La toma de tierra y los asentamientos, un interrogante en la agenda del Gobierno

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La provincia de San Luis no es ajena al fenómeno de ocupación de tierras, una manifestación más de la profunda crisis social que vive el país, que se agrava por la falta de políticas que canalicen esas necesidades y en un contexto excepcional como el de la pandemia.

La imagen de los vecinos dividiendo terrenos con alambres, piedras, cintas plásticas y palets de madera, improvisando un techo -la mayoría de las veces plástico- en donde pasar una primera noche al cubierto de la intemperie, es cada día más frecuente alrededor nuestro.

El fenómeno es indisimulable al punto de que su discusión ya equilibra matices entre la ilegalidad y una legitimidad otorgada por la ausencia de políticas concretas por parte de los Estados. Es tan evidente que se discute en Facebook, en Twitter, en minutos de televisión y clicks en la web.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa confirmó que según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), son 4.416 en todo el país, en donde viven «más de 4 millones de personas», la mitad de los cuales no tienen papeles que acrediten su titularidad ni servicios mínimos como agua potable. Por eso su cartera dispondrá de una partida de miles de millones de pesos que permitirán dotar de servicios elementales a esas barriadas.

Plásticos y madera. El asentamiento República en San Luis.
Foto de La Bulla / Comunicación alternativa.

Hagamos zoom en la realidad provincial. ¿Cuántos asentamientos hay en San Luis?, ¿Cuántos puntanos sobreviven en este tipo de asentamientos?

Según datos extraoficiales, en todo el territorio provincial de San Luis hay al menos unos 23 asentamientos en el registro de agrupaciones sociales que los recorren, de distinta data, dimensiones y características, pero con una población que comparte un mismo rasgo: la gran mayoría son desocupados o trabajadores informales, que sobreviven con changas, con la asistencia de algún plan social, jóvenes matrimonios o familias numerosas -tanto puntanas como de otras provincias-, excluidas y sometidas por el sistema a una vida sin los servicios básicos que les garantice condiciones de salubridad mínimas.

Territorios en donde el Estado, la mayoría de las veces, sólo se hace presente a través de un patrullero.

No hay luz, no hay agua, no hay cloaca, la seguridad es más fruto de un equilibrio entre vecinos con sus propias reglas, y lo único que sobran son las carencias.

El fenómeno saltó de las periferias urbanas a zonas céntricas, sobre terrenos que han estado abandonados durante muchos años. Así pasó por ejemplo en la capital puntana.

Hagamos una recorrida aunque sea superficial para ver lo que pasa en las distintas localidades de la provincia.

En la ciudad de San Luis están el República –el de mayor dimensión con 72 manzanas-, el asentamiento de Pescadores y su prolongación, el 9 de Julio y su prolongación, una parte del 1° de Mayo que no aparece en el catastro como barrio, el Solidaridad en el sur -en donde era el viejo basural hay varias familias que han constituido un asentamiento antes de llegar a la vieja Penitenciaría-, Los Vagones en la zona cercana al barrio Tibiletti, otro en un terreno conocido como Gas del Estado en las calles Mendoza y Aristóbulo del Valle, todo el cuadro de la Estación de Trenes y del predio conocido como el Brete, la Vecindad entre la ex Colonia Hogar y el barrio Tibiletti frente al Puente Blanco y Canal 13, un asentamiento que es una suerte de extensión del barrio Tibiletti en la zona cercana al río, y un nuevo asentamiento conocido como Anexo 5 en el barrio Eva Perón, todos estos entre los de mayor dimensión.

En Villa Mercedes el más importante es el conocido como kilómetro 4 –actualmente han loteado y están haciendo una urbanización precaria-, parte del Eva Perón y el Bajo.

En Juana Koslay hay construcciones precarias en la costa del río y en la zona conocida como Las Vegas entre la Avenida Santos Ortiz y la Autopista Serranías Puntanas.

En Quines hay un asentamiento grande en la zona de los terrenos del Ferrocarril.   

En Justo Daract hay un asentamiento en la zona próxima de la Estación de Trenes.

En La Toma también hay un asentamiento sobre tierras fiscales.

Y en Merlo, hay una urbanización de tres hectáreas de familias que viven sin servicios básicos, o que en el mejor de los casos comparten un solo medidor y que tienen problemas de legalización de títulos.

Para la segunda pregunta –cuántos puntanos viven en esas condiciones- no hay una respuesta cierta, apenas se podría especular que miles, más de la cuenta.

Los ingresos no alcanzan para pagar un alquiler, las familias crecen, las soluciones habitacionales son escasas y entonces llega el momento del quiebre, el momento de tomar un terreno en el que poder imaginar un futuro, sino para sí, al menos para sus hijos.

 “El déficit habitacional de la provincia es muy grande y se profundiza con la ausencia de planes de viviendas sociales porque la provincia ha entregado pocas viviendas. La migración que hubo antes de la pandemia fue muy grande. No obstante hay también muchas familias que fueron creciendo, y sus hijos ya no construyen en el fondo de sus casas paternas sino que salen a buscar alguna tierra en donde construir” analiza uno de los dirigentes sociales que está en permanente contacto con estos sectores desprotegidos.

Si el Estado los invisibiliza institucionalmente ¿Quiénes llegan hasta ellos?, ¿Quiénes desarrollan trabajo territorial?, ¿Quién se acerca?.

El Movimiento Evita, Ctep Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista Combativa, y en algunas ocasiones el PJ con las nuevas agrupaciones como La Cámpora o los resabios de Encuentro; también el Partido Comunista. En algunos lugares se ha visto a la gente de las agrupaciones Martín Fierro y Octubre realizando trabajo social, dialogando con los vecinos y buscando soluciones para algunas de sus necesidades.

También Cáritas de la Iglesia trabaja con algunos merenderos para familias de estas zonas.

Esta urgencia de familias y niños puntanos merece la plena atención de todos los actores sociales con mayor o menor responsabilidad. Los fondos nacionales que maneja Bielsa pueden aportar soluciones que mejoren la calidad de vida de miles de puntanos.

La promoción de la política habitacional que ejecuta el Gobierno provincial –por cierto disminuida al punto de ser insuficiente- no debe impedir tomar otro tipo de soluciones en estos territorios en los que sobreviven miles de puntanos.

Eso de la agenda social abierta y la empatía de todos.

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El contexto actual exige un Plan Marshall acriollado. Cuando esta peste retroceda, nuestras economías quedarán completamente destruidas y nuestro pueblo sumido en una miseria aún mayor de la que ya padecía. Miles de fábricas cerradas, millones de nuevos desocupados, un inédito parate de la actividad económica, un aumento sideral en la pobreza. Sin una acción planificada, la catástrofe social va a agrandar fenómenos de radicalidad destructiva como narcoterrorismo, fanatismos religiosos, salvajismo masivo y mesianismos violentos que harán insoportable la convivencia social.

Juan Grabois.

La toma de Guernica, en Buenos Aires. La Justicia ordenó su desalojo y el Gobierno busca reubicar a las familias.