DePolíticaAlicia Noemi Toribio, trabajadora del Plan de Inclusión, con el patrocinio letrado del doctor Rafael Berruezo denunció penalmente al ministro de Inclusión Social, Nicolás Anzulovich por enriquecimiento ilícito.
Anzulovich, esposo de la senadora y candidata a vicegobernadora, Eugenia Catalfamo, quedó en el blanco de denuncias periodísticas en relación a la exhibición de bienes patrimoniales que exceden por mucho la capacidad de compra a partir de su sueldo como funcionario del gabinete de Alberto Rodríguez Saá.
La propia senadora pasó un muy incómodo momento, en una entrevista radial, a partir de la ostentosa exhibición de bienes que hizo su esposo, el ministro de Inclusión.
“…sale a la luz que nuestro jefe si se quiere, lleva una vida de millonario, siendo una burla para todos los del Plan que pasamos muchas necesidades… Hablando con amigos y otros del plan, esta situación nos ha generado mucha indignación, porque en definitiva la plata es de todos, se la llevan ellos y a nosotros nos tienen pasando hambre” dice la denuncia en uno de sus párrafos.
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Ese documento ingresó a la Unidad de Abordaje Fiscal y fue elaborado a partir de publicaciones periodísticas formuladas en los medios digitales El Chorrillero de San Luis y El Puntano.
Una flota de vehículos por un valor de 70 millones de pesos y la construcción de una lujosa vivienda de fin de semana en el exclusivo loteo “Refugio en el Lago” en La Florida fueron parte de la revelación periodística que se adjuntó como prueba documental para solicitar la investigación judicial contra Anzulovich.
La denuncia penal solicita también que se libre oficio a la AFIP DGI, a fin de que remitan las declaraciones juradas de los últimos 10 años.
El ministro Anzulovich comparte candidatura como senador provincial suplente en el voto de la lista oficial en la que su esposa, la senadora Catafalmo, es candidata a Vicegobernadora.
El reconocido abogado patrocinante, Rafael Berruezo explicó que aceptó “el patrocinio de la beneficiaria de inclusión con el convencimiento de que cuando un funcionario público no puede justificar el patrimonio significa no dar razones porque no se quiere o no se puede. Considero que al menos, estamos ante lo que se denomina un delito de sospecha, dado que claramente hay un funcionario que se habría enriquecido sin poder probar el cómo, teniendo bienes y posesiones los cuales podrían ser fruto de cohecho, exacción o algo semejante”.
Y agregó: “Claramente podríamos encontrarnos frente a un grave hecho de corrupción pública, con los nefastos efectos que genera, siendo este tipo de fenómeno político y criminal, un gran flagelo que azota a la democracia moderna, algo que, como ciudadano comprometido y profesional del derecho, me niego a tolerar y avalar”.