mercado, pero también de los problemas que entraña la desprotección estatal del neoliberalismo).
En Argentina, como en todo país en desarrollo, siempre hubo bolsones de actividad no registrada, pero la economía gozaba de niveles de formalización –laboral, impositiva, previsional– bastante altos. Esto se verifica en el hecho de que las ferias o mercados populares eran pequeños y marginales, en contraste con los gigantescos mercados populares de Gamarra (Lima), El Alto (Bolivia) o Tepito (México). Pero hoy las ferias son parte del paisaje comercial y de la vida cotidiana de los sectores populares, desde las más organizadas, como La Salada, hasta las más desordenadas, como la de Solano, ambas en el llamado conurbano bonaerense.

Esta nueva conformación de la estructura social ha ido consolidando nuevas subjetividades que contribuyen a explicar el triunfo de Milei. Mencionémoslas brevemente, solo a efectos de conectar las mutaciones sociales con el ascenso de la extrema derecha en su versión libertaria. Para los argentinos más jóvenes, la idea de un trabajo formal, con recibo de sueldo y con plenos derechos, es casi una quimera. Probablemente ni sus abuelos, ni sus padres ni ellos mismos conocieron nunca el aguinaldo, la obra social9  o el sindicato, por lo que el clásico discurso peronista de organización y derechos sociales carece totalmente de sentido. Mientras tanto, Milei propone libertad para trabajar, emprender y ganar dinero –y garantiza una inflación en descenso que le da previsibilidad a cualquier ganancia, por más pequeña que sea–. La adscripción de las nuevas generaciones al neoliberalismo –y ahora al libertarismo– es menos producto de una «penetración ideológica» a través de algún dispositivo imperialista que el resultado del lugar que ocupan en el capitalismo globalizado.

El clásico discurso peronista pro-Estado también pierde sentido. A mediados del siglo pasado, Argentina fue uno de los pocos países de la región en construir un Estado de bienestar, incompleto y lleno de fallas, pero presente. Producto del declive económico mencionado, este Estado ha ido perdiendo capacidades. Aunque conserva agencias de alta eficacia, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo previsional que tiene a su cargo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que en la pandemia pudo desplegar en tiempo récord un salario social complementario, lo cierto es que la salud y la educación atraviesan una crisis de largo plazo, en buena medida por su transferencia a los Estados provinciales, que profundizó la desigualdad entre jurisdicciones y que dificulta los esfuerzos de los gobiernos populares para articular una política nacional de recuperación. Para muchos argentinos, la idea de un Estado presente, garante de derechos y barrera última contra la exclusión y la pobreza suena al eco lejano de algo que quizás en algún momento existió, pero que no conocieron. Peor aún: el Estado aparece como algo exclusivo de algunos pocos privilegiados, lo que alimenta el discurso de Milei, quien llegó a decir «Soy un topo que viene a destruir el Estado desde adentro».

En amplios sectores populares de las periferias urbanas empobrecidas, algunas funciones tradicionales del Estado son ejercidas por asociaciones vecinales, clubes, iglesias evangélicas, la Iglesia católica e incluso el narco. Sin llegar al extremo de otros países de la región (en Argentina, por caso, hay pocas «zonas liberadas» del control del Estado), lo cierto es que la estatalidad se ha ido erosionando. La escuela pública existe, pero se encuentra muy deteriorada: si parte de la clase media se fue inclinando por servicios de salud y educación privados, los sectores populares que pueden permitírselo optan por las escuelas parroquiales (católicas de bajo costo). Perforado y disminuido, el Estado aparece entonces en su faz menos amable: la policía, vista como un vector de seguridad pero también como un peligro o simplemente como corrupta y/o ineficiente, y la autoridad impositiva.

El sueño de Milei

El éxito inicial de Milei, que obtuvo 54% de los votos en el balotaje de 2023, se explica en parte por su capacidad para conectar con este nuevo electorado informal, que vive desconectado del Estado, luchando en el día a día de una cotidianeidad imposible, integrado en su mayoría por varones jóvenes, al que se le sumó el tradicional voto antiperonista de clase media y alta. Su primer éxito de gestión, la estabilización de la economía y la baja de la inflación, fue posible por un ajuste inédito en la historia nacional. Frente a quienes argumentaban que la sociedad argentina, con su memoria igualitarista y su tradición de luchas sociales, no toleraría un recorte fiscal tan severo, Milei aplicó un ajuste equivalente a 5% del PIB, que incluyó una baja del poder adquisitivo de las jubilaciones de 23,3% en el primer año, una caída de los salarios reales de los empleados públicos de 22% y la paralización de la obra pública.

Milei entendió las condiciones reales en que se encontraba la sociedad argentina, los cambios estructurales que había experimentado y el malestar profundo generado por los últimos gobiernos de «profesionales de la política». Parado sobre el suelo barroso de esta decepción general contra la elite, enarboló la motosierra como sinónimo de ajuste fiscal y denunció a la «casta» como descalificación de la política tradicional, para poner en pie un programa de gobierno básico: orden fiscal, orden macroeconómico y orden en las calles (la represión a la protesta social y la política de «mano dura» contra el delito, dos cuestiones que el gobierno confunde deliberadamente en su discurso, son otros de los ejes de su gestión10). Si a ello le sumamos la batalla cultural antiprogresista, una dimensión que Milei activa y desactiva según el momento, el cuadro completa una oferta de gobierno acotada, pero contundente.

Al mismo tiempo, el programa económico de Milei profundiza el «modelo peruano». La primarización de la producción, la dificultad para agregar valor a las exportaciones y la consolidación de enclaves de riqueza que derraman poco sobre el resto de la economía son rasgos constitutivos de este modelo (solo el oro y el cobre explican 45% de las exportaciones peruanas, y el resto están compuestas por otros minerales, café, frutas y pescado). El punto de partida de Argentina es muy distinto. Por más expansión de la frontera agrícola del monocultivo que haya experimentado, el complejo sojero explica solo 20% de las exportaciones, seguido por la industria automotriz, el complejo petrolero-petroquímico y el maicero. Todavía hoy, pese a todo, entre 25% y 30% de las ventas al exterior siguen siendo manufacturas de origen industrial. Pero el norte está claro. Desde la llegada de Milei al poder, los sectores que más crecieron fueron la minería, el agro y la intermediación financiera, y los que más cayeron fueron la construcción y la industria. Según datos oficiales, solo creció uno de los 16 rubros que integran el índice de producción industrial manufacturero: la refinación de petróleo. Esto, a su vez, se refleja en el empleo. Como explica el especialista Luis Campos, los únicos sectores que generan puestos de trabajo formal hoy son el agro, la minería y la pesca, pero no alcanzan para compensar los empleos en blanco perdidos en la construcción (66.000) y la industria (29.600). En total, en el último año se destruyeron unos 200.000 puestos de trabajo formal, que en su mayoría se reconvirtieron a alguna modalidad desprotegida11.

El objetivo es claro. El shock devaluatorio ya hizo su trabajo de licuación de ingresos y reducción del gasto público, mientras que el atraso del tipo de cambio, en combinación con la apertura comercial, produjo una reconversión productiva que afecta a los sectores menos competitivos, que son también mano de obra intensivos. En el largo plazo, la apuesta del modelo libertario se centra en el agro, los hidrocarburos y la minería, algo de economía del conocimiento, turismo y no mucho más: el sueño de «Peruartina» es el sueño de un país con menos industria, es decir menos sindicatos, socialmente más heterogéneo, sin Estado de bienestar, con salarios más bajos y mayor informalidad. En suma, Milei llegó al gobierno y logró una asombrosa reafirmación política porque leyó mejor que nadie el proceso experimentado por la sociedad argentina en las últimas décadas; ahora, con sus políticas, lo está consolidando.

  • 1. Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes: The American Voter, University of Chicago Press, Chicago, 1960.
  • 2. Secretaría de Evaluación e Información Educativa: «Tasas de escolarización. Consideraciones sobre las fuentes y métodos de cálculo», Ministerio de Educación de la Nación, 2023, disponible en www.argentina.gob.ar/sites/default/files/tasa_de_escolarizacion_-_consideraciones_sobre_las_fuentes_y_metodos_de_calculo.pdf
  • 3. Unesco: UIS Data Browser, disponible en https://databrowser.uis.unesco.org/
  • 4. Juliana Manjarrés, Christopher Newton y Marina Cavalari: «Balance de InSight Crime de los homicidios en 2024» en InSight Crime, 26/2/2025, disponible en https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-homicidios-2024/
  • 5. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
  • 6. Fuente: Banco Mundial.
  • 7. Ernesto Mate y Ana Natalucci: «El trabajador pobre» en Le Monde diplomatique edición Cono Sur N° 275, 5/2022.
  • 8. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
  • 9. En Argentina, la seguridad social depende de cada sindicato, que controla sus propios servicios de salud mediante las llamadas «obras sociales».
  • 10. Esto se expresa en el protocolo antipiquetes desplegado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que impide cortar calles como forma de protesta.
  • 11. Lucía Ortega: «Luis Campos: ‘Con la Ley Bases le dieron muchísimo más poder a los empleadores’» en La Izquierda Diario, 9/12/2024.

