Guillermo Genini revisita a José Santos Ortiz, el gran olvidado de Barranca Yaco

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La construcción de la memoria histórica depende de la disputa que sobre el pasado establecen distintas agencias e intereses de una sociedad. En ese conflictivo juego, la Historia profesional y científica es una parte del dificultoso proceso que determina qué recordar y qué olvidar del pasado común que nos brinda identidad. Este parece ser el caso de José Santos Ortiz, figura destacada de la historia de San Luis que encontró en Barranca Yaco, paraje ubicado al norte de la ciudad de Córdoba, un trágico final junto a Facundo Quiroga el 16 de febrero de 1835.

Por la trascendencia notable como caudillo federal de Quiroga, su muerte eclipsó a la de Ortiz desde el mismo momento de producido los asesinatos por parte de una partida comandada por el Capitán Santos Pérez quien tenía órdenes de los hermanos Reinafé, por entonces clan gobernante en la provincia de Córdoba, de no dejar testigos vivos del criminal atentado.

El contexto de este crimen era la recientemente conformada Confederación Argentina, organización laxa e inestable que se había formado tras la aceptación por parte de todas las provincias argentinas del Pacto Federal hacia fines de 1832.

En esta Confederación algunas atribuciones de las soberanías de los Estados provinciales argentinos, como la representación externa, fueron delegadas en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el cual las utilizaría con un criterio variable, según sus intereses.

Entre lo que se consideraba, no sin polémica, como una de las atribuciones delegadas por el Pacto Federal en Buenos Aires, era la intervención en los conflictos que estallaban entre los diferentes Estados argentinos o entre alguna provincia y un Estado extranjero.

Este fue el caso de la lucha que se produjo entre las provincias de Salta y Tucumán en 1834 donde se sospechaba de la influencia de emigrados unitarios y del General Andrés de Santa Cruz, Presidente de Bolivia, cuyo desenlace implicó la separación de la provincia de Jujuy del territorio salteño.

Para mediar entre ellas y poner fin a los enfrentamientos armados, el Gobernador de Buenos Aires Manuel Maza, haciendo uso de las facultades delegadas por los Estados confederados, organizó una Comitiva que debía llevar a cabo negociaciones entre los bandos enfrentados. Maza, bajo el influjo directo de Juan Manuel de Rosas, convocó para esta delicada misión a Facundo Quiroga, quien se encontraba residiendo en Buenos Aires desde fines de 1833.

A mediados de diciembre de 1834 Quiroga aceptó la delicada misión sólo con la anuencia directa y personal de Rosas. Por ello se concertó una reunión el 18 de diciembre en la quinta de Juan Nepomuceno Terrero en el pueblo de Flores a las afueras de Buenos Aires entre los principales implicados Quiroga, Rosas y Maza, más la presencia del influyente anfitrión, en donde se establecerían los objetivos y características de la misión.

En estas circunstancias hizo su aparición la figura José Santos Ortiz, convocado por Felipe Arana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Buenos Aires, para formar parte de la Comisión. Es muy probable que el propio Quiroga haya sido quien sugirió su nombre para formar parte de la misma, habida cuenta de su reconocida capacidad política, diplomática y administrativa, y su vínculo cercano con el caudillo riojano.

Quiroga y Ortiz tenían una larga vinculación política y personal cimentada a lo largo de años de compartir campañas militares, afinidades partidarias y consejos gubernativos. Su relación comenzó en octubre de 1820 cuando ambos combatieron activamente a los últimos sublevados del Batallón de Cazadores de los Andes y su aliado Francisco Aldao en la zona limítrofe entre La Rioja y San Luis. Esta relación se profundizó cuando Ortiz, ya como Gobernador de San Luis, solicitó a Quiroga auxilio y apoyo para combatir las invasiones de José Miguel Carrera a territorio puntano en 1821.

Inclinados ambos a la causa federal durante los agitados años del Congreso General (1824-1827), su entendimiento se profundizó cuando Facundo se convirtió en la figura dominante de Cuyo tras invadir e imponer su dominio en San Juan y Mendoza, quedando San Luis alineado con la política del caudillo riojano y bajo su protección militar por medio de las gestiones de Ortiz.

Esta situación se prolongó por varios años, incluso cuando Ortiz renunció como Gobernador en abril de 1829. Esta relación política se manifestó en la participación de Ortiz con el grado Coronel en la Batalla de Oncativo bajo el mando de Quiroga el 25 de febrero de 1830. Producida la derrota del riojano, Ortiz quedó prisionero de las tropas unitarias del General José María Paz, quien lo liberó sin condicionamiento sufriendo algunas rigurosidades.

Tras haber acompañado a Quiroga en su breve y forzada residencia en Buenos Aires, Ortiz se radicó en la provincia de Mendoza en donde ejerció como Ministro de Guerra y Relaciones Exteriores de sus gobiernos federales entre 1831 y 1833.

Un aspecto poco conocido de esta relación, y que demuestra el grado de cercanía y aprecio que se tenían, es el hecho que Quiroga gestionó en 1831 ante el Gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, una beca para que Pedro Ortiz Vélez, hijo de José Santos Ortiz e Inés Vélez, pudiera estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires.

Según documentos publicados por Mario Visiconti en 1977 y citados por Cruz Ortiz, Rosas otorgó la beca teniendo en cuenta “los servicios que ha prestado a la Patria el distinguido ciudadano Dr. José Santos Ortiz y los notables perjuicios que le han causado los anarquistas, habiendo arruinado considerablemente su fortuna y deseando darle un testimonio del aprecio que han merecido” (Ortiz, 1977. Pág. 14).

Es más conocido que Quiroga lo tuvo como uno de sus consejeros más reconocidos, e incluso lo propuso como un posible candidato a Presidente de la Confederación en un eventual gobierno constitucional, tal como lo señala Adolfo Saldías, en las polémicas que se suscitaron en la infructuosa Comisión Representativa convocada en cumplimiento del Pacto Federal con el gobierno de Corrientes sobre la conveniencia o no de avanzar en la Organización Nacional.

