Una maestría, redes y desinformación

El siguiente texto surge a partir del cursado de una maestría en Periodismo Político dictada por la Universidad Tecnológica TECH en forma virtual, que finalicé este año, y cuya experiencia quiero compartir con los lectores de DePolítica, a modo de reflexión de fin de año, sobre el escenario que políticos, medios y ciudadanos transitamos y seguiremos caminando.

 

La comunicación política ha encontrado en las redes sociales terreno fértil en el que desplegar toda su ciencia; pero cuidado, ese ecosistema es un territorio minado por la desinformación.

Con más de 2.700 millones de personas registradas en Facebook, con más mil millones de usuarios compartiendo contenido a diario en Instagram, con 100 mil millones de mensajes diarios circulando por WhatsApp, y con el fenómeno de la pandemia acelerando procesos virtuales -la biología le dio un empujón a la tecnología-, claramente ese es el nuevo ambiente compartido que habitamos y en el que se da buena parte de la disputa política.

En esa batalla por instalar un relato y construir una verdad se usan las mejores prácticas de la comunicación política, y lamentablemente -a veces con buenos resultados para quienes las esgrimen- las malas artes de la desinformación.

Redes, polarización y desinformación, fueron el eje que atravesó más de la mitad de ese aprendizaje en tanto se presentan como el gran desafío para todos los actores de la comunicación política: gobiernos, partidos, políticos, medios, periodistas y sociedad.  

Lo que nos sucede en las redes.

Cuando ingresamos a nuestras redes sociales, inmediatamente nos empieza a envolver una suerte de bolsa transparente, en la que conviviremos con otras personas con esquemas mentales y opiniones similares a las nuestras.

Esto es así porque uno de los algoritmos de base que utiliza Facebook, llamado EdgeRank -todas las redes usan distintas cantidades de algoritmos que organizan la comunidad conforme sus intereses- hará que en nuestro muro aparezcan publicaciones según la afinidad que tenemos con ese contenido, ponderará qué hacemos con él y cuánto tiempo le dedicamos. Esa métrica, junto a la de otros algoritmos incluso más actuales, irá perfeccionando esa afinidad entre nosotros y lo que vemos.

De esa manera iremos rechazando cualquier diversidad posible, y nos “protegeremos” contra la disonancia cognitiva, eso que la psicología define como el momento en que se pone en tensión nuestras ideas, creencias y emociones a partir de una idea que entra en conflicto con nuestro esquema mental. Evitamos esa confrontación en nuestro cerebro, evitamos la incomodidad de esa confrontación.

De allí que no hay interrelación con lo diverso. Porque tendemos a seguir únicamente a otras personas con los mismos o parecidos sistemas de ideas, y el capital social vínculo se alimenta a sí mismo.

“Todos los caminos conducen a los algoritmos, y los algoritmos nos están jodiendo la vida. Palabras más, palabras menos”, me dicta -imaginariamente- Alejandra Gutiérrez Valdizán, en “Futuro imperfecto ¿Hacia dónde va el periodismo?” un libro de Cristian Alarcón -fundador de Anfibia-, que reúne en ensayo el pensamiento de quince editores latinoamericanos y que acaba de caer en mis manos.

Así es que se socializa, se aprende, y se debate siempre con iguales, se genera una suerte de polarización afectiva; empezamos a funcionar como una cámara de eco. Y entonces está todo liberado para que corra a raudales la desinformación. 

¿Qué entendemos por desinformación? Desinformación es toda publicación elaborada con una intención clara de engañar. Hay en ella un componente falso deliberadamente comunicado. No es una información mal redactada, o con un error; sino una noticia elaborada con el objeto de engañar a los lectores. 

¿Qué genera la desinformación en término políticos? En primer lugar, dificulta que un ciudadano pueda tomar decisiones conscientes; erosiona el poder político de la sociedad, y provoca más polarización.

Si bien la confrontación por sí misma no es mala, de hecho la confrontación de ideas y de proyectos es también un pilar de la política, el problema surge cuando se convierte en una discusión maniquea y la competición termina en un “ellos contra nosotros”.

El mayor daño se produce cuando finalmente ya no se le discute al otro, sino que directamente se le niega potestad y hasta la misma legitimidad política de existir.

Polarización y noticias falsas estuvieron detrás de los triunfos políticos de Donald Trump en Estados Unidos en 2016; de Jair Bolsonaro, especialmente estudiado por cómo utilizó WhastsApp con noticias falsas para llegar a la presidencia de Brasil en 2018.

También fueron actores de peso en la elección de Francia en 2017, que en segunda vuelta ganó Emmanuel Macrón, enfrentado al Frente Nacional de Marine Le Pen alrededor de cuya candidatura funcionó una usina de noticias falsas sobre inmigración, algo similar a lo que hizo la Lega, el partido del ex ministro del Interior y vicepresidente de Italia, Matteo Salvini.