Control público federal: Oste fue reelecto en la presidencia del Secretariado nacional

La ciudad de Ushuaia fue escenario de la cuarta reunión anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina (SPTCRA) y de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur (ASUR).

En ese marco, Sergio Oste —vocal del Tribunal de Cuentas de San Luis— fue reelegido como presidente del SPTCRA con el acompañamiento unánime de las provincias y de las representaciones municipales. La jornada incluyó, además, la presentación de una nueva estructura y un plan de capacitación del IETEI, y la reunión de la Red Federal de Control Público con la presencia del síndico General Adjunto de la Nación, Juan de Dios Bel. Allí se consensuó también la fecha de trabajo para definir el Plan Anual 2026.

La Memoria 2024 y el reclamo por el artículo 85

Uno de los puntos centrales fue la aprobación de la Memoria 2024. Oste destacó que el documento deja asentado un hito del año: la presentación ante la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional.

“El objetivo —explicó Oste— es que la Auditoría General de la Nación sea dotada de facultades constitucionales para exigir la rendición técnica y completa de cuentas sobre la ejecución de fondos públicos por parte de los organismos del Estado nacional”.

Mirada al futuro: tecnología y control

La agenda hacia adelante estuvo marcada por un eje que se consolidó como inevitable: la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar los sistemas de control.

Marina Iglesias, vocal contable de la Sindicatura General Municipal de Ushuaia, adelantó que se proyectan capacitaciones y un intercambio de experiencias sobre la adopción de tecnologías que permitan realizar controles oportunos y eficaces. “La incorporación de estas herramientas debe garantizar que los gastos e inversiones se ejecuten conforme a la ley y promover la transparencia”, señaló.

Oste sumó una reflexión estratégica: “Es interesante la implementación de algoritmos inteligentes como herramienta de control. Tenemos que repensar lo que hacemos para reconocernos en una misión común: contribuir a un Estado moderno, confiable y al servicio del bien común. El control no es un freno al desarrollo, sino su mejor garantía”.

Y agregó: “Nuestro compromiso profesional tiene una raíz ética profunda: trabajar para que lo público sea realmente de todos. El control debe ser un motor de confianza y la transparencia, una práctica cotidiana”.

Desafíos compartidos

Como ocurre en cada encuentro federal, los organismos provinciales y municipales compartieron problemáticas transversales. La más reiterada fue la falta de correlación entre autonomía funcional y autonomía económica: los presupuestos reducidos limitan la capacidad de ejercer un control efectivo.

Iglesias lo sintetizó así: “En muchas jurisdicciones, la escasa participación presupuestaria dificulta el desarrollo pleno de la tarea”.

Para Oste, el mayor desafío sigue siendo la independencia real de los organismos de control: “Son órganos extrapoder, y esa garantía debe estar resguardada. No pueden pertenecer a ninguno de los tres poderes del Estado”.

En un país quebrado y una provincia que sale del rojo, Poggi anuncia otro aumento salarial y un bono extraordinario

El gobernador Claudio Poggi anunció este viernes la pauta salarial para la administración pública provincial y el Plan de Inclusión Social. El paquete incluye un aumento del 5% en noviembre (totaliza 36% en lo que va del año), un bono extraordinario de fin de año de $450.000 y la confirmación del cronograma completo de pagos hasta diciembre.

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El mensaje llegó en un video institucional cargado de contexto político: la provincia aún recompone trabajosamente su situación financiera tras la herencia de déficit, deuda y vaciamiento que dejó Alberto Rodríguez Saá en diciembre de 2023 -quemó hasta las reservas históricas-, mientras el país continúa bajo una recesión profunda y un ajuste nacional que todavía no logra encender la recuperación en todos los niveles sociales.

Una provincia que sale del rojo después del desorden heredado

El Gobierno de Poggi debió atravesar todo el 2024 ordenando una estructura estatal que recibieron con cuentas en rojo, gastos corrientes sobredimensionados, obras paralizadas y obligaciones impagas. Recién este año, tras auditorías, recortes administrativos y renegociaciones, San Luis recuperó equilibrio fiscal y pudo reactivar obras, créditos productivos, programas habitacionales y políticas sociales.

Esa reconstrucción es parte del marco del anuncio: una pauta salarial que el Gobernador presenta como posible gracias al saneamiento fiscal realizado en estos dos años.

Un país todavía quebrado

El escenario nacional tampoco es el ideal. Javier Milei asumió en diciembre de 2023 un país al borde del default, sin reservas, con inflación desbordada y un Estado prácticamente paralizado. El ajuste implementado desde entonces permitió evitar una hiperinflación, pero hundió la actividad económica y mantiene el consumo en niveles muy bajos.

Ese es el contexto macro al que Poggi se refiere cuando habla de “bolsillos flacos” y de la necesidad de administrar cada peso con cuidado.

Los números del anuncio

El Gobernador recordó que los aumentos salariales otorgados en febrero, abril y julio acumularon un 31%. Con el 5% de noviembre, la pauta anual llegará al 36%, que el Ejecutivo ubica “por encima de la inflación proyectada para 2025”.

Para empleados públicos provinciales

  • 28 de noviembre: sueldo de noviembre con aumento del 5%.

  • 4 de diciembre: bono extraordinario de $450.000.

  • 19 de diciembre: medio aguinaldo, ya con el incremento total.

  • 30 de diciembre: sueldo de diciembre.

Para el Plan de Inclusión Social

  • 2 de diciembre: beneficio de noviembre.

  • 4 de diciembre: bono de $200.000.

  • 30 de diciembre: beneficio de diciembre.

  • En noviembre, el beneficio mensual sube a $460.000.

Un mensaje político de esfuerzo y anticipación

El cierre del video volvió sobre uno de los ejes del discurso de Poggi: la idea de preparación para la recuperación. “Cuando comience a haber viento de cola, a San Luis lo va a agarrar con el precalentamiento hecho”, dijo, una frase que ya forma parte de su repertorio político.

Discurso completo de Claudio Poggi

Hola queridos sanluiseños
Hoy quiero contarles la pauta salarial de la administración pública provincial hasta fin de año.
Como gobernador tengo la responsabilidad de gobernar para todos los sanluiseños, son ustedes quienes me dieron ese honor y con mucho orgullo y ganas, realizo mi tarea.
Con los fondos públicos que tenemos que administrar, que se sustentan con los impuestos de cada sanluiseño, debemos dar el servicio de salud, de educación, de seguridad, política de empleos, viviendas y todos aquellos servicios que están bajo la órbita del estado provincial.
Todos sabemos cuál fue nuestro punto de partida y todos los esfuerzos que hicimos para salir de esta situación fiscal en el medio de una crisis económica que juntos estamos afrontando.
La realidad es que nos toca gobernar en tiempos de bolsillos flacos. Cuando se está atravesando una crisis, las cuentas se ajustan… se ajustan en los hogares y en los gobiernos. Por eso valoro y agradezco el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto.
Gracias a este esfuerzo, hemos podido retomar la construcción de viviendas, apoyar a los emprendedores, consolidar los puestos de trabajo existentes acompañando a nuestras industrias y pymes con créditos, hemos puesto a la educación en el centro de las políticas públicas, porque estamos convencidos que esta es la herramienta que va a consolidar el progreso de San Luis.
Dicho esto, ahora quiero contarles a mis compañeros de trabajo, a los trabajadores de la administración pública provincial, la pauta salarial hasta diciembre.
Como ustedes recordarán, en lo que va del año hemos realizado aumentos salariales por encima de la inflación. La suma de las actualizaciones realizadas en febrero, abril y julio del 2025 alcanzaron el 31%.
En este mes de noviembre realizaremos un aumento adicional del 5% en los sueldos de todos los trabajadores de la administración pública provincial, por lo que el aumento del año 2025 alcanzará el 36%, por encima de la inflación proyectada para el presente año.
Además de este esfuerzo, también quiero contarles que el próximo 4 de diciembre estaremos pagando un bono extraordinario de fin de año de $450.000 para todos nuestros trabajadores públicos provinciales.
A este aumento salarial y al bono extraordinario de $450.000, les comunico que el próximo 19 de diciembre se pagará el medio aguinaldo.