Saldías afirmó que Quiroga en 1832 “se mostraba partidario entusiasta de la organización nacional, y se había adelantado hasta propiciarle sufragios en las provincias á su consejero el doctor José Santos Ortíz para la futura presidencia de la República” (Saldías, pág. 129, 1892). Juan W. Gez también sostiene lo mismo, resaltando que Quiroga consideraba a Ortiz “uno de los hombres de gobierno más ilustrados y experimentados del interior, cosa que miraba mal Rosas”, por lo que desistió de sostener su postulación (Gez, 1916, pág. 323).

Tras la radicación de Facundo en Buenos Aires a fines de 1833, según Carlos Barreiro Ortiz los caminos de ambos personajes se volvieron a cruzar no por casualidad. Este autor, además de afirmar que Ortiz dejó Mendoza para reclamar las deudas que contrajo por el envío de las tropas puntanas a la Guerra del Brasil en donde había gastado gran parte de su fortuna personal, sugiere que la llegada de Ortiz a Buenos Aires a comienzos de 1834 se debió a un llamado de Quiroga. Éste habría requerido de la presencia de Ortiz “por motivaciones políticas de índole reservada” (Barreiro Ortiz, 1971, pág. 130).

En este estado se encontraba la relación entre Quiroga y Ortiz cuando se conformó la Comisión para mediar entre Tucumán y Salta. Pese a la confusión que se ha suscitado entre historiadores posteriores, no hay duda que Ortiz fue convocado como Secretario de la Comisión conformada con carácter diplomático por el Gobierno de Buenos Aires en uso de las facultades delegadas por el Pacto Federal, y por lo tanto, no era secretario privado o personal de Facundo Quiroga cuando partió al actual norte argentino el 19 de diciembre de 1834.

La prueba documental de esta afirmación fundamental la aporta Barreiro Ortiz en su destacada obra “Dos gobernantes puntanos” de 1971. En ella se afirma que el decreto de designación fue firmado por el Gobernador Maza el 16 de diciembre de 1834, es decir, pocas horas de partir, lo que indica que se trataba de una acción ya coordinada entre Quiroga y Rosas con el conocimiento y anuencia del puntano. Ortiz respondió a su designación con la siguiente nota:

“San José de Flores, diciembre 18 de 1834,

Año 25 de la Libertad y 19 de la Independencia.

Al Señor Oficial Mayor de Secretaría del Exmo. Gobierno de la Prov. de Buenos Aires, en el Departamento de Relaciones Exteriores.

Son en poder del que firma los documentos que el Señor Oficial Mayor de Secretaría se sirve acompañarle a su nota del 16, por lo que S.E. el Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia se ha servido nombrarle secretario, en la importante comisión encargada al Sr. Brigadier General D. Juan Facundo Quiroga, cerca de los Exmos. Gobernadores de Salta y Tucumán.

El que firma empleará todos sus esfuerzos para corresponder a la confianza con que S.E. a tenido la dignidad de honrarle.

Dios guarde al Sr. Oficial Mayor muchos años,

José Santos Ortiz”

Este importante documento ubicado por Barreiro Ortiz en el Archivo General de la Nación (A.G.N. sala X 16-6-6 1834-1837), permite precisar algunas circunstancias que han permanecido ignoradas (Barreiro Ortiz, 1971, pág. 132). Ortiz fue nombrado Secretario de la Comisión el mismo día, 16 de diciembre de 1834, y bajo los mismos instrumentos legales que el propio Quiroga, decreto del Gobernador Maza, y con la misma condición diplomática que le confería inmunidad, por ser parte de la misión encargada al “Comisionado Representante del Gobierno de Buenos Aires”.

La contestación de Ortiz se produjo en San José de Flores, al igual que la de Quiroga, lo que indica que José Santos Ortiz se encontraba presente en la trascendental reunión que tuvo lugar en la quinta de Terrero, y, por lo tanto, también se encontraba junto a Quiroga cuando éste se entrevistó al día siguiente con Rosas en la Hacienda de Figueroa en San Antonio de Areco, habiendo viajado en la misma diligencia.

Según este documento, sin duda que el rol de Ortiz fue de enorme importancia en la misión encargada por el gobierno de Buenos Aires, toda vez que la Comisión era portadora de la famosa “Carta de la Hacienda Figueroa”, en donde Rosas le detalló a Quiroga su pensamiento sobre la Organización Nacional, contrario a su implementación inmediata. Esta importancia también quedó de manifiesto en el tratado firmado en Santiago del Estero entre los gobiernos de Salta, Tucumán y Santiago del Estero el 6 de febrero de 1835 que establecía la paz entre esos estados provinciales.

Un día antes Quiroga, como Represente de Buenos Aires, y Ortiz, como Secretario, firmaron la comunicación ante esos gobiernos provinciales que daba cuenta del cumplimiento de su misión.

Pese a varias advertencias sobre el atentado contra su vida, Quiroga desestimó el ofrecimiento de custodia armada tanto en Buenos Aires como en Santiago del Estero.

El 16 de febrero de 1835 en el paraje Barranca Yaco antes de llegar a la posta de Sinsacate, fue asesinado junto a Ortiz y toda la comitiva que lo acompañaba. Si bien, el jefe de la partida atacante tenía la orden de no dejar testigos, dos acompañantes de Quiroga y Ortiz, el correo Agustín Marín y el ordenanza Santiago Funes, presenciaron los crímenes. Estos dos testigos fueron claves para que años después se juzgara y castigara a los culpables no en Córdoba, sino en Buenos Aires, argumentando que Quiroga y Ortiz eran representantes de ese gobierno.

Según los documentos publicados en 1837 del juicio que se llevó a cabo por el gobierno de Buenos Aires, queda claro que el marco de justificación se dio dentro de una interpretación aceptada por las provincias confederadas. Rosas logró de otros gobernadores federales ser reconocido como autoridad legítima para castigar estos crímenes. Por ejemplo, Felipe Ibarra de Santiago del Estero afirmó que «trabajará hasta descubrir a los verdaderos culpables y arrastrarlos a un tribunal nacional cuyo fallo no será impotente».

