El lunes 5 de octubre en el recinto de la Cámara de Senadores se realizarán las audiencias públicas para que Luis Martínez y Jorge Alberto Levingston defiendan sus postulaciones a los cargos de Procurador General de la provincia y ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis.
Esos procesos, todo indica, serán un mero trámite formal, y ambas postulaciones van camino a convertirse en realidad. No obstante evidencian la fragilidad o el incumplimiento de algunos procesos institucionales en lo que algunos profesionales reparan.
Quizá el disparador para esta reflexión sea la falta de respuesta del Ejecutivo provincial sobre las objeciones que se formularon a la postulación de Martínez por parte del doctor Francisco Guiñazú y que fueron reiteradas también en el ámbito del Senado provincial.
Pero hay otras que son graves y que inexplicablemente el Ejecutivo pasa por alto:
- Desde hace varios meses no funciona el Tribunal de Cuentas Provincial.
Ese organismo está paralizado al punto de que ha perdido su constitución formal.
Su estructura organizacional plantea que se debe conformar por tres miembros permanentes y dos de renovación anual. Tres de los cinco integrantes deben ser profesionales de las ciencias económicas y los otros dos, abogados.
De los tres permanentes sólo están Sergio Oste y Guillermo Catalfamo, ya que Dugen Endeiza está jubilado desde el año 2016.
Los dos que requieren aprobación legislativa (uno representando a la mayoría: Hugo Zudaire, y uno a la minoría: Miguel Ferrero) no han sido ratificados por la Legislatura con lo cual tienen su mandato vencido.
Esto significa que en los hechos no hay Tribunal de Cuentas para fiscalizar los números del gobierno provincial.
- Desde hace 16 años no hay un Defensor del Pueblo en ejercicio y los ciudadanos no tienen quien ejerza su defensa ante eventuales avasallamientos por parte del propio Estado. Su creación había sido un gran logro consolidado en el texto constitucional.
- Una apostilla del ámbito municipal de la ciudad de San Luis: El Defensor Municipal fue una figura que se creó con acuerdo de todos los concejales en noviembre de 2019, pero el intendente Sergio Tamayo decidió entre sus primeras medidas al frente de la intendencia de San Luis suspender ese cargo que podía defender los intereses los vecinos.