En relación a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, este mes de noviembre pasarán a cobrar $460.000 por mes y también, el próximo 4 de diciembre, tendrán un bono extraordinario de fin de año por un monto de $200.000.
En resumen, y con el objetivo de que ustedes tengan previsibilidad, hasta fin de año las fechas de pago son las siguientes:
El 28 de noviembre se pagará el sueldo de noviembre con el aumento del 5% a los empleados públicos provinciales.
El 4 de diciembre se paga la suma fija del bono extraordinario a los empleados públicos provinciales de $450.000.
El 19 de diciembre se pagará el medio aguinaldo, que tendrá reflejado, por supuesto, el incremento anual del 36%.
El 30 de diciembre se abonará el sueldo correspondiente al mes de diciembre.

El Plan de Inclusión Social cobrará el beneficio de noviembre el 2 de diciembre; el 4 de diciembre, el bono de fin de año de $200.000; y el beneficio del mes de diciembre lo cobrarán el 30 de ese mes.

Como gobernador voy a seguir trabajando todos los días para que todos los sanluiseños puedan estar cada día un poco mejor. Soy optimista, este esfuerzo que todos estamos realizando va a dar sus frutos y, como siempre digo, cuando comencemos a salir de esta crisis, cuando comience a haber un poco de viento de cola, a nosotros nos va a agarrar con el precalentamiento hecho y rápidamente picaremos en punta.
Los quiero mucho.

***

Con la mira en su día: el gremio judicial pide que se les pague… un domingo

En medio de una crisis judicial que concentra todos los reclamos de la sociedad —demoras que desesperan a cualquier ciudadano, expedientes que avanzan al ritmo de una procesión y un sistema que hace equilibrio entre paros, internas y descrédito—, el Sindicato Judiciales Puntanos presentó un pedido peculiar: quieren un “reconocimiento económico” por el Día del Trabajador Judicial.

Hasta ahí, nada fuera de lo común. Lo singular es la fecha: el 16 de noviembre cae domingo.

[interesa url=»https://depolitica.com.ar/reduccion-feria-judicial-san-luis-poggi-2025/» titulo=»Es ley el recorte de la feria judicial»]
Aun así, solicitan al Superior Tribunal que disponga el pago de un día trabajado o, en su defecto, un bono no remunerativo “igualitario y por única vez”. Una compensación por un día que, efectivamente, no van a trabajar porque es… domingo.

Los sindicalistas recuerdan que la Ley 26.674 declara el 16 de noviembre como “feriado obligatorio” para los trabajadores judiciales. Y, en un curioso juego administrativo, argumentan que como este año el feriado cae domingo —y no habrá posibilidad de celebrarlo con los brazos cruzados en casa como cualquier feriado laboral convencional—, corresponde que el Superior Tribunal compense esa “pérdida” con dinero.

La nota, en detalle: destinatarios, firmas y argumento central

El escrito —con membrete del Sindicato Judiciales Puntanos y tono institucional, aunque no exento de dramatismo— fue dirigido a todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia:
Jorge Levingston, Carolina Monte Riso, Cecilia Chada Allende, María Eugenia L’Huillier y Ricardo Endeiza.

La Comisión Directiva del gremio es la firmante del pedido, que llega en un momento en que el Poder Judicial no sólo acumula cuestionamientos, sino que además enfrenta días de medidas de fuerza y reclamos por recomposiciones salariales.

El argumento económico: inflación, changuito y salarios “más bajos del país”

En un tramo más extenso, el sindicato describe un escenario económico con: pérdida de poder adquisitivo superior al 150%, salarios judiciales que serían los más bajos del país y un changuito básico que —citan— supera los $766.000, por encima del sueldo de un agente ingresante.

Ese es el contexto que utilizan para justificar que el Superior Tribunal habilite el pago extra: un día trabajado o un bono por única vez.

Un reclamo que llega cuando la Justicia está bajo la lupa

El pedido irrumpe justo cuando la Justicia puntana vive una tormenta perfecta:

  • reclamos ciudadanos por mora,
  • avances hacia una reforma judicial integral,
  • paros y tensiones internas,
  • y un creciente malestar social ante un sistema que parece responder cada vez más lento.

Es ley la reducción de la feria judicial: Poggi afirmó que la medida “va a favor de los ciudadanos”

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La Cámara de Diputados sancionó este miércoles, con 27 votos afirmativos y ningún voto en contra la ley que reduce la feria judicial en la provincia de San Luis. Se trata de una modificación profunda al esquema vigente, que desde hace décadas establecía un receso de 45 días —todo enero y la mitad de julio— durante el cual se paralizaban los plazos procesales y las causas judiciales.

La ley comenzará a regir desde el 31 de diciembre de 2026, otorgando un año de adecuación al sistema judicial, los colegios profesionales y los trabajadores del sector.

El texto aprobado fue resultado de una agenda de trabajo impulsada por el Ejecutivo provincial que reunió al gobernador Claudio Poggi, al vicegobernador Ricardo Endeiza, al presidente de la Cámara de Diputados Alberto Leyes, y a los jefes de bloque Eugenia Gallardo y Martín Olivero, junto con representantes de colegios de abogados, magistrados, trabajadores judiciales y el Colegio Forense.

La presidenta del bloque oficialista, Eugenia Gallardo, definió la norma como “una decisión que busca garantizar la continuidad del servicio de justicia”, al tiempo que remarcó: “La mora judicial es un problema que nos aqueja. Una justicia lenta, ineficiente e ineficaz, no es justicia”.

Por su parte, la diputada Luciana Perano, encargada de presentar los fundamentos, destacó que el consenso logrado refleja “la necesidad de garantizar un mayor acceso a la justicia para todos los ciudadanos” y anunció que continuarán trabajando en normas complementarias que permitan reducir los tiempos procesales.

Perano se encargó de fundamentar el proyecto de ley que luego sería aprobado.

Poggi: “Los ciudadanos están enojados con la Justicia porque no les llega en tiempo y forma”

Durante un acto en la ciudad de San Luis, el gobernador Claudio Poggi se refirió a la aprobación del proyecto como parte de un proceso de transformación institucional que impulsa desde el inicio de su gestión.

“Contribuimos a reducir la mora judicial en beneficio de todos los ciudadanos, que mayoritariamente están enojados con el servicio de Justicia porque no les llega en tiempo y forma. Y un servicio de justicia que no llega en tiempo y forma, no es justicia”, afirmó.

El mandatario recordó que la feria judicial —45 días en total— implicaba que durante ese lapso los juicios quedaban paralizados: “Durante 45 días del año ningún juicio avanza. Y todos sabemos que uno de los problemas que tenemos en San Luis es la mora judicial. Hay causas que demoran diez o quince años; eso no es justicia, es la vida de una persona puesta en pausa”.

Poggi en un barrio de San Luis. Volvió a defender la necesidad de mejorar el servicio judicial.

Una medida a favor de la sociedad

Poggi insistió en que la reducción de la feria no afecta derechos laborales ni el descanso de los trabajadores judiciales. “Esto no tiene nada que ver con las vacaciones del empleado judicial, ni con el convenio colectivo, ni con los derechos adquiridos. Simplemente tiene que ver con organizarse. En enero, en lugar de cerrar todo el mes, se cierra quince días; y en julio, una semana. No se puede cerrar un centro de salud 45 días; el servicio de justicia es igual”.

El gobernador enmarcó esta decisión dentro de su reforma judicial, una de las promesas centrales de su campaña: “No va en contra de nadie, va a favor de todos los ciudadanos de San Luis que necesitan acceder a la justicia y que la justicia sea más ágil, más rápida. Si no, no hay justicia”.

Un paso hacia una justicia más cercana

Con esta ley, San Luis se suma a un conjunto de provincias que han comenzado a revisar sus esquemas de receso judicial en busca de mayor eficiencia y continuidad del servicio. La medida forma parte del plan integral de modernización institucional que Poggi impulsa desde diciembre de 2023, con el objetivo de “reconstruir el vínculo entre el Estado y los ciudadanos”.

El debate sobre la mora judicial fue, durante años, un reclamo recurrente de la sociedad sanluiseña. Con esta sanción, el Gobierno provincial da un paso simbólico y operativo hacia una justicia en sintonía con la expectativa social.