Según el historiador José María Rosas, tras desentrañar las maniobras dilatorias, Rosas exigió en junio de 1835 al gobierno de Córdoba la entrega de los cuatro hermanos Reinafé, de Santos Pérez y de los milicianos que participaron de la masacre en Barranca Yaco para ser juzgados «por el tribunal que designen las provincias confederadas”, es decir, según las disposiciones del Pacto Federal, por el gobierno de Buenos Aires (Rosa, 1972, pag. 218 y 234).

El argumento principal de la legitimidad del juicio en Buenos Aires lo constituía la condición de Quiroga y Ortiz como representantes de ese gobierno y que, por lo tanto, gozaban de protección diplomática. El uso de las facultades delegadas por el Pacto Federal para encargarse de las causas “nacionales” completó la argumentación. El elegido por Rosas para llevar a cabo los sumarios y proponer sentencia fue Manuel Maza, el mismo que había designado a Quiroga y Ortiz para la Comisión. En su respuesta ante los planteos de la defensa, sostuvo:

“¿Hay algun derecho, por el que pueda perseguirse, y castigarse el último de los crímenes cometido contra el derecho de las naciones en la persona de un Representante caracterizado? La contestacion no está sugeta á controversia. El Exmo. Sr. Brigadier General D. Juan Facundo Quiroga se merecia aquellos respetos, que se merece el Gobierno a quien iba representando: los que atentaron contra su vida, los que no respetaron su inmunidad asi personal como real, se hicieron reos de otros tantos delitos contra el derecho de gentes ; y se hicieron tambien reos, porque violaron el salvoconducto con que transitaba por la Provincia de Còrdoba, á fin de cimentar la primera ley que reconocen las naciones, la paz pública, desgraciadamente alterada en algunos de los Estados de la Confederacion Argentina. La persona, en suma, del Sr. General Quiroga, la de su Secretario, General Ortiz, y cuanto pertenecia á su comitiva, era sagrado.” (Causa criminal, 1837, pág. 122).

La portada de la publicación oficial de 1837 aludida, si bien con el consabido error de identificar a Ortiz como Secretario de Quiroga, demuestra que ambas figuras fueron consideradas como destacadas en esos momentos. Cabe esperar que la memoria histórica rescate a sendos personajes que en vida compartieron mucho más que el trágico final de Barranca Yaco.

 

Bibliografía:

BARREIRO ORTIZ, Carlos. Dos gobernantes puntanos. José Lucas Ortiz, José Santos Ortiz. Buenos Aires, Glaux, 1971.

BUENOS AIRES, Causa criminal seguida contra los autores y cómplices de los asesinatos perpetrados en Barranca Yaco. Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1837.

GEZ, Juan W., Historia de San Luis, tomo 2. Buenos Aires, Weiss y Preusche, 1916.

ORTIZ, Cruz, José Santos Ortiz. Primer gobernador de San Luis. San Luis, Painé, 1997.

ROSA, José María, Historia Argentina, tomo 4. Buenos Aires, Oriente, 1972.

SALDÍAS, Adolfo, Historia de la Confederación Argentina, tomo 2. Bueno Aires, Felix Lajouane, 1892.

*Artículo publicado originalmente en la página de facebook del colectivo Historiadores de San Luis

El Bicentenario del Combate de Las Leñas y el exilio del Presbítero José de Oro en San Luis

Por Guillermo Genini.
Integrante del colectivo Historiadores de San Luis.

El pasado 9 de septiembre se cumplieron 200 años del Combate de Las Leñas, que tuvo lugar en esa localidad de Pocito, en la provincia de San Juan. Este enfrentamiento, uno de los primeros de tantos que hubo durante las guerras civiles argentinas del siglo XIX, sería algo ajeno a la historia de San Luis, salvo porque, como parte de sus consecuencias, se produjo el exilio y permanencia en San Francisco del Monte en la jurisdicción de San Luis del Presbítero José de Oro, y posteriormente de su sobrino Domingo Faustino Sarmiento, entre 1825 y 1826.

Para ensayar una explicación adecuada sobre este hecho de gran trascendencia histórica, es necesario abordar un contexto completo que implica vincular la realidad que vivían en la década de 1820 las tres provincias cuyanas, San Juan, Mendoza y San Luis. Esto nos permitirá ampliar la mirada a una dimensión regional sobre un hecho histórico de gran significación simbólica y cultural, que se celebrará en nuestra provincia el año próximo, y que algunos aficionados a la Historia atribuyen equivocadamente al enfrentamiento entre unitarios y federales.

Cuando el propio Sarmiento en su conocida obra “Recuerdos de Provincia” hace mención de este hecho, describe la situación por la que debió pasar el “presbítero militar”, como lo definió alguna vez a su tío. Sostuvo: “Después de la batalla de las Leñas, en que los suyos fueron vencidos, don José de Oro emigró a San Luis, y fui yo a poco a reunírmele, abandonando la carrera de ingeniero que había principiado. Nos queríamos como padre e hijo, y yo quise seguirlo, y mi madre por gratitud lo aprobaba”.

El uso del término “emigró” oculta que en realidad su tío fue desterrado o expatriado a San Luis, y, sobre todo, los motivos de esa expulsión de San Juan. Para conocer las poderosas razones que llevaron a Sarmiento a disimular estas circunstancias hay que tener en cuenta que tanto el Presbítero Oro, como el gobernador de San Juan por aquellos años, Salvador María del Carril, eran liberales, y que el antagonismo que tuvieron ambos en la política sanjuanina a raíz de la sanción de la Carta de Mayo en julio de 1825, creó en el joven Sarmiento un conflicto interno de difícil resolución, evento que se vio reflejado en su virtuosa pluma en escritos posteriores.

