La agenda judicial de San Luis sumó este martes un movimiento de peso: el gobernador Claudio Poggi firmó y elevó a la Legislatura tres proyectos de ley que apuntan a modificar procedimientos clave del sistema, con impacto directo en la agilidad, la transparencia y la organización interna de los fueros.
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Se trata de iniciativas que nacen de trabajos técnicos realizados junto al Superior Tribunal de Justicia, el Colegio Forense y los Colegios de Abogados, lo que les otorga un carácter consensuado dentro del esquema de reforma judicial.
1. Notificaciones electrónicas: el fin de las demoras y la traza manual
El primer proyecto introduce un cambio estructural en la manera en que se notifican las resoluciones judiciales. La propuesta define como regla el domicilio procesal electrónico, es decir, la casilla institucional del Poder Judicial que utilizan los abogados, y habilita un sistema automatizado de notificaciones para la mayoría de los actos.
Con el régimen vigente, entre la resolución y su notificación pueden pasar hasta cinco días hábiles. El nuevo sistema elimina ese intervalo, suprime miles de operaciones manuales y garantiza plena trazabilidad mediante un registro técnico de envío.
El esquema es mixto: las resoluciones habituales se notificarán por vía electrónica automatizada, mientras que los actos más sensibles —como demandas, citaciones personales o declaraciones de rebeldía— continuarán notificándose en el domicilio real.
Impacto en la organización interna
Los números muestran la dimensión de la carga operativa que hoy implica la confección de cédulas electrónicas. En 2024 se emitieron 257.673 notificaciones: 60.988 en el fuero Civil, Comercial y Ambiental; 29.503 en Familia, Niñez y Adolescencia; 82.441 en el Laboral; y 84.741 en el Penal.
En 2025, con corte a octubre, el total ya alcanzaba 186.574.
Solo en las áreas de Comunicaciones de la Primera y Segunda Circunscripción se desempeñan 44 agentes dedicados casi exclusivamente a estas tareas. Con el nuevo sistema, esa carga desaparece y el personal podrá reasignarse a funciones de mayor complejidad jurídica, sin incrementar la planta.
El proyecto entrará en vigencia cuando el Superior Tribunal disponga que el sistema informático está plenamente operativo.
2. Juicios orales más rápidos: fin del Tribunal de Impugnaciones y revisión horizontal
El segundo proyecto apunta a acelerar los juicios orales y a reducir los tiempos de revisión de las sentencias. La iniciativa propone suprimir el Tribunal de Impugnaciones penal y redistribuir sus funciones dentro de los Colegios de Jueces de cada circunscripción.
El corazón del cambio es la creación de un Recurso de Revisión Horizontal, que será resuelto por un tribunal de tres jueces sorteados, con revisión amplia de la sentencia y sin reenvío. De esta manera se busca cumplir con el estándar de doble conforme establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consolidado en precedentes como Mohamed, Duarte y Chambla.
El recurso de casación ante el Superior Tribunal solo se mantendrá cuando la revisión revoca la sentencia.
Reordenamiento del sistema penal acusado
El proyecto plantea:
- Optimizar la asignación de recursos judiciales.
- Fortalecer la imparcialidad en todas las etapas del proceso.
- Maximizar la disponibilidad de jueces para la celebración de juicios orales.
- Unificar criterios revisores dentro del Colegio de Jueces.
Los actuales magistrados de Impugnación pasarán a integrar esos Colegios, y las causas en trámite serán redistribuidas.
3. Un amparo más transparente y sin elección discrecional del juez
El tercer proyecto modifica la Ley de Amparo, con el foco puesto en evitar el “forum shopping”, es decir, la posibilidad de elegir estratégicamente el juzgado para presentar una acción.
A partir de la reforma, el amparo deberá presentarse ante el juzgado de primera instancia que corresponda por turno o sorteo, según la materia: civil, comercial, ambiental o laboral.
Si la acción es contra el Estado provincial o sus organismos, la competencia recaerá también en un juez de primera instancia asignado por turno o sorteo en la Primera Circunscripción.
Plazos e instancias
Uno de los cambios concretos es la ampliación del plazo para que la parte demandada responda el informe del artículo 7: pasa de tres a cinco días hábiles, equiparándolo a una contestación de demanda y fortaleciendo el derecho de defensa sin afectar la celeridad propia del amparo.
Los ejes de la reforma:
- Competencia según materia y asignación obligatoria por turno o sorteo.
- Intervención obligatoria de la Primera Circunscripción cuando el amparo es contra el Estado.
- Cinco días hábiles para que la autoridad demandada informe hechos, razones y ofrezca pruebas.
Los tres proyectos articulan un mismo propósito: agilizar, transparentar y modernizar el funcionamiento del Poder Judicial de San Luis. La digitalización plena de las notificaciones, el rediseño del sistema revisor penal y la actualización de la Ley de Amparo conforman un paquete de reformas que reordena competencias, redefine prácticas procesales y busca reducir las demoras que hoy tensan la relación entre la ciudadanía y la Justicia.