La Justicia Electoral confirmó el triunfo de “Nacho” Olagaray por 10 votos de diferencia

El escrutinio definitivo de la elección municipal del 9 de noviembre en Potrero de los Funes ratificó un resultado histórico: Ignacio “Nacho” Olagaray, candidato de la Alianza Ahora San Luis, será el nuevo intendente de la localidad. Obtuvo 759 votos, equivalentes al 38,16%, contra 749 votos (37,66%) del exintendente Daniel Orlando, del Frente Potrero Activo. La diferencia fue de apenas 10 votos, lo que confirma el carácter reñido del comicio.

[interesa url=»https://depolitica.com.ar/elecciones-potrero-2025-olagaray-poggi-invicto-rodriguez-saa-derrota/» titulo=»Ganó Olagaray»]

Del escrutinio definitivo participaron los integrantes del Tribunal Electoral Provincial conformado por su Presidente, Jorge Levingston, y los Vocales,  Horacio Zavala Rodríguez (h) y María Eugenia Zabala Chacur; el Procurador General, Sebastián Cadelago Filippi; la Secretaria Electoral, Ana Giménez Lanza; los Secretarios de Informática Judicial,  Alejandro Flores Dutrús y Sandra Romero Guzmán, personal judicial designado para las tareas de carga de las actas de escrutinio en el sistema informático, apoderados y fiscales de los partidos políticos, según consignó el Periódico Judicial.

Una imagen del escrutinio definitivo, publicada por el órgano de comunicación del Poder Judicial.

Con este resultado, la coalición oficialista provincial Ahora San Luis —que conduce el gobernador Claudio Poggi— cierra el calendario electoral 2025 con un nuevo triunfo: ganó todas las elecciones en las que compitió.

El actual jefe comunal, Damián Gómez, que buscaba la reelección por el Frente Justicialista, quedó tercero con 298 votos (14,98%). En cuarto lugar se ubicó Tomás Napoleón Sarmiento, del Movimiento Vecinal Potrero de los Funes, con 128 votos (6,44%), y completó la lista Aranzazú Guadalupe Belén Arrascaeta, del Frente Pueblo, con 41 votos (2,06%).

Olagaray, actual presidente del Concejo Deliberante, asumirá el próximo 10 de diciembre, y ya tuvo el primer encuentro de transición gubernamental con el intendente saliente, Damián Gómez.

De ganar por 12 votos a perder por 10: la historia se invierte 16 años después

La noticia del triunfo de Orlando en 2009, en El Diario de la República, cuando todavía tenía tinta.

En 2009, Daniel Orlando ganó la intendencia de Potrero de los Funes por un puñado de votos tal como contó DePolítica en una nota anterior. No fueron 7, sino 12 votos la diferencia a su favor. En aquella elección, el entonces candidato de Es Posible, se impuso en una de las contiendas más parejas de la historia política local. Su principal competidor fue Luis “Lucho” Martínez.
Dieciséis años más tarde, la historia se invirtió.

En 2025, Orlando volvió a quedar en el centro de una definición voto a voto, pero esta vez fue derrotado por 10 sufragios. El ganador fue Ignacio “Nacho” Olagaray, representante del frente oficialista provincial Ahora San Luis, que lidera el gobernador Claudio Poggi.

El resultado marca un cierre simbólico: el dirigente que en 2009 se alzó con la victoria más ajustada de Potrero, perdió ahora en otra elección mínima, en manos de una nueva generación política.

Olagaray electo, Poggi invicto, y un puñado de votos histórico

Algunos memoriosos recordarán que en 2009 Daniel Orlando ganó la intendencia de Potrero de los Funes por apenas por un puñado de votos –siete dirán algunos- de diferencia sobre Luis “Lucho” Martínez. Dieciséis años después, la historia volvió a escribirse con la misma tinta del suspenso electoral, pero en sentido inverso: esta vez perdió por siete votos.

Tanto aquella como esta vez, el tercer lugar fue para el intendente que buscaba la reelección: Ignacio Urteaga entonces, Damián Gómez hoy.

Esa mínima diferencia de siete votos selló el triunfo de Ignacio “Nacho” Olagaray, del frente “Ahora San Luis”, y definió también el cierre político de un año que deja una lectura clara en la provincia: el oficialismo de Claudio Poggi termina 2025 invicto.

Desde la victoria provincial de mayo pasando por la elección nacional de octubre y ahora la municipal de Potrero, el espacio que conduce Poggi no perdió ninguna contienda. El resultado consolidó su hegemonía electoral y le dio al gobernador un cierre perfecto: un año redondo en el que logró sostener —y ampliar— su poder político en el territorio.

En contrapartida, el gran perdedor de la jornada fue otra vez Alberto Rodríguez Saá, líder del Partido Justicialista puntano. Su candidato, el actual intendente Damián Gómez, apenas alcanzó el 15,01 % de los votos, quedando relegado a un distante tercer lugar. El revés en Potrero de los Funes profundiza el declive electoral del justicialismo provincial, que no consigue revertir la pérdida de representación ni de influencia en los principales municipios desde la derrota de 2023.

Una elección pareja hasta el final

El escrutinio oficial contabilizó 2.055 sufragios emitidos sobre un padrón de 3.078 electores. Olagaray obtuvo el 38,07 % de los votos, contra el 37,71 % del Frente Potrero Activo de Orlando. Detrás quedaron Gómez (15,01 %), Tomás Sarmiento (Movimiento Vecinal Potrero de los Funes, 6,45 %), Guadalupe Belén Arrascaeta (Frente Pueblo, 2,06 %) y Alfredo Stagnitta (Movipro, 0,70 %).

La elección se desarrolló con normalidad y con una particularidad histórica: fue la primera elección municipal de Potrero realizada con Boleta Única Papel, el sistema que el Gobierno provincial había aplicado ya en los comicios del 11 de mayo y en los nacionales del 26 de octubre.

Poggi: “Un gran cambio institucional”

Durante los festejos, el gobernador Claudio Poggi acompañó al intendente electo y subrayó la importancia institucional del sistema.
“Primero, quiero agradecer al pueblo de Potrero”, dijo. “Hemos implementado aquí, por primera vez en la historia, la Boleta Única Papel en la categoría intendente. Es un gran cambio institucional: ahorro en costos, menos contaminación y más transparencia. No hay dificultades en las mesas.”

Con el triunfo confirmado, Poggi resumió el espíritu del momento: “Ahora San Luis termina el año invicto. Nacho Olagaray es un dirigente que se viene preparando desde hace muchos años. Transitó caídas, se levantó, siguió, y eso el vecino lo valoró mucho.”

El mandatario destacó además la preparación del nuevo intendente: “Sus fuertes son la cercanía, la humildad, la honestidad y la preparación. Hace 15 días presentó una propuesta de gobierno con objetivos claros. Por supuesto, contará con todo el respaldo del Gobierno provincial. Vamos a trabajar codo a codo, como con todos los intendentes.”

El Superior Tribunal fijó posición frente al conflicto judicial: habrá descuentos y se prohíben manifestaciones

En medio de la resistencia del gremio judicial a las reformas que impulsa el Ejecutivo para mejorar el funcionamiento del sistema judicial, el Superior Tribunal de Justicia emitió una definición institucional clave: notificó al Sindicato de Judiciales Puntanos (SiJuPu) que aplicará descuentos proporcionales por los días y horas no trabajados durante los paros de noviembre, y ratificó la prohibición de realizar manifestaciones dentro de los edificios judiciales.

La Nota Nº 22-STJSL-SA-2025, fechada el 6 de noviembre, lleva las firmas de los ministros Jorge Levingston, José L’Huillier, Andrea Monte Riso y Víctor Endeiza, y responde a la comunicación del gremio que había resuelto prolongar el estado de asamblea permanente, continuar con el quite de colaboración y realizar paros totales los días 7, 14, 18 y 25 de noviembre

El Tribunal advirtió que esta modalidad “producirá demoras en la tramitación de los procesos judiciales y un incremento de trámites pendientes que afectarán el derecho a la tutela judicial efectiva”, motivo por el cual resolvió aplicar descuentos “conforme a los antecedentes y decisiones adoptadas por este cuerpo ante situaciones análogas”.

La resolución recuerda que la remuneración es la contraprestación de un servicio efectivamente prestado, y que los funcionarios a cargo de los pagos están obligados a efectuar los descuentos proporcionales cuando no se cumpla con la prestación del servicio.