En sus Obras Completas puede leerse en varios pasajes que su tío era un católico liberal, pero opuesto a Del Carril, seguidor de la política anticlerical de Bernardino Rivadavia que se implementó en Buenos Aires: “Yo fui educado por un sacerdote liberal, adversario de Rivadavia” (O.C., tomo 52, p. 303), y cuando se refiere a su tío sostuvo que “su oposición católica liberal a la política innovadora del doctor Salvador María del Carril, quien fue depuesto por un motín de la guarnición y restablecido por fuerzas de Mendoza, al mando de los hermanos Aldao, liberales entonces”, refuerza esta circunstancia, que por azar de la Historia lo llevó a San Luis.

Salvador María del Carril fue electo gobernador de San Juan a comienzos de 1823. Su figura se alineó de inmediato con la política liberal del porteño Rivadavia, incluyendo su acción en contra de las órdenes religiosas, a las cuales suprimió y expropió sus bienes inmuebles y rentas. Ello implicó la supresión de los conventos, en especial de los dominicos. En San Juan, esta acción en contra de una de las instituciones más importantes y tradicionales de la sociedad hispano-criolla causó un encono poco disimulado. Este ataque afectó directamente a la familia de Sarmiento, puesto que su madre era ferviente seguidora de la Orden de Santo Domingo, al punto de llamar a su hijo Domingo, aunque ese no era su nombre real.

Cuando Del Carril sancionó la Carta de Mayo, una declaración liberal de derechos del ciudadano que establecía la libertad de cultos y la separación entre la Iglesia y el Estado, en julio de 1825, la oposición a su contenido se transformó en un reclamo de vastos sectores de la sociedad sanjuanina encabezada por monjes y sacerdotes católicos, entre ellos el Presbítero José de Oro, que veían como una afrenta su sanción y vigencia. Pese a numerosas quejas y reclamos, transformadas pronto en advertencias de rebelión, el gobernador sanjuanino siguió adelante con su plan de reformas de inspiración rivadaviana, confiado en el apoyo de la Legislatura y las fuerzas militares provinciales.

En un ambiente de gran tensión y profunda división interna de los sectores propietarios, el 26 de julio de 1825 se sublevó parte de las tropas de milicias en el Cuartel de San Clemente, que tomaron por la fuerza la capital provincial. Los milicianos sublevados capturaron a Del Carril, ordenaron quemar la Carta de Mayo y disolvieron la Legislatura y el Poder Judicial. Los partidarios de Del Carril se organizaron e iniciaron una esforzada resistencia armada, primero en la ciudad y luego en Angaco. Los sublevados eligieron como gobernador provisorio a Plácido Fernández Maradona, quien contó con el apoyo de los sacerdotes católicos que instigaron el levantamiento, entre ellos el Presbítero Oro.

El gobernador Del Carril se vio forzado a renunciar, y tras un acuerdo transitorio firmado el 6 de agosto, fue puesto en libertad a cambio de desarmar las fuerzas que lo apoyaban. Pocos días después concertó su partida como expatriado a Córdoba, pero se dirigió a Mendoza, en donde sus partidarios comenzaron a concentrarse con el objetivo de retornar al gobierno. De inmediato denunció las violencias de las que había sido víctima y solicitó a los gobiernos de Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba y al Congreso General reunido en Buenos Aires apoyo para recuperar el poder.

Ante esta situación, el gobierno provisional de San Juan, sobre todo por medio del Ministro de Gobierno, el Presbítero José Manuel Astorga, organizó la resistencia de sus fuerzas ante la inminente intervención que se gestaba en Mendoza. En esa provincia, la Legislatura y el gobernador Juan Correas, tras algunas vacilaciones, decidieron apoyar la restitución de Del Carril, con el compromiso de que San Juan pagaría el costo de la expedición. Para ello movilizaron las fuerzas militares mendocinas al mando del Coronel José Aldao, secundado por sus hermanos, el ex fraile José Félix Aldao y Francisco Aldao. Junto a ellas marchó la Legión Auxiliar, integrada por emigrados sanjuaninos, incluido el propio Del Carril a comienzos de septiembre de 1825.

Fracasadas las negociaciones para evitar el enfrentamiento armado, el encuentro se produjo el 9 de septiembre en el sitio de Las Leñas, en Pocito, a escasos kilómetros al sur de la ciudad de San Juan. Es por ello que también se conoce a este combate como la Primera Rinconada de Pocito. Las tropas sanjuaninas a última hora sufrieron la deserción en un confuso episodio de su comandante el Coronel Manuel Olazabal, por lo que el propio Presbítero Astorga debió dirigir el combate. Superadas por una dirección militar veterana y el mejor armamento de las fuerzas de Aldao, tras varias maniobras, las tropas de infantería y caballería sanjuaninas se desbandaron al mediodía y huyeron hacia la ciudad. Dejaron en el campo de combate varios muertos, más de 200 prisioneros y todo su equipamiento.

Ante la desastrosa derrota de los defensores, las tropas mendocinas y los emigrados sanjuaninos ocuparon rápidamente la ciudad, atrapando a los cabecillas de la rebelión, entre ellos al Presbítero Oro. De inmediato se restituyó la Legislatura y el 12 de septiembre ante ella, Del Carril reasumió el gobierno, para renunciar de inmediato. La ingrata tarea de reprimir y hacer justicia con los alzados, acción que el gobernador renunciante no quiso asumir, estuvo a cargo de José Navarro, Presidente de la Legislatura, elegido como nuevo gobernador para completar el período.

A Navarro le cupo tomar las primeras medidas contra los vencidos: multas y contribuciones forzadas sobre los bienes de los cabecillas del movimiento de 26 de Julio para pagar a las tropas mendocinas, cárcel para algunos de ellos y el inicio de los procesos penales por sublevación, traición, resistencia armada y otros graves cargos. El juzgamiento fue breve y sumario, dando como resultado la culpabilidad de todos y la pena de muerte para varios de ellos. Pero, ante la súplica de gran parte del vecindario, el 16 de septiembre de 1825, y al amparo de las facultades extraordinarias otorgadas por la Legislatura, Navarro condonó la pena de muerte por destierro y confiscación de sus bienes. Según Horacio Videla, ese día se decretó que el Presbítero Astorga “saldrá desterrado para el Estado de Chile, quedando todos sus bienes concedidos a favor (confiscados) del erario público. // Saldrán asimismo desterrados para el mismo destino Don José de Oro, Don Juan José Robledo y Don Manuel Torres” (Videla, tomo 3, p. 671).

