La Justicia de San Luis resolvió ratificar y prorrogar por 60 días las medidas de coerción impuestas a tres exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, imputados en una causa por fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La decisión fue adoptada el pasado 22, durante una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de lo previsto por el artículo 208 del Código Procesal Penal de San Luis.
Quiénes son los imputados
La resolución judicial alcanza a Luciano Anastasi, Juan Claudio Latini y Ernesto Nader Alí, todos ellos exfuncionarios provinciales durante la última gestión de Alberto Rodríguez Saá. El expediente identifica además a Alí como diputado nacional por San Luis, lo que añade un componente institucional y político adicional al caso.
La investigación penal apunta a presuntas maniobras cometidas desde el Estado provincial, vinculadas al manejo de fondos públicos y al ejercicio irregular de funciones administrativas.
Qué medidas ratificó la Justicia
Lejos de tratarse de una resolución meramente formal, el tribunal ratificó un conjunto de restricciones severas, que continuarán vigentes por al menos 60 días más:
- Prohibición de salida del país, lo que impide a los imputados viajar al exterior.
- Obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia, firmando el libro correspondiente para acreditar su sujeción al proceso.
- Inhibición general de bienes, una medida clave que les impide vender, comprar o disponer de su patrimonio, tanto bienes muebles como inmuebles.
En términos prácticos, esto significa que los exfuncionarios no pueden realizar operaciones comerciales ni patrimoniales, una señal clara de la gravedad con la que la Justicia evalúa el riesgo procesal y la magnitud de los hechos investigados.
El planteo de la Fiscalía y la oposición de las defensas
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Linda Yanina Maluf Martínez, solicitó la prórroga de las medidas de coerción, pedido al que adhirió la Fiscalía de Estado en su rol de querellante.
Las defensas técnicas de los imputados se opusieron de manera unánime, cuestionando la continuidad de las restricciones y dejando asentada, en algunos casos, la reserva de recurrir la decisión ante instancias superiores. Sin embargo, el juez rechazó esos planteos.
La causa adquiere un peso específico por tratarse de exfuncionarios del riñón de una administración que gobernó San Luis durante años, y vuelve a poner en el centro del debate público la responsabilidad penal de quienes ocuparon cargos clave en el Estado provincial.
La ratificación de medidas como la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país marca un punto de inflexión en el expediente y anticipa que la investigación judicial seguirá avanzando.
Cómo sigue la causa
Luego de estos 60 días, se espera la formal acusación por parte de la Fiscalía, para luego iniciar el trámite hacia el juicio oral y público de los tres exfuncionarios.