Para sostener su posición, el STJ citó los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia (LOAJ) y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avalan el descuento de haberes ante medidas de fuerza. Entre ellos, los precedentes Fallos 312:318 (1989) y 313:149 (1990), que establecen que “no puede cuestionarse el descuento de haberes los días no trabajados” y que “no hubo prestación que justifique la remuneración”.

Además, el Tribunal recordó que no se permitirá la realización de manifestaciones dentro de los edificios judiciales, para evitar que se afecte la atención al público y el normal funcionamiento de los tribunales.

Finalmente, el STJ ratificó su disposición al diálogo institucional, aunque remarcó que el mismo debe desarrollarse “dentro del marco del respeto recíproco y de las competencias que la Constitución Provincial y la Ley Orgánica asignan a cada poder del Estado”.

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De la reducción de la feria, a los paros con reposera

La discusión sobre la Justicia puntana volvió al centro de la escena.

Por un lado, el gobernador Claudio Poggi retomó la iniciativa de reducir la feria judicial a la mitad, una propuesta que busca acelerar los procesos, combatir la mora y responder a un reclamo social que se repite desde hace años.
Por el otro, el Sindicato Judicial Puntano (Sijupu) lanzó su “plan de lucha” para noviembre, con cuatro días de paro que terminan armando tres fines de semana extra largos de “paro con reposera”. Esa planificación estratégica golpea de lleno en la legitimidad del reclamo gremial.

Una reforma con sentido social.

“Nosotros tenemos un problema con las moras judiciales. Los juicios son eternos, duran diez o quince años, atraviesan la vida de un ciudadano e incluso de un abogado”, expresó Poggi al defender la iniciativa.
Recordó que el proyecto, presentado el año pasado, nació del pedido de los vecinos y formó parte de su plataforma electoral. Actualmente, la Justicia provincial suspende los plazos procesales 45 días al año —30 en enero y 15 en julio—. El nuevo texto propone reducir esa pausa a la mitad, recuperando más de veinte días hábiles para que los procesos avancen.

“No es contra nadie: ni contra jueces, ni abogados, ni el Superior Tribunal. Es a favor de los ciudadanos, que necesitan una justicia más rápida”, subrayó el mandatario, quien comparó la situación con otros servicios esenciales: “No podemos tener un Poder Judicial que se detenga 45 días; sería como cerrar un centro de salud durante ese tiempo”.

El proyecto ya cuenta con media sanción en el Senado y el Ejecutivo deseó su rápido tratamiento en Diputados. “No es la única medida, pero marca un rumbo: más celeridad, más respuesta al ciudadano”, insistió Poggi.

Un “plan de lucha” con aroma a escapada.

Mientras el Gobierno busca que los tribunales trabajen más días al año, el gremio judicial parece decidido a hacer exactamente lo contrario.
El Sijupu, que conduce Facundo Coria, anunció paros el 7, 14, 18 y 25 de noviembre, cuidadosamente distribuidos para enlazar con los fines de semana del 8-9, 15-16 y 22-23 de noviembre, y el feriado del 24 por el Día de la Soberanía Nacional.

El diseño, impecable desde la logística, garantiza tres fines de semana XL y un corte de semana todo dentro de un mismo mes.

Según el gremio, las medidas responden a reclamos por salarios rezagados y defensa de la independencia judicial. Claro la sincronía con el calendario turístico es tan precisa que cuesta no leerla con una sonrisa.

Entre la reposera y el expediente.

El “plan de lucha” incluye quite de colaboración, paro total los días mencionados y atención solo de asuntos urgentes durante todo noviembre.
Con la venia del Superior Tribunal, la protesta promete movilizaciones en cada circunscripción.

Las ironías no tapan el fondo del reclamo, pero sí lo ponen en perspectiva: mientras el Ejecutivo propone que la Justicia funcione más días y rinda cuentas a la sociedad, el gremio propone más descanso en nombre de la independencia judicial.

Las raíces ideológicas del socialista que gobernará Nueva York

Por Carlos C. Perez – NUSO

La exitosa campaña de Zohran Mamdani a la Alcaldía de Nueva York ha despertado sorpresa, interés e incluso esperanza en distintos rincones del mundo. Su carisma personal, el énfasis en el «costo de la vida» y la viabilidad (o no) de su programa de reforma social han enmarcado la mayoría de los análisis. Pero para comprender de manera más amplia el fenómeno que encarna, es preciso volver la mirada hacia dos figuras claves: Michael Harrington, fundador de Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), y Mahmood Mamdani, padre del candidato.

Make America Affordable Again

«Llámalo democracia o llámalo socialismo democrático. Lo que creo es que debe haber una mayor redistribución de la riqueza para todos los hijos de Dios en nuestro país». Zohran Mamdani, de 34 años, recita de memoria esta frase de Martin Luther King Jr. para explicar, en cada entrevista, lo que significa para él «socialismo democrático». Aunque nunca abrazó públicamente esa etiqueta de forma explícita, es sabido que King se identificaba en privado con sus ideales. Mamdani, en cambio, luce con orgullo esa bandera.

Nada de esto debería sorprendernos. «¿De qué sirve tener el derecho a sentarse en la barra de un restaurante –preguntaba King en otra de sus citas más conocidas– si no puedes permitirte comprar una hamburguesa?». En Where Do We Go From Here (1967) [A dónde vamos], el líder del movimiento de los derechos civiles lanzó una serie de propuestas que hoy sonarían utópicas: ingreso anual garantizado, fuerte expansión de la vivienda pública, sistema de salud universal, reforma de la sacrosanta Constitución estadounidense para blindar la igualdad social y económica.

El programa de Zohran Mamdani para Nueva York es más modesto. A lo largo de su sorprendente campaña, que lo ha llevado de ser un completo desconocido hace apenas un año a dirigir la metrópolis más importante del país (y una de las más significativas del mundo), ha insistido en tres medidas directas, sencillas y estrechamente ligadas a las problemáticas económicas de los neoyorquinos: el congelamiento de los alquileres, la gratuidad de los autobuses y la universalidad de las guarderías.

 

Mamdani también habla de crear una red de supermercados municipales sin fines de lucro, reformar el modelo policial para poner un mayor énfasis en la salud mental y la atención comunitaria, elevar el impuesto a las sociedades hasta igualar el 11,5% del vecino Nueva Jersey o aplicar un impuesto fijo de 2% al 1% más rico de Nueva York. La lista continúa, pero el hilo conductor de su plataforma es evidente: el costo de la vida. «Durante demasiado tiempo la libertad ha sido un privilegio reservado a quienes podían pagarla», bramó el candidato en el mitin principal de campaña, flanqueado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. «La dignidad es libertad».

Las reminiscencias del populismo económico -en su sentido estadounidense- de Sanders, que plantea el antagonismo entre la mayoría trabajadora y la elite oligárquica, son innegables: Make America Affordable Again [Que Estados Unidos vuelva a ser asequible]. Mamdani suele decir que fue la primera campaña del senador por Vermont en las primarias demócratas, una década atrás, la que le proporcionó el «lenguaje del socialismo democrático», al articular en un proyecto coherente ideales que hasta entonces existían, para él, como intuiciones dispersas. Pero Mamdani posee algo que Sanders nunca tuvo: un amplio apoyo entre las minorías étnicas y una comprensión más sensible y audaz del papel de la identidad en la vida política y social del país. Nacido en Uganda, de ascendencia india y fe musulmana, obtuvo la ciudadanía estadounidense apenas en 2018. Su padre, Mahmood Mamdani, es un académico nacido en la India y de nacionalidad ugandesa; su madre, también de origen indio, es la cineasta Mira Nair.

En todo caso, el proyecto de Mamdani y de la organización de la cual proviene, DSA, trasciende el calendario electoral y se inserta en una larga genealogía de luchas por la justicia social y la democracia económica en Estados Unidos.

Han corrido ríos de tinta sobre la ecléctica biografía del alcalde electo, el potencial transformador de sus propuestas, la magnitud de su campaña puerta a puerta o su impresionante estrategia comunicacional. Es posible, sin embargo, abordar este fenómeno desde otro ángulo: la influencia del padre político del DSA, Michael Harrington, y del padre biológico del candidato, Mahmood Mamdani. Dos figuras que, desde trayectorias diferentes y posiciones incluso divergentes, permiten comprender más a fondo su singularidad.