El destierro del Presbítero Oro, sin embargo, cambió el destino. Desconocemos los motivos de tal medida, pero es posible suponer que, pasado el encono inicial, se suavizara el castigo de los condenados. Algunos indicios sugieren que estando en Mendoza, ya camino a Chile, el gobernador Navarro permitió que el destierro se cumpliera en San Luis, jurisdicción donde ambos habían compartido el confinamiento en 1819 y 1820. Cabe recordar que Oro se enfrentó políticamente con el Teniente Gobernador de San Juan, José Ignacio de la Roza, en 1818. A raíz de ello, fue desterrado a San Luis, en donde permaneció hasta comienzos de 1820, cuando huyó de La Carolina a San Juan en cuanto supo del derrocamiento y expulsión de De la Roza.

De esta manera, el Presbítero José de Oro inició su segundo destierro en San Luis a fines de 1825, debiendo cumplirlo en esta ocasión en San Francisco del Monte, en lugar de la ciudad de San Luis y La Carolina, como en la primera ocasión. Cabe suponer la anuencia para ello del gobierno de Santos Ortiz, ya que se le permitió la administración de los sacramentos en esa población.

Según se ha podido precisar, lejos estuvo en el origen de la expatriación del Presbítero Oro en San Luis el largo conflicto entre unitarios y federales, sino que estuvo vinculado directamente a las disputas internas entre los sectores propietarios sanjuaninos, enfrascados en amargas y sangrientas rencillas religiosas. Bajo estas extraordinarias circunstancias se produjo la partida del joven Domingo Faustino Sarmiento de San Juan, con la anuencia de su familia de profundas creencias católicas, para acompañar a su amado tío “sacerdote liberal” en su exilio puntano.

 

Fuentes y bibliografía

BELIN SARMIENTO, Augusto (Editor). Obras completas de Sarmiento, tomo 52. Buenos Aires, Márquez, Zaragoza y Cia, 1902.

HUDSON, Damián, Recuerdos históricos sobre la provincia de Cuyo 1808-1875, tomo 2. Buenos Aires, Imprenta de Alsina, 1898.

LARRAIN, Nicanor, El país de Cuyo. Buenos Aires, Imprenta de Juan Alsina, 1906.

SARMIENTO, Domingo Faustino, Recuerdos de Provincia. Santiago, Imprenta de Julio Belin, 1850.

VIDELA, Horacio, Historia de San Juan, tomo 3. Buenos Aires, Academia del Plata, 1972.

Pringles visto por su Comandante Rudecindo Alvarado

El célebre militar salteño Rudecindo Alvarado fue un protagonista principal de muchos episodios notables de las guerras por la Independencia en América. Compartió innumerables campamentos, marchas y combates con los más destacados jefes y oficiales de las tropas revolucionarias: Manuel Belgrano, José Rondeau, Gregorio Las Heras, Antonio Sucre. Entre ellos se destaca su participación en las campañas de Chile y Perú bajo el mando del General José de San Martín.

Su figura se vio presente en las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, además de haber encabezado como comandante distintas operaciones y combates durante la Campaña de Chile como en la sangrienta Batalla del Biobío en enero de 1819 al mando del Batallón de Cazadores de los Andes. Tras regresar a Cuyo por orden de San Martín para reorganizar parte del Ejército de los Andes, Alvarado logró retornar a Chile en enero de 1820 con las tropas que habían podido ser preservadas bajo obediencia frente a la sublevación que protagonizaron los Cazadores de los Andes en San Juan. Tras cruzar la Cordillera de los Andes por el paso de Portillo con dirección a Rancagua en Chile, San Martín lo nombró Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballos. En esta condición fue Comandante del Oficial Juan Pascual Pringles, quien se sumó como granadero en noviembre de 1819 en San Luis.

Alvarado escribió parte de sus memorias posiblemente en 1824 cuando pudo reposar de una vida agitada donde se mezclaron victorias y derrotas en los campos de batalla, además de una zigzagueante actuación política que lo llevó a ocupar las gobernaciones de Puno, Mendoza y Salta. Estas memorias fueron publicadas por primera vez por Museo Histórico Nacional, con el título de Autobiografía en 1910 y posteriormente como Memoria histórico-biográfica en la Biblioteca de Mayo en 1960.

En este escrito personal relata sus experiencias al frente del Regimiento de Granaderos a Caballos en la campaña peruana. En ella se presenta su valoración sobre la actuación bajo su mando del Teniente Pringles, hecho poco conocido en la historiografía argentina y local. A continuación reproducimos los pasajes más notables de sus recuerdos sobre Pringles centrados en el encuentro de Pescadores y las proyecciones en el Perú de la Sublevación de los prisioneros realistas en San Luis:

“Apoyaron mi pensamiento [de lograr el pase del Batallón de Numancia a las filas sanmartinianas], y aunque muy avanzada ya la noche, volví hacia el General [San Martín] insistiendo en mi idea hasta que con notable fastidio me dijo: «Haga usted lo que quiera, mas no olvide que deben inutilizarse muchos caballos que no tenemos como reemplazar».