En Inglaterra, las noticias falsas con contenido antieuropeo fueron una constante durante la campaña del Brexit.

Estudios del prestigioso Instituto MIT, Massachusetts Institute of Technology, que en realidad es la famosa Universidad de Cambridge que sostuvo durante 10 años el título de mejor universidad del mundo, han verificado que las noticias falsas tienen más probabilidad de volverse virales que aquellas que no lo son, tanto por su carácter novedoso, como por la emocionalidad que despierta en los lectores.

En realidad, no generan nuevas corrientes de pensamiento, sino que refuerzan ideas que anidan en la población, porque apuntan al sesgo de confirmación: el ciudadano consume aquella información que le da la razón y así confirma sus creencias previas.

¿Cómo combatir esa “infoxicación”?

Hay deberes de los periodistas y de los medios. Por nuestro lado ajustándonos a un ejercicio profesional, a las buenas prácticas y a nuestra deontología; por parte de las empresas, propiciando el trabajo de las llamadas “fact-checking”, organizaciones profesionales que se encargan de verificar la información que circula y desmienten aquello que sea desinformación; ya sea conformando unidades internas en los propios medios o contratando servicios de organizaciones externas de “fact-checking”.
Ese camino inició The Washington Post, que fue el primer medio en 2007 en abrir su propia sección tanto para su edición digital como para el papel, llamada The Fact Cheker. Ocho años después, en 2015, el trabajo de estas organizaciones comenzó a ser regulado en el International Fact Checking Network, un organismo que fijó una serie de normas para que quienes ejercieran como verificadoras cumplieran un papel profesional ético y adherido a la verdad.

En Europa ya se ha avanzado en el ámbito institucional con la creación de un Grupo de Expertos de Alto Nivel (HLEG) creado por la Comisión Europea en 2016 y que se encarga de recomendaciones para luchar contra la desinformación.

Hay responsabilidad para los partidos y los políticos. Los países europeos a través de sus organismos supranacionales están implementando códigos y sanciones para aquellos partidos o gobiernos que generan desinformación. El español ha sido uno de esos amonestados por el Parlamento Europeo por manipular información en RTVE, la Cadena de Radio Televisión Española,  durante el gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018.

El PSOE, Partido Socialista Obrero Español, en 2019 lanzó su espacio de fact checker “para desmentir las falsedades y acusaciones que lanza la derecha”. Por su parte, Vox, el partido de la ultra derecha española ha tratado de legislar contra la verificación con un proyecto de ley en 2020 que rechaza cualquier regulación, limitación y prohibición de verificación. También allí hay un territorio de disputa.

Hay responsabilidad de los gigantes tecnológicos. Las grandes empresas tecnológicas tienen mucho por hacer en el combate contra la desinformación, para dejar de estimular la polarización y acabar con los mensajes de odio. La consigna de esa tarea virtual es seguir el rastro del dinero; esto es, no caerle al usuario que comparte desinformación, sino buscar quién está detrás de ese mensaje envenenado, quién lo inyectó en las redes.

El caso más resonante y que también generó polémica fue la reacción de Twitter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La red social argumentó “riesgos de mayor incitación a la violencia” y le cerró la cuenta en enero de 2021, cuando el entonces presidente de Estados Unidos estimuló el asalto al Capitolio para intentar impedir que el Congreso certificara la victoria electoral de Joe Biden.

Otro caso. El gobierno de India le ha reclamado a WhatsApp que asuma su parte de responsabilidad ante el aumento de casos de violencia y linchamientos en el país a mediados de 2018; esto a raíz de las noticias falsas que hablaban de numerosos secuestros de niños, lo que generó histeria en gran parte de la sociedad y ataques a personas inocentes.

WhatsApp ha iniciado entonces en ese país una campaña de “alfabetización digital” o contra la desinformación, una experiencia cuyos resultados serán interesantes de observar. “Las noticias falsas, la desinformación y la propagación de engaños son temas que se abordan mejor de forma colectiva: por el gobierno, la sociedad civil y las empresas de tecnología que trabajan juntas» argumentó la app de mensajería.

Hay responsabilidad de los lectores. Es también un trabajo para cada lector leer críticamente y contrastar información. Los estudios sobre audiencias indican que el 64% de los usuarios de redes se informan en una sola fuente, el 26% consulta dos fuentes y sólo el 10% lo hace en tres fuentes informativas, según el centro de investigaciones Pew Research Center.

Como lectores se debe exigir trabajo profesional, es decir periodismo de calidad, abrir los ojos, desconfiar de aquella información que no ha pasado por manos profesionales y a la que no se le puede atribuir una fuente certera.

Se sabe, cuando hay inundación, lo que escasea es el agua potable.

Al fin de cuenta, como dice el periodista español y catedrático de la teoría de la comunicación, Ignacio Ramonet: Informarse cuesta, y a ese precio el ciudadano adquiere el derecho a participar inteligentemente de la vida democrática.

 

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