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Dos farmacias y dos domicilios particulares propiedad del intendente de Saladillo, David Becerra, fueron allanados por la Policía Federal en el marco de una investigación por presuntas estafas al PAMI.
La búsqueda en los locales comerciales de Becerra se enfocó en computadoras, celulares y pendrives, elementos electrónicos en los que podría haber información relevante para la investigación por “Defraudación a la administración pública” que lleva adelante el Juzgado Federal.
Los allanamientos se hicieron en esas dos farmacias propiedad del intendente, también en domicilios de Becerra en la ciudad de San Luis y en Saladillo, y en una farmacia en la provincia de Santiago del Estero, propiedad de una persona que tendría vínculo con Becerra.
En realidad, en esa provincia del norte argentino, unas 16 farmacias habían sido investigadas, según informa el diario El Liberal en su cobertura sobre la investigación que comenzó en 2016 por defraudación al Pami de $20 millones con recetas y troqueles falsos de pacientes diabéticos, y que podría ventilarse en juicio el año próximo.
“El Pami tiene una cobertura del 100% del costo de medicamentos para estos pacientes. Por ende, los fármacos eran retirados gratuitamente por los imputados, quienes se enriquecieron vendiéndolos en el mercado negro y con la facturación a la obra social de los jubilados, superior a los $ 20.000.000” informa el diario santiagueño que revela además cómo el entretejido delictivo tocaba a otras provincias.
Se compraban “medicamentos para diabéticos empleando carnés de afiliados fallecidos o documentación apócrifa. La insulina y otras medicinas eran facturadas por farmacias locales a la obra social, pero los medicamentos eran comercializados luego en otras provincias en mercados paralelos”.
Los allanamientos en farmacias y domicilios del intendente Becerra, se produjeron en una semana agitada para PAMI en la que, en paralelo, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sebastián Casanello procesó a cinco funcionarios públicos de esa oficina nacional, por estafas millonarias, y a seis directores técnicos de farmacias.
La resolución recayó sobre los titulares de seis farmacias distintas, acusados de haber facturado más de tres mil recetas ante la obra social con datos falsos y utilizando troqueles espurios entre los años 2013 y 2016.