Con aprobación tan poco satisfactoria de parte del General regresé a Huacho, llevando conmigo un joven peruano que me proporcionó el doctor Monteagudo y que había sido el intermediario de las relaciones con el batallón Numancia, muy práctico de aquellas localidades, vivo e inteligente y de la entera confianza de los patriotas oficiales de dicho batallón. A las cuatro de la tarde del día siguiente despaché dicho joven con comunicaciones para los oficiales numánticos, y le hice acompañar con una partida de dieciocho granaderos a caballo, hasta el punto de Pescadores, distante tres leguas de Chancay, donde debía separarse para entregar mis comunicaciones. Esta partida, a cuyo frente estaba el teniente Pringles, debía conservarse en otro punto de Pescadores hasta que regresara el enviado con la contestación; pero si por cualquiera circunstancia se retardasen las contestaciones, o se presentasen fuerzas enemigas, se retirará por el mismo camino que había llevado sin comprometer choque alguno. Marché en el mismo día con los regimientos de granaderos y cazadores a caballo; en el camino recibí el primer aviso de haber pasado el joven peruano a Chancay. Continué mi marcha y cuando llegué a Pescadores con mis fuerzas encontré las huellas de un combate, que impresas en aquel inmenso medanal, me probaron la pérdida completa de Pringles y la partida de su mando”.

A esta primera mención le siguen otras donde Alvarado relata, tras haber logrado el pase del batallón Numancia, el destino de Pringles en manos del Comandante Jerónimo Valdés: “Por los oficiales del Numancia supe que el joven peruano, que les llevó mis comunicaciones, lo habían hecho pasar inmediatamente a Lima a llamar al capitán don Tomás Heres, que era quien debía encabezar la revolución, y había quedado enfermo, razón porque no regresó a Pescadores. Fui igualmente instruido, que avisado Valdés de existir en dicho punto una partida de tropa patriota, marchó él mismo, con dos escuadrones a tomarla, como lo logró; no por sorpresa, sino porque el imprudente y temerario arrojo de Pringles así lo quiso, pues recibió oportunamente aviso de un centinela, colocado en una altura, que por el camino directo de la playa venía un escuadrón, y otro por un flanco a cortar la retirada, pero Pringles contestó: «Batiremos a los dos». Con sus dieciséis granaderos cayó sobre el escuadrón de su frente, y, rechazado, cargó el de retaguardia, que le dio igual lección; tiróse entonces al mar, de donde Valdés logró hacerle salir con generosos ofrecimientos. Me indigné contra Pringles al conocer estos detalles, y le habría sometido a juicio, cuando fue canjeado, si no se hubiera interpuesto a evitarlo el General”.

Sin duda que la descripción de Alvarado resalta el incumplimiento de sus órdenes por parte de Pringles, hecho que fue considerado por San Martín al momento de realizar una ponderación de su actuación. Igualmente destaca la notable actitud del jefe realista de salvar la vida del puntano y sus hombres sobrevivientes.

El pase del Numancia agitó las fuerzas realistas que propusieron un armisticio para realizar tratativas de tregua. Alvarado y Valdés formaron parte de los comisionados de dialogar y en estas circunstancias el nombre del Teniente Pringles volvió  se mencionado por Alvarado:

“Tocó Valdés otros puntos, como el de manifestar una sorpresa porque el Coronel Dupuy tuviera un puesto en nuestro estado mayor, siendo el asesino de los prisioneros españoles, en la época que gobernó en San Luis, a lo que contesté que se hallaba muy equivocado en su juicio, pues los asesinos aleves habían sido los prisioneros, que tratados generosamente por Dupuy tenían entrada franca a toda hora en su casa, y alguno de ellos hasta era su huésped. Allí fue sorprendido Dupuy, ultrajado y aun herido y habría sido muerto si el asalto que simultáneamente ejecutaban sobre las guardias de la cárcel y el cuartel, no hubiesen sido rechazados, circunstancia que conmovió al pueblo que se arrojó en protección de su gobernador y exterminó a los jefes españoles sin que aquél pudiera estorbarlo y terminé mi alocución diciendo a Valdés: «Tiene usted prisionero al Teniente Pringles, que siéndolo de una compañía de milicias y viviendo en una casa inmediata a la del gobernador, fue el primero que por los techos penetró en dicha casa y abrió la puerta de la calle, cerrada intencionalmente por los conspiradores» y concluí diciendo: «Coronel Valdés, su prisionero puede dar a usted más detalles».

Esta última mención de Alvarado sobre Pringles dista notablemente sobre lo que se sabe de la conducta del puntano en manos españolas, pues se afirma que para no ser vinculado con la sublevación de los jefes realistas confinados en San Luis, dijo ser oriundo de Córdoba.

En todo caso el testimonio de Alvarado nos permite vislumbrar cómo se conocía ese episodio sucedido el 8 de febrero de 1819 en el Perú tanto en su versión dada por los revolucionarios como por los realistas. Sin embargo, cabe resaltar que Alvarado destaca la actuación de Pringles en ese trágico evento de San Luis, identificándolo como el primero en ingresar a la casa de los Osorio a rescatar al Teniente Gobernador Vicente Dupuy. Por otra parte, tal vez por causa de la ofuscación contra la actitud que había tenido Pringles en Pescadores, Alvarado puso en peligro la vida del puntano al señalar a Valdés su identidad, hecho que aparentemente no tuvo consecuencias inmediatas en su condición de prisionero.

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Fuente: Colección Documental de la Independencia del Perú, Memorias, diarios y crónicas, tomo 26, volumen 2. Lima, Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971

Bibliografía: Gutiérrez, Gabriel Gustavo, San Luis: caliente febrero de 1819. La sublevación de los prisioneros y confinados españoles del 8 de febrero de 1819. San Luis, Consejo Deliberante de la ciudad de San Luis, 2023.

 

El proceso de Independencia de San Luis en febrero de 1820

San Luis había sido una jurisdicción que se comprometió con el proceso revolucionario iniciado en Buenos Aires en mayo de 1810 y brindó sus recursos materiales, humanos y financieros a la causa sanmartiniana desde 1814. Sin embargo, en medio de un ambiente de conflicto interno entre el gobierno central de Buenos Aires y las fuerzas artiguistas que defendían un naciente federalismo, San Luis a comienzos de 1820 rápidamente entró en un proceso revolucionario que dio como resultado el surgimiento y la organización de un estado provincial que se proyecta como una entidad concreta hasta el presente.

