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El oficialismo no pudo avanzar con su idea de aprobar el proyecto que propone ampliar a 25 el número de integrantes de la Corte Suprema, porque el senador Adolfo Rodríguez Saá no lo votará, y entonces no tiene el número de adhesiones necesarias.
La decisión del senador puntano causó sorpresa en el ambiente político-periodístico que sólo había centrado su mirada en la iniciativa que presentaron los gobernadores, -entre ellos Alberto Rodríguez Saá, -y no habían reparado en que su hermano Adolfo, había presentado un proyecto con anterioridad y para el cual reclama la atención correspondiente.
El kirchnerismo pensaba que la iniciativa de llevar a 25 el número de integrantes de la Corte sería un trámite en el Senado, aunque admitía que podía trabarse en Diputados.
Sin embargo, no logró avanzar en primera instancia en el Senado y ahora deberá esperar hasta agosto para tratar de encauzar un nuevo debate.
La instalación mediática del proyecto de los gobernadores quedó a contramano de las prioridades que marca la agenda social, más aún en una semana en la que salió eyectado el ministro de Economía, Martín Guzmán, en medio de una pelea política sin cuartel entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Otras voces disonantes se sumaron en las últimas horas, como la de Roberto Lavagna que consideró que el proyecto para ampliar a 25 el número de jueces “abre la puerta a un mercado de favores”.
El gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá fue uno de los mandatarios provinciales que expuso -y se lo vio muy a gusto- en el Senado defendiendo la idea de la ampliación y transmitiendo que los colegios de abogados puntanos estaban maravillados con la iniciativa, algo que fue desmentido por los profesionales casi en vivo y en directo desde San Luis mientras él hablaba en Buenos Aires.
Según publicó el sitio digital La Política On Line -que anticipó la posición que sostendría el senador puntano- “Con Adolfo no hubo negociación posible. El martes lo recibió en su despacho Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner y uno de los impulsores de la Corte grande. Trató de ablandarlo pero no hubo caso. Con Mayans hubo un diálogo más prolongado. El ex gobernador puntano explicó que el proyecto está flojo de papeles, porque amplía la cantidad de jueces, no deja claro cómo se van a designar, pero hay un acuerdo de palabra con el presidente para condicionar la metodología de nombramientos”.
Adolfo -sigue LPOL– cree que es inconstitucional, porque la Carta Magna obliga a legislar con los «pactos preexistentes» y no con los que se anuncien por youtube.
“El último argumento de Rodríguez Saá para oponerse es el que voceros del Frente de Todos usan para explicar la sesión caída: el contexto político, con un presidente que el sábado tuvo que cambiar al ministro de Economía, porque renunció” señala el diario digital, y cierra el artículo con una consideración política: “Rodríguez Saá votó en contra del acuerdo con el FMI y si bien no tiene pretensiones de volver a gobernar su provincia, su hermano Alberto no la tiene nada fácil para reelegir. El año pasado perdió la elección legislativa con la lista liderada por el diputado Claudio Poggi, su ex aliado y candidato a sucederlo”, dice.
