DePolíticaLa diputada provincial y candidata a Parlamentaria del Mercosur Anabela Lucero inició una querella por el delito de “injurias” contra Javier Bosco, un vecino de Villa Mercedes que durante la campaña electoral le reclamó a través de las redes sociales el pago de alquileres. Y ahora, una jueza ordenó elevar la denuncia a juicio oral y público.
“A mí me sobran esperanzas para creer que vas a pasar por alguno de “los Boscos” a pagar los 4 meses que quedaste debiendo a mi abuelo por el alquiler del departamento (más gastos de reparación del mismo). Si no podés hacer eso… No vengas a prometer nada” fue el posteo que hizo Bosco y que generó la demanda judicial en su contra por parte de Lucero, entonces candidata a intendenta de Villa Mercedes.
Ahora, por ese reclamo, el vecino deberá ir a juicio. Así lo resolvió la Jueza Mirta Ucelay al elevar la causa a juicio oral y público. Pese a la apelación de los defensores, el próximo miércoles a las 10 será la primera audiencia, oral y pública ante el Tribunal de Impugnaciones, a cargo de María Monserrath Bocco y Cintia Paola Martín.
La argumentación del reclamo de Bosco giraba en torno a la credibilidad de las promesas de Lucero para con los vecinos: si no podía cumplir con sus compromisos personales, cómo podría hacerlo en términos de responsabilidades institucionales.
Lucero exigió una retractación de Bosco quien no sólo se la negó, sino que ratificó su reclamo: “Me rehúso rotundamente a retractarme de mis dichos, me rehúso a aceptar que tenemos que callarnos la boca y no luchar por lo nuestro, por lo que nos corresponde, a que me digan ‘no te metas con los poderosos’ por miedo. No puedo retractarme por contar una verdad. No puedo mentir para ‘que no me pase nada’ o para ‘evitar el lio con esta gente…”; “Quiero que mi hija crezca sabiendo que jamás nadie, pero nadie (ni poderoso, ni adinerado) tiene el derecho de llevarla por delante, quiero que aprenda que en la verdad no hay tonos medios, que los valores y las actitudes cuentan como oro… que el respeto y la palabra en acuerdo tiene valor. Que entienda que está mal amenazar, que está mal adelantarse a una fila y sacar ventaja, que está mal robar y que está mal, por ejemplo, aprovecharse de una persona mayor que te alquila una casa sin tantos requisitos, sin tantas firmas, porque la palabra, decía mi difunto abuelo, tiene valor”.
La defensa de Bosco argumenta que “…los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público”, según la Corte Suprema y que este “diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente”.
El concepto de “interés público” refiere en relación a los funcionarios “…no solamente en cuanto hayan actuado dentro de sus funciones, sino también cuando las imputaciones se refieran a su vida privada, en la medida en que de ellas pueda trascender el interés público”.
La denuncia judicial de un funcionario contra un ciudadano remite al juicio que inició la ex ministra de Educación, Natalia Spinuzza al acusar al periodista Diego Masci por haber informado sobre un video que circulaba en el que ella admitía estar bajo los efectos de droga. En ese juicio que en primera instancia la Justicia de San Luis condenó a Masci tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia para poner las cosas en su lugar y anular el fallo.