El 8 de enero de 1820 el Batallón de Cazadores de los Andes se sublevó en San Juan y con ello se inició la crisis del orden sanmartiniano y la rápida disolución de la Gobernación Intendencia de Cuyo con capital en Mendoza. El 17 de enero el Gobernador Intendente de Cuyo, Toribio de Luzuriaga, renunció a su cargo en Mendoza y encargó el gobierno al Cabildo mendocino. En San Luis, el Teniente Gobernador Vicente Dupuy se mantuvo fiel al orden sanmartiniano y obedeció las instrucciones que llegaban desde Mendoza. El 22 de enero Dupuy presentó su renuncia al Cabildo de San Luis, pues era su intención dirigirse a Chile junto con las últimas tropas del Regimiento de Granaderos a Caballo que dejaron San Luis. Pero, a ruego del Cabildo y de un sector del vecindario, permaneció en el mando, lo que disgustó a un notable sector opositor a su continuidad.

Pese a una aparente tranquilidad, las tensiones acumuladas estallaron el 15 de febrero de1820 cuando las milicias que Dupuy había concentrado en la ciudad de San Luis para combatir a los sublevados de San Juan, se sublevaron en su contra y lo depusieron. Ese día por la mañana Dupuy fue detenido, encadenado y conducido a la cárcel del Cabildo. La asonada fue encabezada por Tomás Baras y el Capitán de Milicias Luis de Videla. Posteriormente se realizó un tumultuoso Cabildo Abierto que decidió sacar a los cabildantes partidarios de Dupuy, nombrando a otros en su lugar, y forzando a aceptar la renuncia del Teniente Gobernador depuesto.

El 19 de febrero el nuevo Cabildo accedió al pedido de las milicias para expulsar a Dupuy y enviarlo al exilio fuera del territorio puntano. Finalmente, y como consecuencia directa de la situación creada el 15 de febrero, se convocó a todos los vecinos importantes de San Luis a un Cabildo Abierto para decidir el futuro de la jurisdicción. El 26 de febrero de 1820 se reunieron en la Plaza de Armas, hoy Plaza Independencia, vecinos de la ciudad y de la campaña en la asamblea más importante, popular y multitudinaria de la historia de San Luis a juicio del historiador Néstor Menéndez. En ese Cabildo Abierto se decidió que el nuevo Cabildo asumiera la función de gobierno, designara al Comandante de Armas y extinguir el empleo gubernativo que ejercía el Teniente Gobernador.

De esta manera San Luis dejó de depender de otros poderes externos al territorio de su jurisdicción como Buenos Aires o Mendoza, siendo su primera autoridad el Cabildo Gobernador, encabezado por Tomás Baras. Esta independencia de hecho fue comunicada a los otros gobiernos de provincia, lo que ponía a San Luis en pie de igualdad con otros pueblos que habían abrazado la organización federal ejerciendo directamente su soberanía y libertad. También se informó que la nueva situación duraría “hasta la reunión nacional” y dejaron abierta la posibilidad que el Cabildo Gobernador nombrara un nuevo empleo de gobierno.

De hecho, con esta legitimación de los representantes de todo el territorio del nuevo Estado, el 26 de febrero de 1820 comenzaba la vida del San Luis independiente, situación que duró hasta 1853 cuando San Luis pasó a formar parte del Estado argentino como Provincia autónoma cuando juró la Constitución Nacional.

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Eterno recordatorio de San Luis a San Martín por la victoria en la Batalla de Chacabuco

El proceso revolucionario que comenzó en mayo de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata produjo una profunda crisis en la Iglesia que debió debatirse entre la lealtad a la autoridad monárquica y el apoyo a las nuevas realidades políticas y territoriales emancipadas. Frente a este desafío, los miembros de la Iglesia no se pronunciaron en un sentido único puesto que el clero se dividió según sus tendencias políticas y sociales ante un nuevo orden que cuestionaba su legitimidad.

En Cuyo, la mayoría de los clérigos y frailes brindaron su apoyo decidido a las nuevas autoridades revolucionarias y prestaron su inestimable ayuda en la gesta de la independencia. Sin embargo, dentro de sus miembros fueron notables los casos de resistencia y desconfianza que fueron tildados de conductas “realistas” y que debieron ser sancionados por sus pares dentro del fuero eclesiástico. Tal como señalan Fray Reginaldo Saldaña Retamar y Juan W. Gez, en San Luis se vivieron las dos situaciones. El aporte material y el apoyo político a la causa de la independencia por parte de frailes y sacerdotes de toda la jurisdicción puntana, y el servir sus conventos e iglesias como sitio de confinamiento de miembros del clero, principalmente cuyanos y chilenos, sospechosos de ser realistas.

Más allá de estas contribuciones materiales y políticas a la causa de la independencia, las autoridades revolucionarias puntanas valoraron el apoyo simbólico y espiritual que significó contar con la protección religiosa de la Iglesia. Ello se vio reflejado en numerosas actas del Cabildo de San Luis entre las que destacaremos dos.

El profesor Genini, el ministro de Turismo y Cultura, Juan Manuel Rigau y el profesor Néstor Menéndez.

Con motivo de la partida del Ejército de los Andes, el Teniente Gobernador Vicente Dupuy y Cabildo de San Luis solicitó el 5 de enero de 1817 la realización de una misa pidiendo por su “felicidad y buen éxito”:

“En la ciudad de San Luis en cinco días del mes de Enero de mil ochocientos diez y siete: El Cabildo Justicia y Regimiento de ella, en asocio de su Presidente el Señor Teniente Gobernador. Acordó que con motivo de ponerse en marcha el Ejército de los Andes, a la reconquista de Chile se [testado: abriese una subvención] pidiese una limosna por uno de los miembros del Cabildo entre los vecinos para hacer una misa de gracias con Novenario correspondiente con el objeto de pedir y rogar al Dios de los Ejércitos por la felicidad y buen éxito de la expedición contra el enemigo de Chile; y habiéndose recolectado treinta y siete pesos cuatro reales de este virtuoso vecindario mandamos que desde mañana se dé principio a la Misa de Gracias con Novenario de ellas que serán cantadas con la asistencia de la Música y toda la decencia correspondiente: Y para su constancia lo firmamos en dicho día mes y año de que damos fe. Entre renglones: pidiese una limosna: por uno de los miembros del Cabildo. Vale

Vizente Duypuy [rubricado] Matheo Gomes [rubricado] Pedro Pablo Fernandes [rubricado] Pedro Nolasco Pedernera [rubricado] Agustin Sosa [rubricado] Visente Carreño [rubricado]” (Actas del Cabildo de San Luis, folios 1.350 y 1.351]

Tras la partida de las tropas sanmartiniana y transcurridos los tensos días de febrero de 1817, en San Luis se esperaban con ansiedad las noticias sobre la suerte de armas que habría corrido el Ejército de los Andes que, al mando del Teniente General José de San Martín, había iniciado el cruce de la cordillera para enfrentar a los realistas en Chile.