 

«El ala izquierda de lo posibleal»

«¿Por qué no hay socialismo en Estados Unidos?». Con esta pregunta, formulada en 1906, Werner Sombart inauguró un debate que sigue abierto más de un siglo después. El sociólogo alemán ya intuía una posible respuesta: en un país donde incluso los trabajadores disfrutaban de un nivel de vida elevado, donde abundaban la tierra y las oportunidades de ascenso social, resultaba difícil que prendieran las ideas socialistas. «En los arrecifes del roast beef y del pastel de manzana», escribió Sombart, «las utopías socialistas están condenadas a naufragar». Hasta Karl Marx y Friedrich Engels se plantearon en repetidas ocasiones el mismo problema, sin alcanzar nunca una conclusión definitiva. Aun así, ambos mantuvieron la esperanza hasta el final de sus vidas.

Más adelante, en 1952, el sociólogo Daniel Bell, quien se veía a sí mismo como un socialista moderado, abordó en un controvertido artículo académico el «infeliz problema» del socialismo democrático en Estados Unidos, el «dilema irresoluble» de cómo «estar en el mundo sin ser parte de este»; de operar, siempre de forma insuficiente, como fuerza moral, más que política, en el marco de una sociedad inmoral. Según Bell, los comunistas estadounidenses poseían una posición más clara (la de ser los «antagonistas declarados» del sistema dominante), pero los socialistas se hallaban condenados a la ambigüedad.

Pese a este «infeliz problema», la historia del socialismo democrático en el país es extensa y fecunda. Hay incluso quien la remonta hasta Thomas Paine (1737-1809), el founding father que mostró una sensibilidad más radicalmente democrática e igualitaria –y el principal defensor, en su tiempo, de una forma embrionaria de Estado social–. Pero en la amplia mayoría de estos relatos, un nombre destaca por encima del resto: Eugene V. Debs, fundador del Partido Socialista (PS) en 1901 y en cinco ocasiones candidato presidencial, a quien Mamdani citó en el comienzo de su discurso: «Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad». Debs, más un intérprete radical de la tradición republicana de Estados Unidos que un socialista «estilo europeo», llegó a alcanzar 6% del voto en 1912, el mejor resultado histórico del partido. En aquel momento el PS tenía más representantes electos que el laborismo británico (a pesar de no contar con el beneplácito de figuras como León Trotsky, quien denostaba el «carácter burgués y complaciente» del socialismo estadounidense, al que veía como una agrupación de «dentistas exitosos»).

Si bien mantuvo una influencia considerable en el movimiento sindical, tras la muerte de su líder en 1926 el partido comenzó un prolongado declive causado por divisiones doctrinales, persecuciones policiales y, paradójicamente, por el éxito del New Deal de Franklin D. Roosevelt –mencionado con frecuencia por Mamdani–, que, aunque se nutrió de muchas de sus ideas, acabó dejándolo fuera de juego. 

La larga noche socialista derivó en la proliferación de grupúsculos que cambiaban sus siglas con regularidad. Por si fuera poco, en plena agitación de la década de 1960, la problemática relación con la New Left surgida del movimiento estudiantil y las posiciones divergentes en torno de la Guerra de Vietnam produjeron nuevas escisiones. No fue hasta 1982 cuando se fundó DSA, a partir de la convergencia de dos pequeñas organizaciones: una muy vinculada al viejo socialismo sindical y la otra, más abierta al incipiente activismo feminista y antirracista.

El principal artífice de su creación fue Michael Harrington, figura controvertida y prolífica, quizá la más influyente en el desarrollo orgánico del socialismo democrático en Estados Unidos. (Sin olvidar a Barbara Ehrenreich, pensadora de mayor peso en el ámbito cultural y activista, y con quien mantuvo desacuerdos recurrentes). Criado en una familia católica de ascendencia irlandesa pero neoyorquino por adopción, Harrington saltó a la fama dos décadas antes de la creación del DSA gracias a The Other America [Los otros Estados Unidos], un breve ensayo que sacudió la conciencia nacional. Su tesis era tan sencilla como elocuente: la pobreza, en una sociedad tan opulenta como la estadounidense, estaba mucho más extendida de lo que la mayoría de sus ciudadanos suponían. El libro, que abogaba por la intervención estatal para enfrentar la exclusión material (sin mencionar en una sola ocasión la palabra «socialismo»), fue ampliamente discutido por los medios de comunicación y leído por importantes asesores de los gobiernos de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson.

Consolidado ya como intelectual público –el conservador William F. Buckley Jr. llegó a burlarse de él en un debate, al decir que ser el socialista más conocido de Estados Unidos era «como ser el edificio más alto de Kansas»–, Harrington mantuvo en sus numerosas conferencias y libros el propósito común de dar forma al «ala izquierda de lo posible». 

En sus ensayos, especialmente The Twilight of Capitalism [El crepúsculo del capitalismo] (1976) y Socialism: Past and Future [Socialismo: pasado y futuro] (1989), desarrolla su tesis del «gradualismo visionario»: la convicción de que todo cambio sustancial solo puede gestarse a lo largo de un periodo prolongado; de que la complejidad de las sociedades contemporáneas (en particular la estadounidense) exige una orientación clara sobre el rumbo a seguir y, sobre todo, una dosis inagotable de paciencia. De hecho, él fue el principal impulsor de la «estrategia del realineamiento» que debía guiar las acciones de DSA: «infiltrar» el Partido Demócrata y empujarlo hacia posiciones más progresistas. En sus propias palabras: «Comparto con los liberales de este país [liberals, en el sentido estadounidense] un programa inmediato, porque el mejor liberalismo, llevado hasta sus últimas consecuencias, desemboca en el socialismo. Soy radical pero procuro evitar los discursos grandilocuentes. Aspiro, simplemente, a situarme en el ala izquierda de lo posible».

Este pragmatismo antecede y desborda la figura de Harrington. Tal vez donde mejor se manifiesta sea en el ámbito local, donde el socialismo democrático cuenta con una historia larga y singular. Destaca, sobre todo, el caso de Milwaukee: entre 1910 y 1960, los candidatos socialistas dominaron la política municipal de esta ciudad de Wisconsin. Por su enfoque constructivo y su empeño en modernizar y sanear la red pública de alcantarillado, Morris Hillquit, líder fallido del PS en Nueva York, más dado a la retórica grandilocuente que a la gestión, bautizó a aquellos alcaldes como «socialistas de las alcantarillas» (sewer socialists), un mote del que ellos mismos se reapropiaron con orgullo. En una extensa entrevista en The Nation, Mamdani recuperó este legado para definir su campaña neoyorquina:

«En los últimos años hemos visto cómo un vocabulario que debería pertenecer a la izquierda –el de la eficiencia y el rechazo al despilfarro– ha pasado a ser patrimonio de la derecha. Luchar por los trabajadores también implica luchar por su calidad de vida. Para mí, el socialismo de las alcantarillas encarna la convicción de que el valor de una ideología se mide por sus resultados. Significa mejorar los bienes y servicios que las personas de clase trabajadora utilizan cada día: el alcantarillado, el agua potable, los parques. La confianza se gana con hechos, y eso es precisamente lo que busco: una ciudad asequible y la demostración de que el gobierno puede, efectivamente, cumplir con sus responsabilidades hacia quienes sostienen con su trabajo esta ciudad».

Mamdani no será el primer alcalde de Nueva York vinculado al DSA. Aunque renegó de la etiqueta durante su mandato, este título corresponde a David Dinkins, primer alcalde negro de la ciudad y una figura moderadamente progresista, que gobernó entre 1990 y 1993 en medio de una crisis fiscal, pánico moral por la inseguridad y crecientes tensiones raciales. Sin embargo, cuando en uno de los debates le preguntaron quién había sido, a su juicio, el mejor alcalde en la historia de la ciudad, Mamdani respondió sin vacilar: Fiorello LaGuardia. Miembro del Partido Republicano y alcalde entre 1934 y 1946, LaGuardia amplió los programas sociales, abarató el transporte público, construyó autopistas, piscinas y parques infantiles, creó la primera autoridad pública de vivienda del país e impuso controles de los precios de los alquileres. Con todo, LaGuardia gobernó en plena era del New Deal, cuando la intervención pública encarnaba una nueva promesa de prosperidad, y mantuvo una relación privilegiada con Roosevelt, pese a pertenecer a partidos diferentes («No existe una manera republicana o demócrata de recoger la basura», repetía con asiduidad). El momento de Mamdani es, como mínimo, muy distinto.

