El proceso de discusión política sobre la reforma de la Constitución de San Luis sumó un nuevo capítulo en el Senado provincial. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria avanzó en el análisis del proyecto de declaración de necesidad de reforma anunciado por el gobernador Claudio Poggi durante la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1° de abril.
La reunión estuvo encabezada por el vicegobernador Ricardo Endeiza y contó con la participación de senadores oficialistas y opositores. El expositor central fue el abogado constitucionalista Cristian Altavilla, quien asesoró al Poder Ejecutivo en la elaboración de la propuesta y explicó ante los legisladores el alcance institucional de las modificaciones impulsadas por el Gobierno provincial.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación del artículo 281 de la Constitución provincial para establecer que una ley especial declare formalmente la necesidad de reforma y delimite los temas que deberá abordar la futura Convención Constituyente.
En el plano político, la iniciativa pone el foco en la limitación del poder y en cambios estructurales del sistema institucional. Entre las propuestas más relevantes aparece la prohibición absoluta de reelección para gobernador luego de dos mandatos consecutivos o alternados, mediante la modificación del artículo 147. Además, el texto incorpora una cláusula transitoria que considera al actual período 2023-2027 como el primer mandato a los efectos de esa futura restricción.
El proyecto también impulsa la incorporación del sistema de doble vuelta electoral —balotaje— para elegir gobernador y vicegobernador, junto con un esquema de “capitales alternas” que apunta a descentralizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo mediante sedes gubernamentales rotativas en distintas regiones de la provincia.
Otro de los cambios de mayor impacto político es la eliminación de las elecciones legislativas de medio término. La propuesta establece que diputados, senadores y concejos deliberantes sean renovados íntegramente junto con la elección del gobernador, lo que implicaría una fuerte reconfiguración del calendario electoral provincial.
Para concretar esa sincronización institucional, el proyecto contempla cláusulas transitorias que prevén extender excepcionalmente hasta 2031 los mandatos legislativos y municipales que surjan de las elecciones de 2025.
En materia judicial, la iniciativa propone separar estructuralmente al Ministerio Público del Poder Judicial mediante la creación de un organismo extrapoder, con Defensoría General y Procuración General independientes. También plantea modificaciones en el Consejo de la Magistratura, incorporando representantes académicos y del Senado, y estableciendo mayor peso institucional para las ternas de selección de magistrados.
La propuesta además fija un límite de edad de 75 años para futuras designaciones vitalicias en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas.
Entre los aspectos más novedosos aparecen la incorporación de derechos vinculados a la era digital y a la inteligencia artificial. El proyecto propone reconocer constitucionalmente la identidad digital, la conectividad, el Gobierno abierto y el Habeas Data mediante la creación de un nuevo artículo 11 bis.
También se incorpora una cláusula federal vinculada a la autonomía provincial frente al Estado nacional y a la discusión por la coparticipación, además de habilitar convenios internacionales de inversión y cooperación directa.
Finalmente, la iniciativa propone otorgar jerarquía constitucional al agua como recurso estratégico de la provincia, bajo un esquema de gestión técnico-profesional con mandatos de cinco años.