San Luis había contribuido en alto grado a la conformación de ese ejército desde 1814, pero fue en los meses previos a su partida cuando las exigencias de San Martín se volvieron más frecuentes y amplias. El Teniente Gobernador Dupuy, y el Cabildo local debieron hacer frente a estos pedidos, que ya parecían reclamos ineludibles. Ganado, mulas, tasajo, esclavos, mantas, dinero, baqueanos, rastreadores, soldados y auxiliares puntanos partieron hacia Mendoza, donde San Martín organizaba una expedición depositaria del futuro de la Revolución que había nacido en 1810.

Desde su partida a mediados de enero de 1817, San Luis aguardaba saber que había pasado con la expedición que podía fracasar en su intento de cruzar la impresionante Cordillera de los Andes o ser derrotada antes de que pudiera reunir sus diversas divisiones como estaba planificado. Una derrota significaba no sólo la pérdida de los enormes y valiosos aportes que los puntanos habían realizado, sino además una segura invasión realista de la que Cuyo sería el frente principal.

Sin embargo, esta tensa espera se transformó en un incontenible júbilo cuando comenzaron a llegar las noticias transmitidas por San Martín que el cruce se había realizado con éxito y que la Campaña de los Andes había sido coronada con el triunfo sobre los realistas en la Cuesta de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817.

El 18 de febrero los chasquis que trajeron desde Mendoza los partes oficiales que confirmaron el triunfo en la Batalla de Chacabuco. Desde ese día se sucedieron festejos y euforia sin igual en San Luis. Finalmente, y pasado los momentos de más desahogo, el Cabildo de San Luis, en representación del pueblo puntano, ordenó un solemne homenaje al General San Martín y a todos los que habían participado de la victoriosa campaña. Así, el 26 de febrero de 1817 se acordó en el Acta de ese día crear un eterno recordatorio, que por el valor de su contenido reproducimos por completo en su versión original:

“En la ciudad de San Luis en veinte y seis de Febrero de mil ochocientos diez y siete, congregado el Cabildo Justicia y Regimiento de ella en su sala capitular, con asistencia del Síndico Procurador de Ciudad a efecto de consultar y acordar, el modo de eternizar y trasmitir a la posteridad, el nombre glorioso del héroe que acaba de arrancar de las manos del tirano el amenísimo y vasto Reino de Chile: considerando el estado (en sí de mendicidad) de este Pueblo, cuyos virtuosos habitantes han erogado pródigamente sus haberes, a el alto fin de nuestra regeneración; y juzgando al mismo tiempo un deber el más sagrado dejar para lo sucesivo, un monumento auténtico que acredite su gratitud, y recuerde siempre la memoria de nuestro libertador: Ha resuelto establecer y decretar, que todos los años el día doce del presente mes se celebre una misa con la mayor solemnidad que fuese posible en acción de gracias al Dios de los Ejércitos por la distinguidas victorias que en este feliz día se ha dignado concedernos sobre nuestros enemigos, mediante la imponderable energía e infatigables desvelos del valiente General del Ejército de los Andes el Excelentísimo Señor Don José de San Martín procurando igualmente impetrar de la divina clemencia, la conservación de este hombre singular en cuyas manos visiblemente ha depositado el Ser Supremo la felicidad de nuestra suerte y la libertad de la Madre Patria: comunicándose en copia esta determinación al Excelentísimo Señor Capitán General, al Señor Gobernador Intendente de la Provincia y al Señor Teniente Gobernador de esta Ciudad para su satisfacción, y lo firmamos.

Francisco de Paula Lusero, Luis de Videla, Maximino Gatica, Agustin Palma, Marcos Rovere, Manuel Antonio Zalasar” (Actas del Cabildo de San Luis, folio 1.354)

Esta sencilla Acta del Cabildo de San Luis contiene todos los elementos que caracterizan los rituales revolucionarios de las Provincias Unidas. Se destaca sobre todo la temprana identificación de San Martín como héroe de la Guerra por la Independencia, pues ya se lo nombraba como “nuestro libertador”. Además se apelaba a un generalizado sentimiento religioso del pueblo de San Luis donde la Iglesia jugaba un papel central. Así, la celebración de una solemne misa en recordación de la victoria alcanzada en Chacabuco cada 12 de febrero, fundamental para la historia de la independencia de América, demostraba que todo el espectro social de San Luis (autoridades, religiosos, propietarios, clases populares) consideraba que en gran medida ese triunfo recompensaba el esfuerzo realizado.

Pese al tiempo trascurrido, cada 12 de febrero es posible reencontrarnos con este compromiso que unió a San Luis con la figura de San Martín y con la gloria de la Independencia americana en la realización de una conmemoración eterna.

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Fuentes y bibliografía

ARCHIVO HISTÓRICO DE SAN LUIS, Actas del Cabildo de San Luis, año 1817.

GEZ, Juan W., Historia de San Luis, tomo 1. Buenos Aires, Weiss y Preusche, 1916.

LYNCH, John, La Iglesia y la independencia hispanoamericana en BORGES, Pedro (Dir.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX). Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1992.

SALDAÑA RETAMAR, Reginaldo, Los dominicos en la independencia argentina. Monografía documentada. Buenos Aires, Imprenta Ceppi, 1920.

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