El actual DSA es igualmente una organización diferente de la de los tiempos de Harrington. Hoy cuenta con más de 80.000 miembros, frente a los apenas 7.000 de la década de 1980. Si antes de la primera campaña presidencial de Bernie Sanders la mediana de edad superaba los 68 años, hoy se sitúa por debajo de los 33. En el pasado, el respaldo público de figuras conocidas se reducía prácticamente a la periodista y escritora Gloria Steinem y el filósofo y activista Cornel West; ahora, numerosas celebrities (de la academia y de fuera de ella) expresan su apoyo sin ambages a los socialistas democráticos.

También ha cambiado su relación con el mundo sindical: de un vínculo estrecho con el sindicalismo clásico ha pasado a una colaboración más flexible con el llamado «nuevo sindicalismo». Hasta 2017 formó parte de la Internacional Socialista, pero hoy, en cambio, tiende a identificarse con partidos situados más a la izquierda. Su estrategia reciente se centra en concebir la participación en las primarias demócratas como el principal terreno de influencia política. Aunque muchos en la organización interpretan esta táctica como una preparación (indeterminada en el tiempo) para una futura ruptura con ese partido del sistema, el realineamiento que Harrington teorizó hace casi medio siglo –mover al Partido Demócrata hacia posiciones socialdemócratas– sigue, en buena medida, operando en la práctica.

En su autobiografía, publicada en 1989, consciente de que su enfermedad pondría pronto fin a su vida, Harrington escribió que el socialismo estadounidense «fue, y continúa siendo, un fracaso histórico». En esas mismas páginas se definía a sí mismo como un «corredor de larga distancia», alguien con la determinación suficiente para continuar la lucha en las circunstancias más adversas, sin esperar recompensas inmediatas. «Corro hacia el reino de la humanidad», confesaba, «plenamente consciente de que nunca lo alcanzaré. Tal vez nadie lo haga».

Hoy, esa carrera de relevos encuentra en Mamdani a un socialista dispuesto a recoger el testigo, decidido a hacer de aquel «fracaso histórico» un diagnóstico provisional y no una profecía derrotista. Hasta qué punto este nuevo éxito puede extrapolarse a otros lugares y cómo afectará al crecimiento de DSA –«mi plataforma no es la misma que la de DSA en el ámbito nacional», dijo Mamdani durante la campaña– es una cuestión que, de nuevo, solo el tiempo saldará.

 

«Es la misma lucha»

Corría el año 1965. Un joven activista nacido en la India y criado en Uganda es detenido en Montgomery, Alabama, tras participar en una marcha por los derechos civiles. Desde el calabozo, hace uso de la única llamada a la que tiene derecho para contactar con el embajador ugandés en Estados Unidos. Molesto por el incidente, el diplomático lo reprende por «inmiscuirse en los asuntos internos de un país extranjero». La respuesta no se hace esperar: «No es un asunto interno», replica el joven. «¿Acaso olvida que logramos la independencia hace apenas unos años? Es la misma lucha por la libertad».

Ese joven era Mahmood Mamdani, hoy un prestigioso antropólogo de la Universidad de Columbia y una de las figuras más reconocidas de los estudios poscoloniales. La anécdota figura en Slow Poison [Envenenamiento lento] (2025), su ensayo más reciente, una historia de la Uganda independiente contada a través de sus autócratas, Idi Amin (quien deportó al propio Mamdani por sus orígenes asiáticos) y Yoweri Museveni (todavía presidente, 39 años después). En el fondo, el libro funciona como una autobiografía intelectual y política, y deja entrever una vida tan trepidante como comprometida, vivida a caballo entre los círculos activistas y los pasillos de las universidades de la Ivy League. Mahmood Mamdani es, además, el padre de Zohran, y la ambivalencia que desprende su trayectoria atraviesa también la de su hijo.

 

Es más: el segundo nombre del candidato a la Alcaldía de Nueva York es Kwame, en honor a Kwame Nkrumah, líder de la independencia ghanesa y teórico del panafricanismo, una tradición intelectual con la que Mahmood Mamdani ha mantenido un constante diálogo crítico. Así, a lo largo de más de cuatro décadas, Mamdani ha abordado cuestiones que van desde el legado del imperialismo en la economía ugandesa hasta las causas y consecuencias del genocidio en Ruanda, la tragedia bélica en Sudán o los efectos globales de la llamada «guerra contra el terror».

Lo que subyace a esta prolífica obra (sorprendentemente poco traducida al español) es un análisis sostenido del papel de las identidades políticas. En Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities [Ni colonos ni nativos: cómo se forman y se deshacen las minorías permanentes] (2020), donde examina los casos de Sudáfrica, Israel, Sudán y Estados Unidos, Mamdani muestra cómo el colonialismo impulsó «la creación de minorías permanentes y su mantenimiento mediante la politización de la identidad». De ahí que, para él, la verdadera descolonización requiera «desarticular la permanencia de estas identidades». En consecuencia, con la Sudáfrica posterior al apartheid en mente, aboga por superar las dicotomías entre «perpetrador y víctima» o «mayoría y minoría».

 

A este respecto, en Define and Rule: Native as Political Identity [Definir y gobernar: lo indígena como identidad política] (2012), Mamdani explica cómo la administración colonial pasó del principio de «dividir y gobernar» (divide and rule) al de «definir y gobernar» (define and rule). Bajo esta nueva lógica, la identidad del «nativo» no remite a una condición esencial, sino que aparece como una construcción del Estado colonial. La tecnología moderna de gobierno, sostiene Mamdani, se basa precisamente en la producción de identidades artificiales destinadas a ser administradas. En oposición a esta dinámica, el libro destaca el caso de Julius Nyerere, primer presidente de la Tanzania independiente, cuyo proyecto nacionalista buscó forjar una ciudadanía común frente a la herencia colonial de privilegios raciales y tribales, que había fragmentado al país en 126 grupos étnicos con distintos grados de reconocimiento y dignidad. En un debate parlamentario de 1961 sobre si la ciudadanía tanzana debía fundarse en la raza o en la residencia, Nyerere se inclinó con firmeza por lo segundo: «glorificamos a los seres humanos, no el color de su piel».

Antes, en Good Muslim, Bad Muslim [Musulmanes buenos, musulmanes malos] (2005), Mamdani había escrito que «después del 11 de septiembre, tener un nombre identificable como musulmán en Estados Unidos implica ser consciente de que el islam se ha convertido en una identidad política». La retórica de la época –encabezada por George W. Bush con su distinción entre «musulmanes buenos» y «musulmanes malos»– convertía, de hecho, a todo musulmán en sospechoso hasta que demostrase lo contrario. Su hijo Zohran ha relatado en numerosas ocasiones, a lo largo de la campaña, sus propias vivencias como joven musulmán en la Nueva York posterior al atentado contra las Torres Gemelas: los controles aleatorios, las miradas inquisitivas, las experiencias traumáticas en los aeropuertos.

La islamofobia, lejos de ser un mero trauma adolescente, ha ocupado un lugar central en la campaña. Su rival demócrata Andrew Cuomo se rió cuando su entrevistador insinuó que Mamdani celebraría un nuevo 11 de Septiembre; la congresista trumpista Marjorie Taylor Greene publicó una imagen de la Estatua de la Libertad cubierta con una burka; y el New York Post lo asocia, un día sí y otro también, con el yihadismo. No es un detalle menor: Zohran Mamdani será el primer alcalde musulmán de Nueva York, una ciudad donde casi 10% de la población profesa el islam. Tras estos ataques, el candidato difundió un extenso video en el que afirmaba que «el sueño de todo musulmán es ser tratado igual que cualquier otro neoyorquino».

Para Mahmood y Zohran Mamdani, la identidad no es un mero artificio ni una declaración performativa; en su horizonte se vislumbra siempre una dignidad común donde la diferencia pueda celebrarse, un terreno de igualdad en el que lo plural y lo distinto encuentren espacio para florecer. Frente a la cooptación elitista que el Partido Demócrata ha hecho de la identity politics, el núcleo de la plataforma del joven Mamdani es otro: «mi política es la universalidad», ha repetido en numerosas ocasiones.

 

Así, más allá del énfasis en la capacidad adquisitiva, la universalidad es el nexo que une su visión de los programas sociales con su política exterior. Por un lado, la mayoría de sus propuestas, desde el transporte público hasta las guarderías, beneficiarían a cualquier neoyorquino, sin importar su renta ni su posición social. Durante su etapa como asambleísta estatal, Mamdani puso en duda la eficacia del programa Fair Fares [Tarifas justas], que pretendía reducir en 50% el costo de metro y autobús para los ciudadanos con menos ingresos. El problema, advertía, era que menos de la mitad de ellos lograba acceder a esa ayuda. De ahí su defensa de la universalidad por razones de justicia social y, sobre todo, de eficacia. «Cuando se le pide a la clase trabajadora que supere una carrera de obstáculos burocrática para acceder a una ayuda, se acaba dejando fuera a la mayoría. En cambio, cuando una medida es universal, los beneficios se multiplican: no son solo económicos. Son también seguridad pública, cohesión social y tranquilidad para todo el mundo».

