DePolíticaUnos 500 vecinos de Merlo ya estamparon su firma en una plataforma digital solicitando la convocatoria a “una audiencia pública inmediata” para evitar que la empresa Edesal se encargue de la gestión de cobro de las tasas y servicios municipales que acaba de aprobar el Concejo Deliberante.
El argumento del oficialismo que responde al intendente Juan Alvarez Pinto es que sólo el 30 por ciento de los vecinos de la villa turística están al día con sus obligaciones tributarias municipales, lo que se traduce en el desfinanciamiento del municipio y la consiguiente imposibilidad de realizar cualquier tipo de obra o la misma prestación de servicios.
Esta modalidad de cobro le permitiría asegurarse el ingreso permanente de fondos frescos sin quedar expuesto a tener que recurrir a fondos provinciales o nacionales.
En cambio, los cuatro concejales que se oponen a este vínculo con la empresa distribuidora de energía argumentan razones de dos índoles: la primera, contextual; dicen que en plena pandemia no es momento para afectar aún más los roídos bolsillos de los contribuyentes. La otra razón se basa en cálculos económicos. Dicen que Edesal se quedaría con una cifra anual millonaria por prestar el servicio: un 8% más impuestos por del pago de unos 31 mil hogares a un promedio (la cifra menor) de 500 pesos cada uno. Esa cuenta lineal da más de 14 millones de pesos por año, dinero que según los concejales podría tener otro destino y otro ente recaudador.
“Solicitamos a la población unirnos y firmar la siguiente, a fin de requerir convoquen a una Audiencia Pública inmediata, poder expresarnos y evitar este atropello en un momento histórico mundial de gran vulnerabilidad. Nos han prometido la democracia participativa, pues estamos reclamándola” dice la invitación disponible en la web.
El concejal Gastón Fonseca es uno de los más activos defensores de la idea de discutir esta iniciativa en una audiencia pública. De hecho presentó en el Concejo Deliberante junto a otros ediles, un proyecto para promover esa discusión pública.
“Pertenecemos a diferentes bloques pero coincidimos en que esta medida perjudica a los vecinos en plena pandemia. La participación ciudadana es necesaria, los vecinos están en desacuerdo con el convenio y quieren que se los escuche. El oficialismo ha impuesto este acuerdo sin debate y sin licitación previa. El derecho a expresarnos y de hacernos escuchar es de todos” argumenta Fonseca.
La votación en el Concejo deliberante contó con el voto positivo de los 6 concejales oficialistas que acompañan a Alvarez y el rechazo de los 4 restantes pese a pertenecer a diferentes espacios políticos.
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