Anton Pirulero, cada cual atiende su juego

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El conflicto del transporte que nuevamente tiene en vilo a miles de familias y trabajadores en toda la provincia de San Luis revela una situación muy preocupante.

Da la sensación que ninguna de las partes que se sientan en la mesa de discusión para resolver el conflicto está a la altura del momento que vive la sociedad argentina.

Tal vez por eso, y tomando nota de esta situación, en la nueva estructura ministerial se plantea la dependencia directa de la Secretaría de Transporte hacia la Jefa de Gabinete, posiblemente para poder disponer inmediatamente de mayores recursos a la hora de intervenir en un tema sensible que afecta a trabajadores y a los sectores con menos recursos.

Los gremialistas parecen haber perdido su capacidad de negociación y arrastran a los trabajadores que van de asamblea en asamblea con la incertidumbre de saber si a fin de mes tendrán sus sueldos depositados. A la vez que quedan expuestos ante lo usuarios que ya están cansados de las interrupciones en el servicio, aún cuando se entiende que el reclamo es legítimo porque no cobran sus sueldos.

Los empresarios tampoco están a la altura de la situación. El único argumento que se les escucha, más ahora en tiempos de pandemia, es que sin subsidios nacionales y provinciales es imposible brindar el servicio; no obstante persisten desde hace años en esos recorridos con sus empresas y la mayoría de ellos tiene un muy buen pasar económico –aunque alguien podrían argumentar que esto no sea de incumbencia pública.

Finalmente los funcionarios, que quedan desdibujados cuando los acuerdos de los cuales son garantes duran menos de treinta días en pie. Así pasó con la última gran negociación con las empresas del transporte interurbano cuyo acuerdo se firmó el pasado 1 de julio en tanto esta semana ya hubo nuevamente asambleas con la posibilidad que desde el lunes el servicio se vea interrumpido por falta de pago.

Ese último acuerdo que le daba prioridad al pago de los sueldos de los trabajadores fue suscripto por Ana Gabriela Rubbiani, en carácter de apoderada de la empresa Panaholma; Javier Pérez, de la empresa Juana Koslay S.R.L; Claudio Grippo por Transpuntano SAPEM; Miguel Baldoni por las empresas Polo Sur y Panamericana; Mabel Tyempertyopolos por la empresa Transporte Polo S.R.L.; Rosa Gladys Gomez por María del Rosario; Raul Guillermo Sosa del Grupo MR S.R.L.; Roberto Pérez, de Blanca Paloma y Fernando Quiñonez de la empresa El Merlino S.R.L. según publicó la Agencia de Noticias del gobierno provincial.

El secretario de Transporte luego del último acuerdo firmado con los empresarios.