Por otro lado, Mamdani, siempre firme en su oposición a lo que califica abiertamente de «genocidio» palestino, ha ido avanzando, a lo largo de la campaña, hacia una retórica de «humanidad común», una posición que nace de «la defensa de la universalidad de los derechos humanos». Sin recurrir a un lenguaje frío o legalista, el candidato ha tratado de anclar su apoyo a la causa palestina en el carácter necesariamente universal del derecho internacional, llegando incluso a declarar que ordenaría la detención de Benjamin Netanyahu si este pusiera un pie en Nueva York.

Interrogado sobre si reconoce el «derecho a existir» de Israel, respondió afirmativamente. Sin embargo, cuando en otra ocasión le preguntaron por el derecho de Israel a existir como Estado judío, su réplica cambió: «Ningún Estado debería existir con un sistema de jerarquías basado en la raza o la religión», subrayando que ese criterio aplica por igual a cualquier proyecto etnonacionalista, sea en Israel, Arabia Saudita o la India. Más aún, en unas declaraciones que suscitaron un amplio debate, y tras reafirmar por enésima vez su compromiso con la «universalidad», añadió: «No encuentro mejor manera de ilustrar mi postura [sobre el conflicto] que con las palabras de las familias de los rehenes israelíes: todos por todos (everyone for everyone)».

«En una época de oscuridad, Nueva York puede ser un halo de luz». La frase, ya símbolo de su campaña, resuena en casi todos los mítines de Mamdani, desde Brooklyn hasta el Bronx. Aunque el éxito de su aventura política tenga mucho que ver con factores locales –los escándalos sexuales de Andrew Cuomo, el sistema de ranked choice voting (voto por orden de preferencia) y el respaldo cruzado del contralor (judío) de la ciudad Brad Lander en las primarias, la caída en desgracia del alcalde demócrata Eric Adams, marcado por la corrupción, o la presencia de un candidato republicano tan heterodoxo como Curtis Sliwa–, su victoria encierra una promesa universal. Porque, por mucho que Nueva York sea Nueva York –la ciudad universal por excelencia; el epicentro global, al mismo tiempo, del capitalismo y de la diversidad–, pocas veces una contienda municipal había despertado tanto interés (y tanta esperanza) en tantos rincones del planeta. «Es la misma lucha por la libertad», parece decirnos Zohran Mamdani, evocando las palabras de su padre más de medio siglo después.

 

Artículo originalmente publicado en: https://nuso.org/articulo/las-raices-ideologicas-del-socialista-que-gobernara-nueva-york/

Otros dos exministros de Rodríguez Saá en la mira de la Justicia

La Fiscalía de Estado de San Luis amplió una denuncia por presuntas irregularidades en la administración del campo “El Caburé”, un predio rural ubicado entre Batavia y Buena Esperanza que pasó a manos de la Provincia tras rescindirse el contrato con la firma El Caburé S.A. en 2017.

La acusación apunta a los exministros de Producción del gobierno de Alberto Rodríguez Saá: Sergio Freixes y Juan Lavandeira. ¿El motivo? No existe constancia oficial sobre qué ocurrió con las cosechas, el ganado y la explotación productiva de ese campo durante cinco años, entre la rescisión del contrato y el final del mandato en 2023.

Según el Fiscal de Estado Adjutor, Rafael Berruezo, el Estado provincial no tomó posesión efectiva del campo, y no hay registros de ingresos, movimientos de animales ni producción. La denuncia habla de posible peculado, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público, señalando un presunto perjuicio al patrimonio provincial.

En síntesis, la Justicia deberá determinar quién manejó ese campo, qué se produjo, quién se benefició y por qué no hay documentación sobre una explotación rural que, según entiende el fiscal, podría haber generado ingresos que nunca entraron al Estado.

Tres claves de la elección en Potrero de los Funes: seis candidatos, alianza libertaria con Poggi

Este domingo 9 de noviembre, los vecinos de Potrero de los Funes elegirán intendente y concejales municipales. Será la última elección del año en la provincia y nuevamente se utilizará el sistema de Boleta Única Papel, un mecanismo reconocido por su simpleza, transparencia y agilidad.

A continuación, tres claves para entender la oferta electoral.

1) La Libertad Avanza ratifica su alianza con Poggi

El espacio que lidera el presidente Javier Milei no presenta candidatura propia en Potrero. En cambio, decidió sostener su acuerdo político con Ahora San Luis, el frente provincial que encabeza el gobernador Claudio Poggi.

De esta manera, los libertarios respaldan la postulación de Ignacio “Nacho” Olagaray, candidato de Ahora San Luis.

2) Dos (ex)intendentes vuelven a competir

Entre los seis postulantes figuran dos dirigentes que ya pasaron por la intendencia de la localidad:

  • Daniel Orlando, intendente en tres períodos (2009, 2013 y 2017).

  • Damián Gómez, quien ocupa el cargo desde 2021.

Ambos vuelven a la contienda con el objetivo de recuperar y/o seguir en la conducción municipal.

3) El GEN va sólo con concejales

El Partido GEN participará en la elección únicamente con lista para el Concejo Deliberante. No lleva candidato a intendente, pero sí competirá por las bancas legislativas locales.

Boleta Única Papel: cómo se vota

Los casi 3 mil electores habilitados contarán con una boleta única que permite:

  • Voto lista completa: con una sola marca se elige intendente y concejales del mismo espacio.

  • Voto combinado: si el votante desea elegir un candidato a intendente y concejales de otro espacio, deberá marcar cada categoría por separado.

Candidatos a intendente

(según orden en boleta)

  • Frente Pueblo: Guadalupe Belén Arrascaeta

  • Movimiento Vecinal Potrero de los Funes: Tomás Sarmiento

  • Frente Justicialista: Damián Gómez

  • Frente Potrero Activo: Daniel Orlando

  • Alianza Ahora San Luis: Ignacio “Nacho” Olagaray

  • Movipro: Alfredo Stagnitta

Candidatos a concejales

(según orden en boleta)

Espacio Candidatos
Frente Pueblo Jorge Morán – Patricia López
Movimiento Vecinal Potrero de los Funes Francisco Artese – Claudia Panza
Frente Justicialista María Andrea Gerez – Hernán Sosa Araujo
Frente Potrero Activo David de la Reta – Navila Zuccaro
Alianza Ahora San Luis Cristina Vallejo – Martín Villegas
Movipro Andrea Lizaso – Germán Castro
Partido GEN (sin intendente) Sebastián Funes – Valeria Nordeman

Poggi celebró el diálogo institucional y destacó la necesidad de acuerdos para el crecimiento del país

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, participó este jueves del encuentro institucional convocado por el presidente Javier Milei en Casa Rosada, al que asistieron 17 gobernadores y tres vicegobernadores. Tras la reunión, el mandatario puntano destacó el tono del encuentro y la coincidencia en avanzar en una agenda legislativa que permita reactivar la economía y fortalecer el desarrollo federal.

Fue una reunión institucional cordial donde el Presidente nos planteó la necesidad de avanzar en cuatro leyes importantes”, expresó Poggi en referencia al presupuesto nacional, la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma penal que el Gobierno Nacional impulsará en sesiones extraordinarias.

El gobernador remarcó que el objetivo común es que el país salga adelante: “Estas reformas van a permitir destrabar el crecimiento y, más allá de matices, todos queremos que a la Argentina le vaya bien y retome el camino de crecimiento”.

Poggi insistió en la importancia del diálogo federal como herramienta para construir soluciones: “Estos espacios de diálogo son importantes para construir consensos que nos permitan crecer como país y como provincias”.

La reunión convocó a mandatarios de todo el país, entre ellos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), entre otros. También participó el equipo completo del Gobierno Nacional.

Con esta convocatoria, la Casa Rosada volvió a reunir a gobernadores en el marco de una agenda orientada a destrabar acuerdos legislativos y avanzar en reformas consideradas estratégicas por la administración nacional. Poggi, en esa línea, reafirmó el compromiso de San Luis con el diálogo, el consenso y una agenda de desarrollo federal.