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Una nueva denuncia involucra a una funcionaria judicial con un caso de defraudación en la Justicia de San Luis.
Se trata de Isabel Olguín Yurchag, abogada y funcionaria del Poder Judicial en el fuero Penal, mencionada en una posible maniobra ilícita para defraudar a un trabajador y beneficiar a su pareja, “Kiko” Amieva. El caso está en manos de la Jueza, Adela Perez del Viso de Costanzo.
Según la denuncia, Olguín Yurchag habría ayudado a insolventarse a su pareja mediante un acto simulado, extendido por el escribano Marcelo Quinzio, reconocido profesional que supo manejar trámites notariales del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá y su círculo íntimo.
La denuncia fue formulada por Alberto Villegas, quien trabajó desde la década del 90 hasta hace poco tiempo atrás en el kiosco contiguo al bar ubicado en la intersección de las calles 9 de Julio y Rivadavia (ex Bar El Foro, actual Bufete), ambos comercios propiedad de la pareja de la funcionaria judicial.
Una relación que terminó mal.
Esa relación laboral entre Amieva y Villegas se habría sostenido en el tiempo, durante al menos 30 años, por fuera de las leyes laborales; y estuvo fundada en una confianza plena: Villegas se quedaba al frente del comercio cada vez que su propietario y su pareja viajaban, incluso fuera del país.
El quiebre de esa relación comercial fue motivo para el inicio de una demanda contra Amieva, previo cruce de cartas documentos que hacían avizorar un conflicto judicial.
Por sus años como propietario de ese negocio estrechamente ligado al movimiento judicial a raíz de su estratégica ubicación, era común ver a Amieva compartir mesa de café con el escribano Marcelo Quinzio y el doctor Omar Uría, ex miembro del Superior Tribunal de Justicia y abogado de la ex ministra de Educación, Natalia Spinuzza (la funcionaria de Rodríguez Saá que se filmó drogada).
Una mesa de café.
Hay quienes creen que en esa mesa de café se urdió el plan para insolventar a Amieva y poner a salvo sus propiedades ante la demanda de Villegas, en particular una imponente vivienda en un barrio privado de Juana Koslay cuyo título de propiedad sería compartido con Olguín Yurchag.
En concreto la idea fue hacer una transmisión total del inmueble de Amieva a su pareja funcionaria judicial, para que su ex empleado no tenga a quien cobrarle si el caso se resuelve a su favor, como parece indicar ese proceso.
Pese a que Villegas siempre se lo vio al frente del comercio, Amieva negó cualquier relación laboral y para sostener sus dichos ofreció como testigos a un grupo de amigos y parientes.
En el expediente aparecen como testigos el doctor Omar Uría, primo y amigo; Carlos López, amigo y ex socio comercial, Alejandro Gaggioli, amigo y compañero de viajes de placer, y el doctor Ricardo Gutiérrez, amigo y habitué del bar.
Paradójicamente, la misma jueza que tiene a su cargo el juicio – Adela Perez del Viso de Costanzo– podría atestiguar contra esos testigos, dado que ha visto a Villegas en su lugar de trabajo.
¿Cuál es el delito que se denuncia?
La defensa de Villegas argumenta que se está frente a una defraudación especial contemplada en el Código Penal, y que revela la particular manera en la que se manejan algunos funcionarios Judiciales que cometen delitos para beneficiar a su pareja con la anuencia de un escribano y un abogado.
La dimensión del caso mencionado posiblemente genere una investigación interna en el ámbito del Poder Judicial, que -de probarse la maniobra simulada- podría tener graves consecuencias. Recuerdan en sus pasillos que por “mucho menos el Superior Tribunal de Justicia despidió al ex secretario judicial Marcos Figueroa”.
Claro que la situación puede traerle consecuencias al escribano Marcelo Quinzio, por haber instrumentado un acto simulado para beneficiar a Amieva.
Será también interesante ver qué rol cumplen los Fiscales frente a la denuncia que involucra a una funcionaria judicial acusada de participar de una simulación en perjuicio de terceros y en beneficio de su pareja.
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